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Noticias de abajo

Noticias de abajo 4 octubre 2023

Noticias de abajo 4 octubre 2023

.::Rompiendo Fronteras::.

—–HONDURAS. Hombres armados atentan contra la vida de Miriam Miranda, Coordinadora General de la OFRANEH

HONDURAS. Hombres armados atentan contra la vida de Miriam Miranda, Coordinadora General de la OFRANEH

—–MUNDO: Derecho a la insumisión y deserción. De Alfonso Aramburu Suárez y Javier Zulaika

https://www.elsaltodiario.com/opinion/derecho-insumision-desercion

—–MUNDO DIGITAL: ¿Por qué las grandes editoriales están amenazando legalmente a InternetArchive?

¿Por qué el ataque de las grandes editoriales a Internet Archive es una catástrofe para la cultura?

.::Desde el ombligo del monstruo::.

—-OAXACA: El pueblo de Eloxochitlán de Flores Magón anunció que han sido declarados en libertad Jaime Betanzos y Herminio Monfil, aún están en prisión Alfredo Bolaños, Fernando Gavito, Francisco Durán. Audio de MIGUEL PERALTA desde el exilio.

—–MÉXICO: Los viejos nuevos represores de la 4t. De Harfuch a Eviel Perez.

Eviel Pérez Magaña, el rostro del gobierno asesino de Ulises Ruiz en el Equipo de Campaña de Claudia Sheinbaum en Oaxaca.

—–ACCIÓN GLOBAL MOVILIZACIÓN 12 DE OCTUBRE. CONVOCATORIA, ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO, HACIA LOS PUEBLOS ZAPATISTAS Y HACIA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE MÉXICO

CONVOCATORIA ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO, HACIA LOS PUEBLOS ZAPATISTAS Y HACIA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE MÉXICO

—-PUEBLA: Protestas para exigir la cancelación definitiva de complejo policiaco sobre tierras comunitarias. Exigen la DESTITUCIÓN inmediata de José Cinto Bernal. La Flor Periódico

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centroProdh, Fundar, Tlachinollan, Serapaz

Ayotzinapa: descalificaciones y protección al Ejército ponen en riesgo el esclarecimiento

Ciudad de México, a 4 de octubre de 2023.- Frente a los recientes dichos y tergiversaciones de información en el caso Ayotzinapa, las organizaciones de derechos humanos que hemos acompañado el caso conjuntamente manifestamos:
1. Que lamentamos los dichos presidenciales contra los padres y las madres de los normalistas. Como los familiares se lo dijeron en reunión y lo reiteraron en su marcha, los papás y las mamás no son manipulados por nadie: conocen el caso de sus hijos y ejercen sus derechos con dignidad. Así se lo hicieron ver al propio Presidente de la República en su último encuentro, al exigir respeto y demandar que no les insulte. Para ellos y ellas, todo nuestro respeto y admiración.
2. Que rechazamos los dichos presidenciales contra las y los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes a lo largo del período en que colaboraron con el Estado mexicano realizaron aportes fundamentales para el esclarecimiento, conduciéndose siempre sobre la base de la evidencia, dejando un notable precedente de asistencia técnica internacional para la investigación de graves violaciones de derechos humanos, así reconocido en México y a nivel internacional.
3. Que lamentamos también los ataques contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH). Las instancias internacionales no han callado ante la crisis de derechos humanos de México y no lo han hecho en este caso. Respecto de Ayotzinapa, sin la CIDH no habría GIEI y sin el informe de la ONUDH “Doble Injusticia” no se habría documentado a profundidad la práctica de la tortura en la investigación.
4. Que no compartimos las descalificaciones en contra de quien fuera hasta septiembre del año pasado titular de la Unidad Especializada para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA). Su gestión, sin estar exenta de áreas de oportunidad, fue determinante para avanzar acusaciones que hoy el gobierno presenta como avances y es una infamia atribuirle responsabilidad en el entorpecimiento de la indagatoria. Es el actual titular de esa Unidad quien está entorpeciendo el caso, pues en su carencia de legitimidad y conocimiento del mismo está desmantelando al equipo que logró esos avances, poniendo en riesgo los pasos dados.
5. Que también rechazamos las descalificaciones contra nuestra labor como organizaciones civiles de derechos humanos, enmarcada siempre en el marco legal de la Declaración de la ONU sobre el derecho a defender los derechos humanos. No somos intermediarios ni administramos el dolor. La confianza sostenida de los padres y las madres nos afianza en nuestra labor, más allá de toda descalificación.
6. Que seguimos respaldando la exigencia de los familiares en el sentido de que el Ejército no ha entregado todos los documentos y elementos informativos con que cuenta sobre el caso. Recordamos que las familias presentaron por escrito una solicitud respetuosa identificando los documentos pendientes y recibieron en respuesta un oficio del Secretario de la Defensa que simplemente niega la existencia de los documentos, perpetuando así la opacidad. Es falso que los castrenses ya hayan entregado todo: hace falta, al menos, la entrega de todos los documentos generados en el 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala (CRFI), así como todos los elementos producidos a partir de la ilegal infiltración de un elemento del Ejército en la Normal Rural de Ayotzinapa, incluyendo toda la información técnica obtenida durante los días precedentes y posteriores a los hechos de la desaparición. Las responsabilidades del Ejército en el caso son irrebatibles y no hacen parte de un señalamiento dogmático: elementos de los batallones 27 y 41 estaban vinculados con Guerreros Unidos y la noche de los hechos tuvieron un comportamiento irregular que aún debe esclarecerse; adicionalmente, el ocultamiento de evidencia que prosiguió a ese 26 de septiembre de 2014 durante todo el sexenio anterior y que se mantiene hasta el presente, fue una decisión institucional que mancha todavía hoy a las Fuerzas Armadas en su conjunto, como Institución. La exoneración y férrea defensa del Ejército sólo es una triste comprobación del peligroso e inédito empoderamiento militar del presente.
7. Que acompañamos la insistencia de los familiares de que sea retirada la “narrativa de hechos” generada por el “Gabinete de Seguridad” que en efecto se aproxima a la llamada “verdad histórica” al criminalizar sin prueba bastante a uno de los estudiantes víctima de desaparición, además de reducir los hechos a un asunto local atribuible al narcotráfico, soslayando el grado de intervención de diversas instancias y el carácter estructural del caso, entre otras falencias. Por ello, también acompañamos su decisión de sostener todavía el diálogo en el marco de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (COVAJ), sobre la base del Informe que su Titular presentó, mismo que se aparta de la criminalización de los estudiantes y que no considera que la última palabra sobre el acceso a los documentos militares sea la dada por la autoridad castrense con la característica opacidad militar.
8. Las familias continuarán su lucha y mantienen su esperanza de acceder a la verdad en este sexenio y nuestra obligación es acompañarlas hasta el final en ese digno empeño. Sin embargo, no dejamos de hacer notar que en un sexenio marcado por el enorme peso de la palabra presidencial, las recientes expresiones disminuyen la posibilidad de que las instituciones terminen de abrir los diques de encubrimiento que hoy impiden dar por esclarecido el caso y esta es una triste realidad. De todas maneras, seguiremos con las familias en este empeño, con el convencimiento de que como lo dijo el GIEI en su comunicado reciente, la verdad se prueba, no se decreta.
Contacto:
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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Instamos al Estado mexicano a no repetir, en el caso de Simón Pedro, la historia de impunidad de La Masacre de Acteal

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

4 de octubre de 2023

Boletín No. 21

 

Instamos al Estado mexicano a no repetir, en el caso de Simón Pedro, la historia de impunidad de La Masacre de Acteal

Es de conocimiento de este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), que hoy 4 de octubre, se lleva a cabo la audiencia de apelación en la que el Poder Judicial del Estado de Chiapas revisará la sentencia condenatoria emitida en contra del autor material del asesinato del Defensor de Derechos Humanos, Simón Pedro Pérez López, cometida el 5 de julio de 2021[1].

A más tardar el 9 de octubre este recurso puede derivar en una resolución de liberación del autor material, o en una reposición del procedimiento que a su vez implicaría nuevos caminos revictimizantes y de desgaste para su familia y la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas).

Para el Frayba, las pruebas aportadas en juicio demuestran la responsabilidad del asesinato de una persona defensora como lo fue Simón Pedro, por lo que solicitamos a los magistrados Abel Bernardino Pérez, Marco Antonio Centeno Núñez, y Luis Raquel Cal y Mayor Franco, del Tribunal de Alzada Región Tres en el municipio de Pichucalco, Chiapas, ponderen el derecho a la verdad y la justicia.

Tenemos en la memoria la liberación total de los autores materiales de la Masacre de Acteal por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Expertos como Carlos Martín Beristain, constataron que este acto generó un fuerte impacto psicosocial en los sobrevivientes y la organización de Las Abejas para quienes a la fecha no ha habido justicia. Nos encontramos en un episodio en el que se corre el grave riesgo de revivir la historia, pues tanto en el caso de Simón Pedro como en el de La Masacre los autores intelectuales no han sido responsabilizados, ni reconocidos sus móviles.

Hacemos un llamado a la Sociedad Civil Nacional e Internacional a estar pendientes de la continuidad del proceso, así como de no cesar en la exigencia de verdad y justicia integras para Simón Pedro, su familia y para Las Abejas.

 

[1] Simón Pedro fue un dedicado defensor de derechos humanos perteneciente a la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, trabajó toda su vida desde el ejercicio de la no violencia por el respeto de los derechos de la población tsotsil, y en la construcción de paz. Antes de su asesinato denunció ante instancias estatales, la situación que se vivía en los Altos de Chiapas por el actuar de grupos armados vinculados a la delincuencia organizada que controlaban la región. Desafortunadamente las instancias de investigación no retomaron este antecedente como el probable móvil de los hechos.

Descarga el Boletín No. 21 en PDF (345.36 KB)

 

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Congreso Nacional Indígena

Acción global Movilización 12 de Octubre en la Ciudad de México

12 DE OCTUBRE

DÍA DE LA RESISTENCIA Y LA DIGNIDAD INDÍGENA

ACCIÓN GLOBAL

ALTO A LA GUERRA CONTRA

LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO, HACIA LOS PUEBLOS ZAPATISTAS Y HACIA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE MÉXICO

MOVILIZACIÓN CENTRAL

EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CITA: ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA

AL ZÓCALO, 16:00 HRS.

LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS EN MEXICO SE LLAMA NARCOESTADO CAPITALISTA.

 

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Asamblea Nacional por el Agua y la Vida

Bloqueo de carretera en contra del complejo policiaco en San Lucas Nextetelco, Puebla en terreno destinado para la construcción de un panteón comunitario. CONTRA LA GUERRA Y POR LA VIDA

Al CCRI-CG del EZLN

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

A la comisión sexta del EZLN

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A Ma. De Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG

A los pueblos del mundo que resisten contra el sistema capitalista y patriarcal

A los Pueblos, Tribus, Naciones, comunidades y barrios originarios que nunca fueron conquistados

A los pueblos que luchan y resisten en la cuenca de la Anáhuac

A los pueblos afrodescendientes y originarios del Abya Yala

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde

A quienes firmaron la declaración por la vida

A toda persona del mundo que lucha contra el capitalismo

A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen.

En este contexto de estrategias de guerra en contra de los pueblos originarios que luchan y resisten en defensa del territorio, de los derechos colectivos, una guerra que impone fuerzas armadas (policiacas) para reprimir, detener y desaparecer defensores del territorio.

Ese odio, racismo, clasismo se recalca una y otra vez con amenazas de represión en contra de nuestros hermanxs del municipio de Juan C. Bonilla, Puebla

Hoy 2 de octubre en el aniversario de la matanza del 68, alrededor de las 16:20, en las inmediaciones del terreno destinado a Panteón comunitario, ubicado en la junta auxiliar de San Lucas Nextetelco, se reportó la presencia de maquinaria y centenares de policías, para dar comienzo a los trabajos del complejo policiaco, que el presidente municipal de Juan C. Bonilla JOSÉ CINTO BERNAL, pretende imponer en este territorio, pese a que los pueblos de Juan C. Bonilla en reiteradas ocasiones y con base a sus usos y costumbres determinaron que dicho terreno sería destinado para panteón comunitario , negándose rotundamente a la construcción de un complejo de fuerzas armadas que solo le sirve al estado para reprimir e imponer la destrucción a través de megaproyectos de muerte desde empresas saqueadoras del agua, gentrificación y más … que sirve para contaminar nuestras tierras, cerros y aguas.

En este contexto de guerra contra los pueblos denunciamos, el uso represor de granaderos y policías armados en contra de los pueblos que ejercen su derecho a la libre determinación.

1. Exigimos al estado mexicano desde puebla, el alto a la represión y a la estigmatización, señalamientos y amenazas en contra de los pueblos organizados.

2. Exigimos el respeto a la decisión colectiva de los pueblos de Juan C. Bonilla a construir un panteón comunitario.

3. Exigimos la cancelación inmediata del complejo policiaco.

Hacemos un llamado a los pueblos, organizaciones y colectivos a mantenerse en alerta ante cualquier situación de represión en contra de nuestros compañeros.

Alto a la guerra patriarcal capitalista del estado en contra de los pueblos

Nunca más un México sin nosotrxs

Asamblea Nacional por el Agua y la Vida

#CNI

#AltoALaGuerra

#AsambleaNacionalporelAgua

#FueraComplejoPoliciaco

#contralaguerrayporlavida

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Avispa Midia

Muerte y delitos contra migrantes, mientras el INM despresuriza la frontera sur de México

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

En portada: Familias migrantes en los alrededores de una estación de autobuses en Tuxtla Gutiérrez

Fueron 12 las personas en movilidad humana que perdieron la vida la semana pasada en diferentes momentos, pero no fortuitos. A decir de los defensores de los derechos humanos, la situación responde a una política violenta e inhumana que implementa el Estado mexicano.

El jueves 28 de septiembre, un camión tipo volteo se volcó a la altura del kilómetro 125 de la vía terrestre Malpaso-La Herradura, en Chiapas. En el vehículo viajaban hacinadas 52 personas, de las cuales dos fallecieron y 27 fueron llevadas a atención médica a Tuxtla Gutiérrez, entre ellas seis menores de edad.

Un total de 24 son originarias de Guatemala, una de Ecuador, una de Venezuela y de una persona no se logró determinar su nacionalidad.

La madrugada del 1 de octubre, una segunda volcadura terminó con la vida de 10 mujeres, de 27 personas de origen cubano que trasladaba la unidad tipo tortón. El accidente ocurrió en el kilómetro 134 del tramo carretero Pijijiapan-Tonalá, Chiapas, donde estos sucesos se han vuelto recurrentes.

Las 17 personas restantes, resultaron con heridas de gravedad: 16 fueron trasladadas al Hospital de Pijijiapan y una más fue canalizada al Hospital de Huixtla, pero la dependencia de salud permanece hermética sobre la condición de los hospitalizados.

“El Estado debe realizar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial sobre las causas y responsabilidades de este accidente y brindar atención a las víctimas y sus familiares”, se pronunció el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur.

Integrado por diversas organizaciones con presencia en Chiapas, el Colectivo reiteró que los hechos no son aislados, sino consecuencia directa de la política que restringe, contiene y detiene los flujos migratorios.

“Es preocupante que estas políticas generen un contexto de violencia, precariedad y riesgo para miles de personas que por diversas razones han tenido que salir de sus países”, señaló el Colectivo, pues les obligan a recurrir a vías inseguras, clandestinas y expuestas al abuso, la extorsión y la muerte.

Pidió respeto al derecho a la identidad y dignidad de las personas fallecidas, facilitar la identificación y entrega a familiares, así como el traslado y la sepultura, “que se repare el daño integral a las víctimas y sus familias”.

Los defensores que integran el Colectivo exigieron justicia, pues recordaron que hace dos años en el accidente del tramo Chiapa de Corzo-Tuxtla en el que fallecieron 55 personas y 114 resultaron heridas, las familias nunca encontraron reparación del daño.

Se expande la contención en Chiapas

El pasado 26 de septiembre, el Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer que el comisionado Francisco Garduño Yáñez “despresurizó” a 8,152 personas que esperaban turno en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en Tapachula, Chiapas.

Es decir, trasladaron a las personas en movilidad humana usando 189 autobuses y 73 camionetas tipo Van a Tuxtla Gutiérrez, Huixtla, San Cristóbal y Palenque, Chiapas; además de Villa Hermosa, Tabasco y Acayucan, Veracruz.

Pero estos traslados no son nuevos, comenzaron poco después del incendio de la estancia migratoria del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua. “Los traslados se hacen desde el puente de ingreso en Suchiate hasta Tuxtla y recientemente a otros estados de la república”, explicó a Avispa Mídia Karen Martínez, del Servicio Jesuita a Refugiados.

“Oaxaca es otro de los estados que se ha estado saturando porque los autobuses también las llevan para allá, pero el INM no brinda información clara y no indica a cuántas personas ha traslado en total, tampoco hay un control”, dijo Martínez.

Las organizaciones del Colectivo de Monitoreo Frontera Sur han documentado la salida de al menos 10 autobuses a diario desde Suchiate y Tapachula, que viajan con alrededor de 40 personas a bordo.

En testimonios recabados de personas migrantes y solicitantes de asilo que llegaron a Tuxtla Gutiérrez por esta vía, el traslado se les otorga a cambio de firmar documentos en los que pierden sus derechos para regularizar su estatus o acceder a la protección internacional.

Familias migrantes en los alrededores de una estación de autobuses en Tuxtla Gutiérrez

Pero si las personas intentan irse de Tuxtla Gutiérrez a la Ciudad de México son interceptadas en alguno de los cinco retenes del tramo Chiapas-Veracruz, en los que incluso participa la Fiscalía General de la República (FGR), y son retornadas a la capital chiapaneca.

Yannet Gil Ardon fundadora del albergue “Una ayuda para ti mujer migrante” dio cuenta que las personas en movilidad que son detenidas en el norte de México también son trasladadas a Tuxtla Gutiérrez, “el INM las viene prácticamente a tirar a las terminales de autobuses y les quitan o destruyen sus documentos oficiales”.

“La nacionalidad más acentuada es de Venezuela y regularmente son familias”, dijo la defensora a Avispa Mídia. Además, mencionó que están incrementando los casos de personas desaparecidas, “llegan sujetos a las terminales a ofrecerles ayuda, se las llevan y no sabe más de ellas”.

Paran los números

Tras el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que 40 personas perdieron la vida, la dinámica del INM cambió de forma superficial. Se anunció el cierre de poco más de 30 estancias provisionales migratorias a razón de un diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre las condiciones de las mismas.

El estudio se realiza sin tomar en cuenta a las principales víctimas de las violaciones a los derechos humanos en esos espacios y que, por años, han sido documentadas por periodistas y defensores de los derechos humanos.

Desde julio las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) no se han actualizado, pero hasta ese mes reportó la “entrada irregular” de 317,334 personas: 93,732 mujeres y 223,602 hombres.

Familias migrantes en los alrededores de una estación de autobuses en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Un total de 140,671 son procedentes de América del Sur y que supera por mucho a Centroamérica con 102,106 entradas. Con 87,063 registros, Venezuela es la nacionalidad con mayor reporte de migración irregular, seguido por Honduras con 50,655, Guatemala con 35,426 y Ecuador con 30,252, por mencionar algunos países.

Este reporte también menciona que 117,076 personas fueron detenidas en Chiapas en la primera mitad del año, con mayor número en Tapachula (58,447), Suchiate (11,541), Huixtla (11,223), Arriaga (8,859), Huehuetán (7,151) y Palenque (4,718).

Mientras que, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados publicó que hasta agosto registró 99,881 solicitantes, 33,127 más que en el mismo periodo pero de 2022. En la actualidad, Haití, Honduras, Cuba, El Salvador, Venezuela, Guatemala, Brasil y Chile, encabezan la lista.

Sin embargo, los números no muestran la realidad de la cantidad de personas esperando ser atendidas en los diferentes municipios de Chiapas. Algunos testimonios refieren que incluso no pueden hacer la cita por la plataforma digital, pues la geolocalización les pide estar en el norte del país, a donde, por más intentos que hagan, no pueden avanzar.

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Avispa Midia

Casi mil granjas de cerdo en Yucatán producen carne para EEUU, Canadá y Asia

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

En portada: Habitantes de la comunidad maya de Homún mantienen acciones de resistencia para cerrar la mega granja que alberga casi 50 mil cerdos y contamina el agua y suelo de la región.

La ubicación estratégica de la Península de Yucatán ha facilitado la expansión de la industria porcina. A la fecha, Mercy For Animals documentó la existencia de 872 granjas de cerdos en la Península de Yucatán, siendo que muchas de ellas albergan hasta 100 mil cerdos.

En el estado Yucatán, donde se encuentra el mayor número de granjas, tras la crisis de la industria henequenera, el gobierno comenzó a impulsar la porcicultura a finales de la década de los sesenta; y a partir de los noventa, en el contexto de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México (TLCAN), la producción de cerdo tuvo un crecimiento acelerado.

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la media de producción de carne en el Estado pasó de 17,662.2 toneladas entre 1984 y 1992, a 38,278.6 en 1993 y 1994, con lo que se cubrió el 95% de la demanda regional. En 2019 la producción tuvo un crecimiento 4.5 % anual, mayor a las cifras en Sonora (2.6%) y Jalisco (1.7%), que por años ocuparon los primeros lugares de producción nacional de carne de cerdo.

A partir de la exigencia de las comunidades y por los fundamentos científicos presentados en las denuncias, se realizó el Dictamen Diagnóstico Ambiental de la Actividad Porcícola de Yucatán publicado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en marzo de 2023.

En este estudio, la dependencia federal identificó 507 coordenadas de posibles granjas solo en el estado de Yucatán. Fueron localizadas en 83 de los 106 municipios, pero con mayor presencia en Mérida, Izamal, Tizimín y Acancéh, Tetiz, Ticul, Telchac, Tixkokob y Motul. Por lo tanto, las comunidades donde hay una mayor densidad de granjas son: Conkal (27), Telchac (22), Homún (15), Tizimín (15), Umán (15), Chicxulub (15), Tixkokob (14), Tetiz (14), Izamal (12), Ticul (11).

Las investigaciones de organizaciones y expertos coinciden en que una cantidad considerable de las granjas opera fuera de la ley y no cuenta con una evaluación de impacto ambiental (EIA). Por ejemplo, en el 2020 Greenpeace documentó la existencia de 257 granjas; el 47% se localizó dentro de las áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad.

La mayor parte de la producción porcícola de esta zona se exporta a Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Estados Unidos y Canadá.

Zonas kársticas

Este año, los investigadores de Mercy For Animals hicieron sobrevuelos en algunas instalaciones y confirmaron la deforestación que propician las mega granjas industriales construidas en selvas tropicales en las que antes no existía ninguna afectación.

Mega granjas porcícolas se multiplican en territorios de la península de Yucatán donde contaminan aire, suelo y mantos acuíferos.

Encontraron, además, evidencia de un potencial colapso ambiental, pues observaron edificios con miles de animales y millones de litros de desechos de animales a la intemperie que contaminan el suelo, el aire “y, posiblemente, el agua de los cenotes”.

Aunque algunas instalaciones tienen biodigestores para tratar los desechos, éstos sobrepasan la capacidad de los tanques, contaminan los suelos y, posiblemente, se filtra a la red subterránea de cenotes.

“El impacto ambiental provocado por las actividades de estas granjas es desgarrador, pues contribuyen a la deforestación de la selva, la erosión y contaminación del suelo y a la emisión de gases de efecto invernadero”, señaló la organización en un informe de septiembre de 2023.

“Y no hay sistema que pueda soportarlo, es imposible que estas zonas kársticas puedan retener y transformar tantas cantidades y volúmenes”, pues el cerdo produce cuatro veces más residuos que un humano, destacó Yameli Aguilar Duarte, Doctora en Geografía Ambiental por la UNAM, durante las sesiones del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones.

Se suma que el dictamen de la Semarnat identificó 205 títulos de aprovechamiento de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) relacionados a la actividad de granjas porcícolas que, a su vez, corresponden a 343 permisos de descargas, según el Organismo de Cuenca de la península de Yucatán.

De las 507 coordenadas de las posibles granjas en Yucatán, el 60% de estas granjas no se logró identificar algún título de concesión o permiso de descarga de aguas residuales, sólo el 30% cuentan con algún título.

Hallazgos

El estudio publicado este año por la Semarnat integró los análisis de calidad del agua que arrojaron concentraciones elevadas de E. Coli, indicativo de contaminación difusa de excretas de seres vivos de sangre caliente.

“Los ácidos nucleicos o metabolitos finales como la urea y el ácido úrico; como materia orgánica está sujeta al consumo por parte de microrganismos, los cuales lo procesan y transforman el nitrógeno presente en amoniaco, al cual denominamos nitrógeno amoniacal”.

Activistas seguran que durante la pandemia Kekén, la mayor empresa mexicana, duplico su produccion

El análisis se hizo en 22 pozos de agua potable y 20 cenotes identificados a fin de realizar el muestreo correspondiente a la calidad del agua. En la zona sur y este de Mérida se identificó hasta 3 veces la concentración de Nitrógeno amoniacal en el agua subterránea.

En la misma zona se identificó contaminación con fósforo, mientras el este y noroeste, convergiendo con los municipios con mayor densidad de cerdos por hectárea. Existe señal de un efecto inducido por las granjas porcinas, destaca el estudio.

Por otro lado, en la primera aproximación sobre las concentraciones ambientales de contaminantes atmosféricos en tres granjas en Yucatán, la Semarnat encontró niveles importantes de concentraciones de amoniaco y ácido sulfhídrico, aun en condiciones atmosféricas de un Norte, donde las altas velocidades del viento diluyeron las concentraciones.

La peste que impide vivir

Entre otras afectaciones se encuentran el despojo de tierras y de los derechos de quienes habitan la región y buscan defender la biodiversidad, pues se violenta, incluso, el derecho de los pueblos a una consulta previa e informada, genera problemas de salud en la producción local, en las formas de organización social y de vida de las comunidades.

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En el caso de la comunidad maya de Siltipech, municipio de Izamal, Yucatán, donde se concentran 12 granjas, los habitantes iniciaron la lucha por su derecho a la vida hace poco más de dos años cuando se activó una mega granja de 49 mil cerdos de la empresa Kekén, muy cercana a sus viviendas.

“La gente ya está presentando erupciones en la piel y malestares estomacales. No hay bienestar porque incluso la peste les impide vivir en armonía… Aunque sabemos que hay sistemas de tratamiento sabemos que no funcionan adecuadamente”, y se le suma las condiciones del clima, agregó Aguilar Duarte.

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En este tenor, Mercy For Animals llamó de manera urgente a la Conagua, Conanp, Profepa y Semarnat para que dejen de otorgar permisos que abonan a la proliferación de esta industria, además de supervisar y clausurar las que no cuentan con los permisos correspondientes.

La investigadora de la UNAM lamentó que los gobiernos municipal y estatal se enfoquen en apoyar cada vez más a toda la industria. “Información científica hay mucha desde hace 20 años, incluso sobre sistemas de tratamiento que funcionan para ciertos aspectos, pero no para el impacto de suelos y acuíferos”.

Otras contaminaciones

Salvador Castell, fundador de la organización Va por la Tierra, aseguró a Avispa Mídia que la urgencia por la contaminación del agua en Yucatán va más allá de la industria porcícola, pues incluye a toda la producción pecuaria.

Consideró, por ejemplo, que el uso de agroquímicos en la agricultura que, además de ser tóxicos y cancerígenos, son persistentes, algunos se acumulan y se usan sin ninguna regulación.

Sin embargo, el también académico dijo que es necesario no dejar de vigilar a la porcicultura, ni toda actividad que tenga descargas que puedan tener un impacto en el ecosistema, como la industria textil y cervecera que también es una problemática en la entidad.

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Pueblo de San Lucas Nextetelco, Puebla

¡ALERTA! Por la presencia de maquinaria de la empresa DECOSA que pretende imponer la construccion un complejo policiaco en San Lucas Nextetelco, Puebla

En estos momentos el pueblo se reúne en la presidencia auxiliar de San Lucas Nextetelco y se convoca a todas las personas a unirse para defender el terreno del panteón.

Se confirma presencia de maquinaria de la empresa DECOSA en el terreno del panteón de San Lucas Nextetelco, el traidor del pueblo José Cinto Bernal pretende imponer la construcción del complejo policiaco con el uso de la violencia.

Con ello viola la decisión del pueblo que en asamblea determinó:

EL TERRENO SERÁ DESTINADO A PANTEÓN

SE NIEGA DETERMINANTEMENTE QUE SE CONSTRUYA EL COMPLEJO POLICIACO

Una vez más el Estado, en manos de #MORENA, #PRI y #PRD, se manifiesta represor y en contra del pueblo como en 1968 con los estudiantes en Tlatelolco, hoy #2deOctubre la historia se repite.

#2deOctubreNoSeOlvida
#FueraComplejoPoliciaco

Sergio Salomón Céspedes Peregrina
Andrés Manuel López Obrador

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Pronunciamiento Conjunto: La población civil no es un objetivo

AL GOBIERNO FEDERAL.

AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DE CHICOMUSELO, LA TRINITARIA, FRONTERA COMALAPA, AMATENANGO DE LA FRONTERA, MOTOZINTLA, SILTEPEC, COMITÁN, MAZAPA DE MADERO, LA GRANDEZA, BELLA VISTA, BEJUCAL DE OCAMPO Y EL PORVENIR.

A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.

A LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, CHIAPAS.

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS INTERNACIONALES.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL.

A 29 de Septiembre de 2023

Pronunciamiento Conjunto

La población civil no es un objetivo

Las organizaciones aquí firmantes nos unimos a las voces, incluidos los llamados realizados por las Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y de Tapachula, que se han pronunciado por la indignante situación de violencia que se vive en gran parte de Chiapas a causa de la complicidad y permisividad de las autoridades de todos los niveles de gobierno hacia el actuar de grupos de la delincuencia organizada quienes disputan el control del territorio para las economías legales e ilegales.

Desde hace más de dos años se ha venido agudizando esta disputa en el territorio caracterizada por un fuerte control social a partir del terror y la violencia armada. De acuerdo a notas periodísticas, y testimonios anónimos, alarma que entre las tácticas de los grupos criminales se ha tomado como rehén a la población civil, que es utilizada como escudo de guerra, forzándola a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos.

El corte de suministros básicos, como alimentos, gasolina, gas lp, luz eléctrica o servicio de compañías telefónicas mantiene a la población en vilo y zozobra con impactos psicosociales importantes. Existe angustia, escasez e incluso la imposibilidad de desplazarse por miedo a represalias de los grupos de la delincuencia en disputa.

Si bien la situación ha sido álgida en la Región Frontera, también en otros territorios se han presentado situaciones de violencia, y existe el riesgo inminente de que se generalice y agudice.

Frente a ello, el Estado tiene un deber urgente de protección, ya que es latente que la situación genere afectaciones y riesgos a la seguridad e integridad física, mental y emocional de la población. Las y los habitantes de estos municipios se encuentran en terrible vulnerabilidad con múltiples violaciones graves a sus Derechos Humanos, lo cual se suma a la histórica marginación del territorio.

Denunciamos:

El incremento de distintas formas de violencia: asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, amenazas, agresiones, extorsiones como “cobro de piso”, toma o irrupción de asambleas comunitarias, reclutamiento forzado, desplazamiento forzado, despojo de bienes y de medios de vida. La población ha estado en una intermitente incomunicación que ha derivado en desabasto y encarecimiento de productos básicos como alimentos y gasolina, generando aislamiento.
La interrupción de la vida cotidiana de la población a partir del corte de servicios básicos como luz y señal de celular, así como la suspensión indefinida de clases y de servicios de salud.
Múltiples violaciones a Derechos Humanos: el derecho a la alimentación, a una vida digna, a la seguridad, a la educación, a la salud, a la justicia, al libre tránsito, y a vivir en paz.
La minimización de la violencia por parte del discurso oficial, destacando el titular del Ejecutivo Nacional.
La criminalización que se hace de la población por parte de algunos medios de comunicación, desligando de su responsabilidad al Estado, y reproduciendo una narrativa estigmatizante y descontextualizada.
La respuesta insuficiente del Estado ante las denuncias de la población desde hace varios meses; pues no ha habido una estrategia integral que atienda las necesidades y que abone a una pacificación real.

Exigimos urgentemente al Estado mexicano:

Brindar atención integral a la población afectada directamente por la violencia.
Brindar atención urgente a las víctimas por desplazamiento forzado, y genere condiciones duraderas para su retorno pronto y seguro.
Atender las necesidades humanitarias de alimentación, salud y refugio ante la emergencia.
Garantizar la seguridad para el libre tránsito de la población.
Realizar una investigación imparcial y exhaustiva que identifique a los responsables de la violencia, y que se imparta justicia.
Implementar una estrategia integral, garantizando la seguridad de la población. No se considera la militarización prolongada como una respuesta duradera para lograr una pacificación real y estructural.
Garantizar la seguridad de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, defensores del territorio, y ciudadanía en general en Chiapas, particularmente en la Región Frontera y Sierra.

Pedimos a la población en general su solidaridad, empatía y observación de lo que sucede en las Regiones de la Frontera y Sierra de Chiapas, velando por el cumplimiento de estas exigencias, la garantía de los Derechos Humanos y el cese de la violencia.

Redes:

Alianza contra la Desigualdad México

Alianza Mexicana contra el Fracking

Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)

Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur

Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL)

Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESCA)

Espacio Psicosocial por los Derechos Humanos

Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC), North America

Grupo Territorio, Género y Extractivismo (TGE)

Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala – México (MTMG)

Plataforma para la Construcción de Paz en México

Plataforma de Paz

Red de Agricultura Urbana, Periurbana y Rural de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Red de Cooperativas del Sur (RECOSUR)

Red de Guardianes del Sur de Yucatán

Red de Mujeres de Jalisco “Aguas en Movimiento”

Red de Mujeres de la Costa en Rebeldía

Red franciscana para migrantes

Red Futuros Indígenas

Red Jesuita con Migrantes

Red Nacional de Peritos/as y Expertos/as Independientes Contra la Tortura

Red Mayense de Guardianas y Guardianes de Semillas

Red MesoAmeri-Kaab (Red MAK)

Red Mesoamericana de Educacion Popular Alforja

Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias)

Red de Rebeldías y Resistencias Ajmaq

Red Slow Food de Pueblos indígenas de México

Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio

Organizaciones

Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente, A.C.

Alianza Sierra Madre A.C.

Aluna, acompañamiento psicosocial

Antropo Film House

Articulo 19 Oficina para México y Centroamérica

Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio

Asociación Maya Uk’ux B’e (Guatemala)

Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic

Awe Tibuame, A.C.

Casa de Apoyo a la Mujer Ixim Antsetic, A.C.

Centro de Capacitación y Formación para Mujeres, A.C.

Centro de Investigación y Recursos para el Desarrollo A.C.

Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)

Centro de Derechos Humanos Fray Ignacio Barnoya AC, Arquidiocesis de Tuxtla

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC

Centro de Educación y Apoyo a la Produción y al Medio Ambiente A.C.

Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C.

Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, A.C. (Cecaddhi)

Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C.

Centro de Voluntarixs Junax

Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco A.C.

Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón

Cohabitantes MX A. C.

Colectiva Reentramados para la vida, defendiendo territorios

Colectiva Cereza

Colectivo Asodette Región P’urhépecha

Colectivo Agroecológico Teocintle

Colectivo Coamil Federalismo

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C.

Colectivo Despertar Florencia

Colectivo de Labores Comunitarias de formación sociopolítica para la defensa del territorio

Colectivo del periódico El Zenzontle

Colectivo Feminista Mercedes Olivera, A.C.

Colectivo Festival de la Tierra

Colectivo In Laak Le Ixiimo de Hopelchén

COLEMBYJ, Colectivo en Memoria y Búsqueda y Justicia

Comunidades Eclesiales de Base México

Comunidad de Aprendizajes para una Praxis Emancipatoria (CAPE)

Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (CORECO)

Comite de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada A.C.

Consejo Tiyat Tlali de la Sierra Norte de Puebla

Consorcio Oaxaca

Consultoría Técnica Comunitaria CONTEC A.C.

CORECO A.C.

CORASON Huasteca – Totonacapan

Desarrollo Económico y Social de los Méxicanos Indígenas, A.C. (DESMI)

Desaparecid@s de la Costa y Feminicidios de Michoacán A.C.

Desplazadas de San Juan Copala

Desplazados Kanjobales y Cakchiqueles de Maya Balam

Engenera, A.C.

Enlace Comunicación y Capacitación A.C.

Equipo Indignación

EQUIS Justicia para las Mujeres

Escuela Autónoma de Mujeres

Escuela de Salud Comunitaria Alina Sánchez

Foro para el Desarrollo Sustentable AC,

Frente Agustin Tosco (Argentina)

Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual

Fundación Promotora de Cooperativas (FUNPROCOOP) (El Salvador)

Fundar. Centro de Análisis e Investigación A.C.

Educreando A.C.

Geo-grafías Comunitarias

Grupo de Trabajo No Estamos Todxs

Huerta Educativa de Semillas Colibrí

Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C.

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC)

IYOLOSIWA AC

Kalli Luz Marina AC

K’inal Antsetik, A.C.

La Sandía Digital

Marabunta Filmadora

Melel Xojobal A.C.

Médicos del Mundo Suiza

México Unido Contra la Delincuencia A.C.

Milpamérica

Misioneros AC

Movimiento de Unificacion y Lucha Triqui Independiente

Movilidades Libres y Elegidas A.C., CoLibres

Mujeres Socialistas de Honduras

Mujer y Medio Ambiente, A.C.

Narrativas desde la Mayanidad

Nueva Constituyente Ciudadana Popular, Coahuila

Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Habitat

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes

Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen AC

Red de Guardianes del Sur de Yucatán

Red Solidaria de Derechos Humanos A.C.

Salud y Desarrollo comunitario A. C (SADEC)

Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados – SMR

Serapaz A.C. – Servicios y Asesoría para la Paz A.C.

Servicios Para una Educación Alternativa A.C. – EDUCA

Sinergia por la paz

SPR La Cascada de Ocosingo, Chiapas. ARIC UUH

Tsikini, A.C.

Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG)

Uyool Ché, A.C.

Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C.

Integrantes de la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA)

Campeche

Ejido Miguel Colorado Champotón

Unión de Ejidos en defensa del Territorio Maya.

Consejo de vigilancia del Ejido División del Norte

Ejido Haro

Observatorio de violencia social y de género.

Mujeres por un Nuevo Amanecer Hopelchén

Las Mariposas Comunidad de Xpujil

REDMYH A.C.

Chiapas

Movimiento en defensa de la vida y el Territorio MODEVITE

Movimiento de pueblos originarios en resistencia MOPOR

Tianguis Campesino

CDH Fray Pedro

Bienes Comunales de la Selva Lacandona BCZL

Enlace Región Cañadas de Las Margaritas y Zona Fronteriza

Enlace Región Selva y Cañadas de Ocosingo

Petem Mango

Santa Cruz El Palmar

Yajtajtik

Lindavista

San José Napila

San Ramon Segunda sección

Juxuechej

San Antonio Las Palomas

La Libertad

Las Delicias

Raya Limón

Corralchen

Tacuba Nueva

Banacaxa

Ejido San Antonio Bulujib

Xanail

Chik Aktik

Najchij

20 De Noviembre

Santa Cruz La Reforma

Ejido San Jerónimo

Guadalupe Xaquila

Bonampak

Xaquila

Soteel

Tunapas

Ranchería Majchum

Cabecera Yajalon

Cabecera Sitala

Santa Rosa Mamalik

Mojontsuy

Nuevo Progreso

Mojontsuy

Barrio Las Golondrinas

Barrio Ojo De Agua

Barrio Centro

Ejido Luis Espinoza

Ejido Santoton

Ejido Petalcingo

Ejido Tila

La Unión

Comunidad Xixintonil

San Juan De La Montaña

Gobierno comunitario de Chilón

Sacun c’ubwitz

Sacun Saquila

Bawitz Jerusalén,

Jol sacun,

Sacun palma,

Sacun San Pedro

Yochibja,

Q’uicisal,

Onteel,

Axupja,

Jol Axupja segunda Sección

Mojón,

C’anal Ulub,

Nup’ha,

Laguna Verde,

Crucero Saquila.

Red Ambiental en Defensa de los Humedales de San Cristóbal

Chihuahua

Bosques San Elías Repechique

Huitosachi

Bacajípare

CONTEC, A.C.

Ciudad de México

Coordinadora Agua para todas y todos, agua para la vida

Tonelhuayotzin Nuestra Raíz A.C.

Fundación para el Debido Proceso DPLF

Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz)

Colectivo de Abogadas

Oxfam México

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible CCMSS

Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C

Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C (ProDESC)

Enlace Comunicación y Capacitación AC

Estado de México

Comunidad de Tepetlaoxtoc

San Francisco Magú

San Jerónimo Amenalco

Consejo Comunitario de San Jerónimo Amanalco Texcoco

Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) – Atenco

Guerrero

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC)

Enlace Región Montaña Alta

Jalisco

San Lorenzo Azqueltán

Comunidad de Indígena de Tepizoac

San Juan de los Potreros

Michoacán

Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen

Santa María Ostula

Comunidad de Cherán

Comunidad de Comachuén

Carapan

Cheranatzicurín

Nayarit

Niuwari A.C.

Oaxaca

Enlace Región Tlaxiaco

San Sebastián Ocotlán

San Jacinto Ocotlán

Tejas de Morelos

San Felipe Apostol

San Matías Chilazao

Maguey Largo, Oaxaca

El porvenir, Oaxaca

Servicios del Pueblo Mixe (SER A.C.)

Consejo Estatal de Derechos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca (CEDIAO)

Enlace Comunicación y Capacitación A.C.

Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (COPUDA)

San Isidro Zegache

La Barda Paso de Piedras

San Antonino Castillo Velasco

Santiago Apóstol

Santa Ana Zagache

San Pedro Mártir

San Martín Tilcajete

San Pedro Apóstol

Asunción Ocotlán

Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA)

CDI Flor y Canto A.C.

Comité en Defensa de los Derechos Humanos y de los Bienes Comunales de Unión Hidalgo

Puebla

Colectivo Kalakgpaliw parte del semillero de mujeres defensoras de nuestros territorios

Quinta Roo

U Yich Lu’um

Kanan derechos humanos

Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes

San Luis Potosí

Tlalij, Yolojtli uan Nemililistlij A. C.

SEDEPAC Huasteca

Red de Mujeres Artesanas, Cocineras Tradicionales y Productoras del Campo de la Huasteca Potosina.

Observatorio Indígena.

Centro Ceremonial Tenek.

COCIHP A. C.

Autoridades de comunidades de los municipios de Axtla, Coxcatlan, Huehuetlán y Xilitla.

Xochitzotlajmani

Sonora

Pueblo de Vícam

Veracruz

Colectivo Kalakgpaliw parte del semillero de mujeres defensoras de nuestros territorios

Red por la Justicia y Paz Veracruz

Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz

Consejo Veracruzano de Laicos A.C.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos

“Todos los Derechos para Todas y Todos”

(Integrada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Agua y Vida, mujeres, derechos y ambiente (Chiapas); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Espacios para la Defensa y el Florecimiento Comunitario (ESPADAC), (Oaxaca); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ (Guadalajara, Jal.); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF); Programa Universitario de Derechos Humanos Ibero León (Guanajuato) Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).

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Avispa Midia

Perú | Líderes indígenas entre persecución política y amenazas de narcotráfico

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Pardo

En portada: Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene

El proceso contra el indígena asháninka Ángel Pedro Valerio por un caso de desaparición de personas en Perú, en base a testimonios anónimos, es un peligroso precedente para los defensores de territorios que se enfrentan al narcotráfico.

El investigado es presidente de la Central Asháninka del Río Ene (Care), organización que representa a 19 comunidades nativas, 25 anexos, dos pueblos en aislamiento y dos en contacto inicial, en la Amazonía peruana.

A inicios de septiembre, el Poder Judicial notificó al dirigente que se le imputa haber participado en los hechos ocurridos entre el 14 y 15 de abril en el distrito Río Tambo (región Junín), durante un paro en protesta por el asesinato del líder indígena Santiago Contoricón a manos del crimen organizado.

La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la policía pidió al Ministerio Público declarar en reserva la investigación, sostenida por declaraciones de tres supuestos testigos oculares que señalan a Ángel Pedro Valerio en la retención de los hasta hoy cuatro desaparecidos.

De esta forma, el órgano policial y la fiscalía evitaron que se le informara sobre la investigación al imputado hasta la proximidad de la orden de captura. El montaje se descubrió al demostrarse que los días en que los testigos lo ubican en el escenario del delito el dirigente participó en el Congreso Ordinario Asháninka, celebrado a 12 horas del lugar. Hay videos y testigos que lo confirman.

“La Dirincri creó la figura del testigo protegido, (pero) la fiscalía tiene la obligación de informar de la investigación, no emitir directamente una orden de detención. Es grave, estamos en situación de que a cualquier persona la declaren testigo protegido y solo basta su testimonio para limitar derechos, como la detención preliminar. Se pueden crear testigos. Vemos que pasan de defensores a investigados, este es el caso más fuerte, pero no el único, hay otras autoridades o jefes que denunciaban tala, deforestación y ahora los acusan de ello”, señaló a Avispa Mídia Irupé Cañari, abogada del dirigente indígena.

Además, para la defensa de Ángel Pedro Valerio, llama la atención que entre los ocho acusados se incluya a dos dirigentes del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), cuando la protesta fue convocada por líderes de comunidades fuera de esta zona.

De momento se le retiró la orden de detención preliminar, pero no se le excluyó del proceso.

Avance de la coca

El avance de los cultivos de coca en territorios ancestrales de la etnia asháninka crece en los últimos años. Como resultado, al menos 20 dirigentes de la Care se encuentran bajo amenazas de las mafias de tráfico de drogas y tala ilegal. Las comunidades que conforman la organización se localizan dentro del Vraem, zona declarada en emergencia, desde 2008, por la actividad del narcotráfico en alianza con remanentes de Sendero Luminoso.

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“Desde hace muchos años luchamos contra el narcotráfico, el cultivo ilegal. Denunciamos cuando hay invasiones en territorios comunales, pero no vemos respuestas inmediatas. La semana pasada el Ejército y la Marina ingresaron a las comunidades, por primera vez, pidieron firmar documentos en blanco. Como pueblo, es una criminalización. Queremos que lo excluyan definitivamente de la investigación”, declaró para Avispa Mídia Janet Velasco, integrante del consejo directivo de la Care.

“El narcotráfico se ha agudizado, tiene como fachada a cocaleros pobres, es la fachada. Se ha visto un crecimiento del cultivo de la coca que vulnera territorios indígenas. El narcotráfico y los cocaleros con influencia en el Estado aprovechan estas desapariciones para evitar la erradicación (del cultivo ilegal)”, considera la defensa del líder asháninka.

Herramientas legales

Un inminente nuevo instrumento legal para intimidar, estigmatizar y judicializar a la población será la Policía del Orden y Seguridad. El Congreso aprobaría antes de fin de año la propuesta del Ministerio del Interior (Mininter) de implementar una nueva categoría de la Policía Nacional del Perú (PNP), integrada por agentes con solo un año de preparación y licenciados de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo al Mininter, el cuerpo policial brindará “servicio de prevención de la delincuencia y de proximidad para la convivencia pacífica”.

Desde diciembre de 2022, policías y soldados asesinaron a 50 personas durante protestas en regiones de mayorías quechuas y aymaras. En las últimas marchas masivas contra el gobierno, en julio, se siguió utilizando policías de civil para detener a manifestantes y se sumaron las denuncias de torturas.

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Ante estas formas habituales, los colectivos reunidos en el Comité Nacional Unificado de Lucha advierten que se busca la formación de un escuadrón militarizado, con fines políticos.

Los modelos citados por la cúpula de las fuerzas de seguridad del Perú son la Esmad de Colombia y los casos recientes de Chile y Francia, donde se registran cientos de asesinatos, mutilaciones y violaciones a los derechos humanos. La brutalidad policial en los estallidos sociales de los últimos años en estos países es el ejemplo “exitoso”.

El ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, sostiene que la Policía del Orden reforzará la seguridad en zonas rurales. Eso se traduce, para pueblos y colectivos, en más violencia racial aplicada con letalidad en territorios de poblaciones originarias y campesinas. Como ejemplo, la represión estatal contra las manifestaciones massivas en los últimos meses cuenta con 49 víctimas en localidades andinas y una en la capital, Lima.

La violencia racista también se reproduce en los discursos públicos, en la cabida a mensajes de odio en medios de comunicación locales, lo que fue denunciado este mes ante el Ministerio de Cultura por parte de la organización asháninka, sin respuestas relevantes.

Desde el Estado, además, se pretende criminalizar y censurar a la prensa, con un proyecto de ley que considera como instigadores de disturbios a periodistas que informen sobre convocatorias de protestas. El Ejecutivo propone modificar el Código Penal para incluir en este delito a “comunicadores que utilizando medios de comunicación han convocado a marchas, incluso incitando la violencia”. La Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen, que pasará a votación definitiva.