Urgimos respetar el derecho a la protesta y a la libertad de expresión de quienes defienden el territorio.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas informa que Juan Hernández Morales, quien estaba en condición de desaparecido desde el día 15 de octubre de 2020, ya fue localizado. El día de hoy, 20 de octubre de 2020, sus familiares nos reportaron que se encuentra bien y en un lugar seguro.
De acuerdo a testimonios, Juan Hernández Morales, de 33 años de edad, originario de la Ranchería Centro San Gabriel, municipio de Chilón, Chiapas, México, se había reportado como desaparecido desde el día 15 de octubre de 2020. En el contexto de un operativo violento en contra de una manifestación pacífica de ejidatarios de San Jerónimo Bachajón, en apoyo al ejido San Sebastián Bachajón, en el punto conocido como crucero Temo’, ubicado a 21 kilómetros de la carretera Ocosingo – Palenque. La población había convocado a un acto de protesta por la instalación de un cuartel militar en su territorio.
El Frayba reitera que la criminalización en contra del Pueblo Maya Tseltal de San Jerónimo y San Sebastian, en Chilón, pone en riesgo la vida, la libertad, la seguridad y la integridad de la población. Por lo anterior urgimos al Estado mexicano respete los estándares internacionales como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estipula: «el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino, en todo caso, uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática.»1
Tras 86 días de huelga de hambre abierta, el palestino Maher Al Akhras, de 49 años de edad, se encuentra internado en el Hospital Kaplan de Israel y, muestra un estado grave de salud. Sus familiares y activistas por la liberación de presos políticos palestinos temen por su vida.
Akhras fue detenido el 27 de julio en el distrito de Yenín (norte de Cisjordania) por el denominado Servicio de Seguridad Interior (Shin Bet), el cual opera en los territorios ocupados. Shin Bet acusa al preso Akhras de pertenecer a la Yihad Islámica, aunque las autoridades israelitas no han presentado las pruebas correspondientes.
De acuerdo con la abogada del preso, Ahlan Haddad, su “estado de salud se ha deteriorado gravemente a consecuencia del prolongado ayuno”.
Por su parte, las autoridades israelíes le han ofrecido liberarlo, asevera la abogada Haddad, solo “si pone fin a la protesta y acepta seguir internado hasta el 26 de noviembre”, cuando vence el primer periodo de detención administrativa, que es automáticamente renovable.
Esta propuesta ofrecida por Jackie Goodall, directora de la Alianza Irlanda-Israel de Listowel, es porque Akhras representa una “amenaza significativa para la seguridad de Israel”, pero solo hasta el 25 de noviembre, después de lo cual ya no es una amenaza.
Más de 850 mil palestinos han pisado las prisiones de Israel durante más de medio siglo de ocupación en Gaza, Cisjordania y Jerusalén del Este. Esto representa un 40% de los hombres adultos; casi una quinta parte de la población de Palestina.
La detención administrativa que aplica Israel permite recluir a un sospechoso por largos períodos, aun sin las pruebas correspondientes. Esta medida puede ser renovada cada seis meses. Tras el caso de Akhras, actualmente hay por lo menos 350 palestinos recluidos por una detención administrativa, incluso, dos menores de edad. La mayoría de los presos son acusados por Shin Bet de pertenecer a la Yihad Islámica, ha denunciado la ONG Alerta de B’Tselem. Hoy, esta ONG ha alertado que Akhra está “a punto de morir”.
“Su visión y audición se están deteriorando rápidamente y se queja de fuertes dolores en el pecho. Según el consenso médico internacional sobre las huelgas de hambre, Al Akhras puede morir cualquier día”, alertaron hoy ONG´s locales defensoras de los derechos humanos, quienes pidieron su liberación.
Por otra parte, el asesor de medios de la Autoridad Palestina para Asuntos de los Prisioneros, Hassan Abd Rabbo, anunció que realizan esfuerzos en todos los niveles posibles, desde el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Comisionado de Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud, así como otros organismos internacionales y parlamentarios del mundo, para exigir la liberación inmediata de Maher Al-Akhras.
Sobre las 9 de la noche del pasado domingo 18 de octubre, la defensora de los pueblos indígenas Kenia Inés Hernández Montalván fue detenida arbitrariamente en la caseta de peaje de Amozoc, Estado de Puebla, y tras permanecer en paradero desconocido y sin que se le informará sobre su situación durante unas horas, trascendió que había sido trasladada al penal de Almoloya de Juárez, Estado de México. Hasta el momento todavía no ha sido presentada ante las instancias de justicia, lo que supone una violación de sus garantías judiciales.
Esta es la segunda detención arbitraria que sufre Kenia en los últimos cuatros meses. Tal y como denunciamos en su momento, la primera detención se produjo el 6 de Junio, permaneciendo ilegalmente privada de libertad durante 5 días, hasta el 11 de junio, cuando la jueza le concedió seguir con su proceso penal en libertad para determinar su situación jurídica, tras haber sido falsamente acusada de un supuesto robo con violencia de 500 pesos.
Esta nueva detención se produce después de que el pasado lunes 12 de octubre, Kenia participase una la manifestación ante el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, como integrante del Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano, en demanda de justicia por el asesinato del también defensor Arnulfo Cerón Soriano.
Kenia Hernández es oficial de las Policías Comunitarias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en el Estado de Guerrero, partícipe del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos y en el Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Violaciones Graves a Derechos Humanos y miembro de la Dirección Política Nacional de Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano y dirigente del Colectivo Libertario Zapata Vive. Debido a su labor de defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas ha sido objeto constante de hostigamiento.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, ProDESC, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y la IM-Defensoras exigimos a las autoridades el respeto a la integridad personal de Kenia Hernández, el respeto a sus derechos humanos y a las garantías judiciales con el debido proceso.
Visitamos Chile por primera vez en el año 2013. Un viaje intenso pero mínimo. La inevitable parada en los mil laberintos de Valparaíso –“la novia del océano” como la llamara el poeta-, su selecto y bohemio olor a orines, el intento tráfago cultural y sus cerros maravillosos, casi volcados sobre el Pacífico incluyendo, por supuesto, el incomparable Cerro Cárcel.
La primera impresión, sin embargo, fue la de una sociedad pacata y conservadora. Nos impresionaron profundamente ciertas pintadas en los muros vivando al tirano que parecían suscitar un escándalo más bien medido y apático. El carácter plástico de casi todas las cosas en Santiago, la ciudad que a diferencia de la Nueva York que cantara Rubén Blades, sentía que no terminaba de creerse sus propios cuentos sobre el milagro chileno, pese a los mall y el boom inmobiliario, el PBI per cápita y las ínfulas maiameras del Festival de Viña del Mar.
Pero lo más notable era sin dudas la permanencia químicamente pura de todos los trazos de las subjetividades neoliberales que tan bien conocíamos desde nuestros años ochentas: derrotistas, auto-denigratorias, silenciosas, apáticas, mezquinas, medrosas y apolíticas. “Chile, la alegría ya viene”, el célebre spot de campaña de los tiempos del plebiscito que dijo “No” a la dictadura de Augusto Pinochet, sonaba como lo que siempre fue: una consigna huera sacada de los tubos de ensayos del marketing.
Tras eso, una gira breve por varias ciudades y pueblos de la región del Bío Bío trajeron la brisa desprejuiciada y desprejuiciante de las sociabilidades del interior; algo común al interior de todas nuestras naciones.
El ritmo cansino del campesinado, su tenaz sentido de comunidad, la hospitalidad obligatoria y casi agresiva, las comilonas al estilo “Los 120 días de Sodoma”. De Valpo pasamos, sin escalas, a visitar a los raperos mapuches de las poblas, a los mineros del cobre enrolados en SIDECO, a los campesinos paperos de Santo Tomé y a los pesqueros y trabajadores marítimos de Talcahuano -universalmente famosa por su estatua a la chilena, célebre técnica futbolística que, como no podía ser de otra forma, nació en el país trasandino-.
Allí conocimos los fogones de la memoria que evocaban los tiempos del Chicho -Allende- y su criolla Revolución del Vino y la Empanada y las gestas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, a algunos de cuyos mártires supimos honrar descendiendo los cerros populares de Playa Ancha mientras toda la pobla les rendía honores con sus brazaletes rojos y sus velas prendidas en las ventanas.
También supimos de los reveses y sinsabores actuales, del fracaso de las promesas de una post-dictadura eterna y su remedo de Moncloa. De las taras de una democracia que no supo dar de comer, no pudo curar y ciertamente no quiso educar, pese al final aparentemente feliz que parece contar el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, tan timorato para los izquierdistas como urticante y subversivo para los derechistas.
También supimos, claro, del fragor de los combates actuales, protagonizados hasta entonces una y otra vez por los jóvenes y los estudiantes, como si algo estuviera definitivamente perdido en la cabeza de las generaciones arrasadas: los secundarios en la “rebelión pingüina” del año 2006 y los universitarios en el año 2011.
El pueblo mapuche, en el Wallmapu, antes, después y siempre. También nos enteramos, entre las confianzas predispuestas por el pisco, de las seculares rencillas de la izquierda autóctona y de la eterna e inevitable viudez de todos respecto del Partido Comunista. Un viaje breve, decíamos, financiado íntegramente con la solidaridad de los movimientos sociales y por el tráfico al menudeo de cigarrillos traídos desde la Argentina que escaparon al celo de los pacos. Un viaje intenso y singularmente representativo de la clase, sus maravillas y sus miserias.
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Primer síntoma. Juraría que es la misma cuadra y la misma pared en donde siete años antes se podía leer “Viva Pinochet”. Ahora, en cambio, rodeado de la aureola crística de los santos, la imagen de un perro callejero, un cuzco cualquiera de terreno baldío, seguido de su singular nombre. Nombre que a la vez describe una habilidad y un oficio: “matapacos”.
El “matapacos”, si, un perro venerado transversalmente por todas las capas de esta sociedad bastante más revuelta que el desidioso Río Mapocho. Un perro-mártir que si se hubiera presentado a elecciones podría haber derrotado a una coalición de todos los otros partidos y candidatos reunidos. Un extraño rocinante sin Quijote que enfrentó con valor e hidalguía a los molinos de viento y a los blindados que escupen gas y agua pero sin vino. Algo grande y sísmico debe haber pasado en este país que ahora parece idolatrar a un perro pulguiento visible en todas las banderas, pancartas y pañuelos.
Segundo síntoma. Por una avenida céntrica de Santiago pasa a toda velocidad un carro de la que hasta ayer era la institución más venerada y sacrosanta del país: los Carabineros de Chile. Quienes cuentan, entre otros beneficios exclusivísimos, con su propio sistema pensional público y solidario por fuera de los tentáculos de las resistidas Asociaciones de Fondos de Pensión. Y también, más allá del orden profano, con su propia patrona: la Virgen del Carmen. En un acto prácticamente reflejo una anciana muy menuda -me recordó a aquella señora corajuda que supo conquistar el corazón de Fidel Castro en su visita al país en el año 71- toma una esquirla de adoquín y la arroja con precisión meridiana al blindado al grito de “paco culiaaaaaaooo”. Mientras tanto los negocios pacatos de la zona, bien ejercitados en la gimnasia cotidiana del estallido, comienzan a bajar las persianas que, viéndolo bien, siempre estuvieron entornadas.
Tercer síntoma. Nos acercamos a la zona cero, al epicentro de las movilizaciones que conmueven al país desde octubre del año pasado. Un buen amigo nos propone que lo acompañemos a conocer lo que él llama “el tour de la destrucción”. Andando las calles céntricas de Santiago constatamos el estado de deterioro del mismísimo centro político y económico del país, con estaciones intermedias como una selecta universidad privada incendiada, cuya cúpula se derrumbó frente a un verdadero aquelarre popular. Y también con cuadras enteras de asfalto arrancado a pico y pala para formar los cascotes que invariablemente iban destinados a los pacos y, durante la vigencia del toque de queda, a las aún más temibles fuerzas armadas. Chile despertó dicen todos desde entonces, y parece que con hambre y resaca después de una siesta tan larga.
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¿Qué pasa en la “felicidonia” chilena, en Las Condes, Vitacura y Providencia, los barrios “bien” de Santiago en donde se pasean las nanas negras haitianas y los niños “con los ojos, los cabellos y los dientes rubios”? Niños a los que ocasionalmente los traiciona el árbol genealógico y les sale una nariz aguileña más parecida a la de Caupolicán que a la del galán telenovelero de turno. ¿Qué ha sucedido en “las casitas del Barrio Alto” que describiera burlón Victor Jara para que el estallido social haya llegado a prender incluso entre los hijos e hijas de la alta burguesía capitalina?
Lo que sucede es que la fragilidad del milagro chileno se vuelve cada vez más evidente, y lo que derrama no son riquezas sino aguas cloacales, con buenas dosis de polarización social y desclasamientos masivos. Lo que hace eclosión es el endeudamiento serial de las clases medias, la certeza de un futuro pensional precario a merced de los fondos privados de pensión y el carácter incierto de una vida y un confort amasados en el amarrocamiento de herencias y apellidos o en la disciplina emprendedorista de la auto-explotación. El triste destino para muchos y muchas es el de trabajar como reponedores en un centro comercial hasta los 60, los 70 o los 80 años de edad. Eso que llaman una vejez activa y vital.
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Dios sabe de oficios inútiles y/o desagradables: el ondeador de banderas, el reservador de lugares en las colas, el conejillo de indias, el enterrador, el verdugo. Pero ninguno como el pájaro de mal agüero, infortunado burócrata del sistema de salud chileno. Así nos refirió nuestro amigo los detalles de su oficio gana-pan: “mi trabajo era llamar para notificar cuando se liberaban las camas solicitadas por los pacientes del sistema público de salud. La gran mayoría de las veces, esas personas, incluidas enfermos terminales, ya no las necesitaban, habían pagado ya un privado o, peor aún, se habían muerto hacía años.”
La misma rabia explica la presencia de discapacitados enfrentando a las fuerzas represivas en la heteróclita primera línea de combate en las movilizaciones. Una primera línea acaudillada a veces por Pikachu o Spiderman, en una de esas veleidades propias de rebeliones tan anti-neoliberales en sus programas como neoliberales en sus formas. Cojos, tullidos, mutilados, con muletas o en sillas de ruedas, porque total, “en Chile está la cagá y se muere de cualquier wea”, como afirma una militante anarquista.
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El país del anarquismo más acérrimo e irreductible es, no ha de extrañar, el del institucionalismo más asfixiante y universal. El mismo país en donde las concertaciones no fueron tan concertadas, ni las nuevas mayorías fueron ni tan nuevas ni tan mayoritarias. El mismo país en donde el neoliberalismo primigenio ha vuelto al centro de la escena tras girar en redondo, y en donde, según nos confiaron, más de un general anduvo en octubre a los telefonazos pidiendo mesura a los partidos políticos “para que las fuerzas armadas no se vieran forzadas a intervenir en la escena política”. Un país que ha estado lejos de hacer una revolución, pero que tras tocar fondo y quizás algo a destiempo, ha rebotado con fuerza. Lo que se discute en Chile ahora no es la vía pacífica o armada al socialismo, sino el camino más seguro y menos tránsfuga al post-post pinochetismo. No es poca cosa.
La Minga Indígena del Cauca ha capturado la atención de los grandes medios en las últimas semanas en Colombia y con su llegada a Bogotá en las últimas horas se han convertido en el tema central en muchas salas de redacción. A pesar del amplio despliegue y cubrimiento muchos aún no sabes qué es la Minga Indígena, cuáles son sus peticiones y por qué llegaron a la capital del país-.
De acuerdo con Martha Peralta Epieyú, presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS, la palabra Minga “se deriva del conocimiento que tenían los aborígenes sobre el trabajo compartido para el bien común. Es el encuentro donde circula la palabra, se piensa y se construye el Buen Vivir”.
En Colombia la figura de la Minga Indígena tomó relevancia en el 2008 cuando se dieron una serie de marchas y protestas, realizadas por aproximadamente 10.000 y 15.000 indígenas de diferentes etnias en el 2008, principalmente Nasa, que cubrió cerca de 120 kilómetros entre Santander de Quilichao, departamento del Cauca y Cali en el departamento del Valle.
La Minga Indígena de este año inició en Santander de Quilichao, posteriormente se desplazó a Cali,un punto de encuentro con otros indígenas, y donde se tenía como propósito, encontrarse con el presidente Iván Duque. Reunión que nunca se dio porque el mandatario envío un grupo de emisarios encabezado por la ministra del Interior, Alicia Arango.
A pesar del esfuerzo de los funcionarios del alto gobierno, no fue posible llegar a un acuerdo con la Minga Indígena que ante el intento frustrado de reunirse con Duque, anunciaron su travesía a Bogotá.
La llegada estaba prevista para este lunes, aunque ante la advertencia del alcalde de Soacha, la parada anterior planeada antes de la entrada a Bogotá, de que no contaba con los recursos para acoger a los integrantes de la marcha, la ‘minga’ ha seguido su recorrido hasta llegar a la capital.
El recorrido de la Minga Indígena desde el suroccidente de Colombia hasta la capital tardó cerca de una semana y en la tarde del domingo llegaron a Bogotá, donde ha sido recibida por la alcaldesa, Claudia López, que ha criticado la falta de un acuerdo ante la negativa del presidente, Iván Duque, de reunirse con los representantes de la marcha.
Duque ni lo ignora
Con la intención de reunirse con el presidente, Iván Duque, las participantes de esta marcha han llegado un día antes de lo previsto al Palacio de Deportes de la ciudad, que los albergará durante su estancia en la capital “con respeto y bioseguridad”, ha destacado López a través de Twitter.
La llegada estaba prevista para este lunes, aunque ante la advertencia del alcalde de Soacha, la parada anterior planeada antes de la entrada a Bogotá, de que no contaba con los recursos para acoger a los integrantes de la marcha, la ‘minga’ ha seguido su recorrido hasta llegar a la capital.
Durante las manifestaciones en la ciudad, la ‘minga’ estará acompañada “por su propia Guardia y los Gestores de Diálogo y Convivencia de la Alcaldía de Bogotá”, ha explicado la alcaldesa, que ha pedido “no estigmatizar la movilización social”.
López ha subrayado que “la ‘minga’ llega a Bogotá por la imposibilidad del Gobierno nacional de reunirse directamente con ellos en Cali y llegar a acuerdos en sus demandas y peticiones”, por lo que “con todo el respeto”, ha solicitado a Duque “resolverlos los conflictos con la ciudadanía y la ‘minga’ pacíficamente”.
La llegada de la marcha de casi 10.000 indígenas a la capital colombiana ha provocado tensión entre el Gobierno y las autoridades locales, ya que el primero ha emplazado a las segundas a asumir la logística y garantizar las medidas sanitarias de sus participantes.
Las reivindicaciones de la ‘minga’ incluyen la critica a la impunidad por parte de la Administración en relación al asesinato de líderes sociales, así como la implementación del acuerdo de paz y la violencia en general que ha sacudido al país
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL
Los Ejidatarios del Ejido San Jerónimo y San Sebastián Bachajón, Municipio de Chilón, Chiapas, somos pueblos Tzeltales, unidos para defender nuestros Derechos Colectivos ante las imposiciones del Estado en implementar proyectos que atentan en contra de nuestros territorios y nuestros modos de vivir con lo que nos rodea. En esta virtud, nos dirigimos a todos y todas para manifestar lo siguiente:
Primero: Que el 15 de octubre de 2020 tuvo lugar una movilización pacifica para manifestar nuestra inconformidad por la imposición de la instalación del cuartel de la Guardia Nacional en la comunidad Juculton, Municipio de Chilón, Chiapas, perteneciente al Ejido San Sebastián.
Segundo: Que durante esta manifestación que tuvo lugar en el Crucero Temó donde estuvieron los compañeros del Ejido San Jerónimo, y en el Crucero Sitalá donde estuvieron los compañeros del Ejido San Sebastián, donde los primeros fueron violentados sus derechos colectivo y humanos al ser reprimidos brutalmente por la policía municipal, estatal y Guardia Nacional, encausada por los 3 niveles de gobierno. Como resultado fue la detención de dos compañeros identificados con los nombres de: César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, quienes con lujo de violencia fueron privados de su libertad y torturados por parte de la policía municipal, trasladándolos a los separos de la comandancia de la policía municipal de Ocosingo, Chiapas, sin embargo; ante la detención, se violaron los derechos correspondientes que impiden la defensa. Así también, la Fiscalía de Justicia Indígena no permitió el acceso a la Carpeta de Investigación a su defensa, aproximadamente a las 10 de la noche del día de ayer, fueron trasladados al Juzgado de Control de Ocosingo, sin notificarle a sus defensores; el día de hoy debía llevarse su audiencia de control, sin embargo, fueron trasladados forzadamente, hasta esta hora se desconoce su paradero, nuevamente no se les ha notificado a la familia o la defensa.
Ante lo anteriormente expuesto, DENUNCIAMOS:
Los abusos de poder del alcalde Municipal al accionar la fuerza pública en contra de los ejidatarios de San Jerónimo y San Sebastián Bachajón.
La intromisión del alcalde en los asuntos ejidales, así como la provocación de división al interior de los ejidos para satisfacer sus intereses políticos y económicos.
La estructura municipal que opera en contra de la población que no esta a favor de las imposiciones del presidente.
A los comisariados ejidales impuestos por el alcalde que violentan a la máxima autoridad ejidal, ejerciendo artimañas para saciar sus intereses.
De esta manera EXIGIMOS:
La liberación inmediata de: César Hernández Feliciano y de José Luis Gutiérrez Hernández.
Presentar con vida a Juan Hernández Morales, desaparecido desde el 15 de octubre de 2020 por causa de la implementación violenta de la fuerza pública.
Retirada inmediata de la Guardia Nacional del Municipio de Chilón.
Justicia para los encarcelados y lesionados.
Castigo para los responsables de accionar actos violentos en contra de los ejidatarios, la estructura del ayuntamiento municipal: presidente y delegado municipal, director, comandante y elementos de la policía municipal.
Respeto a los derechos colectivos como pueblos originarios conforme a los establecidos en nuestra Carta Magna y de los Convenios Internacionales.
Porque defender lo nuestro es un Derecho:
Ejidatarios (as) del Ejido San Jerónimo y San Sebastián Bachajón,
Municipio de Chilón Chiapas; a 17 de octubre de 2020.
Se multiplican las denuncias ante intentos de desestabilizar las elecciones de mañana en el Estado Plurinacional de Bolivia, donde las urnas son custodiadas por quienes masacraron al pueblo. Son horas decisivas para la región y al respecto se pronunciaron feministas del Abya Yala.
Por Redacción Marcha |
Las integrantes de la Delegación Feminista Plurinacional y de Feministas de Abya Ayala realizaron en el mediodía del viernes una conferencia de prensa, a pocas horas de las elecciones presidenciales en el Estado Plurinacional de Bolivia, en un clima de tensión, desestabilización y amenazas frente al inminente triunfo del binomio Luis Arce- David Choquehuanca del MAS- IPSP.
Al igual que el pasado 8 de Marzo, cuando feministas sin fronteras hicieron del abrazo un acto político, esta vez fue también la solidaridad la que se hizo presente ante la violación de los Derechos Humanos, el odio y el racismo que impusieron el gobierno de facto y grupos conservadores bajo el mando de Jeanine Añez y Arturo Murillo; autoproclamado hace 11 meses.
La Delegación Feminista Plurinacional (Bolivia- Argentina) trabajó estos meses para, en medio de un clima de amenazas, relevar denuncias ciudadanas sobre graves violaciones a los derechos humanos, calificados como crímenes de lesa humanidad -que son imprescriptibles-, en una Bolivia con presas y presos políticos, asesinatos y persecuciones que impuso el gobierno inconstitucional.
En esta oportunidad, nuevamente alzaron la voz, para visibilizar el contexto electoral que amenaza el proceso de restitución de la democracia, con un gobierno de facto que pretende perpetuarse sin el voto, aliado a grupos oligárquicos, en alianza con paramilitares y fundamentalistas religiosos que operan con total impunidad.
Mujeres mineras de Bolivia. Fotografía Natacha Pisarenko.
Contexto electoral
Durante la conferencia de prensa, las feministas del Abya Yala destacaron que “en los últimos meses, han recrudecido las violencias racistas y patriarcales del gobierno de facto” y que en medio del proceso electoral, que ya había sido pospuesto, denunciaron que “el gobierno no brinda garantías para la realización de elecciones libres sin derramamiento de sangre”.
El Golpe de Estado en Bolivia y el gobierno de facto que encabeza Añez, “son resultado del golpe cívico eclesiástico militar en Bolivia que atentan contra los procesos de reconocimiento identitario de los pueblos de Bolivia”, explicó otra de las voces de denuncia, “mientras se promueve el odio y el racismo como política de Estado y se producen violaciones selectivas a los Derechos Humanos en territorios indígenas, migrantes y empobrecidos”. Las persecuciones a la prensa por el peligro de difusión de los graves hechos llevó al asesinato de Sebastián Moro, a la prisión por causas políticas de Facundo Molares -encarcelado en graves condiciones de salud y sin asistencia médica- y al exilio de muchas y muchos periodistas y comunicadores populares y alternativos.
Adriana Guzmán, desde Bolivia, al tiempo que resalto el valor de la solidaridad feminista y destacó la necesidad de elaborar un nuevo informe- denuncia internacional sobre la situación, siendo necesario explicar el contexto en que se realizan las elecciones. Anulación de 50.000 residentes que no podrán votar en el exterior, los cambios en el sistema electoral para recoger los votos, la militarización de todos los recintos electorales, la censura a veedores electorales internacionales, junto a la negación de credenciales y medidas de seguridad.
El principal veedor será la Organización de Estados Americanos (OEA), con” la misma delegación que en 2019, irresponsable que ha hablado de irregularidades”. Adriana Guzmán destacó que “de igual forma están las amenazas permanentes del ministro de gobierno, Arturo Murillo, que ha denunciado en conferencia de prensa la compra de armamento y el destino que es la defensa de la democracia y evitar que por cualquier razón el Movimiento al Socialismo vuelva al gobierno”.
Adriana también denunció la manipulación informativa de las empresas mediáticas que difunden ideas sobre quiénes somos indígenas. “Queremos denunciar que se ha generado un clima de estigmatización y manipulación informativa”… “quienes somos originarias, indígenas, estaríamos organizando una resistencia armada, trayendo guerrilleros, todo este discurso que ya ocurrió en 2019 con el único objetivo es que la gente termine en la puerta de su casa con un palo tratando de defenderse de quien sabe quién”, afirmó.
Elecciones contra la incertidumbre y la impunidad
Penélope es una de las hermanas de Sebastián Moro, periodista argentino asesinado hace 11 meses en Bolivia, mientras se cometía el Golpe de Estado que le robó al pueblo su soberanía. Tomó la palabra durante la conferencia de prensa y exigió la protección para las y los periodistas que están cubriendo las elecciones: “No queremos ningún Sebastián Moro ni… Facundo Molares más”, dijo. Y recordó la importancia del voto de ciudadanas y ciudadanos bolivianos en el exterior, quienes representan el 2% del padrón.
Jimena Fore es boliviana, de Potosí, y denunció la actitud temeraria que significa que los recintos de votación vayan a estar militarizados, y advirtió sobre que no habrá trasmisión de actas en tiempo real. “Esto nos llama la atención para que podamos estar informadas”, agregó.
Por su parte, Daniela Hinojosa, desde Venezuela, expresó su solidaridad, “porque este método de sometimiento no es contra Bolivia sino contra todos los pueblos” y que esta represión “se vence con la fuerza de la solidaridad con el pueblo boliviano que está viviendo lo que nadie quisiera”.
Diana Vargas, feminista comunitaria, dijo: “queremos unas elecciones sin sangre, porque los muertos siempre serán de nuestro lado”, y pidió “reciprocidad con el pueblo de Bolivia y romper el cerco mediático”. Al respecto, de la misma forma que hace 11 meses, continúan las denuncias de ataques y limitaciones a los trabajos de prensa y derecho a la libertad de expresión.
Es por esto que, también desde los espacios feministas se organizan coberturas comunitarias/ colaborativas para cubrir los comicios de mañana. En Bolivia y otros territorios donde se vota. “Estamos haciendo un abrazo para cubrir las elecciones y estar como observadores para que no haya irregularidades en la elección”, dijo Claudia de Juliacanacas.
Son horas decisivas en el Estado Plurinacional y en la región.
Desde el 2 de septiembre, en el norte de Brasil, entres los estados de Amazonas, Roraima, Acre y Rondonia, más de 3 mil 600 militares brasileños fueron desplegados para realizar un simulacro de guerra convencional en un ambiente de operación de Selva. Para ejecutar esta acción, el ejército brasileño dividió varios estados de su territorio en dos países, denominándolos “rojo y azul”. Las operaciones consisten en que el país azul recupera la región controlada por el país rojo, que, en este caso, corresponden a los estados de Amazonas y Roraima, los mismos que hacen frontera con Venezuela.
Los militares realizaron maniobras con paracaidistas, acciones terrestres ofensivas y defensivas, operaciones antiaéreas, control de tráfico fluvial y coordinación de espacio aéreo. Según el General Teóphilo Gazpar, fue un trabajo conjunto que tuvo como objetivo “probar la interoperabilidad del trabajo entre las tres fuerzas, el ejercito, fuerza aérea y la marina”, es decir, intercambiar y utilizar la información entre las fuerzas del ejercito brasileño.
Pero el objetivo principal de este simulacro de guerra, en el teatro de operaciones trazado, fue una ofensiva por parte del país azul para expulsar a supuestos “invasores” del país rojo y, en seguida, crear una franja de seguridad en el territorio enemigo, con el fin de preparar las condiciones para futuras negociaciones de paz.
En estos ejercicios participaron tropas de diversas partes del territorio brasileño, pero, principalmente, seis Comandos Militares de la región amazónica, entre ellos, el Comando Militar de la Amazonía. También participa la 23ª Brigada de Infantería de Marabá del Comando Militar del Norte del estado de Parabá. Según el General José Carlos de Nardi, la “Operación Amazonas”, nombre con el cual se ha bautizado esta estrategia, es por la importancia que tiene la región amazónica. “Para nosotros la Amazonía es prioridad para Brasil y, por tanto, nosotros consideramos esta operación como un gran suceso”, detalló el general.
Oportunidad de prueba de artillería
En este ejercicio se hicieron pruebas con la utilización de tanques y vehículos terrestres, aeronaves y embarcaciones de guerra, hasta el uso de artillería y prácticas de tiro real usando una batería del sistema de lanzacohetes múltiple llamados ASTROS 2020, el arma disuasoria más poderosa del ejercito brasileño, con capacidad de disparo de 190 cohetes en 16 segundos.
Este simulacro también ha servido para concluir, con el uso de esta artillería, el denominado Programa Estratégico ASTROS 2020, con el cual se han creado un conjunto de cohetes, SS80, SS60, SS40 y SS30. Este programa fue ejecutado mediante una alianza entre el ejercito brasileño y la Universidad Federal de Santa María, en Río Grande do Sul. Cuando concluyó, fue entregado a la empresa privada Avibras, encargada actualmente de la fabricación y comercialización.
Actualmente, este tipo de artillería es exportado a países del sudeste asiático y Oriente Medio en su versión Astros MK3, MK6, MK3-M, con capacidad de alcance desde 30, 80 y hasta 300 km. Los de más corta distancia tiene capacidad de destrucción en un radio de 16 km²
Esta empresa ha estado desarrollando este sistema de misiles y cohetes desde la década de 1980. Y, con el diseño y fabricación del MTC-300, el cual tiene un alcance de 300 kilómetros, Brasil es una las siete naciones que poseen esta tecnología, según información de la propia compañía brasileña, Avibras. Esta arma de destrucción tiene una precisión orientada por un GPS y un sensor óptico electrónico que lo guía en el terreno, de acuerdo con las coordenadas que se establezcan.
“Fueron las primeras pruebas con el sistema lanzador de múltiple ASTROS en un entorno amazónico. El ejercicio militar es parte de la Operación Amazonas, una simulación de guerra en un entorno selvático. Además de los cohetes ASTROS, la misión de disparo real implicó disparar los misiles antiaéreos RBS-70 e IGLA-S”, anunciaron los altos mandos del Ejercito brasileño.
La fecha establecida para concluir la “Operación Amazonas”, es cuándo todas las tropas lleguen a sus respectivos destinos, proyectado hasta el 23 de septiembre. Esta misión del ejercito en la Amazonía fue, según, el sitio oficial del ejercito, para “defender la patria y garantizar la soberanía nacional. Como la Amazonía es una de las prioridades de la Defensa Nacional, el ejercicio, que reunió los recursos existentes en el Comando Militar de la Amazonía y con el apoyo de la Fuerza Aérea, así como de la Artillería con el Sistema Astros y una serie de sistemas de combate, fue un excelente ejercicio”.
Soberanía amazónica
Al parecer la soberanía brasileña y, principalmente, la Amazonía, también importa a los Estados Unidos. En todos los ejercicios realizados con esta simulación de guerra estuvieron presentes altos mando del Comando Sur (Southcom, por sus siglas en inglés). Los militares que más destacaron son: El Mayor Jeffrey Daley de la Reserva del Ejército; Robert Santamaria del Equipo de Apoyo Conjunto del Ejército, o AJST; el coronel Tito Villanueva, de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo, que opera en las instalaciones militares en Honduras, establecido en la Base Aérea Soto Cano, entre otros más.
Según el Ejército Sur, comando del componente de servicio del Ejército del Comando Sur, la presencia de estos militares durante la “Operación Amazonas” fue solo como observadores. “El personal de Army South observó la operación militar brasileña para prepararse para futuras oportunidades de capacitación bilateral, como Vanguardia del Sur. Nuestras alianzas de defensa son vitales para la seguridad y la prosperidad en el hemisferio y para nuestra capacidad colectiva para enfrentar desafíos globales complejos”, anunció el Ejercito Sur.
Fotos por Leanne Thomas
La presencia de altos mandos militares en este simulacro responde a lo que el almirante Craig S. Faller, comandante del Comando Sur, sostuvo en una videoconferencia el pasado 5 de octubre, “la misión principal de U.S. Southcom es defender a los Estados Unidos. Eso se logra principalmente trabajando con socios”, dijo Faller refiriendose a Brasil, Colombia y Chile como socios particularmente incondicionales.
Faller también puntualizó que para mejorar las capacidades militares en la región se vienen desarrollando ejercicios bilaterales y multilaterales, que aumentan la interoperabilidad, comparten inteligencia e invitan a miembros militares a compartir oportunidades de educación militar.
En el documento R46236 del Congreso estadounidense, del 6 de julio pasado, intitulado Brasil: antecedentes y relaciones con Estados Unidos, sostiene que la Administración de Donald Trump ha visto una nueva oportunidad para profundizar la relación bilateral con el presidente brasileño Jair Bolsonaro. Porque “ha comenzado a cambiar la política exterior de Brasil para que el país esté más alineado con Estados Unidos, y el presidente Trump ha designado a Brasil como un importante aliado fuera de la OTAN”, según este documento.
Con el objetivo de fortalecer estas relaciones, según el congreso estadounidense, “la conservación del medio ambiente ha sido un foco principal, el Congreso -de EE.UU.- ha asignado $ 15 millones de dólares para programas de asistencia para la Amazonía brasileña, incluidos $ 5 millones para abordar incendios en la región”, todos ellos en el marco de la Ley de Apropiaciones Más Consolidadas de 2020 (P.L.116-94).
Además, en el Informe R46236 se afirma que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) está realizando actividades coordinadas, a través de la Alianza Brasil-Estados Unidos, para la Conservación de la Biodiversidad Amazónica (PCAB), lanzadas desde 2014. En está alianza no solo figuran los gobiernos, sino que también, empresas del sector privado y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que, inciden en la gestión de áreas protegidas y promocionan el desarrollo sostenible en la Amazonía.
USAID afirma que, además, “trabaja con las comunidades indígenas y quilombolas para fortalecer sus capacidades para administrar sus recursos y mejorar sus medios de vida. USAID también apoya la Plataforma de Asociación para la Amazonía dirigida por el sector privado, que facilita la inversión privada en actividades innovadoras de conservación y desarrollo sostenible”.
USAID, en 2019, promovió la creación del Fondo de Biodiversidad de Athelia, un fondo de capital brasileño que tiene como objetivo recaudar $ 100 millones de dólares de capital privado para invertir en esta región.
Es así, que la presencia de los Estados Unidos en esta región no es novedad, tampoco lo es su participación en este simulacro de guerra. Pero su presencia va en aumento, sobre todo, para crear en la Amazonía, lo que el Congreso Estadounidense define como “cadenas de valor sostenibles”. Para ello, hay participación desde la propia embajada, USAID, el Servicio Forestal de los Estados Unidos, ONGs y la NASA, además de la presencia militar.
Chiapas, México. 16 de octubre. Más de 4000 ejidatari@s marcharon este día en Tila, para conmemorar que un 16 de octubre de 1934, fuera publicado en el Periódico Oficial de la Federación, que las 5405 hectáreas “es la legitima propiedad del ejido Tila”. “Aquí estamos para demostrarle a los malos gobiernos paramilitares que sus violencias y muertes no nos van a detener y no van a acabar con nuestra autonomía ejidal. No van a regresar a gobernar, aunque sigan sembrando la muerte en nuestro pueblo”, aseguraron las y los ejidatarios quienes desde diciembre de 2015 retiraron al ayuntamiento de su territorio para iniciar un proceso de autogobierno y libre determinación como pueblo originario. Pese a que su manifestación fue pacífica, el grupo de choque liderado por Arturo Sánchez lanzó petardos a una parte del contingente, lo que no detuvo la multitudinaria marcha.
Tras la marcha, en entrevista telefónica para medios libres, los indígenas choles aseguraron que la ley los asiste ante los intentos de despojo de su territorio, por parte de los tres niveles de gobierno y grupos paramilitares. “Tenemos la razón. La suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), nos dio la razón”, afirmaron. Pese a ello, como indican especialistas sobre el tema: el actual gobierno de Rutilio Escandón no ha dado las garantías judiciales a los ejidatarios, al no dar cumplimiento a la ejecución de sentencia ordenada por la SCJN, que condena la restitución de las tierras malamente expropiadas al ejido para un denominado fundo legal. Esta condena es de fecha 12 de septiembre del 2018, sigue sin ejecutarse, lo que ha provocado el incremento de la violencia en la región contra los ejidatarios, asegura el académico y comunicador José Adriano Anaya.
“Aquí estamos y vamos a seguir autogobernando. Exigimos justicia y castigo para el Ayuntamieto de Limberg Gutiérrez y sus paramilitares Francisco Arturo Sánchez, Adelaida Martínez y Rodrigo Martínez. Son ellos los mismos mentirosos y engañadores que provocan la violencia”, denunciaron los ejidatarios al referirse al titular del ayuntamiento expulsado, el cual ha ocupado la presidencia municipal personalmente o por medio de su familia desde el 2008. Como lo indica el periodista Luis Hernández, “La controversia agraria en Tila no es sólo asunto de tierras; es, también, una disputa para enfrentar el poder del cacicazgo, frenar la privatización de la tierra, reconstituir el pueblo chol, construir la autonomía y resistir la política de contrainsurgencia”.
De manera muy puntual los ejidatarios expusieron que desde el pasado 25 de agosto del presente año el grupo de choque liderado por Arturo Sánchez y su hijo Francisco Arturo Sánchez Martínez, reanudaron las hostilidades contra el ejido, derrumbando un portón que por acuerdo de la Asamblea Ejidal, se había instalado en una de las entradas de la comunidad. Pese a las denuncias de ese mismo día 25 realizaron los indígenas choles y las que posteriormente publicaron los días 27 y 29 de agosto por las detonaciones que efectuaron las personas contratadas por la familia Sánchez, estas no fueron tomadas en cuenta por los tres niveles de gobierno, lo que provocó que la escalada de violencia contra los ejidatarios aumentará y que el viernes 11 de septiembre fueran atacados por un grupo liderado por Eleasin Bárcenas, causando la muerte de del ejidatario Pedro Alejandro Jiménez.
Las hostilidades contra el ejido Tila no terminaron con el asesinato de uno de sus integrantes y las denuncias de los ejidatarios por detonación de armas de fuego por parte del grupo de la familia Sánchez (integrantes del grupo paramilitar “paz y justicia”), continuaron los días 27 de septiembre y el ocho de octubre. De igual forma los ejidatarios también integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), denunciaron el pasado uno de octubre la incursión dentro del poblado de la policía sectorial y elementos de la guardia nacional acompañados por el grupo de choque.
Por su parte el defensor de derechos humanos Jorge Armando Gómez Alonso, indica que el ayuntamiento debe restituir las tierras al Ejido Tila y el gobierno y Congreso de Chiapas deben declarar nulo el denominado Fundo Legal (que incluye la porción de tierra que han querido despojar al ejido). El también investigador indica que en enero de 2019 se publicó el Decreto 132, “Por el que la Comisión Permanente del Congreso del Estado, deja insubsistente el Decreto número 72, de fecha 29 de Julio de 1980”. “El ayuntamiento no quiere acatar la resolución, por lo que dos meses después con un grupo de ejidatarios robaron el nombramiento de las autoridades en complicidad con el Registro Agrario Nacional (RAN), falsificando firmas y simulando asambleas, para modificar la sentencia de amparo”, evidencia Gómez Alonso.
Dentro de las poblaciones que marcharon en el 86 aniversario del reconocimiento de las tierras ejidales están: Misijá, la comunidad Unión Juárez, la comunidad Chulúm Chico, comunidad Nueva Generación Chulum Chico, la comunidad Nicolás bravo, comunidad Cantióc, comunidad Rio Grande, comunidad Sañojá segunda sección, comunidad Sañojá primera sección, comunidad Chäkpatyol, comunidad Cerro Aan Antonio, comunidad Cerro Santa Cruz, comunidad k’ajtyieja, Barrio Salinas, Barrio Santa Lucia, barrio Concepción, barrio San Juan primera sección, barrio San Juan segunda sección, barrio San Sebastián, barrio San Felipe, barrio Santa Martha y barrio Chijtiejá.
Represión y criminalización a población que defiende su territorio.
José Luis Gutiérrez Hernández y Cesar Hernández Feliciano con lesiones y en privación arbitraria de su libertad.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó que alrededor de 300 elementos de la Policía Estatal, Municipal, Sectorial y de la Guardia Nacional reprimieron una movilización pacífica en el punto conocido como crucero de Temó, en el municipio de Chilón, Chiapas, México. Dos personas fueron privadas arbitrariamente de su libertad y varias resultaron heridas, el día de hoy, entre las 10:30 y las 11:00 horas, durante un violento operativo de desalojo en contra de habitantes de San Jerónimo y San Sebastian Bachajón, quienes se oponen a la militarización de su territorio.
En un video publicado por el periodista Mario Nájera se observa el uso excesivo e injustificado de la fuerza así como Tratos Crueles, Inhumanos y/o Degradantes en la detención ilegal de José Luis Gutiérrez Hernández, (José Luis) de 46 años de edad, originario de la comunidad Bahuits Guadalupe y de César Hernández Feliciano, (César) de 30 años de edad, originario de la comunidad San Martin Cruztón, del municipio de Chilón, acusados de ataques a la vías de comunicación1. Ambos de identidad Maya Tseltal, fueron detenidos en el crucero Temó Ocosingo-Palenque2. Los policías municipales directamente responsables son: Guillermo López Díaz, Samuel Jiménez Deara y Carlos Alberto Bertono Gutiérrez.
De acuerdo a los testimonios de José Luis y César, quienes se encuentran en la Comandancia Municipal de Ocosingo y presentan lesiones:
“La policía empezó a tirarnos piedras y golpearnos con palos, nosotros solo traíamos pancartas y mantas…. Los policías me decían que me iba a llevar al Amate, que me iban a quemar al igual que mi camioneta, a pura mentada de madre me traían.” Testimonio de José Luis Gutiérrez Hernández.
“Estaba al lado de la carretera, la Policía empezó a lanzar tolete, palos y piedras a la gente, me agarran a un lado de la carretera que va a Palenque, cuatro policías, me dan un garrotazo en el abdomen y patadas en las piernas, me esposan manos atrás, me dan un golpe con el puño cerrado en la boca, me arrastran hacia una patrulla municipal de Chilón. Ahí me avientan a la góndola boca abajo, intentaba voltearme y con el puño cerrado me sometían. Estuve ahí 10 minutos, luego me pasan a otra patrulla, ahí ya en cabina junto con José Luis Gutiérrez nos traen a Ocosingo y nos decían que nos iban a dar una paliza, me iban a llevar al Amate, que me comunique con los lideres para levantar el bloqueo.” Testimonio de César Hernández Feliciano.
El cerco policiaco militar implementado desde esta madrugada, en el crucero Temó, incluyó dejar incomunicada a la población, sin señal telefónica ni de internet. Además, desde días antes, por redes sociales, se difundieron mensajes que difamaron y criminalizaron a las personas convocantes. Hechos que ponen en riesgo la vida, seguridad e integridad de defensoras y defensores comunitarios.
Representantes de comunidades habían convocado a una movilización pacífica en oposición a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en el Ejido de San Sebastian Bachajón, en Chilón. Exigen respeto a sus derechos como Pueblos Originarios, de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los Acuerdos de San Andrés, el Artículo 129 Constitucional y el Artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Los Pueblos Indígenas3.
Este Centro de Derechos Humanos hacemos un llamado al Estado mexicano para:
Liberar inmediatamente a José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano.
Garantizar la vida, libertad, seguridad e integridad de hombres y mujeres del Pueblo Maya Tseltal que ejercen su derecho a la libre manifestación.
Investigar las violaciones a derechos humanos, así como los delitos cometidos en contra de la población del Pueblo Maya Tseltal de Chilón.
Respetar sus derechos a la defensa de su territorio y su libre determinación como Pueblos Originarios.
Solicitamos a la solidaridad nacional e internacional firmen la acción urgente que encontrarán en la página www.frayba.org.mx y/o hagan llamamientos al Estado mexicano:
Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública vulneran derechos del Pueblo Maya Tseltal de Chilón, en Chiapas.
