Por Diego Ancalao Gavilán

La casta política y el poder económico han puesto su atención en evitar la presencia de representantes indígenas en el proceso de la nueva Constitución política de Chile. La razón de su oposición es muy simple: la irrupción de 24 indígenas significaría demasiado poder y los indios podrían influir en la toma de decisiones. Sin embargo, después de siglos de exclusión, a los pueblos originarios chilenos les ha llegado el momento de decidir.

Se levantó una voz potente, que provenía de los rincones más olvidados, de los suburbios, de la periferia, y que lanzó un grito de liberación. Este desahogo, de una impotencia acumulada por tantas generaciones, fue un mensaje nítido y preciso para la gran mayoría de los habitantes del Chile postergado. Sin embargo, para algunos, esa voz sonó como la marcha fúnebre de Chopin, y como una clara amenaza a sus privilegios que, con tanto esmero, cuidaron como un tesoro.

Ese mensaje, que emanó de las entrañas del pueblo y no precisamente de los partidos políticos o de la institucionalidad democrática que nos gobierna, ha definido la agenda pública de los próximos años. A pesar de ello, quienes ven sus intereses afectados están intentando administrar la forma en que esta agenda se implementará. Y hemos sido testigos directos de cómo esa casta dominante hace esfuerzos denodados por parecer distintos a lo que son y conectados con las urgencias que plantea el bien común. Este espectáculo, tan propio de una “adaptación camaleónica”, presenta facetas verdaderamente grotescas y poco dignas, de personas a quienes conocemos demasiado bien como para confiar en esta conversión repentina.

Todo el mundo tiene derecho a equivocarse y rectificar, lo que es muy propio de la naturaleza humana. Pero otra cosa es disfrazarse y maquillarse para tratar de estar siempre al tono de los tiempos y buscar mantener el control de los hilos que mueven al poder. Esto último podría no ser un asunto inconveniente, si ello estuviera definido por la decisión de servir a la causa de quienes siguen esperando que el desarrollo los incorpore de una vez por todas.

El apoyo del pueblo chileno a las demandas indígenas

Probablemente el mejor símbolo de la re-evolución de la acción política ciudadana del último tiempo, sea el apoyo a las demandas indígenas por parte del pueblo de Chile, cuestión que ha quedado de manifiesto en el uso, inclusive internacional, de la bandera Mapuche y la de los demás pueblos indígenas, como un símbolo de rechazo a la casta política.

También es un gesto de reivindicación del Chile de los excluidos del modelo de desarrollo, que han comprobado, en los hechos, que han sido condenados a la pobreza y a la falta de oportunidades, como si esta condición fuera una suerte de designio divino.

Cada vez que el pueblo Mapuche ha reclamado, quienes administran el poder, respondieron con asesinatos, criminalización, violaciones, torturas, cárcel y, en el mejor de los casos, con falsas promesas y engaños. Este es un patrón de conducta que se manifiesta en las respuestas dadas al pueblo de Chile respecto de su exigencia de justicia y el simple respeto de sus derechos. Es verdad que en esta legítima y necesaria movilización social también han actuado grupos radicalizados que han decidido priorizar actos de violencia, al mismo tiempo que se comprobó la presencia de carabineros infiltrados vestidos de civil cuyo objetivo era justificar el accionar represivo de una autoridad que nunca estuvo dispuesta a encontrar una solución mínimamente razonable.

Pero, ¿por qué la casta política cuestiona los escaños reservados indígenas en la nueva Constitución? Las respuestas son conocidas y muy variadas, pero comienzan con un racismo colonialista que mantiene un desprecio muy evidente ante quienes han sido declarados políticamente ciudadanos de segunda categoría.

Estos grupos de poder, prefieren al pueblo Mapuche y los demás pueblos indígenas confinados a las expresiones folklóricas que los mantengan como una “curiosidad antropológica” o simples piezas de museo. Pero cuando exigimos poder político real y derechos económicos y territoriales de verdad, ahí el asunto se vuelve una incomodidad de la cual es necesario deshacerse lo antes posible.

Resulta por lo menos jocoso, que un Estado de apenas 200 años se arrogue la “propiedad” del pueblo mapuche que existe hace miles de años. Tanto es así, que incluso el artículo 7 de la ley indígena dice: “El Estado tiene el deber de promover las culturas indígenas, las que forman parte del patrimonio de la Nación chilena”. El mundo al revés, como decía Galeano.

El problema real detrás de los cupos reservados

El verdadero conflicto radica en el poder político que los indígenas nunca hemos tenido desde que se fundó esta república, incapaz de reconocer su esencial plurinacionalidad. La casta política, que se encarna en los acuerdos tácitos del gobierno y la oposición de turnos, ha permitido asegurar que las cosas no cambien de verdad. La estrategia se reduce a la idea de limitar la participación de los independientes e indígenas, haciéndolos irrelevantes en las decisiones fundamentales. El diseño consiste en que independientes e indígenas participen a través de los partidos políticos (que son parte del problema) para garantizar la legitimidad del proceso constituyente, pero con ninguna capacidad de alcanzar los cambios que se necesitan.

Para las élites del poder es un escenario indeseable la irrupción de 24 indígenas que influirían en los resultados de las votaciones de la nueva Constitución y podría poner en peligro los acuerdos de los 2/3 entre el gobierno y la oposición. Ahí radica el miedo real: demasiado poder para que los indios puedan decidir. Sin duda, podríamos ser una oportunidad para el Chile invisible, al poner y respaldar sus demandas. Y no las de la casta política. Así, nuestra conclusión es evidente: el camino de Chile está unido al destino de los pueblos originarios y su unidad con los excluidos que sufren la discriminación.

Como es conocido, las demandas de derechos colectivos, territoriales y políticas indígenas, colisionan siempre con los intereses de los grupos de poder. Su origen hace más de un siglo se explica, en buena medida, por las “facilidades” que les ofreció la Ley de Colonización, que entregó las tierras Mapuche a título gratuito, más dinero y animales. Bajo esas condiciones excepcionales, esos colonos fueron ampliando su influencia a partir de las “corridas de cerco”.

Un ejemplo de ello es Edmundo Winkler, quien asesinó al Lonko Juan Pailahueque en 1916 para usurparle las tierras. Este hecho es parte de la historia oculta de Chile. Esta forma de proceder se sigue repitiendo hoy con las forestales de Angelini y Matte, las hidroeléctricas o las inmobiliarias como la del señor Bruner Moreno en Pangipulli, que compra irregularmente tierras indígenas de títulos de Merced. Esas familias se transformaron primero en potencia económica agraria y luego en poder político de origen europeo, que acuñaron un discurso ideológicamente racista, arribista y violento contra los indígenas. Todo ello permitió justificar la tenencia de las tierras, bajo un supuesto discurso civilizatorio.

El momento de decidir

Tanto los indígenas como el pueblo mestizo de Chile son siempre llamados a votar, pero nunca a decidir. La forma de elección de los constituyentes y la estrategia de nombramientos siempre llevará una letra chica, que será un manual de cómo conservar el poder. Esta es la única fórmula que tendrá la casta para evitar que Chile realmente cambie.

El Chile postergado en todas sus manifestaciones debe unirse. Por nuestro lado, como pueblos originarios podemos construir un nuevo Chile desde nuestras raíces más profundas, especialmente cuando hablamos del Kume Mongen o buen vivir. Esta forma de vida debe ser un pilar fundamental de la nueva Constitución: debe quedar de manifiesto que los derechos de la gente son inseparables de los derechos de la madre tierra o de la naturaleza. Comprender este pequeño punto, permitirá preservar la especie humana. Esta es la única forma de tener un mundo sano para que nuestros hijos ejerzan los derechos por los que tanto hemos luchado y tanta gente ha sufrido y hasta perdido su vida.

Por ello hemos constituido una estrategia muy precisa: jugar con las reglas de juego del adversario y constituir nuestro propio instrumento de participación. Por ello, hemos tomado la opción de crear nuestro propio partido: Por el Buen Vivir de Chile, en el cual no existen ni grandes fortunas desesperadas por influir, ni intelectuales ajenos a la realidad ni tecnócratas del mercado. Aquí está la gente común, la que le cuesta llegar a fin de mes y la que sabe mejor que nadie cuál es el país en el que quiere habitar.

Seguiremos incansablemente este camino lleno de obstáculos. Al final y de un modo inevitable, este camino nos llevará al triunfo de los verdaderos representantes del pueblo.

Diego Ancalao Gavilán es Mapuche de la comunidad Lonko Manuel Ancalao de Purén Indómito, profesor, analista político. Es presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena, y autor de los libros “Mapuche, hijo de dos naciones” y “Otra vez hoy, la tierra se levanta, hacia un mundo del Kume Mongen (Buen Vivir)”.

Hace pocos días la congresista Rocío Silva Santiesteban propuso derogar la ley del “gatillo fácil”, pero ¿cuál es esa ley y de qué trata?

La ley del gatillo fácil es la ley 31012 y su nombre oficial es Ley de Protección Policial. Su finalidad es “garantizar la eficiencia del servicio que presta el personal policial en el cumplimiento de su función constitucional, cuando hacen uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria y de esta manera gocen de la protección legal del Estado”.

Esta ley no fue promulgada por el ejecutivo, sino que el 27 de marzo del 2020 se publicó con la  firma del Presidente del Congreso de la República, Manuel Merino de Lama, si, el mismo del golpe de estado del mes pasado. Se le conoce como Gatillo fácil por que esa es la “expresión utilizada en español para indicar una utilización abusiva por parte de las fuerzas de seguridad de armas de fuego, generalmente presentada por la policía como una acción accidental o de legítima defensa”. Gracias Wikipedia.

Analizando esta ley, en la web de MOCICC se opinaba: “no podemos flexibilizar normas que posibiliten un escenario proclive a excesos y/o violaciones a los derechos humanos que lamentablemente ya han ocurrido en nuestra historia”, para luego añadir que se trata de: “una disposición muy abierta que faculta a que se exonere de responsabilidad penal a las fuerzas del orden en caso de excesos durante los estados de emergencia”.

Continuando con el análisis, otra de las objeciones a esta ley está en relación a la proporcionalidad con la que las fuerzas policiales o militares deben actuar. Según los especialistas “ahora la policía no necesariamente tiene que responder según cada contexto con un medio equilibrado a la reacción de la persona intervenida. Con ello, por ejemplo, el personal de la PNP puede reaccionar con una pistola a una acción sin arma alguna”. Lo cual evidentemente, es una desproporcionalidad.

Recientemente Mirtha Vásquez, presidenta del Congreso declaró que apenas se publicó la ley: “mi colega Rocío Silva Santiesteban y yo presentamos una propuesta para la derogación de esa norma, sabiendo el riesgo que suponía. Eso no ha sido tratado hasta el día de hoy y yo espero que en medio de ese escenario por lo menos podamos avanzar a la derogatoria de estas normas que realmente son muy perniciosas para la propia Policía”.

La propuesta de las congresistas está contenida en el Proyecto de Ley No 4986 que deroga los artículos 2, 3, 4 y 5 de la ley 31012, Ley de Protección Policial; y restituye la única disposición complementaria derogada de la norma, que suprime el principio de razonabilidad en el uso de la fuerza policial.

Según un artículo de Red Muqui: “Respecto a la restitución de la disposición complementaria derogada por la Ley de Protección Policial, el literal c) del numeral 4.1 del artículo 4º del Decreto Legislativo No 1186; lo que regulaba era el principio de razonabilidad. Es decir, cualquier acto que provocaba lesión o muerte con el uso de armas, debía estar guiado por el principio de razonabilidad. No podía un policía bajo este principio, en el contexto de un conflicto o intervención, hacer uso de la fuerza sin que esto sea gradual, proporcional, con una finalidad legal. Todas estas condiciones eran reguladas por el principio de razonabilidad. Ahora ya no lo están, por ello, el Proyecto de Ley de las congresistas quiere restituir estos principios regulatorios. El principio de razonabilidad ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso el Tribunal Constitucional de nuestro país”.

Es importante que la sociedad civil en su conjunto haga incidencia para lograr la derogación de  la ley 31012, sea con la aprobación del Proyecto de Ley No 4986 o bajo otro mecanismo. Mientras esta ley esté vigente el accionar represivo de las fuerzas policiales estará libre de responsabilidades y control, y los muertos que pueda haber no tendrán ningún tipo de justicia.

Registro de la 2da marcha nacional del 14 de noviembre, por Piquete Fotográfico.

Autor: gtawcomunicaciones

GTANW, 2/12/20.- Líderes Wampís han sido detenidos por intermediarios ecuatorianos vinculados a la tala y comercialización ilícita de madera mientras intentaban cruzar del río Santiago al río Morona por la frontera. Se trata de los dirigentes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís Clovis Pérez, Juan Nuningo, Robert Hinojosa y del asesor legal Awajún Gil Inoach; además de 15 jóvenes de la escuela de liderazgo Sharian. Todos ellos se dirigían hacia San Juan de Morona, donde sostendrían un taller de capacitación, pero fueron impedidos de continuar su camino en Puerto Minas por los comerciantes ilegales. Piden que las embarcaciones con madera que han sido detenidas los últimos días por el GTANW, en el Río Santiago, sigan su curso, a cambio de la libertad de los líderes wampís.

Cabe señalar que durante los últimos dos meses, el GTANW ha denunciado a las autoridades nacionales y locales la problemática de la tala y comercio ilegal de madera[1] por parte de ciudadanos ecuatorianos, quienes a vista y paciencia de los controles del Ejército Peruano y SERNANP en las bases de Cahuide y Ampama, salen con embarcaciones llenas de madera obtenida de manera ilegal. Recientemente, la Autoridad Regional Ambiental se comprometió con los Wampís a colaborar con las acciones del GTANW, en el marco del derecho al uso sostenible, ordenado y legal de cualquier bondad de la naturaleza[2]. Sin embargo, hoy llegaron a la comunidad de Alianza Progreso, en el río Santiago, donde están las embarcaciones detenidas, sin la documentación necesaria para hacer su registro y confiscar la madera.

Recientemente, la Defensoría del Pueblo se pronunció al respecto[3] y exigió a las autoridades a nivel nacional abordar el problema; sin embargo, nada se ha hecho hasta ahora.

ACTUALIZACIÓN (2/12/20 22:00)

Según comunicación con una de las autoridades Wampís secuestradas, la delegación Wampís fue liberada al promediar las 21:30 horas. La liberación se dio tras la decisión de la Autoridad Regional Ambiental de Amazonas de dar un plazo de dos días más a los madereros ilegales y dejar ir las embarcaciones que habían sido incautadas.

Desde el GTANW expresamos nuestro alivio por esta liberación, pero expresamos también nuestra preocupación porque la problemática de la tala ilegal en nuestro territorio hasta ahora no recibe la atención pertinente de las autoridades nacionales.

Desde el GTANW queremos proteger nuestro territorio y apostar por vías de desarrollo sostenibles, con formalidad y regulación ambiental.

[1] https://nacionwampis.com/gtanw-determina-cese-de-tala-y-comercio-ilegal-de-madera-en-el-santiago-ante-inaccion-del-estado/

[2] https://nacionwampis.com/wp-content/uploads/2020/12/Acta-Extraordinaria-del-Gobierno-Territorial-Aut%C3%B3nomo-de-la-Naci%C3%B3n-Wampis.pdf

[3] https://www.gob.pe/institucion/defensoria-del-pueblo/noticias/318361-defensoria-del-pueblo-urge-intervencion-eficiente-frente-a-tala-ilegal-y-amenazas-que-afectan-derechos-de-comunidades-indigenas

-SAHARA OCCIDENTAL OCUPADA: Les niñes saharauis sufren de extrema tortura, fisica y psicologica por parte del regimen marroqui, la comunidad internacional solidaria invita  a diversas acciones para frenar la guerra en contra del pueblo Saharaui.Porunsaharalibre.org y Kaos en la Red

-PALESTINA: Día de solidaridad con el pueblo palestino. 29 de noviembre de cada año la sociedad mundial  conciente y solidaria,  conmemoramos el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Situación insostenible en Gaza tras trece años de bloqueoPalestina Libre.

-INDIA: 200 millones de trabajadoras y trabajadores luchando por derechos laborales, Es la huelga  más numerosa del mundo contemporaneo.industriall-union.org

-FRANCIA: Una nueva ley prohíbe que se pueda filmar a los policias, dejando a los ciudadanes vulnerables al abuso policial; miles y miles de personas salen a las calles para exigir su derecho de defenderse de los oficiales.

-EUA Estados Jodidos: Los crímenes del racismo policial, Josep Biden otro militar al poder, y El problema del COVID en Estados Unidos en medio de llamados a la Guerra civil.

-PILDORAS DE SALUD: Por Mar Métodos anticonceptivos

Desde el Ombligo del monstruo

-MORELOS, PUEBLA Y TLAXCALA: Marcha y unión de luchadoroas sociales para detener el Proyecto Integral Morelos y apoyar a les compañeres desalojades del plantón de Apatlaco.

-CDMX: Rodadas: la revuelta en bocicleta. Por JumperLopez BarrioNews

-MUJERES EN LUCHA JALISCO, QUINTANA ROO, PUEBLA Y CDMX Jornada por los derechos de las mujeres en el marco de 25 de Noviembre. Instalan antimonumenta en Jalisco. Mujeres toman el vestíbulo del congreso de Quintana Roo. Feministas toman el congreso del estado de Puebla. Marcha de mujeres en la CDMX, participantes del bloque negro queman las casas vacias de FRENAA. Zona Docs, Redes feminsitas

-GUERRERO AYOTZINAPA:   Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa toman la caseta de la autopista del sol demandado se interrogue y se criminalice al ex secretario de la defensa Salvador Cienfuegos por su participación como dirigente de las fuerzas armadas en el secuestro de los normalistas. Animalpolitico

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A los pueblos de Guerrero
A los pueblos de México
A las mujeres que luchan
A la sexta nacional e internacional
A las redes de apoyo al CNI-CIG

Las mujeres, hombres, niñas, niños, abuelas y abuelos de las comunidades indígenas; Na Savi, Me´pháá, Nahua, Ñamnkué, Mestizas y Afro mexicanas del estado de Guerrero, que estamos organizados en nuestro Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata(CIPOG-EZ), y somos parte del Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG) en conjunto con nuestros pueblos hermanos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (O.C.S.S.).
Continuamos hoy 1 de diciembre del 2020 las movilizaciones en solidaridad con nuestras hermanas y hermanos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. No podemos tolerar que en nombre del «progreso» de la autoproclamada 4T pasen por encima de la ley, pase por encima de la dignidad y de la vida de nuestros hermanos y hermanas Nahua. Y seguimos realizando bloqueos y movilizaciones, porque vemos que los medios de comunicación, solo guardan silencio cuando se violentan los derechos de los pueblos, y guardan esas noticias para los espacios que no se ven, que no se leen o ni siquiera las cubren.
Volvió el silencio cuando reclamamos nuestros derechos, está volviendo ese México que prefiere voltear la cara para no ver los cadáveres de los indios muertos, para no ver las imágenes de dolor de tantas familias desplazadas. Volvieron los intelectuales que dicen que no sabemos, que no entendemos, que este si es «progreso» de a deberás, que nos están manipulando. Pero nosotros vemos las cosas muy diferentes, vemos como AMLO mintió descaradamente y dijo una cosa e hizo otra cosa aquí y allá.
Vemos como le siguen echando bala, como los siguen hostigando y sigue la violencia cada vez más fuerte contra nuestros hermanos y hermanas de diferentes comunidades en Chiapas, comunidades atacadas del CNI-CIG, vemos como se continua la guerra contra las bases de apoyo Zapatista y vemos como siguen impunes los paramilitares. Y vemos como los malos gobiernos federal y estatal hacen como que no pasa nada, voltean a mirar a otro lado, se van a cenar con grandes empresarios a los que por cierto antes les llamaba mafia.
Y aquí en Guerrero la cosa va peor, ya que logramos romper el cerco narco-paramilitar como CIPOG-EZ, hemos platicado en colectivo con las comunidades que durante más de un año han estado cercadas por «Los Ardillos» un grupo narco-paramilitar que goza de la impunidad de los tres niveles de gobierno en México. Hay mucho miedo, dolor, rabia e indignación.
Nos contaron como llego hasta acá llego Alejandro Encinas enviado por López Obrador en Enero del 2020 para ofrecer migajas y comprar conciencias, para tratar de tapar la barbarie de los 18 asesinatos de nuestras bases, promotores, promotoras y concejales del CNI-CIG a manos de «Los Ardillos». Pero no llego la justicia, no les importo y no les importa la vida de nosotros como pueblos, solo vinieron para ver qué tanta fuerza teníamos, y a quien podían comprar y a quien podían callar y medir si el impacto afectaría su 4T. Solo a eso viniste Encinas, la justicia no te acompaña, solo tus cálculos políticos. No vemos una 4T, vemos un nuevo PRI.
Por eso has negado una y otra vez las medidas cautelares para los promotores del CIPOG-EZ por qué quieres vernos muertos, quieres que no estorbemos y que no se denuncie la barbarie, la tortura, la violencia, el terror, y la complicidad del Estado. Pero los pueblos supieron reorganizarse, y están con todas sus fuerzas venciendo el miedo y el terror. Les pedimos a nuestras hermanas y hermanos que nunca nos han dejado solos, que estén atentos, que estén alerta, ya comienzan a llegar nuevamente las amenazas a nuestras vidas, por romper el cerco, por denunciar la complicidad gubernamental, pero sobre todo por atrevernos a luchar por nuestra libertad, dignidad, justicia y democracia.

ATENTAMENTE:
Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata(CIPOG-EZ)
Regiones: Costa Chica, Costa Montaña, Montaña Alta y Montaña Baja de Guerrero,
Organización Campesina de la Sierra del Sur (O.C.S.S.).

¡Alto a la Guerra paramilitar contra las comunidades Zapatistas del EZLN!
¡Alto a la Guerra narco-paramilitar contra las comunidades indígenas del CNI-CIG!

¡Justicia para todos nuestros presos, asesinados y desaparecidos del CNI-CIG!

¡Nunca más un México sin nosotros y nosotras!

O.C.S.S.

📅 30 de noviembre 2020

🌐 Semanario #37 desde el Caribe hasta el Sur 🌐

▶️ ESCUCHE AQUÍ:

🌱 TERRITORIO: Escuela de formación comunera en #Venezuela. Incumplimiento de la remediación ambiental de petroleras de #Ecuador. Persecución a la prensa en #Guatemala.

🥁 LUCHAS: Actualidad de las protestas en #Perú. Sigue la lucha en contra de la megamineria en #Puelmapu. Campesinxs de #Panamá en contra de las gigantes eólicas. Acampe en ruta provincial exigiendo #LeyDeHumedalesYA en #Argentina.

🌈 GÉNEROS: Acción del 25 de noviembre en #Bolivia.

🎼 Recomendado cultural de Guatemala sobre LaBrisa y su canción La Sombra

🔥 Reportes Unión Comunera, Comuna Luisa Cáceres de Arismendi, La Resistencia Bolivia, Colectiva Chinata, Radio Temblor Internacional, Festivales Solidarios, Red TierraActiva, Coordinadora en Defensa de las Tierras y Aguas de Coclé, Multisectorial por los Humedales, Comunidad Mapuche Tehuelche Laguna Fría – Chacay Oeste,Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses

🎙Comunican Anabel Carrere, Karen Díaz, Ayelén Correa Ruau, Lucía Ixchíu, Wayra Tamayo, Ivan Paillalaf, Johan Tovar, Tonny Chimbo y Olmedo Carrasquilla

🎛 Edición y masterización: Radio Epidemia

📸 Imagen de portada: Continúa la protesta social en #Guatemala. Autorx Carlos Ernesto Cano

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30 de noviembre 2020 | Emisión N° 37 | 3° temporada Acción del 25 de noviembre 2020

Diversas organizaciones civiles y activistas exigen al gobierno mexicano solucionar el desplazamiento y los ataques en contra de los indígenas chiapanecos que han sido despojados de sus bienes por un conflicto de tierras entre los municipios de Chenalhó y Aldama.

Este conflicto ha derivado también en un ataque, registrado el 18 de noviembre, a una caravana de ayuda humanitaria en el estado de Chiapas, en el cual, una de sus integrantes fue herida de bala, quien ya recibió atención médica.

Los firmantes reclaman la falta de respuesta del Gobierno en el conflicto y urgen una solución ante las agresiones armadas en las comunidades de Aldama, Chenalhó y Chalchihuitán.

Las personas piden: Recuperar el Estado de derecho en la región, aplicar la ley y hacer justicia a la población, lo que significa el retorno de todas las personas desplazadas, la recuperación de su capacidad de sostenibilidad económica, alimentaria y de vida digna.

Insisten en que la atención integral a los desplazados y afectados por este conflicto, sea responsabilidad de instancias federales en vista del incumplimiento de las instancias en el estado y que ésta sea en apego a los protocolos nacionales e internacionales.

Destacan que el cese de las agresiones; la detención de las bandas armadas criminales y de quienes las patrocinan por intereses económicos y políticos; la persecución de ilícitos y la revisión de todos los casos de personas detenidas injustamente.

Recuerdan que México es signatario de la Declaración Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y debe tener como prioridad, satisfacer las necesidadesde los pueblos originarios.

Por lo tanto, exigen que se respeten las acciones que realizan las organizaciones de la sociedad en favor de las comunidades, sobre todo de ayuda humanitaria en la región, el libre tránsito y el respeto a la integridad de todos los habitantes de dichos municipios.

La misiva fue enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador;  a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez; a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra; y al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

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Por Javier Bedía Prado

La mayor movilización social en décadas, encabezada por la generación del bicentenario, obligó a renunciar al Gobierno de facto en seis días. La Policía reprimió las masivas protestas en Lima como no se veía desde la dictadura: dos asesinatos por disparos, cientos de heridos y denuncias de abusos. El país estuvo a un paso de concretar una intervención militar.

A la hora en que asumía el cargo el actual presidente interino del Perú, Francisco Sagasti, el cuarto en cinco años, un joven al que policías de civil secuestraron y torturaron durante tres días fue liberado en una calle cerca al Centro de Lima. Lo intervinieron la noche del sábado 14 de noviembre, en las masivas protestas contra el Gobierno de facto de Manuel Merino que la Policía reprimió con una fiereza no vivida en la capital en las últimas dos décadas, dejando dos asesinados por armas de fuego. Se registraron 250 heridos, varios de gravedad, detenidos y abusos por doquier, al menos dos casos de violencia sexual contra mujeres en comisarías limeñas. Hay más víctimas de secuestro y tortura por investigar.

La presión de la calle, multiplicada tras los crímenes contra Inti Sotelo (24 años) y Bryan Pintado (22 años) por disparos de perdigones y canicas, a pocas cuadras del Congreso de la República, obligó a Merino a renunciar a la mañana siguiente, el domingo 15. A solo seis días de la vacancia por “incapacidad moral permanente”  -una forma de golpe de Estado institucional- contra Martín Vizcarra, dirigida desde un altamente desprestigiado Congreso con agenda propia que presidía Merino, del partido de centro derecha Accción Popular. En líneas generales, el mismo espectro de su antecesor; la pugna es entre distintos grupos de un bando hegemónico.

Fue la semana más crítica para el país desde la dictadura de Alberto Fujimori. La mayor movilización social en lo que va del siglo: se estima que tres millones de personas salieron a las calles en todo el Perú y que 12 millones respaldaron las manifestaciones desde sus casas.

Tras abrírsele una investigación fiscal preliminar por sobornos de Odebrecht entre 2013 y 2014, cuando era gobernador regional, la destitución de Martín Vizcarra el lunes 9 se amparó en la ambigua figura jurídica que requiere de la aprobación de dos tercios de legisladores. En el Perú esto basta para que el Parlamento cambie al mandatario de turno. La votación fue respaldada por 105 votos, de 130. En cuatro años, era el segundo removido por un proceso de vacancia. Pedro Pablo Kuzcynski (PPK), el último elegido por las urnas en 2016, se vio obligado a renunciar antes de que la mayoría fujimorista aprobara su salida. Vizcarra, su segundo vicepresidente, tomó su lugar en marzo de 2018.

Las próximas elecciones serán en abril de 2021, por lo que, en un principio, ante las emergencias en salud y economía, la voz de la calle se inclinaba a que avancen las investigaciones durante los meses que le quedaban y que el Poder Judicial resuelva si lo procesa al terminar su período. Era el segundo intento de vacancia del bimestre, lo que sellaba el quiebre entre poderes que fue la constante desde 2016. Esta situación la originó la bancada del partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, a quien PPK le ganó la disputa por la presidencia. Bajo la misma bandera, de derecha, opositores de PPK matizados por los discursos de odio más virulentos y populismo.

En julio de 2019, Vizcarra cerró el Congreso y llamó a votar por uno nuevo para legislar solo un año. La medida tuvo respaldo popular debido a los incontables casos de corrupción del fujimorismo y aliados. En el nuevo Poder Legislativo, instalado recién en marzo de este año, carecía de representación y 68 integrantes tenían denuncias penales. Entre ellos, poderosos empresarios de la educación privada a quienes una reforma, iniciada antes de la gestión de Vizcarra, les retiró las licencias de funcionamiento a sus universidades e institutos por no cumplir estándares de calidad. En maniobras de último momento, la mayoría de estos nuevos legisladores dejó al país al borde del colapso social. El pueblo responsabilizó específicamente a los 105 legisladores que dieron su voto. La comunidad internacional no reconoció a Merino, pero tampoco condenó el golpe institucional. Así empezó a agitarse la semana.

El plan inconcluso: sacar al ejército y redadas masivas

“Voy a hablar con las Fuerzas Armadas para tranquilizar la cosa”, declaraba el jueves 12 el nuevo primer ministro Ántero Flores-Aráoz, un ultraconservador con la masacre de 33 personas a cuestas cuando era titular de Defensa, quien afirmaba desconocer el porqué de las protestas.

La multitud se volcó a los espacios públicos para reclamar por su futuro, oportunidades de estudios y trabajo de calidad. Para rechazar la corrupción de la clase política, principalmente congresistas y sus maniobras por intereses. Para reafirmar que lo hacían ellos mismos, para sí mismos, sin órdenes de políticos, ante el vacío y usurpación del poder. Por el cambio de la Constitución del dictador, como propuesta de fondo para un país que estuvo a pocas horas de retroceder a los años del terrorismo de Estado y completar un golpe con las armas, como confirmó Gustavo Gorriti en IDL Reporteros. El plan era sacar a las fuerzas armadas a la calle, decretar un toque de queda de 24 horas o más, y ejecutar redadas masivas a “instigadores”.

Entre el primer plantón, simbólico, en las afueras del Congreso la noche del lunes 9, tras la sorpresa de la amañada vacancia, y la primera movilización grande, la mañana del martes 10 que juramentó Merino, la consigna del sentir común fue dirigiéndose a un “que se vayan todos”, especialmente los congresistas y el nuevo Ejecutivo, antes que a la defensa del expresidente.

La represión empezó en aquellos momentos. Los alrededores del Congreso y Palacio de Gobierno, enrejados y bloqueados hasta por tanquetas, eran señales. En uno de los accesos a la avenida Abancay, donde se encuentra el Poder Legislativo, un joven que llamaba a romper el cordón policial recibió a corta distancia un disparo en una pierna. En el jirón principal que lleva hacia la sede del Gobierno, la indignación creciente llegó a las pedradas contra escudos policiales. Un muchacho pedía un encendedor para prender una molotov y nadie se lo entregó, sea por límites o el temor a que sea un infiltrado del escuadrón Terna. En cualquier caso, reflejó el ánimo de contener la justa rabia. “Somos la generación que no tira bombas, sino que las desactiva”, es una de las frases imborrables de la semana.

Los mismos políticos que tomaron por asalto el Gobierno deslegitimaban las protestas, atribuyéndolas a “manipulaciones” del único partido (también de centro derecha) que votó contra la vacancia, a la izquierda en minoría parlamentaria y hasta a subversivos. La vieja estrategia peruana del “terruqueo”. En un burdo intento de sabotaje, infiltrados se esforzaron en hacer pintas que se parezcan a la temible hoz con el martillo. Lo que inflamaba el ambiente y recordaba a los psicosociales de la dictadura.

Ver también: Perú, tras intensas movilizaciones y brutal represión, renuncia gobierno de facto

Intentar avanzar, replegarse, marchar y seguir marchando fue la estrategia espontánea, día tras día. Así desde la mañana hasta la noche. La incansable rebeldía ganó pulmones el jueves 12. Los gobernantes confiaban que los partidos de la selección peruana de fútbol de esos días harían olvidar, advertían en las calles, donde más marchas y  estruendos caseros fueron las respuestas. En el Centro de Lima se normalizaron las lluvias de gas y proyectiles de plomo y de vidrio, las intervenciones ilegales por parte de uniformados, ternas y motorizados que embestían sus vehículos contra quienes ejercían la protesta pacífica. Fui testigo de cómo un líder, minutos después de evitar la violencia colectiva y dirigir la retirada de un punto de tensión, era rodeado y reducido cual criminal, mientras declaraba a la prensa. En las afueras del Poder Judicial un chico se le planta a una moto y recibe un varazo en el tórax, a un paso de los observadores de la Defensoría del Pueblo.

Orden: extremar la represión

La brutalidad del 14N fue la culminación del proyecto del entorno de Merino y sus socios. De acuerdo a IDL Reporteros, este le encargó “extremar la respuesta” al saliente ministro del Interior, quien no aceptó. El entrante, general PNP Gastón Rodríguez, fue aplicado. Hacia el final de la tarde, los servicios de transporte a Lima Centro colapsaron. Durante casi una hora esperé por un bus. Al llegar me quedé algo más de lo planeado entre el tumulto en las afueras del Poder Judicial. A las 8:30 pm, la multitud iba y, la mayoría, volvía del área en convulsión: se hablaba del enfrentamiento en la intersección más próxima al Congreso, donde dispararon a los chicos. Vi caer a un herido por disparo en una pierna y, acto seguido, gas exactamente donde lo atendían.

Vi caer a un herido por disparo y, acto seguido, gas exactamente donde lo atendían. Le dieron en la espalda, no volverá a caminar. Según una reconstrucción de IDL, Inti se encontraba en esta esquina en ese momento, a mayor distancia del escuadrón policial, y sería la misma ráfaga la que le impactó en el pecho. Lo evacuaron por otra dirección.

Una calle antes de allí, cientos trataban de abrir la barrera de seguridad por otra dirección. Empiezan a lanzar piedras contra una estación del Metropolitano de Lima, lo que intensificó la ofensiva de las fuerzas públicas. El sonido de proyectiles contra los postes, bancas, árboles, paredes, cualquier superficie, era constante. El choque duró al menos una hora.Vi caer a un herido por disparo en una pierna y, acto seguido, gas exactamente donde lo atendían. Escuché el grito de dolor y espanto de alguien a quien una bala le rozó por la oreja. El grito de impotencia de un joven: “Nadie está pasando esto en la prensa, gente, nadie está pasando todo esto”, se desesperaba. Aún no se confirmaban las muertes de sus compañeros. “Hay que hacer más bulla, esto tiene que llegar a los medios”.

Algunos de los que luchaban en esta esquina serían de los que se replegaron desde la (otra) zona letal. Y parte de los refuerzos que llegaron serían los que dispararon poco antes contra Bryan. Al rodear y despejar el escenario, donde me quedé a cubierta para captar el avance armado, un uniformado al mando me pegó un varazo en la pierna derecha, altura de la canilla, para retirarme de la ubicación insegura. Un subordinado rompió filas y apuntándome con su arma dio unos pasos hacia mí, identificado como prensa. Estas situaciones no fueron de excepción contra manifestantes que grababan con sus teléfonos, como demostró el semanario Hildebrandt en sus 13.

“Me lo han matado, lo han matado de una bala al corazón”, fue el grito destrozado de la madre de Inti (Sol, en idioma quechua), televisado desde el centro de salud donde yacía su cuerpo, que no dejó dormir en paz al país el 14N. Abrazado a ella, el mayor de sus hijos, quien participaba en manifestaciones sociales con su hermano, sentenciaba: “Mi hermano ha fallecido porque la PNP (Policía Nacional del Perú) lo ha matado, así de simple es. Por salir a defender a su patria. Nosotros no debemos tener miedo, tenemos que continuar saliendo, por favor, continuar saliendo. Que no quede en vano la muerte de mi hermano, por favor”.

Y las calles fueron tomadas. No se respetó la restricción de movilidad que rige a partir de las 11 pm por la emergencia sanitaria. En ningún distrito de Lima, en ninguna de las 25 regiones. No importó que la nación sea una de las más afectadas del mundo por la pandemia. Gentes de todas las edades marcharon y, desde sus casas, los más precavidos retumbaron los cacerolazos hasta la madrugada.

La autonomía y resistencia de las nuevas voces

Bryan, 22 años, había dejado la carrera de derecho por falta de dinero y trabajaba como ayudante de obrero. Inti, 24 años, era repartidor, en moto o bicicleta, y estudiaba turismo. En su mayoría quienes se movilizaron fueron chicas y chicos de edades similares, entre los 20 y 30 años, los de la generación del bicentenario. Organizados desde las redes sociales, como TikTok e Instagram, hasta la primera línea para desactivar lacrimógenas y auxiliar a los lesionados. Como Inti, quien solo tenía un recipiente de agua con vinagre para ayudar a otros a calmar los efectos del gas y un casco de ciclista, que quizás hubiera servido a Bryan, victimado por 10 disparos de plomo, cuatro de ellos en la cabeza.

Sin tendencia política hegemónica, enlazados por la indignación y voluntad de cambios. Estudiantes en formación y trabajadores, muchos en ambos roles a la vez, quienes saben de adversidades y valerse por sí mismos desde temprano. Como tantos barristas de equipos de fútbol, acostumbrados al choque, que se sumaron en la primera línea. Todas las tribus urbanas del siglo XXI se juntaron: seguidores de pop coreano, otakus, gamers, skaters. Los más “chibolos”, los “vagos” que se lo pasan en parques, en sus computadoras y celulares, según sus mayores. La irreverencia, alegría y humor descarnado de sus pancartas fueron su sello.

Ningún político de los que deslegitimaron las marchas puede señalar a estos jóvenes de no ser trabajadores. De no querer lo mejor para su sociedad. Y de no saber lo que quieren. Hay colectivos de escolares activos, informados con criterio. Investigan y cuestionan cuánto cuesta una bomba lacrimógena. Saben que “hay, hermanos, muchísimo que hacer”, parafraseando a nuestro César Vallejo, a quien el presidente Sagasti citó en su discurso. Los escolares le recordaron al Congreso y al Ejecutivo que el poeta universal fue un luchador social, militante de los partidos comunistas del Perú, España y Francia. Dejaron en el aire la pregunta sobre qué suerte correría el escritor en el Perú del siglo XXI.

Alrededor de 50 personas no volvieron a sus casas la noche del 14N, lo que alarmó a la población por el pasado de desapariciones en las décadas de guerra interna y violencia política (1980-2000). En los dos siguientes días fueron reportándose con vida todos menos Luis Fernando Araujo Henríquez, 24 años, quien denunció que cuatro policías vestidos de civil lo retuvieron durante tres días en una casa.

“Tuvo el rostro cubierto todo el tiempo, le hicieron escuchar la voz de su madre pidiendo a los medios que lo encuentren, lo encañonaron en la cabeza, lo amenazon con matarlo porque, le decían, ya no les servía”, relató su defensa en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos el miércoles 18. La organización investiga más casos de tortura, secuestro y desaparición forzada.

Nuevo Gobierno, viejos discursos 

El Escuadrón Terna, grupo creado y entrenado para infiltrarse en la delincuencia común, participó en las operaciones desde el principio. Sin embargo, el jefe de la unidad, coronel Freddy Velásquez, sostiene hasta hoy que se desplegaron solo el día 11, el de menor violencia, a pesar de la cantidad de evidencias y el contexto: hay consenso sobre la desactivación de esta unidad y, más allá, la demanda social de una reforma integral de la PNP.

Es importante advertir que continúan hostigamiento a víctimas de abusos y familiares de los deudos. Preocupa la impunidad y las manipulaciones de la policía, que en una pirueta de victimización llama a un paro policial para diciembre contra “una campaña de desprestigio” y por sus derechos. Se ha llegado hasta la infamia de circular falsas denuncias de tráfico de drogas y robo contra Inti y Bryan, símbolos de esta generación honesta y luchadora. La noche del crimen, ternas trataron de ingresar a la casa de Inti, pero los vecinos lo impidieron. La intención era sembrarle evidencias. La familia de Byran denuncia reglaje en su barrio.

El Ministerio Público ya abrió un proceso por homicidio calificado, abuso de autoridad y lesiones graves contra Manuel Merino -cuyo paradero se desconoce-, su primer ministro Flores-Aráoz, Gastón Rodríguez, como responsable del Ministerio del Interior, y a la cúpula policial que dirigió las operaciones, plenamente identificada. En total, participaron 700 agentes, ya se, cuyas sanciones son de los mínimos reclamos de la ciudadanía, como complemento al castigo de los que dieron las órdenes. Un proceso que será largo. Casualmente, la cámara de la Municipalidad de Lima en la escena del doble crimen tiene “imperfectos técnicos”.

Para el nuevo presidente y gabinete ministerial, a pesar de verse obligados a relevar al director de la PNP y casi una veintena de altos mandos, el problema de la institución es de malos elementos. El malestar social frente a la institución es generalizado.

Queda la advertencia general de que, a otro escándalo del Congreso o el primero de este Ejecutivo, la calle se hará escuchar. De entre los pocos congresistas que no votaron por la vacancia, el Partido Morado (centro-derecha), por ser el único que se opuso en bloque, planteó una lista presidida por el ingeniero y escritor Sagasti, aprobada por 97 y rechazada por 26 congresistas. Menos de los que respaldaron la vacancia y más de los que votaron en contra. Tal es el delirio de ciertos colegas que en estos días declararon terrorista a su agrupación, liderada por un empresario cercano a Israel que ya cerró filas por la Constitución vigente. Una de las demandas más populares es el retiro de la inmunidad parlamentaria. Está abierto el debate en torno a la consulta de un proceso constituyente en las elecciones del próximo 11 de abril.

Aunque no enfilado hacia idénticos objetivos, quienes ejecutaron y apoyaron la vacancia concentran el poder económico y el favor de los medios de comunicación. Para recalcar: la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) asintió a la designación de Merino. En la última campaña electoral, las compañías de sus mandamases apostaron millones de aportes a Keiko Fujimori y candidaturas de centro derecha.

Cualquier a que proponga tocar el modelo corre nuevamente contra olas de desinformación. La primera y única voz por una nueva Constitución es la de la joven lideresa de izquierda Verónika Mendoza, a quien PPK dejó fuera de la segunda vuelta en 2016 por dos puntos. En el último sondeo de la encuestadora Ipsos, el 19 de noviembre, la excongresista aparece cuarta en intención de voto. Los bulos ya están en marcha. Será esta nueva generación, muchos por primera vez votantes, la que definirá el rumbo del bicentenario en una inaudita campaña que cuenta una veintena de candidatos. Si no lo hacen los políticos de siempre, para peor, ellos pueden cambiar la historia y las esperanzas en una semana.