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Prensa comunitaria

Luego de 12 años de impunidad, condenan al coronel Mynor Padilla por asesinato de líder comunitario Adolfo Ich

Tras 12 años de impunidad, el juzgado de Sentencia Penal de Puerto Barrios, Izabal, condenó este miércoles 6 de enero a 2 años de prisión conmutables al teniente coronel Mynor Ronaldo Padilla Gonzáles, exjefe de seguridad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), por el asesinato del profesor y líder comunitario maya q’eqchi’, Adolfo Ich Chamán, ocurrido en septiembre del 2009, en el marco de desalojos violentos en la comunidad Las Nubes, por las operaciones de la empresa canadiense Hudbay Minerales, propietaria de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).

Padilla también fue condenado a 8 meses de prisión por lesiones causadas a German Chub, quien asistió a la audiencia de hoy en silla de ruedas debido a que quedó paralítico por el ataque armado sufrido junto a los otros comunitarios.

Foto: Sandra Cuffe

Angélica Choc, defensora de derechos humanos y esposa de Ich Chamán, señaló tras el fallo que se encuentra tranquila. “Sabemos que se ha hecho un fallo a nuestro favor, pero también nos conmueve porque nos han marcado la vida”, indicó Choc, quien fue querellante en este caso y quien desde 2009 buscó justicia por el asesinato de su esposo.

Choc, como defensora maya q’eqchi’y víctima de este crimen, envió un mensaje a las mujeres que están en una situación similar y enfatizó que “busquemos la justicia en Guatemala, porque si no se demanda, todas las violaciones que se cometen en nuestra contra, nunca se va a saber cuánto hemos sufrido”, manifestó.

Según dijo, la búsqueda de justicia es un proceso doloroso y agotador, pero hay que buscar fuerzas para lograrlo.

Foto: Sandra Cuffe

Impunidad en el caso

En abril de 2017, Padilla Gonzáles fue dejado en libertad por la jueza Ana Leticia Peña Ayala, del juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Medio Ambiente de Izabal.

El Ministerio Público y los querellantes en el caso interpusieron una solicitud de antejuicio en contra de la jueza por el fallo.

En este caso también fue querellante la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que junto al Ministerio Público presentaron pruebas de la participación de CGN en la planificación de los ataques en contra de personas mayas q’eqchi’ quienes fueron afectados por las operaciones de la mina en Izabal.

Los hechos

En septiembre de 2009, el profesor Adolfo Ich, quien era parte de la comunidad Lote 8 y quien junto a otras comunidades defendían sus tierras ante las operaciones de la empresa canadiense Hudbay Minerales, propietaria de CGN, fue asesinado por la seguridad privada de esa compañía, a inmediaciones de la mina.

Otros campesinos también sufrieron heridas por arma de fuego por personal de seguridad de la minera, entre ellos German Chub, quién sobrevivió al ataque pero quedó paralítico.

*Con información de Sandra Cuffe

Foto: Sandra Cuffe
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CentroPROdh

Alicia de los Ríos: Carta a quienes saben dónde está Mamá | Sueño que me regaló un seis de enero

Hoy es cinco de enero y mañana llegarán los Reyes Magos. Desde que aprendí a escribir, me recuerdo redactando largas cartas con una lista de deseos que cambiaban cada año. Sólo una petición permanecía: “Quiero a mi mamá, tráiganla con ustedes”. Fantasiosa, la imaginé siempre montada en el elefante que cabalgaba tras la Estrella de Belén hasta llegar a Chihuahua. Esas noches de cinco de enero significaban la expectativa de que, al despertar, ella estaría en casa. Nunca sucedió.

Los rituales de rosca, cartas y regalos cambiaron cuando tomé conciencia de que mi madre, Alicia de los Ríos Merino, fue detenida-desaparecida de manera forzada por cuerpos policiales y militares un cinco de enero de 1978 en la colonia Nueva Vallejo de la Ciudad de México, en un contexto contrainsurgente mal llamado Guerra Sucia.[1] Las tertulias previas a su esperada llegada se transformaron en conmemoraciones privadas en las que su madre, su padre, su hija, su hermano y hermanas nos preguntábamos sobre su destino.

Durante estos cuarenta y tres años ha sido nuestra obligación demostrar frente a las instituciones que mamá existió y que, además, fue desaparecida por  agentes estatales.

Hoy ya no le escribo cartas a los Reyes Magos, ni al presidente de la República en turno o a un general del Ejército Mexicano, y comprendí que ni los agentes o los mandos de la Federal de Seguridad ni de la Brigada Especial, mejor conocida como Brigada Blanca, fueron los únicos en conocer los lugares en que mantuvieron detenidos y desaparecidos de manera forzada a cientos de hombres y mujeres en la década de 1970, entre ellos a mi mamá. Para realizar esa práctica y posiblemente eliminar a las personas bajo su poder debieron estar involucrados más participantes y, sobre todo, debió haber testigos que observaron, callaron y no se opusieron. Los desaparecedores también debieron tener una familia que los recibía y observaba sangre ajena en sus ropas, zapatos o cabellos.

Hoy, en este contexto de muerte e incertidumbre que nos hace valorar profundamente la vida de quienes más amamos, apelo a la buena voluntad, la conciencia y la ciudadanía de esos familiares, vecinos y compañeros de los agentes de la Brigada Especial que provenían de la División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la Dirección General de Policía y Tránsito (DGPT), la Policía Judicial Federal (PJF) y las policías judiciales del DF y del Estado de México, así como la Policía Militar y la Policía Judicial Federal Militar.

Si su padre, su abuelo, tío, esposo o vecino patrullaba en brigadas de cuatro agentes en automóviles no oficiales o en taxis; si vestía de traje, no portaba uniforme oficial y estaba armado de manera permanente; si ingresaba de manera cotidiana al Campo Militar Número 1 de la Ciudad de México o viajaba a otros estados en el avión de la DFS, entonces es muy probable, casi seguro, que sabe o supo de lo que ocurrió con nuestros padres, madres y compañeros. Y la información que ustedes tengan, por intrascendente, personal, anecdótica o vieja que les parezca, puede significar mucho para quienes continuamos necias en conocer del paradero de nuestros familiares.

Sus padres, abuelos, tíos, esposos o vecinos también fueron colocados en las sombras de la historia por sus propios mandos superiores policiacos y militares. Algunos de ellos fueron borrados, pero no por completo, ni para siempre. Para lograr encontrar a nuestros amores no se requiere que nos digan el nombre de los suyos si así lo consideran. Tan sólo denos los datos que pudieron escuchar: lugares en donde buscar, de los mandos que se enriquecieron con la muerte, de los documentos que no hemos encontrado.

La historia reciente nos ha enseñado que las violencias de Estado se implementan con legitimidad y consentimiento de diferentes sectores de la sociedad. Si hoy vivimos en un país con más de setenta mil personas desaparecidas, significa que lo habita una sociedad apática que se abstiene de participar en la solución de las crisis humanitarias. Pero eso no es un destino fatal ni tenemos que formar parte de ello. Finalicemos esos combates del pasado, lamentablemente vigentes. Ayúdenos a esclarecer el destino de tantas personas buscadas. Es asunto de ustedes y de nosotros.

Hoy tenemos la oportunidad de ayudar a cambiar el futuro de un México que ha sido convertido en una fosa gigantesca, llenándonos a miles de familias de un dolor injustificable que no termina. Dense y denos la oportunidad de quitarnos las sombras de encima: cualquier información que consideren relevante la pueden dirigir con toda confianza al siguiente correo electrónico, pues la trataremos con toda la seguridad posible: alicia.contacto@centroprodh.org.mx

Soy Alicia de los Ríos Merino, hija. El llamarme igual que mi madre nos une en más de un sentido: en esa circunstancia se resumen las marcas que su detención-desaparición ha dejado en mí, en todas nosotras y nosotros que queremos, necesitamos saber dónde están los nuestros.

Agradezco con el corazón en la mano su atención y la decisión de enviarnos esta información.


[1] Entre el cuatro y cinco de enero de 1978 la Brigada Especial realizó un operativo donde fueron detenidos y posteriormente desaparecidas cuatro personas: José Hugo González García, Alejandro Mares Montaño, Leticia Galarza Campos y Alicia de los Ríos Merino. También fueron ejecutados tres jóvenes: “Esteban”, “Pedro” y Antonio Solís Rodríguez.

DossierAliciaRioshttp://centroprodh.org.mx/impunidadayeryhoy/wp-content/uploads/2017/02/DossierAliciaRios.pdf

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FrayBa

Rechazamos la autopista San Cristóbal-Palenque: Modevite

 

Pronunciamiento del Pueblo Creyente  MODEVITE y promotor de derechos humanos de San Juan Cancuc, Chiapas, México 02 de diciembre del 2020

A la opinión pública

A las organizaciones sociales

A las autoridades federales, estatales y municipales

A los centros de derechos humanos

A los medios de comunicación

Hoy, dos de diciembre del año 2020, desde el corazón del pueblo defenderemos la madre tierra. Es nuestro regalo milenario, que de generación en generación nuestros abuelos y abuelas han cuidado y defendido. Ellos la protegieron, ahora nos toca a nosotros cuidarla y defenderla. Estamos en contra del megaproyecto denominado autopista que afecta la vida y el territorio, ya que son intereses de los empresarios y egoísta, que afectan directamente a la población, mismos que se imponen bajo el lema del desarrollo y progreso para el pueblo.

 

 

Como pueblo creyente modevite y derechos humanos de san juan cancuc, rechazamos totalmente el megaproyecto “eje carretero transversal” que igual o antes se llamaba: supercarretera, autopista, proyecto carretero y carretera de las culturas, ya que solamente beneficia para los empresarios transnacionales.

 

Como pueblo originario no nos beneficia, al contrario, atenta nuestra vida y además traerá consecuencias como son las siguientes:

  1. Destrucción y despojo de la madre tierra

     

  2. Apertura de camino de megaproyectos por ejemplo: represa, centros turísticos, etc.

     

  3. Desalojo del pueblo

     

  4. Contaminación

     

  5. Militarización

     

  6. División del pueblo

     

https://www.canva.com

Exigimos el reconocimiento y el cumplimiento de art 2 de la carta magna constitucional.

Y también en la oit y en la declaración de las naciones unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en el artículo 10. Señala que los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo, informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.

 

Y el artículo 27 fracción vii párrafo sexto de la constitución política de los estados unidos mexicanos, señala que “la asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comonal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comonales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación de núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea.”

 

 

Por su parte, el segundo párrafo del artículo 109 de la ley agraria, señala que “el órgano supremo será la asamblea general que se integrará con dos representantes de cada una de las asambleas de los ejidos o de las comunidades miembros de la unión y dos representantes designados de entre los miembros del comisariado y el consejo de vigilancia de los mismos.”

 

En este orden de ideas exigimos que se cumplan conforme a las leyes y reglamentos respectivos, es decir, con la autorización de la asamblea general, tratándose de población ejidal ocomonal.

 

La madre tierra no se vende, la tierra no se vende y no tiene precio.

 

Como dice Zapata “la tierra es de quien la trabaja”.

 

 

 

 

 

NOTA: Este es un espacio abierto para pueblos y organizaciones que buscan compartir su palabra. La postura difundida, no necesariamente constituye la valoración del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C quien presta este servicio de comunicación.

 

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Prensa comunitaria

Huehuetenango: a doce años de la resistencia contra las hidroeléctricas en Barillas

 

Por Nelton Rivera

En el municipio de Barillas, al norte de Huehuetenango, las comunidades que en su mayoría son habitadas por q’anjob’ales y mestizos se organizan y participan en el Movimiento de la Sociedad Civil, que el pasado 19 de diciembre realizaron una actividad para conmemorar el primer aniversario del desistimiento de prisión y persecución política contra Palas Luín, coordinador del movimiento y fundador de Prensa Comunitaria.

Esa actividad se realizó en Poza Verde, uno de los lugares importantes y ceremoniales para el pueblo q’anjob’al y lugar donde la resistencia pacífica integrada por la población, se estableció contra las hidroeléctricas en la región. Si bien el 19 de diciembre se cumplió un año de la detención de Palas Luín sobre la carretera entre Santa Eulalia y San Mateo Ixtatán, varios representantes del movimiento y los líderes comunitarios también conmemoraron el cuarto año del cierre de las operaciones de la empresa española Ecoener Hidralia Energía, que en 2016 cerraron sus oficinas, pararon la construcción de las hidroeléctricas y se retiraron del lugar. Barillas: después de un sinfín de violaciones a derechos humanos Hidro Santa Cruz anuncia posible retiro del país

Foto Nelton Rivera. Prensa Comunitaria Km.169 Año 2020

Durante la actividad de conmemoración del 19 de diciembre, a las 7 de la mañana se realizó una ceremonia espiritual maya, a pocos metros de la finca en dónde se ubicaron las instalaciones de la empresa Hidro Santa Cruz SA, en ese lugar aún se pueden ver una construcción de dos niveles completamente abandonada y en su interior los restos de maquinaria pesada que nadie retiró desde el 2011.

Poza Verde también es el lugar del asesinato de Andrés Francisco Miguel, un comunitario que se opuso a la construcción de varias centrales hidroeléctricas de la empresa española, este crimen ocurrió el 1 de mayo de 2012 durante la feria del municipio y hasta la fecha continúa en la impunidad. Dinámicas del despojo en Guatemala. Comunidades, Estado y empresas.

Durante la conmemoración, la explosión de los morteros de fiesta, sirvieron de llamado para el inicio de las actividades, mientras una de las autoridades ancestrales maya q’anjob’al realizaba la ceremonia, también se instalaba todo el equipo de sonido de la Marimba Maya Santa Cruz, que por primera vez hizo su aparición pública junto a la resistencia pacífica.

Palas Luin condujo parte del evento, precisamente por su papel como coordinador del Movimiento de la Sociedad Civil de Barillas, además como uno de los fundadores de Prensa Comunitaria junto a Daniel Pedro Mateo (QDP). Palas Luin junto a unas trescientas personas que llegaron de distintas comunidades del municipio, recordaron la memoria de sus mártires y también reafirmaron que la defensa por el agua y por los ríos continuará.

Proceso de detención

Palas Luín fue detenido en diciembre de 2019 y encarcelado por su oposición en contra de la empresa española Ecoener Hidralia Energía, cuya empresa en Guatemala, Hidro Santa Cruz SA, pretendía desde el 2011 la construcción de una serie de hidroeléctricas en cascada, utilizando el caudal del río q’anbalam en el norte de Huehuetenango.

Palas Luin permaneció varios meses encarcelado en el Centro Preventivo para Hombres en la zona 18, en la ciudad de Guatemala, la presión social y la defensa de sus abogados lograron en enero de 2020 que uno de los jueces en la capital resolviera cerrar el caso y dejarlo en libertad.

La actividad duro toda la mañana, quienes asistieron compartieron un tamal, tortillas y una limonada, otras personas bailaron al ritmo de los sones y ritmos q’anjob’ales de la marimba. Los accesos a Poza Verde se dañaron por las dos tormentas tropicales, al mismo tiempo de la conmemoración, otro grupo de comunitarios trabaja junto a una retroexcavadora en uno de los deslaves de la carretera comunitaria, misma que permanece cerrada para el paso de cualquier maquinaria relacionada con actividades extractivas.

Se cumplieron doce años de la llegada de la empresa española a Barillas en el 2008 y el 19 de diciembre pasado se conmemoró el primer año de la detención y posterior liberación de Palas Luin.

Foto Nelton Rivera.
Foto Nelton Rivera. Prensa Comunitaria Km.169 Año 2020
Foto Nelton Rivera. Prensa Comunitaria Km.169 Año 2020

 

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Familia Queipul Pallaleo gravemente afectada en su salud por persecución judicial contra Mapuche Movilizados. A ello se suma un herido a bala acusado de un delito sin pruebas

 

“Persecución de un lofmapu que realiza actos políticos para apoyar la recuperación de los derechos de la Nación Mapuche en el contexto de la ocupación militar y dictadura plutocrática que gobierna Chile”, señala su vocero.

Wallmapu, territorio mapuche ocupado, 30 diciembre 2020.

Luego de varias semanas desde la acusación y secuestro en prisión de parte de la familia Queipul Pallaleo de Temucuicui, se observan graves consecuencias para su derecho a la salud, ya que la cárcel ha generado incluso que una de sus integrantes haya sido contagiada en el recinto estatal con el virus COVID19, además de sufrir crisis de angustia y otras afecciones psicológicas, a partir de su paso por las traumáticas condiciones carcelarias, las cuales eran totalmente desconocidas para la afectada Luz Marisel Pallaleo Catrío, esposa y madre respectivamente de Sebastián Queipul Marillán (Chacha) y Daniel Queipul Pallaleo. Todos ellos enfrentan acusaciones judiciales que, de acuerdo a lo señalado por voceros mapuche, tienen como objetivo acallar las reivindicaciones mapuche, más aún considerando que Sebastián Queipul es un reconocido dirigente, quien lideró parte de las movilizaciones para la recuperación del territorio mapuche desde la dictadura militar, siendo uno de los frutos de esta ardua tarea la recuperación del ex fundo Alaska, terreno que forma parte del territorio ancestral de Temucuicui.

Al mismo tiempo ha sido objeto de grave afección a su derecho a la salud Quelentaro Aníbal Figueroa Queipul, quien, mientras se encontraba siendo atendido en un hospital de Talcahuano, fue detenido y acusado de homicidio frustrado contra Carabineros, porte ilegal de arma y disparo, a pesar de encontrarse a más de 220 kms de donde supuestamente ocurrieron estos hechos. De acuerdo al vocero de los afectados, Mijael Carbone Queipul,  “es condenable la acusación referida a un supuesto ataque armado, siendo que el único herido es el detenido Quelentaro Aníbal Figueroa Queipul”, enfatizando que  “esto solo puede entenderse en un contexto de persecución de un lofmapu que realiza actos políticos para apoyar la recuperación de los derechos de la Nación Mapuche en el contexto de la ocupación militar y dictadura plutocrática que gobierna Chile y los territorios anexados por la fuerza en WallMapu”. La gente de Temucuicui destaca también que la mano ejecutora de todo este proceso represivo es el fiscal Enrique Vásquez de la Fiscalía de Collipulli, quien se dedica a criminalizar toda expresión de legítima lucha social en la zona, además del encargado de la seguridad del gobierno, subsecretario del Interior Juan Francisco Galli, quien ha declarado culpables “con pruebas” a los detenidos antes de que se haya iniciado la investigación judicial y se haya activado el derecho a la defensa.

Por todo ello se hace un llamado a difundir estos hechos y que la acción movilizada por los derechos, colabore con la exigencia de fin de la persecución y reparación a estas familias y jóvenes del territorio mapuche de Temucuicui. Al mismo tiempo se convoca a todas las instancias internacionales de derechos humanos, aún a las que pretenden que la violación a los DDHH en Chile no es sistemática, a acercarse y dar cuenta de esta realidad.

Por Comunicaciones PuLofMapuXawün 

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Radio Kurruf

[Comunicado] Lof Levillan Bayotoro inicia proceso de recuperación territorial

Txaitxaiko Mapu, Cancura Laja, comuna de Nueva Imperial, 31 de diciembre 2020.

En razón de la memoria colectiva del lof, historia de despojo e injusticias. En razón del kume mongen, del ad mapu, el derecho al territorio y libre determinación. En razón a los que nos antecedieron y a las futuras generaciones. El lof Levillan Bayotoro, el 30 de diciembre de 2020 se levanta en dignidad y justicia iniciando el proceso legítimo de recuperación territorial, sobre 200 hectáreas aproximadamente, espacio que hoy se encuentra en manos de latifundistas.

El compromiso que asumimos es grande, sin embargo, como Wünelfe en el cielo, los procesos de recuperación territorial ya iniciados por múltiples lof, nos inspiran y fortalecen. Por ello solicitamos newen para que se manifieste y materialice nuestro anhelo de disfrutar y disponer del territorio ancestral. El compromiso de reivindicar el territorio, implica mirar el kuifimongen y replantear nuestro actual modelo de vida, en especial nuestra economía y desarrollo. Tenemos la convicción que el dinero es un instrumento de empobrecimiento, desde temprana edad producimos todo tipo de bienes, productos y servicios, esa riqueza productiva la transformamos en dinero, este dinero se gasta en mercados fuera del lof, en locales comerciales y megasupermercados cuyos propietarios jamás gastan su dinero en nuestras comunidades, fugándose del territorio esa riqueza local. Por ello creemos que debemos replantear la utilización del “dinero” como medio de cambio, el consumo, la articulación de la producción y distribución de bienes, productos, servicios y saberes, de forma de hacer circular la riqueza creada por nuestro trabajo dentro del territorio.

POR LA PERMANENCIA, CONTINUIDAD DE LA VIDA Y LA NACION MAPUCHE, MARICHIWEU!!!

Sector Cancura Laja ubicado entre Traitraico y Forrowe mapu.

radio
Prensa comunitaria

¿Año nuevo… pero con la vieja política? Corrupción, Giammattei, Gobierno, Renuncia Ya

Por Hernán González Gómez

El inicio de un año es el momento propicio donde las familias hacen sus listas de propósitos y metas, el entusiasmo se siente en el ambiente por empezar desde cero nuevamente, en el caso de la sociedad guatemalteca es distinto, es el inicio de nuevo año pero con los mismos problemas de siempre, desempleo, violencia, analfabetismo, desnutrición, corrupción y la lista de los males de de este país parecen no tener fin, el problema no es nada nuevo, la corrupción es la peor Pandemia que ha tenido durante toda su historia y parece que no hay ninguna medicina para esta enfermedad endémica que tiene de rodillas a toda la población.

El país y su crisis política, social e histórica, parece que ha llegado al punto máximo de inflexión donde la sociedad empieza a abrir sus ojos, las protestas se han incrementado durante los últimos meses del año 2020, por indignación, cansancio de las mismas autoridades que solo buscan jugar con la población, por la búsqueda de una sociedad más igualitaria y un Estado incluyente con la participación de todos los sectores de la sociedad.

Inicia un 2021 sin expectativas, en medio de la incertidumbre, donde aún el Gobierno de Alejandro Giamattei Falla no responde a las demandas de la población, como la destitución del Ministro de Gobernación Grendi Reyes que ha sido uno de los personajes más oscuros de todo el gabinete de Gobierno, uno de los más polémicos que dio órdenes de reprimir las protestas con toda la brutalidad posible. Por si fuera poco, todavía nos enfrentamos a una crisis económica mundial sin precedentes.

No será un año nuevo, tampoco próspero 2021 si vamos a tener a la misma clase política que se sigue burlando de la población, aunque es un momento propicio para que la población tome conciencia y empiece a fiscalizar y exigir transparencia a los funcionarios públicos.

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La Voz de Indígenas en Resistencia

Comunicado por el 27 aniversario del alzamiento del EZLN, escrito por nuestro compañero preso en lucha Adrián Gómez Jiménez de la organización de La Voz de Indígenas en Resistencia

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
Al Congreso Nacional Indígena
A la Sexta Nacional e Internacional
A los defensores de derechos humanos y a las ONG’S
A las organizaciones independientes
A la Red contra la Represión y por la Solidaridad
A las resistencias y rebeldías en todo el mundo que luchan en todo el mundo en contra del capitalismo, el racismo y la destrucción del medio ambiente.
A los medios de comunicación libres, independientes y alternativos
Al público en general

Compañeras y compañeros que luchan abajo y la izquierda les envío saludos cordiales desde el Cereso número 5 San Cristóbal de las Casas Chiapas México de parte de Adrián Gómez Jiménez preso en lucha e integrante de la organización La Voz de Indígenas en Resistencia, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN.

En este medio sacó mis palabras para solidarizarme con las y los compañeras y compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional qué hace 27 años alzaron sus voces debido a las injusticias que se vive y vivimos las y los pueblos indígenas pueblos que somos marginados, humillados y pisoteados nuestros derechos por los malos gobiernos que nos han gobernado década tras década siglo tras siglo. Gracias a las y los compas zapatistas nos abrieron los ojos al realizar una guerra en contra del mal gobierno en el año 1994 el gobierno mexicano celebraba el año nuevo para las y los compas zapatistas era un año de lucha, un año de guerra, un año de libertad. También un año de guerra sus vidas para pelear nuestros derechos. ya los caídos no murieron en vano sino que han valido la pena. Gracias a ellos nos abrieron los ojos porque nuestros pueblos serán totalmente humillados y no tenían derecho para organizarnos libremente, llevar su puesto y no soltar sus huesos.
gracias a la valentía y que estuvieron dispuestos a sacrificar sus vidas se puede formar pueblos autónomos formar caracoles y base de resistencia y también se abrió las puertas a la sociedad civil al lanzar la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN.
Hoy día hay muchas compañeras y compañeros de la sociedad civil que estamos con los y las compas zapatistas, ellos no están solos somos muchos hoy más que nunca es más es necesario unir fuerzas.
Esta es toda mis humildes palabras escrita desde nuestro espacio de lucha nuestra digna lucha en exigencia de justicia que en lo referente el mal gobierno nos ha ignorado.

Uniendo nuestras voces y fuerza de las y de los pueblos mexicanos triunfará las verdaderas.
Respetuosamente

Adrián Gómez Jiménez

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Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire de Morelos OCCAdeMor

Respuestas a Armando Bartra sobre la termoeléctrica de Huexca

La intención del presente texto es rectificar información expuesta por Armando Bartra en su editorial de La Jornada del Campo, el 19 de diciembre de 2020. Entre las afirmaciones que hace Bartra hay varias que son falsas; en la lista que sigue se indica la falsedad afirmada primero y a continuación se proporciona lo que ocurre/ocurrió en realidad desde nuestro punto de vista.

1. El problema de riego está resuelto y hay un convenio con la mayoría de los ejidatarios.

La mayoría de los ejidatarios votaron en contra del arreglo entre la dirección corrupta de ASURCO y la CFE, incluso en las poblaciones de donde son nativos los ‘dirigentes’ que tranzaron un acuerdo a espaldas de los ejidatarios. El agua que secuestra el acueducto es parte del caudal para riego de los cultivos aguas abajo. ¿Por qué nunca se ha presentado personal de La Jornada del Campo a la zona en conflicto? ¿O el problema se solucionó reprimiendo a los campesinos con la Guardia Nacional, la madrugada de 23 de noviembre del presente año?

2. El problema del ruido, que finalmente no es tanto.

La sensibilidad al ruido depende en gran medida del nivel a que se ha acostumbrado la gente y no es lo mismo vivir en la CdMx, con un ruido de fondo muy elevado durante alrededor de 19 horas diarias, que vivir en Huexca, donde el nivel de ruido a lo largo del día es incomparablemente menor (se escucha el canto de las aves en los árboles a distancias considerables del centro de Huexca); por ello, los organismos de los niños en la escuela preescolar/secundaria, a escasos cien metros de la termoeléctrica, respondieron por primera vez en sus cortas vidas, con crisis nerviosas, vómito, dolor de cabeza, etc. La revista médica European Heart Journal publicó recientemente un estudio longitudinal sobre el impacto cardíaco de los niveles de ruido que producen los aviones en zonas cercanas a los aeropuertos. El ruido nocturno de los aviones puede incidir de manera directa en lesiones cardiovasculares que van desde arritmias y cambios en la presión sanguínea, hasta infartos fulminantes (ver)(1). ¿Por qué el ruido de la termoeléctrica no, si estas infraestructuras pueden generar ruidos ambientales más altos que los límites seguros planteados por la OMS? Además, no sólo es un problema de ruido, el funcionamiento de la termoeléctrica contamina la atmósfera, el agua y los suelos a su alrededor en distancias que van aumentando con el tiempo de funcionamiento. ¿Por qué no intenta vivir un mes en Huexca el director de la CFE con la planta ya funcionando, consumiendo los cultivos que serán regados con el agua contaminada por la planta y bebiendo ese mismo líquido?

3. El gasoducto entrará en operación

El gasoducto ya ha estado operando, cuando menos en los meses en que se hicieron las pruebas de funcionamiento para que la CFE aceptase hacerse cargo de la termoeléctrica (de nuevo, el cambio de oro y plata por espejitos del conquistador cuyas órdenes pasan por encima de la Constitución mexicana). Con ello, la CFE puede utilizar al ejército para resguardar al gasoducto, a las instalaciones de la termoeléctrica y al acueducto; y así disponer ilícitamente del volumen de agua que se le antoje arrebatarles a los campesinos. Por cierto, ¿Armando Bartra sabe por qué no se dieron a conocer ampliamente los reportes sobre la termoeléctrica realizados por los ‘expertos’ de la UNESCO, que pomposamente trajo la CONAGUA con el fin de justificar el despojo hídrico? ¿Cómo puede ser posible que se afirme que algo ocurrirá cuando todavía hay amparos interpuestos y suspensiones vigentes dictadas por jueces federales? ¿Se afirma que en los hechos se desestimará al Poder Judicial?

4. El (robo del) agua del Río Cuautla es un asunto relativamente menor y técnicamente soluble

Si lo fuese, ¿por qué entonces no se resolvió el problema de esa manera y se obtuvo el agua para la termoeléctrica sin despojar a los campesinos del vital líquido? ¿Considera entonces que la violación de un decreto que crea un área sujeta a conservación ecológica (ver punto B más abajo), en complicidad con las autoridades ambientales, es un asunto menor y merece sea apoyada por alguien que se presenta como experto en los problemas del campo y los campesinos en México y Latinoamérica?

5. Se dejó de lado el impacto del gasoducto y sus futuros ramales en regiones con riesgo volcánico del entorno del Popocatépetl hoy agrícolas y poco pobladas

El impacto del gasoducto fue la primera razón con la que se impugnó el Proyecto Integral Morelos (PIM) y con el que un juez dictaminó la suspensión de su tendido al convencerse que el mapa de riesgos sísmicos de la UNAM en la zona había sido alterado para que el gasoducto pasara por zonas de riesgo elevado y muy elevado. La condena del juez se ha ignorado, como en muchos otros lugares, siguiendo la máxima del neoliberalismo que se implantó en el Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, hasta desaparecerlo y dejando de paso sin referente al escudo de ese estado: “Condenen la invasión extractivista extranjera, pero déjenlos trabajar a gusto”. ¿No se suponía que el neoliberalismo ya no existía en el país? Este hecho ha sido ignorado por el director del  Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (CUPreDeR) de la Universidad Autónoma de Puebla; Centro que carece del conocimiento necesario para evaluar los riesgos del trazado de un gasoducto en una zona sísmica (pues no cuenta con un profesionista en geología) y al parecer, desprecia las vidas de quienes viven actualmente en esas zonas. ¿El impacto del gasoducto sólo será relevante para la institución cuando la zona esté densamente poblada y el número de muertes en caso de una explosión sea muy elevado? Además, el gasoducto no termina en la termoeléctrica, continua hasta la actual Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVaC), pasando por zonas densamente pobladas ¿Por qué el CUPreDeR menosprecia a estos otros mexicanos en riesgo? ¿Por qué el personal del CUPreDeR dejó de participar en las reuniones informativas que se realizaron en las comunidades ejidales de la zona afectada por el ilícito acueducto?

6. Si entendemos que el costo (económico, social y ambiental) de revertir algo que estuvo mal, puede ser mayor que el de asumirlo y compensar en lo posible los daños, comprenderemos la postura de López Obrador.

¿Cómo se puede afirmar algo con base en que el costo de actuar en defensa del ambiente, del tejido social y de la economía de una región eminentemente agrícola, pueda llegar a ser mayor que el cruzarse de brazos y contemplar el irremediable e inevitable daño que ya ha ocurrido y seguirá ocurriendo por no actuar?

¿Por qué no se considera la postura de los agricultores y demás habitantes de Morelos que se verán afectados? ¿Será porque se piensa que no es políticamente correcto arriesgarse en la defensa de los mexicanos que no ocupan cargos?

Habrá que recordarle a Bartra que la opinión de los pueblos, colectivos y personas que se oponen al PIM, el acueducto y la termoeléctrica fue silenciada con la represión y las balas. Algunos han sido torturados y encarcelados, y el asesinato de uno de ellos, Samir Flores Soberanes, pesa profundamente en el alma de los pueblos campesinos e indígenas del territorio morelense. Pocos días después de este asesinato, el gobierno siguió adelante con una consulta fuera de la normatividad que impone la propia Constitución, y por lo tanto inválida para la implementación de un megaproyecto en territorio indígena. ¿Cuál es el tipo de gobierno que ejecuta su voluntad pasando sobre el dolor de su pueblo? Violencia de estado innecesaria y reprobable, más bien. Como la violencia en las amenazas, insultos y provocaciones que la Guardia Nacional sigue realizando en contra de las mujeres que defienden su territorio en el plantón de Huexca, en las inmediaciones de la Termoeléctrica.

Y volvemos una vez más a la afirmación de Bartra: ¿contribuir al calentamiento global y propiciar la sobrepoblación dentro de territorios que ofrecen servicios ambientales clave (como se dice en la misma editorial ) para las millones de personas que habitan Morelos, Tlaxcala, Puebla, el estado de México y la Ciudad de México es mejor que no hacerlo? Que afirmación tan sorprendente del experto en el campo.

7. Es posible recuperar la cuantiosa inversión y avanzar en nuestra soberanía energética

Esta afirmación, en boca de un sociólogo, profesor de economía, suena incomprensible. ¿Cómo se puede avanzar en la soberanía energética de México reforzando el consumo de energía que depende del precio del metano vendido en Texas? ¿Se desconocerá acaso el hecho de que la quema de metano como puente para alcanzar el uso de las energías de fuentes renovables resultó ser sólo una mentira más del capitalismo?

8. 15 municipios de Puebla, 10 de Tlaxcala y ocho de Morelos que hoy son básicamente agrícolas y con una muy baja densidad poblacional, pero que además proveen de servicios ambientales, pues conforman la zona de recarga de los acuíferos de los que depende el abastecimiento de agua a unas (sic) 15 millones de personas de la región.

La recarga de los acuíferos depende principalmente de los glaciares en los volcanes y estos están desapareciendo por el calentamiento global causado por ese desarrollo capitalista desenfrenado cuyo costo económico le preocupa a Bartra, es decir, considera que la carencia ya palpable de agua en la zona no debe impedir el avance económico de la región. Pero, además, no es ese el único servicio ambiental que proporciona esa zona y si, como asegura ha leído los estudios realizados entre 2001 y 2007, con base en la Ley General de Equilibrio Ecológico, el Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región Volcán Popocatépetl y su Zona de Influencia, cabe preguntarse por qué no los menciona. ¿Por qué se falsea el nombre de una de las corporaciones españolas que realizaron la obra del gasoducto? ¿Se le quiere esconder con algún propósito no confesado? Debería también cuestionarse por qué el personal del CUPreDeR separa al agua y al suelo del ambiente, siendo estos dos elementos parte fundamental del mismo. ¿Será que el editor de La Jornada del Campo carece del conocimiento necesario en cuanto a lo que el concepto de ambiente significa? ¿Por qué se refiere a Huesca (España) en lugar de a Huexca (Morelos, México)?

9. Los integrantes del Cupreder, que tienen décadas de trabajar sobre el problema, …

Razón de más para cuestionar el trabajo de dicho Centro desde que se fundó: ¿cuáles han sido sus logros en materia ambiental? ¿En dónde han sido publicados y qué tipo de reconocimiento a ese trabajo han recibido? En el ejemplo que usan y que ocurrió después de que se fundara el Centro, ¿lograron frenar siquiera un poco la expansión de grandes zonas habitacionales en Atlixco, Puebla? Y lo más relevante, ¿hicieron algo para evitar la construcción del gasoducto cuando aún era posible impedirla? ¿Sirvieron de algo los programas regulatorios de uso de suelo que realizó el CUPreDeR en diecinueve municipios de Puebla, trece del estado de México y cinco de Morelos en los que se prohibía la actividad industrial riesgosa en esas zonas por el riesgo eruptivo? ¿O solo se cobró por entregarlos, sin importar que se tomaran en cuenta las observaciones ahí contenidas? Estas preguntas son de interés público pues se sabe que el gobierno estatal de Morelos en el 2009 retrasó la publicación del Ordenamiento Ecológico Territorial del estado mientras se alteraban convenientemente dichas observaciones y se modificaban las unidades de gestión ambiental mediante la inclusión de un criterio que abrió las puertas a la actividad industrial.

10. Fuera de las falsedades y muestras de ignorancia de la editorial en cuestión, es necesario mencionar otros problemas que han sido desconocidos por quienes cuestionan la posición de los campesinos y de quienes hemos tomado parte en la oposición al negocio neoliberal del PIM.

A) El metano (CH4) se importa desde Texas sin averiguar su origen; es decir, bien puede ser producto de la fractura hidráulica que destruye el ambiente por completo en donde se aplica. El transporte del metano para el PIM se realiza por un gasoducto bajo las aguas del Golfo de México que llega a Altamira en Tamaulipas, y a Tuxpan, en Veracruz, y de ahí se lleva a una estación de reparto en Tlaxcala, de donde se desvía hacia Huexca pasando por una inadmisible cercanía al volcán. El gasoducto se llenó de metano para poder hacer las pruebas de funcionamiento de la termoeléctrica y así ha estado desde entonces. Hasta ahora, han habido al menos dos temblores de consideración, y no se ha verificado que las uniones y las válvulas de seguridad de los múltiples tramos del gasoducto estén en buenas condiciones. Quizá se ignora que el metano que se fuga a la atmósfera actúa como un potente gas de efecto invernadero y acelera el calentamiento global antropogénico; estas fugas, por cierto, no sólo son inevitables a todo lo largo del ciclo del metano como combustible, desde su extracción hasta su quema, sino que además son las que más han aumentado durante la pandemia por, precisamente, la falta de vigilancia en todos los procesos relacionados con dicho ciclo.

B) Existe un decreto declarando al área núcleo y al área de amortiguamiento del Río Cuautla como área natural protegida y con el propósito explícito y necesario de prohibir cualquier actividad que interfiera con la preservación de los recursos hidrológicos y las especies de flora y fauna[2] o con los procesos naturales del área considerada (Área Natural Protegida Los Sabinos – Santa Rosa – San Cristóbal. Periódico Oficial Tierra y Libertad, 6ta época, No. 3633, del 31 de Marzo de 1993; mapa anexo).

Mapa del área bajo conservación alrededor del Río Cuautla

Mapa de la zona invadida ilícitamente por la llamada Guardia Nacional en donde se muestra la planta de tratamiento de las aguas residuales de Cuautla (círculo rojo) y el polígono del área protegida por decreto (área en amarillo).
https://www.naturalista.mx/projects/zona-sujeta-a-conservacion-ecologica-los-sabinos-santa-rosa-san-cristobal-morelos-rio-cuautla?fbclid=IwAR1nKYH4msb3C-o7C7FEQ26b6SS7A_G8_Lc2nJwVUx_i_VMnl9RJm3N5gM4

Consejo editorial del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire de Morelos (Larisa de Orbe/Antonio Sarmiento/Héctor Zetina)

[1] Saucy, A., Schäffer, B., Tangermann, L. y otros (2020). “Does night-time aircraft noise trigger mortality? A case-crossover study on 24 886 cardiovascular deaths”. European Heart Journalhttps://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa957. Recuperado [30/12/20]

[2] Nota para los defensores del neoliberalismo en México: entre las especies de fauna protegidas, está la humana.

radio
La Zarzamora colectiva

Hace 42 años| Operación Retiro de Televisores y la doble desaparición forzada

Por Constanza Lobo Sánchez

En diciembre de 1978, tras la orden explícita del dictador Augusto Pinochet, militares de los distintos regimientos del país desenterraron las fosas clandestinas ubicadas en el territorio nacional y desaparecieron los cuerpos de ejecutados políticos.

13 de septiembre de 1973. Es medio día y un camión Pegaso cruza desde el Regimiento Tacna en Santiago hasta el Fuerte Arteaga en Peldehue. Al interior del camión van más de 20 personas tendidas en el suelo, amarradas de pies y manos, y sus cabezas cubiertas con lonas. Eliseo Cornejo Escobedo, Suboficial del Ejército (r), sigue la caravana que se desplaza en dirección norte. Cuando llegan al recinto militar observa cómo uno a uno descienden a los detenidos para, a rostro descubierto, asesinarlos con subametralladoras. Los cuerpos caen en una fosa de quince metros y cinco años después, en diciembre de 1978, Cornejo vuelve al mismo sitio para participar de la exhumación ilegal de esos cuerpos, procedimiento nacional que fue llamado “Operación Retiro de Televisores”.

A través de un criptograma categoría A1, que fue enviado a las unidades de inteligencia y regimientos del país, se ordenó “desenterrar todos los cuerpos de prisioneros políticos ejecutados en la jurisdicción del regimiento y hacerlos desaparecer”, según declaró un suboficial de Inteligencia en 2004.

Hasta ese entonces, año 1978, la dictadura militar negaba la existencia de detenidos desaparecidos. “Informaba que eran personas que habían abandonado el país, dejado a sus familias, muerto o que, derechamente, no existían legalmente y que eran personas inventadas”, indica Marisol Intriago, Encargada de la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal.

No obstante, este discurso se fractura cuando el 30 de noviembre de 1978, Inocente Palominos – en la inflaqueable búsqueda de su hijo detenido desaparecido – encuentra cuerpos humanos en los hornos de cal abandonados en Lonquén. Palominos contacta a la Vicaría de la Solidaridad y son ellos quienes realizan una denuncia a la Corte Suprema por un caso que ha sido denominado como “Hornos de Lonquén”. En respuesta al impacto mediático de los hallazgos en Talagante, Pinochet y la Junta Militar deciden enviar el criptógrama a los regimientos.

Los 26 de La Moneda 

El día 23 de diciembre de 1978, durante la “Pascua del Soldado”, nueve militares del Departamento II de Inteligencia y del cuadro permanente del Regimiento Tacna se reúnen al interior del Fuerte Arteaga en Peldehue. Esos nueve militares son Eliseo Cornejo Escobedo, Fernando Burgos Díaz, Hernán Canales Varas, José Canario Santibáñez, José Darrigrandi Marques, Isidro Durán Muñoz, Luis Fuenzalida Rojas, Darío Gutiérrez de La Torre y Sergio Medina Salazar.

Con una máquina retroexcavadora realizan una zanja de seis u ocho metros en el suelo para luego, con palas y chuzos, continuar cavando. Según la declaración de Durán Muñoz, “la faena de desenterrar los cuerpos duró de dos a tres horas” y en ese intertanto beben pisco para capear el calor y el hedor que comienza a rodearlos cuando, bajo unas latas de zinc, encuentran los cuerpos de los detenidos desaparecidos de La Moneda.

El 11 de septiembre de 1973, luego del bombardeo al palacio de gobierno, asesores del Presidente Allende, miembros de la Guardia Presidencial (GAP) y funcionarios del Servicio de Investigaciones son detenidos en La Moneda y trasladados en dos vehículos militares hasta el Regimiento Tacna. Allí fueron apresados y torturados hasta el 12 de septiembre y ese día, después de interrogatorios y vejámenes, liberaron a 17 del Servicio de Investigaciones. Los demás, asesores del Presidente de la República y miembros de la Guardia Presidencial, fueron llevados a Peldehue al día siguiente.

Hasta la fecha, se ha identificado a 26 de ellos: Oscar Avilés Jofré (28), Jaime Barrios Meza (47), Manuel Castro Zamorano (23), Sergio Contreras (40), Daniel Escobar Cruz (37), José Freire Medina (20), Daniel Gutierrez Ayala (25), Enrique Huerta Corvalán (48), Claudio Jimeno Grendi (33), Georges Klein Pipper (27), Oscar Lagos Ríos (21), Oscar Marambio Araya (25), Juan Montiglio Murúa (21), Julio Moreno Pulgar (24), Jorge Orrego González (29), Eduardo Paredes Barrientos (35), Enrique París Roa (40), Héctor Pincheira Núñez (28), Arsenio Poupin Oissel (38), Oscar Ramírez Barria (23), Luis Rodríguez Riquelme (26), Jaime Sotelo Ojeda (33) Julio Tapia Martínez (24), Héctor Urrutia Molina (22), Oscar Valladares Caroca (23) y Juan Vargas Contreras (23).

Sus cuerpos, rodeados de cal y granadas de tipo “Poi” sin explotar, vestidos y calzados como si los cinco años no hubiesen podido ingresar entre la arcilla, son maniatados y metidos en sacos paperos. Hasta allí, todas las declaraciones coinciden. Todos concuerdan que los cuerpos son llevados a dos camiones. No obstante, la aparición del helicóptero Puma enmarañar los relatos.

Algunos, como Fuenzalida Rojas, aseguran que subieron los cuerpos al helicóptero ese mismo 23 de diciembre. Otros, como Gutiérrez de La Torre, dicen que fue dos días después. Según su testimonio presentado al Quinto Juzgado del Crimen de Santiago, “unos dos días después fue (Gutiérrez) llevado a Peldehue en un helicóptero a un sitio ubicado frente al recinto y cerca de un polígono de tiro, lugar donde se encontraban los dos camiones antes referidos, y ayudados por los pilotos cargaron los cuerpos y se dirigeron a la costa y en una zona cerca de la Fundición Ventanas procedieron a lanzarlos al mar, para retornar después a la base ubicada en Tobalaba”.

Independiente del día y la hora, esa acción se realizó. Además del secuestro, la tortura, la ejecución y posterior inhumación ilegal de los detenidos de La Moneda, también se realizó la exhumación ilegal de sus cuerpos, culminando todo con la desaparición forzosa. Se estima que los cuerpos fueron lanzados en las costas de la región de Valparaíso, entre Quintero por el norte y San Antonio por el sur.

Todos los militares mencionados han sido imputados, sus declaraciones y sentencias son de acceso público, no obstante, los autores intelectuales han fallecido. Enrique Morel Donoso, comandante de la guarnición de Santiago en 1978, falleció en febrero del 2002, y Joaquín Molina Fuenzalida, comandante del grupo de artillería del Regimiento Tacna, fue asesinado por Manuel Contreras Valdebenito, hijo de Manuel Contreras, en 1989. Odlanier Mena, director de la CNI, mucho más arriba en la columna de militares y organismos de inteligencia, se suicidó en 2013 antes de ser retirado del Penal Cordillera y trasladado a Punta Peuco.

Hasta esta publicación, quince de los detenidos han sido reconocidos a través de análisis genéticos. Fragmentos óseos, algunos de no más de diez centímetros, han permitido reconstruir sus historias y proyectarlas en presente. Así, se ha identificado a Oscar Avilés Jofré, Jaime Barrios Meza, Manuel Castro Zamorano, Claudio Jimeno Grendi, Georges Klein Pipper, Oscar Lagos Ríos, Julio Moreno Pulgar, Enrique París Roa, Héctor Pincheira Nuñez, Luis Rodríguez Riquelme, Jaime Sotelo Ojeda, Julio Martínez Tapia, Héctor Urrutia Molina, Juan Vargas Contreras y Juan Montiglio Murua.

La operación en el resto del país

En 1978, cuando el ocultamiento de los asesinatos se volvió una orden explícita desde la comandancia en jefe del Ejército, en Chihuío las FFAA desenterraron los restos de los 17 trabajadores pertenecientes al Sindicato Campesino Esperanza del Obrero del Complejo Maderero Panguipulli y los lanzaron al mar. Sus cuerpos, antes de la inhumación ilegal, estuvieron 15 días al aire libre. A pesar de ambas acciones, la fosa del desentierro que fue hallada en 1990 aún contaba con restos óseos que permitieron la identificación de cinco ejecutados: Carlos Acuña Inostroza (46), Luis Ferrada Sandoval (42), Daniel Méndez Méndez (42), Ricardo Ruiz Rodríguez (24) y Manuel Sepúlveda Rebolledo (28).

De esa forma, el encubrimiento y la doble desaparición cruzó el territorio desde la región de Arica en Putre, hasta la región de Los Ríos en Chihuío, y continuó durante 1979. “Las investigaciones judiciales indican que los restos recuperados fueron arrojados al mar, quemados en hornos, arrojados a volcanes, etc.”, señala Marisol.

En Putre, Juan Peña Fuenzalida (21) y Sergio Pantoja Rivera (19) fueron asesinados por agentes del Servicio de Inteligencia Militar entre octubre y noviembre de 1974. Ambos fueron sacados del Regimiento Rancagua, donde realizaban el servicio militar, y llevados a un punto desconocido. No fue hasta 25 años después, en 1999, que sus restos fueron encontrados entre tierra removida en las cercanías a Putre.

En Calama, donde el paso de la Caravana de la Muerte costó la vida de 42 personas, 26 de ellas fueron desaparecidas. Por el relato de un minero, los familiares de los ejecutados políticos supieron de la existencia de cuerpos encontrados en el desierto. Los militares, percatados de la búsqueda, desenterraron los cuerpos y los desaparecieron en el mar. Algunos restos, pequeñas piezas óseas, aparecieron en el sitio y a sus alrededores en pericias posteriores.

En Santiago, la CNI desapareció los cuerpos encontrados en Cuesta Barriga por un cazador de conejos. Se estima que fueron más de veinte los cuerpos ensacados y, presumiblemente, lanzados al mar. Debido a la ubicación de la mina, la diferencia del estado de los cuerpos, se estima que fue utilizada por distintas ramas de la represión (operación cóndor y cuartel Simon Bolivar) y en distintos años. Hasta la fecha, once de las víctimas han sido identificadas.

Asimismo la Corporación Memorial Cerro Chena, en respuesta al anuncio de construcción de un nuevo complejo deportivo en el “Cuartel Nº2” de San Bernardo, denuncia que ese recinto podría considerarse también dentro de la Operación ya que en 2002 encontraron dos fosas con osamentas de detenidos desaparecidos que acusaban remoción de cuerpos.

En Rapel, las víctimas secuestradas y ejecutadas el 16 de octubre de 1973 en Paine, fueron inhumadas ilegalmente en la quebrada Los Quillayes en las cercanías del Lago Rapel. Luego, entre 1978 y 1979, sus restos fueron exhumados ilegalmente y desaparecidos, según declararon las FFAA en la Mesa de Diálogo, frente a Pichilemu. Esta fosa fue identificada en 2007 y permitió la recopilación de 295 fragmentos óseos y 311 evidencias culturales (botones, vidrios, textiles, anillos, etc).

En Linares, las FFAA se encargaron de las exhumaciones ilegales al interior de la Escuela de Artillería de Linares y en la localidad de Constitución. En el regimiento encontraron “dos cuerpos que estaban sin ropas” y en Constitución, en un entierro clandestino, encontraron “tres cráneos”. Todos los restos fueron calcinados. Si bien algunos militares han sido condenados por la desaparición y exhumación ilegal de cinco personas, son en realidad nueve los detenidos desaparecidos contemplados en una misma operación.

En Los Ángeles, en el fundo Huaqui 3 del sector norte de La Mona, trabajadores de la empresa forestal Mininco encontraron osamentas y casquillos de balas. Se estima que al menos seis personas fueron sepultadas y se establece, además, “que la mayor parte de los cuerpos fueron removidos y sustraídos del lugar”. Trece años después, en 2004, se confirmó la identidad de César Flores Baeza (30), Mario Belmar Soto (30), Juan Ulloa Pino (26), Víctor Ulloa Pino (16) y Juan Yáñez Franco (25).

Finalmente, en Mulchén, al sur de Los Ángeles, 18 campesinos de los fundos El Morro, Carmen y Maitenes, y Pemehue, fueron asesinados en octubre de 1973. Sus cuerpos fueron inhumados ilegalmente en una fosa al costado norte del río. A diferencia de las situaciones del norte, la fosa al ser de conocimiento público sirvió de tumba para los familiares hasta  marzo de 1979 donde los restos de once de ellos fueron removidos, insertos en sacos y llevados hasta Concepción, donde los calcinaron en un horno de ladrillo del Departamento II. El fallo está disponible aquí.

Situación actual

Hasta la fecha, la Operación Retiro de Televisores cuenta con diez momentos identificables y diez u once fosas clandestinas halladas entre 1990 hasta 2007. Es decir, tan sólo trece años atrás. Ha sido el actuar de familiares de detenidos desaparecidos, quienes han iniciado distintos procedimientos judiciales que involucran al PJ y al SML, lo que ha permitido trazar pequeñas cuotas de verdad sobre esta operación. No obstante, esta reconstrucción no ha estado exenta de inexactitudes.

Los cuerpos de Oscar Avilés Jofré, Eduardo Paredes Barrientos, Hector Urrutia Molina, todos parte del grupo de La Moneda, fueron identificados erróneamente en el Patio 29, la parcela que fue utilizada para sepultar clandestinamente a ejecutados políticos. Por esto, es posible encontrar información errada acompañando sus nombres.

Según Marisol, cuando se aplicó el análisis de ADN mitocondrial en 2006, se estimó que cerca de 90 casos del Patio 29 presentaban exclusiones, “es decir, que los perfiles genéticos de las víctimas no coincidían con sus supuestas familias maternas”. Esta nueva técnica de extracción de ADN en hueso comenzó a utilizarse recién en 1999 y a diferencia del nuclear, es mucho más estable  y “es la parte de ADN que todas las personas heredamos por vía materna, entonces compartimos esa misma secuencia con nuestra madre, hermanos de madre, y todo pariente de línea materna”.

Por eso, desde el año 2009, el Servicio Médico Legal ha creado una base de datos genéticos de familiares que ha permitido la comparación de perfiles genéticos con los restos óseos encontrados en las fosas clandestinas. Hasta la fecha, se ha identificado alrededor de 200 personas a través de la acción conjunta de variados elementos técnicos (ya sea a través de ADN nuclear o mitocondrial) con la ratificación de un juez.

Marisol cree que aún hay fosas clandestinas que no han sido identificadas, “sabemos que esas fosas existen, y que hay personas ligadas a los aparatos de represión que las conocen, se requiere que den información y que las causas sigan abiertas, que los jueces y ministros no dejen de investigar”.

El tiempo continúa expandiendo la brecha de la impunidad, volviendo más difícil la búsqueda e identificación, pero ella concluye, en un tono más amable y esperanzador, “estamos seguros de que existe la posibilidad de seguir encontrando a las víctimas de desaparición forzada”.

Se estima que son más de 1.200 personas las víctimas de desaparición forzosa de nuestro país. La Operación Retiro de Televisores fue la decisión, consciente y premeditada, de volver a desaparecerlos, de perderles la pista, ojalá y para siempre. Pero los huesos resisten, escondidos en la tierra, al igual que la memoria. Y sus nombres aparecen de nuevo, y continuarán haciéndolo, año tras año. Día tras día.

Foto de portada Museo de la Memoria. Disponible en el siguiente link: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fww3.museodelamemoria.cl%2Fwp-content%2Ffiles_mf%2F1563902305GAP_1973_web.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1Bnl6rapR9fhrc9YdKMznbb0Sqd7hEBt4xqj1SQR6UeKQSDZgqnlyDB6c&h=AT0m2g6K8rD57dWsLpyAQT86dwSReMU7r8P7ShYSdLbnDjJ58p2PTpgEwYQKSa8exbhOaRPH3_0CaPso399WGTqyLDkSGqEwLRsvBxRpEW2IZu8qzKWT80zBIbBWl0bN9HY

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