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Pueblos Indígenas

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COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA / CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

(Español) Denuncia de la Comisión de Coordinación y seguimiento del CNI-CIG por la agresión a la comunidad de San Lucas Atoyaquillo, Oaxaca

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A los pueblos de México y del mundo,
A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,
A la Sexta Nacional e Internacional,
A los medios de comunicación nacionales e internacionales.

Denunciamos con rabia que desde las 16:00 horas de hoy viernes 12 de mayo de 2023, miembros de la comunidad de San Lucas Atoyaquillo, ubicada en el municipio de Santiago Itayutla, Oaxaca, México; están siendo agredidos con armas de fuego de grueso calibre por policias municipales y grupos armados del municipio de Santa Cruz Zenzontepec.

El problema deriva de un conflicto de límites entre el municipio de Santa Cruz Zenzontepec y el ejido de San Lucas Atoyaquillo, mismo que hasta la fecha no ha sido resuelto. Por ello, este día, los integrantes del ejido de San Lucas Atoyaquillo realizaron trabajos técnicos en la idea de resolver dicho conflicto, acompañados por el ingeniero y compañero Cristian Chávez González, quien además es miembro de la comisión de coordinación y seguimiento del Congreso Nacional Indígena. Denunciamos que estando realizando dichos trabajos de forma pacífica, dio inicio la violenta agresión antes referida.

Ante el ataque armado iniciado desde las 16:00 horas, la comunidad se replegó en la localidad de Corral de Piedra dentro de los bienes ejidales de San Lucas Atoyaquillo, sin embargo, los grupos armados cercaron el pueblo y desde ahí disparan permanentemente a la población. Se teme que los grupos armados avancen hacia el pueblo.

También denunciamos que siendo las 21:00 horas del 12 de mayo se registra la desaparición de Erineo Sánchez Ruíz e Isaak Juárez y de igual forma se constata que un policía municipal de Santiago Itayutla resultó herido.

Exigimos un alto a la agresión armada en contra de los miembros de la comunidad de San Lucas Atoyaquillo y del mismo modo exigimos la inmediata intervención de los gobiernos federal y del estado para frenar esta agresión o futuras acciones violentas en la región y para desarticular los intereses caciquiles que puedan estar detrás de estos violentos acontecimientos.

Atentamente
México, 12 de mayo de 2023.
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Más Un México Sin Nosotros
COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA / CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

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RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

(Español) A 13 años no llega la justicia para Bety Cariño y Jyri Jaakkola

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Hace unos dias se cumplieron 13 años del cobarde asesinato de nuestra querida compañera Bety Cariño, fundadora de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) y directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajamos Unidos (CACTUS); y de Jyri Jaakkola, observador internacional proveniente de Finlandia. El 27 de abril de 2010. Bety y Jyri fueron emboscados en la caravana pacifica de ayuda humanitaria que se dirigia al Municipio Autónomo Triqui de San Juan Copala llevando medicinas y alimento para la comunidad indigena sitiada por paramilitares apoyados por el gobierno.

Bety era una mujer muy comprometida con los pueblos en resistencia y siempre luchó por los derechos de las mujeres indigenas. la soberania alimentaria, la defensa del agua, contra el modelo extractivo con sus proyectos de muerte que se imponen en las comunidades, y por defender el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas.

Es grande la indignación que genera el grado de impunidad con que operan los grupos paramilitares que apoyan a las empresas en complicidad con los gobiemos que pretenden despojar de los territorios a las comunidades indigenas, lo que nos muestra la realidad que enfrentan las y los defensores del territorio en todo el país.

Desde REMA, expresamos muestra rabia y preocupación por la impunidad que sigue prevaleciendo. la falta de voluntad política para esclarecer los ataques, y la clara protección a los perpetradores del crimen y apostar por el olvido. Lo que nunca pasará.

Enviamos un fuerte abrazo a las familias de Bety y Jyri y exigimos al gobiemo federal y estatal de Oaxaca que dejen de ser omisos y simular la aplicación de la justicia, encerrando y luego liberando a los paramilitares responsables del ataque. ¡Ya Basta! Exigimos la detención y castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos asesinatos que arrebataron la vida a Bety y Jyri.

¡DEMANDAMOS JUSTICIA PARA BETY CARIÑO Y JYRI JAAKKOLA!

¡NI PERDÓN NI OLVIDO!

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

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fidencioaldama.org

Mi nombre es Fidencio Aldama Pérez. Me uno en solidaridad con mi compañero Miguel Peralta que siendo preso por casi cinco años, tras un engorroso y dilatado proceso, se logró su libertad, al quedar demostrado jurídicamente que no existe una sola prueba para inculparlo. Misma situación por la que desde hace ocho años, aún se encuentran presos sin ninguna sentencia seis compañeros y catorce más perseguidos por supuesta “justicia”. O más bien por la manipulación de ciertas personas las que hacen un abuso de su poder. El 4 de marzo de 2022, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca revocó su sentencia de libertad tirando una orden de reaprehensión y queriendo imponer una nueva sentencia de medio siglo, es decir cincuenta años. Ante esta condena y persecución política, me hago solidario a este caso, haciendo un llamado en contra la injusticia que está apareciendo a mi compañero Miguel Peralta. Un caso similar al mío. Porque defendemos nuestro territorio y nuestra autodeterminación, y nuestros usos y costumbres, nos encarcelen injustamente por la intervención del poderío y ligado con ello la participación de corrupción, para intimidarnos para así ellos los aliados de dinero salir y cumplir con su objetivo. Pero seguimos manteniéndonos en la lucha por la libre autodeterminación sobre todo de nuestros usos y costumbres. Hagamos un llamado de acción por la libertad para exigir el amparo interpuesto ante este proceso, para que realmente trabajan como se deben trabajar. Compañero Miguel Peralta, ¡ni perseguido, ni condenado! Libertad a Fidencio Aldama

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Mi nombre es Fidencio Aldama Pérez. Me uno en solidaridad con mi compañero Miguel Peralta que siendo preso por casi cinco años, tras un engorroso y dilatado proceso, se logró su libertad, al quedar demostrado jurídicamente que no existe una sola prueba para inculparlo. Misma situación por la que desde hace ocho años, aún se encuentran presos sin ninguna sentencia seis compañeros y catorce más perseguidos por supuesta “justicia”. O más bien por la manipulación de ciertas personas las que hacen un abuso de su poder.

El 4 de marzo de 2022, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca revocó su sentencia de libertad tirando una orden de reaprehensión y queriendo imponer una nueva sentencia de medio siglo, es decir cincuenta años.

Ante esta condena y persecución política, me hago solidario a este caso, haciendo un llamado en contra la injusticia que está apareciendo a mi compañero Miguel Peralta. Un caso similar al mío. Porque defendemos nuestro territorio y nuestra autodeterminación, y nuestros usos y costumbres, nos encarcelen injustamente por la intervención del poderío y ligado con ello la participación de corrupción, para intimidarnos para así ellos los aliados de dinero salir y cumplir con su objetivo.

Pero seguimos manteniéndonos en la lucha por la libre autodeterminación sobre todo de nuestros usos y costumbres. Hagamos un llamado de acción por la libertad para exigir el amparo interpuesto ante este proceso, para que realmente trabajan como se deben trabajar.

Compañero Miguel Peralta, ¡ni perseguido, ni condenado!

Libertad a Fidencio Aldama

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Avispa Midia

(Español) Articulan resistencias contra megaproyectos en el sureste mexicano

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Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio
Fotos: Medios libres / El Sur Resiste

La caravana El Sur Resiste 2023, convocada por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y organizaciones aliadas, recorrió zonas afectadas por los megaproyectos del Tren Maya y el Corredor Interoceánico en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Campeche, del 25 de abril al 7 de mayo.

La difusión de campañas informativas traducidas en lenguas indígenas, el mapeo de los megaproyectos, análisis de redes sociales, encuentros nacionales para las juventudes y una movilización internacional, fueron los acuerdos a los que llegó la asamblea de la caravana, tras la culminación de las actividades.

El 5, 6 y 7 de mayo, se efectuó el Encuentro Interno y el Internacional en el Centro Indígena de Capacitación Integral (Cideci) en San Cristóbal de Las Casas. De la primera reunión surgieron acuerdos con las comunidades articuladas.

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Caravana y Encuentro internacional El Sur Resiste

(Español) PRONUNCIAMIENTO DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL EL SUR RESISTE “Capitalismo corporativo mundial, Patriarcado planetario, Autonomías en rebeldía”

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CIDECI-UNITIERRA / CARACOL JACINTO CANEK 7 de mayo 2023.

A la Comandancia General del EZLN:
Al Congreso Nacional Indígena:
Al Concejo Indígena de Gobierno:
A las organizaciones nacionales e internacionales que luchan y resisten:
A los medios de comunicación libres, alternativos, independientes o como se llamen:
A los pueblos de México y el mundo:

Escucha aquí: (Descarga aquí)  

Desde el Corazón de la tierra donde nació, creció y se reproduce la digna rabia, los pueblos rebeldes de las geografías del Sur Sureste que caminamos la caravana El Sur Resiste 2023, pueblos binnizá, Ayuuk, Nahua, Nuntajiyi (Nuntajuyi), Maya, Chol, Zoque, Tzeltal, Tojolabal, Tsotsil y mestizos, convocados por diversas organizaciones de esta geografía y por el Congreso Nacional Indígena, recorrimos los territorios afectados por los megaproyectos militares interconectados, Tren mal llamado Maya y el Corredor Interoceánico. Llegamos al territorio zapatista del CIDECI-UNITIERRA / Caracol Jacinto Canek en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde nos reunimos con muchos otros pueblos y organizaciones de los pueblos originarios y las zonas urbanas del sur sureste del país y de otras muchas regiones de nuestra Madre Tierra para compartir los dolores, esperanzas y estrategias de articulación, aprender de las luchas de otras geografías y seguir tejiendo redes solidarias de resistencia y rebeldía planetaria.

Del 25 de abril al 4 de mayo, los integrantes de la Caravana El Sur Resiste viajamos por comunidades y pueblos de ocho Estados de la República Mexicana; partiendo de la comunidad de El Progreso, municipio de Pijijiapan, con una escala en Tonalá, recorrimos la costa de Chiapas y cruzamos el Istmo de Tehuantepec, desde la comunidad Binniza en resistencia de Puente Madera, municipio de San Blas Atempa, pasando por el campamento rebelde “Tierra y Libertad” en el paraje de la comunidad Aayuuk de Mogoñe Viejo, municipio de San Juan Guichicovi ambas comunidades del estado de Oaxaca y llegando a la comunidad nahua de Oteapan en el Sur de Veracruz. De ahí, emprendimos el recorrido rumbo a los territorios mayas de la península de Yucatán, atravesando el Estado de Tabasco por Villahermosa y la comunidad costera de El Bosque devorada por el mar por efecto del calentamiento global, llegando a Candelaria, Campeche, y siguiendo la ruta hasta la comunidad de Zakí, hoy nombrada Valladolid en Yucatán y la comunidad de Noj Kaaj Santa Cruz, hoy Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo, regresando por Xpujil nuevamente en territorio campechano para regresar a Chiapas y encontrarnos con los pueblos zoque, chol, tsotsil, tojolabal y tzeltal, con una parada en Palenque, cruzando la región de los Altos para llegar a nuestro destino final, Jovel, hoy San Cristóbal de las Casas.

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Avispa Midia

(Español) En Guatemala, pueblos ixiles conmemoran 10 años de sentencia por genocidio contra Ríos Montt

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes
En portada: Pueblos ixiles se movilizan para conmemorar una década de la sentencia condenatoria por genocidio contra el dictador Efraín Ríos Montt. Foto: Festivales Solidarios

Pueblos originarios y organizaciones sociales de Guatemala conmemoran este miércoles (10) el décimo aniversario de la sentencia por genocidio dictada contra el general y dictador Efraín Ríos Montt, a quien la jueza Jazmín Barrios condenó a 80 años de prisión por el asesinato de 1,771 mayas ixiles del norte del país centroamericano entre 1982 y 1983.

En la Ciudad de Guatemala, esta mañana se realizó una ceremonia maya con la participación de diferentes organizaciones y sobrevivientes del conflicto armado interno que se desarrolló desde 1960 hasta 1996. “Es conmovedor recordar que se condenó a un general con tanto poder, pese a que la Justicia no está a favor de las víctimas”, declaró a medios internacionales Juan Pérez Cerillo, sobreviviente del genocidio originario de la comunidad ixil de Nebaj.

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Avispa Midia

(Español) Defensores tzeltales son condenados por protestar contra cuartel de la Guardia Nacional

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

Agustín López Martínez, juez de Enjuiciamiento del distrito de Ocosingo, Chiapas, dictó sentencia condenatoria por el delito de motín contra César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, mayas tzeltales del municipio de Chilón, quienes fueron detenidos arbitrariamente durante su participación en una manifestación pacífica donde comunidades de la región exigían detener la construcción de una base de la Guardia Nacional (GN) en el ejido de San Sebastián Bachajón.

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Fue durante la protesta del 5 de octubre del 2020, cuando policías estatales reprimieron violentamente la manifestación de los tzeltales, quienes argumentan que la edificación del cuartel nunca fue consultada con la población. La represión dejó un saldo de 11 heridos, así como la detención de César y José, quienes fueron incomunicados por dos días y trasladados al Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) de Ocosingo, donde fueron torturados.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba) lamentó la sentencia pues argumenta que, durante las audiencias del juicio oral, “se logró demostrar la falta de elementos sólidos para acreditar el delito de motín por el que la Fiscalía del Estado de Chiapas les ha acusado desde 2020”.

Mediante comunicado, la organización de derechos humanos acusó de otras irregularidades, tales como que los testigos presentados no acreditaron pertenecer al cuerpo de policía estatal ni su participación durante los hechos de la protesta del 15 de octubre de 2020. También sostuvo que los peritos y legislas expertos de la Fiscalía no pudieron comprobar los testimonios de los policías que acusaban a los defensores comunitarios. Además, enfatiza la gravedad de que la Fiscalía ignoró las denuncias de tortura realizadas por policías estatales contra los dos defensores.

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El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), así como la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), también criticó la sentencia pues señaló que “criminaliza la defensa de la tierra y el territorio en detrimento de los derechos a la autonomía y autodeterminación de los pueblos originarios”. Las organizaciones exigieron a las autoridades de Chiapas un alto en la criminalización de los defensores.

Irregularidades

Tras su detención y tortura, César y José Luis fueron trasladados al CERSS 14, conocido como El Amate, ubicado en el municipio de Cintalapa. Ahí permanecieron recluidos durante 17 días, hasta que un juez les concedió libertad condicional, con la cual fueron obligados, durante dos años, a trasladarse cada ciertos días hasta Ocosingo, a horas de distancia de su residencia, para firmar y mantener el proceso fuera de la cárcel.

Los defensores señalan que, derivado de ello, su tejido familiar ha sido roto; además del daño a su persona y familiares, también implicaba un fuerte gasto económico para desplazarse hasta esa ciudad en el oriente del estado. Ahora, con la sentencia condenatoria, los defensores, integrantes del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), fueron obligados a pagar una multa para evitar su reingreso al reclusorio.

Megaproyectos

Actualmente, organizaciones como el Modevite, que cuenta con una estructura de gobierno comunitario en Chilón, se mantienen firmes contra otros proyectos impulsados por los tres niveles de gobierno que pretenden la instalación de infraestructura como la denominada Carretera de las Culturas, un trazo carretero que conectaría desde el municipio de Pijijiapan, en la costa pacífico, hasta el norte del estado, en la ciudad de Palenque, donde se enlazaría al proyecto del “Tren Maya”.

En este caso, habitantes del municipio de San Juan Cancuc, quienes se han movilizado durante años para detener la construcción de la carretera, también han sido objeto de criminalización, como lo demuestra la actual detención de cinco tzeltales, acusados sin pruebas, del homicidio de un policía municipal.

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Ante esta situación, organizaciones sociales han mostrado su preocupación por la proliferación de cuarteles de la GN, un cuerpo de seguridad militarizado, que ha proyectado más de una veintena de bases operativas en Chiapas.

“No se justificaba la presencia de una institución de corte militarizado en la zona porque los índices criminales son muy bajos. Y además, no se comunicó debidamente a la población y no se consultó de manera previa”, explica César Contreras del Centro Prodh, organización que promovió una demanda de amparo contra la construcción del cuartel en Chilón.

Para enero del 2021, el recurso obtuvo la suspensión definitiva con el argumento de que detener la construcción evitaría el riesgo de que se consolidara un daño irremediable a los derechos colectivos de las comunidades tzeltales. Según ejidatarios de Chilón, el amparo, aún pendiente de resolución definitiva, consiguió detener la inauguración del cuartel de la GN, el cual ya se encuentra finalizado pero sin operación.

Por su parte, el equipo legal del Frayba, quien acompaña la defensa de César y José Luis, explicó que recurrirán la sentencia y volverán a presentar denuncias por tortura contra los tzeltales.

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Avispa Midia

(Español) En El Salvador, campesinos acusan inseguridad alimentaria y devastación ambiental en construcción de nuevo aeropuerto

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Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Familias de Condadillo y Flor de Mangle denuncian la devastación de sus parcelas debido a las obras para la construcción de la nueva terminal aérea.

Desde el pasado 8 de febrero, las comunidades de Condadillo y Flor de Mangle, en el pacífico salvadoreño, han sufrido la invasión de sus parcelas por parte de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y la empresa guatemalteca Rodio Swissboring, quienes con el argumento de realizar estudios de suelo para la construcción del Aeropuerto del Pacífico han causado estragos en los medios de subsistencia de los campesinos y el medioambiente.

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Mediante conferencia de prensa realizada el pasado viernes (28), las y los campesinos acusaron que el órgano gubernamental y la empresa iniciaron las excavaciones en las parcelas agrícolas, sin contar con los permisos requeridos, con profundidades de hasta 13 metros, afectando con ello sus medios de subsistencia. Además, señalaron la tala de árboles, desviación del cause natural de las fuentes de agua, compactación del suelo y contaminación sonora, afectando con ello a la fauna del bosque adyacente al manglar El Tamarindo, un área natural protegida.

Destrucción del bosque de Condadillo. Foto: MILPA

“El Aeropuerto del Pacífico estará abarcando más de 530 manzanas de terreno, donde más del 50% por ciento será impermeabilizado; afectando la capacidad de captación hídrica de la cuenca hidrográfica Sirama ubicada en la Franja Costera Marina de Usulután, San Miguel y La Unión, territorio que también forma parte del Corredor Seco Centroamericano”, sostiene Ángel Flores, integrante del Movimiento Indígena para la Integración de Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA).

En entrevista, Flores denuncia la afectación por las mega excavaciones en el bosque de la comunidad de Condadillo y en las proximidades del principal río de la comunidad. Protegido por sus habitantes, dicha área posee manantiales, riachuelos y alberga árboles de gran tamaño como las Ceibas que sirven de santuario a una diversidad de fauna propia del territorio, así como aves migratorias que visitan el estero de El Tamarindo.

Entre las violaciones cometidas contra los derechos de las comunidades, Flores enumera el derecho al agua; la falta de consulta libre, previa e informada así como el irrespeto a tratados internacionales como el Convenio Ramsar, el cual enlista el ecosistema de manglares de la región dentro de las áreas prioritarias para su conservación a nivel global.

Inseguridad alimentaria

Además de la devastación ambiental, los campesinos acusan que las obras han aumentado la inseguridad alimentaria y el hambre en la región. Flores explica que, desde octubre del 2022, funcionarios de CEPA comenzaron hostigamientos contra la población, quienes en aquel momento habían definido su rechazo a vender sus tierras para el megaproyecto.

“Hubo un proceso de intimidación donde las personas se les amenazó con que iban a ser denunciados en la Fiscalía y les iban a quitar las tierras”, detalla Flores. Mediante la estrategia, consiguieron la firma de decenas de campesinos, quienes ante el temor de ser despojados aceptaron las condiciones del gobierno salvadoreño para recibir una indemnización.

A pesar de que el plazo para el pago por sus tierras se planeó a más tardar el mes de abril del 2023, las y los campesinos acusan que el Estado no cumplió con su promesa. Esta situación se suma a las amenazas que los pobladores han vivido desde 2021, cuando ante el anuncio de la construcción de la nueva terminal aérea, funcionarios de CEPA les prohibieron realizar trabajos agrícolas. Las y los campesinos acusaron pérdidas que ascienden a más de 540 mil dólares, debido a que desde hace dos años ya no producen cultivos como sandía, granos básicos, chile y tomate que destinan tanto para el autoconsumo como para proveer a los mercados de La Unión y San Miguel.

Familias de Condadillo e integrantes de MILPA durante conferencia de prensa realizada el 28 de marzo del 2023.

“Son más de 225 familias campesinas afectadas directamente; además de los trabajadores agrícolas que se empleaban en la producción y cosecha agrícola en ambas comunidades”, sostiene Flores, quien prevé que la situación se agravará debido a los estragos de las parcelas por parte de las obras, además de que los campesinos no cuentan con recursos monetarios para retomar su producción.

Édgar Hernández, uno de los agricultores de la zona, afirmó que las familias se están quedando sin los granos básicos que habían guardado desde el año pasado y, al no cultivar, no tendrán más alimentos. “No nos vemos en la seguridad de sembrar acá, las constructoras ya andan haciendo sus trabajos en la zona, pedimos que nos den un sitio para poder sembrar”, reclamó.

Inversiones

Los pobladores señalan que funcionarios del Estado no han compartido ninguna información sobre las obras, ni de las empresas responsables de las mismas. Fue derivado de las interacciones con algunos trabajadores, que los campesinos se enteraron del involucramiento de la empresa guatemalteca.

Según Flores, Rodio Swissboring es una empresa que ha mantenido una relación estrecha con el gobierno de El Salvador, sin importar si el partido en el poder era de derecha o de izquierda. “En el gobierno actual, de Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, se le está adjudicando diferentes megaobras. En el departamento de San Miguel se está concluyendo un bypass (paso a desnivel), que abarca prácticamente toda la ciudad”.

El problema, señala el integrante de MILPA, es que, durante el proceso de esta megaobra, Rodio Swissboring intervino sin contar con los permisos necesarios y violentando a los habitantes. “Ya están concluyendo (las obras) y las familias que fueron afectadas ahí, que han sido desplazadas, ya llevan ya dos años y no han recibido ningún pago (…) eso deja un mal antecedente, por lo cual se cree que en Condadillo y Flor de Mangle pretende hacer lo mismo”, acusa Flores, quien enfatiza que es la misma empresa que estará a cargo de la construcción del Tren el Pacífico, megaobra que conectará con otras redes de trenes entre Guatemala y México.

Otro punto es la sospecha de que exista financiamiento de China en las obras de la nueva terminal aérea. Según testimonios de las y los campesinos, señalan la presencia de personas de origen asiático durante las excavaciones. “Se han hecho presentes acá… (China) también está financiando algunas obras públicas del gobierno, como el caso del polideportivo de la Universidad de San Salvador. Aquí ha habido financiamiento, pero no se tiene nada oficial, el gobierno ha sido muy hermético y todo se basa a partir de lo que la población ha ido percibiendo”, sostiene Flores.

Los habitantes de la región señalan que la organización contra las obras se ha dificultado por la aprobación por parte de la Asamblea salvadoreña, durante más de un año, de un estado de excepción que restringe derechos constitucionales. “Eso también ha servido para inmovilizar aquí a los habitantes (…) Eso ha generado cierto temor también a ser capturado, porque en nuestro país se ha capturado personas sin tener ningún tipo de vinculación con estructura terrorista o de pandillas”, acusa Flores.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Se dicta sentencia condenatoria en el proceso penal en contra de José Luis y César por defender su territorio de la militarización

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e dicta sentencia condenatoria en el proceso penal en contra de José Luis y César por defender su territorio de la militarización

  • El 03 de mayo de 2023 el Juez Agustín López Martínez, Juez de Enjuiciamiento de le Región Tres del Distrito Judicial de Ocosingo, dictó sentencia que condena a 2 años de prisión a los defensores del territorio tseltal del municipio de Chilón.
  • El Poder Judicial del Estado de Chiapas se suma a la criminalización a defensores comunitarios de derechos humanos.

 

El 15 de octubre de 2020 durante las acciones de manifestación pacífica ante la construcción del cuartel de la Guardia Nacional en el territorio comunitario de San Sebastián Bachajón, César Hernández Feliciano (César) y José Luis Gutiérrez Hernández (José Luis) mayas tseltales del pueblo de Chilón y defensores de derechos humanos, fueron reprimidos por policías estatales, así como torturados e incomunicados; 11 personas más resultaron heridas.

El pasado 24 de abril de 2023 inició el juicio oral de José Luis y César, defensores del territorio, durante el desarrollo de las distintas audiencias se logró demostrar la falta de elementos sólidos para acreditar el delito de motín por el que la Fiscalía del Estado de Chiapas les ha acusado desde 2020; los testigos presentados no acreditaron pertenecer al cuerpo de Policía Estatal ni su participación durante los hechos de la protesta del día 15 de octubre de 2020 cuando los Ejidos de San Sebastián Bachajón y San Jerónimo Bachajón se opusieron a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio indígena sin que hayan sido consultados previamente. De igual manera, la Fiscalía no demostró la calidad de peritos y legistas expertos en su materia dentro de la investigación que sostenían el dicho de los elementos que acusaban a los defensores comunitarios.

Las organizaciones firmantes nos solidarizamos y lamentamos la decisión del juez Agustín López Martínez, Juez de Enjuiciamiento de le Región Tres, del Distrito Judicial de Ocosingo, de haber dictado una sentencia condenatoria de 2 años que criminaliza la defensa de la tierra y el territorio en detrimento de los derechos a la autonomía y autodeterminación de los pueblos originarios. Hacemos un llamado al Gobierno del estado de Chiapas a detener la criminalización y judicialización  de las personas defensoras de derechos humanos y de la vida.

 

Contactos Frayba

Dora Roblero, Dirección Frayba: +52 967 134 0759;

Equipo Regional Zona Norte: +52 967 141 0420

       
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Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo UCIZONI y Campamento Tierra y Libertad

(Español) Carta abierta al presidente Andrés Manuel López Obrador: UCIZONI

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Señor Presidente:

Por este medio le damos nuestra palabra para decirle que: en la ejecución del megaproyecto Corredor Interoceanico del Istmo de Tehuantepec, desde marzo de 2019 y hasta esta fecha se han venido violando de manera constante los derechos de los pueblos indígenas. Ejemplo de ello fue la gran cantidad de irregularidades que caracterizaron a las consultas indígenas, siendo por ello meras simulaciónes. Hemos venido denunciando que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se ha venido imponiendo a través del engaño y la violencia. Se ha criminalizado a los pueblos que se oponen al proyecto; la represion judicial es un claro ejemplo de lo que aquí señalamos, por lo que al menos 47 autoridades locales y defensores comunitarios de los ejidos Mixes de Paso Real, Estación Sarabia, Mogoñe Estación y más recientemente a hombres y mujeres mixes de Mogoñe Viejo, así como de otras comunidades istmeñas han sufrido y sufren persecución judicial.

Señor presidente Andrés Manuel López Obrador no se puede justificar la agresion policiaco militar, no se pueden defender los violentos desalojos ocurridos el 21 de marzo y 28 de abril en contra de ejidatarios y ejidatarias mixes de Mogoñe Viejo, Guichicovi Oaxaca. Señor Presidente, la lucha de los pueblos no debe ser descalificada ya que es falso que sea un reclamo económico de una familia, y que existan líderes nylon. La lucha del pueblo de Mogoñe Viejo ha sido y es encabezada por la autoridad comunitaria que atiende el mandato de la asamblea. Por ello desmentimos sus declaraciones, y más que justificar la represión le solicitamos que usted atienda la demanda y reclamos de los pueblos. No es reprimiendo y dividiendo a los pueblos como se construirán un presente y un futuro justo para nuestras comunidades, las cuales son las dueñas históricas de las tierras del Istmo de Tehuantepec. No lo olvide usted.

Atentamente.

Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo UCIZONI y Campamento Tierra y Libertad.

A 5 de mayo 2023.

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