represión
Defensores tzeltales son condenados por protestar contra cuartel de la Guardia Nacional
Fuente: Avispa Midia
Por Ñaní Pinto
Agustín López Martínez, juez de Enjuiciamiento del distrito de Ocosingo, Chiapas, dictó sentencia condenatoria por el delito de motín contra César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, mayas tzeltales del municipio de Chilón, quienes fueron detenidos arbitrariamente durante su participación en una manifestación pacífica donde comunidades de la región exigían detener la construcción de una base de la Guardia Nacional (GN) en el ejido de San Sebastián Bachajón.
Fue durante la protesta del 5 de octubre del 2020, cuando policías estatales reprimieron violentamente la manifestación de los tzeltales, quienes argumentan que la edificación del cuartel nunca fue consultada con la población. La represión dejó un saldo de 11 heridos, así como la detención de César y José, quienes fueron incomunicados por dos días y trasladados al Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) de Ocosingo, donde fueron torturados.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba) lamentó la sentencia pues argumenta que, durante las audiencias del juicio oral, “se logró demostrar la falta de elementos sólidos para acreditar el delito de motín por el que la Fiscalía del Estado de Chiapas les ha acusado desde 2020”.
Mediante comunicado, la organización de derechos humanos acusó de otras irregularidades, tales como que los testigos presentados no acreditaron pertenecer al cuerpo de policía estatal ni su participación durante los hechos de la protesta del 15 de octubre de 2020. También sostuvo que los peritos y legislas expertos de la Fiscalía no pudieron comprobar los testimonios de los policías que acusaban a los defensores comunitarios. Además, enfatiza la gravedad de que la Fiscalía ignoró las denuncias de tortura realizadas por policías estatales contra los dos defensores.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), así como la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), también criticó la sentencia pues señaló que “criminaliza la defensa de la tierra y el territorio en detrimento de los derechos a la autonomía y autodeterminación de los pueblos originarios”. Las organizaciones exigieron a las autoridades de Chiapas un alto en la criminalización de los defensores.
Irregularidades
Tras su detención y tortura, César y José Luis fueron trasladados al CERSS 14, conocido como El Amate, ubicado en el municipio de Cintalapa. Ahí permanecieron recluidos durante 17 días, hasta que un juez les concedió libertad condicional, con la cual fueron obligados, durante dos años, a trasladarse cada ciertos días hasta Ocosingo, a horas de distancia de su residencia, para firmar y mantener el proceso fuera de la cárcel.
Los defensores señalan que, derivado de ello, su tejido familiar ha sido roto; además del daño a su persona y familiares, también implicaba un fuerte gasto económico para desplazarse hasta esa ciudad en el oriente del estado. Ahora, con la sentencia condenatoria, los defensores, integrantes del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), fueron obligados a pagar una multa para evitar su reingreso al reclusorio.
Megaproyectos
Actualmente, organizaciones como el Modevite, que cuenta con una estructura de gobierno comunitario en Chilón, se mantienen firmes contra otros proyectos impulsados por los tres niveles de gobierno que pretenden la instalación de infraestructura como la denominada Carretera de las Culturas, un trazo carretero que conectaría desde el municipio de Pijijiapan, en la costa pacífico, hasta el norte del estado, en la ciudad de Palenque, donde se enlazaría al proyecto del “Tren Maya”.
En este caso, habitantes del municipio de San Juan Cancuc, quienes se han movilizado durante años para detener la construcción de la carretera, también han sido objeto de criminalización, como lo demuestra la actual detención de cinco tzeltales, acusados sin pruebas, del homicidio de un policía municipal.
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Ante esta situación, organizaciones sociales han mostrado su preocupación por la proliferación de cuarteles de la GN, un cuerpo de seguridad militarizado, que ha proyectado más de una veintena de bases operativas en Chiapas.
“No se justificaba la presencia de una institución de corte militarizado en la zona porque los índices criminales son muy bajos. Y además, no se comunicó debidamente a la población y no se consultó de manera previa”, explica César Contreras del Centro Prodh, organización que promovió una demanda de amparo contra la construcción del cuartel en Chilón.
Para enero del 2021, el recurso obtuvo la suspensión definitiva con el argumento de que detener la construcción evitaría el riesgo de que se consolidara un daño irremediable a los derechos colectivos de las comunidades tzeltales. Según ejidatarios de Chilón, el amparo, aún pendiente de resolución definitiva, consiguió detener la inauguración del cuartel de la GN, el cual ya se encuentra finalizado pero sin operación.
Por su parte, el equipo legal del Frayba, quien acompaña la defensa de César y José Luis, explicó que recurrirán la sentencia y volverán a presentar denuncias por tortura contra los tzeltales.
En El Salvador, campesinos acusan inseguridad alimentaria y devastación ambiental en construcción de nuevo aeropuerto
Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago
En portada: Familias de Condadillo y Flor de Mangle denuncian la devastación de sus parcelas debido a las obras para la construcción de la nueva terminal aérea.
Desde el pasado 8 de febrero, las comunidades de Condadillo y Flor de Mangle, en el pacífico salvadoreño, han sufrido la invasión de sus parcelas por parte de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y la empresa guatemalteca Rodio Swissboring, quienes con el argumento de realizar estudios de suelo para la construcción del Aeropuerto del Pacífico han causado estragos en los medios de subsistencia de los campesinos y el medioambiente.
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Mediante conferencia de prensa realizada el pasado viernes (28), las y los campesinos acusaron que el órgano gubernamental y la empresa iniciaron las excavaciones en las parcelas agrícolas, sin contar con los permisos requeridos, con profundidades de hasta 13 metros, afectando con ello sus medios de subsistencia. Además, señalaron la tala de árboles, desviación del cause natural de las fuentes de agua, compactación del suelo y contaminación sonora, afectando con ello a la fauna del bosque adyacente al manglar El Tamarindo, un área natural protegida.
“El Aeropuerto del Pacífico estará abarcando más de 530 manzanas de terreno, donde más del 50% por ciento será impermeabilizado; afectando la capacidad de captación hídrica de la cuenca hidrográfica Sirama ubicada en la Franja Costera Marina de Usulután, San Miguel y La Unión, territorio que también forma parte del Corredor Seco Centroamericano”, sostiene Ángel Flores, integrante del Movimiento Indígena para la Integración de Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA).
En entrevista, Flores denuncia la afectación por las mega excavaciones en el bosque de la comunidad de Condadillo y en las proximidades del principal río de la comunidad. Protegido por sus habitantes, dicha área posee manantiales, riachuelos y alberga árboles de gran tamaño como las Ceibas que sirven de santuario a una diversidad de fauna propia del territorio, así como aves migratorias que visitan el estero de El Tamarindo.
Entre las violaciones cometidas contra los derechos de las comunidades, Flores enumera el derecho al agua; la falta de consulta libre, previa e informada así como el irrespeto a tratados internacionales como el Convenio Ramsar, el cual enlista el ecosistema de manglares de la región dentro de las áreas prioritarias para su conservación a nivel global.
Inseguridad alimentaria
Además de la devastación ambiental, los campesinos acusan que las obras han aumentado la inseguridad alimentaria y el hambre en la región. Flores explica que, desde octubre del 2022, funcionarios de CEPA comenzaron hostigamientos contra la población, quienes en aquel momento habían definido su rechazo a vender sus tierras para el megaproyecto.
“Hubo un proceso de intimidación donde las personas se les amenazó con que iban a ser denunciados en la Fiscalía y les iban a quitar las tierras”, detalla Flores. Mediante la estrategia, consiguieron la firma de decenas de campesinos, quienes ante el temor de ser despojados aceptaron las condiciones del gobierno salvadoreño para recibir una indemnización.
A pesar de que el plazo para el pago por sus tierras se planeó a más tardar el mes de abril del 2023, las y los campesinos acusan que el Estado no cumplió con su promesa. Esta situación se suma a las amenazas que los pobladores han vivido desde 2021, cuando ante el anuncio de la construcción de la nueva terminal aérea, funcionarios de CEPA les prohibieron realizar trabajos agrícolas. Las y los campesinos acusaron pérdidas que ascienden a más de 540 mil dólares, debido a que desde hace dos años ya no producen cultivos como sandía, granos básicos, chile y tomate que destinan tanto para el autoconsumo como para proveer a los mercados de La Unión y San Miguel.
“Son más de 225 familias campesinas afectadas directamente; además de los trabajadores agrícolas que se empleaban en la producción y cosecha agrícola en ambas comunidades”, sostiene Flores, quien prevé que la situación se agravará debido a los estragos de las parcelas por parte de las obras, además de que los campesinos no cuentan con recursos monetarios para retomar su producción.
Édgar Hernández, uno de los agricultores de la zona, afirmó que las familias se están quedando sin los granos básicos que habían guardado desde el año pasado y, al no cultivar, no tendrán más alimentos. “No nos vemos en la seguridad de sembrar acá, las constructoras ya andan haciendo sus trabajos en la zona, pedimos que nos den un sitio para poder sembrar”, reclamó.
Inversiones
Los pobladores señalan que funcionarios del Estado no han compartido ninguna información sobre las obras, ni de las empresas responsables de las mismas. Fue derivado de las interacciones con algunos trabajadores, que los campesinos se enteraron del involucramiento de la empresa guatemalteca.
Según Flores, Rodio Swissboring es una empresa que ha mantenido una relación estrecha con el gobierno de El Salvador, sin importar si el partido en el poder era de derecha o de izquierda. “En el gobierno actual, de Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, se le está adjudicando diferentes megaobras. En el departamento de San Miguel se está concluyendo un bypass (paso a desnivel), que abarca prácticamente toda la ciudad”.
El problema, señala el integrante de MILPA, es que, durante el proceso de esta megaobra, Rodio Swissboring intervino sin contar con los permisos necesarios y violentando a los habitantes. “Ya están concluyendo (las obras) y las familias que fueron afectadas ahí, que han sido desplazadas, ya llevan ya dos años y no han recibido ningún pago (…) eso deja un mal antecedente, por lo cual se cree que en Condadillo y Flor de Mangle pretende hacer lo mismo”, acusa Flores, quien enfatiza que es la misma empresa que estará a cargo de la construcción del Tren el Pacífico, megaobra que conectará con otras redes de trenes entre Guatemala y México.
Otro punto es la sospecha de que exista financiamiento de China en las obras de la nueva terminal aérea. Según testimonios de las y los campesinos, señalan la presencia de personas de origen asiático durante las excavaciones. “Se han hecho presentes acá… (China) también está financiando algunas obras públicas del gobierno, como el caso del polideportivo de la Universidad de San Salvador. Aquí ha habido financiamiento, pero no se tiene nada oficial, el gobierno ha sido muy hermético y todo se basa a partir de lo que la población ha ido percibiendo”, sostiene Flores.
Los habitantes de la región señalan que la organización contra las obras se ha dificultado por la aprobación por parte de la Asamblea salvadoreña, durante más de un año, de un estado de excepción que restringe derechos constitucionales. “Eso también ha servido para inmovilizar aquí a los habitantes (…) Eso ha generado cierto temor también a ser capturado, porque en nuestro país se ha capturado personas sin tener ningún tipo de vinculación con estructura terrorista o de pandillas”, acusa Flores.