Miguel Peralta Betanzos, ex preso político originario de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, quien en 2019 consiguió su libertad después de cuatro años de prisión política debido a su labor de denuncia de los abusos de poder por grupos caciquiles en la Sierra Mazateca, enfrenta una nueva orden de aprehensión.

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Esta vez, la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, al sur de México, le impuso una sentencia condenatoria de 50 años acusado por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.

Así lo informó el Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos, el cual mediante comunicado señala que dichos cargos han sido fabricados desde diciembre de 2014 para perseguir políticamente a “Miguel y las personas indígenas que defienden sus propias formas de organización frente a un sistema de partidos políticos que ostentan los grupos caciquiles en Oaxaca, en complicidad con el sistema de justicia estatal y nacional”.

Caciquismo

Peralta Betanzos fue detenido por primera vez, sin orden de aprehensión, en abril de 2015 en la Ciudad de México y recluido acusado por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio contra Elisa Zepeda Lagunas, ex diputada estatal por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Elisa es hija de Manuel Zepeda Cortés ex priísta quien consiguió ocupar la presidencia municipal de Eloxochitlán a partir de 2010. Tres años después, tras una serie de abusos de poder por parte del alcalde, la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán decidió participar en el proceso para la elección de los nuevos cargos en la presidencia municipal, lo que fue respondido por el edil con ilegalidad y represión.

En diciembre de 2014, en medio de un acto de renovación de alcalde municipal se desataron hechos violentos donde murió el hermano de Elisa Zepeda Lagunas. Desde entonces, Miguel Peralta Betanzos, junto a otros 34 miembros de la Asamblea Comunitaria fueron acusados por el homicidio de Manuel Zepeda.

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Pese a que Peralta Betanzos obtuvo su libertad en octubre de 2019, el Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos alerta que, tras la reactivación de las órdenes de aprehensión en un juicio plagado de irregularidades, se encuentra la colusión de la ex diputada Elisa Zepeda Lagunas.

“¿Bajo qué elementos jurídicos, teniendo más de 24 resoluciones judiciales, incluyendo resoluciones de ese mismo tribunal, en favor de las 35 personas señaladas en el expediente, por uno u otro delito, sea Miguel el único al que le revoquen su libertad, le reafirmen los dos delitos que le han fabricado y le condenen a prisión con una pena de medio siglo?”, cuestiona el comunicado, en el cual se hace énfasis en que no existe una sola prueba judicial consistente en el expediente, “pero sí la prueba política de un castigo ejemplar ante la defensa comunitaria y la autodeterminación”.

Actualmente siete miembros de la comunidad mazateca de Eloxochitlán aún permanecen en prisión acusados por los mismos delitos, pese a la exigencia de mujeres mazatecas quienes mantienen un campamento en la Ciudad de México de casi un año y tres meses para demandar su libertad inmediata.

Persecución

A su salida de prisión, Miguel Peralta Betanzos continuó realizando denuncias sobre la fabricación de delitos y el encarcelamiento injusto de los siete presos políticos de Eloxochitlán, además de otros miembros de la Asamblea Comunitaria quienes también cuentan con ordenes de aprehensión.

De acuerdo al comunicado, estas acciones son la causa de que Peralta Betanzos continúe siendo objeto de criminalización por más de 10 años de parte del grupo caciquil, quienes “han logrado la ruptura del tejido comunitario, la desintegración de familias, el desplazamiento forzado, la persecución con órdenes de aprehensión y el encarcelamiento por la fabricación de delitos”.

El Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos señala que desde el momento en que Betanzos obtuvo su libertad, han existido señalamientos contra su persona por parte del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat y por Elisa Zepeda Lagunas lo cual muestra “la intromisión en el aparato judicial, desde su posición de poder”.

Además, el 29 de octubre de 2019, 42 diputados y diputadas de MORENA y del Partido del Trabajo del Congreso Federal, firmaron un punto de acuerdo para validar la versión pública de la ex diputada, “sin fundamentos jurídicos conforme al expediente y cuestionan descaradamente una resolución judicial sin conocimiento de la Causa Penal 02/2015, ya que lo señalan de hechos que no constan en ninguno de los tomos”.

“Ante el contexto de impunidad y criminalización que se vive en Oaxaca y en el país en general, responsabilizamos a Elisa Zepeda Lagunas, a su padre Manuel Zepeda Cortés y a su grupo caciquil-partidista, de la persecución política y actos de hostigamiento y represión que se han desatado en contra de Miguel con esta nueva sentencia”, señala el comunicado.

^{En portada: Familiares de los estudiantes desaparecidos participan en una protesta para denunciar crímenes de Estado en México y Brasil. São Paulo, 2015. Foto: Aldo Santiago}

La desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa ocurrida el 26 de septiembre de 2014 fue un crimen de Estado. Así lo confirmó Alejandro Encinas, titular de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.

“Se acredita plenamente la colusión y la intervención de autoridades de distintos órdenes de gobierno con los policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco, por supuesto, con el grupo delictivo de Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparición de los muchachos”, detalló el funcionario durante conferencia en la que expuso las conclusiones preliminares de la Comisión que preside.

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Otra de las conclusiones de este organismo apunta a que no existen indicios para afirmar que los 43 estudiantes desaparecidos aún estén con vida. “Por el contrario todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, comentó Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación.

El funcionario federal detalló que las autoridades de los tres niveles, además del Ejército mexicano, tuvieron acceso a información en tiempo real de los movimientos de los estudiantes normalistas hasta el momento que se dio la orden de desaparición a las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, sin que hubiera una actuación de las autoridades para evitar los crímenes.

Encinas compartió que existen órdenes de aprehensión contra 33 ex funcionarios, de los cuales reservó sus identidades, aunque aclaró que entre ellos no contemplan al ex presidente Enrique Peña Nieto.

“Concluyo diciéndoles que la creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del Gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró la escena del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen, se trató de un crimen de Estado”, sentenció Encinas, quien aseguró que la investigación del caso continúa.

Infiltrado

El subsecretario informó que las autoridades estatales, municipales y federales estuvieron al tanto de todos los movimientos de los estudiantes mientras se preparaban para partir hacia la ciudad de México en el marco de las protestas del 2 de octubre.

Esto sucedió incluso con información desde dentro de la escuela normalista, pues la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) infiltró a uno de sus elementos, de nombre Julio César López Patolzin, quien realizaba informes para el Ejército.

López Patolzin era responsable de informar sobre las actividades, asambleas y acciones que se preparaban por los estudiantes y estaba bajo el mando del Teniente de infantería Marcos Macías Barbosa del 27 batallón.

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“Y desapareció junto con los otros estudiantes sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda como lo establece el protocolo para militares desaparecidos. De haberse aplicado (el protocolo de búsqueda) hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado, sino a todos los estudiantes”, enfatizó Encinas, quien apuntó que el Teniente es una de las personas que tendrá que rendir cuentas por su omisión.

Jueces, obstáculo

Otro elemento a destacar del informe presentado este jueves (18) es la falta de unificación en los procesos judiciales, dispersión de las causas, así como criterios discrecionales y diferenciados, que consideran a los jueces un obstáculo para avanzar con las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes.

Desde el inicio de las investigaciones, el Poder Judicial radicó los procesos en siete juzgados de diferentes estados, y en dos sistemas procesales distintos: inquisitivo y acusatorio. “Lo que fragmentó el proceso judicial, estableció criterios discrecionales y diferenciados de los jueces en la interpretación de los hechos y de la ley”, sostuvo el funcionario federal.

Encinas informó que en la actualidad existen más de 20 causas penales iniciadas ante el Poder Judicial de la Federación por acusaciones directa o indirectamente vinculadas con los hechos de Iguala, lo cual “propició trabas burocráticas y administrativas, prolongando los procesos en demérito de los derechos de las víctimas”.

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“Frente a ello, los padres y madres de los estudiantes han demandado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecer una jurisdicción única sobre el caso, demanda que no ha sido atendida”, apuntó el titular de la Comisión.

El informe apunta la actuación específica de jueces. Por ejemplo, el Juez Samuel Ventura Ramos, del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales federales en Tamaulipas, liberó a 77 presuntos responsables de la desaparición por haber sido torturados por distintas autoridades “sin dar vista al Ministerio Público ni señalar e investigar a quienes realizaron la tortura”, detalla el documento.

Además, el mismo Juez restó valor a las pruebas obtenidas como las escuchas que realizó la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Chicago. También se acusa a jueces de liberar a Marco Antonio, “La Pompi”, con una fianza de 10 mil pesos, de permitir que Carlos “N”, un ex mando de la Policía Federal Ministerial llevara su proceso en libertad; y de considerar que el delito de desaparición forzada es prescriptible.

^{Foto de portada: CDH Frayba}

A 13 años de distancia, integrantes de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal rememoraron el 12 de agosto de 2009, fecha en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió liberar a los paramilitares presos por su participación en la masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en el poblado tzotzil de los Altos de Chiapas.

“Como sobrevivientes queremos comunicarles que seguimos firmes en la lucha por la justicia y verdad para nuestras y nuestros mártires. Somos testigos verdaderos de esos terribles hechos y seguiremos denunciando a los responsables de la masacre”, afirmaron mediante conferencia de prensa realizada en San Cristóbal de las Casas.

La organización tzotzil reclamó al Estado mexicano la liberación de los autores de la masacre, pues incluso algunos confesaron haber participado en el crimen, así como también fueron identificados por víctimas, lo cual representa una “impunidad avergonzante” por parte de la SCJN.

También reiteraron que estas personas continúan activas y atacan a la organización tzotzil, “ya no con armas de grueso calibre y machetes, sino con burlas, desprecio, amenazas, engaños y múltiples intentos para dividirnos, sobornarnos y acabar con nuestra Organización”.

Las Abejas de Acteal enfatizaron la denuncia sobre la presencia activa de grupos paramilitares y sus sucesores, cuyas armas siguen siendo una amenaza en sus comunidades que nunca fueron decomisadas. “Dichos grupos siguen operando en la impunidad bajo la protección de las autoridades y por lo mismo siguen viviendo una violencia tanto en el municipio de Chenalhó, como en Pantelhó y municipios vecinos”.

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Un ejemplo de la impunidad con que operan se ejemplifica con la falta de justicia en el caso de Simón Pedro Pérez López, ex presidente de la misma organización asesinado hace poco más de un año. “Su asesinato sólo le conviene a quienes les incomoda y quieren apagar nuestra lucha no-violenta por la verdad y la justicia. Este hecho tan lamentable es un motivo más para nuestra lucha”, afirmaron mediante comunicado.

Lucha por justicia

Las Abejas de Acteal declararon que, aunque el Estado, los paramilitares y delincuentes quieren introducir el miedo, continúan trabajando para conseguir justicia por la Masacre de Acteal, la cual se mantiene en impunidad en los tres niveles de gobierno.

La organización tzotzil recordó que en marzo de 2005 llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mismo que fue admitido en noviembre de 2010. Por ello continúan en la espera del Informe de Fondo de la CIDH “que ordenará al Estado mexicano a que asuma su responsabilidad internacional por la masacre de nuestras hermanas y hermanos, que es un crimen de lesa humanidad”.

Además, reclaman que el Estado mexicano asuma públicamente el desplazamiento forzado, la quema de casas, el robo de pertenencias y “el solapamiento a los autores materiales e intelectuales de la masacre tales como los titulares de aquel entonces de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, jueces de distrito, magistrados y los ministerios públicos, hasta los propios ministros de la SCJN que han tenido responsabilidad en el aplazamiento de la justicia”.

Todo esto, rememoraron, aconteció durante la guerra de contrainsurgencia prevista por el Estado mexicano en el llamado Plan de campaña Chiapas 1994, operado por la Secretaría de la Defensa Nacional durante la gestión del presidente Ernesto Zedillo.

Acorde a Las Abejas de Acteal, en dicho plan existió la coordinación entre los tres niveles del gobierno “para crear, reclutar, entrenar, financiar con armas y proyectos gubernamentales a los grupos paramilitares que les hicieron el trabajo sucio en Chiapas, mientras simulaban el diálogo con el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) para una salida negociada al levantamiento armado, violando la Ley de Concordia y Pacificación para una Paz Justa y Digna en Chiapas”.

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La organización sostuvo que, en el municipio de Chenalhó, los principales colaboradores de este Plan fue un grupo de paramilitares priístas que se coordinó con cuerpos de Seguridad Pública Estatal y funcionarios públicos priistas y del Partido del Frente Cardenista de aquel entonces.

Por último, Las Abejas destacaron que han sobrevivido a distintos intentos de división de su organización, “que quisieron rematar con la idea de la solución amistosa para engañar a la opinión pública y a un grupo de los sobrevivientes de la Masacre, de que es posible la justicia en el caso Acteal sin tocarle un pelo al Ejército Mexicano ni a los responsables de la Seguridad Pública que llevaron a cabo los Planes de Campaña que dieron origen, hicieron posible y supervisaron la creación y actuación de los grupos paramilitares impunes en Chiapas, cuyas secuelas seguimos enfrentando”.

^{En portada: Garífunas provenientes de distintas comunidades realizaron una manifestación pacífica en las instalaciones del Ministerio Público para exigir justicia por la desaparición forzada de cuatro jóvenes y el respeto de sus derechos territoriales ancestrales.}

César Benedict suelta una pequeña sonrisa y dirige su vista en dirección al mar. “Los traje al lugar mas bonito de Triunfo de la Cruz”, menciona, orgulloso de su presencia en estas tierras, donde a su alrededor se asoman plantas de yuca y cocos sembrados por mujeres y hombres de la comunidad garífuna.

Nos encontramos con César, miembro de esta comunidad en la Bahía de Tela, costa atlántica de Honduras, quien nos recibe en una de las zonas de mayor conflicto por el control de las tierras entre la comunidad afroindígena y sectores empresariales, principalmente de la industria turística.

La parsimonia de las olas del mar caribe que bañan este paraíso contrasta con el contexto de violencia y despojo que viven las comunidades garífunas. Entre los años del 2012 al 2022 han reportado 105 ataques contra sus miembros y sólo en lo últimos siete años han sido asesinadxs 25 defensorxs de los territorios garífunas.

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Según la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), esta situación se agravó después de que en 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó la razón a esta comunidad garífuna y responsabilizó al Estado de Honduras por violar el derecho ancestral y colectivo al territorio de sus habitantes.

En Triunfo de la Cruz no existe la propiedad privada, pues cuenta con un título de dominio colectivo que prohíbe la venta a personas ajenas de la comunidad, pero en este paraíso de aguas cristalinas existen complejos turísticos de lujo que contrastan con las viviendas en la comunidad.

Invasión

“Acá hay una franja donde solo hay casas de millonarios, les molesta mucho cuando ellos nos miran aquí”, menciona César, indignado, pues argumenta que estas tierras le han pertenecido durante generaciones al pueblo Garífuna quien hace más de 225 años se estableció en las costas del caribe hondureño.

En el caso de Triunfo de la Cruz, la sentencia de 2015 ordenó al Estado de Honduras la demarcación de las tierras de propiedad colectiva de la comunidad garífuna, donde destaca una extensión de 408 hectáreas correspondientes al Bloque A1, tierras en disputa por la presencia de construcciones de personas ajenas a la comunidad, “de los poderosos del país, como es el caso de la familia Andonie”, ejemplifica César sobre uno de los grupos de mayor poder en Honduras que mantiene inversiones en sectores mercantiles, comerciales y políticos.

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Parte de las tierras en conflicto han pertenecido tradicionalmente al sector agrícola de la comunidad de Triunfo de la Cruz. “Aquí trabajaban nuestros ancestros, de acá nos hicieron crecer a varios de nosotros. Había mucho coco, siembra de yuca, de plátano”, relata César sobre la vida antes de la aparición de los megaproyectos turísticos y de las amenazas y violencias que vinieron en consecuencia.

Desde el año de 1950, el estado de Honduras otorgó títulos de propiedad a favor de la comunidad de Triunfo de la Cruz, por lo que la comunidad garífuna cuenta con 615 hectáreas en “dominio pleno” y 128 en “calidad de ocupación”. No obstante, pese a que desde el 2001 el Instituto Nacional Agrario de Honduras (INA) reconoció 408 hectáreas como territorio tradicional de la Comunidad Triunfo de la Cruz, hasta la fecha estas tierras no han sido ni demarcadas, ni delimitadas, ni tituladas.

Además, entre los años 80s y 90s, la municipalidad de Tela realizó un proceso de ampliación del casco urbano mediante la cual incluyó tierras de la comunidad garífuna sin su aprobación. Según registra la sentencia emitida en 2015 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre agosto de 1993 y julio de 1995, la municipalidad de Tela vendió 44 hectáreas de tierra dentro del territorio ancestral de Triunfo de la Cruz, las cuales pasaron a manos de la empresa Inversiones y Desarrollos El Triunfo S.A. de C.V (IDETRISA) y de terceros para la ejecución del proyecto turístico Club Marbella. Este hecho elevó la conflictividad con persecuciones, amenazas y criminalización contra lxs garífunas que denunciaron la comercialización de su territorio ancestral.

“El mismo Estado se prestó para hacer títulos para los (empresarios) que supuestamente habían comprado y también entraron amenazado a la gente que estaba trabajando en esta zona. Cuando nos dimos cuenta, el Patronato estaba negociando con la municipalidad (…) estaban firmando acuerdos en nombre de la comunidad sin asamblea”, por esa razón, enfatiza César, los habitantes crearon el Comité de Defensa de Tierras Triunfeñas (CODETT) para así tratar los asuntos de tierras de manera separada a los patronatos.

En la actualidad y pese a la ilegalidad con que fueron erigidos, diversos complejos turísticos se promocionan en estas tierras caribeñas. Ejemplos sobran, como el hotel Villa Escondida que presume sus instalaciones de lujo con playa privada. También se encuentra el exclusivo desarrollo inmobiliario de 30 condominios denominado Playa Escondida, el cual fue construido dentro del territorio tradicional reclamado por la comunidad garífuna.

Destaca el proyecto estrella del plan turístico en la Bahía de Tela conocido actualmente como Indura Beach and Golf Development y que cuenta con cientos de habitaciones de cinco estrellas, club de playa, áreas verdes, un área comercial y un campo de golf profesional. Financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Hondureño de Inversión en Turismo y el Banco Centroamericano de Integración Económica, este megaproyecto se construyó partir de agosto de 2005. A pesar de que fue realizado de forma inconsulta con la comunidad, el complejo hotelero se impuso, afectando a otras poblaciones garífunas, tales como la comunidad de Barra Vieja la cual ha sufrido ataques y amenazas de desalojo al encontrarse próxima a la entrada del hotel.

^{Aspectos de la comunidad garífuna Barra Vieja, la cual ha sufrido intentos de desalojo después de la inauguración del megarpoyecto turístico Indura Beach a finales de 2013. Fotos: Aldo Santiago y Renata Bessi}

“Ellos han entrado, atropellando los derechos de la comunidad, sin ninguna consulta y diciéndonos a nosotros que no somos hondureños”, comparte Benedict sobre la discriminación de los grupos de poder político y económico que han invadido los territorios garífunas.

Recuperaciones

Benedict, padre de familia y músico, también es parte de la resistencia de su pueblo al participar en el CODETT, organización creada hace décadas para encaminar los esfuerzos de sus habitantes en la protección de su territorio.

“Las amenazas usualmente vienen de los empresarios, los dueños de los terrenos que han acaparado. Cuando ellos sienten presión de parte de nosotros, pues mandan a sus guardias de seguridad a amenazar”, resalta el hombre garífuna al tiempo que advierte sobre la molestia de nuestra presencia en el lugar.

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Pese a la sentencia de la CIDH, el gobierno ha dilatado por años el proceso para devolver las tierras a la comunidad afroindígena, pues uno de los pasos para conseguirlo es mediante el “saneamiento” de los terrenos, es decir, de la obligación del Estado hondureño para pagar indemnizaciones por más de 100 millones de dólares a los supuestos propietarios, algo que el gobierno se ha negado a realizar.

Cansados de esta omisión, lxs garífunas de Triunfo de la Cruz decidieron actuar para recuperar su territorio. “Les dije a mis compañeros, vamos a tomarnos ese espacio, porque después vamos a tomar todo”, rememora César sobre el momento en el que decidieron retomar las tierras desde donde ahora conversamos.

Benedict afirma que, pese a que aquí las amenazas e intimidaciones contra las y los garífunas se suscitan a diario, en esta acción participan 56 familias de Triunfo de la Cruz, quienes cuentan con el apoyo de la OFRANEH. “La mayor lucha la están haciendo las mujeres, son pocos los hombres que estamos aquí”, recalca César sobre las recuperaciones.

“La mayoría han dicho que van hacer su casa, por eso es que no han cultivado mucho porque quieren poner su casa para pasar a vivir aquí”, detalla César sobre los planes de la comunidad garífuna para continuar con la lucha por el reconocimiento del territorio garífuna.

Este territorio forma parte del denominado Bloque A1, el cual según la CIDH si es devuelto a la comunidad garífuna posibilitaría una prolongación geográfica entre los distintos territorios reconocidos de Triunfo de la Cruz, pues “esa falta de continuidad entre los distintos territorios que le fueron otorgados, dificulta el correcto uso y goce de los mismos”.

Dos años sin respuesta

De acuerdo a la OFRANEH, sólo entre septiembre de 2019 y agosto del 2020 más de una docena de líderes garífunas fueron asesinados o desparecidos debido a su participación en procesos de defensa de sus territorios ancestrales. Uno de los episodios más trágicos sucedió en la comunidad de Triunfo de la Cruz.

El 18 de julio del 2020, mientras regía un estado de excepción bajo el pretexto de la pandemia por la Covid-19, un grupo de hombres uniformados como policías y militares y portando armas de alto calibre secuestró a cinco personas de la comunidad. De entre ellos, cuatro jóvenes: Albert Snaider Centeno, quien entonces se desempeñaba como presidente del Patronato de Triunfo De la Cruz, Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García y Gerardo Misael Trochez Calix.

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César rememora el momento preciso de la mañana en que sacaron por la fuerza a su amigo Sneider de su hogar, pues personas de la comunidad llegaron corriendo a su vivienda para alertarle sobre lo que ocurría y el peligro de que también él, involucrado en la defensa de su comunidad, fuera capturado por los sujetos armados.

“Fue un momento muy difícil en mi vida”, menciona César al tiempo que cambia su semblante. Luego retoma el relato con enojo cuando aborda la respuesta de las autoridades. “Cada vez que vamos a buscar investigación, no hay, nada. Dejaron de comunicarse con nosotros. Hicieron un grupo que según ellos eran los que iban a investigar y hasta ahora hay silencio. Después de cumplidos dos años, las familias y la comunidad garífuna aún no tienen respuestas sobre su paradero”, lamenta Benedict.

Para el hombre garífuna aún son palpables las consecuencias que afectan a la comunidad. Tras el secuestro hubo personas que tuvieron que abandonar la comunidad y los jóvenes no quieren involucrarse en la organización debido al riesgo de otra posible agresión, pues existe el miedo latente de morir o ser desaparecido. “Es preocupante porque nosotros como jóvenes somos los que tenemos que defender esto”, afirma César en referencia al territorio ancestral garífuna.

Racismo institucional

El pasado martes (9), acompañadxs de tambores y cantos, las voces de 300 garífunas tomaron por sorpresa las instalaciones del Ministerio Público (MP) en Tegucigalpa. Al grito de “Vivos se lo llevaron, vivos los queremos”, lxs garífunas demandaron justicia en el caso de los cuatro jóvenes desaparecidos de la comunidad de Triunfo de la Cruz, así como la restitución de sus derechos territoriales ancestrales.

Para la OFRANEH, quien coordinó la acción y contó con apoyo de otras organizaciones y pueblos indígenas, es la falta de voluntad del Estado para el cumplimiento de las sentencias emitidas por la CIDH lo que le convierte en responsable de la ola de violencia desatada en contra de lideres y lideresas de las comunidades garífunas.

Según la organización, las violencias contra lxs garífunas son “mecanismos de presión y hostigamiento para el vaciamiento y despojo de nuestros territorios lo cual ha generado masiva migración de la población Garifuna para entregar nuestras tierras a los narco­empresarios quienes hoy controlan y tienen intervenidas todas nuestras comunidades”.

Indignada porque ningún funcionario del MP recibió a lxs garífunas y frente a la puerta cerrada de Óscar Chinchilla, fiscal general, Miriam Miranda, coordinadora de la OFRANEH, reclamó que desde julio de 2021 se apersonaron en el mismo lugar para solicitar una reunión con el funcionario debido a los nulos resultados en la investigación sobre el paradero de los cuatro jóvenes secuestrados. Hasta ese momento, enfatizó, nunca obtuvieron respuesta.

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En un video difundido por el medio Contracorriente, Miranda recalcó: “Hace dos años nos secuestraron a nuestros compañeros, y a siete años de la sentencia de la CIDH no ha existido voluntad del estado para cumplir la sentencia. Hoy tenemos seis meses de este gobierno y no vemos tampoco voluntad política”. Cabe recordar que, en agosto de 2020, la CIDH emitió una resolución dirigida al Estado de Honduras en la cual le ordena la protección de las comunidades garífunas, así como la búsqueda de los cuatro jóvenes desaparecidos de Triunfo de la Cruz.

Para OFRANEH la irresponsabilidad demostrada por el Poder Judicial es una manifestación más de racismo que desconoce los derechos ancestrales de autonomía y libre determinación del pueblo Garífuna. Por ello, ha exigido la creación de una Fiscalía Especial contra la Desaparición Forzada, así como la incorporación del Comité Garífuna de Investigación y de Búsqueda de los Desaparecidos del Triunfo de la Cruz (SUNLA en garífuna) como un ente de investigación independiente.

Territorios de lucha

“Triunfo de la Cruz es una de las pioneras en ese tema de la lucha, este territorio que han venido buscando quedarse con él, nuestros ancestros pues han luchado bastante por la permanencia de nosotros y no ha sido fácil”, rememora César Benedict sobre la historia de lucha que no ha cesado por parte de las comunidades garífunas desde hace décadas.

“Los nueve pueblos indígenas de Honduras, sino seguimos fortaleciendo la lucha pues nos van a desaparecer porque ya destruyeron lo que ellos tenían que son sus ríos y sus bosques. Como nosotros somos los únicos que conservamos nuestros ríos y nuestros bosques, y ahora se dieron cuenta que es dinero, ahora ya están inventando leyes, están metiéndole de todo para que puedan despojarnos de los pocos recursos que le quedan a Honduras. Los pueblos somos muy cuidadosos con la naturaleza y ahora vienen por esto”, asegura Benedict.

Pese a la tristeza por la violencia que ha sufrido Triunfo de la Cruz, César recobra el ánimo cuando habla sobre los planes que tienen para la recuperación de tierras, pues son ideas que compartía con su amigo Sneider. “Acá nosotros nos reunimos varias veces y nosotros decíamos que íbamos a fortalecer la lucha como jóvenes y él siempre venía acá, ponía su carro y decía: ‘esto lo vamos hacer una maravilla hermano, todo esto, vamos hacer que nuestra gente se venga para acá”, rememora.