Pueblos Indígenas
Siete años entorpeciendo búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa
Por Vanessa Garcìa Navarro
Foto por Ángel Huerta
Hace siete años (2014) ocurrió un evento que marcó al país entero, se abrió un capítulo más entre los miles que se suman constantemente al libro de las desapariciones en México; aunque, como la mayoría de las historias, esta tampoco ha encontrado su desenlace y se niega a morir hasta que su “misterio” sea resuelto. Como es bien sabido, la oscuridad de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2016 fue testigo de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Tras de búsqueda implacable, desvelo, rabia e impunidad, las madres y padres desesperados preguntan por el paradero de sus hijos, cuestionan en donde está esa justicia que se les viene prometiendo desde el sexenio pasado. Porque, sin lógica alguna, 84 meses parece ser apenas suficiente para encontrar únicamente los restos de 3 desaparecidos y tener ningún responsable pagando por sus crímenes.
Ha quedado en varias ocasiones evidenciado que las propias autoridades entorpecen las investigaciones, pues el sexenio pasado se ofreció como respuesta de consolación la llamada “verdad histórica” que consistía en un escenario en el cual agentes policiacos corruptos de Iguala (Guerrero) pusieron a los jóvenes en manos del cártel Guerreros Unidos, quienes posteriormente los asesinaron e incineraron en un basurero del municipio de Cocula; no obstante, dicha aclamación resulto ser una injuria a su nombre, ya que tiempo después la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuestionaron dichos resultados y a partir de encontrar en 2020 los restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y en junio de este año los de Jhosivani Guerrero de la Cruz, se derrocó la teoría fraudulenta al probarse de dichos resquicios no mostraban haber sido expuestos al fuego.
¿Entonces, cual fue el verdadero destino de los 43?
Esa pregunta sigue sin respuesta, lo cual, después de siete años añade gravedad a este caso de violación a los derechos humanos. Y no es que no haya avances pues, al menos, hace tres años fue creada (por Decreto del presidente de la República) la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa) y ya existen 80 detenidos, según informes del actual sexenio; pero los resultados siguen siendo mínimos y continuamente se detienen.
Integrantes de la CoVAJ-Ayotzinapa refieren encontrar interés por parte del presidente en turno -Andrés Manuel López Obrador- en cuanto a dar resolución a este caso; no obstante, los resultados ofrecidos hasta el momento son discordantes a las promesas hechas con vehemencia.
Como dijo Cristina Bautista (madre de Benjamín Ascencio Bautista y miembro de la la CoVAJ-Ayotzinapa), en una entrevista para Proceso, “le hemos dicho al presidente que nos digan, que no nos estén engañando; queremos saber la verdad, aunque sea muy dolorosa para nosotros”.
En este punto varios padres no encuentran resignación en cuanto a volver a abrazar a sus hijos, no han renunciado a conocer qué les pasó. Así la realidad sea un golpe, ellos ya no quieren analgésicos ni placebos hechos de falsas mentiras y esperanzas, lo que demandan es la verdad (que les otorgará paz o el impulso para luchar todavía más en búsqueda de castigar a los responsables).
Obstáculos en los procesos
Se han desestimado decenas de pruebas aportadas al caso, dado que se determinó que habían sido conseguidas por medio de tortura a los testigos.
Además, no todos los engranajes del gobierno desean trabajar para el mismo fin y ejemplo de ello es que la fiscalía mantiene pendientes 40 órdenes de aprehensión correspondientes al caso de los 43 desaparecidos. Entre las cuales destaca la de Tomás Zerón de Lucio (extitular de la Agencia de Investigación Criminal) a quien se le acusa de alterar evidencia del caso de los 43 y actualmente se encuentra “escondido” en Israel.
Este 26 de septiembre, se realizó una misa y, después, una marcha encabezada por los padres de los 43 desaparecidos que comenzó a las 4:00 P.M., desde el ángel de la independencia, con destino al zócalo capitalino. Igualmente, en diversos sitios de México y otros países se realizaron acción que se sumaron para exigir justicia y presentación con vida de los 43 estudiantes. Porque este caso no sólo dejo una cicatriz profunda para México y los familiares de los jóvenes, es un crimen que lo sabe el resto del mundo.
Nuevos desplazamientos por violencia en Pantelhó
• La omisión del Estado mexicano favorece el miedo y terror contra las comunidades en la zona
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha recibido información sobre el desplazamiento de al menos 90 personas originarias de la comunidad Nuevo Paraíso, San José El Carmen y de la cabecera municipal del municipio de Pantelhó; en su mayoría son mujeres, niñas, niños y adolescentes e integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal), esto debido a la tensión política que se vive en el municipio de Pantelhó.
Según información recibida por autoridades comunitarias de Pantelhó y Chenalhó, en los próximos días el número de desplazados aumentaría debido al miedo a que se desate la violencia el próximo 1 de octubre: “Hay miedo que los sicarios de Raquel Trujillo lleguen, que hagan bloqueos y haya enfrentamientos, por eso la gente ahora tiene miedo, muchos ya se están alistando para salir, otros ya se fueron, se han ido a San Cristóbal de Las Casas y a otros municipios”.
La violencia ha ido incrementando, después de las declaraciones realizadas por el señor Raquel Trujillo, Presidente Municipal electo en el municipio de Pantelhó, de tomar posesión de su cargo el próximo 1 de octubre. Sus declaraciones ha impactado y generado temor a la población provocando nuevos desplazamientos. El Estado mexicano tiene la obligación de prevenir el desplazamiento forzado interno adoptando las medidas que sean necesarias, además tiene el deber de investigar, procesar y sancionar a los responsables, para que tales hechos no se repitan.
La ineficacia y simulación de las acciones del Estado mexicano sigue favoreciendo un ambiente de violencia y miedo contra las comunidades tsotsiles y tseltales de los municipios de Chenalhó y Pantelhó, obligando a las personas a abandonar sus hogares. Además el desplazamiento forzado interno vulnera el derecho a la libre circulación y residencia, afecta el derecho a una vida digna, provocando una serie de efectos nocivos, como la pérdida de la tierra y de la vivienda, la marginación, tortura, agudización de la pobreza y deterioro de las condiciones de vida, incremento de pérdida del acceso a la propiedad, inseguridad alimentaria y desarticulación social.
El Frayba se une al llamado de Paz y a la preocupación expresada por la parroquia de San Pedro Apóstol Mártir de Chenalhó y de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, frente a la espiral de violencia que hay en la región. Por último exigimos al gobierno de México la implementación de medidas cautelares y precautorias ante el anuncio de posibles hechos de violencia que vulneren la seguridad e integridad personal de la población en la región de los Altos Chiapas.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
28 de septiembre de 2021
Boletín No. 12
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