presos políticos
Convocan marcha en Acapulco, 13 de marzo
MARCHA POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS Y LA APARICIÓN CON VIDA DE LOS 43
Con la aprobación de la Asamblea Nacional Popular (ANP) realizada el 21 de febrero de 2015, El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), los Normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raul Isidro Burgos”, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) y el Movimiento Popular Guerrerense (MPG)
La violenta represión policíaca en Acapulco contra los maestros de la CETEG el 24 de febrero, fue reivindicada por Enrique Peña Nieto como lo que se debe hacer para, según sus palabras ofensivas y denigrantes “aplicar la ley” y “darle vigencia plena” al estado de Derecho. Con prepotencia delictiva, azuzó a todos los gobernadores a que hagan lo mismo en sus estados. La violencia intolerable de los policías no fue un hecho aislado; desenmascara la política represiva impulsada desde hace varios meses por Peña Nieto y lo ubica como enemigo de los trabajadores que reclaman su salario devengado y contra los movimientos sociales que luchamos por dignidad y justicia. Esta actuación represiva y de confrontación contra los pobres de México, colocan abiertamente al presidente del lado de los poderosos quienes han impuesto su interés de clase en abierto reto contra los desposeídos.
La cúpula empresarial dijo que no permitirán que los padres de los 43 normalistas desaparecidos se metan en los cuarteles (lo que ya lograron) y que van a revisar el marco jurídico para dar cobertura a las fuerzas armadas para que se puedan mover y defender –siendo que son ellos, policías y ejército quienes ejercen la represión y la desaparición forzada contra el pueblo- . Toca a los movimientos sociales y a las organizaciones democráticas unirnos con todos los sectores del pueblo oprimido y mostrar que somos la mayoría de los mexicanos y que no vamos a permitir actos de represión como los ejecutados contra los maestros, que buscan acallar nuestras voces y eliminar nuestros derechos. Con los hechos de Iguala quedó demostrado que los delincuentes, corruptos y mentirosos son los gobernantes. Se equivocan si creen que con la represión quedará borrada la exigencia de los padres de los 43 normalistas y de miles de ciudadanos de México y del mundo por la aparición con vida de los estudiantes normalistas desaparecidos.
También se equivocan si creen que vamos a dejar en la cárcel a nuestros presos políticos, acusados por medio de delitos fabricados. Hagamos imperar la justicia. Hagamos escuchar la voz de los pueblos.
Misión civil de observación presenta informe actualizado sobre proceso de consulta a la tribu yaqui frente al acueducto independencia.
Por Ehécatl
El 11 de febrero del 2015, en un mitin afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Tomas Rojo, vocero de la tribu Yaqui, en compañía de Areli Sandoval y Edmundo del Pozo, integrantes de “La Misión Civil de Observación de la Consulta a la Tribu Yaqui” y José Antonio Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y promoción de los derechos humanos, hicieron entrega del informe actualizado en donde se exponen las arbitrariedades y violaciones a los derechos indígenas por la operación del Acueducto Independencia.
Dicho informe sobre el monitoreo y documentación del proceso de consulta de la tribu Yaqui, expone las violaciones a la ejecución de la sentencia emitida por la SCJN (631/2012), la cual obliga a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a consultar a los pueblos indígenas, así como también presenta conclusiones y recomendaciones al Estado mexicano, tales como:
- Garantizar la consulta libre respetando la autonomía de la tribu, dejando en libertad a Mario Luna y Fernando Jiménez y poniendo fin a la criminalización contra los Yaquis.
- Garantizar una consulta de buena fe suspendiendo la operación del Acueducto Independencia que ocasiona un daño irreparable a la tribu, limitando un dialogo sincero entre las partes.
- Garantizar una consulta informada, entregando los puntos faltantes solicitados por la tribu Yaqui como el peritaje antropológico.
- Garantizar el derecho al consentimiento, respetando la decisión de la tribu frente a la operación del acueducto, la cual debe tener carácter vinculante para el Ejecutivo Federal.
México D.F., 12 de febrero de 2015.