A las organizaciones defensoras de los derechos humanos
A los medios de comunicación
Al Congreso Nacional Indígena y su Concejo Indígena de Gobierno
Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
Nosotros, compañeros en resistencia JOSÉ ESPINOZA GÓMEZ, JOSÉ ALFREDO ESPINOZA PÉREZ, JUAN ESPINOZA PÉREZ, MARIO ESPINOZA PÉREZ, CARLOS HERNANDEZ MÉNDEZ, JUAN RAMON GUTIÉRREZ ESPINOZA Y MIGUEL ESPINOZA HERNÁNDEZ, de las rancherías Jolmuc’ulha y Taquinton, perteneciente al ejido Peña Limonar, municipio de Ocosingo, Chiapas, y miembros del Congreso Nacional Indígena. Denunciamos enérgicamente la detención arbitraria e injusta de nuestros compañeros Fernando Espinoza Pérez y Baldemar Espinoza Pérez, presos injustamente en el cereso 16 de Ocosingo, llevados a esta instancia por autoridades ejidales, derivado de los hechos que se suscitaron el día 10 de febrero del año en curso, cuando nuestros compañeros antes mencionados junto a Miguel Espinoza Hernández salieron del ejido El Tumbo, municipio de Ocosingo, hacia la ciudad de Palenque en una camioneta Nissan cargada con 25 bultos de café orgánico para su venta, a la altura del crucero Peña Limonar les bloquearon el paso un grupo de cincuenta personas que portaban armas de fuego, palos y machetes, liderados por Manuel López Gutiérrez, Juan Gutiérrez Cruz, Narciso Gutiérrez Pérez y Pedro Hernández Jiménez, presidente del comisariado, concejo de vigilancia, secretario del comisariado y agente auxiliar municipal, valiéndose de una tabla con clavos que atravesaron en el camino obligaron a detener el vehículo en el que viajaban, con lujo de violencia y abuso de autoridad fueron esposados, haciendo uso excesivo de la fuerza los trasladaron al ejido Peña Limonar, donde fueron violentamente agredidos por policías rurales, dichas autoridades abusando de su poder les quitaron su café, dinero y pertenencias, posteriormente fueron remitidos a la cárcel municipal de Ocosingo donde se encuentran actualmente en condiciones de vulnerabilidad.
Este acto totalmente violatorio de los derechos humanos, no es un hecho aislado, es la consecuencia de una constante e ininterrumpida guerra de baja intensidad contra las comunidades en resistencia que viene siendo operada desde 1994, pues esta agresión se inscribe a una serie de violaciones de derechos humanos, detenciones injustas, ataques armados a nuestras casas, tala ilegal de árboles, robo de madera, incursiones armadas a nuestros trabajaderos, con la actuación y protección de las autoridades ejidales, que desde hace más de diez años han trastocado la paz y la vida colectiva comunitaria, dichas acciones evidentemente reflejan una agudización de los conflictos y hostilidades hacia las comunidades zapatistas y del Congreso Nacional Indígena, que apuntan hacia el despojo de nuestro territorio.
Ante este escenario de violencia, nos manifestamos y hacemos responsables a los tres niveles de los malos gobiernos de la integridad física y psicológica de nuestros compañeros presos, así como la de sus familias y de quienes integramos la organización.
Exigimos la liberación inmediata de nuestros compañeros, reparación de los daños ocasionados, así como se investigue y castigue a los responsables de tales abusos e injusticias cometidas.
¡ALTO AL HOSTIGAMIENTO Y AGRESIÓN EN TERRITORIOS INDÍGENAS!
Entre 2,1 y 4,8 millones de vietnamitas estuvieron expuestos directamente al químico cancerígeno. Otros millones más de personas fueron contaminadas indirectamente a través de la cadena alimentaria y de la leche materna. La previsión es de que hasta mayo se tenga un resultado del juicio
“Soy hija del Mekong, del colonialismo y de la guerra, hija de una tierra mágica y envenenada”, resume Tran To Nga en su libro intitulado Mi tierra envenenada. Esta franco-vietnamita de 78 años está a la raíz de un juicio que empezó el 25 de enero pasado en Francia, contra catorce de las empresas – incluyendo a Monsanto (hoy propiedad de Bayer) y Dow Chemical – responsables de haber fabricado y vendido al gobierno de Estados Unidos el “agente naranja”, un potente químico herbicida utilizado por el ejército estadounidense como parte de su programa de guerra química durante la Guerra de Vietnam.
Se estima que entre 1961 y 1971, 80 millones de litros de herbicidas han sido arrojados al territorio vietnamita, con el objetivo de destruir los bosques donde se refugiaban los combatientes del Viet-Cong, así como destruir los cultivos y dejar hambrientos al pueblo y los rebeldes.
El 20% del suelo de Vietnam del Sur recibió, según estimaciones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, entre 170 y 500 kilogramos de dioxina pura, el compuesto químico más peligroso del agente naranja, clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como sustancia cancerígena. La molécula, que perdura en los organismos a largo plazo, también es conocida por provocar afecciones cutáneas, digestivas, nerviosas y cardiovasculares, así como diabetes.
Millones de víctimas
Según un estudio publicado en el 2003, entre 2,1 y 4,8 millones de vietnamitas estuvieron expuestos directamente al “agente naranja”, además de miles de camboyanos, laosianos, civiles y soldados estadounidenses y sus diversos aliados. Otros millones más de personas fueron contaminadas indirectamente a través de la cadena alimentaria y de la leche materna
El “agente naranja” no sólo devastó la salud de quienes vivieron la guerra, sino también la de sus descendientes: los efectos de la intoxicación se sienten hoy hasta la cuarta generación: al menos 100.000 niños tienen graves anomalías congénitas. “Si pudiera invitar a los jueces y abogados de las empresas a verlos, no tendrían más valor para defender a los delincuentes”, expresó Tran To Nga.
De hecho, ella es una de las víctimas. Sufre de nódulos subcutáneos, así como de diabetes, cloracné, una enfermedad genética de la hemoglobina, y una malformación cardíaca transmisible. Todas estas enfermedades están en la lista de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, establecida en 1996, de condiciones asociadas a la exposición al agente naranja. En cuanto a sus hijas y nietas, todas tienen problemas de salud similares y su primera hija murió en 1969 por una malformación cardíaca.
Ecocidio
Además de sus terribles efectos sobre la salud, según datos de la Unesco, el herbicida contaminó a 400 mil hectáreas de tierras agrícolas, 2 millones de hectáreas de bosques y 500 mil hectáreas de manglares, lo que representa el 20% de los bosques de la zona sur del país.
A esto se suma la destrucción de más de un millón de hectáreas de bosque tropical y la desaparición de una abundante fauna: elefantes, tigres, rinocerontes, antílopes, pájaros, serpientes, mariposas y una multitud de insectos. La defoliación de grandes árboles perturbó los complejos ecosistemas, provocando la destrucción de la vegetación. En cambio, el bambú y los pastos altos llamados “pastos americanos”, invadieron los suelos empobrecidos.
Además, como lo argumentó André Bouny en su ensayo Agente Naranja, Apocalipsis Vietnam, estas destrucciones tuvieron un impacto desastroso sobre la población al destrozar su conexión espiritual con la naturaleza: “El doble trauma que sufren las familias es aún más considerable si se toma en cuenta que se enfrentan a una gran pérdida de sentido, ya que los espíritus de los bosques y de los ríos, de las plantas y de los animales sagrados desaparecieron, destruidos por el agente naranja que también destruyó su representación del mundo”.
Impunidad selectiva
En Estados Unidos, las víctimas militares del “agente naranja” ya han sido indemnizadas. En la década de 1980, Monsanto y otras 6 empresas productoras de herbicidas fueron condenadas a pagar 180 millones de dólares a un fondo de compensación destinado a los soldados nacionales. En 1999, cerca de 16.000 veteranos emprendieron acciones legales individuales reclamando el equivalente a 3.400 millones de euros en daños económicos. Sin embargo, cuando, en 2004, víctimas vietnamitas agrupadas en la Asociación Vietnamita de Víctimas del Agente Naranja / Dioxina (Vava) decidieron demandar a 11 fabricantes de herbicidas antes los tribunales estadounidenses por Crimen de Lesa Humanidad y Crimen de Guerra, basándose en el protocolo de Ginebra de 1925, el cual prohíbe el uso de armas químicas, recibieron una serie de decisiones negativas. Los jueces determinaron que un herbicida no era veneno según el derecho internacional.
Una lucha incansable
Las injusticias han alimentado los ánimos de Tran To Nga para luchar por la verdad. A pesar de los años, nunca consideró darse por vencida. “Aunque estoy cansada, sigo luchando por los millones de otras víctimas”, expresó.
Seis años después de que interpusiera su demanda en 2014 ante el tribunal de Evry, su lugar de residencia en Francia – y después de que su audiencia fuera aplazada 19 veces -, el pasado lunes 25 de enero, por fin, pudo enfrentar a algunos de los responsables de la tragedia y su veintena de abogados.
Ese día, las empresas estadounidenses sacaron su armada de abogados para desarrollar sus argumentos durante casi cuatro horas, basando su línea de defensa en tres pilares: primero, impugnar la jurisdicción de los tribunales franceses y solicitar la inmunidad de jurisdicción, luego cuestionar la condición de víctima del “agente naranja” de la denunciante. Finalmente, trataron de demostrar que las empresas solo obedecieron las órdenes del Estado estadounidense en tiempo de guerra.
A principios de la década de 1960, bajo la presión del gobierno de los Estados Unidos, los fabricantes entregaron cantidades gigantescas de productos al ejército en un corto período de tiempo, descuidando las precauciones destinadas a eliminar las impurezas tóxicas de fabricación.
Sin embargo, existen pruebas de que las decisiones tomadas por los fabricantes fueron en plena libertad y conocimiento de la peligrosidad del producto que estaban vendiendo, como lo demuestra una nota interna confidencial de Dow Chemical del 1965, año del primer uso del “agente naranja” en Vietnam, en la cual viene escrito “esta sustancia es extraordinariamente tóxica y tiene un enorme potencial en términos de generación de cloracné y enfermedades sistémicas”.
Un juicio histórico
Para la abogada francesa Amélie Lefebvre, “este es un juicio histórico, porque la prioridad es obtener una decisión judicial que reconozca por
primera vez la responsabilidad de las empresas estadounidenses hacia las víctimas. Si ganamos esta ronda, podría sentar un precedente legal en el que otras víctimas podrían confiar para iniciar otros procedimientos, en Francia o en otros lugares”.
La decisión del tribunal es esperada para el próximo 10 de mayo. Y cualquiera que sea el veredicto, lo más probable es que de lugar a una apelación, ya sea de las empresas que no pueden permitirse perder, o de Tran To Nga, quien no tiene nada más que perder.
“La pelea acaba de empezar (…) Mi nombre empieza a ser conocido, pero yo solo soy un polvito, hay que hablar de todas las personas que luchan en silencio. Para ganar contra esas empresas millonarias, muy poderosas, necesitamos miles de seguidores. (…) Mi salud es cada vez más frágil, pero vamos avanzando, paso a paso. Sé que después de la audiencia pueden haber solicitudes de peritajes médicos, segundas opiniones, posiblemente apelaciones … Todavía tenemos batallas que librar y me estoy preparando para ellas ”, confiesa la franco-vietnamita.
Con información de Politis, Reporterre y Mediapart.
Campaña Contra la política feminicida en Turquía y el Mundo
#AltoPoliticaFeminicida
#JuicioAErdoganPorFeminicida
#FeminicidioCrimenContraLaHumanidad
#QueremosJusticiaReal
💫 Desde México y toda América Latina apoyamos la campaña internacional contra el feminicidio lanzada por el Movimiento de Mujeres Kurdas.
💜 Queremos unir nuestras voces con las de todas las mujeres del mundo que son sometidas a violencia.
✨ ¡Queremos una justicia real!
🔥 Nombramos a todos los responsables y perpetradores de feminicidios en cualquier parte del mundo.
🔥 Y exigimos el enjuiciamiento de Recep Tayip Erdogan, dictador de Turquía.
Con un llamado a la jornada global #JusticiaParaSamir y contra los Megaproyectos, a impulsar el recorrido de nuestras hermanas y hermanos zapatistas por la Europa de abajo, a mantener los proyectos de autogestiión y resistencia como el taller de costura de la Muñeca rebelde Lele y la invitación a seguir apoyando con el acopio y la solidaridad la causa otomi.
Te invitamos a compartir y difundir este información.
Nunca más un México sin nosotras y nosotros.
Campaña de difusión caravana solidaria Video 5: Agresiones al trabajo colectivo.
Video 4: Violencia hacia la economia autónoma y la destrucción de la Madre Tierra.
Video 3: Difamación y calumnia hacia las comunidades zapatistas (Realizado durante la Misión Civil de Observación)
Video 2: Invasión, cercamiento de la madre tierra y ambiente de balazos.
Video 1: Mecanismos de la violencia hacia los cuerpos – territorios de las mujeres
Consulta el Informe de la Caravana de Solidaridad y Documentación con las comunidades autónomas zapatistas de Nuevo San Gregorio y Región Moises Gandhi. aqui: https://redajmaq.espora.org/informecaravana2020
Los Mapuche no somos parte del patrimonio $hileno.
Lonco Pedro Catrilef Antilef del territorio Llanquihue, hace llamado a pu lamngen a estar atentos y rechazar toda iniciativa que pretenda romantizar la cultura Mapuche en la instalación de museos.
Por: La Zarzamora
Inmediato rechazo generó en territorio Mapuche Williche de Llanquihue la noticia de que se presentaría en consejo municipal la iniciativa de instalación de un Museo en la localidad. Varios pu lamngen quedaron sorprendidos ya que previamente no existió ninguna consulta o socialización de tal proyecto a las comunidades existentes en el territorio.
Se trataría de un Museo Mapuche, razón mas que suficiente para ser rechazado, pues el pueblo nación Mapuche no necesita de “un homenaje” si no del reconocimiento de sus demandas ancestrales territoriales, es un Pueblo vivo que resiste, que para conocerlo no se requiere de un Museo.
LoncoPedro Catrilef Antilef llama a que se levante la conversación y el debate con respecto a este tema y a todos los temas que involucren al Pueblo y al territorio.
En este caso, favorablemente en el consejo municipal de la comuna no se acepto tal proyecto y se realizaron observaciones e indicaciones, como mínimo se les exige vinculación a las comunidades, situación que hasta la fecha no es efectiva. Independiente de la postura municipal, son los involucrados quienes en su derecho a la autodeterminación deben decidir y pu lamngen mapuche se han manifestado con el siguiente comunicado:
COMUNICADO PUBLICO
A nuestro Pueblo Nación Mapuche y opinión pública en general.
Ante el hecho ocurrido en consejo municipal de Llanquihue el día jueves 21 de enero 2021 sobre la presentación de un proyecto de museo Mapuche Williche en la comuna de Llanquihue. Inche Longko Pedro Catrilef Antilef haciendo uso de mi facultad como autoridad ancestral de este territorio declaro lo siguiente:
Kiñe: Ante la imposición de un proyecto de ese tipo me opongo rotundamente debido a que rechazo ser materia de estudio, que se nos cosifiqué, folclorice y lucren, aún más con nuestro territorio, identidad y cultura Mapuche Williche.
Epu: Además, este proyecto es preocupante para nuestro territorio ya que no debemos olvidar que fuimos víctima de genocidio y no seremos exhibidos como trofeo de los colonizadores ni del estado de Chile. Este tipo de acciones lo único que pretende es generar más dolor y divisiones entre los habitantes del territorio.
Küla: Exijo que este tipo de proyectos no se levante en nuestro territorio ya que solo viene a negar nuestra existencia hoy como pueblo y nuestra identidad, más aún que se vea profanado nuestros espacios significativos, nuestra espiritualidad y saqueo de estos para obtener algo que exhibir en un museo, ya que no somos parte del patrimonio chileno.
Meli: Como pueblo mapuche williche vamos a exigir nuestro derecho consuetudinario. Sin embargo dejamos claro que no aceptaremos ninguna iniciativa que sea susceptible de afectarnos como pueblo y no daremos marcha atrás en defender nuestro territorio desde que hemos emprendido nuestra libre determinación y autonomía de nuestro pueblo nación Mapuche.
Kechu.- Hago este llamado a Pu lamuen, Pu peñi y a todo el pueblo chileno consiente a unirse a esta defensa de nuestra dignidad e historia como pueblo.
La prisión política en Chile no es nueva; sin embargo, desde la revuelta popular y la enorme cantidad de presxs que ésta dejó, el debate ha tomado mayor fuerza. Por una parte existe una disputa sobre el número de presxs y personas judicializadas en la revuelta, ya que desde el gobierno afirman que han interpuesto 531 querellas contra 1774 imputadxs por distintos delitos y que 219 de ellas fueron por Ley de Seguridad del Estado contra 1073 imputadxs.
De esos 1073 imputadxs, tres están en prisión preventiva, 61 con arresto domiciliario, 441 con otras medidas cautelares, 59 condenadxs, dos sobreseídxs y 489 que no han sido formalizadxs. Por su parte, la Fiscalía informa que a octubre de 2020 se habían formalizado 5084 personas, 648 de ellas seguían en prisión preventiva y 725 habían sido condenadas. Según las organizaciones que apoyan a lxs presxs, la diferencia de cifras se debe a que el gobierno sólo informa de las personas querelladas por la Ley de Seguridad del Estado, siendo que la mayoría está judicializada por la Ley de Armas.
Más allá de las cifras, vemos la prisión política contra la revuelta como parte de una respuesta del Estado y el poder ante la rebelión popular, ya que además de la prisión como castigo a manos del poder judicial, el gobierno desplegó una fuerte represión que incluyó asesinatos y mutilaciones, además de las leyes en contra de las manifestaciones, como la ley anti-barricadas que promulgó el parlamento.
Esta política represiva para enfrentar al «enemigo poderoso», como invocó Piñera desde su podio a los medios de comunicación, involucra una serie de acciones judiciales e irregularidades en los procesos de detención, que incluyen pruebas falsas, declaraciones de policías como única fuente de información y extensivas prisiones preventivas que han durado meses e incluso más de un año en algunos casos, ya que el gobierno se querella con la Ley de Seguridad Interior del Estado, lo que en la práctica opera como un castigo anticipado y sin juicio.
Por otra parte, desde el poder intentan instalar en el debate público que todo se trata de delincuencia común y no de prisión política, basándose en que ciertos casos se tratan de robos producto de los saqueos a multitiendas; no obstante, ese argumento desconoce el ambiente social y el contexto político en que suceden las manifestaciones, ya que en el escenario de la revuelta disruptiva era recurrente que parte de las personas descargara su rabia contra instituciones usureras y pilares del modelo neoliberal. Desde el poder intentan separar entre manifestantes buenas y malas, pacíficos y violentos, proyectando un ideal (su ideal) de movilización servil, pasiva y monótona, frente a lo que cualquier manifestación disruptiva significaría mera delincuencia común.
El trato que han tenido las personas privadas de libertad nunca ha sido bueno en Chile, las cárceles están colapsadas y las precarias condiciones de higiene han sido un tema recurrente en las denuncias sobre la situación carcelaria. Esta realidad recrudece producto de la pandemia, donde no existen medidas de control y el aislamiento se suma a las ya duras condenas, ya que desde la llegada del coronavirus no se puede visitar a las personas presas. Esta difícil situación contrasta con la impunidad y el trato indulgente que el poder demuestra hacia la clase alta en los casos de corrupción y fraude al fisco como el Caso Cascadas o la suavidad con que tratan a los grupos de ultraderecha que amenazaron a la fiscal Chong.
Gracias a la movilización social se ha logrado instalar la problemática e incluso liberar a varixs presxs de la revuelta a lo largo del país, abriendo el debate en la clase política sobre si lxs presxs durante el contexto de revuelta deben ser denominadxs con el adjetivo de “políticxs” o no, incluso algunos sectores parlamentarios impulsan un proyecto de indulto que no ha tenido mayor impacto en el Estado, lo que demuestra que será la presión popular la que logre visibilizar la prisión política y liberar a nuestrxs compañerxs.
Entre el proceso constituyente iniciado con el plebiscito de octubre y la carrera presidencial en curso, el proceso de movilización popular no ha podido instalar la libertad de lxs presxs de la revuelta como requisito para negociar con el poder, lo que demuestra las debilidades de la revuelta y las tareas pendientes de la movilización.
A las Juntas de Buen Gobierno y Bases de Apoyo del EZLN
Al Concejo Indígena de Gobierno
Al Congreso Nacional Indígena
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A los organismos de derechos humamos nacionales e internacionales
A los medios libres, independientes, autónomos
A los pueblos de México y del mundo
Organizaciones, colectivos y personas a título individual, todas Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejercicio Zapatista de Liberación Nacional, hemos llevado a cabo desde el mes de octubre Caravanas de Solidaridad con los Pueblos Zapatistas. En estás caravanas se ha realizado un trabajo de acompañamiento y observación de derechos humanos de niños, niñas, mujeres y hombres Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) en la comunidad Nuevo San Gregorio (NSG), se ha documentado la presencia y los daños que un grupo invasor está provocando a las tierras recuperadas ubicadas en esta comunidad, así como el hostigamiento constante a las familias zapatistas.
Durante los hechos, que desarrollaremos más adelante, hemos presenciado que los tres niveles de gobierno no han intervenido para frenar las agresiones, el despojo y las provocaciones del grupo de invasores hacia las BAEZLN. Pudimos observar la complicidad que tiene este grupo de invasores con los tres niveles de gobierno para despojar del territorio a las BAEZLN y controlar los bienes naturales, así como la estrategia de abrir paso a proyectos gubernamentales individualizados, como “Sembrando Vida” (entre otros programas), que agreden el proceso de autonomía e intentan romper con formas organizativas comunitarias.
Ante el hostigamiento de los invasores y para resistir a las provocaciones, las familias zapatistas han dejado sus casas y se han concentrado en el Centro de la comunidad, abandonando sus pertenencias y en algunos casos, sus animales (algunos de ellos ya han muerto por el abandono forzado). El trabajo de siembra de maíz y frijol que las BAEZLN tenían previsto del 1 al 4 de febrero no se realizó
, lo que amenaza la alimentación y la salud de las familias para los próximos meses. Esto significa atentar directamente contra la vida de las Bases de Apoyo, por una perspectiva de seguridad a corto plazo.
Parte de este grupo de invasores proviene de los ejidos San Gregorio de Las Casas, Duraznal, Rancho Alegre y San Andrés Puerto Rico, algunos de ellos con cargos ejidales y eclesiales. Nos preguntamos qué hace gente de otras comunidades en el territorio de las BAEZLN , quién los trajo aquí y con qué propósito.
Aquí presentamos la lista de hechos ocurridos entre el 1 y el 9 de febrero, documentados por la Caravana de Solidaridad:
1.- Desde hace un año y tres meses, el grupo de invasores ha cercado con alambre de púas y postes de madera 145 hectáreas de las 155 que hay en las tierras recuperadas. Han tomado posesión de la llamada “Casa Grande” (antigua finca) que es parte de los terrenos de la Escuela Secundaria Autónoma. Señalan las Bases de Apoyo: “Se decidió conservarla porque fue fruto del trabajo de nuestras abuelas y abuelos que fueron peones acasillados en la finca”. Como parte de los trabajos colectivos se ha invertido dinero y trabajo en arreglarla. Entre el 1 y el 9 de febrero fue utilizada como campamento por parte de los invasores, los cuales han estado haciendo cortes con motosierra detrás de la Casa Grande y la han estado usando para vigilar desde allí las actividades de las BAEZLN con binoculares, celulares y radios.
2.- A partir del 1 de febrero, los invasores instalaron 5 posiciones de guardia (2 de ellas a tan solo 50 metros de distancia del Centro de la comunidad, 3 de ellas a 250 metros), portando machetes, cuchillos, navajas, resorteras, macanas con punta, celulares, radios de comunicación y binoculares. Entre ellos se encuentra Felipe Henriquez Gómez de Rancho Alegre; Nicolás Pérez Pérez de San Gregorio Las Casas; Esteban Miguel Moshan, Manuel Moshan Moshan, Javier Gómez Mendez, Miguel Bolom Ara (ex policía municipal de Huixtán), Mario Bolom Ara, Alejando Pérez Pérez, Alonso Ara Moshan, Sebastián Ara Moshan y Pedro Pérez Pérez (sobrino de uno de los líderes de la ORCAO).
3.- Dentro de la comunidad se desarrollan varios trabajos colectivos, los cuales permiten diversificar la alimentación, así como la prevención y curación de enfermedades. El grupo de invasores ha impedido que estos trabajos se lleven a cabo. Las BAEZLN tienen un estanque de tilapia colectivo para alimento de la comunidad y un espacio donde las niñas y los niños se reúnen para jugar. Los invasores desconectaron varios tramos de la tubería que surte el agua al estanque, provocando la muerte de los peces, ya que las encargadas y encargados de alimentarlos no pudieron acercarse al lugar entre el 1 y el 6 de febrero por la presencia de los invasores.
Por parte de los y las estudiantes de la Secundaria Autónoma se tenía un trabajo colectivo de colmenas, ubicado detrás de la Casa Grande, pero también debido a la presencia de los invasores y al no poder cuidarlas, éstas ya no están.
Las Bases de Apoyo relataron algunos de los daños provocados por los invasores: “Nicolás Pérez Pérez quemó el monte seco de un trabajadero que suelen usar como abono. El fuego se descontroló y casi se queman unos borregos que tenemos en colectivo. Hay berro sembrado alrededor del estanque, los invasores lo cortaron. “Tenemos colectivo de ganado, hay que ir a cuidar hasta tres veces al día para moverlo del lugar, para que coma, para darle agua y sal”. Los invasores movieron varios ganados, los ganados sufrieron con el paso de los tractores y la presencia de tanta gente. Las compañeras han tenido que encargarse de los ganados y borregos, porque los compañeros no pueden abandonar sus guardias y por miedo de ser atacados. Cuando van a cuidar los animales, los invasores las vigilan, juguetean con el machete para intimidarlas y las alumbran con focos”.
4.- La Educación, como parte de las áreas de la autonomía zapatista, también ha sido afectada por los invasores. “El 18 de enero era la fecha de inicio de las clases de la Secundaria Autónoma, las clases no han podido iniciar ya que los invasores usan seguido la Casa Grande y las y los estudiantes tienen que pasar demasiado cerca del grupo invasor para llegar a la escuela”.
5.- La invasión de las tierras recuperadas también ha afectado el abastecimiento de agua y electricidad: “Se acumuló basura en la captación de agua y estaba entrando poca agua, por la cercanía con el grupo invasor no se ha podido limpiar. Se tiene un tanque de almacenamiento de agua desde el que bombean agua a las tomas del Centro de la comunidad y la Casa Grande. Normalmente bombean agua cada 3 días. En esta ocasión, por la presencia del grupo invasor en los terrenos cercanos al tanque, tuvieron que esperar 5 días para bombear el agua. Las compañeras son quienes han ido a bombear el agua y van con miedo porque hay invasores que las vigilan”. En la comunidad se cuenta con un transformador de luz, pero hay riesgo de que en la temporada de lluvias se caiga, y no se ha podido componer porque está en los terrenos cercados por los invasores.
6.- Entre el 1 y 9 de febrero el grupo de invasores contrató 2 tractores para arar las tierras. Al momento han afectado 12.5 hectáreas, se calcula un costo de 23,000 pesos por la renta de los tractores y 2300 por hectárea arada, más unos estimados 6 mil pesos por 320 litros de diesel comprados. Pedro López, comisariado ejidal de Los Llanos, es el encargado de los tractores. Mientras trabajan los tractores, entre 8 y 12 invasores hacen guardia. Las mangueras que proveen agua al ganado colectivo, así como al estanque de peces han sido desconectadas. Realizan quema de tierras, en algunos casos hay pelibueyes amarrados para la pastura. En algunos de los terrenos en los que ha entrado el tractor había trabajo colectivo de hortalizas y plantas medicinales. Con el paso del tractor, además de dañar parte de las mangueras, se destruyó el camino que lleva a la hortaliza colectiva; en ella dejaron varias macanas con punta clavadas, y esto es interpretado como provocación.
Toda esta serie de hechos no son menores. Como habíamos mencionado anteriormente, forman parte de una estrategia para despojar de las tierras recuperadas a nuestras compañeras y compañeros zapatistas, es también una estrategia de desgaste y un intento para romper el proceso de autonomía. Esta invasión ha provocado innumerables daños a las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional: desplazamiento de familias, despojo de la tierra y el territorio, destrucción de trabajos colectivos, impidiendo el acceso al derecho a la educación y a la salud, ejes de la autonomía zapatista. En palabras de las BAEZLN: “Los invasores no tienen interés en cultivar la tierra, tienen dinero, carros, ganados y derechos en sus ejidos. Si realmente tuvieran necesidad, que vengan a trabajar en común, pero no quieren. La tierra es para luchar, no para hacer negocio”.
Como Caravana de Solidaridad, reiteramos que no dejaremos de acompañar a nuestras compañeras y compañeros zapatistas, no dejaremos de denunciar la complicidad de los tres niveles de gobierno, que es parte de una estrategia de contrainsurgecia para frenar la lucha del EZLN. Ha quedado claro que el cambio que prometía desde el inicio este gobierno, auto llamado de la Cuarta Transformación, no ha sucedido. Al contrario, bajo la legitimidad de los votos ha continuado con los proyectos de muerte de los gobiernos anteriores. Pero pese a su política de muerte seguiremos luchando por la vida, aquí “abajo y a la izquierda”; seguiremos defendiendo a la madre naturaleza, la tierra y el territorio; seguiremos luchando por un mundo más justo “donde quepan muchos mundos”.
Nuestra labor ha sido pacífica y con el objetivo de hacer valer los derechos humanos y libre autodeterminación de los pueblos y hemos contando con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). Este acompañamiento se da de manera presencial y a la distancia con el objetivo de realizar un trabajo integral y continuo.
Organizaciones y colectivos firmantes…
Atentamente:
Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, A.C. (CDMCH)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI)
Desarrollo Tecnológico y Servicios Comunitarios El Puente, S.C.
Enlace Civil, A.C.
Espacio de Lucha Contra el Olvido y la Represión (ELCOR)
Grupo de trabajo No Estamxs Todxs
Lumaltik Herriak
Médicos del Mundo, Suiza-México
Memoria Viva
Promedios de Comunicación Comunitaria A.C.
Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq
Salud y Desarrollo Comunitario, A.C. (SADEC)
BIZILUR
TxiapasEKIN Plataforma
Colectivo Anarcista El Pueblo
Y otros Colectivos, organizaciones y personas adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona
A finales del pasado mes de diciembre, el gobierno griego aprobó una reforma del sistema penitenciario nacional que, además de otras medidas que empeoran las condiciones carcelarias, establece que los condenados por terrorismo no pueden acceder a las “cárceles rurales”, que se consideran más “abiertas” y a las cuales los presos de larga duración tienen acceso. La aprobación de esta ley activó inmediatamente el proceso burocrático para el traslado de Dimitri Koufontinas desde la prisión rural de Kassevitia.
Dimitri es un camarada condenado por participar en la Organización Revolucionaria 17 de noviembre, en prisión desde 2002.
El nuevo paquete de leyes estipula que los reclusos en las cárceles rurales se reclasifican y luego se transfieren a la última prisión en la que se encontraban. En el caso de Dimitri, debería haber sido la prisión ateniense de Koridallos. Sin embargo, la administración de la prisión decidió trasladarlo, manipulando los papeles de transferencia, a la prisión de Domokos. Aunque en Grecia no existen circuitos diferenciados de cárceles, la intención de la administración penitenciaria en los últimos años ha sido hacer de esta prisión una prisión “dura”.
Un traslado punitivo, por lo tanto, destinado a golpear a un compañero que siempre ha luchado, fuera, en los juzgados, en la cárcel: desde que fue detenido ha participado en numerosas protestas y ha llevado a cabo cuatro huelgas de hambre.
Esto es parte de una represión destinada a aniquilar a Dimitri Koufontinas pero que forma parte del proyecto represivo general del Estado griego: intentar aplastar a las partes más radicales y combativas de la sociedad para evitar la hipótesis de conflictos futuros.
Ante el traslado, Dimitri Koufontinas decidió no quedarse callado y utilizar la única arma que tenía a su disposición, su cuerpo. Desde el 8 de enero inició una huelga de hambre que continuará indefinidamente hasta que sea trasladado a la prisión de Koridallos.
A estas alturas comienzan a ser muchos los días de huelga, el compañero se encuentra en condiciones críticas y precarias en el hospital de Lamia: según los médicos podría tener un colapso en cualquier momento.
Durante la huelga hubo muchas iniciativas y acciones de solidaridad que se llevaron a cabo en toda Grecia y más allá: mítines, manifestaciones, pintas en las paredes, pancartas, ataques contra múltiples objetivos (políticos, bancos, oficinas de correos, etc.).
Pero ahora que se está acabando el tiempo, creemos que es necesario hacer un esfuerzo extra. Pensamos que la lucha de Dimitri es también la lucha de todos y cada uno de nosotros y nosotras.
Estamos convencidos de la importancia de crear y expandir los lazos internacionales, especialmente en un momento como este.
Por todo esto hemos decidido convocar un día INTERNACIONAL de solidaridad y acción para el VIERNES 12 DE FEBRERO para apoyar a Dimitri Koufontinas.
LAS DEMANDAS DE LA HUELGA DE HAMBRE DEBEN SER ACEPTADAS
La pandemia le ha permitido al ministerio de defensa chileno ocultar la gran derrota de las fuerzas armadas: el fin del Servicio Militar Obligatorio (SMO) por la insumisión masiva al proceso. Las Fuerzas Armadas y de Orden de Chile son parte de las grandes instituciones derrotadas por la Revuelta Social iniciada en octubre de 2019.
El 18 de octubre de 2019 por la mañana, el día de la Revuelta Social en Chile, la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) anunciaba la convocatoria de 81661 jóvenes para cumplir obligatoriamente el SMO[1]. Esto era un 70% de la base de conscripción para ese año, es decir todos los varones que ese año cumplían 18 años. Un mes más tarde, el 19 de noviembre, la misma DGMN informaba que habían sido 109.921 los jóvenes convocados obligatoriamente al SMO, es decir un 95% de la base de conscripción[2]. Esta maniobra de presión social sobre una juventud que se manifestaba en las calles y plazas del país, exponiendo ojos, vida y libertad fue contestada con manifestaciones, protestas, quema y saqueo de cantones de reclutamiento, pero principalmente por la no presentación a esa convocatoria, logrando que primero se alargara el tiempo de presentación de documentos para eximirse del 30 de noviembre al 31 de diciembre de ese año y posteriormente que –con la excusa de la pandemia- se suspendiera la realización del SMO durante el año 2020.
La Insumisión
El rechazo al SMO viene de lejos. El asesinato impune de Pedro Soto Tapia[3] expuso a mediados de los años ’90 la necesidad de abolirlo. El gobierno de Ricardo Lagos negoció una “modernización” que mantuvo los privilegios y la impunidad para los mandos militares, mediante un foro que tenía un objetivo: una reforma legal bajo la consigna “Voluntario en principio, Obligatorio en subsidio”[4]. Las FFAA han venido cobrando ese subsidio con creces, generando más resistencia puesto que es claro en la conciencia colectiva que el “sorteo”[5] para ser llamado a presentarse nunca afecta a los jóvenes que viven en las comunas pudientes del país, esas “3 comunas”.
El rechazo fue creciendo desde que les estudiantes secundaries se dieron tiempo y práctica asamblearia para conversar sobre la explotación que sufren, siendo una de ellas el SMO. El mochilazo del 2001[6] y la creación de la ACES (Asamblea coordinadora de Estudiantes Secundarios) retratan este crecimiento. Por otro lado, la persistencia de la propuesta insumisa de objeción de conciencia que llevaban adelante el Ni Casco Ni Uniforme[7] y otros componentes del MAOC (Movimiento Antimilitarista de Objeción de Conciencia) en la primera mitad de la década del 2000, ayudó a instalar la idea de que rechazar el SMO no participando de él, era posible y efectivo. La impunidad al tratar las barbaridades del SMO trajo aún más rechazo, práctico, por parte de los jóvenes, en el sentido de no querer ser más números para la muerte como los 44 conscriptos de Antuco[8] asesinados insensatamente en 2005. Hubo tal impunidad en ese tema que ni el comandante del regimiento, ni el general en jefe del ejército ni el ministro de defensa de ese momento fueron cuestionados o renunciaron a sus cargos.
Las movilizaciones estudiantiles, especialmente entre les secundaries, de 2006, 2011 y 2018 permitieron, especialmente en las tomas (ocupaciones) de los liceos, que circulara la palabra y una forma desmilitarizada de entender lo escolar y la vida con una crítica profunda a lo que el SMO significa. Por supuesto, las autoridades militares explicaban esta disminución bajo otros motivos: decrecimiento poblacional, mayor acceso a las universidades y mayor oferta laboral[9], incluso dejaban entrever que esto lo tenían “previsto”.
Eso de que “los números hablan por sí solos” es una falacia que los militares chilenos saben -y usan- muy bien: respecto a la debacle de la “voluntariedad” en el SMO no entregan cifras claras sino porcentajes descontextualizados, cantidades siempre aproximadas y las que dicen a un medio de prensa no son necesariamente las mismas que a otros. Saben, además, que en la prensa no habrá quien coteje las cifras dadas puesto que en general solo repiten las notas de prensa.
Los datos contradictorios
Para 2019, antes de la revuelta social de octubre, el rechazo al SMO había aumentado al descubrirse nuevos abusos y crímenes mortales[10][11]. En junio de 2019, según cifras oficiales, los y las voluntarias apenas cubrían el 28,99% del requerimiento de conscriptos para ese año cifrado en 11.067 conscriptos[12]. El total de voluntariedad del año 2019 recién fue revelado en octubre de este 2020 por el Jefe de reclutamiento de la DGMN, coronel Fredy Kirst[13] quien declaro que solo 8.926 personas se presentaron voluntarias al SMO ese 2019. Esto representaba un 7,2% de la base disponible ese año. De 12,3% del año 2018 a un 7,2% el año siguiente. Proporcionalmente, una baja de un 41,5%.
Baja coincidente con lo sucedido en años anteriores: en octubre de 2018, La Tercera recogió las declaraciones del general Jorge Morales, director de la DGMN, dadas ante la comisión de defensa de la Cámara de diputados[14]. Allí expresó que 17.308 jóvenes habían iniciado el trámite para realizar voluntariamente el SMO, esta cifra era el 12,3% del total de jóvenes (varones) nacidos el año 1999 [15], generación convocada ese año.
Finalmente, decía el general Morales, solo fueron acuartelados 10.303 jóvenes, de los cuales nos da el dato de que 1.687 eran mujeres. Esa cantidad, 10.303, era el 60% de quienes ese año iniciaron el trámite de voluntariedad. Dijo además que del total de jóvenes que NO se habían presentado voluntarios/as, se obligó a 81.661 a realizar el trámite de selección al SMO mediante el “sorteo”. Hubo entonces 27.032 jóvenes, un 21,4% del total de esa generación 125952 que no fueron molestados, para nada, por la DGMN. 21,4%, casualidades de la vida, un porcentaje similar al obtenido por el Rechazo a nivel nacional en el plebiscito de octubre[16]. Como es imposible saber a cuales comunas corresponde ese 21% de jóvenes no requeridos para el SMO, solo nos queda especular.
Una dificultad adicional para entender la situación actual del SMO es que los datos que entregan los militares encargados del tema son contradictorios. La Tercera, en esa misma nota, pone que las FFAA requieren anualmente 12 mil conscriptos… bastaba revisar los datos oficiales para saber que esa cifra, 12 mil, se había requerido por última vez en 2015[17] y que desde ese año, la cifra era 11 mil. Esta disminución fue de un 21,8% de voluntariedad en el año 2007 en la base total de conscripción (el total de jóvenes varones de esa generación) a un 13,2% en 2014.
Los datos oficiales difieren entre un documento y otro. Respecto a 2018 por una parte se dice que fueron 12.563 las personas voluntarias al SMO, y que los conscriptos requeridos eran 10.800[18], cifras muy diferentes a las presentadas por el general Morales, diferentes y menores. Otro documento oficial indica que la voluntariedad era de 15.517 jóvenes, y que el acuartelamiento requerido era de 11.152, con un cumplimiento del 100%[19]. El ministro de Defensa de ese entonces, Espina, daba la cifra de 10.500 como número de personas acuarteladas[20] ¿Cuál de todas estas cifras era cierta para 2018? A la prensa parece no importarle.
Las explicaciones de la DGMN para esta insumisión masiva y permanente consideraban muy levemente el efecto de la Revuelta Social de octubre de 2019[21]. La conexión entre la revuelta social y la insumisión al SMO es evidente, tanto que producto de las protestas[22], manifestaciones y destrozo de cantones de reclutamiento[23][24], la DGMN debió alargar, en noviembre, el proceso de excusas[25] de quienes fueron “sorteados” para hacer el trámite de selección al SMO hasta el 31 de diciembre de ese año. La insumisión fue clara así como el rechazo a ser parte de la represión y el asesinato de luchadores social encarnada en ese momento, y hasta hoy, por las FFAA encargadas de sostener los estados de emergencia que se declararon desde octubre[26]. Ese rechazo es también a Carabineros, la policía militarizada de Chile[27].
Inconsistencias
La inconsistencia de las cifras respecto a conscripción dadas por la DGMN resalta al comparar el año 2019 según los datos oficiales con los dichos del jefe de reclutamiento y la información respecto al acuartelamiento. En el primer caso requerían 11.067 conscriptos/as, pero hasta junio de 2019 solo tenían un 28,99% de lo requerido. En octubre de este año el coronel Kirst declaró que tenían 8.926 reclutas (un 81% de lo requerido, una merma de un 19%). Esto a su vez contradecía las cifras de acuartelamiento dadas en septiembre de este año que hablaban de 6.702 jóvenes haciendo el SMO[28] – siendo 1.201 de esas personas mujeres-, esta cifra (6.702) es un 58% de lo anunciado como requerido para esa generación ( y una merma de 42%). ¿Qué fue de esas 2224 personas faltantes en la cuenta ¿8.926-6.702? ¿Rechazaron ser parte del SMO, practicaron la insumisión? ¿O las FFAA prefirieron ahorrarse el gasto y la información?
Tampoco es claro el porcentaje de obligados y voluntarios (porque se nos dice que las mujeres en el SMO son todas voluntarias) en la conscripción de ese año, puesto que el coronel Kirst señaló[29] en octubre que los obligados a realizar los trámites del SMO fueron de un 70 a 80% de la base disponible el 2019, [30]es decir se molestó a entre 80.027 y 99.460 jóvenes. En noviembre, como dijimos al principio, Lo Presti contaría otra historia, con otros números.
El rechazo al SMO es más grande aún para la convocatoria 2020, pese a que los requerimientos son menores, según las mismas declaraciones. La voluntariedad solo convocó a “3.969 personas para realizar el Servicio Militar según informó el coronel del Ejército, Fredy Kurst, jefe del Departamento de Reclutamiento de la Dirección General de Movilización Nacional. Esta cifra representa una disminución de 55,5% comparados con los 8.926 del mismo periodo del año pasado”. También señala que se sorteó a 39.924 jóvenes, un 35% de la base total porque, y esto es importante, las FFAA bajaron sus requerimientos de conscriptos. Esta vez el porcentaje de NO afectados por el SMO –sorteo y voluntariedad- alcanzó a un 56.3% del total, en un guiño a las clases medias.
Aparentemente la cifra de conscriptos que se busca para el año 2021 es la misma que para este año, entre 6.500 y 7.000 jóvenes. La falta de conscripción se hace evidente con la convocatoria a reservistas que se hizo este año[31] (y el pasado con la excusa del estado de sitio contra la Revuelta) y en la ampliación del tiempo de acuartelamiento de la conscripción del año pasado[32]. La debacle del SMO es total, tanto que este año la Fuerza Aérea chilena suspendió totalmente la conscripción.[33]
Esa disminución en los requerimientos de conscripción y en los acuartelamientos no se refleja en el presupuesto nacional otorgado a la DGMN para 2021, puesto que la reducción para esta Dirección solo alcanza un 5,8 respecto al año anterior [34] y la reducción del presupuesto nacional para el Ejército (el mayor demandante de conscripción) es de apenas un 6.6%[35] . El 55% menos de conscriptos no se traduce fielmente en el presupuesto, así como la disminución del requerimiento. Lo que no es extraño puesto que las cifras oficiales aun presentan como meta de conscripción para 2020 la cantidad de 11.349 conscriptos/as[36].
Lo que falta en la discusión
El servicio militar en Chile nunca ha dejado de ser obligatorio. La voluntariedad se da en el marco de la obligatoriedad legal y, desde hace unos cuantos años es que la obligatoriedad –mediante el mecanismo del sorteo- se usa para rellenar el vacío que la falta de voluntarios genera. Las FFAA usan el SMO para cooptar a quienes necesitan para ser soldados profesionales, categoría que es hoy la base del personal de las FFAA. El reclutamiento no tiene otro objetivo que sostener el gasto militar y abastecimiento de futuros soldados profesionales.
El componente de rechazo al SMO en esta disminución de voluntarios a un Servicio Militar eminentemente obligatorio[37] se explicita en una insumisión práctica que por un lado recurre a las excusas legales para eximirse (sacarse) el SMO, como a la simple no presentación tanto para eximición como para selección y acuartelamiento. Simplemente no se presentan. La presión militar al Ministerio Público para que se persiguiera judicialmente a la insumisión no tuvo efectos, ya en 2016[38]. Esta insumisión es también una defensa de la vida y dignidad de las personas expuestas al SMO, cuya característica de torturas, maltrato y muerte no se extingue.[39]
Todos estos temas: el Derecho de Objeción de Conciencia, el rechazo al SMO, la Obligatoriedad persistente del Servicio militar pese a las declaraciones y mitología de la voluntariedad esparcida por las FFAA no forman parte de las discusiones preconstituyentes sobre el rol de las FFAA y la Defensa que se dan en los medios de prensa en estos tiempos especialmente en El Mostrador. Se ocultan las opiniones sobre el tema de quienes se oponen a una perspectiva militarizada del país, llámense objetores/as de conciencia, insumisos/as, remisos/as, antimilitaristas, personas que se han organizado para desmilitarizar el país, familiares y víctimas de las FFAA y del SMO en particular. Esta discusión en medios de prensa hasta ahora tiene un profundo sesgo militarista, de lobby de las FFAA, favorecedor de la solución armada de los conflictos y que pretende mantener el status quo favorecedor de ese poder fáctico en Chile que se llaman Fuerzas Armadas y de Orden. La discusión real sobre las FFAA la hace la gente desertando, haciéndose remisa, practicando la insumisión, declarando en lo práctico su objeción de conciencia.
1-Asamblea Antimilitarista de la Región Chilena y Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe, Ramalc. 15 de diciembre de 2020
[5]Al no haber voluntaries que cubran la totalidad de la conscripción requerida, la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) realiza un sorteo entre los no voluntarios que cumplan 18 años en el año en curso y en ese sorteo se elige quienes deben realizar el trámite de selección para el SMO.
