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Avispa Midia

Gobierno de México desconoce cantidad de agua utilizada por minería

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

En portada: El futuro ineludible de la minería. Extracción de ilmenita en Chiapas. Foto: Santiago Navarro F.

La mayor parte de la actividad minera en México se ubica en zonas áridas y semiáridas, en los estados de Sonora, Zacatecas, Durango, Colima y Guerrero, los mismos que tienen el mayor volumen de agua concesionado.

El dato fue divulgado durante la presentación del Sistema de Información Geográfica, denominada Agua y Minería, herramienta desarrollada por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Existen dos maneras de la industria minera para acceder al agua en territorio mexicano, explicó el director general del IMTA, Adrián Pedrozo Acuña. La primera es por la concesión de título de aguas nacionales, inscrito en la base de datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), administrado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), bajo la clasificación “uso industrial”.

Basado en este registro, en 2020, el volumen concesionado a la industria minera fue de 462.45 millones de m3 al año, donde más de 80% de las extracciones de agua se destina a la producción de cobre, oro y hierro.

El 66% de las concesiones de agua se ubican en acuíferos sin disponibilidad y el 18.96% de las concesiones para la minería metálica están en acuíferos sobreexplotados.

Sin embargo, existe una segunda manera de la industria minera para acceder al agua. Es el uso de agua asociado directamente al título de la concesión minera, también llamada de uso libre o agua de laboreo. “La industria minera, específicamente la industria minera a cielo abierto, tiene la posibilidad de usar el agua que está libre, que se alumbra en los grandes pozos que se genera en el mismo territorio” de actividad minera, explica Acuña.

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Resulta que no existe un control, por parte del gobierno mexicano, del uso del agua por la vía de la concesión minera. “El Estado mexicano no sabe cuánta agua de laboreo es utilizada por la industria minera”, admite el director del IMTA.

El Instituto hizo una estimación del volumen del agua utilizada en 2020 por medio de las concesiones mineras. La aproximación revela que el uso fue casi tres veces más que el agua utilizada por medio de las concesiones de títulos de aguas nacionales: 1,131.58 millones de m3   por año. “Eso nos indica el tamaño del problema”, dijo el Acuña.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, admitió que la minería a cielo abierto requiere de grandes volúmenes de agua, lo que genera impactos negativos irreparables para las comunidades aledañas y sus ecosistemas. “En las últimas décadas la sobreexplotación de los yacimientos mineros ha contaminado ríos y mantos freáticos y se ha utilizado irracional y irresponsablemente del agua superficial y subterránea”, dijo.

Más agua

Acuña explicó que, en la actualidad, se requiere cada vez de mayores cantidades de agua para separar los minerales del suelo.

“Es cada vez más complicado encontrar minerales en el suelo. Se requiere de muchísima agua, lo que genera muchos más residuos, de manera que las presas de jales (presas formadas por residuos tóxicos del proceso de extracción de minerales) son mas grandes”, explica.

Para tener una idea, en el año 1900, por una tonelada de suelo removido se lograban 20 gramos de oro, y se generaban 999 mil 980 gramos de jales. Hoy, de una tonelada de suelo removido es posible sacar cinco gramos de oro, y se generan 999 mil 995 gramos de jales.

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El aumento del volumen de agua y de residuos “genera diferentes crisis”. “Por un lado, la necesidad de tener más agua para los procesos de concentración de minerales y, por otro, (son necesarios) más procesos de tratamiento para que los lixiviados y toda aquella agua residual no contaminen los cuerpos de agua que tenemos”, dijo Acuña.

Para 2050, las dos autoridades ambientales, Albores y Acuña, admiten que los riesgos hídricos asociados a la minería serán inmensos y ocasionarán mayor escasez, contaminación y conflictividad.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Comunicado del Pueblos Creyente a 12 años de la Pascua de jTatik Samuel

DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
COMUNICADO DEL PUEBLO CREYENTE

A la sociedad civil
A las diferentes creencias religiosas
A los tres niveles de gobierno
A los medios de comunicación
A los hombres y mujeres que construyen la paz.

“Dijo Dios: Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro, porque temía mirar Dios. El Señor siguió diciendo: ¡He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído el clamor que le arrancan sus opresores conozco sus angustias!
Voy a bajar para librarlo del poder de los Egipcios…” (Ex 3, 6-8)

Como Pueblo Creyente nos unimos en este día para recordar los 12 años de la pascua de jTatic Samuel que fue profeta y pastor, que acompañó al pueblo. Él sigue ÉI vivo en la memoria de este pueblo que peregrina y que nos fortalece en nuestro caminar. Nos unimos también para manifestar todos los atropellos e injusticias, violencia e inseguridad que estamos viviendo y para impulsar nuestra esperanza.

LA VIOLENCIA

La presencia del crimen organizado en las ciudades, en pueblos y comunidades se ha hecho cada vez más visible en un contexto de disputa y control del territorio Llevándonos a un clima de violencia generalizada, amenazas, enfrentamientos, desapariciones y asesinatos de personas de diferentes estratos sociales, así como también el reclutamiento de jóvenes. Provocando masacres, terror e inseguridad en comunidades y cabeceras municipales, no solo del territorio de nuestra diócesis sino en otras partes de las diócesis de Tuxtla y Tapachula.

El aumento de cantinas clandestinas en las cabeceras municipales y en algunas comunidades donde también se venden drogas y se da la prostitución, que generan adicción y destrucción de las familias.

Hemos visto que el actuar del crimen organizado ha la sido con la permisividad de los tres órdenes de gobierno generando impunidad e injusticia.

EI uso de las armas ha sido una herramienta de querer solucionar los conflictos en comunidades dejando en el olvido las formas comunitarias del diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas y de reconciliación que nos enseñaron nuestros abuelos y nuestras abuelas.

Chiapas ha sido uno de los estados en el que el fenómeno del desplazamiento forzado se ha visibilizado cada vez más y no ha y sido reconocido ni atendido por las autoridades de los tres niveles de gobierno. En muchos casos se iniciaron como disputas de tierras pero con la mala decisión de las instituciones de gobierno que provocaron el aumento de los conflictos por no tener en cuenta los antecedentes históricos entre comunidades ni sus acuerdos comunitarios anteriores.

En la actualidad los desplazamientos se han generado por la situación de extrema violencia provocada por los grupos armados, que tienen la permisividad del gobierno. También muchas veces esta situación de violencia ha provocado la migración a otros estados del país o a Estados Unidos y Canadá.

Todo lo anterior ha traido como consecuencia, la ruptura del tejido social y familiar.

Durante los desplazamientos mujeres y niñas-niños son los más expuestos al acoso, tortura sexual como forma de violencia directa, dejándoles en estado de vulnerabilidad, desprotección, discriminación, violación a sus derechos humanos y desamparo total.

PARTIDOS POLÍTICOS

Ya desde los últimos meses de 2022 se ha empezado por la carrera hacia las elecciones 2024, a nivel federal, estatal y municipal. Muchas veces con “pre-campañas” disfrazadas, de diversos actores y actoras políticas.

Así como empezar a repartir dádivas con despensas y demás mecanismos que siempre se utilizan para la compra de conciencias y por lo tanto de los votos. Además de causar la división en las comunidades.

También se ven las alianzas de ciertos políticos con grupos de poder, delincuencia organizada, algunas organizaciones sociales y caciques. Todo por la ambición del poder.

Por está colusión con la delincuencia se prevé nuevamente la violencia antes, durante y después de las elecciones, lo cual traerá sufrimiento y muerte en nuestros pueblos.

ECONOMÍA

Los campesinos y las campesinas seguimos resistiendo y produciendo alimentos a pesar de que los precios de nuestros productos se mantienen bajos: el maíz, el café, el cacao, el frijol, la caña de azúcar, el jitomate, el chayote, etc.

Existe un gran descontrol en los precios de la canasta básica y en los precios de los combustibles: la gasolina, el gas, la energía eléctrica; así como el transporte.

Los salarios en el campo siguen siendo bajos en relación a lo que ganan los obreros y los que se dedican a los servicios y los funcionarios.

Vivimos en un permanente despojo de nuestros bienes, de nuestras tierras, aguas bosques. Éstas son otras causas de la migración y de la destrucción de las familias en el campo y en la ciudad.

MIGRANTES

Hay mucha migración de nuestras comunidades que migran a los Estados Unidos y dentro del país, como ya expresamos antes. Así como muchos migrantes de Centro y Sudamérica. de otros países del mundo que atraviesan nuestro pais.

Los migrantes son violados en sus derechos. Sufren robos y secuestros, y muchos se han quedado pidiendo limosna en comunidades y ciudades. También hay migrantes que son arrestados por diversas instituciones del gobierno y los encarcelan durante un tiempo y después los devuelven a su país. Otros se mueren en el desierto por hambre y sed, o son asesinados o víctima de extorsión.

Hay mujeres migrantes que son contratadas por los centros de prostitución y son violentadas en sus derechos, asesinadas, secuestradas y forzadas a ejercer la prostitución. Hay familias completas que han migrado, dejan sus casas en busca de una vida mejor, otras por ambición de dinero o por otras causas.

LLAMADO A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Como Pueblo Originarios podemos seguir existiendo construyendo la paz y la justicia, si buscamos nuestras raíces y fortalecemos nuestra cultura, nuestras lenguas y el reconocimiento de nuestros derechos. Si mantenemos los significados de la vida que están presentes en la comunidad. Sì no caemos en las trampas y en los conflictos que nos dividen y nos enfrentan entre hermanos Y
hermanas.

EXIGENCIAS

Exigimos el alto a los conflictos en las comunidades: las injusticias, asesinatos, secuestros y desaparición de personas, la violencia y la inseguridad. Exigimos el alto a las cantinas clandestinas que promueven el consumo de alcohol, drogas y la prostitución.

Exigimos el alto a la destrucción de las familias con la violencia, el desplazamiento, el secuestro, el despojo del territorio y la inseguridad que se hace más grande con el aumento de las armas y la presencia del crimen organizado.

Exigimos el respeto a las mujeres en todos los espacios de la sociedad; que no se obstaculice su derecho a decidir libremente.

Exigimos que se deje de criminalizar la lucha por la defensa de la libre determinación de nuestros pueblos y la defensa del territorio en el que vivimos.

Exigimos justicia no impunidad ante la masacre de Acteal. Reconocemos la digna lucha de la organización civil “las Abejas”, que han luchado incansablemente por 30 años y tienen la memoria la viva de la masacre de 45 hermanas y hermanos, más 4 bebés no nacidos sacados del vientre de sus madres en Acteal el 22 de diciembre de 1997.

ALTERNATIVAS

Organizar trabajos colectivos como comunidades o como familias, como mujeres, jóvenes, niñas- niños, hermanos catequistas y Pastoral de la Tierra y otras áreas. Para lograr nuestra propia alimentación sana y nutritiva.

Conservar y valorar nuestra madre naturaleza que somos parte de ella cuidarla; hacer conciencia de ya no usar químicos y desechables que la contaminan.

Juntar las basuras asi como nos enseñaron nuestros abuelos y abuelas. Sembrar árboles frutales, plantas medicinales, hacer hortalizas en común.

“Entonces Dios tomó al ser humano y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara cuidara” (cf. Gen 2, 15)

Buscar la paz y la reconciliación en nuestras comunidades, para que haya armonía en nuestros trabajos y pueblos.

Desde la Palabra de Dios que nos ¡lumina y nos muestra el camino para seguir fortaleciendo nuestro caminar como Pueblo Creyente.

También es fundamental recordar lo que ya se decía en una carta pastoral: “Es importante seguir tejiendo en común, porque a realidad no la podemos transformar solos 0 una sola comunidad, una sola zona, una sola organización; es nuestra tarea tejer alianzas con aquellas personas, comunidades, zonas, organizaciones, que están en una verdadera lucha construyendo esa nueva vida, que están construyendo el “Buen vivir con gran respeto”… Por tanto, tenemos que animar los corazones para fortalecer la unidad en la acción entre quienes están luchando por esa nueva vida que deseamos tener para todos, haciendo nuestra la experiencia de las primeras comunidades cristianas que “tenian un solo corazón una sola alma” (Hechos 4, 32)”. (Carta Pastoral ¡Caminemos juntos a la luz del Señor!, número 49, año 2020).

Como Pueblo Creyente damos gracias a Dios por los 5 años de acompañamiento en esta diócesis de nuestro obispo Rodrigo Aguilar Martínez y que continuemos caminando juntas y juntos la luz del Señor.

 

“LA VERDAD NOS HARÁ LIBRES”
Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
A 25 de enero de 2023.

       
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Avispa Midia

Crisis forense impide que familias de desaparecidos accedan a la verdad y la justicia

Fuente Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

En portada: Protesta de estudiantes normalistas, provenientes de distintas partes de México, por la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa. Foto: Aldo Santiago

Durante la conferencia internacional ‘Hacerle frente a la crisis forense’, convocada por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, Mercedes Doretti, la directora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), destacó la urgencia de resolver la crisis forense que atraviesa México hace años. “No existe confiabilidad en la información que emiten las propias fiscalías del país”, sostuvo.

Roxana Enríquez, directora del Equipo Mexicano de Antropólogos Forenses (EMAF), explicó que la crisis se refleja en la existencia de las fosas comunes, en la acumulación de procesos de identificaciones o identificaciones que no son confiables y en los procesos de exhumación que tienen los sitios de enterramiento clandestino.

Pero sobretodo genera el “impedimento para acceder a la verdad y la justicia”, dijo Enríquez. En este momento se “tiene el resultado del abandono institucional de décadas en áreas clave para el esclarecimiento de hechos delictivos”.

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“La identificación de una persona es la tarea pendiente y el punto de partida para que pensemos en la recomposición de la sociedad lastimada”. Para ello, precisó Enríquez, se requieren investigaciones certeras.

Para Doretti, uno de los mecanismos para mejorar la situación es la creación de una mesa de intercambio de información forense.

Esta propuesta incluye, además de las instituciones, a los colectivos de familiares y a la sociedad civil, que se reunirían de manera periódica para exponer los casos y el mapeo de dónde se trabaja, así como los resultados que se habrían de alcanzar.

“De manera que esto no sea una información secreta de Estado”, reiteró Doretti.

Enríquez comentó que es urgente la colaboración entre los distintos niveles de gobierno y las mismas instituciones, incluso evidenciar a otras instituciones estatales y federales que tienen un importante trabajo en la búsqueda de personas, como son las secretarías de Salud locales, los Ayuntamientos y el Registro Civil.

Protesta de integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos

Existen instancias que antes no se vincularon al tema y que desconocen —en el ámbito local— el alcance que pueden tener sus acciones en la búsqueda de personas desaparecidas. Aún cuando tienen la voluntad, desconocen la forma de participar.

Para las familias de personas desaparecidas, la crisis no solo se trata de estadísticas, sino de personas que tienen nombre, apellido y familia que los ama, los busca, los espera y los necesita, “y lo que tiene que hacer el Estado es darnos justicia”, sostiene Grace Fernández Morán, defensora de los derechos humanos.

Siamesas diabólicas

En 2008, Yolanda Morán comenzaba a formar los primeros colectivos de madres que buscaban a sus hijos por cuenta propia ante las incapacidades de las autoridades y fue de las primeras que alzó la voz para exigir justicia.

Destacó que la lucha de las organizaciones de familiares buscadores no se ha quedado en el reclamo, por el contrario, apoyan al Estado a fortalecer sus capacidades, a construir políticas y mecanismos.

En la mal llamada ‘guerra sucia’, cuando sucedieron desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, “estaba el reclamo de las familias y no hicieron nada, vinieron las muertas de Juárez y nuevamente el Estado no hizo nada; viene la violencia generalizada de la guerra contra el narco de Calderón y fuera de hacer algo, decía que no estaban preparados para tanta violencia y entonces se justificaban ante la falta de capacidades”, rememoró Fernández Morán.

En esos años, la sociedad creyó que los ejecutados eran criminales, como lo hizo creer el gobierno de Felipe Calderón, a propósito del Plan Mérida. Entonces las madres buscadoras implementaron un violentómetro que cuantificaba a los muertos.

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“Esos muertos son la gran mayoría de los que hoy buscamos identificar porque el Estado reportaba bajas del crimen organizado, pero nunca dijo quiénes eran, porque solo se trataba de presentar resultados del combate contra el crimen organizado”, dijo Fernández Morán.

Pero las familias siguen cuestionando quiénes son, si efectivamente eran parte del crimen organizado y por qué los mataron. En ese momento, Fernández Morán explicó que no podían aspirar a que hubiese la infraestructura para identificar a la cantidad de personas muertas, pero lamentó que no se hayan aplicado los protocolos mínimos que existían o que a nadie se le ocurriera documentar los hallazgos.

Madres buscando a sus hijos desaparecidos en Torreón, Coahuila.

“Había una obligación por simple lógica: proteger a la ciudadanía y garantizar sus derechos a la identidad y a la justicia, son dos de los derechos básicos que debieron de haber garantizado”, sostiene la defensora.

Fernández Morán argumentó que, en ese tiempo, los cuerpos se encontraban en el piso de los diferentes espacios del Servicio Médico Forense (Semefo) en estados muy avanzados de descomposición y, entonces, solo les interesaba sacarlos.

“Muchas madres, esposas, familiares de personas desaparecidas, lloramos y gritamos de rabia cuando nos enteramos que en Jalisco habían incinerado a miles y todavía no hay quién nos diga cuántos eran, si les abrieron carpeta de no identificados, si tenían averiguaciones previas o acta circunstanciada de levantamiento y recuperación del cuerpo. Es información que hoy en día seguimos sin conocer”.

No había estructura, pero tampoco hubo inversión, pues con la identificación las autoridades tenían que comenzar a dar respuestas. Para las familias todo recae en dos causas que identifican como las siamesas diabólicas: impunidad y corrupción.

35 sentencias

“Ha permanecido y ha imperado un gran involucramiento de muchos sectores del Estado de los tres niveles de gobierno. Ninguno está limpio ni uno solo de los poderes, ninguna de las instituciones, todas tienen su nivel de responsabilidad”, hizo hincapié Fernández Morán, quien recuerda que hasta ahora solo existen 35 sentencias por desaparición que resulta en la impunidad absoluta.

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Aunque las integrantes de la conferencia celebraron los cinco años de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, reconocieron que existen grandes retos y la crisis forense, además de los más de 110,000 desaparecidos, es una muestra de todas las deudas del Estado.

Cuando fue construida la ley ocurrió el caso Ayotzinapa y las familias de Guerrero comenzaron la búsqueda con sus propias manos y recursos.

Foto: Regina López

“La respuesta que nos daba la fiscal Areli Gómez era: dejen de buscar, no tengo cómo identificar, es más no tengo dónde meterlos”, dijo Fernández Morán. Entonces los antropólogos forenses de México, Argentina y Guatemala pusieron manos a la obra y, hasta ahora, aunque saturados, siguen apoyando a las organizaciones de familias buscadoras.

Las familias no se dan por vencidas y crearon en dos años el mecanismo extraordinario de Identificación Forense que, con la ayuda de expertas, buscan dar respuesta a dos cuestionamientos importantes: ¿quiénes son? y ¿qué les pasó?.

Intercambios

Doretti agregó que además existe un problema grave en cuanto cooperación interinstitucional esencialmente entre la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Fiscalía General de la República (FGR).  “Hay una fractura en la relación interinstitucional”, dijo.

Es urgente la creación de la Base Nacional de Datos Forenses, defiende. Hoy existen diferentes registros – el Registro Nacional de Personas Identificadas y No Reclamadas, el Registro de Fosas Comunes, de Fosas Clandestinas y el Plan Nacional de Identificación Humana -, todos son responsabilidad de la FGR.

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“Estamos en un punto en donde podemos entrar a una mayor fragmentación de la información o podemos ir hacia una nueva consolidación con la Comisión Nacional de Búsqueda, a través de convenios con distintas fiscalías estatales y la creación de centros regionales”, dijo Roxana Enríquez.

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Familiares y Comunidades de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes

Convocatoria de acciones descentralizadas del 27 al 29 enero 2023 por la búsqueda y rescate de los defensores de Derechos Humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz

Por favor, ayúdanos a difundir este mensaje entre tus contactos:

El 15 de enero de 2023, el abogado defensor de Derechos Humanos Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el profesor Antonio Díaz Valencia, líder de la comunidad indígena de Aquila, Michoacán, fueron víctimas de secuestro y desaparición forzada. La familia y los comuneros de Aquila hemos realizado acciones que van desde lo legal hasta bloqueos en carreteras y el cierre de una mina de la empresa Ternium.
Familiares y amigxs de Ricardo y Antonio lanzamos esta convocatoria para invitar a organizaciones sociales, ejidos y bienes comunales, comunidades indígenas, sindicatos, estudiantes, colectivos y colectivas, para que, en solidaridad realicen actividades descentralizadas de protesta y presión durante el fin de semana del 27, 28 y 29 de enero.
La comunidad indígena San Miguel Aquila está asentada sobre importantes yacimientos mineros. La empresa Ternium ha explotado desde hace décadas la mina extrayendo enormes cantidades de hierro, oro, plata y cobre, generando serios impactos ambientales y ruptura del tejido social en la comunidad.

El prof. Antonio Díaz representa al grupo mayoritario de comuneros, quienes litigan desde hace años, con asesoría de Ricardo Lagunes, con el fin de que se lleve a cabo un proceso de elección democrática. Esto resultaría en la pérdida de poder de un grupo minoritario que apoya incondicionalmente a la empresa minera y que ha gestionado cuantiosos recursos durante años por ese motivo. La familia y los comuneros están convencidos de que este grupo cercano a la empresa minera está detrás de la desaparición de Antonio y Ricardo.
Tanto el Tribunal Unitario Agrario como la Procuraduría Agraria han sido sumamente negligentes, favoreciendo con su inacción y con ventajas procesales al grupo de poder minoritario cercano a la empresa minera. Comparten por tanto responsabilidad en la situación de injusticia social que ha culminado con estas desapariciones.

Incluimos algunos ejemplos de acciones que podrían llevar a cabo:

1. Firmar y circular la acción urgente que se encuentra en el siguiente enlace: https://change.org/BusquedaRicardoyAntonio

2. Protestas ante oficinas de la empresa minera Ternium en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Luxemburgo, México, Países Bajos, Nicaragua, España, Uruguay y EE.UU (ver lista en: https://us.ternium.com/en/contact-us/our-offices#our-offices

3. Acciones frente a embajadas y consulados mexicanos para exigir la búsqueda y rescate.

4. Protestas ante las sedes de los Tribunales Unitarios Agrarios o las Delegaciones de la Procuraduría Agraria o el Registro Agrario Nacional.

5. Marchas, bloqueos, u otras formas de protesta que hagan visible la exigencia de intensificar la búsqueda y presentación con vida de Antonio y Ricardo.

Sugerimos incluir las siguientes demandas a sus acciones y protestas, además de otras que sean relevantes para ustedes en el ámbito local/regional:

1. A las instituciones públicas, intensificar la búsqueda para la presentación con vida de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes.

2. A la empresa minera, que asuma su responsabilidad y ponga presión sobre el grupo minoritario que se presume está detrás de la desaparición, con el que la empresa tiene fuertes vínculos.

3. Al Estado mexicano, la reforma integral del sistema de justicia agraria y de su marco legal.

Agradecemos sus muestras de solidaridad y les pedimos nos informen de sus planes de acciones al correo hastaencontrarles@buscamos.org, para subirlas en la web https://buscamos.org/

Materiales:

1. Acción Urgente: https://change.org/BusquedaRicardoyAntonio (puede imprimirse y presentar, de manera simbólica, ante las distintas representaciones, las firmas recabadas.

2. Drive con fotografías y materiales para su reproducción (iremos agregando más en los próximos días): https://drive.google.com/drive/folders/17IBPUL3aHBkArtZbVk7WRqPkblw4vkop

3. Web: https://buscamos.org/ (aún en construcción, pronto tendrá más contenidos), Twitter: https://twitter.com/buscamos_org fb: www.facebook.com/groups/846734636395194/people

Change.org (https://change.org/BusquedaRicardoyAntonio)
Firma la petición:
Demandamos presentación con vida de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia

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Avispa Midia

Corte canadiense rechaza investigar a su embajada por el asesinato de ambientalista en Chiapas

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Mariano Abarca al micrófono durante las protestas en la embajada de Canadá ubicada en la Ciudad de México durante 2009.

La Corte Suprema de Canadá cerró la puerta a cualquier investigación sobre el papel de la embajada de dicho país en México en el asesinato de Mariano Abarca, defensor del medio ambiente en Chiapas.

Abarca, líder comunitario de Chicomuselo, fue asesinado en 2009 debido a su activismo contra los impactos sociales y ambientales de las operaciones mineras de la canadiense BlackFire Exploration, empresa que explotó concesiones de titanio en la región de la Sierra Madre.

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La reciente decisión de la Corte responde a una queja presentada por la familia de Abarca sobre el rol de la diplomacia canadiense. En el año 2018, y bajo la ley de denunciantes de Canadá, los familiares del activista chiapaneco argumentaron que el apoyo incondicional de la Embajada de Canadá a Blackfire Exploration puso a Mariano Abarca en mayor riesgo durante las semanas y meses previos a su asesinato.

“Ignorando más de 1,000 páginas de pruebas que documentaban las acciones de la Embajada en apoyo a la empresa, el Comisionado de Integridad para la Administración Pública de Canadá -cuya responsabilidad es examinar denuncias y garantizar la confianza en el sector público- se negó a abrir una investigación”, difundió este lunes (23) la organización Mining Watch.

La resolución de la Corte contradice la revisión del juez federal de Canadá, Keith Boswell, quien en 2019 admitió que Abarca “quizás no hubiera sido asesinado” si la embajada canadiense en México “[hubiese] actuado de otra manera”.

No obstante, pese a los recursos presentados ante el Comisionado no consiguieron la apertura de una investigación y el 12 de enero la Corte Suprema rechazó el recurso de apelación presentado por la familia Abarca.

“Hemos agotado todas las vías para llegar a la verdad en Canadá”, informó José Luis Abarca, hijo de Mariano, quien señaló que ahora acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir justicia.

“Mi padre fue asesinado hace 13 años y, hasta el día de hoy, no estamos más cerca de comprender el papel que los funcionarios canadienses pudieron haber desempeñado en poner en peligro su vida. Mientras no se investiguen las acciones de estos funcionarios canadienses, las embajadas de Canadá en todo el mundo seguirán prestando un importante apoyo diplomático a empresas mineras canadienses, probablemente poniendo en peligro las vidas de otros defensores de derechos humanos y del medio ambiente. Es hora de que recurramos a organismos internacionales para que Canadá rinda cuentas”, sostuvo el hijo del defensor asesinado.

Diplomacia económica

La cronología elaborada por el Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP por sus siglas en inglés), sobre el asesinato de Mariano Abarca, enfatiza que el crimen ocurrió apenas siete semanas después de que diplomáticos canadienses se reunieron con funcionarios del gobierno chiapaneco para promover las actividades de la minera BlackFire Exploration.

Ahora,con la resolución de la Corte Suprema se ha puesto un fin a la posibilidad de investigación, administrativa y judicial, sobre las irregularidades en que incurrieron funcionarios canadienses en el asesinato del defensor del medioambiente, apunta el asesor jurídico de la familia, Nicholas Pope.

Peregrinación del Comité para la Defensa de la Vida Samuel Ruiz García en Chicomuselo. Las y los manifestantes se oponen a la reactivación de la mina de titanio de la región. 23 de julio 2022. Foto de Sipaz

“La integridad de los procedimientos de revisión ética de Canadá en sus actividades internacionales es un asunto que preocupa enormemente a los canadienses. Es lamentable que la Corte haya cerrado esta puerta”, compartió el abogado.

Por su parte, Shin Imai, también integrante de JCAP, sostuvo que este caso cobra relevancia debido a que habría puesto a prueba al sistema de denunciantes de Canadá, “con importantes implicaciones para la democracia, la transparencia y el problemático apoyo diplomático de Canadá a las empresas canadienses en el extranjero”.

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Según Mining Watch, en 2022, el valor de los activos mineros canadienses en el extranjero ascendía a 188,000 millones de dólares, “activos de propiedad de empresas que reciben un importante apoyo financiero y diplomático del gobierno canadiense”, recalca la organización.

Ante ello, otra integrante de JCAP, la profesora Charis Kamphuis, afirma que la diplomacia económica puede tener repercusiones negativas sobre los derechos humanos y estar en contradicción con las obligaciones internacionales de Canadá.

“Los funcionarios canadienses ofrecen un sólido apoyo político para promover los intereses mineros canadienses en el extranjero y a menudo no respetan las propias políticas canadienses de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos y del medio ambiente amenazados”. Una muestra de ello, acorde a la profesora, es el caso de Mariano Abarca, pues “los tribunales canadienses no quisieron tomarse en serio esta cuestión y exigir una investigación de las acciones de los funcionarios canadienses”.

Otros Mundos Chiapas y la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), quienes trabajaron con Abarca antes de su asesinato, afirman que la negativa de la Corte Suprema de Canadá a escuchar esta apelación es “decepcionante”.

Según Gustavo Castro, “reafirma nuestra percepción de hasta qué punto las autoridades canadienses están capturadas por los intereses de sus empresas mineras. Este caso trata del asesinato de Mariano Abarca en México, pero también de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente que protegen su tierra y su agua de los daños causados por las explotaciones mineras canadienses en América Latina y en todas partes”.

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ASAMBLEA COMUNITARIA DE PUENTE MADERA | Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio - APIIDTT

¡CON LA SANGRE DE LOS PUEBLOS NO HAY TRANSFORMACION, NI PRIMAVERA! : ASAMBLEA COMUNITARIA DE PUENTE MADERA, APIIDTT

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Avispa Midia

El régimen dictatorial persigue la protesta indígena en Lima

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

En portada: Tras permanecer recluidos más de un día en condiciones denigrantes, el domingo fueron liberados los manifestantes detenidos en la Universidad de San Marcos. Crédito: Fotos de lucha

La dictadura cívico-militar de Dina Boluarte escaló la criminalización contra las poblaciones quechuas y aimaras en el Perú.

La mañana del sábado 21, la Policía irrumpió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para detener a más de 200 manifestantes que llegaron a Lima desde diversos puntos del país, principalmente del sur andino, la zona más golpeada por la represión estatal, para participar en las movilizaciones masivas en la capital.

La redada en la que participaron unos 400 policías antimontines se realizó sin garantías legales, no hubo presencia de fiscales ni abogados. Los escuadrones derribaron con un tanque una puerta y parte de un muro del campus universitario, donde estudiantes albergaban, de acuerdo al estatuto universitario y contra la voluntad del rectorado, a comitivas de las regiones más activas en la lucha contra el régimen militarizado impuesto por la ultraderecha. Dispararon sus armas de fuego y bombas lacrimógenas, aunque no hubo enfrentamientos.

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En un intento de tomar un segundo centro de estudios, la tarde del sábado (21), portatropas del Ejército rodearon la Universidad Nacional de Ingeniería, que aloja a las delegaciones hospedadas por autorización del rectorado. Los agentes se retiraron ante la respuesta del rector en defensa de la autonomía universitaria y las garantías de los huéspedes, pero se teme que en los próximos días la Dirección contra el terrorismo de la Policía Nacional del Perú (Dircote)ingrese al recinto, bajo la justificación de la lucha antiterrorista escenificada por el Gobierno de facto para infundir miedo a la población movilizada.

En un listado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se registraron 208 personas que fueron retenidas durante más de 24 horas en la Dircote y la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Entre ellas hubo dos periodistas de la región Puno.

En un comunicado, la Universidad San Marcos indicó que solo solicitó a la Policía la liberación de las puertas tomadas”, por lo que calificó el allanamiento como abuso de autoridad.

Manifestantes detenidos permanecieron hacinados y sufrieron abuso físico y psicológico. Crédito: Fotos de lucha

El domingo 22 fueron liberados todos los manifestantes, a excepción de una persona con requisitoria, tras permanecer recluidos más de un día en condiciones denigrantes, de hacinamiento, como se ve en una fotografía difundida por organismos de derechos humanos. Entre las detenidas estuvo una niña que acompañaba a su madre. Tanto a mujeres y hombres les obligaron a desnudarse y les revisaron sus partes íntimas, relató una manifestante proveniente de Arequipa.

La cacería terrorista es racializada

Hay un trasfondo de racialización en los métodos de criminalización de la protesta cuando no se manifiesta en Lima, lo que reafirman las recientes masacres en las localidades de mayorías indígenas, o cuando se trata de personas de otras provincias, perseguidas durante su viaje, estigmatizadas como violentistas desde antes de ejercer su derecho a la protesta, casi prohibidas de ingresar a la ciudad. Ninguna de las 60 víctimas en menos de dos meses de Boluarte en el poder, 45 asesinadas por balas de militares y policías, se registró en la capital.

Varias de las detenidas denunciaron agresiones físicas y psicológicas, negación de asistencia médica a personas con enfermedades, insultos racistas y calificativos de terroristas por parte de uniformados. No les devolvieron sus documentos de identidad, les quitaron sus celulares, dinero e incautaron la alimentación reunida para su estadía.

“Nos han lanzado bombas lacrimógenas, como a terroristas nos trataron, nos apuntaron con sus armas, nos han arrastrado, enmarrocado en el suelo”, contó una mujer puneña. “Nos han golpeado, maltratado, no somos delincuentes, nos han tenido en calabozos, nos acusan de daños materiales que nunca hemos hecho a la universidad”, denunció una víctima de la redada masiva que llegó desde Huancavelica.

Toma de la Universidad de San Marcos, Lima.

Según el Ministerio del Interior, entre las personas detenidas en San Marcos había tres que tienen “vínculos con el terrorismo” y se encontraron “volantes subversivos que vienen de la época de la violencia”. Se pretende judicializar a los intervenidos acusándoles de daños y robos a bienes de la universidad.

El régimen multiplica su estrategia de estigmatización, acusando a los protestantes de ser financiados por la minería ilegal y el narcotráfico, cuando la organización es comunitaria y autogestionada; se les invisibiliza atribuyendo manipulaciones detrás de una movilización espontánea y sin adhesiones políticas partidarias; se les minimiza desconociendo el respaldo de sus reclamos, a pesar de las marchas multitudinarias, los conflictos cotidianos, con decenas de vías bloqueadas y un sospechoso incendio en el Centro de Lima que dio la vuelta al mundo; a pesar de los máximos niveles de desaprobación de Dina Boluarte y el Congreso.

Para lo cual cuenta con el apoyo de los medios masivos, de propiedad de la oligarquía que capturó el Poder Ejecutivo y al servicio de la cacería del fantasma de la subversión. La concentración mediática y la peligrosa hegemonía de un discurso político en el periodismo peruano han sido advertidas por la prensa internacional.

El objetivo de sus informaciones es deslegitimar y satanizar ante la opinión pública las demandas de las protestas, centradas en el adelanto de elecciones para este año, la instalación de una Asamblea Constituyente y el cierre del Congreso. Entre los manifestantes de los Andes se defiende ampliamente la reposición en la presidencia de Pedro Castillo, contra el que la prensa local orquestó la mayor campaña de desinformación presenciada desde la dictadura fujimorista.

En esa línea, en el imaginario de la prensa local, la Universidad San Marcos es un fábrica de adoctrinamiento; sus estudiantes, como los manifestantes provincianos, son terroristas formados o en potencia.

La participación de la Dircote en las operaciones contra la protesta social es una forma de intimidación que conlleva la posibilidad de procesos por terrorismo directo o indirecto, delitos configurados en el Plan de Lucha Multisectorial Contra el Terrorismo 2019-2023 para acciones que son derechos constitucionales y de libertad de expresión. Es el terror con el que la alianza entre los poderes Ejecutivo-Legislativo, las fuerzas militares-policiales y los poderes económicos pretenden disuadir, especialmente, las movilizaciones de los pueblos indígenas. Por la criminalización o la masacre.

radio
CDH Fray Bartolomé de las Casas

Samuel Ruiz García. Primera Carta Pastoral: En esta hora de gracia (resumen)

Agosto de 1993

En nuestro compromiso cristiano con los indígenas y campesinos de la Región Pacífico Sur, señalábamos la grave situación y las condiciones infrahumanas en que viven nuestros hermanos. Esta situación se ha ido agravando, porque, además, nuestro sistema ha generado nuevas formas de explotación política, de legalidad injusta, que legítima la opresión y la represión. Se agrede ideológicamente, se despoja a las culturas de sus valores fundamentales. La lista de agravios en contra del pueblo indígena de nuestra diócesis, en el horizonte de la historia de estos 500 años, es muy larga.

Frente a los retos de la modernidad y la crudeza del neoliberalismo que hemos constatado, levantamos nuestra voz junto a los profetas, para decir como ellos y junto con ellos, que la pobreza que genera esta situación de carencia de bienes, es como tal un mal y algo totalmente contrario a la voluntad de Dios.

La Iglesia, con figuras y obras señeras, en diversos momentos ha sabido cumplir con su misión profética. No puede negarse, empero, que en otros se mundanizó, sea al legitimar ideológicamente a los órganos del Gobierno Colonial o del Estado Independiente, sea al gozar de privilegios cuando usó las formas de los sistemas en boga para allegarse bienes y poder.

La Iglesia local, sellada principalmente con la fidelidad evangélica de Fray Bartolomé de las Casas, ha optado en las últimas décadas por ocupar su lugar en los márgenes de la sociedad y con los más pobres.

Dicho en otros términos: la antigua diócesis de Chiapas, cuyo primer obispo fuera Bartolomé de las Casas, firme defensor de los indígenas e implacable crítico del sistema colonial, ha sido marcada por su línea pastoral; pues la realidad ominosa que él confrontó, sigue teniendo vigencia. Más especialmente, después del Concilio Vaticano II, la inserción de los agentes de pastoral de la diócesis (sacerdotes, religiosos y laicos comprometidos) en una realidad conflictiva nos fue llevando por un largo caminar que ha sido también un largo proceso de conversión.

El mundo indígena, mayoritario en porcentaje y más grande en su marginación, nos exigía, (si queríamos ser fieles al Evangelio) una respuesta de urgente presencia. Por eso, nuestra diócesis está sellada con las características inherentes a una pastoral indígena, entendida ésta no sólo como una preocupación por los nativos, sino como una encarnación de nuestra presencia en su mundo, lleno de carencias a la vez que de grandes valores; como una experiencia que orienta nuestra reflexión de fe, nuestra actividad pastoral y nuestra aspiración eclesial de avanzar hasta el surgimiento de una Iglesia autóctona que dé cuenta de su historia salvífica, que se exprese en su cultura, que se enriquezca con sus valores, que acoja sus sufrimientos, sus luchas y aspiraciones, que con la fuerza del Evangelio transforme y libere su cultura. Pues como dijo un indígena, años hace, ante el delegado Apostólico de ese entonces: “si la Iglesia no se hace Tzeltal con los indios tzeltales, Ch’ol con los indios ch’oles, Tojolabal con los tojolabales… no entiendo cómo puede llamarse Iglesia católica”. Sería, en efecto, una iglesia advenediza, perteneciente a una clase social dominante, extranjera para el indio. La esquizofrenia religiosa que vive el indígena desde la guerra de conquista, no desaparecerá sino hasta cuando se viva una tal inculturación del Evangelio que dé sus frutos en sus propios ministros, en la reflexión de su fe con sus propios medios culturales, en la celebración de los sacramentos manifestados con sus propias expresiones étnicas (Ad Gentes 6).

Por esta opción pastoral, nuestra “…Iglesia se une por medio de sus hijos a los hombres de cualquier condición, pero especialmente con los pobres y los afligidos, y a ellos se consagra gozosa. Participa de sus gozos y sus dolores, conoce las aspiraciones y los enigmas de la vida y sufre con ellos en las angustias de la muerte” (Ad Gentes 12; cfr Ad Gentes 11. 2).

Esta opción ha traído hostigamiento y ataques, tanto por parte del Estado, como por parte de diversos grupos o sectores privilegiados en el ámbito económico y sociocultural. Así se ha tenido que soportar la calumnia y la mentira propagada por los medios de comunicación social, oficiales y para-oficiales, y sufrir el encarcelamiento de agentes de pastoral, la muerte de catequistas, la intimidación y aun las denuncias intraeclesiales con manipulación y engaño de gentes sencillas.

En resumen: el llamado descubrimiento de América fue un acontecimiento que condicionó la vida y la integración del Nuevo Continente y cambió la historia de nuestros pueblos, así como la de aquellos que nos miraron con ojos de voracidad dominadora y destructiva, como la de los que nos contemplaron con celo apostólico para comunicarnos su experiencia de fe introduciéndonos por un camino nuevo.

Los beneficios del llamamiento a la fe de Cristo para formar una Iglesia, que como luz enarbolada convoca a los pueblos, son mejor comprendidos, en toda su extensión, después de 500 años y deben ser cumplidamente agradecidos. Por ello nuestro Romano Pontífice, el Papa Juan Pablo II, lanzó la idea de un novenario de años de renovada evangelización para conmemorar el V Centenario del encuentro de dos mundos; pues el nacimiento de lo que hoy llamamos América Latina estuvo íntimamente ligado a la proclamación del mensaje evangélico en nuestra tierra. Y si es cierto que la evangelización a veces también fue usada como mecanismo para someter a los pueblos a una injusta colonización y a la consiguiente depredación, “también se debe reconocer que… ha sido mucho más poderosa que las sombras que, dentro del contexto histórico vivido, lamentablemente le acompañaron”.

I. El proceso pastoral diocesano (1960-1993)

Samuel Ruiz

1.1. Intérpretes y confidentes del pueblo

Como intérpretes y confidentes del pueblo, sentimos la dificultad de abrir puertas a la esperanza, cuando vemos que la situación en que vive la mayoría es tan penosa y que las estructuras dominadoras son tan persistentes, que aquellos mismos que empeñan su vida por el cambio, observan que toda la creación está desviada por la maldad de los perversos. Los mismos que buscan los caminos de justicia se encuentran a las veces tan perturbados y frustrados, que no saben cómo actuar y ni siquiera saben qué cosas pedir. Pero sabemos que el Espíritu gime dentro de nosotros con llantos indescriptibles, pero descifrables para el Padre, ante el cual el Espíritu intercede por nosotros (Rom 8, 18-27).

Precisamente en estos momentos es cuando más se requiere una palabra de aliento, que, al mismo tiempo que sea concreta, explique por qué en los cristianos hay esperanza. Hoy queremos apoyar todo lo que hemos hecho y dicho, en su verdadero y único fundamento: la Resurrección. El proceso de la Iglesia diocesana, retomado hace 33 años, tiene como fuente la Resurrección del Señor; porque, si Cristo no resucitó, vano es nuestro trabajo pastoral y vana la fe de ustedes. Este mensaje de la Resurrección viene a ser como el centro que, a través de las diversas etapas, nos ha dado esperanza. Porque la Resurrección es el misterio central de la fe y todo lo que hemos caminado nos lo ha inspirado la fe.

1.2. Evangelizar

“Evangelizar es hacer lo que hizo Jesucristo, cuando en la sinagoga mostró que vino a ‘evangelizar’ a los pobres (Lc 4, 18-19). El, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza (2 Cor 8,9). El nos desafía a dar testimonio auténtico de pobreza evangélica en nuestro estilo de vida y en nuestras estructuras eclesiales, tal como El lo dio. Esta es la fundamentación que nos compromete en una opción evangélica y preferencial por los pobres, firme e irrevocable pero no exclusiva ni excluyente, tan solemnemente afirmada en las Conferencias de Medellín y Puebla” (Santo Domingo, nº 178, 1-3).

1.3. El sufrimiento de nuestro pueblo es el punto de partida

El sufrimiento de nuestro pueblo es el punto de partida de un caminar largo, de un proceso de conversión, de una apremiante interpelación que se nos lanza desde la mediación salvífica del mundo indígena, (pobre entre los pobres), esperando una inaplazable respuesta evangélica.

2. Se pueden distinguir varias etapas en lo que llamamos el proceso diocesano

Samuel Ruiz

2.1. Etapa de renovación pastoral

Etapa de renovación pastoral surgida en el postconcilio y apoyada en la pastoral de conjunto de la UMAE (Unión de Mutua Ayuda Episcopal) en la que participaban 25 diócesis. En esta etapa se buscaba lograr una Pastoral de Conjunto, llevando a cabo una planificación con el auxilio de la sociología religiosa y con la animación del Movimiento por un Mundo Mejor. Varios organismos eclesiales de México se entusiasmaron con la idea y la seriedad con que se puso en marcha el movimiento, dado el respaldo que el P. Lombardi s.j. y el propio padre de la Sociología Religiosa, el Cngo. Boulard, brindaron a este movimiento. Numerosas fuerzas vivas que fueron entonces convocadas, continúan activas hasta el momento presente.

En la diócesis de S. Cristóbal de las Casas se organizó el trabajo en equipos, delimitados por zonas homogéneas. Esta configuración de trabajo por equipos subsiste hoy día con algunas modificaciones. En este camino así emprendido participaron con nosotros en la Zona Pacífico sur obispos guatemaltecos de las diócesis colindantes, unidos en el deseo de caminar conjuntamente en la pastoral indígena. El nefasto temblor de Guatemala interrumpió las reuniones que con ellos se tenían.

El proceso que la UMAE había puesto en marcha lo recogió la propia Conferencia Episcopal, al pedir que el equipo de servicios que se había constituido asesorara al Episcopado Mexicano.

2.2. Etapa de revalorización pastoral

La etapa de la revalorización de las culturas indígenas para desarrollar una pastoral adaptada a las situaciones diversas de las etnias, nace a raíz de los Encuentros de Misiones Indígenas en México, y del Encuentro Pastoral de las Misiones en Melgar, Colombia, organizado por el Departamento de Misiones del Celam, en preparación de la reunión de Medellín. Del período de nuestra presidencia en el Departamento del Misiones del Celam y en la Comisión Episcopal de Indígenas en México, data un compartir de enfoques y experiencias, que favorecieron la comprensión de la tarea misionera. Así se fue pasando gradualmente de la “pastoral indigenista” (en manos de agentes extraños a las comunidades indígenas), a una pastoral indígena (en manos de responsables de las mismas comunidades.

2.3. Etapa de captación de la dimensión socio-política

Esta etapa está marcada por la apertura política del país, cuando les fue posible a los movimientos políticos ser reconocidos como movimientos partidarios, susceptibles de jugar en las contiendas electorales. Los Obispos de la región pacífico Sur (Provincia de Antequera o Oaxaca) emitimos un Documento Pastoral conjunto, para orientación de los feligreses de la región. El Documento, fuera de nuestra pretensión, tuvo un eco nacional y aun internacional importante.

Los partidos políticos (hasta entonces militantes sin ningún registro y desconocidos oficialmente en la práctica), se lanzaron a los cuatro vientos de la República para recabar los afiliados necesarios para su registro. Nuestra Región recibió el impacto fuerte de los movimientos y partidos políticos, que se hicieron eficazmente presentes por encima de las barreras lingüísticas, étnicas y geográficas. La previa elaboración de la mencionada Carta Pastoral tuvo una oportunidad profética que, a más de haber sido de gran utilidad, continúa vigente como orientación en la mayoría de sus aspectos.

En esta etapa se enmarca el ineludible compromiso de nuestro acompañamiento diocesano a las luchas indígenas por la recuperación de sus tierras y a la reacción crítica ante la euforia del “milagro petrolero” que victimó indígenas, que trajo tensiones y conflictos, que acarreó una campaña de desprestigio, que implicó represión a los dirigentes indígenas y agentes de pastoral que los acompañaban en sus esfuerzos y luchas en defensa de su identidad cultural, de su patrimonio y de su sobrevivencia.

2.4. Etapa de los procesos económicos y sociales de la modernidad neoliberal

La modernidad neoliberal, con sus procesos económicos y sociales, no toma en cuenta los elementos propios de la diversidad de los pueblos. Parece que la modernidad los quiere eliminar, como si en vez de un aporte y riqueza humana fueran un estorbo. Dentro de las perspectivas de la nueva evangelización, se presenta para la responsabilidad evangelizadora la urgencia ineludible de que se constituya la Iglesia autóctona, que ha surgido a partir de sus procesos históricos, sociales, culturales, religiosos y de fe.

Nuestra gran motivación en este proceso es el reclamo de amor y de servicio que Cristo nos hace desde el pueblo sufriente con el cual se identifica. Confesamos que nuestro camino es en la fe, en el seno de nuestra Iglesia, de esa Iglesia que no obstante sus tensiones y limitaciones y aún las humanas fallas de muchos de sus miembros, sabe responder al Espíritu que la guía, en las encrucijadas históricas, trascendiéndolas como en el Concilio, en Medellín, en Puebla y en Santo Domingo. En ningún momento se ha pretendido quedar, ante las situaciones, ni en un reduccionismo espiritualista (evasivo de la historia), ni en un reduccionismo sociologizante sin afirmación de nuestra trascendencia.

3. Tres aspectos que han acompañado nuestro caminar

Samuel Ruiz

Tres han sido los aspectos que en sus inicios percibimos como paralelos, pero que, al correr del tiempo, la práctica pastoral los fue conjuntando, hasta llegar a verse como una unidad básica, y que han acompañado nuestro caminar diocesano.

3.1. Encarnación

Nuestra Iglesia sólo puede ser verdaderamente católica en la medida en que se haga “toda para todos” y sea capaz de anunciar la salvación desde el fondo mismo de la humanidad, como existe en sus formas concretas -las culturas- dinamizándolas, purificándolas, iluminándolas y contextualizando en el horizonte de la fe los dones dados por Dios a los hombres, en vistas a la construcción del reino que, haciéndose en la historia, se encamina ansiosamente a la realización del proyecto divino, sembrado en el corazón del hombre y cuya plenitud se realizará plenamente en la “Parusía”.

3.2. Liberación

Descubrir que la redención operada en Cristo es una redención integral que se realiza incoativamente en la historia o con la participación de los hombres. Este descubrimiento no se llevó a cabo como fruto de abstractas reflexiones, sino como resultado del convivir con nuestra gente y constatar su pobreza, su aflicción y la injusticia de que son víctimas. Sentimos el llamado urgente a ser una Iglesia con credibilidad y que anuncia a los pobres la buena nueva.

3.3. Servicio al mundo

Si sabemos que la Iglesia no es fin en sí ni se construye para sí, sino que es enviada al mundo como servidora de él y como humilde pero necesario fermento para la construcción del Reino de Dios, que es justicia, amor y paz; sabemos igualmente que el Reino se inicia aquí, aunque su consumación no es de este mundo. Esto nos impulsa, en el presente, a la tarea evangélica de aprender a dialogar con todo aquel que tenga buena voluntad, y a dilucidar también evangélicamente los tiempos de caminar con otros hermanos.

4. Momentos más importantes del proceso diocesano

Samuel Ruiz

4.1. Congreso indígena

En el año 1974 fue invitada la diócesis a participar en la realización de un Congreso Indígena, realizado el 14 de octubre de 1974 en la ciudad de S. Cristóbal de las Casas, con motivo de la festividad de Fray Bartolomé de Las Casas, “Defensor de los Indios”. Al aceptar la diócesis sencillamente pretendió posibilitar que los mismos indígenas hicieran pública su voz de tantos años de silencio. Los indígenas aceptaron con lucidez la coyuntura y asumieron el reto de responsabilizarse del Congreso e imprimirle el sello de su personalidad. Mil comunidades, que representaban a 400.000 personas, participaron durante un año, durante el cual reunieron las denuncias y los problemas de las cuatro zonas lingüísticas (Ch’ol, Tzeltal. Tzotsil, Tojolabal) en los rubros de tierra, comercio, educación y salud.

En estas asambleas se fueron eligiendo a los representantes, “hombres de buena palabra”, es decir, los que son congruentes entre “lo que dicen y lo que hacen”, y que llevarían sus proposiciones ante los demás hermanos indígenas asistentes.

A lo largo de los tres días que duró el Congreso, fueron exponiendo paso a paso la postración en que vivían, ejemplificando concretamente lo que sufrían: abuso en el comercio, explotación en el trabajo, despojo de sus tierras, destrucción de su cultura, aplastamiento y asesinatos impunes, etc. Su voz fue analítica y denunciante, con datos lacerantes e innegables, al citarse fechas, lugares, personas, hechos. Planteaban líneas de justicia y un plan programático y orgánico. Pidieron que la Iglesia (de la cual saben que no es un partido político, ni alternativa política, pero que tiene una fuerza social), preste su apoyo y su voz profética que el Señor encarnado en los pobres de Yahvé le pide.

Cuando los agentes de Pastoral de la Diócesis vimos y oímos lo que contaban de su propia situación los indígenas, quedó muy claro que nuestro Plan de Pastoral estaba elaborado sin tener en cuenta las aspiraciones, necesidades y esperanzas de las comunidades. Como respuesta a esta interpelación, se hizo un Plan que tratara de responder en alguna forma desde la fe a las necesidades descritas.

4.2. Opción preferencial por el pobre

El panorama que se descubre en América Latina, de pobreza y marginación, prevalece fuertemente en la Diócesis. Recordamos con gran sentido de responsabilidad y fidelidad al Evangelio, la Carta pastoral del 17 de octubre de 1985, donde se hace denuncia a nombre de los cristianos de la Diócesis, de la situación de injusticia que constantemente sufre el pueblo.

Vivimos en Chiapas un gran pesar y preocupación por la multiplicación de atentados contra la vida, por el atropello de los más elementales derechos humanos y por la represión de los procesos populares. Como Iglesia diocesana, nos empeñamos en ser fieles a nuestra vocación de construir el Reino de Dios, aportando los valores evangélicos para la humanización de la tierra y sirviendo preferentemente a los más pobres. No podemos mantenernos al margen de lo que está sucediendo entre nosotros. Los acontecimientos nos hacen exclamar: “Yahvé ha visto la humillación del pueblo en Egipto y ha escuchado sus gritos cuando los maltrataban sus mayordomos; yo conozco sus sufrimientos” (Ex 3,7).

Conociendo la realidad dolorosa de nuestros hermanos, los más pobres entre los pobres, optamos por acompañarlos, como el buen samaritano, en su búsqueda eficaz por una nueva sociedad, estructurada sobre la justicia y la fraternidad.

La misma tarea evangelizadora de Jesús está marcada por el signo del compromiso con el pobre. El realizó su acción mesiánica como “el Siervo de Yahvé” (Cfr Is 41,9; 42; 49,3; 50,3). Es el que ha de venir y no hay que esperar a otro; porque los ciegos ven los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y A LOS POBRES se les anuncia la Buena Nueva (Mt 11, 2-7; Lc 4, 16-22).

Sólo podremos comprender las bienaventuranzas de Cristo si no ponemos nuestro corazón en las riquezas y estamos dispuestos a compartir fraternalmente los bienes económicos, sociales y culturales con los que carecen de ellos (Lc 6, 20-26). Los hombres son bienaventurados cuando, llevados por el Espíritu de Dios, se solidarizan con los pobres (Mt 5, 11-19).

En un principio, nuestros planes pastorales contemplaban prioritariamente al más necesitado. Pero al ir descubriendo, en la convivencia con los “pobres de Yahvé”, su gran sufrimiento, al vernos obligados por las circunstancias a denunciar los despojos, hubo que hacer, a la luz de una reflexión evangélica, una más clara opción por el pobre. No se trató de ningún decreto, ni de una mera elucubración teológica sino de una simple lectura de lo que eran nuestras intenciones y la tendencia de nuestra actividad pastoral ante una realidad lacerante. Fue una decisión evangélica apremiante. Sabíamos también que entrábamos a vivir el conflicto de la caridad: anunciar desde el pobre un mensaje de conversión al opresor y anunciar al oprimido, con quien Cristo se identifica, un evangelio esperanzador (Santo Domingo 279; 179; 178). A la luz de esta opción diocesana, se revisa la formación de los futuros sacerdotes, nuestras acciones y actitudes y, en fin, todo nuestro caminar.

Nuestra estructuración diocesana ha sido cambiante a lo largo de estos años, no únicamente para responder a las demandas del Concilio, sino por el contacto con las comunidades, por la contemplación de sus situaciones permanentemente conflictivas, y para responder a acontecimientos imprevistos que exigían un rápido discernimiento.

La reflexión teológico-pastoral que acompañó a este proceso evolutivo, tuvo también coyunturas históricas favorables para nuestra diócesis, pues habiendo participado en todas las sesiones conciliares, también estuvimos en la reunión misionera de Melgar, preparatoria de la reunión episcopal de Medellín en la que además tuvimos una ponencia (“La evangelización en América latina”). Al pedírsenos el servicio de la Presidencia del Departamento de Misiones del Celam y, después, también de la Comisión Episcopal de Indígenas de la Conferencia Episcopal Mexicana; estas circunstancias nos dieron la posibilidad de enriquecer el caminar diocesano con la reflexión teológica misionera latinoamericana postconciliar, que entonces estaba urgiendo.

5. Logros y formas de trabajo

Samuel Ruiz

5.1. Logros

Es difícil hacer un recuento de los logros alcanzados, porque varios de ellos son resultado de otras instituciones, instancias o personas, que inciden también en la vida de las comunidades.

Lo que podríamos calificar cono un logro del trabajo diocesano es el paso que las comunidades indígenas y campesinas han ido dando para dejar de ser objeto de decisiones de otros y comenzar a ser sujetos de su propia historia. Vale decir que crece en los indígenas y campesinos la conciencia de su dignidad alimentada por los valores evangélicos. Han ido tomando el espacio que les corresponde en la Iglesia y, consiguientemente, también en la historia. Gradualmente sienten y viven su propia responsabilidad en la Iglesia a que pertenecen y que les pertenece.

Han ido adquiriendo las comunidades una conciencia crítica, signo de madurez en la fe. Descubren que unidos tienen capacidad para resolver problemas que les afectan. Ha crecido el aprecio a su propia lengua, a sus legítimas costumbres y a su identidad cultural. Se han iniciado y llevado a término traducciones de la Sagrada Escritura a varias lenguas indígenas, hechas por traductores escogidos por las comunidades y con la asesoría y responsabilidad última de la diócesis.

El movimiento de cooperativas y de salud lo han asumido corresponsablemente, iluminados por la reflexión de la Palabra de Dios; se han organizado numerosas comunidades en uniones para el mejoramiento de varios aspectos de su vida: transportación, créditos, acciones de salud, etc.

5.2. Formas de trabajo

Todas las formas de trabajo fueron teniendo un proceso evolutivo que fue más notorio o más constante en una de las zonas, y de la cual en forma natural pasó a las demás. Fue éste un método de trabajo en la catequesis que pasó del adoctrinamiento (“Nopteswanej”) a la participación comunitaria (“Tijwanej”). Con este método se hacen cursos, o para un grupo determinado que los transmite luego a la comunidad, o para comunidades enteras que van agregando su palabra y comentarios, con lo cual se va enriqueciendo para transmitir ese caudal a otras comunidades. Son estos cursos, según las necesidades y coyunturas: de iniciación o de profundización para la catequesis, de Sagrada Escritura, de animadores, de formación diaconal, de Derechos Humanos, de análisis de la realidad, de fe y política, de salud; se desarrollan a nivel de una comunidad, de una zona o de una región más amplia.

Sea con una iluminación de fe, sea con infraestructura de apoyo, se establecen mecanismos para acompañar, de acuerdo a nuestro papel, los procesos, las decisiones o las acciones: peregrinaciones, apoyo a la ley seca, apoyo a grupos de mujeres, orientación y apoyo en el caso de violaciones a sus derechos humanos. En las giras pastorales, en las visitas y las reuniones, se acompaña en las manifestaciones de alegría: en la celebración de la fe, en las fiestas patronales, en reuniones con representantes de comunidades, sean éstas por asuntos especiales, sean para evaluar, organizar o programar encuentros. Con ellos se buscan modestamente alternativas económicas o ecológicas, tratando de que descubran sus propias capacidades y vean los resultados de sus propias acciones.

5.3. Criterios

A la raíz de toda nuestra orientación pastoral está un criterio evangélico: anunciar y vivir una fe que conduce a la vida y ésta en abundancia (Jn 10, 10); iluminar la articulación entre la fe y la vida. Es preciso, por ende, discernir a cada paso, si una acción favorece o no la realización del Reino de Dios en la justicia, en la verdad, en el amor, en la paz.

Por tanto, toda acción pastoral tendrá legitimidad si es liberadora, si respeta las legítimas decisiones del pueblo de Dios, si acompaña su caminar y favorece al más débil, si se toman en cuenta su cultura, su religiosidad, sus necesidades.

Una labor de acompañamiento del agente de pastoral tiene en cuenta los momentos necesarios de su presencia, para no desplazar a la gente del lugar que le corresponde, ayudándolos en su maduración, para que ellos mismos sean los que decidan, se cuestionen y se evalúen. Que sean ellos los gestores de su historia. Frecuentemente el pueblo mismo nos señala con sabiduría dónde está nuestro lugar. La manipulación, el paternalismo, el suplantamiento, son actitudes antievangélicas en el fondo.

Importante es reconocer y respetar el lugar que corresponde a la gente en sus decisiones cívico-políticas. Bien sea que, iluminados por la fe, tomen los cristianos sus decisiones políticas, no debemos como agentes de pastoral ni encabezar sus organizaciones, ni inducir nuestra dirección. Un acompañamiento informativo, iluminativo o de apoyo a las acciones justas que se emprendan, es conforme a nuestro papel.

5.4. Desaciertos

Son muchos aquellos desaciertos que hemos cometido en nuestro peregrinar pastoral.

Nuestras primeras acciones, años antes del Concilio Vaticano II, fueron destructivas de la cultura. Teníamos únicamente nuestro criterio para juzgar de las costumbres, encajonando nuestro juicio desde un etnocentrismo y un moralismo, actitudes lamentablemente generalizadas en esa época. Suplieron nuestras deficiencias nuestras actitudes de compasión y amor hacia el indígena, y el haber estado en medio de ellos.

No pudimos a tiempo dilucidar, detrás de la bondad del indígena y de su religiosidad multitudinaria, la dominación que sobre él ejercía el mestizo en lo económico, en lo político, y aún manipulando lo religioso para facilitar su despojo. Sin haberlo descubierto, ni menos analizado, estuvimos del lado de quienes lo oprimían juzgando que a través de ellos y de una ficticia buena voluntad podríamos lograr algunos cambios.

No hemos logrado encontrar (si lo hay) un método pedagógico para llegar al corazón de quienes geográficamente cercanos al indígena y al campesino, le están lejos en el corazón. Numerosas formas y actividades experimentadas en diferentes latitudes de la diócesis, tienen efímeros efectos. La conversión del llamado “caxlan” o mestizo, tiene que pasar, en algunos casos, por una restitución que supone la salida de todos ellos de la comunidad, por haberse adueñado de casas y terrenos indebidamente. Vemos que en no pocos mestizos se va haciendo claridad en sus corazones, como también vemos en otros un endurecimiento. La presencia del pobre, su captación profunda de los misterios de Dios que se revela a ellos, más que a los letrados (Lc 10, 21), ha provocado el celo y la sensación de que están quedando fuera de la Iglesia, a la cual conocieron y en la cual vivieron como un lugar de culto, sin ningún compromiso en el seguimiento de Jesús y sin preocupación por el hermano (Lc 16, 19-31).

No hemos aprovechado suficientemente la religiosidad popular para captar su escondido y profundo sentido liberador.

Los frecuentes cambios de personal por parte de las Congregaciones Religiosas afectan el seguimiento de los procesos evangelizadores y la participación en un trabajo de equipo.

Los acontecimientos se suceden a veces vertiginosamente, sintiendo la incapacidad de responder a las consecuencias que acarrearán sobre el pueblo. Las leyes agrarias recientemente reformadas a propósito del Tratado de Libre Comercio, afectan muy negativamente a las comunidades campesinas; pero no alcanzamos a atisbar alternativas que puedan serles propuestas.

En esta hora de gracia,

Mensaje de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

SALUDO FRATERNO

“Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, el Padre siempre misericordioso el Dios del que viene todo consuelo, el que nos conforta en todas las pruebas por las que ahora pasamos, de manera que también podamos confortar a los que están en cualquier prueba, comunicándoles el mismo consuelo que nos comunica Dios a nosotros”.

“Porque así como tenemos una parte grande en los sufrimientos de Cristo, por medio de Cristo recibimos también un gran consuelo. Así, cuando nos encontramos en alguna prueba, es para que ustedes tengan el consuelo al soportar pacientemente los mismos sufrimientos que padecemos nosotros” (II Cor. 1, 3-6).

2. ACONTECIMIENTOS ÚLTIMOS

A primeras horas de este día 19 de diciembre de 1994, cuarta semana de adviento, (tiempo en que en espíritu de penitencia la vez que de alegría, celebramos el nacimiento de Cristo Jesús en la historia), tuvimos conocimiento por los diferentes medios de comunicación masiva, de acontecimientos extremadamente preocupantes: Municipios que se declararon como territorio en rebeldía; Presidencias Municipales ocupadas sin derramamiento de sangre ; tomas e irrupciones de carreteras en distintas partes del estado, aparición de gente armada, declaraciones, banderas y símbolos que los identifican como pertenecientes al EZLN.

Los comunicados del EZLN de este día 19, emitidos como partes de guerras, no dejan lugar a duda sobre el sentido del “posicionamiento” en 38 municipios del estado.

3. GRAVE APRECIACIÓN

La lectura de estos acontecimientos a la luz del más sencillo análisis, dentro del marco de la explosividad que se vive en el Estado y sumados a los preparativos bélicos que se registran, nos hace ver ya un deslizamiento de nuestra entidad y del país por el plano inclinado de una guerra y de una violencia irreversibles.

Queremos que no se haga inevitable una guerra etnocida, a la vez que fraticida. Y la guerra no se evita únicamente con la proclamación de que optamos por el diálogo y por la paz, sino manifestando la disposición para el intercambio y la escucha, más allá de posiciones de fuerza. Se debe actuar desde las razones, sin que se les de viabilidad histórica porque s pudieron imponer por el camino de los hechos consumados.

4. UN SIGNO CONVOCADOR

Reflexionando ante el Señor COMO HOMBRE DE FE Y COMO PASTOR DE UNA GREY, en la que puede graficarse la geografía de la marginación en grados extremos ya conocidos; sabedor y testigo de la interpelación que se hace al sistema y que proviene de los procesos en marcha, donde hay actores conscientes de su corresponsabilidad histórica y habiendo percibido en unas y otras instancias, afirmaciones y actitudes pacificadoras junto a una incongruencia entre dichos y hechos, entre afirmaciones y errores no rectificados, así como también convergencia entre los diferentes actores interesados en la paz,

EN PLENO DOMINIO DE MIS FACULTADES Y CON ENTERA LIBERTAD, DECIDO RECURRIR A LA FUERZA DE LA PENITENCIA Y DE LA ORACIÓN, INICIANDO EL DÍA DE HOY UN AYUNO DE CARÁCTER PERMANENTE EN LA CATEDRAL EN LA CATEDRAL DE LA DIÓCESIS DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CATEDRAL DE LA PAZ, INVITANDO A MIS HERMANOS OBISPOS A SUS IGLESIAS, Y A TODOS LOS CREYENTES A SUMARSE EN ESTE ACTO PENITENCIAL, PARA PEDIRLE A DIOS QUE MUEVA A TODOS LOS ACTORES IMPLICADOS EN ESTE CONFLICTO, A BUSCAR CAMINOS DE ENTENDIMINETO QUE CONDUZCAN A PACTAR UN BIEN CIMENTADO CESE AL FUEGO A FIN DE QUE SE LLEGUE, DE COMÚN ACUERDO, AL ESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES Y CONTENIDOS QUE PERMITAN LA PARTICIPACIÓN Y LA ESCUCHA MUTUA EN LOS PRÓXIMOS DIÁLOGOS POR LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN CON JUSTICIA Y DINGIDAD.

El ayuno lo queremos asumir en su significado radical: como penitencia y purificación; como protesta por el hambre obligada de nuestros hermanos; como oración a Dios para que purifique nuestros corazones; como instrumento de lucha contra el mal; como reclamo de justicia y encaminamiento hacia una sociedad fraterna; como un llamamiento para desencadenar el más amplio nivel una serie de acciones que apremien principalmente a los actores mayoritariamente responsables de generar la justicia; como recordatorio de la causa de la justicia; como signo de que la paz no podrá alcanzarse jamás por los caminos de la violencia, si no por aquella donación de sí que construye la justicia y hace históricas las exigencias de fraternidad.

5. CONSUELO Y ESPERANZA

Recurrimos a la intercesión valiosa de María para que acuda presurosa a la montaña (Lc.1, 39) y escuche, como lo prometió a Juan Diego en el Tepeyac, las penas y sufrimientos nuestros.

Si la navidad nos trae año con año un mensaje de verdadera paz, ¿sería esta Navidad para nosotros, en Chiapas y en el País, portadora de realidades y acciones contundentes a la guerra? ¿Se verá nuevamente ensangrentado nuestro territorio?

Esperamos, muy por el contrario, que esta oportunidad histórica de continuar por los senderos del entendimiento y de la concordia, haga en Chiapas el modelo visible de un Estado y de un País donde todos los corazones en concordia sean la fundamental inversión para que recojamos frutos de paz.

Lanzamos un apremiante llamado a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, para que con su solidaridad logremos que se conjure la guerra y se establezca una paz verdadera.

Obispo de S. Cristóbal de L.C., Chiapas

19 diciembre 1994

Samuel Ruiz. Carta Pastoral: En esta hora de gracia (PDF)

radio
Festivales Solidarios

La lucha y la condena contra la hija del Lago (El Estor, Izabal, Guatemala): María Choc y la condena en su contra

Texto: Lucia Ixchíu

Fotografías: Vanesa Ordoñez.

Con el agua hasta la cintura María habla sobre la condena penal en su contra, por delitos que ella asegura jamás cometió, y que considera una represalia por su activismo contra la minería, y en favor del desarrollo de la comunidad.

María actualmente reside en el barrio “La Unión” en el Municipio de El Estor. Hija de Natalia Choc y de Manuel Cuc Xol, tiene 5 hermanas y 2 hermanos, nacidos y originarios también en el mismo municipio. Madre soltera de dos mujeres y dos hombres, y sobreviviente de violencia doméstica.

María es maestra y desde hace varios años tiene una especialización en traducción de su idioma materno al castellano, ella de forma voluntaria desde que tiene 18 años, ha apoyado a mujeres sobrevivientes de violencia machista para poner denuncias en las entidades gubernamentales, así mismo ha trabajo como traductora para el sistema penal, pues muchas mujeres son monolingües y el sistema de justicia no las atiende en su propio idioma según aseguran testimonios en la comunidad.

La conexión entre los pueblos con el río Dulce y el lago de Izabal, en el municipio de El Estor (319 kilómetros al noreste de la ciudad de Guatemala), es milenaria, cosmogónica y va de la mano con la pesca, una de las actividades comerciales más vitales en la región, y que está en riesgo desde que la contaminación en el lago de Izabal empeoró en 2017 debido a la extracción minera en la zona.

Con una familia de tradición de servicio su padre, ella y varios de sus hermanos, han realizado trabajo comunitario de forma cotidiana. María quien en medio de la lucha familiar y de su pueblo contra la industria extractiva instalada desde hace más de 60 años en su territorio, es testigo clave en el espantoso crimen cometido contra su cuñado Adolfo Ich Chamán y es fundamental en apoyar y acompañar en caso de violación sexual de 11 mujeres en Lote 8, vinculado a la industria extractiva y al despojo que denomino como un práctica “colonial vigente”. Y es que la colonia no es un hecho histórico o cuestión del pasado, es algo que a simple vista puede verse en los vasto y ancho de este país.

En medio de la impunidad y el incremento de desalojos a los territorios ancestrales indígenas, hechos que se agudizaron desde el 2005 con el desalojo de 37 comunidades del Valle del Polochic, Panzós , Alta Verapaz, María recibe una solicitud de apoyo en traducción para la comunidad Chabil Choc del territorio conocido como Chinamacas,Río Dulce, Izabal, que ha sido despojada de las comunidades en el gobierno de Otto Pérez Molina y la relación de este con Alejandro Sinibaldi y Rodrigo Lainfiesta Rimola, relación que evidencia una investigación realizada por el economista Luis Solano en el 2017. ((https://cmiguate.org/chabil-choch-y-su-lucha-lo-que-se-esconde-detras-de-un-desalojo/)

María sin dudar acompañó a las comunidades ante el Ministerio Público a interponer la denuncia contra del desalojo y despojo. “Lo que jamás imaginé es que esto significaría un caso de criminalización en mi contra”, relata María, quien asegura que la denuncia carece de fundamentos y la armaron con testigos falsos.

El pasado 27 de junio del presente año, María fue condenada a dos años de prisión por usurpación agravada. No conoce a las personas que la demandan, y asegura que no participó en los hechos que le atribuyen. No ha sido el único proceso penal en su contra.

Con una familia de tradición de servicio a la comunidad, su padre Manuel Cuc Xol, ella y varias de sus cinco hermanas y dos hermanos (todos, nacidos en El Estor), han realizado trabajo comunitario de forma cotidiana. Su hermano Ramiro Choc fue un líder indígena de la región, a quienes muchos consideran como el primer preso político en el tiempo de la paz. Ramiro estuvo detenido entre 2008 y 2014, por delitos que no cometió, los delitos que le imputaron fueron: usurpación agravada, robo al Estado y detención ilegal. Sin embargo, fue condenado a 8 años de prisión, que meses después fueron reducidos a 6 años, tras el proceso de apelación. El hermano mayor de María murió en mayo pasado derivado del deterioro de su salud como consecuencia de la prisión y criminalización de la cual fue objeto. Falleció siendo un mentor y maestro para María.

María honra y recuerda la vida de quienes la antecedieron. Fotografía:Vanesa Ordoñez

“A veces me miro completa, pero por dentro estoy destruida”, admite María. “A veces finjo estar bien para no darle gusto a los que me quieren ver mal, pero hay días en los que siento que ya no puedo más con toda la violencia que nos ha tocado vivir. La pérdida de mi hermano ha sido de las cosas más dolorosas que me han pasado y eso que he vivido mucho”.

María Choc. Fotografía: Vanesa Ordoñez

María, de 43 años, quien en medio de la lucha familiar y de su pueblo contra la industria extractiva, instalada desde hace más de 60 años en su territorio, también es testigo clave del asesinato de su cuñado Adolfo Ich Chamán. Además, acompaña el caso de violación sexual de 11 mujeres en Lote 8 (comunidad en El Estor), vinculado a la industria extractiva y al despojo que denomina como una práctica “colonial vigente”, porque se puede apreciar a simple vista en esta y otras partes del país.

Esta lideresa es maestra y desde hace varios años tiene una especialización en traducción de su idioma materno al castellano. Desde que tiene 18 años, ha apoyado en forma voluntaria a mujeres sobrevivientes de violencia machista para presentar denuncias ante las autoridades gubernamentales. También ha trabajado como traductora para el sistema penal porque muchas mujeres son monolingües y el sistema de justicia no las atiende en su propio idioma, según aseguran testimonios en la comunidad.

Las dinámicas de solidaridad y de comunalidad (la vida en comunidad que interfiere con todo el entorno, las personas, la red de la vida) en las relaciones indígenas cotidianas son parte también del día a día y la conexión entre los pueblos con el río Dulce y el lago de Izabal. Conexiones milenarias, teorizadas y bastamente investigadas. La conexión cosmogónica de estos pueblos con el de toda la zona son fundamentales y van de la mano con una de las actividades comerciales más vitales en la región, la pesca artesanal.

María Choc. Ilustración : María Paola Herrera

María, la vida diaria y el sustento para su familia

La cocina de María Choc es una invitación a la comida y los platos solidarios, verduras y famosísimo Pachay (comida tradicional indígena de la región) la han convertido en una mujer muy valiosa y querida en su comunidad. Siempre lista para servir y apoyar a otras que necesitan.

El municipio de El Estor, Izabal es parte de los cinco municipios que conforman el departamento de Izabal, con una extensión territorial de más de 2800 kilómetros cuadrados de extensión, considerado las puertas del Caribe Guatemalteco, desde 1871 tiene la huella del despojo neocolonial vigente con lo que denominaron “Reforma Liberal”.

Desde hace cientos de años según el antropólogo Diego Vásquez Monterroso el pueblo Chol y Q´eqchi´ han habitado este territorio , desde la cosmogonía del pueblo Q´eqchi y en su propio idioma se han denominado como Aj Ralch’och’ que en su traducción al castellano significa, hijas e hijos de la tierra.

En el departamento de Izabal más del 50 % de la población son mujeres y un 28% son pertenecientes a los pueblos originarios. Sin embargo la información oficial recopilada en el censo del año 2018 no especifica cuántas mujeres habitan la región. Guatemala es un país sin datos y sin información actual lo que acentúa la brecha de la impunidad y desigualdad en el país.

Estas tierras privilegiadas y muy abundantes han sido saqueadas por siglos por empresas transnacionales que con el uso de las leyes del Estado-nación han despojado y expropiado grandes extensiones de territorios a las poblaciones originarias. La socióloga e investigadora Laura Hurtado, quien tiene más de una década en trabajar y sistematizar información en el área, define que “el Valle del Polochic encarna el despojo neoliberal actual en el país”. Esta cita sirve de referencia para analizar todo el territorio donde habita el pueblo Q´eqchi que tiene un patrón de actuación similar en cuanto al despojo de tierras en Guatemala.

Y como si fuera poco el nombre “El Estor” viene de una palabra en inglés, que hacía referencia a “the store” que significa tienda, debido a que desde 1904 la United Fruit Company, operaba en el área, el nombre originario fue sustituido por El Estor y es el que se utiliza hasta hoy día. El nombre originario de este territorio es Se’Kenel y es una término que las personas Q’eqchi reivindican para no olvidar y que en su traducción al castellano significa “lugar en donde hay piedra para moler el maíz”. Que este territorio actualmente tenga este nombre sin duda es un dato vital para entender el despojo y desde lo simbólico, lo que ha significado para este territorio ser la “tienda” de las transnacionales.

En las luchas históricas y recientes de los pueblos originarios de esta región, la presencia y participación de las mujeres ha existido y ha sido vital para la continuidad de la mismas, de alguna u otra manera las mujeres Q´echi´ han alimentado, criado y sostenido sus hogares y al mismo tiempo su entorno y comunidades.

En todo el territorio nacional parte fundamental de los conflictos actuales tiene un origen respecto a la redistribución de la tierra, en el Estor no es la excepción, la tierra ha sido heredada históricamente a los hombres y en la escala de los despojos siempre son las mujeres indígenas rurales las que se llevan la peor parte. Según la antropóloga Aura Cumes los sistemas de opresión colonial y patriarcal se fusionan sobre los cuerpos de las mujeres indígenas.

Dentro de las realidades que encarna el país, el despojo para las mujeres indígenas empieza en sus cuerpos, en sus casas, en sus comunidades y las luchas que a lo interno tiene que librar en cotidiano contra las violencias machistas muy internalizadas por los mismos movimientos sociales y campesinos. “Nacemos con las historias trazadas” mencionan mujeres indígenas.

María Choc y su mirada al futuro

En la entrevista María nos indica “que su voz es muy pausada”, esto derivado de la criminalización que está sufriendo, se nota tristeza en su relato y se nota un dejo de angustia por el futuro, por el devenir. Con el sonido de los gallos y de las aves al fondo, María relata que durante el mes de mayo y junio de este año se llevó a cabo el juicio en su contra, en donde la empresa Lisbal S.A., era la parte acusadora y de la cual fue acusada por los delitos de usurpación agravada, detención ilegal y amenazas. El juez Jesús Mazariegos encargado de impartir justicia, la condenó únicamente por el delito de usurpación agravada, por lo cual María y su equipo legal apelaron la sentencia el pasado mes de julio y hasta el momento no han tenido resultado de las instancias legales pertinentes.

Al menos tenemos palabras para gritar” dice María, es lo único que le queda ante el trauma que ella ha sufrido junto a su familia durante estos años de criminalización. El trabajo que ella realiza ha sido “voluntario”. El trabajo de apoyar como intérprete ante la justicia occidental, como ella le llama.

A María Choc jamás le van comprar su dignidad y su voluntad, tengo palabra para decir con certeza que llevará esta lucha, sea como sea. La fuerza de María Choc viene de los cerros, de la montaña, de su familia y eso la mantiene de pie” afirma con la voz quebrantada.

Con la mirada firme y la voz fuerte, María enfrentará nuevamente a la justica blanca, como ella le denomina, esa justicia que solo sirve para que los empresarios y los corruptos, sigan saqueando y violentado a El Estor, el lugar que vio nacer a María y la vio convertirse en una lideresa indígena que sin dudarlo, acompaña a las mujeres Q´eqchi´ que viven en las orillas de unos de los lagos más lindos de Centroamérica, todo esto mientras las chicharras nos acompañan en el relato de María, como diciendo que la lluvia se acerca, deseando que el agua limpie y purifique el andar que le espera a María en estos meses de espera, para poder abrazar nuevamente a la libertad por la que tanto ha luchado.

María Choc. Fotografía: Vanesa Ordoñez

Reportaje realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina.

radio

Casino, el caso de la empresa francesa vinculada a la deforestación en Brasil y Colombia

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

El acaparamiento de tierras en territorios indígenas de Brasil está relacionado con el lucro de una empresa francesa de supermercados. Así lo expone una demanda realizada, desde el 3 de marzo de 2021, por una coalición formada por organizaciones brasileñas y colombianas de defensa de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos.

Acompañadas de ONGs internacionales, las organizaciones latinoamericanas denunciaron a la cadena de supermercados Casino/Pão de Açúcar ante los tribunales franceses por violación de su deber de vigilancia en su cadena de suministro.

En la demanda se acusa a Grupo Casino/Pão de Açúcar por no haber tomado las medidas necesarias para excluir de su cadena de suministro, tanto en Brasil y Colombia, la carne de vacuno procedente de la deforestación ilegal y de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas.

Ahora, en vísperas de la audiencia que se celebrará con el Grupo Casino/Pão de Açúcar, relacionada con la deforestación en la Amazonía brasileña, la asociación Jupau, que representa al pueblo indígena Uru-Eu-Wau-Wau, ubicado en el estado de Rondonia, Brasil, confirmó oficialmente su interés en unirse a la coalición internacional que ha presentado la demanda en Francia contra la cadena de supermercados.

Según un informe del Centro de Análisis de Crímenes Climáticos (CCCA), la ganadería es la principal causa de deforestación en el territorio del pueblo indígena Uru-Eu-Wau-Wau. Más de 25 mil 482 cabezas de ganado se encuentran allí ilegalmente y se ha deforestado 13mil 411 hectáreas de terreno para producción de pasto, lo que representa una superficie mayor que la ciudad de París.

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El informe indica que, de acuerdo a registros oficiales de transporte de animales, se han identificado tres granjas establecidas ilegalmente en el territorio del pueblo Uru-Eu-Wau-Wau y conectadas a la cadena de suministro de un matadero de la empresa brasileña JBS, proveedora de las tiendas del grupo Casino en Brasil.

Ante estas evidencias, el pueblo Uru-Eu-Wau-Wau exige, a través de la demanda, la reparación de los daños medioambientales y las violaciones de los derechos humanos causados por la deforestación ilegal y la actividad ganadera.

Bitaté Uru-Eu-Wau-Wau, representante del pueblo Uru-Eu-Wau-Wau, espera “que el caso del Casino sirva de ejemplo a otras empresas y que contribuya a reducir la deforestación en la Amazonia, así como a garantizar los derechos de los pueblos indígenas”.

Colombia

Acorde a denuncias de la Agencia de Investigación Medioambiental (EIA, por sus siglas en inglés), la deforestación ligada a la cadena de suministro de la empresa Casino también se repite en la Amazonía colombiana a través de su filial de supermercados Éxito.

A través del cruce de datos de vacunación, de transporte del ganado y con entrevistas directas a proveedores, EIA demuestra que parte del ganado comercializado por la filial colombiana de Casino proviene de fincas instaladas “en terrenos deforestados ilegalmente de parques nacionales donde operan además grupos armados”.

“Un proveedor indirecto de Casino ejerce, por ejemplo, la posesión de alrededor de 800 hectáreas dentro del parque natural de Chiribiquete, de las cuales 400 hectáreas fueron deforestadas y convertidas en pastos”, indica el documento que fue presentado ante los tribunales franceses para sostener la demanda contra Casino.

A partir de 2017, las leyes francesas obligan a las empresas, con sede en el país europeo y que emplean a miles de personas en el mundo, a prevenir las violaciones de derechos humanos y a no dañar el medio ambiente. Con base en esta legislación fue que varias ONG francesas iniciaron siete causas contra transnacionales por violar directamente o a través de proveedores indirectos, los derechos ambientales o sociales.

Las demandas no se limitan a la actividad agroindustrial del grupo Casino. En la mira están también la empresa de electricidad EDF por la imposición de un proyecto eólico en México; el gigante de distribución de agua potable Suez en Chile; y la petrolera TotalEnergies con un megaproyecto de extracción de crudo en Uganda.

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Pese a las acciones judiciales, aún no se han dictado sentencias.

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