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Criminales impiden clausura de extracción irregular de materiales destinados al Corredor Interoceánico
Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago
En portada: Habitantes de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo registran actividades ilegales en dos bancos de materiales dentro de tierras de uso común. En la imagen, elementos de la Guardia Nacional atestiguan la reanudación de operaciones del sitio “El Barrancón”, sin intervenir. Esto ocurrió el 8 de agosto del 2024, una semana antes de la inspección frustrada de Propaeo.
En el marco de las obras ejecutadas en el estado de Oaxaca para rehabilitar la Línea K, uno de los tres tramos que integran el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), habitantes de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, por donde atraviesan las vías férreas, han señalado la operación irregular, en dos sitios dentro de sus tierras comunales, cuyo objetivo es extraer materiales pétreos para la construcción del megaproyecto.
Aunque miembros de la comunidad zapoteca presentaron denuncias, desde octubre del 2023, ante autoridades ambientales de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca (Propaeo), no fue hasta marzo del 2024 cuando, por medio de la demanda de amparo 54/2024 interpuesta por habitantes de la comunidad zapoteca, un juez de distrito resolvió suspender la operación del banco denominado “El Barrancón” debido a que no se acreditó vigencia en su permiso de impacto ambiental.
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Acorde a las visitas de vigilancia realizadas por habitantes de Unión Hidalgo tras la resolución, para el mes de abril las obras en el banco de materiales cesaron. Sin embargo, en registros recientes, durante los primeros días de agosto, pobladores atestiguaron la reanudación de las labores de extracción en dicho sitio.

Según testimonios de la comunidad zapoteca, ante las recientes denuncias públicas de la población, debido a la reanudación del saqueo y explotación de materiales pétreos, fue que la Propaeo envió a dos inspectores para verificar el sitio.
Así, el pasado jueves (15), funcionarios adscritos a la Propaeo visitaron la comunidad de Unión Hidalgo para realizar una inspección cuyo objetivo, establecido en el expediente PROPAEO/CPA/DQDA/0109/2023, tendría que verificar si Gustavo Manzo Denes, quien se ostenta como propietario del lugar, cuenta con la autorización vigente en materia de impacto ambiental para llevar a cabo la extracción de materiales.
Los inspectores, quienes cuentan con facultades para clausurar el sitio en caso de encontrar daños al ambiente, arribaron al lugar denominado “El Barrancón” acompañados de habitantes de la comunidad zapoteca, quienes atestiguaron en ese momento la presencia de maquinaria pesada para la extracción de materiales.

Testigos de los hechos aseguran que en el lugar se apersonó el dueño del predio, junto a personas armadas, quienes amedrentaron a los presentes impidiendo con ello la labor de las autoridades ambientales. Ante el incremento en las agresiones, e incluso amenazas de muerte proferidas, los funcionarios interrumpieron la inspección y huyeron del lugar.
Debido a la violencia de integrantes del crimen organizado, quienes retuvieron a una persona de la comunidad en el lugar de los hechos, amenazando con quemarla, fue que se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. La institución integró la carpeta de investigación 25329/FIST/JUCHITAN/2024 contra Gustavo Manzo Denes – quien de acuerdo al expediente 0174/2018 de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad del Estado de Oaxaca se reconoce como propietario del banco -, y otros que resulten responsables por las agresiones.
Según cálculos de los habitantes de Unión Hidalgo, hubo la extracción diaria de 200 metros cúbicos de materiales procedentes de “El Barrancón”. Aunado a ello, destacan la irregularidad en la supuesta propiedad del banco de materiales, pues argumentan que existe una resolución presidencial de 1964 para reconocer y titular 68,11254 hectáreas como bienes comunales de Juchitán y sus anexos -al cual pertenece la comunidad de Unión Hidalgo-, un territorio donde no puede existir propiedad privada.

Sin embargo, señalan que, pese a haber informado de esta situación a elementos de la Secretaría de Marina (Semar), quien coordina las obras del CIIT, los militares firmaron un contrato para la extracción de los materiales mediante un particular. “El problema es que el particular compró protección del crimen organizado”, sostienen testigos de los hechos.
Acorde a los testimonios, pese a las llamadas de auxilio que los presentes emitieron, ningún cuerpo de seguridad se hizo presente. Al contrario, testigos sostienen que elementos de la Guardia Nacional, quienes se ubican a menos de una hora de distancia, mantienen comunicación cercana con los miembros del crimen organizado involucrados en la extracción de materiales en los dos sitios donde operan.
Funcionarios de la Propaeo, contactados por este reportaje, se rehusaron a compartir información sobre los hechos registrados durante la visita de inspección realizada el pasado 15 de agosto.
Reclamos
Para exigir el cumplimiento de la suspensión en la extracción de materiales pétreos, durante agosto, habitantes de Unión Hidalgo presentaron ante el Poder Judicial Federal un Incidente de incumplimiento a la suspensión -un recurso legal en el que incluyeron evidencias de la operación ilegal de actividades extractivas en dos bancos de materiales ubicados en tierras comunales zapotecas.
En el documento, consultado por este reportaje, señalan como responsable a la empresa Grupo Ferrocarrilero del Sureste S.A. de C.V. (GFS) quien, en colaboración con Semar y el CIIT, realiza las labores para rehabilitar las vías férreas. En total, éstas atravesarán 472 kilómetros desde el Istmo de Tehuantepec rumbo a Ciudad Hidalgo, en Chiapas, donde de acuerdo al Quinto Informe del Gobierno de Rutlio Escandón, se ubicará el primer Polo de Desarrollo para el Bienestar (Podebi) en Chiapas -el onceavo del CIIT-, con una superficie de 523 hectáreas.
La empresa GFS también es señalada por el ecocidio producto de la tala de más de 11 mil árboles nativos, entre ellos, especies protegidas por la NOM 59 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Además de las extracciones en “El Barrancón”, se registra también el caso del banco de materiales ubicado en la Loma del Estero Guié, también dentro de tierras comunales en los límites de los municipios de Juchitán y de Unión Hidalgo, Oaxaca.

Acorde al recurso de incidente, presentado ante el Poder Judicial, en el Registro Agrario Nacional no existe ningúna inscripción de acta de asamblea que destinara a la Loma del Estero Guié para asentamiento humano o para parcelar, por lo que ésta se considera como tierra de uso común.
En dicho sitio, el pasado 15 de junio habitantes detectaron la extracción de material pétreo con la operación de cuatro máquinas pesadas y haciendo uso diario de convoys integrados por hasta 50 transportes de carga.
En el lugar, también se registró el uso de explosivos, según argumentan las pruebas incluidas en el recurso legal. “Al extraer, diariamente y durante un periodo prolongado, grandes rocas en convoys de volteos de gran capacidad, empleando dinamita indiscriminadamente, se está despojando a la comunidad de la propiedad, posesión y disfrute de la Loma del Estero Guié. Y se está causando un daño de imposible reparación”, refiere el documento presentado ante el Poder Judicial Federal.

Según pobladores, otra demanda de amparo, con expediente 126/2024-IV-B promovida en marzo de este año 2024 por las comunidadades agrarias de Unión Hidalgo y Chicapa de Castro, ya había frenado la operación del banco ubicado en la Loma del Estero Guié. Esto debido a que las comunidades obtuvieron una resolución en abril para que las autoridades responsables se abstuvieran de ejecutar actos que tengan por objeto privarla total o parcialmente de las comunidades agrarias zapotecas.
Sin embargo, después de mes y medio sin registrar extracciones, el banco de materiales en el Estero Guié volvió a operar de manera irregular. Habitantes de Unión Hidalgo refieren que, tal como sucede con “El Barrancón”, la Semar reconoce a un particular como propietario del sitio, a pesar de ser tierras comunales, con lo que facilitó un contrato para la extracción de material pétreo.
Habitantes de Unión Hidalgo denuncian que, el gobierno, en su afán por avanzar en las obras del CIIT, está comprando materiales robados procedentes de dos sitios dentro de sus tierras comunales. “Se están robando el material de esos bancos y el gobierno federal los está comprando para utilizarlos en la Línea K”, comparten testigos para Avispa Mídia.

Acorde a los testimonios, los materiales extraídos del banco “El Barrancón” están siendo utilizados para los trabajos de rehabilitación de la Línea K, específicamente, para las labores comprendidas entre los kilómetros 47 al 52, donde se emplean para crear el espacio que une los terraplenes con los puentes por donde recorrerá el tren con destino hacia la frontera con Guatemala.
*La identidad de todos los entrevistados se resguarda por cuestiones de seguridad.
Exigimos al Presidente de la República que dé contestación puntual a los mandatos de los tres relatores especiales de la ONU del pasado 31 de mayo

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Acteal, Chenalhó, Chiapas, México.
22 de agosto de 2024
Al Congreso Nacional Indígena
Al Consejo Indígena de Gobierno
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
A las y los Defensores de los Derechos Humanos
A la Vicaría de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
A los Medios Libres y Alternativos
A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional
A la Sociedad Civil, Nacional e Internacional
Hermanas y Hermanos:
En este mes de agosto nuestra organización cumple 15 años de exigir que se revierta la impartición de impunidad que la Suprema Corte de Ricos y Criminales de nuestro país decidió otorgar a los autores materiales del crimen de estado cometido aquí, con tremenda crueldad y brutalidad, que nos arrebató la vida de nuestras 45 hermanas y hermanos Mártires de Acteal, así como de cuatro bebitos masacrados desde el vientre de sus mamás, dejando libres, premiados, de regreso a nuestras comunidades y sin siquiera confiscarles las armas que usaron, a cada uno de los paramilitares que ejecutaron esta masacre. Y nos volvemos a reunir como cada día 22 de mes para pedirle a nuestro Creador que siga fortaleciéndonos para obtener la justicia verdadera para todas y todos ellos, gritando a todo el que nos quiera escuchar, la verdad que todos los gobiernos han ocultado para perdonar su culpa a los autores intelectuales de la masacre, comenzando por el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Con esta suprema injusticia, a falta de verdaderas consecuencias para los responsables de los crímenes en Acteal, lo único que se ha logrado es sembrar los peores precedentes para que brote y crezca sin control la violencia en nuestras comunidades, ahora en medio de la actuación de grupos armados relacionados con el crimen organizado.

Hoy esa violencia se vive con mayor intensidad por la necedad del gobierno federal y estatal de no desmantelar los grupos armados que se están peleando el control de nuestra región. Al gobierno lo único que le preocupa es que se realice a como dé lugar este 25 de agosto el proceso electoral que se suspendió en Pantelhó, precisamente por no haber condiciones para poder llevar a cabo las elecciones en la zona. Desgraciadamente, desde julio para acá, se han intensificado las balaceras, las bombas, la quema de casas, hemos escuchado de varios heridos, muertos y desplazados más y la situación es más grave que nunca, pero los gobiernos y sus partidos insisten en hacer sus elecciones que, además, sólo hacen el conflicto más grande.
Quienes luchamos por la paz y garantías básicas que en esta región son inexistentes, es decir, los defensores de la vida y los derechos humanos, corremos especialmente en Chiapas el riesgo de perder la vida y la integridad por el simple hecho de estar del lado de la verdad, por no dejarse comprar y por no querer colaborar con el mal. Como nuestro querido Padre Marcelo, que ha sido criminalizado y perseguido por tratar de parar las muertes y mediar en el conflicto de Pantelhó en años pasados; o nuestro compañero y hermano Simón Pedro que murió asesinado por participar en los esfuerzos no-violentos del Pueblo Creyente para hacer que volviera la paz a nuestras comunidades en Simojovel, Pantelhó y Chenalhó.

Por eso nos alegra que por lo menos desde una instancia internacional como la ONU, tres relatores especiales le pidieran en días pasados al Presidente de la República proporcionar información sobre “la investigación sobre los autores intelectuales del asesinato del defensor de los derechos humanos Sr. Simón Pedro Pérez López”. Y en otro punto le piden “proporcionar información en relación con la investigación sobre los autores intelectuales del Masacre de Acteal”. También que se le pida “proporcionar información sobre el motivo por la demanda de aprehensión presentada en contra del Padre Pérez Pérez y el estado actual de esta”. Por último, saludamos y vemos como un buenísimo precedente la petición que hacen los relatores al Presidente para que “proporcione información sobre las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de las comunidades de Chicomuselo, incluyendo la seguridad e integrad física de las personas defensoras del territorio en el Municipio ante la presencia del crimen organizado”. Todo esto, en medio de subrayarle su “profunda preocupación por la situación de las personas defensoras de los derechos humanos mencionadas: el Padre Marcelo Pérez Pérez, la Sra. Pascuala López Lopéz, las personas defensoras del municipio de Chicomuselo, y los miembros de la organización sociedad civil las Abejas de Acteal y el Frayba.” En “un contexto de represión marcado por la criminalización de personas defensoras, graves agresiones perpetradas en su contra con impunidad, y violaciones persistentes de los derechos humanos de las comunidades del Estado de Chiapas”.

Nos unimos a nuestras hermanas y hermanos Consejos Parroquiales de Chenalhó y Pantelhó cuando dicen claramente:
Desde nuestra Fe en Jesucristo, el dolor del pueblo que sufre, y la indignación, por la ingobernabilidad que vivimos en el estado, la minimización que ha hecho el Presidente Andrés Manuel López Obrador frente a la violencia que se ha viralizado en dichos municipios, y sin entender en manos de quién está la lucha contra el crimen organizado, ya que vemos que los criminales, cada día se hacen más fuertes en presencia de los militares y la Guardia Nacional, o ¿están protegidos por ellos?, y porque, en los encargados de nuestra seguridad, estatal y municipal existe la sospecha de su complicidad con dichos criminales, que en los conflictos actuales han dejado familias sin tierra, sin casa y sin paz, porque han tenido que abandonar sus comunidades, unas para no aliarse, otros para no venderse, otras para no sumar más asesinos y asesinatos, y todas para proteger su vida, decimos al gobierno Federal, Estatal y Municipal, que están a tiempo de no mancharse con más desplazados buscando refugio en otro país”.
Por todo esto, le pedimos a toda persona solidaria con la lucha de Las Abejas que nos ayude a continuar exigiendo:
- Al gobierno federal y estatal que primero atienda el problema de raíz que tenemos en la región y no insistan en realizar las elecciones en medio de la violencia.
- A las fuerzas estatales y federales de seguridad que no permitan más derramamiento de sangre en nuestros municipios.
- Exigimos al Presidente de la República que dé contestación puntual a los mandatos de los tres relatores especiales de la ONU del pasado 31 de mayo, y dar efectivamente con los autores intelectuales del asesinato de nuestros 45 mártires y de nuestro hermano Simón Pedro Pérez López.
¡ALTO A LA IMPUNIDAD PARA LOS VERDUGOS DE QUIENES LUCHARON POR LA VIDA Y LA PAZ!
¡VIVAN LOS MÁRTIRES DE ACTEAL!
¡VIVA SIMÓN PEDRO!
¡JUSTICIA Y PAZ PARA CHIAPAS Y TODO MÉXICO!
¡ALTO AL HOSTIGAMIENTO A NUESTRAS DEFENSORAS Y DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS!
¡NO AL GENOCIDIO EN PALESTINA!
¡VIVA LA LUCHA NO VIOLENTA!
Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.
Atentamente,
La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
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Victorio Pérez Paciencia | Juan Pérez Santis |
Presidente | Tesorero |
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Alfredo Jiménez Pérez | |
Sub Presidente |
[1] Mandatos de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y del Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Ref.: AL MEX 8/2024, 31 de mayo de 2024. Se puede consultar en: https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=29116 https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=29116
[2]Comunicado de las Parroquias de Santa Catarina -Pantelhó- y San Pedro Apóstol -Chenalhó-, 10 de agosto de 2024. https://frayba.org.mx/comunicado-de-las-parroquias-de-santa-catarina-pantelho-y-san-pedro-apostol-chenalho


