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Desde hace catorce años de la Masacre de Viejo Velasco seguimos exigiendo justicia. Al llegar este día, los familiares seguimos viviendo la verdad frente a la impunidad que prevalece en el caso. Seguimos escuchando el sonido de la agresión; nuestras hermanas y hermanos choles refugiándose en las montañas para salvar sus vidas; aún el rocío de la noche nos acompaña buscando a nuestros hermanos adultos mayores, Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán, que aún continúan desaparecidos, luego de que ese mismo día, el grupo civil armado se los llevó.

Recordamos a nuestra compañera María Núñez González que fue ejecutada al interior de su vivienda, junto con la criatura que llevaba en su vientre, mientras protegía a su hermana menor discapacitada, Petrona Núñez González, que fue secuestrada y torturada por el grupo civil armado y que días más tarde logró escapar, pero a consecuencia de la afectación psicológica que vivió, falleció en el 2010.

La constante agresión hacia los pueblos indígenas no para. Ese día -13 de noviembre de 2006- 40 personas armadas, provenientes de los poblados de Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab (todos de la llamada Comunidad Lacandona), acompañadas por 300 elementos de la entonces Policía Sectorial de Chiapas, cinco Fiscales del Ministerio Público, dos peritos, el Comandante Regional Zona Selva de la entonces Agencia Estatal de Investigación, con siete elementos a su mando, y un representante de la anterior Secretaría de Desarrollo Social, atacaron a nuestras hermanos y hermanas en su pequeña comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, Selva Lacandona, Chiapas.

No olvidamos. Es el Estado mexicano que se empeña en despojarnos a los Pueblos Indígenas de nuestros territorios. La sangre derramada en Viejo Velasco no se quedará en el olvido. Hoy, a catorce años, nuestro corazón se fortalece, nuestra tristeza se transforma en indignación, lucha y resistencia para la verdad. Nuestro grito de ¡Justicia! se escuchará en todos los rincones del mundo. No olvidamos que el único delito de nuestros hermanos y hermanas masacrados y desaparecidos, fue el de defender su tierra y su territorio, para tener el sustento de sus familias.

Nuestra voz y lucha ha tenido un paso más; queremos informar públicamente que, el pasado 25 de septiembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su Informe de admisibilidad No. 264/20, de la Petición 1594-10 del Caso Pedro Núñez Pérez y Otros, México, en donde señalamos claramente, la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, torturas, privación arbitraria de la libertad y emisión de órdenes de aprehensión irregulares, que tuvieron lugar durante la agresión violenta en a nuestra comunidad Viejo Velasco, en un operativo de tipo paramilitar, con participación de agentes estatales.

Cabe señalar que esta masacre se dio en el contexto de una intensa lucha y resistencia, reivindicativas del derecho al territorio, y al resguardo y manejo de los bienes naturales, de más de 45 comunidades indígenas, asentadas en el corazón de la Selva Lacandona; resistencia sobre la cual, la Asamblea y pobladores-as de Viejo Velasco, fueron un digno ejemplo, enfrentada a una agresiva política de despeje territorial, despojo social y privatización de la naturaleza, de parte del Estado mexicano, ejercida sobre dichos poblados, ubicados dentro y en los límites de la Reserva de Biosfera Montes Azules, una de las zonas más ricas en biodiversidad, agua, cubierta forestal y con un fuerte atractivo escénico y turístico, de nuestro país.

Por eso estamos aquí y aquí seguiremos exigiendo justicia, hoy, desde la comunidad de San Martín Chamizal, donde fuimos recibidos con nuestras familias y sepultamos a nuestros compañeros.

EL GRITO DE LA SANGRE DERRAMADA IMPUNEMENTE EN LA SELVA LACANDONA, VIEJO VELASCO, TIENE SED DE JUSTICIA.

Reiteramos una vez más nuestra exigencia al Estado mexicano, de justicia para nuestras 36 hermanas y hermanos en desplazamiento forzado, así como por la ejecución extrajudicial de Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez, María Núñez González, Vicente Pérez Díaz, Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez, la desaparición forzada de Mariano Pérez Guzmán y Antonio Peñate López, el secuestro y tortura de Petrona Núñez González y la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de nuestros compañeros de la Organización Social CDLI-XINICH, a quienes el Estado mexicano se empeña en hacerlos responsable de asesinar a sus propios compañeros.

QUEREMOS JUSTICIA, QUEREMOS VERDAD

CASTIGO A LOS AUTORES INTELECTUALES Y OPERADORES POLÍTICOS

Clamor de sangre derramada en la tierra de Viejo Velasco, Selva Lacandona

MADRE TIERRA CUÁNTA INJUSTICIA,

COBIJA MI ESPÍRITU CON LA SOMBRA DE LA SELVA.

Atentamente

Familiares de víctimas y víctimas sobrevivientes de la Masacre de Viejo Velasco

Coordinadora de la Organización Social XINICH

UCISECH, TSOBLEJ YU UN WOCOLTIC

Organizaciones acompañantes:

Comité de Defensa de las Libertades Indígenas- CDLI-XINICH

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.-Frayba

Maderas del Pueblo del Sureste – MPS

Salud y Desarrollo Comunitario A.C. – Sadec

Casa de la Mujer Ixim Antsetic A.C.

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C.- CDMCH

Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas

Colectivo IngeniumMex (Xalapa, Ver.)

Ik Balam Agencia de Noticias Ambientales

Carta Mesoamericana

Pacto de Grupos Ecologistas

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); “Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C.” (CAM) (Ciudad de México); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J. (CUDJ)(Guadalajara, Jal.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Uno de Siete Migrando A. C.(Chihuahua, Chih.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal).

13 de noviembre de 2020.

Ejido Chamizal, municipio de Palenque, Selva Lacandona, Chiapas, México.

Pronunciamiento conjunto

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Robin A. Canul Suarez / Mongabay

Hopelchén, Campeche, destaca por ser uno de los municipios con las más altas tasas de deforestación a nivel nacional. Grandes extensiones de terrenos que hace unos años albergaban parte de la selva maya, ahora son habitadas por cultivos agroindustriales.

Hace tiempo que los apicultores de la región ya alertaban sobre algunas de las consecuencias de la deforestación que avanza en su territorio. Este año, en el que varias tormentas tropicales y huracanes golpearon al sureste de México, quedó en evidencia la vulnerabilidad de un territorio que pierde sus reservas forestales.

Hace ya poco más de diez años, Leidy Pech y sus compañeras mayas ya lo alertaban. En el municipio de Hopelchén, en Campeche, al sur de México, la deforestación avanzaba sin control, grandes extensiones de la Selva Maya se transformaban en inmensos campos de cultivo. La agroindustria, decían, estaba cambiando el rostro de sus comunidades y del monte. Eso que ellas denunciaron hace una década, aún continúa.

Leidy Pech, sus compañeras mayas y alrededor de 16 000 familias de toda la Península de Yucatán, se dedican a la apicultura; actividad que depende de que la selva esté en pie y en buen estado de conservación.

La mayoría de los productores de miel tienen colmenas de la abeja más conocida, la Apis mellifera, pero Leidy Pech y sus compañeras se empeñaron en rescatar las prácticas ancestrales de producción de miel y en conservar a una abeja nativa, que no tiene aguijón y que realiza sus colmenas al interior de troncos huecos. A esa abeja la ciencia la llama Melipona beecheii, para los mayas es la Xunáan Kab, “la dama de la miel”.

Leidy Pech produce miel con abejas nativas que forman sus colmenas en troncos huecos. Foto: Robin A. Canul Suarez.

Hace poco más de diez años, Leidy Pech y las mujeres mayas de las comunidades del municipio de Hopelchén comenzaron a ver cómo se iban quedando sin pedazos de selva, cómo sus abejas morían por los plaguicidas, cómo al “tirar el monte” se perdían flores endémicas que son el alimento de las cerca de 200 abejas nativas que los científicos han identificado tan solo en la Península de Yucatán y cómo al abrir grandes campos de cultivo también se modificaban los sistemas hidrológicos de la región.

Fue por ello que, junto con otras iniciativas —la Organización Muuch Kambal y el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes—, no han cesado en denunciar el avance de la deforestación en la Península de Yucatán, sus consecuencias y la impunidad que ha permitido que se cambie el uso de suelo.

De acuerdo con datos de la plataforma Global Forest Watch, entre 2001 y 2019, tan solo el municipio de Hopelchén perdió 186 000 hectáreas de cobertura arbórea, lo que equivale a una disminución del 20% de lo que se tenía en el 2000.

El doctor Edward Allan Ellis, del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana y quien ha realizado varios estudios sobre deforestación en la Península de Yucatán, señala que en Hopelchén, la tasa de deforestación es cinco veces más alta que el promedio nacional.

Hopelchén, Campeche. Desmonte y quema de la selva en ‎abril‎ de ‎2016; el lugar es hoy parte del campo menonita Las Flores, donde se siembra soya. Foto: Franz López.

Vulnerables a tormentas y huracanes

En las primeras semanas de noviembre, los medios de comunicación mostraron las imágenes de las inundaciones y destrozos causados por el huracán Eta en lugares como Tabasco y Chiapas, al sureste de México; así como en Guatemala, Nicaragua y Honduras. Territorios donde la selva y los manglares también han perdido terreno.

Meses antes, a principios de junio, en el estado de Campeche llovió como hace años no se recordaba. Durante cinco días se registró la mitad de las lluvias que, en promedio, cae durante un año en la región, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua). No fue un huracán, sino dos tormentas tropicales con vientos de baja intensidad —Amanda y Cristóbal— las que causaron todo un cisma y mostraron la vulnerabilidad de un territorio que pierde su cubierta forestal.

Leidy Pech cuenta cómo la lluvia se estacionó durante cinco días: “El 4 de junio se inundó mi comunidad Ich Ek y casi todas las comunidades de Hopelchén. Vimos cómo el nivel del agua iba creciendo y no paraba. Desde los huracanes Opal y Roxana (que fueron de categoría 4 y se registraron en 1995) no habíamos tenido inundaciones de esta magnitud”.

En el municipio de Hopelchén, 93% de las colmenas sufrieron daños durante las inundaciones. Foto: Robin A. Canul Suarez.

De acuerdo con una evaluación de daños realizada por organizaciones civiles y colectivos de apicultores y campesinos agroecológicos, las tormentas causaron daños a más de 120 comunidades de la Península de Yucatán. En Campeche, donde la producción de miel es una de las principales actividades económicas, se afectaron 93% de las colmenas, 28% de ellas se perdieron. El territorio más golpeado fue el municipio de Hopelchén, donde 22 poblados registraron graves inundaciones y, por lo menos, 3500 familias resultaron afectadas.

Las carreteras se convirtieron en ríos; algo inusual en la Península de Yucatán, un territorio que, por su formación geológica, solo tiene corrientes de agua subterránea. Comunidades como San Juan Bautista Sahcabchén, a 19 kilómetros de la cabecera municipal, quedaron incomunicadas por más de ocho días. En la zona se miraban los cadáveres de animales; también los restos de los cajones de madera que habían funcionado como colmenas.

Durante las inundaciones se miraban los cadáveres de animales flotando en los lagos que se formaron en zonas deforestadas. Foto: Robin A. Canul Suarez.

Sahcabchén es una comunidad que está rodeada de tierras deforestadas para transformarlas en zonas de cultivo. A su alrededor, por ejemplo, está el campo menonita Santa Fe. La tormenta transformó ese lugar en una gran lago; así se mantuvo por más de tres meses.

Al igual que Sahcabchén, el poblado de Xcalot Akal está rodeado por terrenos deforestadas, tienen como su vecino al campo menonita Santa Rosa. “El agua vino del campo menonita. El agua empezó a subir y apenas y pudimos resguardarnos en los lugares más altos del pueblo”, recuerda Adriana Cauich, quien vive en Xcalot Akal.

Álvaro Mena es integrante de la organización indígena y campesina Ka Kuxtal Much’ Meyaj. Durante los días de la emergencia, él y otros pobladores de Hopelchén recorrieron la región y revisaron imágenes satelitales para documentar los daños. Fue así que identificaron que los lugares donde se deforestó, y que ahora son campos de monocultivos o áreas ganaderas, las inundaciones fueron más intensas. Entre estas áreas sobresalen los campos menonitas de Santa Fe, Nuevo Progreso y Nuevo Durango; así como el Valle de Paal Pool, en la comunidad de Chunchintok.

“Las grandes deforestaciones de la selva y las zonas costeras ha generado un gran impacto en todo el territorio de la Península de Yucatán: contaminación de suelos, de agua, pérdida de biodiversidad… Al no tener ecosistemas sanos, no tenemos las barreras naturales ante los impactos de tormentas y huracanes”, explica la doctora en geografía y maestra en ingeniería ambiental Yameli Aguilar Duarte, del Instituto Nacional de Investigaciones Forenses Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).

Campo menonita Santa Fe, Hopelchén, Campeche.Permaneció inundado por más de tres meses. En noviembre aún persistían encharcamientos significativos. Foto: Robin A. Canul Suarez.

Tumbar selva para la agroindustria

El municipio de Hopelchén —así como toda la Península de Yucatán— alberga parte de la Selva Maya, la cual se extiende desde el sureste de México hasta Belice y el norte de Guatemala y es considerada como el segundo macizo de selva tropical más grande en el continente.

Perder cobertura forestal de la Selva Maya no es algo menor: se reduce el territorio donde habitan especies consideradas en riesgo de extinción como el jaguar o el tapir; se afecta la diversidad de especies —por ejemplo, de polinizadores como las abejas—, se pierden reservas forestales que contribuyen a mitigar el cambio climático.

En Hopelchén, la pérdida de selva tiene una larga historia, pero se ha intensificado en la última década.

Durante casi diez años (1972-1983), México tuvo un Programa Nacional del Desmonte cuyo objetivo era tumbar selva para impulsar la agricultura. Fue también a través de un programa de gobierno —recuerdan los habitantes de Chunchintok— cuando se deforestó el Valle de Paal Pool.

Una de las primeras áreas deforestadas en Hopelchén para la agroindustria fue el Valle de Paal Poll. Foto: Cuauhtémoc Moreno.

Guillermo León, quien vive en Chunchintok, menciona que en la década de los setenta se hizo el cambio de uso de suelo de tierras ejidales —al menos 12 500 hectáreas— para sembrar arroz; “aunque daba la producción, los que la manejaban decían que no les alcanzaba para pagar el crédito”.

Indalecio Canul Uc, de la misma comunidad, comenta que el programa gubernamental que impulsó la transformación del Valle de Paal Pool duró tres años y solo se utilizaron 5000 hectáreas de las más de 12 500 deforestadas. Hoy esos terrenos son utilizados como áreas ganaderas y en cada temporada de lluvias se llenan de agua.

A partir de la década de los años ochenta, nuevas áreas comenzaron a ser deforestadas en la zona. Eso se dio a partir de la llegada de comunidades menonitas —dedicados a la agricultura a gran escala— provenientes de Durango y Chihuahua que se instalaron, sobre todo, en Campeche y, en especial, en los municipios de Hopelchén y Hecelchakán.

Zonas deforestadas en Sahcabchén, municipio de Hopelchén, Campeche, para instalar campos de cultivo. Foto: Everardo Chablé

En el estudio “Impulsores de deforestación y percepción de cambios de uso de suelo en paisajes ganaderos en tres municipios de Campeche, México”, la investigadora Hanna Rae Warren señala que “los menonitas pueden ser vistos como importantes agentes de deforestación; altamente efectivos en el cambio de uso del suelo a usos mecanizados”.

Para su estudio, Rae Warren entrevistó a investigadores forestales quienes destacaron que “la eliminación de la cobertura (forestal) con mecanización suele ser permanente, extensiva y se trabajan los suelos hasta el punto de su degradación”.

Los campos de cultivo menonitas se han extendido por el municipio de Hopelchén, en Campeche. Durante las tormentas de principios de junio, fueron los terrenos que más se inundaron. Foto: Robin A. Canul Suarez.

Hopelchén: un foco rojo de deforestación

El doctor Edward Allan Ellis ha dedicado varios de sus estudios científicos a estudiar las causas de la deforestación en la Península de Yucatán en los últimos 20 años. Su trabajo lo ha llevado a identificar dos “focos rojos” de deforestación en la Península: Hopelchén, en Campeche; y Bacalar, en Quintana Roo.

En el caso Hopelchén, el investigador documentó que entre 1986 y 2015 se registró una pérdida de 46 000 hectáreas de cobertura forestal; el 75 % ocurrió entre 2005 y 2015. “Después de 2005, se dispara”, señala el científico, quien menciona que esa nueva deforestación afecta, sobre todo, las zonas de transición entre la selva baja y la selva alta.

De acuerdo con datos de la plataforma Global Forest Watch, tan solo en 2017 se perdieron 23 000 hectáreas de cobertura forestal en el municipio de Hopelchén; en 2018 fueron poco más 8000 hectáreas y en 2019 alrededor de 9800 hectáreas.

Ellis no duda en señalar que esa deforestación “está relacionada con la expansión de la agricultura comercial mecanizada”. El investigador recuerda cuando fue testigo, a principios de la década del 2000, de cómo empezó la deforestación de alrededor de 5000 hectáreas de selva maya, para transformarlas en el campo menonita Nuevo Durango. “Fue impresionante. Cuando llegamos ahí, apenas habían hecho esa deforestación masiva, recién habían quemado… Hoy ya está todo eso deforestado”.

A Ellis no le sorprende que los lugares deforestados en Hopelchén sean ahora los más vulnerables a inundaciones. Además de que se tumbó la selva, apunta el investigador, se quitó la capacidad de filtración del suelo. Esto provocará —advierte— que estos lugares se sigan inundando cuando se presenten tormentas o huracanes.

En el mapa se muestra el avance de la deforestación en Hopelchén, Campeche, entre 2001-2018.

Modificación de los sistemas hidrológicos

Si algo caracteriza a la Península de Yucatán, explica la doctora Yameli Aguilar Duarte, es su sistema geológico de aguas subterráneas, así como sus diferentes tipos de suelos, los cuales son muy vulnerables a cualquier cambio.

En el caso de Hopelchén, la expansión de la agroindustria no solo ha provocado deforestación, también se han modificado los sistemas hidrológicos de la zona.

La ingeniera agrícola e investigadora Irma Gómez trabaja con la organización Muuch Kambal, de la cual forma parte Leidy Pech y las mujeres mayas que impulsan la agroecología y la apícultura; ellas han realizado un monitoreo sobre los cambios que está sufriendo el territorio forestal de Hopelchén.

En los campos de cultivos agroindustriales se han construido pozos de extracción y de absorción que han alterado los sistemas hidrológicos de la región. Foto: Robin A. Canul Suarez.

Irma Gómez explica que gracias a ese monitoreo se ha documentado cómo la transformación de la selva en extensas parcelas para la agricultura tecnificada, “ha modificado los flujos naturales del agua”.

La ingeniera agrícola explica que en las grandes extensiones de parcelas se nivelaron los terrenos, se construyeron drenes y se perforaron pozos de absorción para que, en la época de lluvia, no se formen encharcamientos que afecten los monocultivos de soya, sorgo o maíz híbrido; “son pozos directos que tienen como 100 metros de profundidad; son desagües por donde se manda el agua residual, cargada de plaguicidas, al manto freático”.

Esos pozos no sirvieron de nada durante los días de las tormentas; los extensos terrenos agrícolas y ganaderos se inundaron, se transformaron en lagos y así permanecieron, en algunos casos, hasta por un mes.

Los campos agrícolas y ganaderos instalados donde antes había selva, se transformaron en lagunas durante varias semanas. Foto: Robin A. Canul Suarez.

Cambios de suelo, sin permiso

Desde 2012, comunidades mayas de Hopelchén y otros municipios de Campeche y Yucatán se organizaron para denunciar la siembra de soya transgénica. Incluso, lograron que un juez revocara el permiso que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó para sembrar organismos genéticamente modificados en la región. Pese a ello, la soya transgénica sigue sembrándose en Hopelchén, de acuerdo con el monitoreo realizado por los colectivos mayas.

Las comunidades no han desistido en su lucha. Es por ello que el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) solicitaron a la Semarnat, a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, datos sobre las solicitudes y autorizaciones para cambio de uso de suelo en terrenos forestales en Hopelchén.

La Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Semarnat informó que, desde enero de 2009 hasta el primer semestre de 2020, solo existen dos permisos para cambio de uso de suelo en terrenos forestales, otorgados en 2016, para la instalación de líneas eléctricas de alta tensión para los tramos Hecelchakán-Hopelchén y Escárcega-Xpujil.

Deforestación y cambio de uso de suelo en Campeche. Foto: Everardo Chablé

Así que los cambios de uso de suelo de los terrenos en donde antes había selva y hoy solo hay campos agrícolas se realizaron sin respetar lo que marca la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. De acuerdo con el Código Penal Federal se debe establecer una pena de seis a nueve años de prisión, así como el pago de una multa, a quien “desmonte o destruya la vegetación natural o cambie el uso del suelo forestal”.

Las organizaciones Muuch Kambal y el colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes han denunciado, ante varias dependencias, la deforestación provocada por la expansión de la agricultura industrial en Hopelchén. Hasta ahora lo único que han visto es “una total impunidad”, resalta Irma Gómez.

Mongabay Latam solicitó entrevista con las autoridades de la Semarnat y con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero no se tuvo respuesta.

Guillermo León, de la comunidad de Chunchintok, ha sido testigo del avance de la deforestación y sus consecuencias en Hopelchén. Foto: Robin A. Canul Suarez.

En junio pasado, la Alianza Maya por las Abejas Kaabnaloón —integrada por apicultores de la Península de Yucatán— envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde señalan: “Por miles de años, las y los mayas hemos tenido diferentes prácticas ecológicamente correctas, prácticas que ahora se encuentran amenazadas por los modelos del ‘progreso’ económico y social promovidos por los gobiernos y las empresas que le sirven al capital para asegurar su acceso a nuestros bienes naturales y a la mano de obra barata”. Ante ese escenario solicitan replantear esos esquemas, para garantizar la conservación del patrimonio natural y cultural.

Leidy Pech señala que las tormentas que inundaron sus comunidades les recordaron, una vez más, las consecuencias de tumbar el monte. “Esto que nos pasó tiene un origen: la deforestación. Toda esa forma en que han cambiado el uso de suelo, la forma en que han modificado el territorio nos ha dejado en una situación de riesgo. Estos eventos naturales van a continuar, no los podemos evitar. Pero sí podemos reflexionar sobre lo que ha pasado en nuestro territorio”.

Así como Leidy Pech y sus compañeras mayas se han aferrado a conservar las técnicas ancestrales de producción de miel, también están empeñadas en defender esa selva maya que aún resiste, un ecosistema que es vital para la existencia de las comunidades indígenas que viven de la apicultura, pero también para especies como el jaguar o las abejas.

* Imagen principal: La deforestación del Valle de Paal Pool, en Hopelchén, se realizó en la década de los setenta como consecuencia de programas gubernamentales para la siembra de arroz; el ecosistema nunca se recuperó. Foto: Cuauhtémoc Moreno.

https://es.mongabay.com/2020/11/mexico-esto-sucede-cuando-se-tumba-selva-en-el-territorio-maya/

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Por Rafael E. Lozano

• Frente a la crisis sanitaria y económica, el tianguis naciente propone trueque y autogestión. Después de la agresión policiaca se declara en resistencia.
• La Regidora de Derechos Humanos y de Igualdad de Género, Mirna López Torres, opinó: “Si castigamos a policías e inspectores, abrimos una puerta para que la autoridad se vea impedida para aplicar la normatividad”.

El pasado sábado 7 de noviembre de 2020 se instaló -por cuarta ocasión consecutiva en un mes- el Tianguis Autogestivo y Disidente en las inmediaciones de la Casa de la Cultura, ubicado en la zona centro de la ciudad de Oaxaca. Ese mismo día, alrededor de las 12:30 h, llegaron inspectores municipales acompañados por elementos de la policía municipal y estatal a desalojar con gritos, golpes y gas pimienta a las personas (en su mayoría jóvenes y mujeres) que se encontraban intercambiando a través del trueque sus productos y enseres personales y artesanales. Así lo denunciaron quienes participaron en el Tianguis a través de un pronunciamiento contra la criminalización de la autogestión y el trueque.

Brutalidad policíaca

En el comunicado señalan que, “dirigidos por el inspector municipal Joaquín González Santiago, Jefe de Departamento de Control de la Actividad en Vía Pública y encargado del operativo, quien en compañía de otros inspectores de comercio ambulante: Jonathan Díaz Barrita, José Ramón Rodríguez Martínez, Juan Eduardo Vásquez Cruz, Raúl Ramiro Reyes Ramos, comenzaron a quitar de manera arbitraria los puestos instalados y a desalojarnos de manera violenta a quienes nos encontrábamos truequeando, al mismo tiempo que gritaban insultos machistas y homofóbicos, nos golpeaban con cascos y bastones, rociaban gas a nula distancia de los ojos y nos derribaban para patearnos entre varios elementos. Todo esto, ordenado por Víctor César Vásquez Bocanegra, encargado de la Subdirección de Regulación de la Actividad en Vía Pública”.

En entrevista para Avispa Midia, participantes del Tianguis, cuyo nombre pidieron se omitiera por temor a más represalias, relataron las agresiones que sufrieron el sábado pasado: “Llegaron inspectores dentro de las patrullas de los policías municipales estatales y un grupo de élite del Estado llamado ‘Grupo Urbano de Fuerzas Especiales’, y se mofaban. Nosotrxs estábamos intentando dialogar, decirles que no estábamos cometiendo ningún acto delictivo ni estábamos haciendo nada en contra de la sociedad civil. (…) En ningún momento la autoridad que estaba ahí, contó cuál era el delito que se perseguía. Nunca se nos dijo el delito que estábamos cometiendo y por el cuál se justificaba un despliegue policiaco de más de 30 elementos en nuestra contra. Entraron a agredirnos; se nos fueron directamente a las compañeras a golpes. También habían mamás, niñas, niños. Agredieron principalmente a tres compañeras mujeres y un compañero trans, que pertenecemos a esto que llamamos disidencia sexual y de género. Las golpearon brutalmente. Hay varias mujeres que tienen heridas internas”.

Después, exponen: “A una de esas compañeras la golpearon con un bastón retráctil. Le lanzaron gas pimienta a al menos una decena de las personas que estábamos ahí. A otro de los compañeros trans, que estaba videograbando la represión, le estrellaron el teléfono contra el piso. Primero le aplicaron gas pimienta en los ojos, después uno de ellos le grito: “¡puto deja de grabar!” y le estrelló el teléfono contra el piso, y se le fue encima. Él y otros tres policías más lo patearon en el piso (…) comentan unas compañeras que están orinando sangre, les cuesta caminar, les cuesta sentarse; quedaron con muchas heridas internas. Ya están haciéndose estudios, pero no contamos siquiera con un seguro médico. (…) Fue una barbaridad, se llevaron productos, los destrozaron frente a lxs compañerxs”.

Frente a las crisis, Tianguis Autogestivo y Disidente:

A casi 8 meses de haberse declarado la emergencia sanitaria en México por Covid-19, las medidas de distanciamiento social, el cierre de locales, mercados y negocios, el despido masivo de trabajadoras y trabajadores y la incertidumbre sanitaria y económica ha precarizado aún más a los sectores de la población que de por sí ya vivía en situaciones de vulnerabilidad. Así lo expresan algunas de las personas que participan en el tianguis con quienes Avispa Midia conversó. Ante las múltiples crisis, nace la iniciativa del Tianguis Autogestivo y Disidente. En su propia voz: “El tianguis surgió como una respuesta ante la necesidad. La mayoría de personas que hemos estado yendo a los tianguis no contamos con un trabajo estable, con un sueldo fijo, con alguna prestación por parte del Estado o alguna otra institución empresarial. Entonces surgió la idea de poder juntarnos y apropiarnos del espacio público ante el cierre que el mismo Estado ha desplegado”.

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Detrás de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, en una explanada en la que yace el busto de Ricardo Flores Magón, se auto-convoca una vez a la semana a todas aquellas personas que quieran traer productos y enseres esenciales para la vida y el cuidado cotidiano: ropa, alimentos, plantas, libros y utensilios, elaborados o usados, para ser intercambiados y ofertados en un intento por encontrar alternativas económicas y “poder establecer desde la economía solidaria un intercambio equitativo para las partes que vienen; tomando en cuenta la propia fuerza de trabajo que dichas personas invierten en los productos que elaboran, para poder llegar a un intercambio justo. (…) La mayoría de lo que se intercambia ahí es hecho por nuestras propias manos, y lo que principalmente se hace en este tianguis es el trueque”, añadieron.

Es autogestivo no sólo porque la mayoría de las cosas son elaboradas por propia mano, sino porque la organización misma del tianguis no tiene liderazgo individual, sino una organización política colectiva que trabaja para establecer sus objetivos y sostenerse: “Hay que dejar en claro que estamos intentado construir un espacio autónomo que parte de la autogestión. Autogestionarnos implica la organización colectiva fuera de las dinámica de poder vertical que tienen algunas organizaciones de tianguistas o vendedores. Intentamos construir un espacio seguro para mujeres y para compañerxs que integramos la comunidad de la desobediencia sexual”, puntualizaron.

Es disidente porque cobija y acuerpa a la comunidad feminista y a la comunidad de la desobediencia sexual y de género, al tiempo que converge con habitantes de comunidades y pueblos originarios e indígenas que se encuentran cerca de la ciudad y que han visto todas las puertas y las calles cerradas para vender sus productos. Más aún, comentan que son señalados por no cumplir con todas las medidas sanitarias establecidas oficialmente para la nueva normalidad, “pero los cuidados colectivos e individuales también son una estrategia de la autogestión y la autonomía para sobrevivir la pandemia. Aquí venimos a truequear y a extender nuestros pequeños productos y artículos destinados a la alimentación y al cuidado personal”.

Discrepancias en la posición oficial del Municipio de Oaxaca

En un boletín de prensa fechado el 11 de noviembre de 2020, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez informó sobre los “pormenores de la actuación de servidoras y servidores públicos municipales con relación al retiro de un tianguis”, en el que señalan que el operativo comenzó por una denuncia vecinal “en la que se reportó la instalación de vendedoras y vendedores en el parque ubicado en las calles de Santos Degollado y Rayón”, y que “no se trató de un operativo de desalojo sino de presencia para resguardar el orden”.

Dicho boletín describe que los funcionaros municipales arribaron y “en todo momento intentaron entablar un diálogo respetuoso con las personas ahí reunidas”. Aseguran que “personas del sexo masculino que presuntamente estaban bajo los efectos del alcohol agredieron a los inspectores municipales” quienes habían exhortado en dos ocasiones y realizado “una amonestación de manera verbal, reiterándoles que en caso de no acatar la solicitud, se procedería en apego al artículo 45, fracción II del Reglamento para el Control de Actividades Comerciales y Servicios en Vía Pública del Municipio de Oaxaca de Juárez”. Por lo que se inició “el aseguramiento de mercancías y utensilios”. Sin embargo, no especifican que la fracción II del artículo mencionado contempla como sanción “una multa de 5 a 100 días de salario mínimo general vigente”, y no el aseguramiento del puesto comercial.

En ese sentido, durante la Sesión Ordinaria de Cabildo del municipio de Oaxaca de Juárez en la que se discutió el caso, y que fue celebrada el mismo 11 de noviembre; Luis Arturo Ávalos Díaz Covarrubias, regidor de Bienes, Panteones y Servicios Municipales y de Mercados y Comercio en Vía Pública, manifestó que le pareció excesiva la actuación de las fuerzas policiales, y expuso que por algo hay un procedimiento explícito en el artículo 48 del mismo reglamento para realizar aseguramientos de implementos y mercancías en vía pública que establece los pasos de advertencia, amonestación y multas que se tuvieron que haber impuesto antes de proceder a un aseguramiento.

Asimismo, el regidor reconoce que, “se ha divulgado en las redes sociales que sin mediar amonestación o multa, los colaboradores, de la subdirección arrebatan la mercancía a los vendedores sin seguir los procedimientos establecidos (…) mucho menos levantando el acta circunstanciada que cumpla con las formalidades establecidas, y en ocasiones utilizando la violencia física en contra de estas personas”.

Igualmente, la Síndico Primera, Indira Zurita Lara, exhortó al resto del cabildo a crear un espacio para que esta situación no vuelva a ocurrir, y se pueda permitir la actividad de trueque, “al final estos jóvenes y estas mujeres se están dedicando a algo que no es un crimen, es preferible que los jóvenes y las mujeres estén realizando este tipo de actividades, a que se estén organizando para crear mafias delincuenciales aquí en la ciudad”. Asimismo, comunicó que expidió un oficio a la contraloría del municipio para que inicie una investigación para saber si hubo abuso de autoridad.

En cuanto a la Regidora de Derechos Humanos y de Igualdad de Género, Mirna López Torres, opinó que: “Si castigamos a policías e inspectores, abrimos una puerta para que la autoridad se vea impedida para aplicar la normatividad. Si no atendemos las denuncias podemos vernos como violadores de derechos humanos”; y esto lo vuelve, aseguró, “un caso difícil, complejo, porque ninguna resolución sería plenamente satisfactoria”. Finalmente, remató su participación, “yo comparto lo bueno de su causa, pero para abrir una plaza para ellas implica abrir una caja de pandora con interese de otro tipo”.

Por su parte, el presidente municipal Oswaldo García Jarquín dijo que “condenar la violencia siempre tiene que ser de ambos lados” e hizo alusión a los balazos que la policía en Cancún disparó para dispersar una manifestación feminista el 10 de noviembre: “No logro entender qué habrá pasado para que los policías hayan salido disparando, no lo pudo concebir; pero seguramente algo pasó”. Con respecto a la petición de investigar y remover de sus cargos a quienes hayan cometido abuso policiaco contra las mujeres del tianguis autogestivo, el Presidente Municipal –quien citó a Mirna López- opinó, “no abramos puertas que afectan a la administración municipal por impulsos políticos”, e insistió, “no estoy de acuerdo con ningún tipo de violencia, bajo ninguna circunstancia, no de hoy, sino desde toda mi vida, y sobre todo en mi ejercicio profesional; y mucho menos a las mujeres. En ese sentido, ratifico ese compromiso. Pero también apeguémonos a la ley y no mandemos un mensaje equivocado de que aquí en Oaxaca la gente puede hacer lo que se le plazca, eso yo creo que también no genera la inversión que tanto necesitamos en nuestra ciudad capital”.

Cabe recordar que el Presidente Municipal Oswaldo García Jarquín -y su esposa Martha Patricia Benfield López- serán sometidos a juicio por actos de violencia política en razón de género ejercidos en contra de Jaquelina Escamilla Villanueva en mayo de 2020. Con ello, el Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez corre el riesgo de aparecer en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres, y de perder “el modo honesto de vivir”, el cuál es un requisito legal para competir por un cargo de elección popular en el futuro.

El tianguis resiste

En su pronunciamiento, el Tianguis Autogestivo y Disidente anunció su intención de retomar el mismo espacio público a un costado de Flores Magón el próximo sábado 14 de noviembre a las 10 h, para realizar un evento político y cultural contra la represión policiaca, en el que se compartirán testimonios, circulará un boteo para apoyar los gastos económicos de las personas golpeadas, y se retomará el trueque. Convocan “a compañeras feministas, personas sexodisidentes, quienes se autogestionan y hayan sido reprimidxs por el Estado, a que hagamos presencia”.

“Estamos acuerpando cualquier acción que las compañeras agredidas quieran organizar”, comentan a Avispa Midia al final de entrevista, “una de ellas va a ir a presentar una queja a la Defensoría de los Derechos Humanos, y también se va a presentar una queja en el Órgano de Control Interno para solicitar que se despidan a estas personas. Sin embargo, no confiamos ni en el sistema jurídico injusto ni en la justicia que se pueda acceder a través de él. (…) La consigna sigue siendo que ninguna agresión va a quedar sin respuesta, y que si tocan a una, responderemos todas”.

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PorSare Frabes

El 8 de noviembre de 2020, personas desconocidas provocaron un incendio en los alrededores del domicilio de Teresa Roldán. Este hecho sucedió apenas dos días después de que sujetos no identificados dejaron una nota con un mensaje amenazante en el domicilio de Roldán en el estado de Querétaro.

Teresa Roldán es defensora de los derechos humanos y ambientales en Querétaro. Desde el año de 2016, Roldán se ha involucrado en luchas contra la deforestación y proyectos de gran infraestructura en áreas ecológicas como Peña Colorada, El Batán, el Ejido el Zapote (Tierra Noble), El Salitre, El Tangano, Punto Olivo, El Cimatario y áreas del Parque Metropolitano en Corregidora, por lo cual la defensora atribuye la amenaza en su contra por dicha labor.

El 6 de noviembre de 2020, personas desconocidas dejaron una nota con una amenaza de muerte para la defensora. En el mensaje, quienes la amenazan se identifican como “la gente de Jalisco” y exigen a la defensora abandonar Querétaro o de lo contrario tomarán represalias en contra suya y de su familia.

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Dos días después, se suscitó un incendio en los alrededores del domicilio de la defensora mientras ella salió al mercado y sus hijos dormían en casa. Roldán documento públicamente los hechos en un video que compartió en sus redes sociales y el 9 de noviembre denunció formalmente la amenaza en su contra y de su familia ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

De acuerdo a la organización Front Line Defenders, quienes han dado seguimiento al caso, “estos incidentes son parte de una amplia estrategia de intimidación contra las personas defensoras de derechos ambientales, que busca desalentar su legítimo trabajo en México”.

Violencia contra periodistas no cesa

La persistencia en la violencia, amenazas y persecución contra defensores y periodistas en México expone de nuevo al país como uno de los más peligrosos del mundo para personas que se dedican a exponer la corrupción y las actividades del crimen organizado, exigir justicia por los abusos de los derechos humanos y defender los derechos ambientales, territoriales y sociales.

En contexto ⇒ México: Más de 30 defensores de Derechos Humanos y activistas asesinados en 2019

Apenas el pasado 9 de noviembre fue asesinado el periodista Israel Vázquez Rangel mientras realizaba una cobertura informativa en el municipio de Salamanca, en el vecino estado de Guanajuato. Vázquez Rangel tenía 31 años y se desempeñaba como reportero del periódico digital El Salmantino.

“Resulta alarmante que, a pocos días de haber conmemorado el Día Internacional para Poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas (2 de noviembre), ya hayan sido asesinados al menos dos periodistas en México. Es urgente redoblar esfuerzos para prevenir, investigar y sancionar estos ataques, con el fin de poner fin a esta grave y violenta tendencia”, expresó la oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

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Consulta el Informe de la Caravana de Solidaridad y Documentación con las comunidades autónomas zapatistas de Nuevo San Gregorio y Región Moises Gandhi. aqui: https://redajmaq.espora.org/informecaravana2020

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2a parte del 2do Emplazamiento de la comunidad Otomi a las autoridades del INPI y el gobierno de la Ciudad de México

VIDEO DEL ENCUENTRO 10 noviembre 2020

https://web.facebook.com/coordinacionmetropolitana/videos/358664442023703/

VIDEO COMPLETO DEL ENCUENTRO 10 NOVIEMBRE 2020

https://www.facebook.com/regeneracionradio/videos/652677562077409/

Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG
2a parte del 2do Emplazamiento de la comunidad Otomi a las autoridades del INPI y el gobierno de la Ciudad de México

Comunidad otomí: “No hay excusa para no atendernos”, afirman.
#Diálogo desde el #INPI
Comunidad Indígena Otomí emplazó a Claudia Sheinbaum y Adelfo Regino.

VIDEO DEL ENCUENTRO 3 noviembre 2020

https://fb.watch/1xeX51mwvb/

Regeneración Radio
Diálogo desde el INPI Comunidad Indígena Otomí emplazó a Claudia Sheinbaum y Adelfo Regino. “No hay excusa para no atendernos”, afirman.

Denunciation from the Zapatista Good Government Council “New Dawn in Resistance and Rebellion for Life and Humanity”, Caracol “New Homeland”, Zapatista territory, Chiapas

November 10, 2020

To the human rights organizations:
To the Sixth in Mexico and abroad:
To the Networks of Resistance and Rebellion:

We denounce the kidnapping and torture of our compañero who is a Zapatista base of support from the community of San Isidro, near Moisés Gandhi, on November 8, 2020, by the ORCAO paramilitary organization.

ORCAO members have been carrying out actions to damage our homes for over a year now. Many human rights organizations, including the Fray Bartolomé de las Casas Human Rights Center, CORECO[i], SERAPAZ[ii] and others, have been witness to the harms perpetrated by these paramilitaries. The bad government knows that ORCAO members have been firing on our Moisés Gandhi community day and night, but does nothing to stop them and actually aids and protects its thugs.

All three levels of bad government are fully aware of these attacks, including bad government lackeys like Josefina Bravo[iii] and Ramón Martínez who twist the truth saying that we Zapatistas are provoking the poor little ORCAO paramilitaries. They claim to investigate but they are complicit. This government is the same as previous administrations—there’s a lot of talk about change but the attacks are the same. We hear the same falsehoods as before from these lying bureaucrats who sit in their offices all day getting paid handsomely for doing nothing.

What happened on November 8, 2020, is just the most recent example of this criminal alliance between the ORCAO paramilitaries and López Obrador’s federal government, Rutilio Escandón’s state government, and the municipal governments of Ocosingo and Altamirano. This took place just a few yards away from where the ORCAO burned and looted our cooperative store in Cuxuljá, in response to which the bad government has done nothing to this day.

On November 8, 2020, at around 3:30PM, twenty ORCAO paramilitaries kidnapped and beat our compañero Felix López Hernández who is a Zapatista base of support. The ORCAO members took him to an unknown destination and are holding him, tied up and locked up, without access to food or water.

We denounced this kidnapping the same day it occurred but instead of resolving it, the bad government justified the ORCAO paramilitary action, claiming that we Zapatistas went to provoke the ORCAO in their fields. This is totally false. Our compañero was kidnapped on his way home to his family from the Ocosingo town hall.

The following individuals have been identified as part of the group of ORCAO kidnappers: Andrés Santis López, Nicolás Santis López, Santiago Sánchez López and Oscar Santis López, all from the community of San Antonio.

Instead of remedying the situation and releasing the person they kidnapped, the ORCAO members are demanding an end to the floods that are currently overflowing the drainage system. They are demanding that the electricity be re-installed, even though they themselves cut the electric cables to harass the community of Moisés Gandhi, harming other communities in the process.

Our compañero Felix has not hurt anyone, he doesn’t owe anyone anything, and he does not go around stealing and shooting up people and towns. Do they think our compañero is God and can thereby issue a command to make it stop raining? Or put some sense into the dimwitted ORCAO members who cut the electric cables, thereby harming other communities that are neither Zapatista nor ORCAO-affiliated? And now the ORCAO members play the victim to cover up their crime.

We have information that the ORCAO members from the San Antonio community received money for infrastructure project offered by the bad government to build an elementary school, but those three hundred thousand pesos were instead used to buy high-caliber weapons. Is this the what the government of the 4T[iv] stands for, claiming to be building schools while in reality financing weapons for paramilitary groups? Is that its counterinsurgency plan?

Lastly, we want to tell Mr. López, Mr. Escandón and their government employees that we hold them responsible for whatever happens to the Zapatista men, women, children and elders in the community of Moisés Gandhi. We hold them responsible for the community’s pain, blood, and suffering and we will hold them accountable for whatever may happen next.

We demand that our compañero Felix be freed immediately, and the ORCAO kidnappers be arrested and charged. The ORCAO must also replace what it stole and destroyed in our cooperative store, and understand that sooner or later, whomever plays with fire will get burned. The bad governments must stop their counterinsurgency efforts and remember that everything comes to an end eventually, no matter how loud-mouthed and bossy they may be. If they don’t believe us, they can go ask Trump.

For the “New Dawn in Resistance and Rebellion for Life and Humanity” Good Government Council.

“Flowering of the Rebel Seed, New Homeland” Caracol, Chiapas, Mexico.

November 10, 2020

[i] Comisión de apoyo a la unidad y Reconciliación Comunitaria, or Support Commission for Community Unity and Reconciliation, a non-governmental organization in Chiapas, Mexico.

[ii] Servicios y Asesoria para la Paz, or Services and Guidance for Peace, a non-governmental organization in Mexico.

[iii] Josefina Bravo Rangel is the head of the Commission for Dialogue with the Indigenous Peoples of Mexico.

[iv] The López Obrador campaign deemed its governing project the “Fourth Transformation” (4T), supposedly on par with historic events such as Mexican Independence (1810), a period of reform in the mid-19th century, and the Mexican Revolution (1910).

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texto por Aî Daki y Susana / video de Susana

El 3 de noviembre del 2020 se realizó la toma simbólica de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

Como narra el comunicado difundido a la par de la acción “mujeres y disidencias nos encontramos haciendo esta toma simbólica de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, como una forma de apoyo a las madres de víctimas de violencia sexual y feminicidios, a colectivos feministas de diferentes corrientes ético-políticas y mujeres Otomí, quienes el 4 de septiembre tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México”.

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Al calor de un aquelarre y desde la consigna “Las calles y las noches son nuestras”, mujeres y disidencias marcharon por las calles marcando en el asfalto las huellas de las mujeres asesinadas y desaparecidas. También se hizo presente el fuego de las que ya no están y se escucharon las voces de tierna rabia de Mare Advertencia Lírica, Doma Press y Yadhii Boz.

Se escuchó el grito colectivo que denuncia cotidianamente la violencia patriarcal y heterosexista que ha causado más de 463 feminicidios en lo que va del año en Oaxaca.

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El grito de “Juntas somos fuego”… retumbó en apoyo a las compañeras de la Casa Refugio “Ni una menos”, a las compañeras Otomíes que mantienen tomadas las instalaciones del INPI y a todas aquellas que desde las periferias resisten diariamente.

Consulta el comunicado completo aquí

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Comunidades Zoques, Zapotecas e Ikoots hacen un recorrido de vigilancia en territorio concesionado por el gobierno federal a la minera Minaurum Gold.

Pobladores, comuneros y autoridades municipales de San Miguel Chimalapa y sus alrededores se reunieron el pasado 30 de octubre en un lote concesionado por el gobierno federal a una de las filiales en México de la empresa canadiense Minaurum Gold Inc., denominado “La Jackita”.

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La movilización tuvo la finalidad de “verificar que dicha empresa no continúe realizando trabajos de exploración de manera ilegal”, así lo expresaron en un comunicado firmado, entre otros, por las autoridades de Bienes Comunales y del Consejo de Vigilancia de San Miguel Chimalapas, así como miembros de la Asamblea General del Pueblo de San Dionisio del Mar, y la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo.

Con el título de concesión número 225472, el lote denominado “Jackita” abarca 1,499.88 hectáreas de superficie entre los municipios de San Miguel Chimalapa y Santo Domingo Zanatepec. Dicho polígono es parte de un proyecto más grande llamado “Santa Martha”, de 6,410 hectáreas de superficie en el que la empresa de origen canadiense Minaurum Gold Inc., tiene la intensión de extraer oro y cobre.

Para ello, el 23 de julio de 2020 ha presentado a la Secretaría de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) una Manifestación de Impacto Ambiental (20OA2020MD038) para la “exploración minera directa con un alcance en la perforación de 20 unidades de barrenación”. Así consta en el punto 31 de La Gaceta Ecológica, publicada el 13 de agosto del presente año.

Ante ello, las comunidades Zoques de San Miguel Chimalapa denuncian que “la empresa minera ha realizado incursiones en nuestro territorio de manera ilegal puesto que la asamblea comunal no ha autorizado ningún permiso de exploración ni explotación”. Y exigen que la SEMARNAT no otorgue el permiso de exploración pues la empresa no cuenta con la autorización de las comunidades, quienes revindican su derecho al territorio y a la Autonomía.

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Asimismo, denuncian el ocultamiento de información por parte de SEMARNAT, pues la delegación ubicada en la ciudad de Oaxaca les ha negado acceder a la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por Minaurum Gold S.A. de C.V., y exhiben las falsedades expuestas por parte del Director General de Minas de la Secretaría de Economía, Eduardo Enrique Flores Magón y López, y la Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, quienes el 28 de septiembre de 2020, en conferencia oficial de prensa aseguraron que en los Chimalapas no existen concesiones mineras ni Manifestaciones de Impacto Ambiental.

“Lo real es que dicho documento si existe (…) y se encuentra en la SEMARNAT, que de ser aprobada, le garantizaría a la empresa el permiso ambiental para avanzar sobre nuestras tierras”, destacaron en el comunicado.

Por último, en el comunicado reconocen que la actividad minera es una amenaza para los ríos, la tierra y el aire de las comunidades. En específico “el proyecto minero “Santa Martha” que atenta a la cuenca del Ostuta, Espíritu Santo, y las lagunas superior e inferior del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca”. Asimismo, retoman como ejemplo las afectaciones provocadas por otros proyectos mineros en el estado, particularmente en San José del Progreso y en San José de Gracia.