El 5 de julio del 2021 fue asesinado Simón Pedro Pérez López, defensor de derechos humanos, catequista e integrante de Las Abejas de Acteal. Los hechos se dieron en medio de un control territorial por parte de grupos criminales en la región.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
11 de abril de 2022
Boletín No. 13
Estado mexicano incumple recomendaciones de la CIDH para garantizar la seguridad y la vida de la población en el municipio de Aldama, Chiapas
En el mes de marzo se registraron 437 reportes de ataques armados contra las comunidades.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) registró durante el mes de marzo 437 reportes de ataques con armas de fuego en contra de las comunidades del municipio de Aldama, Chiapas. Esto implica el desplazamiento intermitente de cerca 3499 personas, que viven el impacto de la violencia permanente. En este periodo resultaron heridas dos personas a consecuencia de los disparos constantes: un “integrante de la banda de música” originario del municipio de Santiago el Pinar, quien fue lesionado en el tobillo durante la fiesta del Cuarto viernes celebrada en la comunidad de San Pedro Cotzilnam y una niña de 9 años de edad originaria de comunidad Tabac, municipio de Aldama, lesionada en la cabeza. Afortunadamente ambas personas se encuentran fuera de peligro.
Frente a los ataques armados y el continuum de violencia que se agudizó contra las comunidades desde principios del 2018, una comisión del grupo de representantes de los 115 comuneros y el Frayba, solicitaron desde hace 4 años medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien luego de analizar y considerar que existe una “situación de gravedad, urgencia y la posible generación de un daño irreparable”, actualizó el seguimiento de las medidas MC-882-17, MC-284-18 -Familias tsotsiles de veintidós comunidades identificadas en los municipios Chalchihuitán, Chenalhó y Aldama, bajo la Resolución No. 102/21(Seguimiento) con fecha del 15 de diciembre de 2021. Las acciones que han efectuado las autoridades del Estado mexicano para garantizar la vida y la seguridad de la población han sido ineficaces como hemos resaltado constantemente.
El gobierno mexicano ha centrado su atención en el conflicto territorial y para ello el día 3 de marzo del presente año entregó a los comuneros de Aldama el predio Cerro Bola ubicado en el municipio de Ixtapa, sitio que se encuentra a casi 100 kilómetros de su lugar de origen. El mismo día de la ceremonia de entrega del predio la población estuvo bajo ataque constante. Sin embargo, los gobiernos estatal y Federal siguen sin atender la investigación, desarme y desarticulación del grupo agresor, sus fuentes de financiamiento y el vínculo con autoridades estatales y locales.
Lamentamos la negativa del Estado mexicano de dar cumplimiento a las exigencias planteadas por la CIDH, incluyendo la criminalización donde se mantiene en privación arbitraria de la libertad al señor Cristóbal Sántiz López, quien fungía como vocero de los representantes de los 115 comuneros de Aldama, siendo claramente un defensor comunitario preso de manera injusta desde marzo de 2020.
El Frayba manifiesta su preocupación por que el Estado mexicano no respeta, ni proporciona garantías necesarias que protejan la vida, seguridad e integridad personal de los habitantes de las comunidades de Aldama, por lo que exigimos cumpla con su responsabilidad efectiva de devolver la paz y tranquilidad a la población como parte fundamental de los derechos humanos y por consiguiente el cumplimiento cabal de las recomendaciones de la Resolución No. 102/21 de la CIDH, ya que el municipio de Aldama sigue asediado con agresiones diarias, siendo que al cierre de este boletín, en el mes de abril se han registrado 49 ataques con armas de fuego hacia las comunidades.
La violencia contra los Pueblos Indígenas en #Chiapas no ha parado. En los Altos, un grupo de corte paramilitar aprovecha la impunidad para seguir operando, intensificando agresiones y desplazamiento forzado. Los Pueblos Indígenas viven en continua violación a sus derechos. Esta es la historia de Aldama, Chalchihuitán y Acteal. Un documental de IPRIMéxico y Frayba Derechos Humanos.
De acuerdo con un reporte del medio +972, desde principios de 2020, Israel ha llevado presos al menos a 26 periodistas palestinos en Cisjordania. Los comunicadores han documentado protestas, funerales y otros eventos políticos y han sido acusados de “incitación” por hacer su trabajo.
Tan solo el pasado mes de marzo, el Ministerio de Información de Palestina, registró al menos 26 violaciones provocadas por las fuerzas de la ocupación israelí contra periodistas palestinos y sus medios de comunicación. Incluso, cinco de ellos fueron heridos con balas de metal recubiertas de goma: Abdel Mohsen Shalalda, Musab Shawar, Mamoun Wazouz, Abdullah Bahsh y Wahaj Bani Mufleh.
Según el informe, en algunos casos los periodistas fueron procesados por cargos ajenos a su labor profesional; en otros, no se presentó acusación alguna y el periodista fue encarcelado sin juicio y, tiempo después, puestos en libertad.
“Todas las preguntas eran sobre mi periodismo.Pusieron imágenes de mis reportajes en video sobre la mesa, incluido el funeral de un palestino muerto, gente reunida para una protesta, una plaza en honor a un shaheed [mártir], una marcha con banderas de Hamás. El interrogador me dijo que no puedo fotografiar estas cosas, porque son incitaciones. Le dije que soy periodista y que este es mi trabajo: mostrar imágenes de cosas que están sucediendo y que los medios israelíes hacen lo mismo. Me gritó que me detuviera”, detalla el periodista Hazem Nasser.
Actualmente hay diez periodistas en prisiones israelíes por realizar su trabajo. Todos son acusados de “incitación” por cubrir temas de Palestina, según Saleh al-Masri, quien dirige el Comité de Apoyo a Periodistas (JSC) en Palestina. Tres de los periodistas encarcelados se encuentran en detención administrativa; tres han sido procesados; y cuatro están detenidos e interrogados como parte de las investigaciones.
El ataque hacia periodistas por fuerzas de ocupación israelí se ha hecho común. El hostigamiento va de una detención, arrestos, heridas, golpizas, asaltos a sus casas, hasta incautación de sus equipos de prensa y bloqueo de sus redes sociales. Por ello, el ministerio palestino ha alertado sobre la necesidad proteger a los periodistas bajo la Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU numero 2222 y que los crímenes realizados por militares israelíes contra periodistas no queden impunes.
La Suprema Corte de Justicia canceló los permisos ambientales emitidos para la planta de Fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del conglomerado suizo-alemán, Proman AG, quien tiene proyectado una inversión de 100,000 millones de pesos para la producción de agroquímicos en Topolobampo, Sinaloa, norte de México.
Yasmín Equivel Mossa, ministra de la Segunda Sala, encargada de sesionar asuntos en materia administrativa y laboral, llevó a votación ante el Pleno de la Segunda Sala de la Corte y, por unanimidad de cinco votos, determinó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene que reiniciar el proceso para los permisos ambientales.
El amparo 528/2018, fue interpuesto por pescadores indígenas yoreme del campo pesquero Lázaro Cárdenas en el año 2018, contra los permisos que emitió la Semarnat, el 21 de abril de 2014, para la instalación de la planta de amoniaco.
Estos pueblos indígenas apelaron a que, tanto autoridades ambientales como la empresa, pasaron por alto realizar la respectiva consulta indígena, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de derecho indígena, del cual es signatario el Estado mexicano.
La sentencia que se desprende del amparo 528/2018, atraído por el ministro Alberto Pérez Dayán, también dictaminó amparar y proteger a los pueblos originarios que promovieron este recurso jurídico, esto implica, por derecho, que se les realice la respectiva consulta indígena, considerando los posibles impactos hacia sus comunidades y áreas de supervivencia.
Por ello, la Corte resolvió dejar sin materia el amparo de revisión que promovió la Semarnat a favor de los permisos emitidos para la empresa.
Proman AG
Fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente es la filial mexicana de Proman AG, dirigida en México por Arturo Moya Hurtado. Esta empresa pretende producir 2,200 toneladas por día de amoniaco anhidro, insumo base en la producción de fertilizantes, destinado para los agricultores mexicanos y el resto de Latinoamérica.
Se ha decidido elegir esta región, según la empresa, “porque aquí es dónde tenemos acceso a gas natural y transporte terrestre y marítimo”.
La construcción de esta planta esta proyectada para realizarse en tres fases que incluye, una planta de amoniaco, la producción de 2,200 toneladas de amoniaco diariamente y, la puesta en operación de una tercera planta, donde se producirá metanol. “Garantizamos la seguridad de todas y todos como lo hemos hecho en Alemania, Suiza, Italia, Portugal, Trinidad y Tobago, Estados Unidos”, anuncia la empresa.
Esta empresa está recibiendo el apoyo del gobierno de Alemania y, entre sus carteras de servicios, también están proyectos derivados del gas natural. Este conglomerado suizo-alemán no solo ha violado el derecho de consulta de los pueblos yoreme, sino que también, la construcción y operación de su terminal portuaria para el transporte de amoniaco se encuentra ubicada en los límites del sitio Ramsar “Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira”, en el municipio de Ahome, Sinaloa.
Según la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de este puerto, el proyecto considera que dentro de un sitio Ramsar puede “haber unidades de manejo, zonificación y zonas de amortiguamiento que permiten el desarrollo de otras actividades adicionales a la conservación”. Desde el año 2016, el Senado de la República ya había alertado a las autoridades ambientales que, “desde la presentación de este proyecto se han presentado diversas contradicciones e inconsistencias entre las autoridades encargadas de su aprobación por lo que habitantes de la zona y estudiosos del tema han manifestado su preocupación por el daño que puede causar esta planta a las especies vegetales y animales que habitan o anidan en este humedal”.
El territorio de la comunidad indígena Tepehuana y Wixárika en San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, ha sido invadido por el Servicio Geológico Mexicano. Desde por lo menos noviembre de 2021, sin la autorización de la comunidad, han realizado trabajos de prospección minera.
Durante varias semanas, a finales de 2021, la comunidad registró vuelos de helicóptero, del cual se colgaba un magnetómetro. “Empezamos a ver un helicóptero volar en la zona de lugares sagrados que tenemos en la comunidad. Nos llamó la atención. Empezamos a verlo seguido, día tras día”, dijo el secretario del Comisariado Autónomo de Bienes Comunales de la comunidad, Mario González.
Después de los vuelos vinieron las incursiones, en los mismos lugares sagrados para los Tepehuana y Wixárikas, de camionetas con la identificación del Servicio Geológico Mexicano. “Empezamos a ver personas en vehículos que trabajaban recolectando materiales en nuestros lugares sagrados”, cuenta González.
De acuerdo con el relato de Andrés Plateado, indígena de la comunidad, los funcionarios han entrado en sus lugares sagrados, “mueven cosas donde hacemos ceremonias que nos enseñaron nuestros ancestros; es una ofensa para nosotros”.
Sin información por parte de instancias del gobierno, la asamblea de la comunidad, el día 13 de marzo, ordenó que se investigara quién eran estas personas y lo qué hacían. “¿Cómo?, deteniendo una camioneta para que nos digan qué es lo que están haciendo, qué estudios están haciendo”, explicó González.
El 15 de marzo se detuvo una camioneta del Servicio Geológico Mexicano, la cual permanece hasta hoy bajo el resguardo de la comunidad.
Fue entonces que se demandó una reunión con distintas instancias del Estado con el objetivo de tener informaciones sobre la motivación de las incursiones, sin permiso, al territorio Tepehuana y Wixárikas.
La reunión ocurrió el 6 de abril entre autoridades comunales, instancias federales y estatales. En el mismo día la comunidad hizo público el contenido de la reunión y los acuerdos por medio de una conferencia de prensa.
De acuerdo con los voceros de la comunidad, representantes del Servicio Geológico Mexicano negaron que hayan hecho sobrevuelos en el territorio Tepehuana y Wixárika, “señalan que [el registro] no está en ninguna de sus bitácoras; literalmente nos dijeron que ‘quizás algún minero se aprovechó que estábamos haciendo el servicio geológico’”, señaló Cristian Chávez, asesor de la comunidad.
Representantes del órgano del gobierno federal también se comprometieron a tener los trabajos de prospección minera, pero irónicamente, cuenta Chávez, que cuando la comunidad detuvo la camioneta el 15 de marzo, “habían dicho que ya se había terminado el trabajo de campo”.
Los representantes del Servicio Geológico no informaron cuáles minerales estaban buscando. “Nos dijeron que están buscando salmueras en el país, buscando sales, no nos aclararon cuáles serían”, contó Chávez. Tampoco han informado sobre el proyecto minero Amonitas que estaría por detrás de la prospección.
El día 8 de mayo las instancias gubernamentales se comprometieron a ir hasta la comunidad para informar sobre el objetivo, promovente y descripción del proyecto minero Amonita.
Otro de los acuerdos es que el Servicio Geológico va a desistir de la denuncia que hizo en el Ministerio Público de Villa Guerrero contra la comunidad por detener el vehículo, “una vez que haya recibido el vehículo y haya informado a la comunidad los pormenores que está solicitando sobre el proyecto minero Amonitas”, explicó Chávez.
Venta de tierra
El ejido de San Lorenzo Azqueltán es colindante con los bienes comunales de la Comunidad de San Lorenzo Azqueltán. De acuerdo con los voceros de la comunidad, fueron las autoridades del ejido que dieron el permiso a Servicios Geológicos para la prospección.
Los trabajos de prospección se basan en un “ilegal permiso otorgado por personas ajenas a nuestra comunidad, representantes de un ejido que nada tiene que ver con la superficie donde se realiza la prospección minera”, denunció la comunidad en un comunicado.
El conflicto no es de ahora. “Las autoridades ejidales han viniendo rentando y vendiendo terrenos fuera de su propiedad agraria; eso ha sido el motor de una violencia sistemática durante los últimos años que ha resultado en ataques armados, desapariciones forzadas, amenazas de muerte, y numerosos despojos contra la comunidad”, explica Chávez.
De acuerdo con él, “el permiso otorgado por autoridades ejidales al Servicio Geológico fue la gota que derramó el vaso de una serie de despojo de venta de tierra hecha por autoridades ejidales fuera de terrenos ejidales. La comunidad hace años denuncia estas ventas fraudulentas, solicitando la intervención de las instancias federales y estatales”, dijo Chávez.
Representantes de la Procuraduría Agraria, también presentes en la reunión, se comprometieron a advertir a las autoridades ejidales a no realizar ventas y rentas de tierra fuera de sus límites agrarios.
En el día 16, la Caravana visitó las instalaciones de la preparatoria pública «Benito Juárez», la invitación fue hecha por parte del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (SUTIEMS), los cuales agradecieron la presencia y manifestar el seguimiento de la lucha de los pueblos para transformar el mundo hacia uno más justo, integrantes de la Caravana compartieron tanto a trabajadores como estudiantes cual es el motivo de la organización de la Caravana, las problemáticas, luchas e historias que la han nutrido.
Diferentes miembros de la Caravana platicaron sobre la política neoliberal que mantiene la actual administración, la persecución y asesinato de personas defensoras del territorio, la lucha de los pueblos Nahuas en la región Choluteca, contra la empresa Bonafont-Danone que reaccionaron ante el desecamiento de pozos y ameyales, para finalizar con un recuento histórico del CNI-CIG, organización que aglutina pueblos originarios cansados de las traiciones del mal gobierno. Estas palabras reafirmaron la necesidad de generar procesos desde abajo entre pueblos y organizaciones para defender el territorio, el agua y la vida.
En el conversatorio la representante del SUTIEMS refirió que la existencia de este plantel fue una conquista de la movilización social por parte de los vecinos, este inmueble pasó de ser la antigua cárcel de Santa Marta para ahora ser un plantel educativo de preparatoria.
Esta escuela tiene dos particularidades que le dan un gran valor en la región, una es la asignatura de lengua y cultura náhuatl así como la modalidad semi-escolar para estudiantes que requieren una mayor flexibilidad de horario para poder trabajar y estudiar, sin embargo, estos trabajadores entre otros no cuentan con contrato colectivo de trabajo, por lo que se encuentran contratados por honorarios de periodos cortos, situación que niega y vulnera sus derechos laborales. El área de limpieza se encuentra terciarizada por empresas de outsourcing que sobre explotan, no pagan las horas extras y pueden ser despedidos en cualquier momento sin ninguna forma de amparo legal, estas problemáticas laborales son una constante en las instituciones educativas.
La Caravana por el agua y la vida, cumple 15 días de recorrido con la visita en la Ciudad de México al Plantón de Mujeres Mazatecas por la Libertad de los presos políticos de Eloxochitlan Oaxaca donde se realizó un foro sobre la lucha por la libertad de las y los presos y desplazados políticos, esta actividad se hizo sobre la avenida Insurgentes. En este caso la denuncia de estas mujeres es la injusta prisión política de los 7 mazatecos que desde hace 8 años están encarcelados por la corrupción y prepotencia de caciques locales que han vivido en el ocioso negocio de la partidocracia mexicana. Ellas que desde hace meses se han instalado frente a la Judicatura Federal no han recibido más que un insensible silencio y nada de avance en la libertad de sus compañeros detenidos y desplazados que son defensores del territorio. Ellas se han encontrado con otras demandas y contra la injusta prisión como la del hermano Yaqui Fidencio Aldama, la de los presos de la OCSS y de los presos conscientes de las Voz del Amate, entre otras y otros.
La Caravana llegó al Plantón donde se bloqueó el camino, para primero compartir el alimento y luego la palabra donde otras luchas por la justicia y el agua dieron testimonio de sus resistencias. Ahí tomaron la palabra Marichuy, Abogados solidarios, y las organizaciones que vienen con la Caravana. Las mujeres mazatecas aprovecharon para demandar la tención directa del Gobernador del Estado de Oaxaca para que no tarde la liberación de los presos de Eloxochitlan.
Al terminar esta actividad la caravana y quienes la reciben realizaron una marcha rumbo a la Comisión Nacional del Agua CONAGUA donde se hizo una parada para denunciar el papel que juega esta institución en el saqueo y la contaminación del agua en México. Es en ese lugar donde se otorgan los permisos a transnacionales y grupos de poder caciquil, donde les niegan y limitan el agua los pueblos campesinos y humildes, es en esas instituciones donde se violan los derechos de los pueblos originarios.
ORGANIZACIÓN VINIKETIK EN RESISTENCIA, ADHRENTES A LA SEXTA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA DEL EZLN
AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
AL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL PUEBLO CREYENTE
AL PUEBLO DE MÉXICO Y AL MUNDO
A LA CARAVANA POR LA DEFENSA DEL AGUA Y DE LA VIDA
HERMANAS, HERMANOS, HERMANOAS
Compañeros que luchan por la vida y el agua, la libertad y la justicia, resivan un saludo cariñoso y rebelde.
Desde nuestras trincheras de lucha y resistencia como presos indígenas en lucha, los acompañamos con nuestro espíritu rebelde y nuestra palabra en esta caravana por la vida y por el agua.
Seguimos resistiendo a los opresores, represores y genocidas, ya que como sabemos esto no es nuevo, llevamos más de 500 años de resistencia indígena ante el proyecto colonial que ha continuado con el saqueo, la extracción, y la contaminación de nuestros ríos.
Guiados por la codicia santurrona, explotan nuestras tierras, nuestras aguas. Poniéndoles precio con el fin de enriquecerse a costa de la vida de nuestros pueblos.
El Estado ha visto y les hemos demostrado la resistencia indígena que ha llevado a resurgir nuestra resistencia, a pesar de las represiones, de las intimidaciones, el encarcelamiento y los asesinatos, no hemos dejado de luchar por la justicia, la dignidad, la libertad y por la vida.
Así como nosotros, los indígenas presos tzotziles en lucha hemos vivido en carne propia las barbaridades del sistema opresor y las injusticias del mal gobierno, hemos sufrido la tortura de esta encarcelación injusta, y la separación de nuestras familias que también han resistido las represiones y las injusticias, pero no hemos dejado de luchar, porque tenemos un sueño de un mundo mejor, un mundo con justicia de igualdad y libertad. Seguiremos sembrando las semillas de un despertar de conciencia y seguir tejiendo la solidaridad con todos los pueblos oprimidos, esa es la semilla que nos han dejado nuestros ancestros, proteger las tierras sagradas y seguir resistiendo el siniestro sistema político capitalista.
Al mismo tiempo exijo la libertad de nuestros hermanos y compañeros presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón.
Exigimos la libertad a nuestro hermano y compañero Fidencio Aldama de la Tribu Yaqui.
Exigimos nuestra libertad Abraham López Montejo, Germán López Montejo y Marcelino Ruiz Gómez, presos indígenas tzotziles en lucha.
¡LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL!
¡EL AGUA ES LA VIDA, SE DEFIENDE! ¡NO SE VENDE!
¡JUSTICIA PARA SAMIR!
¡JUSTICIA PARA SIMÓN PEDRO!
¡JUSTICIA PARA AYOTZINAPA!
¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍITCOS EN LUCHA!
¡HASTA QUE TODOS SEAMOS LIBRES!
ATENTAMENTE
ORGANIZACIÓN VINIKETIK EN RESISTENCIA
MARCELINO RUIZ GÓMEZ
En portada: Una protesta contra el Ejército, en Acapulco. Bernardo Hernández (Cuartoscuro)
8 de septiembre, 2020. Agricultores protestan para exigir el cierre de la presa La Boquilla en Chihuahua. Están enfurecid@s, pues en medio de una temporada de sequia, exigen detener el flujo del agua que va del embalse en México con dirección hacia los EEUU.
Tras las manifestaciones, se retiran, pero son vigilados de cerca por elementos de la Guardia Nacional (GN). Jessica Silva viaja en camioneta con su esposo después de que ambos participaron en la manifestación. A la altura del municipio de Delicias, una camioneta de la GN les da alcance y sin previa advertencia, dispara en su contra, provocando la muerte a Silva e hiriendo a su acompañante.
Los primeros reportes de la GN divulgaron que sus elementos dispararon como respuesta a una agresión, “por lo que su personal se vio obligado a aplicar medidas de seguridad, conforme a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la fuerza”, refiere la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en informe obtenido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Los elementos de la GN elaboraron una narrativa en la que ellos fueron objeto de un ataque e incluso reportaron heridos. Todo era mentira.
Más tarde, la propia SSPC confirmó que no hubo ningún elemento de la GN lesionado o fallecido. Además, en la carpeta de investigación del caso no existen elementos que acrediten que las víctimas hayan efectuado disparos de arma de fuego, por lo que no se justifica que el personal de la GN accionara sus armas, lo cual de acuerdo a la CNDH constituyó un uso excesivo de la fuerza.
Por estos hechos, la CNDH emitió la Recomendación 52VG/2022 dirigida a la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, institución responsable por la GN, aunque el control operativo cotidiano recae en el Ejército.
Mediante evidencias recabadas, testimonios de los propios elementos de la GN y de testigos que presenciaron la agresión, la Recomendación concluye que los integrantes del cuerpo de seguridad militar hicieron uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego que derivó en la ejecución arbitraria de Silva.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de la CNDH, la Sedena y la Guardia Nacional contabilizan 2,169 quejas por violaciones a derechos humanos en los tres años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
A casi tres años de su creación y pese a registrar casi 5 mil reportes de violencia en su unidad de control interno, hasta junio del 2021, ésta es la primera recomendación emitida por la CNDH que cataloga como violación grave a los derechos humanos la actuación de los elementos de la Guardia Nacional.
Investigarse a sí mismo
El artículo 22 de la Ley de la Guardia Nacional dispone que el cuerpo de seguridad militar contará con áreas especializadas como la Unidad de Asuntos Internos.
Según el Reglamento de dicha ley, le corresponde a esta unidad la realización de actividades de supervisión e inspección generales, tales como la recepción e investigación de quejas, y en su caso, la presentación de casos ante el presidente del Consejo de Carrera o a los Consejos de Disciplina. Estos últimos,conforme a los artículos 70 y 71, están compuestos por los propios mandos de la Guardia Nacional, en quienes recae la facultad de resolución definitiva de las denuncias.
La Guardia Nacional cuenta con más de 113 mil elementos, de los cuales el 88 por ciento está desplegado en todo el territorio nacional
Voces que han cuestionado el proceso de militarización en México por más de dos sexenios, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), critican que esta normatividad excluye la posibilidad de contar con mecanismos independientes y externos de supervisión para atender las quejas por abuso y violencia de los elementos de la GN.
Además, en el informe “Poder Militar”, el Centro Prodh detalla que “la Unidad de Asuntos Internos la encabeza un General de Brigada retirado, con antecedentes de haber sido parte de un cuerpo especialmente opaco y propenso a la vulneración de derechos humanos como lo es la Policía Judicial Militar. No es claro, además, que en efecto el nombramiento haya sido realizado desde la Presidencia”.
Esta es una referencia a David Enrique Velarde Sigüenza, titular de la Unidad desde enero de 2021 y sobre quien pesan acusaciones de tortura, retención arbitraria y detención ilegal. Acorde a la norma, el titular “contará con autonomía de gestión y conocerá de las quejas y denuncias, incluso anónimas, para llevar a cabo actividades de vigilancia, inspección, supervisión e investigación y las demás que determine el Reglamento”.
El Centro Prodh lamenta que, aún cuando la ley buscaba que quien ocupara esta posición fuera un civil que sirviera de contrapeso independiente de las Fuerzas Armadas, esto no ocurriera así. “El caso de la Unidad de Asuntos Internos es especialmente delicado pues la Ley de la Guardia Nacional dispone que ésta sea prácticamente el único control interno relevante”, advierte la organización de derechos humanos.
La reflexión cobra sentido ante el desdibujamiento del carácter civil de la Guardia Nacional, como fue prometido en el momento de su creación en 2019, pues prácticamente el 75% de los elementos que la integran son de extracción castrense.
Para febrero del 2022, la misma Guardia Nacional reporta que cuenta con más de 113 mil elementos, de los cuales el 88 por ciento está desplegado en todo el territorio nacional.
Miles de denuncias
Un análisis realizado por el Centro Prodh del periodo comprendido del 27 de mayo de 2019 al 10 de marzo de 2021 arroja que se han iniciado 4,867 expedientes de investigación en la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional, órgano de control interno del cuerpo de seguridad militar.
De estas carpetas, 3,483 se encontraban en trámite hasta junio del año pasado y de las 1,370 concluidas, solo 39 fueron declaradas procedentes para iniciar los procedimientos administrativos ante la Dirección General de Consejos Superiores.
Entre las conductas que registran los expedientes procedentes se encuentran: Incumplimiento a los requisitos de permanencia (no aprobar las evaluaciones de permanencia); vínculos con delincuencia organizada; conductas que desacreditan la imagen de la institución; toxicológico positivo en evaluación de control de confianza y delitos contra la salud.
“El que un cuerpo colegiado de oficiales de la propia Guardia Nacional, que actualmente –hay que insistir– sería de extracción predominantemente castrense, resuelva en definitiva sobre estas conductas tampoco asegura ni debido proceso para los acusados ni exhaustividad en el análisis”, argumenta el informe del Centro Prodh.
Aunado a ello, el Centro también resalta que, de acuerdo con la información brindada por la propia Guardia Nacional a través de su Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, los Consejos son incipientes, pues o no cuentan con información de sus actividades o han sesionado en pocas ocasiones.
Guardia Nacional agredió a migrantes con piedras, toletes y escudos, se extralimitó en sus funciones señaló la CNDH. Foto: AFP
Por otro lado, la ley de la GN obliga a dicho organismo a registrar los eventos en que se hizo uso de la fuerza. En respuesta a solicitud de información, la Guardia Nacional refiere que de 2019 a 2021 registró 161 eventos con uso de fuerza y armas de fuego, mientras que señala la inexistencia de casos con determinación de exceso de la fuerza.
“Que no se reporten casos con determinación de exceso de uso de la fuerza en un contexto en el que es la propia Guardia Nacional la que realiza la investigación y en un entorno en el que se reportan 161 eventos de uso de la fuerza no resulta convincente. Máxime cuando la propia Guardia Nacional reportó que cuenta al menos con 33 registros de denuncias o quejas por uso excesivo de la fuerza”, cuestiona el Centro Prodh, a quien se le negó el acceso a los reportes pormenorizados pues la GN reservó la información por cinco años.
Para el Centro Prodh, la composición castrense de la Unidad de Asuntos Internos incide en la repetición de conductas de las instituciones militares, quienes al indagar denuncias relacionadas con militares no realizan su labor con exhaustividad.
“Resulta especialmente grave que la Guardia Nacional reporte que entre las conductas analizadas en estas instancias se encuentran algunas que, por ser delitos, deberían ser indagadas por el Ministerio Público de la Federación y no por la Guardia, a efecto de que no se construya una suerte de fuero fáctico para sus integrantes”, alerta el Centro, en referencia a que la GN indague conductas como los vínculos con delincuencia organizada.
Abuso de la fuerza
Intersecta es una organización feminista que ha documentado “cómo la participación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública, lejos de disminuir la violencia, ha derivado en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos”.
En 2020, se registraron 260 enfrentamientos con involucramiento de elementos de la SEDENA con un saldo de 237 civiles muertos y apenas 6 militares fallecidos. “Por sí solo, el 2020 da suficientes motivos para sonar las alarmas. Cuando se contrasta el 2020 con años previos, la preocupación solo aumenta”, señala el informe De Nuevo Laredo a Mazapa de Madero: el índice de letalidad de la SEDENA crece.
De acuerdo al Centro Prodh, en estos casos han sido las propias Fuerzas Armadas quienes reportan los eventos, sin que ninguna de las instituciones externas de control, como la Fiscalía General de la República (FGR) o la Comisión Nacional de Derechos Humanos realicen investigaciones al respecto de los casos y denuncias.
“El silencio de la CNDH es especialmente grave, pues tratándose de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, claramente ha retrocedido en la práctica de emitir pronunciamientos para expresar preocupación por el uso excesivo de la fuerza y anunciar el inicio de expedientes de queja cuando hay casos públicos y notorios, práctica que sí mantiene respecto de otras autoridades y violaciones a derechos humanos. Esto, desde luego, impactará previsiblemente en una disminución de emisión de recomendaciones”, señala el documento del Centro Prodh.
Según los registros de la GN, hasta mediados de 2021, sus elementos han privado de la vida a 94 personas, de las cuales sólo cinco son reconocidas como civiles, mientras 89 son catalogadas como “agresores”, una identificación en que las Fuerzas Armadas tradicionalmente han reportado los ‘saldos’ de sus operaciones.
“Es relevante analizar en cada uno de estos casos si en efecto la fuerza letal se empleó como último recurso y si en realidad la Guardia Nacional fue objeto de la agresión a la que se refiere su registro”, destaca el informe “Poder Militar”. Para el Centro Prodh, resulta previsible que sigan ocurriendo las violaciones a derechos humanos “considerando la forma en que las inercias relacionadas con el abuso de la fuerza arraigaron en las instituciones de seguridad desde el inicio de la ‘Guerra contra el Narcotráfico’. Por otro lado, frente a la comisión de éstas no se están activando los controles externos, sino que –como en el pasado– se continúa dejando a las propias Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional el procesamiento de tales casos, aun cuando en nuestra historia reciente ese proceder ha desembocado siempre en la impunidad.
