San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

04 de noviembre de 2020

Boletín No. 18

Defensores comunitarios de Chilón seguirán su proceso penal en libertad.

Sandra Suaste & Luis Suaste

Las sillas lucieron vacías hasta las 10:21 de la mañana. La Comunidad Indígena Otomí, que una semana antes, emplazó a varios funcionarios para entablar un diálogo a las afueras del edificio tomado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), instaló una mesa desde donde demandaron todas aquellas garantías que se les negaron durante décadas: respeto, vivienda, salud, educación, empleo; una vida digna.

A la reunión acudieron Alfonso José Suárez, secretario de gobierno de la Ciudad de México; Adelfo Regino, titular del INPI; Juan Gutiérrez Márquez, director general de Concertación Política, Prevención, Atención Social y Gestión Ciudadana; Josefina Bravo Rangel, de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México y Rodrigo Chávez Contreras, director ejecutivo de Operación del Instituto de Vivienda.

Ella es la primera en tomar la palabra, les reclama a las autoridades: «han sido ciegas, no nos han escuchado, no nos han mirado». Es Isabel Valencia, mujer residente en un predio de la colonia Roma, Zacatecas 74. «Hoy estamos aquí para decirles que no venimos a pedirles. Para exigirles que nos escuchen, que cumplan con sus trabajos, es lo que les corresponde».

Exigimos «esa vivienda digna, según las constituciones, según las leyes que ustedes a diario manejan», dice Valencia desde su mesa. Alrededor de ella hay mujeres con sus hijos en rebozos, niños, niñas, jóvenes y abuelas que escuchan con atención, en momentos asienten. Algunos bebés lloran.

Un llamativo tapete decorativo que estaba en la sala de juntas personal de Adelfo Regino-ahora afuera del INPI- fue colocado para la reunión. Sobre el tejido descansa una leyenda «La Comunidad Otomí no somos pieza decorativa». Las miradas irradian indignación. Siguen los reclamos: «mandaron a la muñeca Lele a recorrer el mundo y a nosotros nos han ignorado, a nosotros no nos ven, pero si presumen nuestras artesanías».

Los funcionarios escuchan, toman nota. Adelfo Regino baja la mirada. Josefina Bravo y Juan Gutiérrez Márquez revisan su dispositivo móvil de vez en cuando. Pero las mujeres otomíes con frecuencia les insisten en que las miren.

Maricela Mejía es concejala de el Concejo Indígena de Gobierno, (CNI-EZLN). Dirige sus palabras: «usted, Adelfo Regino, viene de un pueblo ¿No conoce qué quiere la madre tierra? ¡Paz!» La voz de Maricela no cesa, las pausas son pocas. Hay enojo. Los reclamos históricos se acumularon. Pero muchos son para esta administración:

«Ya basta, porque estamos hartos de engaño, de que usted venga y se presente y diga “hermano”, ¿hermano? ¡Por favor!», dice Mejía con enojo y tono de ironía. Continúa: «No se le roba al hermano. No se le despoja al hermano. No se le saquea. Se le olvidó de dónde vino, se le olvidaron los acuerdos que tenía con los hermanos zapatistas. No queremos ese tipo de hermanos».

Filiberto Margarito, concejal del CIG, cuenta una historia, aunque los gobiernos «perfectamente la conocen». Es un relato de los otomíes en la Ciudad de México, desde que tuvieron que partir de Santiago Mexquititlán, desde hace más de 25 años, con la esperanza de que sus hijos tuvieran una buena educación, en busca de un sustento para las familias.

Pero la metrópoli fue cruel: «llegamos a la ciudad, nos ven con otra cara, no como comunidades indígenas, nos ven [como] personas raras o delincuentes». En 1997 se organizaron y tomaron Zacatecas 74, un sitio abandonado después del sismo que sacudió al Distrito Federal de 1985.

«Nosotros dormíamos en las centrales, nos dormíamos en las calles y en los hospitales donde teníamos que resguardarnos en la noche y en el día salir a trabajar». Filiberto hace referencia a su experiencia personal, pero también recuerda que hay algunos de sus compañeros que llegaron hace más de 50 años a la capital.

Margarita Margarito vive en un campamento afuera del edificio ubicado en Roma 18, colonia Juárez. En contra esquina está el museo de Chocolate y a unos cuantos metros más, se ubica el Museo de Cera. Ella denuncia la discriminación que vive en esta zona de la ciudad. La policía no la deja vender. En 2018 el “extinto cuerpo de granaderos” los desalojó y golpeó, pues el inmueble le interesa a una empresa inmobiliaria denominada Eduardo S.A. de C.V. Señala que están coludidos con el gobierno de la Ciudad de México.

Margarita empuña su mano cuando habla, para remarcar cada palabra, «trabajen con su sudor, no del sudor de los compañeros y compañeras que venimos aquí», dice mientras se toca la frente.

Siguen los reclamos. Los funcionarios continúan escuchando, no por buena voluntad, sino por el edificio tomado, por el que han mostrado preocupaciones materiales. Pero la comunidad ha vivido despojo, discriminación, abuso policial y no dejan la oportunidad de recordarlo. Es la primera vez que los escuchan y toman nota.

Es el turno de hablar de los funcionarios, comienza Adelfo Regino, habla en ayuuk. Menciona que hay disposición para atenderlos y acceden a reunirse en una semana.

Las exigencias son varias y deberán trabajarse en las mesas siguientes. En una semana se volverán a sentar para encausarlas: Una plaza de trabajo para vender artesanías, el decreto de expropiación de los predios de vivienda, la cancelación de los megaproyectos en Santiago Mexquititlán. Incorporación de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, a las mesas de trabajo, cuando su estado de salud lo permita.

Los otomíes afirman que pueden esperar, porque los pueblos indígenas llevan 528 años resistiendo en el olvido y décadas sin una vivienda, ni salud, ni trabajo. Termina la mesa, el espacio queda semivacío y algunas se abrazan, con sus compañeras, amigas y familiares. Esperarán. Mientras recuerdan a los capitalinos: “Nunca más una ciudad sin nosotras, ni nosotros”.

A pesar de la crisis sanitaria, el mes de octubre fue un mes de intensas movilizaciones en Colombia, en particular con la Minga social y comunitaria, por la defensa de la vida, el territorio, la democracia y la paz que se llevó a cabo a partir del 10 de octubre.

Miles de indígenas de diferentes pueblos, así como sectores campesinos, comunidades afros y otros sectores sociales de los departamentos de Nariño, Cauca, Huila, Valle y Caldas y Putumayo principalmente, recorrieron el país: empezaron en Monterilla, Zona Sat Tama Kiwe Cauca, para luego alcanzar la ciudad de Cali antes de dirigirse a la capital Bogotá, pasando por las ciudades de Armenia, Ibagué, Fusagasugá y Soacha.

Según lo cuenta la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), esta minga salió en medio de la pandemia para buscar “un debate político claro y hablar de diversas situaciones que desarmonizan la vida en los territorios, como la militarización, presencia de multinacionales, incremento de violencia en los territorios y despojo, esto ligado a un modelo de muerte que pretende dejar en el olvido a los pueblos”.

“Estamos pasando por cosas muy graves, se está matando a la gente. Ya estamos cansados. Ahora dicen que la epidemia nos mata, que el Covid 19, pero el Covid 19 es el Estado y su gente armada que está matando la gente, la Covid-19 donde estamos nosotros no ha matado”, lamenta la mayora del pueblo Nasa Blanca Andrade, en un audio difundido por la ACIN.

A este escenario le anteceden los registros de la ONG británica Global Witness quien registró que tan solo en 2019, Colombia y México encabezan la lista de los países con más altos índices de asesinatos contra defensores ambientales, en su mayoría, integrantes de pueblos originarios. Según el informe de 2019 de esta organización, de los 212 defensores de la tierra y el medioambiente que fueron asesinados, 64 eran colombianos. Una de cada 10 víctimas era mujer.

En lo que va del año 2020, por lo menos media centena de indígenas han sido asesinados en medio de la pandemia. Junto a ellos se suman los decesos provocados la Covid-19. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde la firma de la paz al menos 300 líderes indígenas, así como 600 líderes campesinos, afro y sindicales, han sido asesinados.

“Antes nos mataban, pero ahora estamos ante un genocidio”, denuncia Serna al respeto.

La minga, poderosa institución pre-colonial 

La palabra “minga” o “minka” viene del Quichua y hace referencia a la reunión de diversos actores, saberes y herramientas en busca de un objetivo común. Es una forma de organización usada en todos los aspectos de la vida social, incluso en lo político. En este caso, “cada grupo apoya con lo que puede, comida, guardia, autoridades, música, pero el fin es la construcción de un país mejor”, explicó Marilen Serna, integrante de la comisión política de la Minga.

“La palabra minga tiene un significado profundo y busca aprender y construir trabajando en conjunto, hacer las cosas unidos en comunidad. Por eso, esta minga se desarrolla desde la base de escucharnos desde abajo, desde el pueblo, que es la base del entender que vivimos en lugares diferentes, pero, que las realidades no son tan distintas”, detalla por otro lado la ACIN.

En las últimas décadas, la Minga se ha organizado varias veces para enfrentarse a distintos gobiernos. En 2008, llegó a un punto de tensión importante durante el gobierno de Álvaro Uribe. Con la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular, cerca de 45.000 indígenas de diferentes pueblos marcharon, por al menos 60 días, cerca de 120 kilómetros de territorio, entre Santander de Quilichao, departamento del Cauca y Santiago de Cali en el departamento del Valle del Cauca.

La minga siguió hasta Bogotá, donde fue recibida, en noviembre, por representantes de varios sectores sociales y por las organizaciones estudiantiles, que apoyaron el movimiento.

Hoy, la Minga social y comunitaria, por la defensa de la vida, el territorio, la democracia y la paz, coincide con el Paro Nacional de Colombia, un inédito movimiento de protesta que nació en 2019 y en el que millones de colombianos se manifestaron por razones económicas, educativas y de orden público.

En defensa de la vida, el territorio, la democracia y la paz

La minga que salió en octubre con rumbo a la capital de este país, Bogotá, buscaba plantear un debate nacional, en sintonía con otros sectores sociales, para sacar a la luz los problemas estructurales que el gobierno está ignorando.

Uno de ellos es la violencia que sigue golpeando al país, a pesar del mal llamado Acuerdo de Paz firmado en 2016.

“En el 2008 nos movilizamos por cuatro elementos: vida y derechos humanos, territorio, paz y modelo económico. Y hoy, incluso con la firma de la paz, la situación es la misma. O peor, porque tiene el sinsabor del fracaso del proceso”, explica Marilen Serna.

Otro problema, vinculado de cerca con el primero es el del saqueo de los territorios que están siendo entregados masivamente a la industria extractivista, para la explotación minera, hidroeléctrica, forestal o la agroindustria.

“La violencia ha sido compañera del reordenamiento extractivista de los territorios. Estos proyectos le abren otro frente de rentas a los grupos armados y narco paramilitares, que extorsionan y someten poblaciones. Esto también le abre el camino al acaparamiento de tierras y al despojo”, denuncia el Presidente de Indepaz, Camilo González Posso.

Por eso, lo que pretenden los pueblos originarios es provocar un cambio profundo del sistema: “la minga reclama otra forma de política, que defienda la vida y la paz: que el Estado responda con eficacia a la ola de asesinatos, masacres, desplazamientos y otras graves violaciones a los derechos humanos que se han disparado en los últimos años. Pero estos cambios no se logran con unos pequeños ajustes o concesiones. Para cambiar esta realidad, es necesaria una nueva forma de hacer política y de gobernar, con profundas modificaciones en el Estado. Por eso, la minga exigió una amplia conversación con el presidente para dar estos debates”, detalla González Posso.

“Estamos buscando que den la cara, porque queremos respuestas sobre lo que está sucediendo en el país, y  no dinero o migajas de los que saquean al país, a la madre tierra”, agrega la ACIN.

Entre apoyo y criminalización, la lucha sigue

En su recorrido, la Minga de este año 2020 recibió mucho apoyo por parte de la sociedad colombiana.

“Vimos con la llegada a Bogotá que el pueblo colombiano tiene mucha esperanza en el movimiento indígena, en esta movilización que se ha hecho. Entonces el mensaje que estamos dando al país es que nos sumemos a este proceso que hoy como minga da una alternativa al país y ojalá en las próximas mingas no sólo seamos el suroccidente sino todo el país colombiano”, declaró por ejemplo un indígena Nasa del departamento del Valle del Cauca para la ACIN.

Sin embargo, la minga también recibió criticas y también sufrió una ola de criminalización y desprestigio por parte de la elite y de los medios masivos de comunicación. De forma repetida, las y los participantes de la Miga han sido calificados de “aliados de la guerrilla”. También han sido acusados de propagar la Covid-19 y de ser entonces un peligro para la salud pública.

El Consejo Gremial Nacional, una asociación de empresarios, publicó por ejemplo un comunicado en el que aseguró que, el “incumplimiento (de protocolos de seguridad) atenta contra la salud, no solo de quienes hacen parte de la marcha, sino de todos los colombianos”.

Acerca de la campaña de desinformación que sufrió la Minga, la ACIN señaló que “los opresores siempre buscan privilegios, ellos no quieren que caminemos la palabra y nos escuchemos. No quieren que aprendamos de lo caminado, nos quiere dividir con sus tentáculos utilizando la desinformación de los medios de comunicación que están a su servicio y mediante la estigmatización, creando paradojas y dudas ante la prensa nacional e internacional. El pueblo en general que desde lejos sin estar atento y participando no logra entender la grandeza de las acciones en la minga y lo que busca, que no es beneficio para unos pocos si no para el pueblo colombiano en general”.

La asociación del Norte del Cauca también recalcó que la minga es un movimiento histórico, heredero de las luchas que se han dado a lo largo de los últimos 500 años, y cuya fuerza no se dejará debilitar por las críticas.

“En la minga no somos pocos, somos un pueblo que creció como un río, con el dolor y la sangre de los más desfavorecidos, somos un pueblo que tiene el respaldo de la naturaleza, de la misma historia que narra en sus recuerdos todo lo que lo caracteriza por luchar por la vida y sus territorios es hora de volver a la lucha que da desde la invasión y saqueo cultural y de riquezas, hasta ahora. Hoy sabemos que es hora de cambiar estos malos sistemas de gobierno y de sostenimiento del mundo entero, es por eso que la conversa es desde el pueblo y para el pueblo”, concluye.

“Los pueblos hemos sobrevivido peleando. Ahora tenemos que pelear, esto va para largo”, afirmó por su lado la mayora Blanca Andrade.

Fotos de la Minga 2020 por Medios Libres de Cali.

Link a video de la reunión entre la comunidad otomí y los representantes del gobierno. De la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG

https://www.facebook.com/coordinacionmetropolitana/videos/1578311472355932/?t=922

A 21 DÍAS DE HABER TOMADO EL INPI, ENFRENTAMOS UN CERCO MEDIÁTICO Y LA INDIFERENCIA GUBERNAMENTAL. SIN EMBARGO HEMOS LAMADO A LAS AUTORIDADES A UNA MESA DE DIALOGO, POR LO QUE PRESENTAMOS LA SIGUIENTE:

PROPUESTA PARA ESTABLECER UNA MESA DE DIÁLOGO, ENTRE LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO FEDERAL, REPRESENTADOS POR EL LIC. ADELFO REGINO MONTES, TITULAR DEL INPI, Y LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, REPRESENTADOS POR EL LIC. ALFONSO SUÁREZ DEL REAL, SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CDMX (EN REPRESENTACIÓN DE LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM) POR UNA PARTE, Y POR LA OTRA, LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA OTOMÍ RESIDENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LA ORGANIZACIÓN SOCIAL UPREZ BENITO JUÁREZ, REPRESENTADA POR DIEGO GARCÍA Y LA COORDINADORA DE COLONIAS POPULARES DE ECATEPEC, REPRESENTADA POR JOSÉ DE JESÚS MEZA.

LIC. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL

SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CDMX, EN REPRESENTACIÓN DE LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM, JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX.

LIC. ADELFO REGINO MONTES

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, INPI.

PRESENTE.

POR ESTE CONDUCTO HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO LO SIGUIENTE:

¿A quién le importa que un pequeño, pequeñísimo, grupo de originarios, de indígenas, viva, es decir, luche?

Subcomandante Insurgente Moisés.

México, octubre del 2020.

“Durante muchos años los poderosos siempre han considerado a nuestros pueblos como simples objetos sin alma, sin espíritu, sin esencia cultural. A nuestras culturas las han visto como un estorbo y como causa de atraso y marginación, en lugar de reconocer la gran riqueza de nuestro pensamiento y corazón.”

Palabras de Adelfo Regino Montes

Integrante del Congreso Nacional Indígena,

en la reunión de delegados del EZLN y el CNI

con las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales

y Asuntos Indígena de la Honorable Cámara de Diputados

Marzo de 2001.

ANTECEDENTES:

SR. ADELFO REGINO MONTES, HACE CASI 20 AÑOS, CON ESTAS PALABRAS Y EN NOMBRE DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA, USTED RECLAMABA EN LA MÁXIMA TRIBUNA DE LA NACIÓN, EL DERECHO QUE TIENEN LOS PUEBLOS INDÍGENAS A SER “SUJETOS DE DERECHO PÚBLICO”.

HOY, A MÁS DE 528 AÑOS DE DESPOJO DE NUESTRO TERRITORIO Y LA MADRE TIERRA; CON LAS MISMAS PALABRAS QUE SEGURAMENTE YA NO RECUERDA, NOSOTROS, QUIENES TOMAMOS EL INPI LE DECIMOS, YA BASTA! “LA COMUNIDAD OTOMÍ NO SOMOS PIEZA DECORATIVA”, QUE PUEDE LUCIR EN EXPOSICIONES, MUSEOS O INCLUSO EN SUS OFICINA.

ANTE LA TRAICIÓN DE LOS ACUERDOS DE SAN ANDRÉS, EXIGIMOS EL RESPETO A NUESTRA AUTONOMÍA Y FORMAS DE ORGANIZACIÓN.

CONDENAMOS Y EXIGIMOS UN ALTO TOTAL A LOS ATAQUES PARAMILITARES EN CONTRA DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL Y SUS BASES DE APOYO;

CONDENAMOS Y EXIGIMOS UN ALTO TOTAL A LOS ASESINATOS DE LOS DEFENSORES DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO, INTEGRANTES DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y DEL CONCEJO INDÍGENA GOBIERNO;

EXIGIMOS LA CANCELACIÓN INMEDIATA DE LOS MEGAPROYECTOS COMO EL TREN MAYA, EL CORREDOR INTEROCEÁNICO, EL PROYECTO INTEGRAL MORELOS, EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA Y LA REFINERÍA DOS BOCAS, ENTRE OTROS, PUES DESDE EL INPI, SÍMBOLO DE LA TRAICIÓN A NUESTROS PUEBLOS , SE HACEN CONSULTAS A MODO Y SE INSTITUCIONALIZA EL DESPOJO DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO, DE LOS RECURSOS NATURALES DE NUESTROS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS.

POR TODO LO ANTERIOR Y PORQUE NUESTRAS DEMANDAS NO SE REDUCEN SOLAMENTE A LA VIVIENDA, REITERAMOS QUE NUESTRA LUCHA ES POR EDUCACIÓN, SALUD, ALIMENTACIÓN, TRABAJO, CULTURA, DEMOCRACIA, LIBERTAD Y JUSTICIA, Y…

TOMANDO EN CUENTA QUE EL PASADO 27 DE OCTUBRE CONVOCAMOS PARA ESTE 3 DE NOVIEMBRE A LAS 10:00 HRS., A UNA REUNIÓN CON LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES PARA ESTABLECER LAS BASES QUE NOS LLEVARÁN A LA INSTALACIÓN DE UNA “MESA DE DIÁLOGO” ENTRE EL GOBIERNO LOCAL Y FEDERAL Y LA REPRESENTACIÓN DE NUESTRA COMUNIDAD Y LAS ORGANIZACIONES QUE NOS ACOMPAÑAN, PO LO QUE EL DÍA DE HOY LES PRESENTAMOS LA SIGUIENTE..

PROPUESTA

1. QUE LA “MESA DE DIÁLOGO” SE INSTALE Y SE LLEVE A CABO EN LAS INSTALACIONES DE ESTE INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, INPI.

2. QUE UNA VEZ INSTALADA LA “MESA DE DIÁLOGO”, TANTO EL GOBIERNO LOCAL COMO EL FEDERAL SE HAGAN ACOMPAÑAR DE LAS ÁREAS Y SECRETARÍAS CORRESPONDIENTES PARA ATENDER LAS DEMANDAS CORRESPONDIENTES QUE HOY HEMOS PLANEADO.

3. QUE EN TODO EL PROCESO DE DIÁLOGO, ESTÉ PRESENTE ADELFO REGINO TITULAR DEL INPI Y ALFONSO SUÁREZ DEL REAL, SECRETARIO DE GOBIERNO, EN TANTO SE PUEDA INCORPORAR LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM.

4. QUE PARA LLEGAR A LOS ACUERDOS, ÉSTOS DEBERAN QUEDAR PLASMADOS EN UNA MINUTA QUE LAS PARTES SUSCRIBAN, INCLUIDAS LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES Y LAS SECRETARÍAS.

5. QUE PARA PODER DAR CERTEZA Y SEGURIDAD A LOS ACUERDOS ALCANZADOS, EN EL CASO DE ZACATECAS 74, DEBERÁ HACERSE PÚBLICO EL DECRETO EXPROPIATORIO; PARA EL CASO DE ROMA 18, DEBERÁ RESTITUIRSE EL PREDIO EN COMENTO

6. QUE ANTE LAS PROPUESTAS QUE RESULTEN DE ESTA “MESA DE DIALOGO”, LAS PARTES TIENEN EL DERECHO A ANALIZAR, CONSULTAR Y DECIDIR AL RESPECTO.

7. QUE LOS ACUERDOS ALCANZADOS DEBERÁN HACERSE PÚBLICOS ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, Y SUSCRITOS SIEMPRE POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

8. QUE DERIVADO DE ESTA TOMA DEL INPI, EXIGIMOS A LAS AUTORIDADES LOCALES Y FEDERALES, NO SE EJERZA ACCIÓN PENAL ALGUNA EN CONTRA DE QUIENES INTEGRAMOS LA COMUNIDAD OTOMÍ Y LAS ORGANIZACIONES QUE NOS ACOMPAÑAN.

9. QUE PARA RESOLVER LAS DEMANDAS DE SANTIAGO MEXQUITITLAN, ÉSTA SEA LA INSTANCIA PARA ELLO Y QUE SE CANCELEN CON CARÁCTER DE URGENTE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN EN LA PLAZA PRINCIPAL, ASÍ MISMO, EXIGIMOS EL RESPETO A LA ORGANIZACIÓN Y A LA AUTONOMÍA DEL TIANGUIS

10. QUE EN CASO DE QUE LAS AUTORIDADES COMO ADELFO REGINO Y/O CLAUDIA SHEINBAUM NO ACUDAN A LA MESA DE DIÁLOGO, ÉSTA NO SE LLEVARÁ A CABO HASTA EN TANTO NO ESTÉN PRESENTES

ATENTAMENTE

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS!!

NUNCA MÁS UNA CIUDAD SIN LOS PUEBLOS INDÍGENAS

ZAPATA VIVE LA LUCHA SIGUE!!

SAMIR VIVE, LA LUCHA SIGUE!!

VIVAN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS ZAPATISTAS!!

VIVAN LAS AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS!!

PORQUE VIVOS LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!!

VIVA EL #CNI, VIVA EL #CIG, VIVA EL #EZLN

CANCELACIÓN A LOS MEGAPROYECTOS DE MUERTE!!

COMUNIDAD INDÍGENA OTOMÍ RESIDENTE EN LA CDMX, INTEGRANTE DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y DEL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

UPREZ BENITO JUÁREZ

COORDINADORA DE COLONIAS DE ECATEPEC

Foto: Regeneración Radio

Por: Daniela King Reyes – noviembre 2 de 2020

Desde hace un año el pueblo de Chile decidió cambiar el rumbo, después de 30 años que Pinochet dejara el poder mediante un plebiscito. No obstante, en esta oportunidad, la sociedad ha demostrado un profundo hastío con una clase política que no ha hecho otra cosa que enredarse en escándalos de corrupción y mínima celeridad para mejorar las condiciones de vida de la población.

El pasado 25 de octubre, a un año de la marcha más grande de Chile, los chilenos acudieron masivamente a sufragar para manifestar el deseo de cambiar las reglas del país, heredadas de la constitución redactada durante el régimen dictatorial de Augusto Pinochet. Este suceso se enmarca en el comienzo de un proceso constitucional, no obstante su origen fue causa del estallido social de octubre del 2019.

La opción ‘apruebo’ se alzó con el triunfo de un 78,27%, mientras que el Rechazo alcanzó 21,73%, aun cuando en las campañas publicitarias y franja electoral los porcentajes se invierten en cuanto a aportes económicos, lo que deja en manifiesto la certeza de la gran mayoría de chilenos y chilenas que no se dejaron amedrentar con amenazas falsas y otros componentes de una auténtica campaña del terror.

En esta elección la población también decidió que la próxima Carta Magna fuera redactada por una Convención Constitucional, opción que obtuvo un 78,99% de los votos. Esta alternativa expresa la voluntad de que un cuerpo de 155 personas elegidas por voto popular y de forma paritaria, es decir 50% hombres y 50% mujeres, escribirán la nueva Constitución. La otra opción, la Convención Mixta solo alcanzó el 20,01% de los votos y establecía que la mitad de los constituyentes fueran electos y el otro 50% sería nominado por el Congreso.

Los resultados de este escrutinio eran previsibles, no solo por las encuestas certeras sino por el clima que vive el país desde el año pasado. Como dijo el alcalde la comuna de Recoleta, Daniel Jadue J., quien es el posible candidato presidencial del Partido Comunista, este plebiscito se tuvo que haber realizado cuando finalizó la dictadura. De cierta forma, la transición a la democracia recién se puede advertir, pues por tres décadas se acumuló una incomodidad con un sistema neoliberal extremo que puso todos los derechos fundamentales a ser pactados en el mercado.

Lo anterior se sostiene en el carácter subsidiario del Estado que se establece en la Constitución de 1980 que redactó un equipo liderado por Jaime Guzmán, brazo derecho de Pinochet en cuanto a política económica y constitucional, asesinado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez a principios de la década de 1990.

En medio de la alegría del pueblo chileno, los nuevos desafíos que abre este proceso son intentar implementar una conexión eficaz entre los constitucionales a ser elegidos y las organizaciones del movimiento social, de forma que las principales demandas  y motivaciones sean incluidas dentro de la Carta Magna. Cabe destacar que se aprobó la conformación de una Convención Constitucional y no una Asamblea Constituyente, como era la demanda original de la población, que comenzará a funcionar con ciertas reglas acordadas el 15 de noviembre en la firma del «Acuerdo por la paz y la nueva Constitución», acuerdo de partidos oficialistas y algunos de oposición.

Otro de los desafíos es la participación de candidatos independientes que requiere la legalización de 0,4% del padrón del distrito por el cual se desea competir, en condiciones pandémicas, muy difícil de realizar, por lo que el escenario se ve cuesta arriba para las voces nuevas que deseen participar. Otra limitante importante del proceso es el alto quorum con el cual se deben aprobar todas las indicaciones, dos tercios, lo que se puede utilizar como un medio de obstaculización si la derecha en Chile gana un tercio de los constitucionales, además de advertir su intención en ir unidos en una única lista.

La élite se pronunció en términos electorales, dando como ganadora la opción ‘rechazo’ en las 3 comunas de Santiago más ricas, donde, se estima que viven las familias dueñas del país, mientras que en el resto de la capital, ganó el ‘apruebo’ por sobre el 60% y delegados electos por voto popular por el 85%.

Es de esperar que, con los resultados imperantes, la oposición actual sea capaz de revertir algunas de estas trabas, usando una fuerte presión popular además de asegurar escaños reservados para pueblos originarios, asunto que la la Comisión de Constitución del Senado no ha resuelto todavía, lo anterior podría funcionar de la misma manera que se obtuvo la paridad de género, lo que convierte a la futura Constitución chilena en la primera en ser redactada con igualdad de participación de hombres y mujeres .

Una de las consignas más leídas durante las movilizaciones es “En Chile nace y muere el neoliberalismo”. Existe entre los chilenos y chilenas la conciencia de que la anterior Constitución favorecía siempre a una élite empresarial, política y comunicacional, y ahora está la convicción de querer apostar por una sociedad sin la grosera brecha de desigualdad. Chile escribe una nueva historia, el país despertó y ya no se duerme más.

A todos los medios de comunicación,
A las organizaciones sociales,
Al Congreso Nacional Indígena,
Al Consejo Indígena de Gobierno,
A la población en general,

Por medio de este comunicado, la comunidad indígena de Santa María Ostula expresa su solidaridad con la comunidad otomí residente en la Ciudad de México que mantiene tomadas las oficinas centrales del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) desde el pasado 12 de octubre de 2020.

Reconocemos la lucha de nuestras hermanas y hermanos otomíes por una vivienda digna y por mejores condiciones de vida. Varias generaciones de otomíes, originarios de Santiago Mexquititlán, Amealco, Querétaro, no por gusto sino por no tener trabajo.

Sin embargo, en la capital del país han encontrado también racismo y desprecio y mientras se construyen muchos edificios de departamentos, no hay ningún espacio digno para nuestras hermanas y hermanos que son la base laboral de esta ciudad.

Para ellos y ellas sólo ha habido sólo represión y desalojo.

Nos solidarizamos como comunidad indígena que conoce lo que es defender el territorio y que las autoridades sean sordas antes nuestras demandas. Reconocemos las demandas de diálogo que se plantearon desde el comienzo de esta acción y que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y Adelfo Regino Montes, titular del INPI hagan su trabajo.

¡Nunca más un México sin nosotras y nosotros!

Al pueblo Otomi en resistencia desde el INPI

Al pueblo de México

A los pueblos del mundo

Desde el Congreso Nacional Indígena/Concejo Indígena de Gobierno, enviamos un saludo fraterno a la Comunidad Otomi Residente en la Ciudad de México, que ocupa las oficinas del que se hace llamar Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en exigencia de que sean atendidas sus justas demandas, buscando el diálogo y fijando una fecha para hacerlo, el 3 de noviembre próximo, e invitamos a las organizaciones y comunidades indígenas de la Ciudad de México y del país a acompañar y fortalecer su lucha en esa fecha y de manera permanente.

Como Coordinación del CNI-CIG nos sumamos a su exigencia porque sabemos que en su lucha, mientras el arma ha sido siempre la palabra, los gobiernos han respondido con agresiones, desalojos y criminalización. Nos sumamos a sus tiempos, porque mientras arriba los toman como un plazo, abajo ese diálogo ha tardado muchos años, en los que los pueblos originarios que en colectivo construyen organización desde las ciudades, no son escuchados ni vistos.

Saludamos la organización de los pueblos originarios radicados en la Ciudad de México, que, luchando, están haciendo territorios donde puedan vivir con dignidad y derechos, materializados en sus exigencias de vivienda, trabajo y justicia. Mismas que hacemos nuestras, porque en todas las geografías, somos criminalizados por mostrar lo que somos, por vivir en la ciudad y por vender nuestro arte; porque para el gobierno sobramos, estorbamos y por lo tanto mandan a sus represores a sacarnos, a golpearnos para quitarnos nuestras mercancías, a destruir nuestro trabajo, a encarcelarnos. Entonces, resulta que nuestros derechos humanos son los que no importan, los que, si acaso registra la comisión de derechos humanos, es por rutina y con una carga de desprecio.

Abajo, los representantes del pueblo Otomí, que florece en comunidades en tres predios de la ciudad de México, resisten el desalojo violento, con el que los gobiernos garantizan que el dinero de las empresas inmobiliarias sea el que manda y reordena la ciudad al servicio del gran capital; siembran el desprecio, contratan golpeadores para desalojar y violentar a hombres, mujeres, niños y ancianos. Mientras, en nuestras comunidades, hacen grupos de choque, guardias blancas, grupos paramilitares, sembrando el desprecio, consolidando el despojo y la represión.

Por eso somos uno en la exigencia que nuestros hermanos y hermanas, desde el INPI, hacen a los gobiernos y llevan con fuerza a todo el mundo, de que dejen de formar, alentar, armar y proteger a esos grupos en el estado de Chiapas donde arrecia la guerra contra nuestros hermanos y hermanas del EZLN, así como a lo largo y ancho del país.

En ese sentido, denunciamos la campaña de discordia y linchamiento que, al viejo estilo priísta, los cabecillas del INPI y sus clientelas han estado realizando, llegando a nuestros pueblos, comunidades, barrios y organizaciones indígenas, para solicitar que se hagan documentos en los que nos opongamos a la movilización de nuestras y nuestros compañeros que resisten en el INPI. Lo suyo, del gobierno, es el desprecio, la división y la confrontación.

Se refieren para chantajear, a los “apoyos o programas” que maneja el INPI, como si así de fácil se resumieran décadas, siglos de abandono, desprecio, despojo, explotación y represión contra nuestros pueblos. Hacemos un respetuoso llamado a todos los pueblos de México, a no caer en esa campaña de mentiras. Pues el odio de los mandones, de los capataces, será contra cualquiera que reclame, luche y ejerza sus derechos.

O sea, hermanas y hermanos de la Comunidad Otomi Residente en la Ciudad de México, su lucha es nuestra porque somos pueblos que en colectivo, en el campo y en las ciudades, abrimos con resistencia y rebeldía los caminos que arriba nos cierran y nos niegan.

Llamamos a los pueblos originarios, a los colectivos y organizaciones conscientes, a los medios de comunicación alternativos, a estar atentos y solidarios con nuestras hermanas y hermanos del pueblo Otomi en la Ciudad de México, así como a las acciones y respuestas que pretendan los gobiernos.

Atentamente

Octubre de 2020

Nunca Más un México Sin Nosotros

Coordinación del Congreso Nacional Indígena/

Concejo Indígena de Gobierno

Fotografía: Rafael Lozano

El pueblo chileno rompió con décadas de conservadurismo y neoliberalismo al ganar la batalla por una nueva Constitución, que busca dejar atrás la larga noche del pinochetismo.

Por Andrés Kogan Valderrama

A propósito del histórico resultado del plebiscito en Chile el pasado 25 de octubre, en donde más del 78 por ciento de las personas votaron la opción “Apruebo” para elaborar una nueva Constitución, ahora el desafío es consolidar un proceso democrático que vaya mucho más allá de lo electoral.

Si bien la votación alcanzó el 50,9 por ciento del padrón electoral, nunca habían votado tantas personas en Chile en una elección (7.562.173 de sufragios). Además, es inédita tanta diferencia entre quienes optamos por votar Apruebo y por la Convención Constitucional Paritaria, frente a la opción conservadora del rechazo y convención mixta. De hecho, pudo ser mucho mayor la votación y diferencia en un contexto sin pandemia y con el voto obligatorio.

Una paliza electoral que muestra que la gran mayoría que votamos ese día queremos construir un país distinto, no de unos pocos solamente, y que responda realmente a la pluralidad de voces y experiencias para que la dignidad de las personas, comunidades y territorios se haga costumbre.

No es casualidad, por tanto, que en las llamadas zonas de sacrificio, íconos de la negación y violencia de parte del sistema neoliberal-extractivista, el “Apruebo” haya ganado por más del 89 por ciento de los votos (Freirina, Huasco, Mejillones, Petorca, Illapel, Tocopilla, Chañaral, Andacollo, María Elena, Diego de Almagro). Algo que nos muestra que el Chile más maltratado y pisoteado se levantó para decir basta.

Asimismo, esta gran votación no es solo el resultado de la gran revuelta de octubre del año pasado, sino que es algo que se viene construyendo desde hace décadas, en donde las luchas estudiantiles, socioambientales, feministas, indígenas, de disidencias sexuales, animalistas, de trabajadores, entre otras, fueron generando las condiciones políticas para abrir un proceso constituyente inédito en la historia del país.

Por lo mismo, esas luchas deben seguir articulándose para presionar y exigir grandes transformaciones a la misma Convención Constitucional, la cual es probable que sea cooptada por los mismos partidos políticos tradicionales, ya que el llamado “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” restringe bastante el acceso a personas que estén fuera de estas organizaciones para ser parte del nuevo órgano constitucional.

Por eso, como bien plantea el ex presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador, Alberto Acosta, la Constitución no puede ser el resultado solamente del trabajo de quienes conformen la convención, sino de los mismos ciudadanos y ciudadanas, quienes son los y las reales constituyentes, quienes deben ser protagonistas en la construcción de este nuevo proyecto de vida en común.

De ahí que sea tan, o más importante, el proceso de elaboración de la Constitución que la Constitución misma, ya que, si se logra una mayor politización de la sociedad, en donde se instalen cabildos por todas partes, los nuevos integrantes de la Convención Constitucional estarán obligados a incluir las grandes demandas históricas. El desafío, por ende, es encontrar mecanismos ciudadanos para visibilizar lo que más se puedan esas demandas.

Las demandas son muchas, pero es fundamental que tanto los derechos humanos y de la naturaleza sean garantizados en la nueva Constitución, para que así la propiedad privada nunca más se interponga sobre otros derechos y se abra un nuevo camino que impulse múltiples soberanías (alimentaria, hídrica, energética).

Lo mismo con la necesidad de construir una Constitución plurinacional, en donde el centro no sea el alcanzar el progreso o el desarrollo, sino una vida sostenible territorialmente. Tenemos mucho que aprender de los distintos pueblos indígenas y su relación con los ecosistemas, y de cómo estos han aportado en otros procesos constituyentes de la región.

En cuanto a los peligros de que, luego de la aprobación de la nueva Constitución, su cumplimiento sea vulnerado por grandes empresas transnacionales o cooptada por caudillos autoritarios, como le ha pasado a países vecinos, depende de cuán organizada o no esté la sociedad para estar atenta y exigir el cumplimiento de los derechos.

Por todo lo señalado anteriormente, el proceso constituyente que estamos viviendo en Chile tiene que ser un proceso sin fin, como la democracia misma, y solo tenemos que seguir impulsándolo en todos los espacios posibles.

Por Andrés Kogan Valderrama para La tinta