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Radio Kurruf

Chile | En «democracia» hay prisión política!

Por Asamblea Anarquista del Biobío

(versión en inglés aquí)

La prisión política en Chile no es nueva; sin embargo, desde la revuelta popular y la enorme cantidad de presxs que ésta dejó, el debate ha tomado mayor fuerza. Por una parte existe una disputa sobre el número de presxs y personas judicializadas en la revuelta, ya que desde el gobierno afirman que han interpuesto 531 querellas contra 1774 imputadxs por distintos delitos y que 219 de ellas fueron por Ley de Seguridad del Estado contra 1073 imputadxs.

De esos 1073 imputadxs, tres están en prisión preventiva, 61 con arresto domiciliario, 441 con otras medidas cautelares, 59 condenadxs, dos sobreseídxs y 489 que no han sido formalizadxs. Por su parte, la Fiscalía informa que a octubre de 2020 se habían formalizado 5084 personas, 648 de ellas seguían en prisión preventiva y 725 habían sido condenadas. Según las organizaciones que apoyan a lxs presxs, la diferencia de cifras se debe a que el gobierno sólo informa de las personas querelladas por la Ley de Seguridad del Estado, siendo que la mayoría está judicializada por la Ley de Armas.

Más allá de las cifras, vemos la prisión política contra la revuelta como parte de una respuesta del Estado y el poder ante la rebelión popular, ya que además de la prisión como castigo a manos del poder judicial, el gobierno desplegó una fuerte represión que incluyó asesinatos y mutilaciones, además de las leyes en contra de las manifestaciones, como la ley anti-barricadas que promulgó el parlamento.

Esta política represiva para enfrentar al «enemigo poderoso», como invocó Piñera desde su podio a los medios de comunicación, involucra una serie de acciones judiciales e irregularidades en los procesos de detención, que incluyen pruebas falsas, declaraciones de policías como única fuente de información y extensivas prisiones preventivas que han durado meses e incluso más de un año en algunos casos, ya que el gobierno se querella con la Ley de Seguridad Interior del Estado, lo que en la práctica opera como un castigo anticipado y sin juicio.

Por otra parte, desde el poder intentan instalar en el debate público que todo se trata de delincuencia común y no de prisión política, basándose en que ciertos casos se tratan de robos producto de los saqueos a multitiendas; no obstante, ese argumento desconoce el ambiente social y el contexto político en que suceden las manifestaciones, ya que en el escenario de la revuelta disruptiva era recurrente que parte de las personas descargara su rabia contra instituciones usureras y pilares del modelo neoliberal. Desde el poder intentan separar entre manifestantes buenas y malas, pacíficos y violentos, proyectando un ideal (su ideal) de movilización servil, pasiva y monótona, frente a lo que cualquier manifestación disruptiva significaría mera delincuencia común.

El trato que han tenido las personas privadas de libertad nunca ha sido bueno en Chile, las cárceles están colapsadas y las precarias condiciones de higiene han sido un tema recurrente en las denuncias sobre la situación carcelaria. Esta realidad recrudece producto de la pandemia, donde no existen medidas de control y el aislamiento se suma a las ya duras condenas, ya que desde la llegada del coronavirus no se puede visitar a las personas presas. Esta difícil situación contrasta con la impunidad y el trato indulgente que el poder demuestra hacia la clase alta en los casos de corrupción y fraude al fisco como el Caso Cascadas o la suavidad con que tratan a los grupos de ultraderecha que amenazaron a la fiscal Chong.

Gracias a la movilización social se ha logrado instalar la problemática e incluso liberar a varixs presxs de la revuelta a lo largo del país, abriendo el debate en la clase política sobre si lxs presxs durante el contexto de revuelta deben ser denominadxs con el adjetivo de “políticxs” o no, incluso algunos sectores parlamentarios impulsan un proyecto de indulto que no ha tenido mayor impacto en el Estado, lo que demuestra que será la presión popular la que logre visibilizar la prisión política y liberar a nuestrxs compañerxs.

Entre el proceso constituyente iniciado con el plebiscito de octubre y la carrera presidencial en curso, el proceso de movilización popular no ha podido instalar la libertad de lxs presxs de la revuelta como requisito para negociar con el poder, lo que demuestra las debilidades de la revuelta y las tareas pendientes de la movilización.

Libertad a lxs presxs de la revuelta!

#laprotestanoesdelito

Asamblea Anarquista del Biobío

biobioanarquista.org

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Red Ajmaq

Comunicado sobre la situación de la Comunidad Nuevo San Gregorio, Municipio Autónomo Rebelde Zapatista Lucio Cabañas

11 de Febrero de 2021.

A las Juntas de Buen Gobierno y Bases de Apoyo del EZLN
Al Concejo Indígena de Gobierno
Al Congreso Nacional Indígena
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A los organismos de derechos humamos nacionales e internacionales
A los medios libres, independientes, autónomos
A los pueblos de México y del mundo

Organizaciones, colectivos y personas a título individual, todas Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejercicio Zapatista de Liberación Nacional, hemos llevado a cabo desde el mes de octubre Caravanas de Solidaridad con los Pueblos Zapatistas. En estás caravanas se ha realizado un trabajo de acompañamiento y observación de derechos humanos de niños, niñas, mujeres y hombres Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) en la comunidad Nuevo San Gregorio (NSG), se ha documentado la presencia y los daños que un grupo invasor está provocando a las tierras recuperadas ubicadas en esta comunidad, así como el hostigamiento constante a las familias zapatistas.

Durante los hechos, que desarrollaremos más adelante, hemos presenciado que los tres niveles de gobierno no han intervenido para frenar las agresiones, el despojo y las provocaciones del grupo de invasores hacia las BAEZLN. Pudimos observar la complicidad que tiene este grupo de invasores con los tres niveles de gobierno para despojar del territorio a las BAEZLN y controlar los bienes naturales, así como la estrategia de abrir paso a proyectos gubernamentales individualizados, como “Sembrando Vida” (entre otros programas), que agreden el proceso de autonomía e intentan romper con formas organizativas comunitarias.

Ante el hostigamiento de los invasores y para resistir a las provocaciones, las familias zapatistas han dejado sus casas y se han concentrado en el Centro de la comunidad, abandonando sus pertenencias y en algunos casos, sus animales (algunos de ellos ya han muerto por el abandono forzado). El trabajo de siembra de maíz y frijol que las BAEZLN tenían previsto del 1 al 4 de febrero no se realizó
, lo que amenaza la alimentación y la salud de las familias para los próximos meses. Esto significa atentar directamente contra la vida de las Bases de Apoyo, por una perspectiva de seguridad a corto plazo.

Parte de este grupo de invasores proviene de los ejidos San Gregorio de Las Casas, Duraznal, Rancho Alegre y San Andrés Puerto Rico, algunos de ellos con cargos ejidales y eclesiales. Nos preguntamos qué hace gente de otras comunidades en el territorio de las BAEZLN , quién los trajo aquí y con qué propósito.

Aquí presentamos la lista de hechos ocurridos entre el 1 y el 9 de febrero, documentados por la Caravana de Solidaridad:

1.- Desde hace un año y tres meses, el grupo de invasores ha cercado con alambre de púas y postes de madera 145 hectáreas de las 155 que hay en las tierras recuperadas. Han tomado posesión de la llamada “Casa Grande” (antigua finca) que es parte de los terrenos de la Escuela Secundaria Autónoma. Señalan las Bases de Apoyo: “Se decidió conservarla porque fue fruto del trabajo de nuestras abuelas y abuelos que fueron peones acasillados en la finca”. Como parte de los trabajos colectivos se ha invertido dinero y trabajo en arreglarla. Entre el 1 y el 9 de febrero fue utilizada como campamento por parte de los invasores, los cuales han estado haciendo cortes con motosierra detrás de la Casa Grande y la han estado usando para vigilar desde allí las actividades de las BAEZLN con binoculares, celulares y radios.

2.- A partir del 1 de febrero, los invasores instalaron 5 posiciones de guardia (2 de ellas a tan solo 50 metros de distancia del Centro de la comunidad, 3 de ellas a 250 metros), portando machetes, cuchillos, navajas, resorteras, macanas con punta, celulares, radios de comunicación y binoculares. Entre ellos se encuentra Felipe Henriquez Gómez de Rancho Alegre; Nicolás Pérez Pérez de San Gregorio Las Casas; Esteban Miguel Moshan, Manuel Moshan Moshan, Javier Gómez Mendez, Miguel Bolom Ara (ex policía municipal de Huixtán), Mario Bolom Ara, Alejando Pérez Pérez, Alonso Ara Moshan, Sebastián Ara Moshan y Pedro Pérez Pérez (sobrino de uno de los líderes de la ORCAO).

3.- Dentro de la comunidad se desarrollan varios trabajos colectivos, los cuales permiten diversificar la alimentación, así como la prevención y curación de enfermedades. El grupo de invasores ha impedido que estos trabajos se lleven a cabo. Las BAEZLN tienen un estanque de tilapia colectivo para alimento de la comunidad y un espacio donde las niñas y los niños se reúnen para jugar. Los invasores desconectaron varios tramos de la tubería que surte el agua al estanque, provocando la muerte de los peces, ya que las encargadas y encargados de alimentarlos no pudieron acercarse al lugar entre el 1 y el 6 de febrero por la presencia de los invasores.
Por parte de los y las estudiantes de la Secundaria Autónoma se tenía un trabajo colectivo de colmenas, ubicado detrás de la Casa Grande, pero también debido a la presencia de los invasores y al no poder cuidarlas, éstas ya no están.
Las Bases de Apoyo relataron algunos de los daños provocados por los invasores: “Nicolás Pérez Pérez quemó el monte seco de un trabajadero que suelen usar como abono. El fuego se descontroló y casi se queman unos borregos que tenemos en colectivo. Hay berro sembrado alrededor del estanque, los invasores lo cortaron. “Tenemos colectivo de ganado, hay que ir a cuidar hasta tres veces al día para moverlo del lugar, para que coma, para darle agua y sal”. Los invasores movieron varios ganados, los ganados sufrieron con el paso de los tractores y la presencia de tanta gente. Las compañeras han tenido que encargarse de los ganados y borregos, porque los compañeros no pueden abandonar sus guardias y por miedo de ser atacados. Cuando van a cuidar los animales, los invasores las vigilan, juguetean con el machete para intimidarlas y las alumbran con focos”.

4.- La Educación, como parte de las áreas de la autonomía zapatista, también ha sido afectada por los invasores. “El 18 de enero era la fecha de inicio de las clases de la Secundaria Autónoma, las clases no han podido iniciar ya que los invasores usan seguido la Casa Grande y las y los estudiantes tienen que pasar demasiado cerca del grupo invasor para llegar a la escuela”.

5.- La invasión de las tierras recuperadas también ha afectado el abastecimiento de agua y electricidad: “Se acumuló basura en la captación de agua y estaba entrando poca agua, por la cercanía con el grupo invasor no se ha podido limpiar. Se tiene un tanque de almacenamiento de agua desde el que bombean agua a las tomas del Centro de la comunidad y la Casa Grande. Normalmente bombean agua cada 3 días. En esta ocasión, por la presencia del grupo invasor en los terrenos cercanos al tanque, tuvieron que esperar 5 días para bombear el agua. Las compañeras son quienes han ido a bombear el agua y van con miedo porque hay invasores que las vigilan”. En la comunidad se cuenta con un transformador de luz, pero hay riesgo de que en la temporada de lluvias se caiga, y no se ha podido componer porque está en los terrenos cercados por los invasores.

6.- Entre el 1 y 9 de febrero el grupo de invasores contrató 2 tractores para arar las tierras. Al momento han afectado 12.5 hectáreas, se calcula un costo de 23,000 pesos por la renta de los tractores y 2300 por hectárea arada, más unos estimados 6 mil pesos por 320 litros de diesel comprados. Pedro López, comisariado ejidal de Los Llanos, es el encargado de los tractores. Mientras trabajan los tractores, entre 8 y 12 invasores hacen guardia. Las mangueras que proveen agua al ganado colectivo, así como al estanque de peces han sido desconectadas. Realizan quema de tierras, en algunos casos hay pelibueyes amarrados para la pastura. En algunos de los terrenos en los que ha entrado el tractor había trabajo colectivo de hortalizas y plantas medicinales. Con el paso del tractor, además de dañar parte de las mangueras, se destruyó el camino que lleva a la hortaliza colectiva; en ella dejaron varias macanas con punta clavadas, y esto es interpretado como provocación.

Toda esta serie de hechos no son menores. Como habíamos mencionado anteriormente, forman parte de una estrategia para despojar de las tierras recuperadas a nuestras compañeras y compañeros zapatistas, es también una estrategia de desgaste y un intento para romper el proceso de autonomía. Esta invasión ha provocado innumerables daños a las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional: desplazamiento de familias, despojo de la tierra y el territorio, destrucción de trabajos colectivos, impidiendo el acceso al derecho a la educación y a la salud, ejes de la autonomía zapatista. En palabras de las BAEZLN: “Los invasores no tienen interés en cultivar la tierra, tienen dinero, carros, ganados y derechos en sus ejidos. Si realmente tuvieran necesidad, que vengan a trabajar en común, pero no quieren. La tierra es para luchar, no para hacer negocio”.

Como Caravana de Solidaridad, reiteramos que no dejaremos de acompañar a nuestras compañeras y compañeros zapatistas, no dejaremos de denunciar la complicidad de los tres niveles de gobierno, que es parte de una estrategia de contrainsurgecia para frenar la lucha del EZLN. Ha quedado claro que el cambio que prometía desde el inicio este gobierno, auto llamado de la Cuarta Transformación, no ha sucedido. Al contrario, bajo la legitimidad de los votos ha continuado con los proyectos de muerte de los gobiernos anteriores. Pero pese a su política de muerte seguiremos luchando por la vida, aquí “abajo y a la izquierda”; seguiremos defendiendo a la madre naturaleza, la tierra y el territorio; seguiremos luchando por un mundo más justo “donde quepan muchos mundos”.

Nuestra labor ha sido pacífica y con el objetivo de hacer valer los derechos humanos y libre autodeterminación de los pueblos y hemos contando con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). Este acompañamiento se da de manera presencial y a la distancia con el objetivo de realizar un trabajo integral y continuo.

Organizaciones y colectivos firmantes…

Atentamente:
Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, A.C. (CDMCH)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI)
Desarrollo Tecnológico y Servicios Comunitarios El Puente, S.C.
Enlace Civil, A.C.
Espacio de Lucha Contra el Olvido y la Represión (ELCOR)
Grupo de trabajo No Estamxs Todxs
Lumaltik Herriak
Médicos del Mundo, Suiza-México
Memoria Viva
Promedios de Comunicación Comunitaria A.C.
Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq
Salud y Desarrollo Comunitario, A.C. (SADEC)
BIZILUR
TxiapasEKIN Plataforma
Colectivo Anarcista El Pueblo
Y otros Colectivos, organizaciones y personas adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona

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Noticias Anticarcelarias

Grecia | Viernes 12 de febrero. Día internacional de solidaridad con la huelga de hambre de Dimitri Koufontinas

A finales del pasado mes de diciembre, el gobierno griego aprobó una reforma del sistema penitenciario nacional que, además de otras medidas que empeoran las condiciones carcelarias, establece que los condenados por terrorismo no pueden acceder a las “cárceles rurales”, que se consideran más “abiertas” y a las cuales los presos de larga duración tienen acceso. La aprobación de esta ley activó inmediatamente el proceso burocrático para el traslado de Dimitri Koufontinas desde la prisión rural de Kassevitia.

Dimitri es un camarada condenado por participar en la Organización Revolucionaria 17 de noviembre, en prisión desde 2002.

El nuevo paquete de leyes estipula que los reclusos en las cárceles rurales se reclasifican y luego se transfieren a la última prisión en la que se encontraban. En el caso de Dimitri, debería haber sido la prisión ateniense de Koridallos. Sin embargo, la administración de la prisión decidió trasladarlo, manipulando los papeles de transferencia, a la prisión de Domokos. Aunque en Grecia no existen circuitos diferenciados de cárceles, la intención de la administración penitenciaria en los últimos años ha sido hacer de esta prisión una prisión “dura”.

Un traslado punitivo, por lo tanto, destinado a golpear a un compañero que siempre ha luchado, fuera, en los juzgados, en la cárcel: desde que fue detenido ha participado en numerosas protestas y ha llevado a cabo cuatro huelgas de hambre.

Esto es parte de una represión destinada a aniquilar a Dimitri Koufontinas pero que forma parte del proyecto represivo general del Estado griego: intentar aplastar a las partes más radicales y combativas de la sociedad para evitar la hipótesis de conflictos futuros.

Ante el traslado, Dimitri Koufontinas decidió no quedarse callado y utilizar la única arma que tenía a su disposición, su cuerpo. Desde el 8 de enero inició una huelga de hambre que continuará indefinidamente hasta que sea trasladado a la prisión de Koridallos.

A estas alturas comienzan a ser muchos los días de huelga, el compañero se encuentra en condiciones críticas y precarias en el hospital de Lamia: según los médicos podría tener un colapso en cualquier momento.

Durante la huelga hubo muchas iniciativas y acciones de solidaridad que se llevaron a cabo en toda Grecia y más allá: mítines, manifestaciones, pintas en las paredes, pancartas, ataques contra múltiples objetivos (políticos, bancos, oficinas de correos, etc.).

Pero ahora que se está acabando el tiempo, creemos que es necesario hacer un esfuerzo extra. Pensamos que la lucha de Dimitri es también la lucha de todos y cada uno de nosotros y nosotras.

Estamos convencidos de la importancia de crear y expandir los lazos internacionales, especialmente en un momento como este.

Por todo esto hemos decidido convocar un día INTERNACIONAL de solidaridad y acción para el VIERNES 12 DE FEBRERO para apoyar a Dimitri Koufontinas.

LAS DEMANDAS DE LA HUELGA DE HAMBRE DEBEN SER ACEPTADAS

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Radio Kurruf

Chile | La Revuelta Social contra el Servicio Militar

Por Pelao Carvallo

La pandemia le ha permitido al ministerio de defensa chileno ocultar la gran derrota de las fuerzas armadas: el fin del Servicio Militar Obligatorio (SMO) por la insumisión masiva al proceso. Las Fuerzas Armadas y de Orden de Chile son parte de las grandes instituciones derrotadas por la Revuelta Social iniciada en octubre de 2019.

El 18 de octubre de 2019 por la mañana, el día de la Revuelta Social en Chile, la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) anunciaba la convocatoria de 81661 jóvenes para cumplir obligatoriamente el SMO[1]. Esto era un 70% de la base de conscripción para ese año, es decir todos los varones que ese año cumplían 18 años. Un mes más tarde, el 19 de noviembre, la misma DGMN informaba que habían sido 109.921 los jóvenes convocados obligatoriamente al SMO, es decir un 95% de la base de conscripción[2]. Esta maniobra de presión social sobre una juventud que se manifestaba en las calles y plazas del país, exponiendo ojos, vida y libertad fue contestada con manifestaciones, protestas, quema y saqueo de cantones de reclutamiento, pero principalmente por la no presentación a esa convocatoria, logrando que primero se alargara el tiempo de presentación de documentos para eximirse del 30 de noviembre al 31 de diciembre de ese año y posteriormente que –con la excusa de la pandemia- se suspendiera la realización del SMO durante el año 2020.

La Insumisión

El rechazo al SMO viene de lejos. El asesinato impune de Pedro Soto Tapia[3] expuso a mediados de los años ’90 la necesidad de abolirlo. El gobierno de Ricardo Lagos negoció una “modernización” que mantuvo los privilegios y la impunidad para los mandos militares, mediante un foro que tenía un objetivo: una reforma legal bajo la consigna “Voluntario en principio, Obligatorio en subsidio”[4]. Las FFAA han venido cobrando ese subsidio con creces, generando más resistencia puesto que es claro en la conciencia colectiva que el “sorteo”[5] para ser llamado a presentarse nunca afecta a los jóvenes que viven en las comunas pudientes del país, esas “3 comunas”.

El rechazo fue creciendo desde que les estudiantes secundaries se dieron tiempo y práctica asamblearia para conversar sobre la explotación que sufren, siendo una de ellas el SMO. El mochilazo del 2001[6] y la creación de la ACES (Asamblea coordinadora de Estudiantes Secundarios) retratan este crecimiento. Por otro lado, la persistencia de la propuesta insumisa de objeción de conciencia que llevaban adelante el Ni Casco Ni Uniforme[7] y otros componentes del MAOC (Movimiento Antimilitarista de Objeción de Conciencia) en la primera mitad de la década del 2000, ayudó a instalar la idea de que rechazar el SMO no participando de él, era posible y efectivo. La impunidad al tratar las barbaridades del SMO trajo aún más rechazo, práctico, por parte de los jóvenes, en el sentido de no querer ser más números para la muerte como los 44 conscriptos de Antuco[8] asesinados insensatamente en 2005. Hubo tal impunidad en ese tema que ni el comandante del regimiento, ni el general en jefe del ejército ni el ministro de defensa de ese momento fueron cuestionados o renunciaron a sus cargos.

Las movilizaciones estudiantiles, especialmente entre les secundaries, de 2006, 2011 y 2018 permitieron, especialmente en las tomas (ocupaciones) de los liceos, que circulara la palabra y una forma desmilitarizada de entender lo escolar y la vida con una crítica profunda a lo que el SMO significa. Por supuesto, las autoridades militares explicaban esta disminución bajo otros motivos: decrecimiento poblacional, mayor acceso a las universidades y mayor oferta laboral[9], incluso dejaban entrever que esto lo tenían “previsto”.

Eso de que “los números hablan por sí solos” es una falacia que los militares chilenos saben -y usan- muy bien: respecto a la debacle de la “voluntariedad” en el SMO no entregan cifras claras sino porcentajes descontextualizados, cantidades siempre aproximadas y las que dicen a un medio de prensa no son necesariamente las mismas que a otros. Saben, además, que en la prensa no habrá quien coteje las cifras dadas puesto que en general solo repiten las notas de prensa.

Los datos contradictorios

Para 2019, antes de la revuelta social de octubre, el rechazo al SMO había aumentado al descubrirse nuevos abusos y crímenes mortales[10][11]. En junio de 2019, según cifras oficiales, los y las voluntarias apenas cubrían el 28,99% del requerimiento de conscriptos para ese año cifrado en 11.067 conscriptos[12]. El total de voluntariedad del año 2019 recién fue revelado en octubre de este 2020 por el Jefe de reclutamiento de la DGMN, coronel Fredy Kirst[13] quien declaro que solo 8.926 personas se presentaron voluntarias al SMO ese 2019. Esto representaba un 7,2% de la base disponible ese año. De 12,3% del año 2018 a un 7,2% el año siguiente. Proporcionalmente, una baja de un 41,5%.

Baja coincidente con lo sucedido en años anteriores: en octubre de 2018, La Tercera recogió las declaraciones del general Jorge Morales, director de la DGMN, dadas ante la comisión de defensa de la Cámara de diputados[14]. Allí expresó que 17.308 jóvenes habían iniciado el trámite para realizar voluntariamente el SMO, esta cifra era el 12,3% del total de jóvenes (varones) nacidos el año 1999 [15], generación convocada ese año.

Finalmente, decía el general Morales, solo fueron acuartelados 10.303 jóvenes, de los cuales nos da el dato de que 1.687 eran mujeres. Esa cantidad, 10.303, era el 60% de quienes ese año iniciaron el trámite de voluntariedad. Dijo además que del total de jóvenes que NO se habían presentado voluntarios/as, se obligó a 81.661 a realizar el trámite de selección al SMO mediante el “sorteo”. Hubo entonces 27.032 jóvenes, un 21,4% del total de esa generación 125952 que no fueron molestados, para nada, por la DGMN. 21,4%, casualidades de la vida, un porcentaje similar al obtenido por el Rechazo a nivel nacional en el plebiscito de octubre[16]. Como es imposible saber a cuales comunas corresponde ese 21% de jóvenes no requeridos para el SMO, solo nos queda especular.

Una dificultad adicional para entender la situación actual del SMO es que los datos que entregan los militares encargados del tema son contradictorios. La Tercera, en esa misma nota, pone que las FFAA requieren anualmente 12 mil conscriptos… bastaba revisar los datos oficiales para saber que esa cifra, 12 mil, se había requerido por última vez en 2015[17] y que desde ese año, la cifra era 11 mil. Esta disminución fue de un 21,8% de voluntariedad en el año 2007 en la base total de conscripción (el total de jóvenes varones de esa generación) a un 13,2% en 2014.

Los datos oficiales difieren entre un documento y otro. Respecto a 2018 por una parte se dice que fueron 12.563 las personas voluntarias al SMO, y que los conscriptos requeridos eran 10.800[18], cifras muy diferentes a las presentadas por el general Morales, diferentes y menores. Otro documento oficial indica que la voluntariedad era de 15.517 jóvenes, y que el acuartelamiento requerido era de 11.152, con un cumplimiento del 100%[19]. El ministro de Defensa de ese entonces, Espina, daba la cifra de 10.500 como número de personas acuarteladas[20] ¿Cuál de todas estas cifras era cierta para 2018? A la prensa parece no importarle.

Las explicaciones de la DGMN para esta insumisión masiva y permanente consideraban muy levemente el efecto de la Revuelta Social de octubre de 2019[21]. La conexión entre la revuelta social y la insumisión al SMO es evidente, tanto que producto de las protestas[22], manifestaciones y destrozo de cantones de reclutamiento[23][24], la DGMN debió alargar, en noviembre, el proceso de excusas[25] de quienes fueron “sorteados” para hacer el trámite de selección al SMO hasta el 31 de diciembre de ese año. La insumisión fue clara así como el rechazo a ser parte de la represión y el asesinato de luchadores social encarnada en ese momento, y hasta hoy, por las FFAA encargadas de sostener los estados de emergencia que se declararon desde octubre[26]. Ese rechazo es también a Carabineros, la policía militarizada de Chile[27].

Inconsistencias

La inconsistencia de las cifras respecto a conscripción dadas por la DGMN resalta al comparar el año 2019 según los datos oficiales con los dichos del jefe de reclutamiento y la información respecto al acuartelamiento. En el primer caso requerían 11.067 conscriptos/as, pero hasta junio de 2019 solo tenían un 28,99% de lo requerido. En octubre de este año el coronel Kirst declaró que tenían 8.926 reclutas (un 81% de lo requerido, una merma de un 19%). Esto a su vez contradecía las cifras de acuartelamiento dadas en septiembre de este año que hablaban de 6.702 jóvenes haciendo el SMO[28] – siendo 1.201 de esas personas mujeres-, esta cifra (6.702) es un 58% de lo anunciado como requerido para esa generación ( y una merma de 42%). ¿Qué fue de esas 2224 personas faltantes en la cuenta ¿8.926-6.702? ¿Rechazaron ser parte del SMO, practicaron la insumisión? ¿O las FFAA prefirieron ahorrarse el gasto y la información?

Tampoco es claro el porcentaje de obligados y voluntarios (porque se nos dice que las mujeres en el SMO son todas voluntarias) en la conscripción de ese año, puesto que el coronel Kirst señaló[29] en octubre que los obligados a realizar los trámites del SMO fueron de un 70 a 80% de la base disponible el 2019, [30]es decir se molestó a entre 80.027 y 99.460 jóvenes. En noviembre, como dijimos al principio, Lo Presti contaría otra historia, con otros números.

El rechazo al SMO es más grande aún para la convocatoria 2020, pese a que los requerimientos son menores, según las mismas declaraciones. La voluntariedad solo convocó a “3.969 personas para realizar el Servicio Militar según informó el coronel del Ejército, Fredy Kurst, jefe del Departamento de Reclutamiento de la Dirección General de Movilización Nacional. Esta cifra representa una disminución de 55,5% comparados con los 8.926 del mismo periodo del año pasado”. También señala que se sorteó a 39.924 jóvenes, un 35% de la base total porque, y esto es importante, las FFAA bajaron sus requerimientos de conscriptos. Esta vez el porcentaje de NO afectados por el SMO –sorteo y voluntariedad- alcanzó a un 56.3% del total, en un guiño a las clases medias.

Aparentemente la cifra de conscriptos que se busca para el año 2021 es la misma que para este año, entre 6.500 y 7.000 jóvenes. La falta de conscripción se hace evidente con la convocatoria a reservistas que se hizo este año[31] (y el pasado con la excusa del estado de sitio contra la Revuelta) y en la ampliación del tiempo de acuartelamiento de la conscripción del año pasado[32]. La debacle del SMO es total, tanto que este año la Fuerza Aérea chilena suspendió totalmente la conscripción.[33]

Esa disminución en los requerimientos de conscripción y en los acuartelamientos no se refleja en el presupuesto nacional otorgado a la DGMN para 2021, puesto que la reducción para esta Dirección solo alcanza un 5,8 respecto al año anterior [34] y la reducción del presupuesto nacional para el Ejército (el mayor demandante de conscripción) es de apenas un 6.6%[35] . El 55% menos de conscriptos no se traduce fielmente en el presupuesto, así como la disminución del requerimiento. Lo que no es extraño puesto que las cifras oficiales aun presentan como meta de conscripción para 2020 la cantidad de 11.349 conscriptos/as[36].

Lo que falta en la discusión

El servicio militar en Chile nunca ha dejado de ser obligatorio. La voluntariedad se da en el marco de la obligatoriedad legal y, desde hace unos cuantos años es que la obligatoriedad –mediante el mecanismo del sorteo- se usa para rellenar el vacío que la falta de voluntarios genera. Las FFAA usan el SMO para cooptar a quienes necesitan para ser soldados profesionales, categoría que es hoy la base del personal de las FFAA. El reclutamiento no tiene otro objetivo que sostener el gasto militar y abastecimiento de futuros soldados profesionales.

El componente de rechazo al SMO en esta disminución de voluntarios a un Servicio Militar eminentemente obligatorio[37] se explicita en una insumisión práctica que por un lado recurre a las excusas legales para eximirse (sacarse) el SMO, como a la simple no presentación tanto para eximición como para selección y acuartelamiento. Simplemente no se presentan. La presión militar al Ministerio Público para que se persiguiera judicialmente a la insumisión no tuvo efectos, ya en 2016[38]. Esta insumisión es también una defensa de la vida y dignidad de las personas expuestas al SMO, cuya característica de torturas, maltrato y muerte no se extingue.[39]

Todos estos temas: el Derecho de Objeción de Conciencia, el rechazo al SMO, la Obligatoriedad persistente del Servicio militar pese a las declaraciones y mitología de la voluntariedad esparcida por las FFAA no forman parte de las discusiones preconstituyentes sobre el rol de las FFAA y la Defensa que se dan en los medios de prensa en estos tiempos especialmente en El Mostrador. Se ocultan las opiniones sobre el tema de quienes se oponen a una perspectiva militarizada del país, llámense objetores/as de conciencia, insumisos/as, remisos/as, antimilitaristas, personas que se han organizado para desmilitarizar el país, familiares y víctimas de las FFAA y del SMO en particular. Esta discusión en medios de prensa hasta ahora tiene un profundo sesgo militarista, de lobby de las FFAA, favorecedor de la solución armada de los conflictos y que pretende mantener el status quo favorecedor de ese poder fáctico en Chile que se llaman Fuerzas Armadas y de Orden. La discusión real sobre las FFAA la hace la gente desertando, haciéndose remisa, practicando la insumisión, declarando en lo práctico su objeción de conciencia.

1-Asamblea Antimilitarista de la Región Chilena y Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe, Ramalc. 15 de diciembre de 2020

Lee esta investigación también en clacso.org


[1]https://www.publimetro.cl/cl/social/2018/10/19/servicio-militar-2019-sorteo-general.html

[2]https://www.latercera.com/nacional/noticia/colapso-cantones-eximirse-del-servicio-militar/907894/

[3]https://www.biobiochile.cl/noticias/2014/01/27/aseguran-tener-nuevos-antecedentes-sobre-la-muerte-de-conscripto-pedro-soto-tapia.shtml

[4]https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/3839/2/HL20045.pdf

[5]Al no haber voluntaries que cubran la totalidad de la conscripción requerida, la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) realiza un sorteo entre los no voluntarios que cumplan 18 años en el año en curso y en ese sorteo se elige quienes deben realizar el trámite de selección para el SMO.

[6]https://juventudsedej.wordpress.com/2013/09/24/el-mochilazo-del-2001-instala-la-discusion-sobre-lo-que-se-considera-como-derechos-entrevista-a-claudio-duarte-13/

[7]https://www.youtube.com/watch?v=uDciWZ4PKrg

https://trincheradelaimagen.wordpress.com/2005/09/28/objetores-de-conciencia/

[8]https://www.biobiochile.cl/noticias/2015/01/24/ejercito-asegura-nueva-evaluacion-medica-a-soldado-sobreviviente-en-tragedia-del-2005-en-antuco.shtml

[9]2007-2014https://www.latercera.com/noticia/las-razones-que-han-reducido-a-casi-la-mitad-los-voluntarios-al-servicio-militar/

[10]https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-tarapaca/2019/03/16/tres-militares-mueren-tras-tiroteo-en-regimiento-iquique.shtml

[11]https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-antofagasta/2019/08/03/video-muestra-rito-donde-militares-agreden-a-conscriptos-ejercito-anuncia-investigacion.shtml

[12]https://www.dipres.gob.cl/597/articles-196510_doc_pdf.pdf

[13]https://www.radiosago.cl/inscripcion-voluntaria-al-servicio-militar-baja-55-respecto-del-ano-pasado/

[14]https://www.latercera.com/nacional/noticia/mujeres-apuntalan-la-cuota-anual-del-servicio-militar/379080/

[15]126001, según datos INE

[16]https://pv.servelelecciones.cl/

[17]https://www.dipres.gob.cl/597/articles-193320_doc_pdf.pdf

[18]https://www.dipres.gob.cl/597/articles-193320_doc_pdf.pdf

[19]https://www.dipres.gob.cl/597/articles-196510_doc_pdf.pdf

[20]https://www.defensa.cl/noticias/ceremonia-de-acuartelamiento-11-mil-jovenes-cumpliran-este-ano-con-el-servicio-militar/

[21]https://www.clacso.org/la-primavera-andina-florece-en-pandemia/

[22]https://www.efe.com/efe/america/politica/no-queremos-ser-milicos-clamor-juvenil-contra-el-servicio-militar-en-chile/20000035-4118139

[23]https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-antofagasta/2019/11/27/incendio-afecta-al-canton-de-reclutamiento-de-calama.shtml y https://www.radiosago.cl/completamente-saqueada-y-destrozada-resulto-la-oficina-del-canton-de-reclutamiento/

[24]https://www.defensa.com/chile/fuerzas-armadas-chile-rechazan-ataques-instalaciones-defienden

[25]https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/11/20/extienden-hasta-el-30-de-diciembre-plazo-para-sacarse-el-servicio-militar-tras-colapso-de-oficinas.shtml

[26]https://www.uchile.cl/noticias/169428/academicos-advierten-sobre-las-limitaciones-del-estado-de-excepcion#:~:text=Durante%20m%C3%A1s%20de%20seis%20meses,a%20la%20pandemia%20del%20coronavirus.

[27]https://www.cnnchile.com/pais/postulaciones-escuela-carabineros-bajan-71_20200906/

[28]https://www.latercera.com/nacional/noticia/comienza-acuartelamiento-de-6700-jovenes-para-servicio-militar-en-el-ejercito/FRLENUT3NZESPFOBPI4F25TNXA/

[29]https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/10/21/1001302/Servicio-Militar-disminucion.html, ver edición impresa

[30]Un universo de 124325 jóvenes, según datos INE.

[31]https://www.infodefensa.com/latam/2020/06/17/noticia-chile-convocara-reservistas-apoyar-estado-catastrofe.html

[32]https://elpinguino.com/noticia/2020/08/27/entregan-reconocimiento-a-soldados-conscriptos-que-extendieron-su-servicio-militar

[33]https://www.latercera.com/nacional/noticia/comienza-acuartelamiento-de-6700-jovenes-para-servicio-militar-en-el-ejercito/FRLENUT3NZESPFOBPI4F25TNXA/

[34]https://www.infodefensa.com/latam/2020/10/06/noticia-chile-destinara-millones-dolares-presupuesto-defensa.html

[35]https://www.defensa.com/chile/chile-disminuye-presupuesto-defensa-para-2021

[36]https://www.dipres.gob.cl/597/articles-196510_doc_pdf.pdf

[37]Desde 2010 que el “sorteo” cada año afecta, en promedio, al 70% de los jóvenes de cada generación, frente a una voluntariedad que baja cada año

[38]https://www.latercera.com/noticia/primera-vez-defensa-denuncia-los-remisos-del-servicio-militar/

[39]https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2020/09/18/abusos-y-suicidios-como-las-fuerzas-armadas-y-de-orden-siguen-reproduciendo-la-violencia-al-interior-de-sus-filas.html

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La Zarzamora

Chile | Colchane: Crisis humanitaria

La grave situación humanitaria que se vive en estos momentos en Colchane,en donde miles de personas cruzan la frontera en condiciones infrahumanas, sometidos al calor, sed, fríos en la noche y personas inescrupulosas que les cobran por cruzarlos, estafadores que les roban su dinero y los proxenetas, que ya se les ha visto en ese lugar.

Es urgente que se promuevan políticas desde una orientación humanitaria , en la cual la vida humana este en el centro, no el racismo, la xenofobia y la desprotección ante usureros y coyotes que lucran con estas crisis.

La humanidad se ha caracterizado por estar en un permanente movimiento, sin embargo, en la actualidad centenares de niños y niñas además de personas adultas yancianas, se ven forzadas a abandonar sus hogares, ya que los estados capitalistas-patriarcales ponen su centro en el humano como objeto, y no como sujeto, obligándoles a desplazarse ya sea por devastación ecológica, guerras, mafias, esclavitud , racismo entre otros.

La paradoja de este mal gobierno, es que el 2019, Piñera dice que seguiremos recibiendo venezolanos, sin embargo, en esta fecha las solicitudes de visas de responsabilidad democrática han sido rechazadas masivamente.

Desde Colchane han habido voces que exigen un manejo humanitario de esta crisis , ya que niñas, niños y mujeres con embarazo de término son parte de las caravanas que ingresan a esa ciudad por pasos, en las cuales, el desierto es muchas veces mortal.

A continuación nos relatan como se vive esta emergencia humanitaria desde una perspectiva del personal de salud:

Colchane, es un comuna ubicada en la región de Tarapacá, en la zona de los Andes, frontera directa con Bolivia, cuyo clima en estos días es de lluvia, frío, viento y sol con altos niveles de radiación por la altura que rodea los 3.800 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, lo que genera un habitad inhóspito para quienes deciden
cruzar la frontera por pasos irregulares durante estos meses. Como nunca, este último tiempo se ha escuchado sobre ella en los medios de comunicación, inclusive en los medios locales. Es habitada por comunidades Aymaras, quienes viven en este territorio ancestralmente, y cuyas edades son principalmente adultos/as mayores, quienes
viven de la ganadería, agricultura y del comercio fronterizo.
El problema migratorio que sucede hace unos meses, especialmente con personas de nacionalidad venezolana, ha ido en crecimiento exponencial durante el último tiempo, situación que fue notificada a los cargos públicos respectivos desde agosto del año pasado por parte del equipo de salud de la Comuna, en donde nos declaramos como equipo insuficiente para cubrir las necesidades, tanto de la población migrante como de la comunidad propiamente tal. Hoy, aproximadamente 5 meses después, nos encontramos en una situación de violación indiscutible a los derechos humanos, al derecho a migración y al respeto por los pueblos originarios que demuestra el racismo del estado Chileno. Desde nuestra labor y accionar diario en este lugar, hemos podido observar y escuchar: hipotermias, crisis hipertensivas, deshidrataciones, fatiga por falta de alimentos, desabastecimiento de alimentos, hacinamientos en casas tomadas de hasta 60 personas, amenazas de partos prematuros, abortos espontáneos, sobreexigencia al equipo, sentimientos de inseguridad, muertes, demora en los procesos de traslado, esperanzas rotas, desilusiones, separaciones de los grupos familiares, niñxs, gestantes, abuelxs, jovenes y adultxs.

“Desde el derecho a migrar y al movimiento, creemos que la responsabilidad es directa del Estado y no de las municipalidades y/o regiones, urge hacer una reforma migratoria que ofrezca protección a las personas que se muevan buscando una mejor calidad de vida en vez de un rechazo y abandono a quienes toman la decisión de arriesgar su vida por refugio y alimento. Una vez más, se demuestra que los responsables de solucionar esta problemática no están preocupados y capacitados en la realidad de las personas, protegiendo al estado y sus intereses. Carabineros, un ente ineficiente y no preparado para ejercer sus funciones legales. Agradecemos que los militares no se han puesto a disparar como soldados de guerra, situación que por este mismo contexto ha sucedido en fronteras vecinas.”

“Es importante recordar que estamos en un territorio Aymara, que por años se ha visto discriminado y aislado, este lugar no es espacio donde establecer un refugio, sino un lugar de transito para entrar al país, la comunidad y su gente hoy siente miedo, y sus animales (llamas y alpacas) están comiendo basura y no alimento. Esperamos que este territorio no sea olvidado cuando esta crisis migratoria llegue a su fin, sino que se considere como un lugar originario que debe ser respetado, acompañado y aceptado como una ruta migratoria permanente dentro de las olas que se han generado y que se generaran con el paso del tiempo.”

“Hacemos un llamado a lxs colegas que trabajan en salud, a entregar una atención de calidad y digna donde sea que estén, porque las mismas personas que hoy transitan por este lugar, en unas semanas estarán por todo chile necesitando de nosotros/as, los invitamos a una realidad mas humanitaria, empática y alejada de la indolencia porque mañana puede ser nuestra familia, nuestrxs hijxs, y nosotrxs mismos.”

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Prensa comunitaria

Guatemala | CC: los crímenes de lesa humanidad y genocidio no pueden ser amnistiables

Por Regina Pérez

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó ayer un amparo definitivo a varios ciudadanos que accionaron en contra de la iniciativa de ley 5377 que buscaba reformar la Ley de Reconciliación Nacional, debido a la amenaza ante la posibilidad de que entrara en vigor, ya que buscaba amnistía militares responsables de delitos que constituyen graves violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, que fueron cometidos durante el Conflicto Armado Interno.

La decisión del máximo Tribunal conformado por los magistrados Gloria Porras, José Francisco de Mata Vela, María Cristina Fernández, Rubén Gabriel Rivera Herrera y Roberto Molina Barreto, quien emitió un voto razonado disidente, fue recibido de manera satisfactoria por organizaciones de derechos humanos y sobrevivientes del conflicto armado interno, que manifiestan que la sentencia los alienta a seguir impulsando los casos y reivindica el derecho de las víctimas a tener acceso a la justicia.

El amparo definitivo fue otorgado a los ciudadanos Paulina Ixpatá, Pedrina López de Paz, Sergio Vi Escobar, Helen Mack y Oswaldo Samayoa, que accionaron en la CC, con lo que dejó sin efecto la sanción y promulgación de dichas reformas a la Ley de Reconciliación Nacional.

Foto: Nelton Rivera.

Este proyecto legislativo fue impulsado desde 2017 en el Congreso por los exdiputados Fernando Linares Beltranena, Jaime Regalado, Estuardo Galdámez y otros congresistas que avanzó en el Legislativo durante el 2019, año en que la CC otorgó un amparo provisional que había dejado en suspenso la sanción y promulgación de la iniciativa.

¿Qué dictó la Corte?

El abogado experto en derecho constitucional Oswaldo Samayoa, quien fue uno de los amparistas, destacó tres puntos de la resolución que dictó la Corte: primero, señaló que la ley de Reconciliación Nacional que está vigente es clara en que los delitos relacionados a tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y genocidio no pueden ser amnistiables.

Por lo tanto todos los casos que se han llevado a Tribunales y las personas que ya están condenadas, más los casos que están en proceso, no puede decirse que se van a eliminar, eso da certeza a la Ley de Reconciliación Nacional que se obtiene a partir de los acuerdos de Paz, dijo el abogado.

Segundo, la Corte pone en evidencia que vivimos en un Estado constitucional de derecho, es decir que la Constitución tiene un contenido político y jurídico en torno a los derechos humanos y que le da prioridad a la protección de los derechos fundamentales, indicó.

Y el tercer impacto es que resuelve que el Congreso no puede continuar con este tipo de discusión parlamentaria observando que este tipo de legislación es contraria a los Acuerdos de Paz, a la Constitución y a los intereses del Estado en construir el bien común, agregó.

Samayoa señaló que el amparo fue presentado antes de que la Ley entrara en vigencia, (aún estaba en segunda lectura) debido a que existía el peligro de que personas que ya estuvieran condenadas o en proceso, guardando prisión preventiva, salieran libres.

Si esta ley entraba en vigencia, uno de sus artículos decía que las personas que ya estuvieran condenadas y que estuvieron guardando prisión, o procesadas en prisión preventiva, debían inmediatamente obtener su libertad, explicó.

“Con un día que hubiera estado vigente la ley, si los efectos hubieran surgido, luego no se podría retrotraer al proceso para volverlos a encerrar, porque la ley no puede ser retroactiva en perjuicio del reo, con medio día que hubiera estado vigente, hubieran quedado libres personas que ya estaban condenadas y eso hubiera sido una burla a las víctimas y al sistema de justicia”, expresó.

Sentencia reivindica derecho de las víctimas a la justicia

Manuel Farfán, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Guatemala (Famdegua) señaló que están satisfechos con la resolución de la CC a favor de las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno.

Farfán señaló que esta resolución favorece a las víctimas, tanto de masacres y desapariciones, como a familiares sobrevivientes y especialmente a las que han fallecido con la esperanza de ver justicia y de conocer la verdad; es muy importante que la CC nos haya brindado ese amparo, indicó.

Agregó que esto alienta a seguir trabajando en la búsqueda de la verdad, “creo que eso es el sentido de las familias de las personas detenidas y desaparecidas y de las personas masacradas a quienes nosotros representamos como parte de esa búsqueda”.

Famdegua señaló que la iniciativa debe archivarse, “porque en el Congreso existen intereses de protección a personas que han sido señaladas de violaciones a derechos humanos. Creo que es un proceso muy grande para la historia que nos fortalece en la búsqueda de la verdad y la justicia”, subrayó Farfán, cuyo tío, Rubén Amílcar Farfán, fue detenido y desaparecido el 15 de mayo de 1984.

Por su parte, el abogado Edgar Pérez, director del Bufete de Derechos Humanos, señaló que con la iniciativa se pretendía reformar la Ley de Reconciliación, decreto 145-96, dejando abierta una amnistía general y que incluso hacía responsables a jueces que no dieran trámite inmediato a las solicitudes. Pérez ha llevado casos emblemáticos de justicia transicional como la masacre de la Embajada de España y el caso de genocidio contra Ríos Montt, en el que fue querellante.

Con esto, asegura el abogado, se violentaban no solo las garantías fundamentales de las víctimas sino obligaciones internacionales del Estado, así como los Acuerdos de Paz que establecen que el Estado no debía tomar medidas legislativas para impulsar la impunidad.

Pérez señaló que la sentencia, aunque dividida por un voto razonado, reivindica las obligaciones internacionales del Estado guatemalteco y los derechos de las víctimas a tener acceso a la justicia sin que existan obstáculos.

El abogado Pérez manifiesta que en Guatemala es difícil llevar casos relacionados al conflicto armado al sistema de justicia. “Hoy precisamente fue la audiencia de apelación del segundo juicio por genocidio, eso sucedió en los años 82, 83, estamos en el 2021, estamos hablando de 42 años de los hechos y apenas estamos conociendo en segunda instancia un juicio histórico pero que llevó muchos años prepararlo y esperar el momento que los Tribunales pudieran abrir las puertas para el acceso a la justicia”, indicó.

A pesar de que el número de casos que se ha logrado llevar a la justicia es mínimo, el abogado señala que por la lucha de las víctimas y organizaciones de derechos humanos ha habido casos emblemáticos, que representan ese patrón sistemático generalizado de políticas de Estado como la tierra arrasada, el desplazamiento forzado, las masacres y el genocidio.

Al preguntarle si esta es una sentencia histórica, Pérez señaló: “Todas las sentencias que hay hasta hoy en el sistema judicial guatemalteco relacionadas con el conflicto armado interno son históricas y representan a cada una de las víctimas que sufrieron las atrocidades cometidas durante el conflicto”.

Organizaciones como Impunity Watch Guatemala también se pronunciaron sobre la sentencia. “La resolución de la CC sobre la iniciativa 5377 es consecuente con el derecho internacional y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Guatemala tiene la obligación internacional de juzgar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y no puede otorgar amnistía en este tipo de casos”, indicó en su cuenta de Twitter.

Voto razonado disidente de Molina Barreto

El amparo tuvo el voto razonado disidente del magistrado Roberto Molina Barreto, quien busca ser reelecto como magistrado constitucional para el periodo 2021-2026 de la CC, por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde presentó su expediente.

Molina Barreto fue nombrado como magistrado constitucional por los magistrados de la CSJ, para sustituir la vacante que dejó Neftaly Aldana.

Su nombramiento fue adversado por organizaciones de derechos humanos que recordaron que como magistrado de la CC, Molina emitió resoluciones contrarias a la ley como en el caso por genocidio, cuando se anuló la condena contra el general Efraín Ríos Montt, en mayo de 2013.

Para acceder a la sentencia completa:

https://drive.google.com/file/d/1hqueYTG6gIcQmjvGNgzTkZYHOmJ33MvJ/view

radio
Prensa comunitaria

#EntreTormentas En Alta Verapaz las inundaciones descienden, pero se reporta brote de fiebre y diarrea

Por Elías Oxom

Tres meses después del paso de las tormentas Eta e Iota, el nivel de las inundaciones empezó a descender en la aldea Sesajal, de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, según reportó la población de ese lugar, donde el nivel del agua que se acumuló por las lluvias alcanzó unos 10 metros de altura e inundó varias casas.

Algunas personas damnificadas prevén que aproximadamente tome otro mes, para que el nivel de las inundaciones descienda por completo de las casas, donde algunas sufrieron graves daños al pasar tanto tiempo bajo el agua.

Una gran extensión de terreno que también estaba inundada ya se secó, pero las personas que se dedican a la agricultura en esa región no han podido sembrar y trabajar la tierra, porque también quedó dañada por los sedimentos arrastrados durante la inundación; no obstante, esperan que después de la época de verano, se encuentre en mejores condiciones para poder sembrar y así producir la alimentación necesaria para sus familias.

Según Santiago Quib Chub, actualmente varias familias que estaban albergadas en la misma aldea o en aldeas cercanas, ya han regresado a vivir a sus casas pero han reportado problemas con los techos que quedaron arruinados.  Unas 80 familias todavía que están albergadas en la escuela, en el puesto de salud y en el salón de la referida comunidad, sobreviven gracias a la ayuda que sigue llegando de personas particulares, de organizaciones y de las aldeas cercanas a la comunidad.

El acceso a aldea ya quedó habilitado por la ruta a Campur, Carchá, pero el acceso al municipio de Chisec que es el área urbana más cercana, todavía se encuentra inundado, esto dificulta el traslado de las personas y los productos de consumo diario y de víveres por esa ruta. Los lancheros que se encuentran en el área cobran Q10 quetzales de pasaje por persona, lo que ha significado un gasto exagerado para las personas que necesitan movilizarse.

La Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred) ya realizó una primera visita a la aldea afectada y se tiene previsto que próximamente realice un estudio para determinar si las condiciones de esa aldea son ideales para ser habitada.

La población está consumiendo agua de lluvia que logran recolectar en algunos recipientes y siguen utilizando el agua de la inundación para lavar la ropa, a pesar del fuerte olor a azufre que ahora tiene. Al momento, en niñas, niños y las personas de la tercera edad se reporta un brote de fiebre, tos y diarrea que puede estar asociado al consumo de esas fuentes de agua.

radio
Avispa Midia

Patrulla fronteriza de EEUU tiene luz verde para provocar la muerte de migrantes

Por Ñaní Pinto

Dos organizaciones estadounidenses, No More Deaths y La Coalición de Derechos Humanos, han informado que las políticas y tácticas implementadas por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, en la frontera con México, han alimentado una crisis de muerte y desaparición de migrantes que cruzan por zonas dónde las condiciones para mantenerse con vida son casi nulas.

Estas organizaciones constituidas por voluntarios que auxilian con alimentos y agua a los migrantes, entre otros apoyos, han creado una serie de tres informes con los cuales pretenden “exponer y combatir las tácticas policiales del gobierno de Estados Unidos que causan la crisis de muerte y desaparición masiva (de migrantes indocumentados) en las zonas fronterizas”, según su sitio oficial.

En el primer documento, publicado en 2016, detallan que  la política sobre la cual se respalda la Patrulla Fronteriza para orillar a los migrantes a la muerte, viene desde el año 1994 y es denominada como Prevención mediante la disuasión.

Esta política justificó la militarización de las zonas fronterizas urbanas en la frontera con México. El objetivo era “alejar a los migrantes de los puestos de entrada y orillarlos a regiones geográficamente más duras, remotas y peligrosas, conduciéndolos a la muerte”, según el 1er informe llamado Métodos de aprehensión mortal & Las consecuencias de la persecución y la dispersión en los bosques.

Estos voluntarios asumen en sus investigaciones que los agentes de la Patrulla Fronteriza persiguen a los que cruzan la frontera en medio del desierto, de tal modo que las condiciones de este paisaje funcionan “como arma para reducir la velocidad, lesionarlos y detenerlos”, además, agregan que “las persecuciones provocan agotamiento por calor y deshidratación, ampollas y esguinces, lesiones por caídas y ahogamientos”.

Los activistas han tenido acercamiento directo con cientos de migrantes y han registrado las experiencias que han vivido mientras cruzan la frontera. En una encuesta que ellos han realizado documentaron que “la Patrulla Fronteriza empleó detenciones violentas, con golpizas, armas taser, ataques de perros y asaltos con vehículos contra los que cruzaban la frontera durante la persecución”.

Quitarle el agua al pez

En el segundo informe, publicado en 2018, estas organizaciones detallan la práctica usual de la Patrulla Fronteriza para reducir las posibilidades de subsistencia de los migrantes que no logran capturar. Una de ellas es la destrucción de la ayuda humanitaria que los voluntarios van sembrando en los caminos de los migrantes. En el desierto de la frontera entre Arizona y México, donde miles de personas mueren por deshidratación y enfermedades relacionadas con el calor, “los agentes de la Patrulla Fronteriza están destruyendo galones de agua destinados a los que cruzan la frontera. Los agentes de la Patrulla Fronteriza apuñalan, pisotean, patean, drenan y confiscan las botellas de agua que los voluntarios de ayuda humanitaria dejan a lo largo de rutas migratorias conocidas en el desierto de Arizona”, denuncia el informe número dos de la serie.

Estas acciones, según los activistas, son sistémicas en toda la corporación y no son aisladas. También cuestión que la Patrulla Fronteriza se asuma como un ente humanitario, porque los agentes intimidan, acosan y vigilan rutinariamente a los voluntarios que intentan ayudar a los indocumentados, impidiendo sus acciones. “Es una característica sistémica de las prácticas de aplicación de la ley en las zonas fronterizas y una extensión lógica de la estrategia más amplia de la política de prevención a través de la disuasión”, detalla el documento.

Según los lineamientos de esta política, “cualquier situación que haga que el viaje sea más peligroso o difícil para quienes cruzan la frontera podría considerarse una táctica razonable de aplicación, incluida la vandalización del agua potable”, denuncian estas organizaciones.

Estas organizaciones vienen distribuyendo, desde el año 2012, miles de galanes de agua en las rutas de los indocumentados, ya que, por la longitud y la dificultad del viaje, “es físicamente imposible que cualquiera que intente cruzar la frontera a pie lleve suficiente agua y alimentos para sobrevivir. Como resultado, miles de personas que cruzan la frontera han muerto de sed en el desierto abierto”, según No More Deaths y La Coalición de Derechos Humanos.

El 911 no sirve para los que cruzan la frontera

La tercera parte de la serie, publicada este mes de febrero del año 2021, llamada Abandonados para morir: Patrulla Fronteriza, Búsqueda y Rescate y la Crisis de Desaparición, detalla cómo los sistemas de respuesta del 911 reciben miles de llamadas por año de personas que cruzan a los Estados Unidos sin autorización, y estos avisos emergencia son remitidos al Patrulla Fronteriza.

Este organismo fronterizo es el responsable de responder a los llamados de emergencia hechas a través del 911. Pero, los activistas informan que la mayoría de los migrantes que logra hacer llamadas de auxilio no recibe apoyo alguno, porque se presume que son personas indocumentadas. “El 63% de todas las llamadas de socorro que las familias y los defensores refirieron a la Patrulla Fronteriza, la agencia no llevó a cabo ninguna movilización de búsqueda o rescate”, detalla el documento.

En este informe se señala que la Patrulla Fronteriza tiene todo el poder de decisión sobre los servicios de emergencia para personas indocumentadas, es decir, que tiene en sus manos la posibilidad de decidir si los indocumentados viven o mueren en su intento. “La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos no es una organización de búsqueda y rescate. Por el contrario, la agencia es una fuerza policial federal masiva y militarizada que dedica más del 99% de su presupuesto anual y más del 99% de su personal a apoyar las actividades de control fronterizo”.

Las organizaciones que han trabajado en estos tres informes incluyeron una larga serie de recomendaciones dirigidas hacia las agencias gubernamentales, sobre todo, en el tenor de una desmilitarización de la frontera y el fin inmediato del papel de la Patrulla Fronteriza como único agente en responder a emergencias reportadas. “Hacemos  un  llamado  a  las  agencias  gubernamentales  para  que  establezcan  sistemas  de  respuesta de emergencia en la frontera que estén completamente separados de la aplicación de la ley de inmigración.  Dichos  sistemas  de  respuesta  deben  ser  oportunos  y  estar  bien  financiados, con médicos y equipos capacitados de búsqueda y rescate para examinar el paisaje con un ojo empático en lugar de uno punitivo”, recomiendan en el tercer informe.

También exigen que, “el  gobierno  federal  debe  establecer  iniciativas para dar a conocer el seguimiento de los restos humanos recuperados relacionados con la migración en toda la frontera”.

En la documentación de estas organizaciones identificaron que la Patrulla Fronteriza había realizado un conteo oficial de 7.805 restos recuperados entre 1998 y 2019; sin embargo, dicen, “nuestro equipo estima que entre tres y diez veces más personas pueden haber muerto o desaparecido desde la implementación” de la  política llamada Prevención mediante la disuasión.

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Avispa Midia

21 mil estudiantes han sido asesinados en Honduras entre 2011 y 2018

Por Jasmin Hristov y Karen Spring

⇓ÚLTIMA PARTE⇓

A continuación, se presenta un conjunto de cinco artículos que reflexionan sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Un análisis que será publicado en cinco partes.

Leer la 4ta Parte de esta serie ⇒ Honduras: El paramilitarismo en el sector energético y el turismo


Parte V

Paramilitarismo contra Estudiantes, Periodistas, Abogados y Defensores/as de Derechos Humanos

En Honduras, los periodistas y abogados de medios alternativos / independientes que exponen las violaciones de derechos humanos por parte del Estado y las luchas de los movimientos sociales, enfrentan un alto riesgo de sufrir violencia. Entre 2009 y 2013, 74 abogados y 25 periodistas fueron asesinados (Holanda, 2014). La mayoría de los casos permanecen impunes.

“Pues en el 1997 se pone la primera demanda en contra de la familia Facussé y la familia Morales, pero los abogados, siempre sobornados, iban abandonando los casos; o sea, según iban avanzando los terratenientes llamaban a los abogados y si no querían los remataban, entonces tenían que aceptar”, cuenta un miembro de la Plataforma Agraria

“Así se fue dando desde 1997. En el 2006 ya teníamos el abogado número siete, y en ese momento hicimos una toma de la finca. Igual el abogado sabía que tenía la legalidad, pero también fue sobornado… Ahí de Tocoa, se llama Rico. El último abogado que sí se demostró y ganó fue el abogado Antonio Trejo, en 2012, en el caso de la cooperativa San Isidro, en el caso de la cooperativa Trinidad y Despertar. Pero el 22 de septiembre lo asesinaron”, de acuerdo con los miembros del movimiento campesino Plataforma Agraria. Junto al asesinato de abogados, entre 2001 y 2018, fueron asesinados 84 periodistas en Honduras (García, 2019).

El movimiento estudiantil hondureño también se ha visto muy afectado por la represión estatal y la violencia no estatal desde el golpe de 2009. La acción colectiva de estudiantes secundarios y universitarios que protestan contra las políticas de austeridad y la privatización de la educación pública ha sido brutalmente reprimida por la policía estatal y el ejército; los estudiantes han sido golpeados, asesinados y encarcelados. Según el Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), 21.000 estudiantes han sido asesinados en Honduras entre 2011 y 2018 (C-Libre, 2018).

Aquí se pueden encontrar tres modalidades principales de violencia paramilitar. La primera es cuando los agentes estatales incurren en acciones que exceden las sancionadas por la ley. Estos incluyen allanamientos de hogares, recolección de información personal, fotografías y seguimiento sin una orden judicial, así como tortura y finalmente asesinato. Estos actores pueden estar uniformados o no, utilizar vehículos sin matrícula y con frecuencia tienen la cara enmascarada. Los siguientes son algunos ejemplos que ilustran esta modalidad.

En septiembre de 2018, durante una marcha de un amplio colectivo de movimientos sociales en el Día de la Independencia Nacional, un adolecente de quince años fue arrojado en la parte trasera de una camioneta patrulla policial, torturado y logró escapar de lo que describió como un intento de asesinato.

“Nos dijeron que nos iban a llevar a un callejón sin salida y nos iban a matar. Me golpearon un par de veces con la pistola en la cabeza, sentí salir sangre. Luego me metieron el arma en la boca y dijeron que si oían nuestras voces dispararían. Había gente en la calle mirando y tratando de grabar esto en video con sus teléfonos celulares, así que comenzaron a disparar balas reales a los pies de las personas para hacerlas escapar”, comparte Francisco (seudónimo), estudiante de secundaria, Honduras. El niño finalmente recibió tratamiento hospitalario por las graves lesiones que sufrió en la cabeza y continúa sufriendo impedimentos físicos y psicológicos.

En otro trágico caso, el 30 de agosto de 2018 tres hombres armados con armas de alto calibre, uniformados de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), secuestraron en una camioneta a dos estudiantes del Instituto Técnico de Honduras de una residencia en Tegucigalpa. Al día siguiente, Mario Enrique Suárez Gómez, de 19 años, y Gerson Daniel Meza Medina, de 18, fueron encontrados muertos en la carretera, con marcas de tortura y numerosos disparos (La Prensa, 2018).

A uno de ellos le rompieron las manos y las piernas, le quitaron los ojos y le cortaron la nariz (Meza, 2018). Los dos jóvenes habían participado en al menos 12 protestas en los últimos meses, exigiendo el subsidio de transporte público para estudiantes que el gobierno les había quitado en reformas anteriores (C-Libre, 2018). También estuvieron involucrados en una protesta contra el gobierno pocas horas antes de su secuestro (Meza, 2018).

ATIC negó la participación de su personal en el incidente, afirmando que los logotipos del uniforme que llevaban los perpetradores no coincidían con los del uniforme de ATIC (La Prensa, 2018). Sin embargo, un examen exhaustivo de una gran variedad de imágenes del personal de ATIC en las escenas del crimen revela una mayor variación en sus uniformes. Además, la forma en la que los hombres armados sacaron a los dos estudiantes y los acompañaron hasta la camioneta sugiere que el primero tenía entrenamiento militar.

Las autoridades estatales han atribuido los asesinatos a miembros de bandas criminales que se hacen pasar por agentes estatales, mientras que la cobertura de los principales medios de comunicación se ha centrado en la violencia de las pandillas en el vecindario de la víctima y en uno de los arrestos anteriores del estudiante por cargos de drogas.

En otro incidente en el contexto de semanas de protestas de estudiantes universitarios en Tegucigalpa, un civil armado disparó ocho tiros desde un vehículo privado contra estudiantes que protestaban en la vía frente a la universidad (El Tiempo, 2019). A pesar de que el incidente fue filmado por cámaras de seguridad cercanas, nadie ha sido acusado. El ataque ocurrió en un contexto de represión, detenciones y desalojos violentos de estudiantes que protestaban dentro y en la vía frente de la universidad.

La segunda modalidad de violencia paramilitar contra estudiantes es en forma de seguridad privada. Las amenazas de muerte por parte de guardias de seguridad privada contra estudiantes involucrados en algún tipo de acción colectiva son comunes en la UNAH. En un caso conocido de julio de 2017, estudiantes de la UNAH fueron brutalmente agredidos por una unidad de seguridad privada de la empresa Spartan, mientras ocupaban una parte de las instalaciones de la universidad, incluidos algunos que se encontraban en huelga de hambre.

Además de los guardias de seguridad privada empleados permanentemente por la universidad, Spartan fue contratado por separado por la administración de la universidad para desalojar violentamente a los estudiantes. Los agresores golpearon brutalmente a los estudiantes y utilizaron gases lacrimógenos (Rodríguez, 2017).

La última modalidad de violencia paramilitar es la empleada por individuos que pueden ser miembros de pandillas o simplemente sicarios. Un estudiante activista compartió la historia de cómo miembros de la Mara Salvatrucha, una de las pandillas más notorias de Centroamérica, fueron a su casa y lo amenazaron con matarlo si continuaba participando en las protestas estudiantiles.

Grupos Paramilitares Emergentes

Como hemos demostrado, gran parte de la violencia contra las comunidades rurales involucradas en disputas por la tierra y luchas ambientalistas, así como contra estudiantes, abogados y activistas de derechos humanos en general, es llevada a cabo por asociaciones de actores estatales y no estatales que no pertenecen a grupos específicos autoidentificados. Sin embargo, también está en marcha un proceso de formación de estructuras paramilitares más identificables. Podemos caracterizar esta formación de grupos paramilitares como en etapa embrionaria, en comparación con otros países como México y Colombia.

Los siguientes tres ejemplos son de la región del Bajo Aguán y las organizaciones mencionadas son / fueron parte de la Plataforma Agraria.

El primer caso, de la comunidad de Panamá, demuestra cómo la colaboración entre guardias de seguridad privada, batallones militares y civiles armados ha dado lugar a una unidad paramilitar. Este grupo armado está liderado por un individuo que fue guardia de seguridad de Dinant y luego formó parte, durante un tiempo, del movimiento campesino Gregorio Chávez. Una plantación de palma aceitera llamada Paso Aguán, oficialmente propiedad de Dinant, ha sido disputada por el movimiento campesino Gregorio Chávez.

Desde 2014 la plantación se utiliza como base para el Batallón Xatruch. Seis individuos de la cercana comunidad de Panamá, afiliados al movimiento campesino, han sido asesinados en la propiedad Paso Aguán, que ahora se conoce entre la comunidad como el ‘cementerio clandestino’. En abril de 2018, los militares y guardias de seguridad privada de Dinant se retiraron oficialmente de la propiedad. En su lugar, un grupo armado liderado por Santos Torres, que según testimonios de campesinos de la Plataforma era un ex-guardia de seguridad privada de Dinant, y que también fue miembro del movimiento campesino, estableció el control de una zona considerable de la plantación.

Desde septiembre de 2018, este grupo armado ilegal de aproximadamente 20-30 hombres portando armas como AK47 y R-15 y vistiendo chalecos antibalas, “ha llevado a cabo numerosos actos de violencia contra integrantes del movimiento, como el 16 de enero de 2019 cuando uno de los líderes del movimiento, Jorge Mejía, recibió disparos en un intento de asesinato”, según los voceros de la Plataforma Agraria, Honduras.

La comunidad ha denunciado todos los casos a la policía y a la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA). “En varias ocasiones, Santos Torres fue detenido y poco después liberado. También ha sido visto tomando café con los policías que supuestamente fueron asignados a proteger a los miembros de la comunidad que son beneficiarios de medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección”, según líderes movimiento campesino Gregorio Chávez. Además, señala este movimiento que, “el grupo armado opera de acuerdo con los militares y Dinant, con el propósito de aterrorizar a la comunidad y así disuadirlos de emprender acciones de recuperación de tierras o dar la impresión de que la violencia fue causada por conflictos internos de la comunidad, es decir, campesinos contra campesinos”.

De manera similar, un grupo paramilitar conocido como La Confianza surgió en la comunidad de La Confianza en el Bajo Aguán, en 2016. Liderado por el ex-militar Celio Rodríguez, el grupo está compuesto por algunos ex-miembros de una cooperativa campesina que se escindió del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán, MUCA).

Rodríguez se ha encargado de entrenar y suministrar al grupo uniformes y armas. Los miembros de este grupo paramilitar han estado persistentemente amenazando, intimidando e intentando asesinar a líderes clave de la Plataforma Agraria. En este contexto, el grupo asiste a reuniones comunitarias para proponer la venta de la tierra de propiedad colectiva de los campesinos.

Según testimonios locales, miembros del grupo se han reunido en numerosas ocasiones con Oscar Nájera, diputado del Congreso Nacional por el Partido Nacional derechista. Nájera es un conocido socio comercial del cártel de la droga de Los Cachiros que anteriormente se encontraba en Tocoa, Colón. Uno de los integrantes del grupo, Osvin Nahum Caballero, quien tiene 11 cargos de homicidio, fue detenido en 2018. Es responsable, junto con Celio Rodríguez, del asesinato de José Ángel Flores, ex presidente del MUCA y Silmer George, miembro del MUCA en 2016.

En noviembre de 2019 surgió otro grupo paramilitar de manera similar. Varios miembros de la cooperativa San Esteban, parte de la organización campesina MARCA, a los que se unieron algunos sicarios formando un grupo paramilitar de 50 hombres fuertemente armados, se apoderaron de la finca de la cooperativa San Esteban y obligaron al resto de las familias que son miembros de la cooperativa a salir. Actualmente emplean esta estrategia para amenazar a familias de otras cooperativas cercanas como Despertar y La Trinidad (Criterio, 2019a).

Reflexiones sobre las tendencias de la violencia y las unidades paramilitares

Como se puede observar, en Honduras la violencia paramilitar es pro-capitalista y política y se lleva a cabo por actores estatales y no estatales, a menudo a través de la cooperación entre ambos. Las características organizativas de la violencia van desde la pequeña escala (individuos contratados para atacar a miembros de movimientos sociales) hasta grandes grupos que incluyen batallones militares y guardias de seguridad privada.

También varían entre asociaciones ambiguas y temporales, agentes de seguridad del Estado, actores no estatales, y grupos propiamente formados que se identifican como tales. Los factores que han facilitado la proliferación de la violencia paramilitar son: el aumento de la militarización, el uso generalizado de la seguridad privada y su cooperación con las fuerzas de seguridad del Estado, y la creación de grupos inter-institucionales (compuestos por policiales y militares). Esto último crea condiciones propicias para la participación de la policía y el ejército en violaciones de derechos humanos, así como la participación de actores no estatales.

Los siguientes patrones pueden observarse en todas las diferentes modalidades de violencia paramilitar. Primero, independientemente de la modalidad a través de la cual se lleve a cabo, la violencia paramilitar trabaja en coalición con la legislación para lograr los objetivos económicos de los capitalistas, así como los establecidos por instituciones internacionales como el Banco Mundial. Por lo tanto, la violencia paramilitar en este país sirve para sostener las estructuras de poder institucionalizadas, no solo los intereses privados de los capitalistas individuales.

En segundo lugar, en todos los casos de violencia paramilitar existe un proceso paralelo de criminalización de las víctimas. Esto último debe entenderse como parte integral de los requisitos previos o condiciones favorables para el surgimiento del paramilitarismo. En los casos rurales y urbanos observamos la misma tendencia en la que no solo se registran a las víctimas de la violencia política simplemente como producto del delito, sino que también se utilizan las acusaciones o cargos existentes en su contra para insinuar su participación previa en actividades ilegales que luego presumiblemente podrían utilizarse para explicar su muerte.

Así, el proceso de criminalización de miembros de los movimientos sociales que se oponen al régimen y su modelo económico allana el camino para eventualmente normalizar su “desaparición” y reforzar la impunidad. Por ejemplo, los estudiantes activistas son acusados falsamente y cuando son víctimas de ejecuciones extrajudiciales, como el caso del joven secuestrado por ATIC, su muerte se explica en relación a los cargos anteriores.

Más importante aún, cuando los campesinos, los garífunas y los estudiantes son elevados a la categoría de narcotraficantes mientras que los perpetradores de la violencia paramilitar se reducen a criminales, las dos fuerzas opuestas – los movimientos desde abajo y el instrumento violento utilizado por las élites para silenciarlos – se fusionan en la categoría de criminales, invisibilizando por completo las motivaciones pro-capitalistas y políticas de la violencia de un lado contra el otro.

La individualización de los problemas estructurales y el desvío de la responsabilidad de la violencia de los verdaderos perpetradores y hacia las propias víctimas, es una característica recurrente en las cuentas de los medios de comunicación hegemónicos, así como en los discursos de los oficiales gubernamentales y corporativos.

Esto es lo que dijo el Sr. Hugo Maldonado, Presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), cuando se le pidió que comentara sobre el secuestro y posterior asesinato de los dos estudiantes por parte de ATIC: “No es ATIC. Cualquiera puede ponerse un uniforme. … Se sabe que uno de los chicos estaba en el proceso de decidir si se unía o no a la mara, así que eso puede que tenga algo que ver”, dijo en entrevista el Sr. Hugo Maldonado de CODEH.

De igual manera, el señor Roger Pineda, portavoz de Corporación Dinant, argumentó que “la violencia en el Bajo Aguán no es política sino que principalmente tiene que ver con conflictos internos entre campesinos, desbordes de dinero por ventas agrícolas o algunas actividades ilegales”.

Esto lleva al siguiente problema, que es la fragmentación de las comunidades rurales a través de la infiltración militar y empresarial. Hemos visto que en los tres casos de grupos paramilitares de aparición reciente en una región con intensos conflictos territoriales como el Bajo Aguán, los miembros de estos grupos armados han venido de las propias comunidades bajo la coordinación de militares en activo o ex-militares.

Estos grupos armados locales o actores no estatales a menudo son personas ya temidas por las comunidades locales debido a su participación en el tráfico de drogas y el sicariato. Además de reclutar individuos locales para los grupos paramilitares emergentes, esta estrategia tiene tres propósitos más:

1-crea un clima de miedo, sospecha y desconfianza entre las comunidades, que conduce a la ruptura de la unidad y posteriormente al debilitamiento del movimiento; 2– justifica una mayor militarización con el argumento de que algunos campesinos están armados; y 3– refuerza los discursos dominantes de que la violencia se debe al tipo de conflicto interno “campesinos contra campesinos”, eximiendo así al Estado y los capitalistas de cualquier responsabilidad.

En conclusión, en Honduras se está presentando el desarrollo y la sofisticación de la violencia paramilitar. Diferentes actores con poder político y económico emplean, cada vez más, el uso de la violencia para defender sus intereses. Este fenómeno no se puede reducir a un problema de corrupción (por la coalición entre actores estatales y criminales) o a un contexto dominado por ´señores de la guerra´ como producto de un Estado débil, si no que se debe a la estructura legal que rige y sostiene este tipo de violencia.

El Estado crea leyes acordes a las necesidades de los verdaderos criminales, que a base de fuerza establecen su dominación. Cuando la población pobre trata de recurrir a leyes que les pueden beneficiar, el sistema de justicia no les ampara y les pone obstáculos. Si queremos eliminar la violencia es necesario mirar más allá de los que llevan los fusiles y hacia los que diseñan las leyes y medidas económicas, que son los instrumentos del saqueo legalizado que siempre dependerá del uso de la violencia.

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Noticias de abajo 9 febrero 2021

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