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AnRed

(Español) Crónica de una muerte anunciada: cómo se preparó el escenario para asesinar a un mapuche

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Foto: Germán Romeo Pena (ANRed).

Estigmatización y criminalización mediática, encuentros ultraderechistas impulsados por la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras y familias terratenientes, ataques e incendios anónimos en lugares emblemáticos, un cerco del Grupo Especial del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la Policía de Río Negro, el envío de Gendarmería por parte del gobierno nacional y una política de desgaste por más de 50 días. Estos hechos fueron construyendo el escenario que terminó – poco después de que se levantara el acampe solidario en apoyo a la lof – con el ingreso a Cuesta del Ternero de dos individuos sin identificación que dispararon contra comuneros de la Lof Quemquemtrew, asesinando a Elías Garay y dejando a Gonzalo Cabrera con heridas de bala calibre 22 en su abdomen. Como broche, sectores de ultra derecha festejaron y echaron a las protestas que se realizaron ayer por la noche en El Bolsón. Soraya Maicoño, vocera de la lof, relató: «entraron a matar. Ingresaron dos personas de civil. No sabemos si eran policías, parapolicías o matones del empresario Rocco». Por su parte, Orlando Carriqueo, de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro sentenció: «que no nos vengan hablar de violencia porque los muertos los seguimos poniendo nosotros. La zona liberada es responsabilidad de la policía de Río Negro: o la liberaron o son ellos». Por ANRed.


Cómo se preparo el escenario previo

La Lof Quemquemtrew comenzó la recuperación territorial el sábado 18 de septiembre: «hacemos público y reivindicamos la recuperación territorial del cuadro conocido como ‘Tapera de los Alamos’ en el paraje de la Cuesta del Ternero, deshabitado hace mas de 50 años y a merced de intereses inmobiliarios, forestales e hidricos», anunciaba la comunidad mapuche, y agregaba: «esta porción territorial además de estar muy contaminada viene padeciendo sequías e incendios, situaciones que solo benefician al wingka capitalista, al Estado, y sus funcionarios de organismos como la Dirección de Tierras, de Bosques, del Servicio Forestal Andino, y Enforsa, quienes luego hacen posesión de la tierra y la entregan a empresarios, por lo general, de origen extranjero».

Más tarde, en declaraciones a ANRed, una abuela de la comunidad expresaba: «Nosotros somos preexistentes: no vinimos de afuera, nacimos en este lugar».

Luego de la recuperación territorial, el 24 de septiembre hubo un primer intento del gobierno de Arabela Carreras de desalojar la recuperación con al menos 50 efectivos del Grupo Especial del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la Policía de Río Negro. Tras la represión, la policía llevó detenidos a varios integrantes a la Comisaría 12° de El Bolsón, a pesar de que había un acuerdo con el fiscal de la causa, de Francisco Arrien, para una audiencia de conciliación.

Ante los hechos represivos, se conformó una amplia red de organizaciones para acompañar a la Lof Quemquemtrew y repudiar la represión. Incluso, el premio Nóbel de la Paz y titular del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) Adolfo Pérez Esquivel se expresó al respecto sosteniendo que «la Lof Quemquemtrew se encuentra en emergencia humanitaria por el accionar violento del Estado». También, a fines de septiembre, hubo una caravana en apoyo a la Lof Quemquemtrew y conferencia de prensa en el acampe humanitario. En tanto, la CIDH pidió informe al Estado argentino por la Lof Quemquemtrew.

En este marco, el pedido de apoyo humanitario y la puesta en marcha de una mesa de diálogo para la comunidad que recuperó territorio ancestral en la Cuesta del Ternero fue rechazada por el juez de garantías Ricardo Calcagno, quien negó el ingreso de alimentos y abrigo a la Lof Quemquemtrew, y consideraba: «entiendo, al igual que el Ministerio Público Fiscal (la fiscal Betiana Cendón), que el ingreso de alimentos consolida la usurpación».

Así se fue instalando un clima de militarización, hostigamiento y racismo, sin garantías para los pueblos originarios con un cerco del Grupo Especial del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la Policía de Río Negro que llegó a superar los 50 días.

Esto fue acompañado, desde los mediático, con una campaña estigmatizadora y criminalizadora contra los pueblos mapuches y las recuperaciones territoriales, de la que participaron casi todos los medios locales y a nivel nacional estuvo encabezada por un periodismo de comisaría que preparó la represión al pueblo mapuche, de la mano de Clarín (con los informes de Lanata anunciando que «los indios vienen por la patagonia» y que quienes integraban la Lof Quemquemtrew eran una «guerrilla terrorista»), Infobae y La Nación, principalmente, vinculando además los ataques e incendios anónimos en lugares emblemáticos de El Bolsón con las comunidades protagonistas de las recuperaciones.

En el caso del programa «PPT» de Jorge Lanata, el informe construyó y difundió una imagen del «indígena» como el enemigo interno, reforzando de esta manera el discurso del poder, sesgando información y avalando la violencia contra las comunidades. La transmisión del programa ocurrió, casualmente, cinco días después de la desaparición del militante social Santiago Maldonado durante la represión a la comunidad de Lof en Resistencia del departamento de Cushamen, Chubut, de la cual el gobierno actual ni el pasado aún no ha dado respuestas. Este informe cosechó un fuerte repudio de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), que consideró que se trataba de una «campaña de estigmatización hacia el pueblo mapuche, en la que reprodujeron discursos racistas y persecutorios de distintos sectores de la política».

Finalmente, a la campaña estigmatización y criminalización se fortaleció también de la mano de los encuentros ultraderechistas impulsados por la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras y familias terratenientes, en defensa de la propiedad privada y contra las recuperaciones territoriales mapuche. Asimismo, en la previa de las elecciones legislativas, denunció que en el gobierno nacional de Alberto Fernández y en el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI) había cómplices de la violencia mapuche. En aquella ocasión también acusó a otras dependencias, como el directorio de la Administración de Parque Nacionales (APN) que está bajo la órbita del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde el Estado argentino desistió de avanzar en la causa por la recuperación de tierras en Villa Mascardi, ubicada a unos 35 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Finalmente, el ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández determinó el envío de efectivos de Gendarmería a la zona.

Crónica de una muerte anunciada

Todos estos hechos fueron construyendo en el tiempo el escenario que terminó este domingo 21 de noviembre por la tarde – alrededor de las 15, según los testimonios de los comuneros – con el ingreso al territorio recuperado de Cuesta del Ternero de dos individuos sin identificar – supuestos cazadores – que lograron pasar el fuerte cerco que el Grupo Especial del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la Policía de Río Negro mantuvo por más de 50 días. Allí, según los testimonios de la Lof Quemquemtrew, estos hombres discutieron con comuneros y efectuaron disparos, asesinando a Elías Garay – cuyo cuerpo aún se encuentra dentro del predio – y dejando a Gonzalo Cabrera con heridas de bala calibre 22 en su abdomen, que luego tuvo que ser intervenido en el quirófano del Hospital de El Bolsón y ahora se encuentra internado y estable.

Como broche del día, sectores de ultra derecha del pueblo de El Bolsón festejaron en las calles el asesinato y echaron a las protestas que se realizaron ayer por la noche en la localidad en repudio al ataque.

El hecho en el cual ayer dos individuos asesinaron a un joven mapuche e hirieron a otro ocurrió inmediatamente después de que el sábado 20 por la tarde el acampe humanitario, que se había instalado en solidaridad con la Lof Quemquetrew, tras 52 días de aislamiento y amedrentamientos, anunciara que se levantaba. Los dos supuestos cazadores ingresaron al lugar a pesar de haber un reten policial que evitaba la circulación de personas. Como dijo un testimonio, al lugar «no ingresaban alimentos ni abrigos pero si las balas». Pero otro dato que agrava el escenario del asesinato es Gonzalo, el comunero mapuche herido por un disparo en el abdomen, se le extrajo una bala de calibre 22 milímetros, que no se corresponde a las armas reglamentarias de las fuerzas especiales COER y que, según testimonios de la lof, había personal de civil disparando. El dato alerta sobre el proceder de las fuerzas de seguridad cuando evitan la identificación para realizar actos ilegales, lo que trae al recuerdo episodios como fue el asesinato de hace unos días del joven Lucas González por parte de efectivos no identificados de la Policía de la Ciudad.

Foto: Germán Romeo Pena (ANRed)

Ante los señalamientos al gobierno provincial de que hubo una zona liberada, Arabela Carreras desmintió por la tarde que hubiera realizado cualquier tipo de operativo policial.

Este domingo por la tarde, desde la guardia del hospital Soraya Maicoño, vocera de la Lof Quemquemtrew, pudo dialogar con Gonzalo Cabrera, quien antes de ingresar a cirugía pudo dar testimonio de los hechos a la vocera, que comunicó: «me contó que entraron dos personas al territorio. Dijeron que estaban cazando, pero en realidad no sabemos si eran policías de civil o parapoliciales o matones de Rocco. Finalmente, se pusieron muy nerviosos y dispararon a matar. Se hicieron los que andaban perdidos en el territorio. Cuando se dieron vuelta y los vieron tenían armas calibre 22. Estos empezaron a ponerse nerviosos y decir ‘quédense tranquilos, si ustedes se quedan tranquilos, nosotros no vamos a hacer nada’. Los lamgen respondieron, ‘entonces, si no van a hacer nada, bajen las armas y váyanse ya mismo del territorio’. Cuando le plantearon eso, estos dos empezaron a disparar. Al lamgen Elías le dispararon de muerte y Gonzalo tiene dos entradas de bala en el estómago’, relató Maicoño.

«Nuestros lamien están resguardados en el monte todavía. Entonces nos preocupa esa situación. La abogada está tratando de convencer a la fiscal que dé una orden para frenar a la policía», agregó la vocera. Finalmente, informó que la policía y la gendarmería mantienen la ruta cortada, y agregó: «mañana (por hoy) se va a intentar entrar al territorio con el lamgen Néstor y luego recién se va a ver cómo continúa la cuestión legal. Hay que presionar en fiscalía para que la gente mapuche pueda llegar al territorio. Exigir que se desmilitarice«.

Silvia de los Santos, abogada de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh) fue contundente sobre el contexto legal en la cual ocurrió el crimen: «el viernes a la mañana intentamos presentar recurso extraordinario federal en el habeas corpus, ya que el superior tribunal de Río Negro rechazó el recurso de casación diciendo que acá está todo bajo el control del poder judicial ‘con las debidas garantías’. En ese recurso estamos denunciando tentativa de genocidio, hoy ya consumada, y tortura. Preguntamos en ese recurso si estaban esperando que aparezcan cuerpos o simplemente que desaparezcan. Denunciamos ya desaparición forzada. No son ‘dos cazadores’. Fue una ejecución parapolicial. Es el estado. Es genocidio. Es tortura. Es lisa y llanamente exterminio. Impotencia de observar cómo la Constitución Nacional no sirve para nada. Como, especialmente, la fiscal Betiana Cendón, y el juez Ricardo Calcagno, al frente de este operativo de exterminio, son quienes fueron junto a criminalística al territorio. La compañera de la persona asesinada denunció la semana pasada violencia de género (acoso) por parte de dos policías del retén. Nada es casual. Esta es una nueva crónica de una muerte anunciada«, destacó.

Con esta observación también coincide Susana Lara, periodista editora de Patagonia Extremo e integrante de la Multisectorial Contra la Represión de Bariloche, quien señaló: «la versión de los cazadores es inadmisible por el cerrojo policial, con efectivos y drones, mantenidos desde los dos intentos de desalojo fracasados. Además, el joven asesinado es el compañero de una mujer mapuche que el 16 de noviembre denunció a dos efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la policía provincial, por acoso, en el marco de la ley 26585 de prevención y eliminación de la violencia de género, indicó el Colectivo Feminista Nómada. De ser así, la ejecución de la víctima no fue circunstancial ni tampoco la presencia de los cazadores, que contaron con información de inteligencia previa».

Foto: Germán Romeo Pena (ANRed).

En tanto, desde FM Alas, medio comunitario de El Bolsón, informaron: «había muchísima policía, muy enfierrados y con actitud jodida hacia quienes nos presentamos como parte de la prensa y los vecinos. Estuvimos hablando con el oficial que estaba a cargo del COER, Méndez, que no nos atendió, pero sí el subcomisario Zapata, que es el oficial a cargo de la Comisaría 12, que estaba en la delegación de Cuesta del Ternero y hablamos varias veces con él. Negaba todo y no estaba en conocimiento de lo que había ocurrido, incluso no sabía que había una persona muerta, ni de las personas heridas. Negó absolutamente todo. Alrededor de las 22 llegó una ambulancia con gente del Hospital de El Bolsón con gente de comunidades, que habían hecho un arreglo con el fiscal Francisco Arrien para poder acercarse a constatar la muerte del peñi. La policía estuvo largo rato dando vueltas hasta que les dejó acceder, previa llegada de otra ambulancia con la directora del Hospital y un oficial a cargo de la oficina de criminalística. Más allá de que ese no hubiera sido el acuerdo con el fiscal Arrien, siendo que era un solo oficial de criminalística y que se ponía en riesgo la posibilidad de acceder al territorio para conocer la situación dejaron que también subiera. El arreglo con la fiscalía es que hoy luego de las 7 am, después de que pueda llegar también la abogada de comunidad de Fiske Menuco se van a hacer presentes en el territorio el fiscal Arrien y el fiscal adjunto del Bolsón Francisco Torchia y la gente de criminalística, con bastante policía, suponemos. Para esto se harán presentes personas de la comunidad mapuche y organizaciones que acompañan para controlar el ingreso de toda ésta gente al territorio. Las personas que subieron pudieron verificar que había una persona fallecida, pudieron hablar con la gente en la comunidad. El cuerpo está en territorio y hasta que no se hagan las pericias no lo van a mover. Luego de eso, al bajar se decidió que no quedara nadie porque se había organizado un pequeño acampe en el retén policial, sino acompañar el procedimiento de la fiscalía y criminalística», detalló en su informe FM Alas.

Por su parte, Orlando Carriqueo, el werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro, manifestó: «que no nos vengan a hablar de violencia, porque los muertos los seguimos poniendo nosotros. La zona liberada es responsabilidad de la policía de Río Negro; o la liberaron o son ellos«, sentenció con respecto al ataque mortal que desató el grupo de individuos que ingresaron a Cuesta del Ternero. También expresó que hay «discurso de odio del gobierno provincial» a cargo de Arabela Carreras, y agregó: «que no le echen la culpa a la justicia, porque ellos la dominan; hace lo que la gobernadora dice. No quieren sentarse al diálogo y permiten estas cosas. La responsabilidad política es innegable, tanto del gobierno provincial, que se niega a dialogar, quiere resolver las cosas a los tiros y no reconoce una comunidad, como del nacional, por ser tan tibio en esta situación. La Secretaría de Derechos Humanos, con una denuncia en la Comisión Interamericana, no intervino. Esperó a que haya un muerto», remarcó, por lo que consideró que «hay una responsabilidad doble», del gobierno provincial y el nacional.

En este marco, la Lof Quemquemtrew convocó a una conferencia de prensa online urgente desde las 13.20 para dar a conocer la situación actual del conflicto, que será transmitida por la plataforma Zoom, de la que participarán Mauro Millán, longko de Pillañ Mawiza y Nelson Ávalos por la APDH Regional Noroeste de Chubut. El link para participar es https://us02web.zoom.us/j/87121135229 y la ID de reunión: 871 2113 5229.

Al cierre de esta nota, también se anunciaban convocatorias improvisadas en repudio al ataque a la Lof Quemquemtrew.

Hoy por la mañana organizaciones de pueblos originarios, sociales, políticas, sindicales, ambientalistas y de derechos humanos convocaban a concentrar desde las 10 en el acampe que llevan adelante las Organizaciones de Pueblos Indígenas del NOA (OPINOA) frente al Congreso, en la Ciudad de Buenos Aires, para repudiar el asesinato de Elías Garay: «comienzan los desalojos y muertes, a horas del vencimiento de la Ley 26.160», alertan sobre la ley que fue prorrogada por el gobierno nacional por otros cuatro años a través del decreto 805/2021, y que las organizaciones originarias reclaman que sea aprobada como ley por el Congreso.

Asimismo, se convocaba a una movilización para hoy a las 20 en la Plaza Rivadavia de la localidad bonaerense de Los Toldos, en repudio al ataque, convocada por la Lof Epu Lafken y la Comunidad Ñuke Mapu.

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Congerso Nacional Indigena

(Español) Detención de compañeros comunicadores populares de la Radio comunitaria Zacatepec

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Hace un momento la Policía Municipal de Juan C. Bonilla detuvo a los comunicadores populares, Alejandro Torres Chocolatl y Michel Torres, de la Radio Comunitaria Zacatepec después de que una Asamblea Comunitaria se salió de control pese a estar el presidente municipal de Juan C. Bonilla, Jose Cinto Bernal.

Los comunicadores son miembros de Pueblos Unidos quienes han enfrentado criminalización y persecución política por su defensa ambiental. Los dos comunicadores fueron detenidos sin que se detuviera a ninguna otra de las personas que se encontraban agrediendo físicamente a los participantes.

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Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas-Frayba

(Español) Organizaciones civiles de Chiapas expusieron a embajadores/as de la Unión Europea las principales problemáticas en el estado

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
16 de noviembre de 2021
PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO

Del 11 al 13 de noviembre, varias Embajadoras, Embajadores y personal de Embajadas de países miembros de la Unión Europea visitaron Chiapas y su primera reunión fue con personas defensoras de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, agradecemos esta primera visita.

En dicha reunión, quienes estuvimos participando les expresamos nuestra preocupación con respecto a:

  • La extrema marginalización económica, social y política, misma que se ha visto agudizada por la pandemia de COVID-19, en particular en el acceso a la salud y la educación.
  • La debilidad institucional en el estado y los niveles de violencia en las elecciones de junio pasado (treceavo Estado con más casos de asesinatos de políticos; no se instalaron 232 casillas; simulación en la paridad de género y en los distritos electorales federales reservados para indígenas; participación de la delincuencia organizada en el financiamiento y el nombramiento de candidatos).
  • La impunidad y la dificultad para acceder al aparato de justicia: subrayamos el uso sistémico y sistemático de la tortura y la ausencia de sentencias condenatorias por este delito en los casos que se han denunciado; el impacto de la pandemia de COVID-19 y el preocupante indicador que representan los asesinatos del defensor Simón Pedro Pérez y el fiscal Gregorio Pérez Gómez en julio y agosto, del presente año.
  • La remilitarización del Estado, que ha implicado el cierre de la frontera Sur desde 2019 con más de 11 mil efectivos federales desplegados. Eso en un estado de por sí fuertemente militarizado desde los 90 a raíz del levantamiento armado. Justamente esta experiencia de varias décadas, genera mucha preocupación a que se siga fomentando la prostitución, se acentúe el alcoholismo y el consumo de drogas, y se generen más violaciones a derechos humanos y divisiones comunitarias.
  • Además, vemos que a pesar de la militarización masiva y prolongada, no se está logrando detener el aumento de la violencia por la actuación cada vez más descarada de la delincuencia organizada.
  • Las desapariciones pasadas y presentes. El reporte del primer semestre de 2020 arrojó, en este sentido, una cifra de 2,332 personas.
  • El desarrollo de grandes proyectos estratégicos o sociales sin tomar en cuenta la voz de las comunidades indígenas cuyos territorios se encontrarán afectados.
  • La discriminación histórica y estructural que ha resultado en la marginación y pobreza multidimensional de los Pueblos Indígenas, así como en un continuum de violencias y violaciones graves a los derechos humanos de esta población sin que se de atención a las mismas. Su perpetración proviene tanto del Estado como de los agentes del crimen organizado, que cada vez están dentro de las estructuras de la organización socio comunitaria y del mismo Estado. De los 90s a la fecha la impunidad ha sido una constante. Reconocer a los Pueblos Indígenas como sujetos de derecho público sigue siendo una asignatura pendiente, incluido el derecho a veto, como muestra de su derecho a la libre determinación.
  • El desplazamiento forzado masivo sin que se atienda el fondo esta problemática, ya que, hasta la fecha hay cerca de 14,776 personas víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas ligado a la violencia por grupos armados. Por parte del gobierno de México, a las personas desplazadas se ofrece ayuda humanitaria insuficiente y convenios temporales de paz, como acción mediática que no atienden las causas estructurales de las diferentes expulsiones forzadas que han vivido las comunidades de la zona Altos y Norte de Chiapas que en los últimos años han generado entornos torturantes porque victimizan y revictimizan a los sujetos, con impacto psicosociales graves por lo que no permiten la cotidianidad de la cultura comunitaria de los Pueblos Originarios, y por consecuencia obstruyen los proyectos de vida.
  • La agravación de la violencia hacia la infancia: Los feminicidios de niñas y adolescentes han incrementado desde el 2016, la mayoría de los casos están impunes y casi la mitad son indígenas; en 2020, 10 niñas fueron asesinadas. En 2021 tenemos una cifra récord en el número de desapariciones de niñas, niños y adolescentes (565), lo cual significa que cada 2 días desaparecen 3 de ellos. En Chiapas se concentran casi 65 mil niñas, niños y adolescentes en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos.
  • La situación de riesgo a la cual están expuestas las personas defensoras de derechos humanos: particularmente se hizo referencia a las agresiones de las cuales han sido víctimas las personas defensoras de la tierra y el territorio, de migrantes y medioambientales. Frente a ello, se expuso que la respuesta del Estado tanto federal como chiapaneco no ha sido suficiente para garantizar el ejercicio de la defensa de derechos humanos en un entorno seguro y propicio. Por lo que se considera indispensable contar con una política pública integral para personas defensoras y periodistas con amplia participación de la sociedad civil.
  • La agravación de la violencia contra personas defensoras: Una de las personas defensoras dio testimonio de su trabajo, especialmente de las acciones que realiza para lograr una paz sostenible. También expuso los graves riesgos a los cuales está expuesto por lo mismo.
  • Vulnerabilidad de los defensores del medio ambiente, ejemplificando esta situación las personas defensoras de los humedales de montaña en San Cristóbal de Las Casas. A pesar de ser reservas ecológicas, se encuentran bajo fuerte amenaza por la expansión de la mancha urbana y a pesar de representar el 70 % del agua potable de la ciudad. Desde 2018, se han interpuesto más de 60 denuncias ante distintas autoridades. Mientras tanto los defensores ambientales han sufrido múltiples agresiones por grupos de choque que invaden y destruyen el patrimonio natural de San Cristóbal.
  • El incremento de la violencia hacia las mujeres: la violencia estructural ya que no está garantizado su derecho a la tenencia/uso/usufructo de la tierra con lo que quedan excluidas de todo proceso de información y toma de decisiones sobre problemáticas que afectan la vida comunitaria; las dificultades para gozar de derechos básicos como salud, educación y alimentación; el aumento de la violencia doméstica, de los abusos y violencia sexual, y de los feminicidios (de enero a septiembre del 2021, 160 muertes violentas y 57 feminicidios); trata de personas, tráfico y corrupción de menores e incremento de hostigamientos y amenazas a mujeres defensoras del territorio; impunidad y naturalización de la violencia de género por parte de las autoridades.
  • Políticas cada vez más restrictivas de derechos hacia la población migrante, a través de la detención, contención, represión, y deportación de personas en movilidad sin reconocer sus necesidades de protección internacional ya que un número creciente de personas migra por la violencia, la pobreza extrema, desastres climáticos y crisis económicas agravadas por los impactos de la pandemia. Se observa que la externalización de las fronteras y la militarización de las mismas, implica mayores riesgos a la seguridad de las personas que buscan protección y vida digna, encontrándose en México con la corrupción e inoperancia de los programas e instituciones que deberían atenderlas.
  • Dificultades crecientes en materia de libertad de expresión, ante el incremento del impacto de los grupos de la delincuencia organizada; se han documentado agresiones, amenazas (físicas y en redes sociales), presiones, intentos de soborno, y muchos casos no se denuncian por temor a represalias. Ello ha provocado que se creen zonas de silencio y autocensura.

Además de las principales problemáticas, las y los participantes plantearon una serie de propuestas para ser atendidas por el Estado mexicano y la Unión Europea (Lee el documento completo aquí)

Nuevamente agradecemos el interés expresado por las Embajadas en su visita y valoramos positivamente que en la conferencia de prensa que sostuvieron en Tuxtla Gutiérrez el 12 de noviembre,se hayan referido a la existencia de varias problemáticas y a la necesidad de seguir avanzando en temas de derechos humanos (defensores de derechos humanos y periodistas, derechos de la niñez, de las mujeres y de los migrantes, desplazamiento forzado interno, tortura, medioambiente e impactos negativos de la militarización). Esperamos puedan dar seguimiento a lo abordado desde las prioridades que ratificaron en aspectos de derechos humanos, paz, desarrollo sostenible y crisis climática.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas-Frayba

Servicio Internacional para la Paz-SIPAZ

Servicios y Asesoría para la Paz-SERAPAZ

Movimiento Sueco por la Reconciliación-SweFOR

P. Marcelo Pérez Pérez

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova

Melel Xojobal

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, CDMCH

Red Ambiental del Valle de Jovel

Ángeles Mariscal, Periodista de Investigación

Descarga el documento completo entregado a los embajadores/as de la Unión Europea

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Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata

(Español) Extorsión y amenazas a compañera y compañeros autoridades de Acapulco, Guerrero

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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Al Congreso Nacional Indígena.
Al Concejo Indígena de Gobierno.
A la Sexta Nacional e Internacional.
A las Redes de Resistencia y Rebeldía.
A los medios de comunicación libres.

A lo largo de nuestra lucha por la vida y desde que nos constituimos como CIPOG-EZ, nos hemos cruzado con individuos, colectivos y organizaciones que apoyan nuestro andar, que simpatizan con nuestro caminar y nos acompañan.

Pero con profundo coraje nos damos cuenta que el mal gobierno y el crimen organizado no solo atacan a nuestra organización, sino que en éste afán de golpearnos por todos los flancos posibles para debilitarnos, también van atacando, extorsionando y amenazando a aquellos que apoyan y acompañan nuestro andar.

El día de ayer 13 de noviembre, entre las 2:30 y 3:30 de la tarde, se amenazó y extorsionó a tres autoridades pertenecientes a Llano Largo, Lomas de Chapultepec y Barra Vieja, del Municipio de Acapulco. La persona dijo llamarse José Luis González Valencia llamó del número 7442626162 y mencionó que la actual presidenta de Acapulco, Abelina López Rodriguez come de sus manos, seguido de pedir 90,000 pesos como una cuota que duraría solo 7 meses y amenazar con matar a los familiares de nuestros compañeros y compañera si se negaban a pagar.

Sabemos que esta acción no es casualidad, que fue una acción planeada y precisa de intimidación. La denuncia y todas las pruebas de audios, número y nombre ya se presentó a la Fiscalía de Guerrero, la cual muestra claramente una complicidad innegable ante su forma de retrasar y minimizar la denuncia.

Hacemos responsables de esta extorsión y amenaza, así como de todo aquello que les pueda pasar a nuestros compañeros, compañera, a sus familiares y comunidades, a la Presidenta Municipal de Acapulco, Abelina López Rodriguez, al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, Evelio Méndez Gómez y a la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda.

Quienes no sólo son culpables por no hacer nada ante la violencia que se vive en Guerrero, sino también por ser cómplices y formar parte de aquellos que atacan, torturan, acechan, disparan y asesinan a integrantes de nuestra organización; y ahora también amenazan y extorsionan a aquellas personas que nos acompañan.

Exigimos que la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía de Guerrero, por una vez hagan su trabajo y encuentren a los responsables.

Llamamos al pueblo de Acapulco y a los medios de comunicación a alzar la voz, justamente para evitar lo que quiere la Presidenta Municipal, Abelina López Rodriguez, que es callarlos y negar la violencia que viven. Pero principalmente, los llamamos a organizarse pues solo así se le puede hacer frente al mal gobierno que pacta con el crimen organizado.

Atentamente
Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata

14 de noviembre de 2021

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Prensa Comunitaria

(Español) El Estor: las dos caras del estado de sitio

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Por Paolina Albani y Francisco Simón Francisco

La presencia del Ejército y de la policía solo ha devuelto la calma a los mineros. Los camiones de la mina rusa, cargados de carbón, ferroníquel y otros materiales, transitan por las calles del municipio con libertad y son custodiados por la misma policía que acosa a los comunitarios y que, días antes, les lanzó bombas lacrimógenas y allanó sus casas con vehículos blindados. Para los defensores del territorio no hay paz, únicamente miedo y ese parece ser uno de los objetivos del Gobierno.

El 24 de octubre, el Gobierno de Alejandro Giammattei impuso sin muchos miramientos un estado de sitio en El Estor, Izabal, un municipio caribeño de habla Q’eqchi’ al nororiente del país, con la promesa de “devolver el orden y la paz” a la comunidad, luego de que los Cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi´ realizaron una manifestación pacífica que duró 20 días para defender a las montañas y al Lago de Izabal de las consecuencias de la minería a manos de CGN-Pronico. Exigían su derecho a ser incluidos en el proceso preparatorio para la consulta libre, previa e informada, ordenada por la Corte de Constitucionalidad.

***

El 6 de noviembre, periodistas de varios medios de comunicación arribaron al municipio para documentar la vida de El Estor bajo el estado de sitio como parte de la caravana “Caravana a El Estor”, en la que también viajaban artistas y activistas, quienes hicieron actividades lúdicas. Han pasado dos semanas desde que las fuerzas armadas y la policía se instalaron en el lugar. Dos retenes instalados en la entrada a El Estor son algunos de los puestos de control encontrados en el camino a las comunidades. No hay un desborde de presencia policial como lo hubo previamente, pero las patrullas mantienen la vigilancia.

Al entrar al municipio, en las calles hay calma, sobre todo para los camiones de la mina, conocidos como “góndolas” y custodiados por patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC) en su salida con destino al Puerto Santo Tomás de Castilla. En un período de dos horas, 22 de ellos salieron del municipio y fue fácil detectarlos por los ruidos y el temblor que generaban a su paso.

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Radio Kurruf

(Español) Concepción: Exigen justicia para Camilo Catrillanca y el fin del estado de excepción en Wallmapu

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Durante este medio día en Concepción, se realizaron diversas concentraciones en repudio a la actual militarización en Wallmapu por parte del Estado chileno y exigiendo justicia para Camilo Catrillanca.

La convocatoria emanó desde los distintos hogares de estudiantes mapuche en Concepción, quienes también llamaron a una marcha para el próximo lunes, conmemorando los tres años del asesinato de Camilo Catrillanca  a manos de efectivos del Gope de Carabineros.

Las concentraciones tuvieron lugar en los tribunales penquistas, en la intersección de las calles Aníbal Pinto con Barro Arana y en la plaza Lautaro (ex plaza Independencia), desde donde se llamó a las y los transeúntes a solidarizar con las comunidades mapuche violentadas antes y durante el estado de excepción impuesto en primera instancia por el imputado Sebastián Piñera y ratificado por la cámara de Diputadas/os el pasado martes.

Cabe recordar que el estado de excepción se impuso el pasado 12 de octubre en las provincias de Arauco, Biobío, Malleco y Cautín. Posteriormente, el 2 de noviembre, el Gobierno ingresó un oficio para que se prorrogara la medida represiva por 15 días más, situación aprobada por 76 votos a favor y 59 en la cámara baja.

Durante las concentraciones realizadas hoy en Concepción se hizo hincapié en que el resultado del estado de excepción solo aumentó los niveles represivos en territorio mapuche, que dejaron como resultado el asesinado de Yordan Llempi a manos de infantes de Marina.

Desde las y los estudiantes mapuche convocados hoy, exigieron el cese inmediato de la militarización del Wallmapu, que hasta la fecha solo han dejado comunidades violentadas por agentes del Estado.

Comunicado de hogares de estudiantes mapuche de Concepción:

Comunicado Hogares Mapuche de Concepción, Noviembre de 2021.

Marri marri kom pu che, saludamos a todo el Pueblo Nación Mapuche y no mapuche conscientes. Como hogares de estudiantes mapuche de Concepción. (Pegun Dugun, Ruka Aliwen y Lib Rakiduam) comunicamos lo siguiente:

Que como jóvenes mapuche, estudiantes y pertenecientes a diversos lof de wallmapu, repudiamos el actuar avasallador del estado chileno, que mediante las fuerzas armadas reprimen y siguen derramando sangre en diversos territorios mapuche, donde habitan nuestros machi, lonko, reñma/familias, constituidas por ancianos, jóvenes y niños que ven enmarcada su cotidianidad por el hostigamiento constante de pacos y milicos amparados por el estado. Este estado capitalista responde a evidentes intereses económicos, pasando por alto las consecuencias que dejan en el territorio, no les importa acrecentar la pobreza que ellos mismos causaron, pasan a llevar toda forma de vida que con orgullo hemos mantenido y seguiremos manteniendo con la convicción de recuperar la anhelada autonomía de nuestro pueblo.

Es por ello, que hacemos un llamado a mantenernos fuertes como un coigüe, a resistir y no abandonar la lucha histórica que por tantos años han llevado nuestros antepasados. Porque si uno cae, diez se levantan pu peñi, pu lamngen, no olvidar. MARRICHIWEU!

Por último, extendemos la invitación para el próximo Lunes 15 de Noviembre a las 18:00 horas a una marcha en la Plaza Leftraru (Ex plaza independencia) para manifestar y visibilizar las demandas territoriales en la warria, y dar a conocer nuestro descontento por el asesinato de nuestros recientes hermanos caídos; Camilo Catrillanca, Jordan Llempi y tantos otros que llevamos en nuestro rakiduam.

radio
Organización Vineketik en Resistencia

Comunicado de nuestro compañero Marcelino Ruiz preso en lucha recordando a nuestrxs compañerxs que murieron luchando por un mundo mejor

CCERS No 10
Comitán, Chiapas, Mexico.
Comunicado de presxs indígenas en lucha
Organización Vineketik en Resistencia, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN
Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.
A la Sociedad Civil nacional e internacional.
Al Congreso Nacional Indígena.
Al Consejo Indígena de Gobierno.
A los medios de comunicación.
Al Pueblo Creyente.
Al pueblo de México y del mundo.
A la Red Contra la Represión y por la Solidaridad.
A lxs defensorxs de los derechos humanos y ONGs.

Hermanas, hermanos y hermanoas, compañeras, compañeros y compañeroas, les envío un afectuoso saludo combativo desde mi lugar de lucha y resistencia.

En este día tradicional del día de muertos recordamos a nuestrxs caídxs, desaparecidxs y asesinadxs por el estado capitalista.

En este día honramos a nuestrxs muertxs que han sido víctimas de la injusticia, que han sido arrebatadxs por la lucha de este sistema político de muerte, un sistema que es mas peligroso que un virus, que ha matado a tantos compañerxs para despojar de nuestros territorios con el fin de la explotación de la madre tierra.

El sistema capitalista esta para el beneficio de los poderosos y del exterminio de nosotrxs lxs indígenas junto con nuestra madre tierra.
Pero el espíritu de lucha de nuestrxs caídxs y muertxs sigue con nosotrxs nos han dejado la semilla en nuestros corazones para seguir tejiendo nuestros lazos de justicia, verdad y libertad y lxs que seguimos en la lucha no claudicaremos ante el gobierno represor y asesino que no ha dejado de intimidarnos con los asesinatos, las desapariciones forzadas, los encierros en las prisiones, sino mas bien seguiremos luchando y resistiendo con rebeldía a este sistema corrupto.

Atentamente

Organización Vineketik en Resistencia

Marcelino Ruiz Gómez.

radio
La Voz del Pueblo de Magdalena Aldama

(Español) Comunicado del Pueblo de Magdalena Aldama, Chiapas

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MAGDALENA ALDAMA, CHIAPAS. OCTUBRE DE 2021.

A LA OPINIÓN PÚBLICA.
A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
A LA AMNISTÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
A LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
A LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS INDEPENDIENTES.
AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL.
AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA CNI.
AL CONCEJO INDIGENA DE GOBIERNO CIG.
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL.
A LAS REDES DE RESISTENCIA Y REBELDIA.
A LAS MUJERES QUE LUCHAN.
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES NO GUBERNAMENTALES.
A LAS Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIONES LOCALES, NACIONALES, INTERNACIONALES E INDEPENDIENTES.
AL PUEBLO DE MÈXICO Y AL MUNDO.

Presente.

Somos la Voz del Pueblo.

Somos un pueblo que vive bajo la lluvia de disparos por los grupos armados de corte paramilitar de Santa Martha del municipio de Chenalho, somos un pueblo de lucha y de resistencia. Somos la semilla de nuestros antepasados Mayas. Somos pueblo. Que hoy en día corre la sangre en nuestras venas. Somos bats`i vinik-antsetik. Somos Tsotsiles.

El problema no es nuevo, a la comunidad de Santa Martha (Manuel Utrilla) en los años 70s en una resolución presidencial de José Portillo le entregaron 60 hectáreas las cuales le pertenecían al municipio de Santa María Magdalena Aldama después se reconoció que los dueños eran los de Aldama y acordaron en el convenio de 1977 respetar el derecho de posesión de Aldama y también que las cooperaciones y cargos hacerlas en Aldama pero los acuerdos no se respetaron y Santa Martha en 1997 exige la devolución de 30 hectáreas y en el año 2009, el tribunal unitario agrario resuelve la posesión a favor de los 115 comuneros de Aldama.

En el año de 2016 las problemáticas recrudecieron con el despojo de las tierras durante en el gobierno de Manuel Velazco Cuello y ahora en el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas. Por disputa de tierras de 60 hectáreas que fuimos despojados por personas del poblado de Manuel Utrilla (Sector Santa Martha) del municipio de Chenalho. Las 60 hectáreas nos han pertenecido al pueblo de Magdalena Aldama ancestralmente. Dentro de las 60 hectáreas vivían 7 familias que en 2016 fueron despojados y amenazados a puntas de armas de fuego y fueron refugiados en las diferentes comunidades del municipio de Aldama. En este año de 2016, se activó el grupo armado paramilitar que operan en Chenalho.

Somos 115 Comuneros afectados, despojados, amenazados y desplazados en nuestros hogares, en nuestras tierras; que ancestralmente nuestros abuelos, padres nos los han heredado y está certificada ante el Tribunal Unitario Agraria y nos reconoce como dueños legítimos de nuestra madre tierra.

En el año 2018 las agresiones de armas de fuego de altos calibres intensificaron y fueron desplazados forzados internos 2036 personas en ese tiempo, hacia las montañas por este grupo armado, lo cual nos atacan en los diferentes puntos de ataques que ellos tienen, desde las localidades de Yok Ventana, Saclum hasta Sector Santa Martha nos rodean de disparos afectando a 10 localidades.

14 de marzo de 2020, nuestro compañero Cristóbal Santiz Jiménez fue detenido y fue recluido en el penal de el “Amate“ del municipio de Cintalapa, Chiapas. En la hora de su aprehensión fueron violados sus derechos humanos, así como; recibió agresiones físicas y verbales y fue amenazado por los elementos cuando fue trasladado de San Cristóbal al CRSS No 14 el Amate.

El motivo de la detención de nuestro compañero Cristóbal Santiz Jiménez, es por ser uno de los representantes de los 115 Comuneros afectados y desplazados de las 60 hectáreas de tierras, por parte del poblado de Sector Santa Martha, Chenalho.

Cristóbal Santiz, es uno de los rehenes del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas e Ismael Brito Mazariegos (Secretario de Gobierno), de la Fiscalía del Estado Jorge Luis Llaven Abarca y de la Fiscalía Indígena de la Zona Altos de Chiapas.

Desde el inicio del año 2020 y 2021 las agresiones armadas han ido aumentando de intensidad hacia nuestras comunidades afectando a 12 comunidades y entre 5000 personas; mujeres, niñ@s, ancian@s y hombres, que han sido afectados y victimas de estas agresiones.

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radio
Festivales Solidarios

(Español) Una mina de níquel y la militarización en El Estor, Guatemala

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Fotografías: Diego Alvarado y Festivales Solidarios.

Foto: Diego Alvarado.

Este es un breve relato, de los miles de sucesos que existen y de cómo se conecta la historia de despojo y terror que la empresa minera en los alrededores del lago de Izabal, hoy la CGN-PRONICO y su origen en la EXMIBAL, han provocado durante los últimos 60 años en Guatemala y que ahora, siguen siendo los responsables intelectuales y materiales de criminalizar y perseguir a las y los defensores de la naturaleza que se oponen rotundamente a la destrucción del lago de Izabal y su entorno y también de cómo, las empresas extranjeras que han sido dueñas a lo largo del tiempo de la mina de níquel, han utilizado a las fuerzas represivas del Estado como guardias privadas para garantizar que sigan con el saqueo del recurso mineral que existe en la región.

Los orígenes

Esta mina empezó a funcionar en 1970, cuando el gobierno de Carlos Arana Osorio, conocido como el “Chacal del oriente” (mote otorgado por la ciudadanía por ser un dictador militar sanguinario) otorgó una concesión para explotación de níquel, cobalto, hierro y cromo durante 40 años a la empresa Explotaciones y Exploraciones Mineras de Izabal (EXMIBAL), subsidiaria de la compañía canadiense International Nickel Company (INCO).

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radio
Avispa Midia

A 26 meses, y sin justificación legal, defensores del río Guapinol son retenidos en prisión

Por Vanessa

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