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Alto a la criminalización de la protesta social contra estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumatzá”


Foto: del Twitter de Gabriela Coutiño

• Riesgo de vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa.
• El Estado mexicano debe garantizar el acceso a la educación.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha recibido información por parte de las alumnas y alumnos de la Escuela Normal Rural “Mactumatzá” y sus familiares, que el 18 de mayo de 2021, se encontraban repartiendo volantes a la altura de la caseta de cobro de la carretera Chiapa de Corzo – San Cristóbal de Las Casas, cuando policías de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, efectuaron un operativo de desalojo con uso excesivo de la fuerza pública. Este mismo hecho se repitió en el tramo conocido como La Pochota y en el Libramiento Norte Poniente en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez. En el operativo fueron detenidos 74 mujeres y 21 hombres, quienes fueron trasladados a la Fiscal General del Estado (FGE).

En la FGE se les impidió la comunicación con sus familiares. Fue hasta el día 19 de mayo de 2021, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos en compañía de sus familiares tuvieron acceso y documentaron de las lesiones de los estudiantes, durante la privación arbitraria de la libertad y en su permanencia en la FGE, posteriormente no se les permitió volver a verlos. Durante la noche de este mismo día fueron trasladados al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados No. 14, El Amate, sin que los familiares recibieran información sobre la situación jurídica de los estudiantes.

Posterior a la detención se instaló una mesa dialogo con la Secretaría General de Gobierno quienes han condicionado la libertad de las y los alumnos a cambio de no volver a realizar ninguna manifestación ni emitir crítica al gobierno.

Desde hace varios días, las alumnas y alumnos han realizando diversas movilizaciones en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, exigiendo demandas educativas, entre ellas que el examen de ingreso se realice de manera presencial y no vía internet, cumpliendo con las normas sanitarias frente a la pandemia, debido a que la mayoría de los aspirantes provienen de comunidades rurales sin acceso a equipo de computo e internet.

El Frayba manifiesta su preocupación debido al uso excesivo de la fuerza pública y la aplicación de diversos delitos como Motín, Pandillerismo, Robo con Violencia, Daños y Ataques a la Vías de Comunicación para criminalizar el derecho a la libertad de manifestación. Recordamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado su preocupación por el uso del derecho penal como mecanismo de criminalización de la libre manifestación, señalando además que los cortes de ruta, el copamiento del espacio público, e incluso los disturbios que se puedan presentar en las protestas sociales, pueden generar molestias o incluso daños que es necesario prevenir y reparar. Sin embargo, los límites desproporcionados de la protesta, en particular cuando se trata de grupos que no tienen otra forma de expresarse públicamente, comprometen seriamente el derecho a la libertad de expresión.1

Las y los alumnos detenidos se encuentran en espera de la audiencia de vinculación a proceso, en donde el Juez determinará si existen elementos para someterlos a un proceso penal corriendo el riesgo de la prisión preventiva oficiosa que los mantenga privados ilegalmente de la libertad, por lo que exigimos al poder judicial del estado la liberación inmediata de los estudiantes a fin de que no se continúe criminalizando su ejercicio a la libre manifestación.

Exigimos además al Estado mexicano garantizar la vida, integridad y seguridad personal de las 74 mujeres y 21 hombres estudiantes detenidos y se investigue las violaciones a derechos humanos cometidas en su contra.

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para que firmen esta acción urgente disponible en la página www.frayba.org.mx y escriban a las autoridades mexicanas a fin de evitar violaciones a derechos humanos contra los estudiantes.

Alto a la criminalización de la protesta social contra estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumatzá”

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
20 de mayo de 2021
Acción urgente No. 5

Descarga la Acción urgente aquí: Alto a la criminalización de la protesta social contra estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumatzá”

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Criminalización de la lucha en contra de la militarización de la tierra y el territorio en el pueblo Tseltal de Chilón, Chiapas

Los ejidatarios y sus familias tseltales de los ejidos San Jerónimo y San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas, históricamente han sido defensores de su tierra y territorio contra la militarización y los megaproyectos; la incursión militar y establecimiento de bases y cuarteles militares en territorios indígenas a partir del levantamiento armado en 1994 trajo consigo un despojo territorial. Como ofensiva por parte del Estado mexicano para desarticular el movimiento y la organización sociocomunitaria del pueblo tseltal de Bachajón, municipio de Chilón, enfrentó los efectos negativos de la presencia militar en su territorio como la prostitución, el consumo de drogas, aumento del alcoholismo y la división comunitaria que se acentuó con el tiempo. Con base en su experiencia en la defensa de su territorio así como de su cultura comenzó de nueva cuenta una lucha en contra de nuevas formas de invasión y militarización territorial, como lo es la construcción del Cuartel General de la Guardia Nacional en la comunidad de Juculton, lo cual se hizo en contravención a los derechos colectivos de los pueblos indígenas a la consulta y a lo no militarización de su territorio.

De acuerdo a los estándares internacionales en materia de protección de los derechos de los Pueblos Indígenas, la implementación de cualquier tipo de proyecto ya sea por parte del Estado o de particulares, tiene como obligación el efectuar una consulta con la finalidad de que los pueblos den su consentimiento de manera libre e informada. La forma organizativa de los pueblos originarios, tiene como base a su autoridad máxima la Asamblea, misma que está prevista por las leyes mexicanas. Sin embargo, autoridades de los tres niveles de gobierno omitieron su responsabilidad puesto que no generaron los mecanismos necesarios para la realización de una consulta, libre previa e informada y con ello, recoger el consentimiento del pueblo tseltal de Chilón sobre la construcción de una de las bases de la Guardia Nacional previstas en la actual administración en el estado de Chiapas.

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Padre Marcelo Pérez Pérez: La misión de la Iglesia es ser “abogada de la justicia y defensora de los pobres”

La misión de la Iglesia es ser “abogada de la justicia y defensora de los pobres” DA 395 y no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia” DA385, así afirman los obispos de Americalatina.

Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras de todo el mundo, hoy 18 de mayo 2021, doy mi palabra como Sacerdote Indígena, Marcelo Pérez Pérez, coordinador de la Pastoral social de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas.

Así como es de conocimiento público, el 15 de octubre del 2020, los ejidatarios del municipio de Chilón: San Gerónimo y San Sebastián, a las 10 de la mañana en Crucero Temo municipio de Chilón se estaban formando para una manifestación pacífica con el objetivo de exigir la no intervención en la elección de sus autoridades de sus ejidos el Presidente de Chilón Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo ahora candidato para la presidencia municipal de Chilón por el partido MORENA.

Como respuesta del Sr. Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo fue la represión brutal y criminalización; en esa represión fueron detenidos José Luis Gutiérrez Hernández y Cesar Hernández Feliciano.

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Denuncia de los ejidatarios y ejidatarias de San Jerónimo Bachajón y de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas

A nuestros hermanos y hermanas tseltales de Chilón
A los Pueblos Originarios de México y el Mundo
A las organizaciones Sociales
A los Defensores de derechos humanos nacional e internacional
A los medios de comunicación

Los ejidatarios y ejedatarias de San Jerónimo Bachajón y de San Sebastián Bachajón nos dirigimos a ustedes para denunciar lo siguiente:

En el año 2019 sufrimos como pueblo la imposición de un comisariado nombrado por el actual presidente municipal de Chilón Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo, no respetando nuestras formas propias de elegir nuestras autoridades agrarias.

El día 15 de octubre 2020, nos manifestamos en el crucero Temó en contra de la construcción del cuartel de la Guardia Nacional y por la exigencia del reconocimiento de nuestras autoridades agrarias. Como a las 10 de la mañana la policía municipal de Chilón, la Policía Estatal con apoyo de la Guardia Nacional empezaron a agredirnos con piedras, palos gases lacrimógenos, todos ellos estaban armados, golpeando a los ejidatarios, ejidatarias y vehículos, causando lesiones, daños materiales y la detención arbitraria de José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano.

Nuestros compañeros fueron detenidos y torturados, luego llevados a la comandancia de la policía de Ocosingo. Después los trasladaron al Centro de reinserción social de sentenciados del mismo Ocosingo. El día 17 de octubre por la mañana sin ninguna explicación fueron trasladados como delincuentes al Amate.

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Organización Vineketik en Resistencia

Comunicado de nuestro compañero indígena preso en lucha Marcelino Ruiz saludando a la Gira Zapatista, » Y desde este rinconcito les decimos que no están solxs ni van solxs que los vamos acompañando».

CERSS No 10

Comitán Chiapas México

Comunicado de los presos indígenas en lucha
Organización Vineketik en Resistencia adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Acanalador del EZLN

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
A la sociedad civil nacional e internacional
A la Sexta nacional e internacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Consejo Indígena de Gobierno
A los medios de comunicación
Al Pueblo Creyente
Al pueblo de México y del mundo

En esta Gira de nuestrxs hermanxs hacia Europa para llevar y compartir las semillas. Semillas de resistencia y por la vida, para sembrar paz, amor y dignidad de nuestros pueblos. Para compartir nuestro mundo con otros mundos del mismo lenguaje e historia mutuas de resistencia y digna rebeldía, donde las palabras son de esperanza y luz, para alumbrar los caminos para un solo caminar, que llevan nuestros corazones es decir nuestros pensamientos y sentimientos.
Y desde este rinconcito les decimos que no están solxs ni van solxs que los vamos acompañando.

¡Viva el EZLN!

Atentamente

Marcelino Ruiz Gómez

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FrayBa

Llamado por la Paz para todas y todos, ante la violencia en Venustiano Carranza y otros lugares de Chiapas, por todos los pueblos que sufren y luchan

«Como Pueblo Creyente les invitamos a Unirse a las Jornadas de Oración del 16 al 30 de mayo, para pedir por que encontremos caminos de diálogo y reconciliación que nos lleven a la paz con justicia y dignidad.»

 

Lee la palabra aquí: Pueblo Creyente, llamado a la Paz https://frayba.org.mx/wp-content/uploads/2021/05/comunicado-PC-mayo-2021.pdf

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Avispa Mídia

Lo qué está en juego con la reglamentación de la Consulta Indígena en México

Por Renata Bessi | Avispa Mídia

La Cámara de Diputados aprobó el pasado 20 de abril el dictamen que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, el cual fue enviado al senado para ser discutido y aprobado. La ley debe ser aprobada hasta 30 de agosto de 2021 por el Congreso de la Unión, de acuerdo a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El objetivo, según el propio dictamen, es establecer los principios, normas, instituciones y procedimientos para garantizar el derecho a la consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, expresó la importancia de la aprobación de una ley que “tanta falta hacía a los pueblos indígenas y afromexicanos para que se garantice su derecho a la consulta”.

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A pesar del festejo alrededor de la iniciativa por parte de organizaciones y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “esta aprobación será recordada por los pueblos originarios como un acto de justicia”, definió Regino Montes, movimientos sociales y especialistas alertan sobre las incoherencias y peligros de ser aprobada una ley de consulta.

Para el integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), Miguel Mijangos, la reglamentación involucra actores e intereses que van más allá de la garantía de los derechos de los pueblos. “Es un tema que lleva años siendo impulsado por el propio sistema financiero bancario y por ende manejado por las empresas, los gobiernos”.

A estos sectores les interesa crear mecanismos que den seguridad jurídica a sus megaproyectos. “El capitalismo anda cada vez más enfocado en el modelo extractivo y le urge un mecanismo para seguir validando el despojo”, argumenta.

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Avispa Midia

Colombia | Continúan masacrando manifestantes que están en paro

Por Sare Frabes

Organizaciones de derechos humanos en Colombia han denunciado este martes (4) que “el Estado colombiano declaró guerra armada en contra de las manifestaciones pacíficas” que ocurren en todo país, con epicentro en Cali, desde el 28 de abril. La organización Temblores registró hasta hoy al menos 31 manifestantes muertos, 216 personas víctimas de violencia física, 814 detenciones arbitrarias, 21 víctimas de agresiones oculares y 10 casos de violencia sexual.

“A la gente que está protestando le está tirando a matar. A la gente que está llorando su muerto le está tirando a matar. A la gente que está auxiliando a los heridos le está tirando a matar. A la gente de derechos humanos le está tirando a matar. Al pueblo de Cali le están tirando a matar”, sostuvo un defensor de derechos humanos, durante rueda de prensa en la mañana de este martes (4), para denunciar la brutal represión a los manifestantes de Cali en la noche de ayer (3). 

“Necesitamos denunciar públicamente que ayer en Cali hubo un despliegue de la policía que utilizó armas de fuego y disparó indiscriminadamente contra cientos de manifestantes y además contra los equipos de derechos humanos y de salud. Es necesario rechazar la respuesta militar a la protesta social”, sostuvo uno de los representantes de las organizaciones de derechos humanos.

Linda Criollo

Según ellos, hasta el momento de la conferencia de prensa se desconocía las cifras de heridos, detenidos y muertos después del ataque de la policía en la noche de ayer. “No pudimos hacer nuestro trabajo, tuvimos que protegernos en las casas de vecinos. No hay garantía para el trabajo de derechos humanos en estos momentos.” 

Los defensores relataron que eran más de 30 efectivos de la policía disparando directamente contra las personas. “Exigimos que el Estado en sus distintos niveles asuman la responsabilidad de la masacre que se está perpetrando en Cali.”

Las organizaciones reportaron que hubo ataques a los periodistas que intentaban registrar la operación militar. “La casa donde les estaba dando resguardo también fue impactada”. 

Las ambulancias también han sido blanco de la fuerza policial. “Están tiroteando a las ambulancias. No les están dejando ingresar a recorrer los heridos. Están sacando a los heridos de los hospitales y no sabemos para dónde están llevando estas personas lesionadas”.

Además, informan las organizaciones, que se está organizando grupos de personas civiles para actuar con arma de fuego en contra de los manifestantes. “Hemos visto grupos de personas en camionetas saliendo a atacar a los manifestantes. Y todo eso con la complicidad de las fuerzas del estado”.

El gobierno “en lugar de estar dando solución a los problemas estructurales, su reacción es la represión, la muerte y la criminalización”, sostienen las organizaciones.

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Medios Libres Cali

Colombia | El covid-19 es el menor de los problemas

Por: Medios Libres Cali

En medio del tercer pico de contagios, que agudizó el número de víctimas en Colombia por la pandemia del covid-19, miles de personas están acudiendo a las calles en diversas ciudades del país, desde el 28 de abril. Las protestas siguen, así como la brutal represión del gobierno de Iván Duque.

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¿Cuáles son las razones para que la gente supere el miedo al virus y ocupe las calles en resistencia frente al gobierno más sangriento de Latinoamérica?

El manejo corrupto y negligente del gobierno Duque a la crisis generada por covid-19, tiene al país en una curva de empobrecimiento que asciende exponencialmente. Si bien, según cifras del gobierno, durante el año 2020 se invirtieron 44.000 millones de pesos en el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y ayudas humanitarias en forma de transferencias económicas. Alrededor de esta gestión siguen habiendo dudas y miles de denuncias de corrupción en el manejo que se le ha dado a ésta política.

Sumado a esto se presenta la negativa del gobierno de Ivan Duque a llevar a cabo el proyecto de Renta Básica, firmado por más de 4.000 personas, entre ellos por lo menos 50 parlamentarios, como alternativa económica para sostener los hogares que más lo necesitan, esos que día a día deben salir a las calles a exponerse ante el virus para sobrevivir. Contrario a esto el salvavidas del gobierno se enfocó en la banca, asegurando la liquidez financiera de los bancos por transferencia directa de dinero que salía del Fondo de Mitigación de Emergencia (FOME), creado a raíz de la pandemia. Lo que algunos expertos aseguraban era que los bancos, solo por la operación de las transferencias de la medida conocida como “Ingreso Solidario” recaudarían por lo menos 24.000 millones de pesos entregados directamente del erario público. “Ingreso Solidario” que, dicho sea de paso, no recibieron a cabalidad las personas que lo necesitaban. Así, incluso durante la pandemia, en Colombia seguimos viendo cómo cada día, el pueblo es más pobre y el rico es más rico.

Esto no es nuevo, desde hace décadas que la clase política conservadora y de derecha se presentan únicamente como los intermediarios entre el país y la economía global hegemónica. Así mismo, de manera sistemática y perpetua, sostienen su posición de intermediarios, exterminando pueblos, saqueando tierras y dominando a las mayorías populares desde la bota militar. Una dictadura solapada, con recursos y armas suficientes para mantener al país encadenado por varias décadas más. Este estallido social y popular no es espontáneo, más bien es la reacción a años y años de dominación e injusticia.

Sin embargo, el detonante más visible para las movilizaciones de abril en Colombia es la propuesta del proyecto de ley mal llamado “Ley de Financiamiento Solidario”, que no es nada más que una reforma tributaria que condena y empobrece a las mayorías populares y ciudadanas.

Con el pretexto de aliviar el déficit fiscal, que el mismo gobierno produjo meses antes por un hueco fiscal que quedó de los beneficios tributarios de la anterior reforma, al uribismo y el gobierno Duque, se les ocurrió la terrible idea de aumentar el costo de vida, en uno de los países más desiguales del mundo. Es inconcebible que en plena crisis, el gobierno colombiano decida subir los impuestos a la comida (Canasta Básica Familiar) de las clases bajas y medias. No se le puede aumentar el precio a la comida cuando el pueblo tiene hambre. La indignación aumenta a raíz de que las medidas contempladas en la reforma tributaria perjudican al pueblo, pero recompensan y benefician a las grandes fortunas y monopolios del país.

Si la reforma tributaria nos arruina, la reforma a la salud nos mata

Las decisiones importantes que determinan el rumbo del país y, por tanto, el futuro de millones de personas, son tomadas únicamente por las élites políticas, militares y económicas. Legislan a favor de imperios bancarios y ganaderos, legislan a favor de intereses Norte Americanos, Europeos y Asiáticos, legislan a favor de salir impunes luego de robarse los recursos de todas y todos, legislan para repetirse en el poder nacional y local.

Una conducta que ilustra esto es aprobar leyes y reformas nocivas para el pueblo, cuando nadie los ve, a espaldas de la gente y sin debate público, como es el caso del proyecto de ley que hace ajustes y actualiza el sistema de salud colombiano, radicado el pasado 16 de marzo de 2021 y que, por estos días, aprobaron en el congreso, en horas de la madrugada, a escondidas mientras reprimen y asesinan manifestantes que se alzan en paro nacional contra la reforma tributaria.

Una reforma a la salud que, a todas luces es peor que el mismo covid-19, básicamente es la privatización plena de la salud en Colombia. Ahora debemos pagar pólizas por patología o si no las EPS no atienden. Las personas que requieren atención desde EPS deben demostrar cuidado propio, si se comprueba lo contrario la EPS puede negarse a prestar el servicio y lo cobra. En lo más crudo de la pandemia, se acabarían los programas públicos de vacunación de los municipios, ahora las EPS tienen potestad de decidir cómo ofrecer los servicio y a quiénes.

Con esta reforma, las multinacionales y farmacéuticas transnacionales pueden imponer precios y reglas de mercado para la salud en Colombia. Se acabarían los regímenes especiales de salud, maestros, industriales, fuerzas armadas, etc. Los hospitales deberán demostrar resultados, un postulado macabramente similar a los resultados que exigía el gobierno Uribe a militares y que llevó a la masacre de más de 10.000 jóvenes, raptados, asesinados y reportados como combatientes de las FARC- EP, las ejecuciones extrajudiciales, los mal llamados Falsos Positivos. Sin importar cuál sea el paquete de reformas, leyes y decretos que venga del gobierno, todos son para someter a la gente.

Histórico de conflicto empeora con la pandemia

A pesar de los acuerdos para la terminación del conflicto y la guerra en Colombia firmados por el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP en 2016, el paramilitarismo y el narcotráfico le dan continuidad a la guerra en el país. El centro democrático (partido del Expresidente Álvaro Uribe y del actual Presidente Iván Duque) son los responsables de perpetuar la guerra y enfocar su poder hacia el control político y financiero del país.

A febrero de 2021 se registran 252 firmantes de paz asesinados, desmovilizados de la guerrilla de las FARC. Cuatro años después de la firma de los acuerdos, el avance de su implementación no supera el 75% y los puntos sustanciales frente a la transformación de las condiciones estructurales del conflicto como, por ejemplo, el punto de acceso, redistribución y tenencia de la tierra sigue siendo una deuda histórica en Colombia y la base de la profunda desigualdad en el país.

Esta desigualdad, que se agudizó con la llegada de la pandemia, dejó al descubierto la inoperancia y la incapacidad estatal para pensar en el bienestar de las personas. Las decisiones tardías frente a los cierres de aeropuertos y el establecimiento de controles estrictos en la entrada de extranjeros dejaron en jaque al país. Aunque el país vive el tercer pico de la pandemia del covid-19, la nación entera se encuentra en una grandísima ola de violencia, pobreza y corrupción, donde el hambre es uno de los mayores problemas.

La guerra baña de sangre nuestro territorio, en lo que lleva el año 2021 se reportan 57 líderes sociales asesinados, 20 de ellos indígenas en su mayoría del departamento del Cauca; 158 feminicidios en los primeros 3 meses del año, masacres en los territorios y violencia en las calles y campos.

Somos el país de las ejecuciones extrajudiciales, la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), en un informe sobre los asesinatos ilegales a civiles indefensos Presentados por la fuerza pública como muertes en combate, ascienden a la cifra de 6402 personas. Y los picos de asesinatos son los años 2007 y 2008 durante el gobierno de Álvaro Uribe Véles. Una cifra cercana a la cantidad de víctimas de la dictadura de la Junta Militar comandada por Jorge Rafael Videla en Argentina, más del doble que las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. En Colombia la gente ya no se pregunta quién dio la orden, la gente sabe que Uribe dio la orden y ya no tiene miedo de decirlo, porque Colombia perdió el miedo.

Desde la firma de los acuerdos de paz, el uribismo encarnado en el gobierno de Duque, se propuso por todos los medios, humanos e inhumanos, destruir la paz y lo están logrando. Según INDEPAZ, solo en el 2020 y en lo corrido del 2021, van 124 masacres con más de 300 víctimas. Desde la firma del acuerdo de paz, han asesinado a más de 1000 líderes sociales en Colombia. Vivir en este país es una lucha constante contra las políticas de hambre de un gobierno que solo tiene la bota represiva del Estado como respuesta a las necesidades de su pueblo. No solo por los modelos económicos que promueven la miseria y la desigualdad, también por los modelos políticos genocidas que exterminan cualquier identidad colectiva ajena o contraria a tales modelos hegemónicos.

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CNI Península de Yucatán

Contra el falso perdón y por las Autonomías

3 de mayo de 2021

Campaña U Jeets’el le ki’ki’ kuxtal
Territorio Maya en Resistencia y Rebeldía

Contra el falso perdón y por las Autonomías

Hoy, cuando Andrés Manuel López Obrador pide perdón al pueblo maya, nosotros y nosotras nos preguntamos:

¿Qué viene con el “perdón”? Porque por una parte habla de pedir perdón, pero por la otra realiza el mismo acto de Porfirio Díaz en ese entonces. Con el perdón trae grandes empresas; fuentes del despojo, acumulación para unos cuantos y miseria para los pueblos. Militares: agentes de la violencia y las desapariciones más crueles de nuestra historia reciente. Desarrollo: el progreso desde la visión occidental, riqueza para unos pocos, una
forma de explotación y despojo que prioriza a la muerte y que se ha perpetuado durante más de cinco siglos, desde la conquista de lo que denominaron las Américas, y que se impone y destruye otras formas de vida, como las de nosotros y nosotras, los pueblos indígenas, los pueblos mayas que somos.

El mal llamado Tren Maya, y otros muchos grandes proyectos, como las industrias inmobiliarias y turísticas, los parques eólicos y fotovoltaicos, la siembra de transgénicos y las granjas, son la representación de estos elementos.

De qué sirve pedir perdón a los pueblos mayas, cuando quien pide perdón representa, al igual que Porfirio Diaz, una alianza abierta con las grandes empresas y los militares, la continuación de la devastación de las selvas que nos rodean y que nos otorgan la vida; la contaminación de las aguas que ya no podemos consumir; el despojo del territorio que hemos habitado durante centurias y que nos quieren arrebatar; y la terrible explotación a
nuestro pueblo maya a través del llamado “desarrollo que esclaviza y mata a nuestros pueblos.

De qué sirve pedir perdón a los pueblos mayas, cuando quien pide perdón perpetúa el racismo, la discriminación y el menosprecio a los pueblos: que nos trata como si fuéramos
personas sin emociones, sin razón, sin pensamiento, sin posibilidades de decidir por nuestro futuro y el de nuestros pueblos de manera colectiva, horizontal y desde abajo, por fuera de la política partidista que tanto divide a nuestras sociedades. Es justamente eso lo que está en disputa: los futuros posibles de las muchas formas de vivir y de organización de los pueblos, de las niñas y los niños, de la naturaleza y la vida misma.

De qué sirve pedir perdón por los agravios de pasado cuando, en el presente, la colonización de nuestros territorios y de nuestros cuerpos y emociones y pensamientos persiste cada día con más violencia e intensidad; cuando con la imposición de los grandes
proyectos se nos arrebata el territorio: la tranquilidad de los poblados se transforma en el terror que viven a cada momento las compañeras y compañeros de Cancún, Playa del
Carmen, Tulum, Bacalar, pues se han convertido en sedes regionales, nacionales y hasta globales de la explotación laboral, de la inseguridad generalizada, de los feminicidios y
asesinatos, del tráfico de drogas y de personas. ¿Ese es el Desarrollo del que tanto hablan?

¿No acaso es lo contrario? Ese desarrollo del que hablan parece más bien un infierno que se extiende como una plaga de muerte en dirección hacia los pueblos.

De qué sirve pedir perdón a la Madre Tierra cuando las selvas están siendo literalmente devastadas por el agronegocio, la industria inmobiliaria y turística; por los parques eólicos
y fotovoltaicos que solo producen energía para las propias grandes empresas; por el gran proyecto llamado sembrando vida (que no hace más que sembrar muerte).

Pedir perdón tendría sentido si inmediatamente se repararan y compensaran los daños al pueblo maya por los errores del presente, por las decisiones que causan el desastre medioambiental en territorios mayas: las concesiones para el cultivo de transgénicos e híbridos y el uso de pesticidas que llevaron a la grave contaminación del manto freático y la presencia de glifosato en la sangre y leche materna, la deforestación de la sagrada selva y la muerte de las abejas y otros insectos nativos que mantienen los vivos ecosistemas y son fundamentales para mantener los medios de vida de las comunidades mayas.

No, señor presidente: ¡no aceptamos su perdón!

No un perdón cínico y tramposo.

Lo que exigimos y que hemos exigido desde hace mucho tiempo, y lo que han exigido de otras formas nuestras abuelas y abuelos en las décadas y siglos pasados, es que se respeten
los derechos de los pueblos indígenas, de nosotras y nosotros como pueblos mayas.

¡Exigimos un alto al megaproyecto mal llamado Tren Maya!
A la siembra de los monocultivos de agricultura transgénica.
A las granjas porcícolas que contaminan nuestras aguas.
A las empresas eólicas y fotovoltaicas que despojan las tierras.
A las políticas que impulsan las industrias de las inmobiliarias y el turismo masivo que devasta la naturaleza y nuestras diversas formas de vida que defienden la vida misma.

Es decir, exigimos que se detenga el desarrollo capitalista en nuestro territorio maya.

Se nos pregunta qué alternativa proponemos.

Nosotras y nosotros, desde la Campaña U Jeets’el le Ki’ki’ kuxtal (es decir, en otras palabras: el asentamiento de la buena vida/autonomía), proponemos formas de vida, y no
proponemos una, sino muchas, las de los pueblos que somos. Lo que queremos son autonomías que nos permitan vivir bien, en tranquilidad con la naturaleza. Una vida digna.

No queremos que nos pidan perdón.
Exigimos el respeto al derecho de ejercer nuestras autonomías.
¡Aquí estamos, señor presidente!
¡Aquí estamos los pueblos en lucha!
¡Aquí estamos y no nos rendiremos!

Hoy, 3 de mayo, aun escuchamos el llamado de la Cruz Parlante, el llamado de la libertad, el llamado de las autonomías. Hoy honramos a nuestros abuelos y abuelas que como en
1847 se levantaron en armas en la mal llamada Guerra de Castas, para defender su territorio. El mismo territorio que hoy amamos y nos toca defender. Hoy es un gran día para nuestra memoria como pueblos, un gran día para nuestra ritualidad, en nuestra espiritualidad, la de los pueblos en lucha.

¡Aquí hemos estado, aquí estamos y aquí seguiremos los pueblos mayas!

Campaña U Jeets’el le Ki’ki’ kuxtal
Península de Yucatan

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