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Pueblos Indígenas

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Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq

Caravana Solidaria a Nuevo San Gregorio, 1 febrero 2021

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.
A 1 de febrero del 2021.
A las Juntas de Buen Gobierno y Bases de Apoyo del E.Z.L.N.
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Al Concejo Indígena de Gobierno.
Al Congreso Nacional Indígena.
A las Redes de Resistencias y Rebeldías
A los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
A los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen.
A los medios de comunicación nacionales e internacionales.
A la opinión pública.
A la sociedad civil organizada.
Desde la caravana de solidaridad continuamos con nuestra labor en la comunidad de Nuevo San Gregorio, Municipio Autónomo de Lucio Cabañas; partiendo hoy lunes 1 de febrero del 2021 con la finalidad de garantizar la integridad de las mujeres, niños y niñas, varones Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) mientras realizan sus labores en el campo. Estos trabajos en sus tierras son de vital importancia para el autosustento de la comunidad en tanto ejercicio de su derecho a la libre autodeterminación como pueblos autónomos.
En la caravana que está integrada por organizaciones, colectivos y personas a título individual, Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, reafirmamos que nuestra misión es solidarizarnos y hacer documentación como parte del trabajo pacífico que venimos haciendo para que se respeten los derechos humanos de las BAEZLN.
La decisión de continuar con el trabajo de la Caravana es una respuesta a la necesidad de la comunidad de Nuevo San Gregorio para acompañar a las familias a que realicen en paz el trabajo en el campo, además de resguardar la integridad física y emocional de las personas de la comunidad frente a una posible agresión, así como documentar las violencias suscitadas donde las niñas, niños y mujeres zapatistas se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad. [1]
Seguimos contando con el acompañamiento, observación internacional y de derechos humanos del Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba). Este acompañamiento se dará a la vez de manera presencial y a la distancia con el objetivo de realizar un trabajo integral y continuo.
Les pedimos que estén atentas y atentos de los sucesos que puedan ocurrir durante esta caravana de solidaridad y a difundir el contenido público de los hechos ocurridos durante y posterior a la caravana.
Atentamente:
Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, A.C. (CDMCH).
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI).
Desarrollo Tecnológico y Servicios Comunitarios El Puente, S.C.
Enlace Civil, A.C.
Espacio de Lucha Contra el Olvido y la Represión (ELCOR).
Grupo de trabajo No Estamxs Todxs.
Lumaltik Herriak.
Médicos del Mundo, Suiza-México.
Memoria Viva.
Promedios de Comunicación Comunitaria A.C.
Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq.
Salud y Desarrollo Comunitario, A.C. (SADEC).
BIZILUR.
TxiapasEKIN Plataforma.
Y otros Colectivos, organizaciones y personas adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.
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Avispa Midia

México y las probabilidades de morir por ser ambientalista

Por Ñaní Pinto y Javier Ruiz

Fidel Heras Cruz era un campesino y ambientalista que se opuso, junto con su pueblo, a la construcción de la presa hidroeléctrica de usos múltiples denominada “Paso de la Reina”, proyectada en el estado de Oaxaca, al sur de México. Un proyecto que ha retomado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde febrero del año 2020. Este campesino fue asesinado, el pasado 21 de enero, alrededor de las 6 de la tarde, a 300 metros de la entrada a la comunidad La Esperanza, del municipio de Jamiltepec, en el mismo estado.

En un comunicado, las autoridades ejidales de Paso de la Reyna, comunidad ubicada en Jamiltepec, y el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER), del cual era miembro, denunciaron que Heras Cruz había sido amenazado en días anteriores. “El agente municipal Filogonio Martínez Merino fue alertado por la presencia de una camioneta sospechosa con dos personas a bordo en el paraje El Zanate, por lo que dio parte a la policía y pidió le acompañaran. Le escoltaron hasta llegar al poblado”, de acuerdo con el documento.

Además, en el comunicado señalaron conflictos vividos en la comunidad. Desde 2019 la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Celia Rivas Marquez, ha insistido en ingresar al Río Verde para extraer material pétreo. Ante esta acción, la comunidad inicialmente se opuso, sin embargo, se vio obligada a suscribir un convenio de explotación.

Debido a la falta de cumplimiento del mismo, en varias ocasiones los pobladores se negaron a que continuara con la explotación del río. “La crisis más grave ocurrió en agosto de 2020 cuando la familia Iglesias y Rivas Marquez presionaron a las autoridades ejidales para aumentar el volumen de extracción sin hacer los pagos correspondientes, ni presentar ningún permiso ambiental por las afectaciones al río”, sostuvieron los ejidatarios en el documento.

El domingo 17 de enero de 2021 se celebró una asamblea de ejidatarios donde Heras Cruz rindió un informe sobre la situación de la explotación del material pétreo y del avance de la construcción del edificio que albergará la sede del comisariado. En dicha sede, de acuerdo con el comunicado, se acordó invertir los recursos de la extracción. “Algunos ejidatarios señalan que se mencionó un adeudo de más de 500,000 pesos por parte de la familia Iglesias y Rivas Marquez a la comunidad. También se mencionó que era importante que el comisariado cobrara el adeudo”, señalaron los pobladores en dicho comunicado.

Diversas Organizaciones no Gubernamentales (ONG) en México han expresado su indignación por el asesinato. La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) condenó el asesinato y exigió “una investigación a fondo y el castigo para los autores materiales e intelectuales del crimen”.

Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca también se pronunció y condenó el asesinato. Luego que el organismo tuviera conocimiento del hecho que privó de la vida al defensor del Río Verde, inició el expediente DDHPO/CA/022/(09)/OAX/2021. El órgano pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) dictar las medidas de protección necesarias a las personas que resulten víctimas directas e indirectas, para garantizar su integridad.

La hidroeléctrica

A pesar de que el mandatario de México, López Obrador, sostuvo el 20 de enero de 2020 en su conferencia matutina, que “no se construirán nuevas presas” y que “no se realizaría la presa Paso de la Reina en Oaxaca”, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció la fase siguiente de este proyecto. Es así que esta instancia de gobierno aprobó la Manifestación de Impacto Ambiental, en su modalidad regional, para la generación de energía renovable PH Río Verde, promovida por la empresa privada ENERSI S.A. de C.V.

Tras el activismo de Heras Cruz y otros ambientalistas en el proceso de defensa del Río Verde, se ganó un amparo contra el mencionado proyecto, en el cual se determinó salvaguardar 300 cuencas de aguas mexicanas, entre ellas, Paso de la Reina.

México y la probabilidad de morir por ser ambientalista

De acuerdo con datos de la Semarnat, en México existen más de 500 conflictos socioambientales, los cuáles presuponen “una confrontación entre los intereses sociales y los intereses económicos”, según esta instancia de gobierno.

La probabilidad de morir asesinado por oponerse a los intereses económicos, en México, continúa con el gobierno de López Obrador, ya que en su agenda se vienen acelerando complejos que se detuvieron por la resistencia de los pueblo ejercida contra los gobiernos que le precedieron. El inicio de su gobierno, en 2019, quedó marcado por el asesinato del campesino y ambientalista de 36 años, Samir Flores. Este indígena náhuatl se opuso, junto con su pueblo, a la construcción de la central termoeléctrica y un gasoducto en ese estado. Ambos complejos formaban parte del Proyecto Integral Morelos (PIM).

En lo que va del gobierno de López Obrador, por lo menos 20 ambientalistas han sido asesinados en México, incluso en el primer año de la pandemia del Covid-19. Hasta el 24 de septiembre se habían registrado once ambientalistas asesinados: tres en Michoacán, tres en Oaxaca, uno en guerrero. Los demás en Veracruz, San Luis Potosí y Baja California.

La situación de los pueblos en resistencia en México se puede agudizar aún más, ya que el periodo de gobierno de López Obrador casi llega a la mitad y la amplia agenda de proyectos se van acelerando conforme pasa el tiempo. Sus inversiones más ambiciosas se han enfocado hacia el sureste de México con el denominado Tren Maya y el Corredor Interoceánico, una región con una amplia presencia de pueblos originarios de este país.

 

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Congreso Nacional Indígena / Concejo Indígena de Gobierno

Pronunciamiento de la quinta asamblea entre el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno

AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL

A LOS PUEBLOS DEL MUNDO 

A LAS PERSONAS QUE LUCHAN EN LOS CINCO CONTINENTES 

HERMAN@S Y COMPAÑER@S

  

Herman@s del mundo, reciban un saludo de los que constituimos el Congreso Nacional Indígena, nosotr@s somos pueblos y comunidades que habitamos nuestras tierras y territorios desde antes que impusieron eso que le llaman Estado Mexicano, no solo tenemos nuestra propia lengua y vestimenta, sino una forma de gobierno, ver, entender y vivir el mundo diferente al mundo capitalista que ve todo como mercancía, somos pueblos que amamos la tierra, los montes, aguas, cerros,  pájaros y todo ser vivo que habita nuestra madre tierra, para nosotr@s la vida es sagrada, la veneramos. Con el tiempo los mandones, los que tienen por objeto dominar y explotar, han querido acabar con nosotr@s, destruir nuestra cultura, nuestro territorio, somos una historia de despojo, de resistencia y rebeldía y hoy, después de más de quinientos años de la conquista y guerra estamos en peligro de extinción, junto con el mundo entero.

Herman@s zapatistas, herman@s mayores, como siempre sus palabras e iniciativas generan una luz de esperanza y camino para nuestros pueblos, los megaproyectos, las empresas transnacionales, el crimen organizado y su coordinación con el gobierno nos invaden cada vez más para explotar y acabar con nuestro territorio, con la vida. Las palabras mentirosas de López Obrador y su llamada cuarta transformación pretenden crear un muro que oculte la guerra que se arrecia contra los pueblos y la vida de la madre tierra, queriendo aislarnos y presentarnos como los opositores al progreso, algo de lo que los demás gobiernos ya nos acusaban, pero que hoy cobra un sentido más destructor. Nuestra palabra, nuestra realidad, la guerra que vivimos no llega a todos los corazones a donde debe llegar, porque nosotr@s no solo defendemos nuestro territorio, con él defendemos la vida de la madre tierra y el futuro de la humanidad. Toda la fuerza del capital, el Estado y el crimen organizado está sobre nuestros pueblos, dividiéndonos, despojándonos, amenazándonos, encarcelándonos, asesinándonos.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala  que formamos parte del CNI-CIG vivimos la misma guerra de megaproyectos que viven nuestros herman@s en todo el territorio nacional, el Proyecto Integral de Muerte llamado Proyecto Integral Morelos se impone para beneficiar principalmente a las empresas mineras, por encima de la legalidad, desconociendo y violando recursos de amparo, ocupando la Guardia Nacional para concretar la construcción del acueducto y la imposición de consultas indígenas que violentan nuestros derechos fundamentales, las investigaciones del asesinato de Samir, lejos de esclarecerse evidencian la relación que hay entre la Fiscalía del Estado y el crimen organizado, en resumen, vivimos la misma guerra de exterminio que el resto de nuestr@s compañer@s del CNI y de otros pueblos, ciudades y sectores herman@s. Sin embargo, el ataque del gran capital y el gobierno y el asesinato de nuestro hermano Samir, no acaba con nuestra resistencia, al contrario, seguiremos luchando hasta que triunfe la vida sobre la muerte, con nuestras armas más poderosas: la dignidad, la resistencia y la rebeldía.

La imposición del Tren Maya, que va aparejado de la construcción de 15 centros urbanos, del Corredor Interoceánico Salina Cruz-Coatzacoalcos, que contempla 10 corredores urbano-industriales, y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México-Parque Ecológico Lago de Texcoco, junto con el Proyecto Integral Morelos buscan el reordenamiento del país de acuerdo a los intereses económicos del gran capital. Del mismo modo es muy grave el proyecto de construir, para beneficio de diversas empresas extranjeras, tres termoeléctricas -una de ellas ya está concluida-, una red de gasoductos y una megacentral para almacenar combustibles en la cuenca del Río Santiago, al sur de Guadalajara, lo que adicionalmente ocurre en una de las regiones más contaminadas del país; a lo que habría que agregar el proyecto Canal Centenario, actualmente ejecutado por la Guardia Nacional, que en Nayarit pretende trasvasar los ríos San Pedro y Santiago. La minería a cielo abierto amenaza del mismo modo a cientos de territorios de pueblos indígenas ocupando la misma fórmula de división, despojo y destrucción de nuestras comunidades.

Todos estos proyectos están precedidos de infraestructura carretera e hidráulica, numerosos parques eólicos y fotovoltáicos, así como hidroeléctricas, termoeléctricas y gasoductos que invaden ilegalmente los territorios de nuestros pueblos y muchos no cuentan tan siquiera con autorización en materia de impacto ambiental; contemplan la ocupación de miles y miles de hectáreas y el cambio en los usos de suelo de ejidos, comunidades y pueblos indígenas, sin tomar en cuenta la libre determinación de los pueblos sobre su territorio.

Estos grandes megaproyectos y todo el despojo y la explotación provocado por el modelo extractivista del gobierno federal, están siendo protegidos mediante la militarización del país entero y de la seguridad pública, que ahora con las palabras falsas de López Obrador ha avanzado cuando en gobierno anteriores, gran parte de la sociedad se oponía, sin que desaparezca el antecedente y situación real de que los cuerpos militares son violadores sistemáticos de los derechos humanos y se coluden fácilmente con el crimen organizado. La guerra contra los pueblos para imponer los megaproyectos es tan clara, que a los militares se les están asignando obras como el Tren Maya o el Aeropuerto de Santa Lucía, proyectos a los que nos oponemos rotundamente.

En todo este proceso de recolonización de nuestros territorios, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, una imposición más del mal gobierno de la Cuarta Transformación, ha estado cumpliendo las tareas que llevaba a cabo el viejo indigenismo del régimen priista: mediatizar, manipular, fragmentar, dividir a nuestros pueblos y comunidades; sirviendo al capataz en turno para convalidar sus megaproyectos, prestándose para falsas ceremonias oficialistas que ofenden a nuestra Madre Tierra y participando en estrategias contrainsurgentes y de la llamada “ingeniería de conflictos”. Frente a ello la comunidad otomí que reside en la Ciudad de México ha tomado las instalaciones de este Instituto para demandar más allá del derecho legítimo a la vivienda, el respeto y reconocimiento a la autodeterminación de los pueblos sobre su territorio.

La pandemia del Covid-19 ha venido, como dijo el gobierno mentiroso de López Obrador, “como anillo al dedo” para la imposición de los megaproyectos y la militarización del país, estando la mayor parte de la población desmovilizada, a su vez, la pandemia contribuye a la guerra de exterminio contra nuestros pueblos, donde los servicios de salud y la capacidad económica son muy escasas y en muchos casos  nulas.

Vemos que se trata de una crisis global y civilizatoria nunca antes vista que obliga a la humanidad entera a destruir este actual sistema capitalista y patriarcal, responsable de la destrucción de la naturaleza y que se basa en la explotación y el despojo, cada vez más crecientes, de millones y millones de seres humanos. Sistema que para generar ganancias y riqueza se apoya en el crimen organizado, en las guerras y en las epidemias y pandemias.

Por eso es que como Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno y como Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, reunidos en esta QUINTA ASAMBLEA ENTRE EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y EL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO, tomamos los siguientes

ACUERDOS

UNO.- SUSCRIBIMOS LA DECLARACION POR LA VIDA REALIZADA POR EL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL, PUEBLOS, ORGANIZACIONES, COLECTIVOS Y PERSONAS DEL MUNDO. COMPROMETIÉNDONOS A FORTALECER NUESTRAS LUCHAS EN DEFENSA DE LA VIDA EN NUESTROS TERRITORIOS Y ABRIENDO LA ESCUCHA, LA ORGANIZACIÓN Y LA PALABRA CON NUESTR@S HERMAN@S DE MEXICO Y EL MUNDO QUE LUCHAN CONTRA ESTE SISTEMA CAPITALISTA Y PATRIARCAL CON EL OBJETIVO DE DESAPARECERLO.

DOS.- PARTICIPAR DE MANERA DIRECTA, CONFORME LOS CRITERIOS ACORDADOS EN ESTA ASAMBLEA, CON UNA DELEGACIÓN DEL CNI-CIG Y FPDTA-MPT, EN CONJUNTO CON EL EZLN, EN LA GIRA POR EUROPA PROPUESTA POR NUESTR@S HERMAN@S Y COMPAÑER@S DEL EZLN Y EL MUNDO EN LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DE 2021 Y, EN LA MEDIDA DE NUESTRAS POSIBILIDADES, EN LAS QUE SE REALICEN CON POSTERIORIDAD EN ASIA, AFRICA, OCEANIA Y AMERICA.

TRES.- REALIZAR ACCIONES POR LA VIDA, CONTRA LOS MEGAPROYECTOS Y EN MEMORIA DE NUESTRO HERMANO SAMIR FLORES SOBERANES DEL 19 AL 21 DE FEBRERO, CUMPLIÉNDOSE DOS AÑOS DE SU COBARDE ASESINATO. REALIZANDO UN LLAMADO A NUESTROS HERMAN@S Y COMPAÑER@S EN MEXICO Y EL MUNDO A QUE REALICEN ACCIONES EN ESTAS FECHAS.

CUATRO.- EXIGIMOS EL CESE AL ATAQUE Y HOSTIGAMIENTO A LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS, LA INMEDIATA LIBERTAD DE NUESTROS HERMANOS FREDY GARCÍA RAMÍREZ, VOCERO DE LA ORGANIZACIÓN CODEDI DE OAXACA, Y DE FIDENCIO ALDAMA, MIEMBRO DE LA TRIBU YAQUI; ASÍ COMO LA LIBERTAD DE NUESTROS HERMANOS ADRIAN GOMEZ JIMENEZ, GERMAN LÓPEZ MONTEJO Y ABRAHAM LÓPEZ MONTEJO, INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN LA VOZ VERDADERA DEL AMATE, MARCELINO RUIZ GOMEZ, INTEGRANTE DE VINIKETIK EN RESISTENCIA, ASÍ COMO DE OSMAN ALBERTO ESPINALES RODRÍGUEZ Y PEDRO TRINIDAD CANO SANCHEZ, QUIENES SE ENCUENTRAN INJUSTAMENTE PRESOS EN LOS CENTROS CARCELARIOS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Y COMITÁN, CHIAPAS, ALTO AL ASESINATO DE NUESTROS HERMANOS DEL CIPOG-EZ, LA PRESENTACIÓN CON VIDA DEL HERMANO SERGIO RIVERA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ORGANIZACIÓN MAIZ EN LA SIERRA NEGRA DE PUEBLA, DE LOS 43 ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA Y DE TODOS LOS DESAPARECIDOS Y DESAPARECIDAS.

 

ATENTAMENTE

Enero de 2021.

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos

Nunca Más Un México Sin Nosotros

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA/CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL AGUA MORELOS, PUEBLA, TLAXCALA

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Radio Kurruf

«Por la defensa de los DDHH y la libertad», convocan a un marzo de Rebeldía Popular y Mapuche

Las organizaciones abajo firmantes, con el desafío de generar las presiones populares necesarias y contundentes para que el Indulto General por la libertad de los(a) Prisioneros(a) Políticos(a) de la Revuelta se concrete a la brevedad, convocamos y llamamos al pueblo de Chile, al pueblo mapuche y a la solidaridad internacional a lo siguiente:

1.- El debate parlamentario respecto al indulto general se ha dilatado más de la cuenta, quedando trabado en las burocracias y tiempos del hemiciclo, lo cual puede continuar si es que no se genera un contrapeso efectivo desde lo popular. La exigencia de libertad es de carácter urgente, la creación de la Prisión Política es de responsabilidad directa de la democracia y la solución política de ello debe ser concretada a la brevedad, tres aspectos medulares que deben quedar con claridad y contundencia incrustadas en el escenario nacional.

2.- Es inaceptable éticamente que la democracia quiera proseguir con su tren de elecciones para buscar su anhelada normalidad, con la abierta y flagrante violación sistemática de los Derechos Humanos en nuestro país, lisa y llanamente dicha decisión, del todo errada, es construir un país con pilares efímeros y que sólo procuran asegurar la repartija de poderes e instalación de procesos del todo alejados de nuestro Pueblo. No puede haber elección alguna que pretenda validez ética si en el Chile democrático del hoy, cuenta con una de las prisiones políticas más cuantiosas del mundo.

3.- Es en este marco, es que llamamos a que se fije un horizonte de presión en ofensiva hasta el próximo 11 de abril (día de las elecciones), que permita colocar la celeridad correspondiente a la tramitación legislativa como en apurar los procesos de exigencia de la libertad y también la defensa de los DDHH de los Pueblos. En octubre se abrió un tramo para la libertad producto del bregar de todo un año y el cual culmina en abril próximo, es el momento propicio para hacer de marzo un mes de lucha que cualifique e intensifique nuestras propias prácticas para que el abrazo con la libertad sea lo antes posible.

4.- Por ello:

– Convocamos a que el 1 de marzo sea el “Súper lunes” por la libertad de los(a) Prisioneros(a) Políticos(a). Llamamos a nuestro pueblo a que haciendo uso de lo que se tenga y en donde se pueda, aquel día sea un día de protesta popular. Llamamos al estudiantado popular para que aquel día, donde el gobierno intenta de iniciar la locura de las clases presenciales, se movilicen por sus justas demandas como también por la libertad de los(a) Prisioneros(a) Políticos(a) de la Revuelta.

– Llamamos a las organizaciones de mujeres populares del país y del extranjero a que en las conmemoraciones del 8 de marzo se haga presente la realidad de la Prisión Política de nuestro país y la violación sistemática de los DDHH, resaltando la realidad que le ha tocado vivir a centeneras  de mujeres populares por hacer uso del legítimo derecho de luchar por un país totalmente distinto.

– Convocamos al Pueblo de Chile, al Pueblo Mapuche y a la solidaridad internacional, a darle vida a la jornada de Protesta Popular y Mapuche por la Defensa de los DDHH y libertad de los Pueblos para el próximo 18 de marzo. Que en un nuevo mes de Aniversario de la Revuelta, el mundo entero sepa – por la osada insolente de la Protesta extendida en todos los rincones del País y solidarizada en el extranjero – que en Chile existen Prisioneros(a) Políticos(a), se violan sistemáticamente los Derechos fundamentales de los Pueblos y que sus Pueblos se alzan por la dignidad y la justicia.

– Llamamos a que las protestas del 29 de marzo, día del joven combatiente, aparte de conmemorar los hechos nefastos ocurridos, este año también sea convocante para exigir la libertad de la juventud popular combatiente en Prisión de nuestro país.

5.- Llamamos a que los Prisioneros(a) Políticos(a) de la Revuelta a que tengan un mayor protagonismo. Hoy más que nunca se necesita de su actitud de lucha, demostrada con creces en las calles durante la Revuelta. Marzo debe estar impregnado de aquella fuerza.

6.- Llamamos a las Centrales de trabajadores, sindicatos, federaciones y voluntades del mundo del trabajo a que se manifiesten con contundencia en la jornada de movilización del 18 de marzo y que se hagan presente en las exigencias del Pueblo de Chile, que dejen de ser meros espectadores(a). Chile tiene que parar el 18 de marzo; Chile tiene que parar contra la impunidad exigiendo juicio y castigo para los responsables de las violaciones de DDHH; Chile tiene que parar exigiendo la libertad de los(a) Prisioneros(a) Políticos(a).

Enero 2021

·         Agrupación de Familiares de Prisioneros Políticos La Granja

·         Agrupación de Familiares de Prisioneros Políticos Santiago 1

·         Agrupación de Familiares y Amigos de Prisioneros Políticos Guacoldas

·         Familiares Caso UDEC, Concepción

·         Organización de Familiares y Amigxs de Prisionerxs Políticxs (OFAPP)

·         Coordinadora 18 de Octubre Austral

·         Red Austral anti carcelaria feminista

Imagen de portada @josemiguelaraya

 

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Avispa Midia

Costa Rica | Asesinato del indígena Bribri, Sergio Rojas, impune a casi dos años

Por Aldo Santiago

El pasado 15 de enero, el Tribunal Penal de Buenos Aires, al sur de Costa Rica, ordenó continuar con el proceso penal para esclarecer los responsables del asesinato del líder Bribri Sergio Rojas Ortíz. Rojas fue asesinado el 18 de marzo del año 2019 en territorio Bribri de Salitre. Su labor en la recuperación de tierras indígenas, cuya posesión se mantiene ilegalmente en manos de terratenientes, le acarreó amenazas y agresiones que escalaron hasta su asesinato.

En contexto ⇒ Asesinato de Sergio Rojas en Costa Rica, ataque a la recuperación de tierras indígenas

Sergio Rojas era beneficiario de las medidas cautelares 321-12 emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde abril de 2015, la CIDH ordenó al Estado de Costa Rica proteger la vida e integridad física del pueblo Bribri de Salitre y Bröran de Térraba.

¿Freno a la impunidad?

El reciente dictamen del Juzgado Penal obliga la continuación de la investigación en el homicidio de Rojas. También rechaza la “solicitud de desestimación” propuesta por el Ministerio Público realizada en septiembre del 2020, pues no se han agotado las herramientas investigativas disponibles.

Con la desestimación, el Estado costarricense pretende cerrar el caso de homicidio de Sergio Rojas ocurrido en Salitre. De la misma manera, esto sentaría un precedente para también mantener la impunidad en el asesinato de Jerhy Rivera Rivera, ocurrido el 24 de febrero del año 2020 en territorio Bröran de Térraba.

Por ello, la solicitud de desestimación provocó una enorme indignación de parte de organizaciones sociales debido a que, hasta el momento, a casi dos años del asesinato, no hay ningún sospechoso detenido.

Mediante comunicado publicado el pasado 3 de diciembre, El Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), organismo del cual Rojas fungió como uno de sus fundadores, repudió la intención de la Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos para archivar el caso por el homicidio de Rojas.

En el documento, lxs integrantes del FRENAPI denuncian la continuación en las amenazas de muerte y las agresiones contra quienes realizan un acceso efectivo a sus tierras, mientras el gobierno de Costa Rica no avanza en la recuperación de las mismas. “¿Cómo se puede confiar en un Poder Judicial que no quiere recibir denuncias de los indígenas ante las agresiones y la usurpación de sus tierras? ¿Cómo se puede confiar en un Poder Judicial que tiene a un Juez Agrario en Buenos Aires que es yerno de un terrateniente no indígena que usurpa tierras en Boruca? ¿Cómo se puede confiar en un Poder Judicial donde la Fiscalía solicita la desestimación del homicidio de uno de los líderes más visibles de nuestra lucha, en menos de 2 años de iniciadas las investigaciones?”, cuestionaron lxs miembros del FRENAPI.

Leer también ⇒ Costa Rica: Escalada de violencia en tierras indígenas recuperadas

Por su parte, la reciente resolución del Tribunal argumenta que “la investigación penal de este homicidio debe continuar, siendo que la Fiscalía debe agotar las diligencias pendientes y realizarlas de manera exhaustiva, en cumplimiento de los estándares internacionales de debida diligencia, como lo ha definido la CIDH y de atacamiento obligatorio para el Estado de Costa Rica”.

Filtración y obstaculización de justicia

Entre los días 21 y 22 de enero fueron publicadas una serie de notas en la prensa con informaciones confidenciales del expediente penal 19-000178-0990-PE, causa judicial que investiga el homicidio del líder Bribri Sergio Rojas Ortiz.

De acuerdo a la filtración, se comprobaría que la causa del homicidio se debe a los conflictos por la recuperación de tierras en territorios indígenas. “Los elementos probatorios indican por donde va el asunto, que hay relación con las tierras y es hora de que la fiscalía actúe de acuerdo con los elementos probatorios”, explicó Gustavo Oreamuno, integrante de la Coordinadora Lucha Sur-Sur.

Por otro lado, Óscar Retana, abogado representante de la familia Rojas Lázaro, reprochó la divulgación de información confidencial, lo cual representa una violación por parte de las autoridades judiciales de la normativa procesal penal vigente.

“Se revelan datos aportados por testigos y evidencia recopilada, lo que afecta la investigación, pero aún más grave es la posibilidad de que los testigos sean perturbados, amenazados o agredidos en un territorio indígena que no ha encontrado respuesta a los múltiples reclamos sostenidos y fundamentados de la deficiente actuación del Poder Judicial, con antecedentes de denuncias por agresiones, amenazas y daños, sin que a la fecha existan personas condenadas por delitos abiertamente racistas”, condena Retana mediante un breve posicionamiento difundido el 26 de enero.

Para Elides Rivera del territorio Bröran de Térraba, la filtración forma parte de actos para deslegitimar la investigación “pero no por falta de pruebas, sino por una cuestión de racismo y de xenofobia a los pueblos indígenas, y hacer creer que los pueblos indígenas mentimos”.

Mientras los asesinatos de Rojas y Rivera se mantienen en la impunidad, las agresiones a las acciones de recuperación de territorios indígenas se mantienen al alza.

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Esto ocurre bajo cobijo del Estado costarricense, quien, en febrero del 2020, mediante la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), aplazó hasta el año de 2026 la ejecución del Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (Plan RTI). Con ello, se prolonga una vez más la devolución de las tierras indígenas, como ha ocurrido desde finales de la década de 1970.

El Plan RTI tiene también el objetivo de identificar y realizar procesos judiciales contra aquellas personas quienes lucraron con tierras indígenas protegidas por ley. Sin embargo, el aplazamiento de su ejecución, sumado a la impunidad en los asesinatos de líderes indígenas “ha envalentonado a estas personas violentas, porque al ver que no pasa nada cuando ellos realizan los actos violentos creen que lo pueden seguir haciendo”, denunció Oreamuno.

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Pueblo maya tseltal del municipio de Chilón emprende batalla legal contra la militarización de su territorio

  • El pueblo tseltal pide protección de la justicia federal ante la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional y pide a la Fiscalía General del Estado de Chiapas se desista del ejercicio de la acción penal en contra de José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano quienes fueron reprimidos y criminalizados por manifestarse en contra de dicho proyecto.
  • El pueblo tseltal llama al Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez a ordenar la suspensión definitiva para evitar el riesgo de que se consolide un daño irremediable a sus derechos colectivos ante la continuación de la construcción del cuartel.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas y Ciudad de México. 27 de enero del 2021. El día de hoy representantes del pueblo maya tsetal del municipio de Chilón, Chiapas, acompañados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) anunciaron la admisión de la demanda de amparo que interpusieron por la construcción impuesta de un Cuartel General de la Guardia Nacional en su territorio, sin que hayan sido consultados previa, libre y adecuadamente para otorgar o no su consentimiento.

No es la primera vez que el pueblo tseltal de Chilón vive los impactos de la militarización de sus territorios; particularmente, durante la época del conflicto armado en el estado de Chiapas, cuando en 1995 se instaló en su territorio un cuartel del Ejército, el cual no fue retirado sino hasta el año 2007 después de años de una resistencia organizada por parte de la comunidad.

Trece años después, específicamente en el mes de octubre de 2020 los habitantes del municipio de Chilón se enteraron por medios de comunicación sobre el acuerdo entre autoridades municipales, estatales y federales (incluyendo a la Secretaría de la Defensa Nacional-SEDENA), para ceder un terreno dentro de su territorio para la construcción de un Cuartel que albergará a la Guardia Nacional.

Ante esta información el día 15 de octubre de 2020 decidieron ejercer su derecho a la manifestación, que encontró como respuesta un despliegue de más de 300 elementos de diversas corporaciones de seguridad, que con el objetivo de detener la movilización hicieron un uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes. En el desalojo fueron dañados vehículos particulares y varias personas heridas; además de la incomunicación y posterior privación de la libertad de los señores José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, quienes actualmente enfrentan de manera injusta un proceso penal en libertad, por el delito de motín.

Posterior a los hechos de represión y conociendo los impactos que los proyectos militares pueden tener en su vida comunitaria, el pueblo maya tseltal se organizó para iniciar un proceso legal por medio de una comisión nombrada en su asamblea tradicional. Dicha estrategia consistió en la presentación de una demanda de amparo que fue admitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el pasado 9 de diciembre de 2020, bajo el número de expediente 717/2020.

Dicha demanda de amparo, denuncia que la licencia y la construcción del Cuartel se trata de una imposición de un proyecto de militarización que viola los derechos del pueblo maya tseltal del municipio de Chilón a la consulta previa, adecuada, libre e informada, a la autodeterminación, al territorio, al acceso a la información, entre otros derechos protegidos por la Constitución Mexicana, así como por los tratados internacionales de los que México es parte, incluyendo la Convención Americana de Derechos Humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esto, ya que para el pueblo maya tseltal del municipio de Chilón es claro que la Guardia Nacional se trata de un cuerpo de seguridad de facto militar, más allá de que se haya concebido como un cuerpo civil; por lo que el proyecto del cuartel no debió de haberse concebido sin ser consultado con el pueblo maya tseltal debido a que el mismo tendrá afectaciones directas en su derecho a la libre determinación, a la protección de su territorio el cual constituye parte fundamental de su armonía comunitaria y respeto a su identidad. De la misma manera, la presencia de los cuerpos de seguridad militarizados en la zona temen que se fomente la prostitución como ocurrió en el pasado, se acentúe el alcoholismo como medidas de control y división comunitaria.

A pesar de que se expusieron diversos argumentos y contundentes para el que se evitará causar daños irreparables al territorio del pueblo maya tseltal por los cuales el Juzgado Cuarto de Distrito debió ordenar la suspensión de oficio y de plano, sinembargo, el Juez la negó. Por lo que este viernes 29 de enero el Juzgado Cuarto de Distrito tiene una nueva oportunidad para declarar la procedencia de la suspensión definitiva, permitiendo que el pueblo maya tseltal cuente con la seguridad de que su territorio y sus derechos colectivos no se verán permanentemente afectados hasta en tanto no se resuelva el juicio de amparo aludido.

Contacto para prensa:

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C

Comunicación

Narce Santibáñez Alejandre

5585312218

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C

Comunicación

Azalia H. Rodríguez

9671356978

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Pueblo maya tseltal del municipio de Chilón emprende batalla legal contra la militarización de su territorio.

radio
Prensa comunitaria

San Mateo Ixtatán: se aplaza proceso penal en contra de una autoridad indígena del pueblo Chuj

Por Nelton Rivera y Palas Luín

Este martes, el juez contralor, Alberto Calmo Ramírez, atendió y aceptó la solicitud del Ministerio Público (MP) y de la defensa de Julio Gómez para dar un plazo para que pudieran llegar a un acuerdo con los demandantes. La petición fue aceptada por Heriberto Alfonso Ortíz, abogado de la empresa Generadora San Mateo y del abogado José Estuardo Luna Santos abogado de los demandantes.

La audiencia de etapa intermedia se realizó en el Centro de Administración de Justicia (CAJ), en el municipio de Santa Eulalia a dos horas de camino de San Mateo Ixtatán, de donde es originario Gómez. La cita estaba programada para las 9:00 de la mañana, fue breve, y aunque con 20 minutos de retrasó duró 10 tan solo minutos.

Gómez tiene abierto un proceso penal por los delitos de instigación a delinquir, reuniones o manifestaciones ilícitas y agrupaciones violentas. El 26 de enero de 2020 Julio Gómez Lucas fue detenido en la carretera de San Mateo Ixtatán rumbo a Huehuetenango, un juez resolvió iniciar un proceso acusado de participar en una manifestación pacífica en la microrregión de Ixquisis el 19 de junio de 2018.

“Me están acusando por una manifestación, cuando las autoridades comunitarias de Ixquisis entregaron un memorial en el destacamento militar pidiendo el retiro de los soldados. Ese lugar está a 43 kilómetros de distancia de dónde yo vivo, no estuve en ese lugar y estoy en la parte centro de San Mateo”, expresó Gómez.

Un año después, el juez acepta la propuesta de la defensa de Gómez y del fiscal del Ministerio Público (MP), de aplazar la audiencia para que las partes alcancen un acuerdo y reconciliación a través de una salida alterna y así evitar continuar con el proceso penal.

A la audiencia asistieron los demandantes Amílcar Emilio Felipe y Andrés Francisco Mateo, asistidos por Luna Santos, quien presidió la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH), durante el gobierno de Jimmy Morales en 2006.

Emilio Felipe y Francisco Mateo forman parte de la oenegé 13 Democracia, quienes han externado su afinidad por la construcción de hidroeléctricas en el área. Esta organización forma parte del “Consorcio por la Paz, el Desarrollo y la Cultura”, firmante de un acuerdo entre la empresa y el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei y el vicepresidente Guillermo Castillo Reyes al que llamaron “Diálogo”, un día antes de la detención de Gómez. Guatemala, ironía a granel: exguerrilleros operadores políticos de las hidroeléctricas.

A Gómez lo acompañaron los abogados Rudy Juárez, Luis Felipe López, Pedro Robel Toledo y Natalio Rivera, los tres del bufete de a bogados Maya Q’anjob’al, también llegaron familiares y autoridades comunitarias de otros municipios.

“Quiero saludar a quienes me escuchen en esta entrevista, confiamos en la justicia, en que esta sea transparente y logre encontrar la armonía, vemos que hay que defender la vida y los bienes naturales. Confío en el Ajau, a la vida, por la razón de haberse suspendido esta audiencia”, expresó Gómez Lucas.

En San Mateo Ixtatán, un municipio del norte de Huehuetenango, conviven distintos pueblos, mayoritariamente el pueblo chuj, q’anjob’al y mestizo. Julio Gómez Lucas, es un empresario Chuj que por su liderazgo asumió la representación de miles de personas que decidieron rechazar la actividad de empresas como Promoción de Desarrollo Hídricos SA (PDHSA) y la empresa Energía y Renovación S.A. Es el coordinador del Gobierno Plurinacional del pueblo chuj y uno de los principales dirigentes del partido político Winak en ese municipio.

Este no es el primero de los agravios por los que pasa Gómez, en 2019 fue retenido contra su voluntad, fue secuestrado junto a su esposa mientras entregaba materiales para la construcción en una comunidad de San Mateo Ixtatán, durante su secuestro un grupo de personas le recriminaron su oposición contra las hidroeléctricas, amenazándolo de muerte de continuar con esa oposición. Secuestraron y torturaron a Julio Gómez autoridad ancestral Chuj de San Mateo Ixtatán.

Lea más:

https://www.prensacomunitaria.org/2020/01/un-dia-despues-de-la-visita-de-giammattei-a -san-mateo-ixtatan-detienen-a-julio-gomez-autoridad-del-gobierno-plurinacional-de-la-nacion-chuj-en-san-mateo-ixtatan/

radio
Radio Kurruf

Los Pellines: Agrícola Kuriñanco no detiene faenas, pese a orden judicial de no innovar

Con fecha 18 de enero se ha conocido una nueva orden de no innovar por parte de la segunda sala de la corte de apelaciones de Valdivia sobre las faenas que lleva a cabo la Sociedad Agrícola Kuriñanko en Los Pellines, costa de Valdivia. Territorio que ha pertenecido históricamente a doña Rosa Barrientos Paillalef.

Resolución 18 enero 2021 Corte de Apelaciones de Valdivia

La primera orden de no innovar fue decretada el 2020, ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental por orden del Tercer tribunal Ambiental, aún así se denuncia que se continuó deforestando el terreno en disputa  en Los Pellines. Además de tener una medida precautoria, también con fecha 2020, que le impide a la inmobiliaria vender parcelas.

Extracto recurso de protección contra Sociedad Agrícola Kuriñanko

La abogada María Fernanda Catalán aclara que esta última decisión de la corte de apelaciones respecto de «El recurso 12-2021 se  ingresó porque pudimos acceder al terreno en cuestión a través de la ayuda de drones y pudimos constatar  que la información que nos había llegado por medio de un residente del sector respecto de que se estaban destruyendo el bosque nativo y las  napas subterránea de ríos que atraviesan el territorio y llegan al  santuario de la naturaleza  afectando directamente al equilibrio en los ríos y humedales del territorio teniendo por consecuencia inmediata la alteración de los lugares de anidación y alimentación de los cisnes de cuello negro, ranitas, y otras especies que habitan estos espacios».  

Imágenes obtenidas con drone.

Contacto

María Fernanda Catalán, abogada.

+56981936081

radio

Ejido Tila, Chiapas: Son presentados a la Asamblea cómplices del robo de nombramiento ejidal por corrupción del RAN

DENUNCIA PÚBLICA

Ejido Tila Chiapas a 25 de enero de 2021

Al Congreso Nacional Indígena
Al Consejo Indígena de Gobierno
A los derechos humanos nacional e internacional no gubernamental A los medios nacional e internacional no gubernamental
A los pueblos que luchan por su tierra y territorio
A los pueblos originarios en defensa de la tierra y territorio

Compañeros y compañeras de todas las organizaciones no gubernamentales les enviamos un cordial saludo en la resistencia en la defensa de la madre tierra y el territorio.

Denunciamos al supuesto comisariado legal de nombre Miguel Vázquez Gutiérrez y su consejo de vigilancia Luciano Perez Lopez que han estado viajando a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y el 22 de enero convoco una reunión en su comunidad de cantioc anexo del ejido Tila donde tuvieron asistencia pobladores y las ex autoridades Ejidales del ejido Tila que desconocen el nombramiento de Miguel Vázquez Gutiérrez al terminar la información que están buscando solicitar sucesores de los capacitados y han estado engañando a los jóvenes que se dejan engañar para que sean reconocidos en registro agrario nacional(RAN) y al regresar por la tarde cansados los ejidatarios del anexo Rio Grande detuvieron a Pascual Martínez Gutiérrez ex comisariado del ejido Tila, Juan Ramírez Tórres ex comisariado del ejido Tila y sus acompañantes, Isaias Tórrez Torres quien fungió como suplente del juez en el auto gobierno de 2015 a 2017 Jose Asunsion Perez Perez fungió como representante del barrio concepción, Fidel Ramírez Gutiérrez y Luciano Perez Lopez el supuesto consejo de vigilancia de Miguel Vázquez Gutiérrez.

La comunidad de Rio Grande lo traslado a la casa Ejidal 6:30 de la tarde no para recibir maltratos si no para pedirles quienes falsificaron las firmas y huellas de los ejidatarios reconocidos en el Registro Agrario Nacional para legalizar la acta de elección de Eduardo Gutiérrez Martínez 2015 a 2018 cuando en realidad de 2015 A 2018 el comisariado nombrado en la casa Ejidal es el c. Gilberto Abraham Martínez Santiago y su consejo de vigilancia que en paz descanse el c. Miguel Vázquez Martínez.

En el acta de elección de Miguel Vázquez Gutiérrez como comisariado Ejidal y Luciano Perez Lopez como consejo de vigilancia y también falsificaron las firmas de los ejidatarios registrados en el RAN de 2018 a 2021 cuando el comisariado elegido por la asamblea general de ejidatarios es Jose Angel Perez Lopez y su consejo de vigilancia es Carmen Lopez Lugo y para que pueda ser registrado en registro agrario nacional se acataron en el art. 21 al 33 de la ley agraria en vigor y el registro agrario nacional violando el art. 128 como servidor publico violo el art. 2 y 39 de la constitución política de los estado unidos mexicanos no respeto la declaración de la libre determinación y la autonomía y el auto gobierno cuando el ciudadano presidente de la república en su primer mensaje de su triunfo dijo que va respetar la libre determinación y la autonomía de los pueblos indigenas y lo sabían muy bien porque es nacional e internacional porque cuando se declaro el ejido Tila en su autonomía y su libre determinación fue visitado por los países de Cuba, Brasil, San Salvador, Perú, Argentina, Chile, Francia, Alemania, Rusia, Suiza, Canada entre otros países.

Miguel Vázquez Gutiérrez cuando se le otorgo su nombramiento se presentó ante el juzgado primero de distrito para que sea quien reciba el dictamen de la ejecución del amparo 259/82 acompañado de su licenciada Karla María Sanchez Álvaro hija del ex diputado Samuel Sanchez Sanchez y el c. Luis Alonso Abarca Gonzales con fecha 26 de noviembre de 2018.

En la misma fecha se presento el comité de regularización de fundo legal el c. Francisco Arturo Sanchez Martínez, secretario Cesar Santiago Gomez Gomez, tesorera Mercedes Bonifaz Gutiérrez vicepresidenta Adelaida Martínez Parcero secretario de conflicto Juan Lopez Lopez secretario de prensa y propaganda Manuel Gomez Ramírez, asuntos jurídicos Vicente Ramírez Jiménez y fueron acompañados por Carlos Mario Aguilar González presentando sus escritos para la regularización del fundo legal

Miguel Vázquez Gutiérrez el compromiso recibido es solicitar el estado de derecho para detener a los ejidatarios acusados de motín, desestabilizacion de la paz social, destrucción de la colectividad del estado alteración a la paz social su compromiso es solicitar el estado de derecho como paso el 2005 cuando el ejido fue bombardeado con gas lacrimogeno dentro del cual ingresó 20 convoyes de policías estatales, dos helicópteros para detener a 49 personas llevados en diferentes reclusorios y el asunto de hoy en día no es político si no es recuperar las 130 hectáreas y la soberanía del pueblo chol originario basado en el art. 2 y 39 de la carta magna.

El otro compromiso de Miguel Vázquez Gutiérrez que toma en sus manos es el tramite de la ejecución del amparo para reactivar el incidente cumplimiento sustituto y cobrar los 40 millones de pesos por la 130 hectáreas y la legalización del municipio, cuando la suprema corte canalizo ampliamente los documentos del ejido que son federales y los documentos de corrupción del fundo legal y declaro de acuerdo con el incidente de inejecución 1302/2010 QUE LAS 5405 hectáreas de tierras es legitima propiedad de los 836 capacitados y se debe dejar así como estaba antes de la violación, el c. gobernador del estado de Chiapas Rutilio Escandon Cadena el jueves 17 de enero de 2019 en la secretaria general de gobierno decreto el numero 132 y el honorable Sexagésima Séptima Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas en uso de las facultades que le concede la constitución política local dicho decreto 132 deja insubsistente el decreto numero 72 de fecha 29 de julio de 1980 y el diario oficial del gobierno del estado de 17 de diciembre de 1980.

La asamblea general extraordinaria acordó presentar un amparo de medida cautelar y se resolvió de la siguiente manera que se debe dar cumplimiento la ejecutoria del amparo dictada en el juicio de amparo indirecto núm.766/2019 deje sin efecto el acto reclamado, se le ordene al delegado del registro agrario nacional en el estado de Chiapas realizar que se abstenga de escribir cualquier acto que modifique transmite traslade o seda del ejido Tila.

Se requiere a los supuestos integrantes del comisariado Ejidal del ejido tila para que se abstenga de realizar cualquier acto que modifique transmita traslade o seda derechos relativos a las tierra del ejido Tila, se solicito al juzgado en turno de distrito de amparos y juicios federales en el estado de Chiapas la suspensión del procedimiento del cumplimiento de la sentencia del amparo dictado en el juicio 259/1982 hasta en tanto se resuelva el juicio agrario de origen.

Compañeros y compañeras cuanto daño nos ha causado el Registro Agrario Nacional por haber otorgado el nombramiento de un comisariado convocado por un comisariado de nombre Eduardo Gutiérrez Martínez que nunca fue comisariado solo fue utilizado con toda falsedad para detener el avance de la ejecución del amparo antes mencionado, les comunicamos a todos y todas que esto es lo que han traído en el ejido Tila la destrucción del portón de seguridad que estaba cerrado por el CIVID- 19 que hoy en día estamos expuesto por un nuevo rebrote de virus así mismo utilizaron la carretera los agitadores Francisco Arturo Sanchez Martínez, Arturo Sanchez Sanchez, Rodrigo Martínez Parcero Adelaida Martínez Parcero, Clara Esmeralda Gordillo Estrada entre otros ya conocidos y la participación de Jose Guadalupe, Sebastián, Rodney, y el ministro Uriel todos estos son de la comunidad de carrizal donde trajeron 20 jóvenes pandilleros para que apoyaran para destruir el portón del ejido Tila cuando en realidad esta carretera de los 13 kilómetros la presidenta municipal Sandra Luz Cruz Espinosa colocó dos letreros como municipio libre en las entradas del ejido y la asamblea acordó presentar un amparo 272/2012 y el juzgado sexto de acuerdo a sus peritajes del ayuntamiento municipal que no afectó el ejido solamente un metro de cuneta de ambos lados y que la carretera corresponde al estado se presento recurso de revisión que se turno ante el vigésimo circuito auxiliar en Cancún Quintana Roo exigió al estado si tuvo permiso para la carretera y le pidieron la Secretaria de Comunicaciones y Transportes no hubo ningún permiso y así mismo el ayuntamiento municipal le pidieron si tiene el permiso para colocar los dos letreros y no hubo ningún permiso y por los tanto los 13 kilómetros de carretera sigue siendo propiedad del ejido Tila y le dieron ordenes del ayuntamiento de 24 horas para que baje sus dos letreros.

Todos estas anomalías y las graves corrupciones si Miguel Vázquez Gutiérrez no le hubieran dado su nombramiento ya hubieran avanzado la ejecución de la sentencia del amparo 259/82 y no tuviéramos lamentando la muerte de un compañero ejidatarios de nombre Pedro Alejandro Jiménez Perez que dejo dos hijos huérfanos y la muerte de los CC. Elmar Martínez lopez y Pablo cuando los verdaderos culpables de estas muertes son Miguel Vázquez Gutiérrez, Luciano Perez Lopez por vender su dignidad y aceptar ser autoridades falsos apoyados por Francisco Perez Lopez ex consejo de vigilancia que tiene coordinación con Digna Ochoa y el grupo de pobladores Francisco Arturo Sanchez Martínez, Arturo Sanchez Sanchez, Adelaida Martínez Parcero, Rodrigo Martínez Parcero y otros ya conocidos que entre ellos firmaron la paz en la secretaria de gobierno de esta forma se organizo el vandalismo que desde el pasado 25 de agosto 2020 no cesan lo disparos en altas horas de la noche y el trafico de armas y drogas y trafico de indocumentado y la persecución de compañeros ejidatarios en sus campos de trabajo hoy en día tiene el compromiso de apoyar el candidato a la presidencia municipal el comité de regularización del fundo legal Francisco Arturo Sanchez Martínez hijo del ex presidente municipal paramilitar Arturo Sanchez Sanchez que participo en la matanza de la zona baja, que supuestamente va por rescatar el municipio

Miguel Vázquez Gutiérrez comete el delito de retener dos compañeras y dos compañeros de su misma comunidad a las 8 de la noche y lo libero a las 12:30 de la noche porque estos compañeros estaban en la plena libertad de circular porque no tienen delito en contra del ejido pero estas 6 personas que fueron detenidos están actuando en perjuicio del ejido Tila y son actores principales del nombramiento de Miguel Vázquez Gutiérrez.

Esperamos a que Miguel Vázquez Gutiérrez no siga mintiéndole a la prensa y los medios de comunicación porque es una persona que ha traicionado a todos los ejidatarios y ejidatarias en el ejido de Tila, Chiapas porque no representa a la asamblea general de ejidatarios que usufructúan la tierra, dado que según el C. Luciano Perez Lopez, manifestó que las actas falsificadas y firmas lo hizo el C. Francisco Perez López exconsejo de vigilancia y aclaró que las actas de nombramiento le dieron de firmar en el anexo Cantioc desconociendo porque no sabe leer y escribir y bajo amenazas le dijeron que si no firmara tendría que pagar una multa por no aceptar el cargo, aclaró ante la asamblea general de ejidatarios que efectivamente no fue nombrado en el lugar indicado (Casa Ejidal) por la mayoría aunque con mucha pena reconoció su error ante los asambleístas.

Seguiremos informando y denunciando todo lo que acontece en el ejido de Tila y refrendamos nuestro compromiso en la defensa de la tierra y territorio y en favor de la vida, porque no claudicamos, ni nos rendiremos y ni nos vendemos, porque continuaremos hasta que la dignidad se haga costumbre.

COMISARIADO EJIDAL CONSEJO DE VIGILANCIA

ATENTAMENTE TIERRA Y LIBERTAD

POR EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

FUERA BASES MILITARES EN CHIAPAS
ALTO A LAS AGRESIONES PARAMILITARES DE LA ORCAO Y MULT EN TERRITORIOS

INDÍGENAS.
ALTO A LAS PROVOCACIONES DE LAS FUERZAS REPRESIVAS DEL ESTADO EN TODO EL PAÍS.

NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS

radio
Organización Vineketik en Resistencia

Denuncia pública de nuestro compañero preso en lucha Marcelino Ruíz Gómez ante la posibilidad de que le fabriquen un delito

CERSS No 10
Comitán, Chiapas, México

Denuncia pública
Organización Vineketik en Resistencia adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN.

A la opinión pública
A los medios de comunicación
A la Sexta nacional e internacional
A los defensores de derechos humanos ONG’S
A la Red contra la Represión y por la Solidaridad
Al pueblo de México y del mundo

El día de hoy martes 26 de enero del 2021 a las 7:30 de la noche me llamaron para entrevistarme con el jurídico de la tarde de nombre Walter para notificarme una demanda por agravio de un personal sin mencionar el nombre de dicho personal, pero el día de ayer lunes aproximadamente a la 1 de la tarde solicite un garrafón de agua al personal y custodio en turno de nombre José Luis alias El Rambo no ande en ese momento me ignoró y le dije que me haga favor se lo pedí con respeto y le dije que es un derecho, al darle el garrafón vacío y si me dieron el agua pero el día de hoy se me notificó de una denuncia en agravio de un personal esto es una vez más de las estrategias del gobierno para que fabricar delitos cómo es la costumbre de ellos dentro y se me pidió que firmar a dicha demanda el cual yo me negué hacerlo, es por eso que le pido a los derechos humanos Frayba hacia mi persona como física y psicológica.

Atentamente

Marcelino Ruíz Gómez

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