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A finales del pasado mes de diciembre, el gobierno griego aprobó una reforma del sistema penitenciario nacional que, además de otras medidas que empeoran las condiciones carcelarias, establece que los condenados por terrorismo no pueden acceder a las “cárceles rurales”, que se consideran más “abiertas” y a las cuales los presos de larga duración tienen acceso. La aprobación de esta ley activó inmediatamente el proceso burocrático para el traslado de Dimitri Koufontinas desde la prisión rural de Kassevitia.

Dimitri es un camarada condenado por participar en la Organización Revolucionaria 17 de noviembre, en prisión desde 2002.

El nuevo paquete de leyes estipula que los reclusos en las cárceles rurales se reclasifican y luego se transfieren a la última prisión en la que se encontraban. En el caso de Dimitri, debería haber sido la prisión ateniense de Koridallos. Sin embargo, la administración de la prisión decidió trasladarlo, manipulando los papeles de transferencia, a la prisión de Domokos. Aunque en Grecia no existen circuitos diferenciados de cárceles, la intención de la administración penitenciaria en los últimos años ha sido hacer de esta prisión una prisión “dura”.

Un traslado punitivo, por lo tanto, destinado a golpear a un compañero que siempre ha luchado, fuera, en los juzgados, en la cárcel: desde que fue detenido ha participado en numerosas protestas y ha llevado a cabo cuatro huelgas de hambre.

Esto es parte de una represión destinada a aniquilar a Dimitri Koufontinas pero que forma parte del proyecto represivo general del Estado griego: intentar aplastar a las partes más radicales y combativas de la sociedad para evitar la hipótesis de conflictos futuros.

Ante el traslado, Dimitri Koufontinas decidió no quedarse callado y utilizar la única arma que tenía a su disposición, su cuerpo. Desde el 8 de enero inició una huelga de hambre que continuará indefinidamente hasta que sea trasladado a la prisión de Koridallos.

A estas alturas comienzan a ser muchos los días de huelga, el compañero se encuentra en condiciones críticas y precarias en el hospital de Lamia: según los médicos podría tener un colapso en cualquier momento.

Durante la huelga hubo muchas iniciativas y acciones de solidaridad que se llevaron a cabo en toda Grecia y más allá: mítines, manifestaciones, pintas en las paredes, pancartas, ataques contra múltiples objetivos (políticos, bancos, oficinas de correos, etc.).

Pero ahora que se está acabando el tiempo, creemos que es necesario hacer un esfuerzo extra. Pensamos que la lucha de Dimitri es también la lucha de todos y cada uno de nosotros y nosotras.

Estamos convencidos de la importancia de crear y expandir los lazos internacionales, especialmente en un momento como este.

Por todo esto hemos decidido convocar un día INTERNACIONAL de solidaridad y acción para el VIERNES 12 DE FEBRERO para apoyar a Dimitri Koufontinas.

LAS DEMANDAS DE LA HUELGA DE HAMBRE DEBEN SER ACEPTADAS

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Por Regina Pérez

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó ayer un amparo definitivo a varios ciudadanos que accionaron en contra de la iniciativa de ley 5377 que buscaba reformar la Ley de Reconciliación Nacional, debido a la amenaza ante la posibilidad de que entrara en vigor, ya que buscaba amnistía militares responsables de delitos que constituyen graves violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, que fueron cometidos durante el Conflicto Armado Interno.

La decisión del máximo Tribunal conformado por los magistrados Gloria Porras, José Francisco de Mata Vela, María Cristina Fernández, Rubén Gabriel Rivera Herrera y Roberto Molina Barreto, quien emitió un voto razonado disidente, fue recibido de manera satisfactoria por organizaciones de derechos humanos y sobrevivientes del conflicto armado interno, que manifiestan que la sentencia los alienta a seguir impulsando los casos y reivindica el derecho de las víctimas a tener acceso a la justicia.

El amparo definitivo fue otorgado a los ciudadanos Paulina Ixpatá, Pedrina López de Paz, Sergio Vi Escobar, Helen Mack y Oswaldo Samayoa, que accionaron en la CC, con lo que dejó sin efecto la sanción y promulgación de dichas reformas a la Ley de Reconciliación Nacional.

Este proyecto legislativo fue impulsado desde 2017 en el Congreso por los exdiputados Fernando Linares Beltranena, Jaime Regalado, Estuardo Galdámez y otros congresistas que avanzó en el Legislativo durante el 2019, año en que la CC otorgó un amparo provisional que había dejado en suspenso la sanción y promulgación de la iniciativa.

¿Qué dictó la Corte?

El abogado experto en derecho constitucional Oswaldo Samayoa, quien fue uno de los amparistas, destacó tres puntos de la resolución que dictó la Corte: primero, señaló que la ley de Reconciliación Nacional que está vigente es clara en que los delitos relacionados a tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y genocidio no pueden ser amnistiables.

Por lo tanto todos los casos que se han llevado a Tribunales y las personas que ya están condenadas, más los casos que están en proceso, no puede decirse que se van a eliminar, eso da certeza a la Ley de Reconciliación Nacional que se obtiene a partir de los acuerdos de Paz, dijo el abogado.

Segundo, la Corte pone en evidencia que vivimos en un Estado constitucional de derecho, es decir que la Constitución tiene un contenido político y jurídico en torno a los derechos humanos y que le da prioridad a la protección de los derechos fundamentales, indicó.

Y el tercer impacto es que resuelve que el Congreso no puede continuar con este tipo de discusión parlamentaria observando que este tipo de legislación es contraria a los Acuerdos de Paz, a la Constitución y a los intereses del Estado en construir el bien común, agregó.

Samayoa señaló que el amparo fue presentado antes de que la Ley entrara en vigencia, (aún estaba en segunda lectura) debido a que existía el peligro de que personas que ya estuvieran condenadas o en proceso, guardando prisión preventiva, salieran libres.

Si esta ley entraba en vigencia, uno de sus artículos decía que las personas que ya estuvieran condenadas y que estuvieron guardando prisión, o procesadas en prisión preventiva, debían inmediatamente obtener su libertad, explicó.

“Con un día que hubiera estado vigente la ley, si los efectos hubieran surgido, luego no se podría retrotraer al proceso para volverlos a encerrar, porque la ley no puede ser retroactiva en perjuicio del reo, con medio día que hubiera estado vigente, hubieran quedado libres personas que ya estaban condenadas y eso hubiera sido una burla a las víctimas y al sistema de justicia”, expresó.

Sentencia reivindica derecho de las víctimas a la justicia

Manuel Farfán, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Guatemala (Famdegua) señaló que están satisfechos con la resolución de la CC a favor de las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno.

Farfán señaló que esta resolución favorece a las víctimas, tanto de masacres y desapariciones, como a familiares sobrevivientes y especialmente a las que han fallecido con la esperanza de ver justicia y de conocer la verdad; es muy importante que la CC nos haya brindado ese amparo, indicó.

Agregó que esto alienta a seguir trabajando en la búsqueda de la verdad, “creo que eso es el sentido de las familias de las personas detenidas y desaparecidas y de las personas masacradas a quienes nosotros representamos como parte de esa búsqueda”.

Famdegua señaló que la iniciativa debe archivarse, “porque en el Congreso existen intereses de protección a personas que han sido señaladas de violaciones a derechos humanos. Creo que es un proceso muy grande para la historia que nos fortalece en la búsqueda de la verdad y la justicia”, subrayó Farfán, cuyo tío, Rubén Amílcar Farfán, fue detenido y desaparecido el 15 de mayo de 1984.

Por su parte, el abogado Edgar Pérez, director del Bufete de Derechos Humanos, señaló que con la iniciativa se pretendía reformar la Ley de Reconciliación, decreto 145-96, dejando abierta una amnistía general y que incluso hacía responsables a jueces que no dieran trámite inmediato a las solicitudes. Pérez ha llevado casos emblemáticos de justicia transicional como la masacre de la Embajada de España y el caso de genocidio contra Ríos Montt, en el que fue querellante.

Con esto, asegura el abogado, se violentaban no solo las garantías fundamentales de las víctimas sino obligaciones internacionales del Estado, así como los Acuerdos de Paz que establecen que el Estado no debía tomar medidas legislativas para impulsar la impunidad.

Pérez señaló que la sentencia, aunque dividida por un voto razonado, reivindica las obligaciones internacionales del Estado guatemalteco y los derechos de las víctimas a tener acceso a la justicia sin que existan obstáculos.

El abogado Pérez manifiesta que en Guatemala es difícil llevar casos relacionados al conflicto armado al sistema de justicia. “Hoy precisamente fue la audiencia de apelación del segundo juicio por genocidio, eso sucedió en los años 82, 83, estamos en el 2021, estamos hablando de 42 años de los hechos y apenas estamos conociendo en segunda instancia un juicio histórico pero que llevó muchos años prepararlo y esperar el momento que los Tribunales pudieran abrir las puertas para el acceso a la justicia”, indicó.

A pesar de que el número de casos que se ha logrado llevar a la justicia es mínimo, el abogado señala que por la lucha de las víctimas y organizaciones de derechos humanos ha habido casos emblemáticos, que representan ese patrón sistemático generalizado de políticas de Estado como la tierra arrasada, el desplazamiento forzado, las masacres y el genocidio.

Al preguntarle si esta es una sentencia histórica, Pérez señaló: “Todas las sentencias que hay hasta hoy en el sistema judicial guatemalteco relacionadas con el conflicto armado interno son históricas y representan a cada una de las víctimas que sufrieron las atrocidades cometidas durante el conflicto”.

Organizaciones como Impunity Watch Guatemala también se pronunciaron sobre la sentencia. “La resolución de la CC sobre la iniciativa 5377 es consecuente con el derecho internacional y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Guatemala tiene la obligación internacional de juzgar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y no puede otorgar amnistía en este tipo de casos”, indicó en su cuenta de Twitter.

Voto razonado disidente de Molina Barreto

El amparo tuvo el voto razonado disidente del magistrado Roberto Molina Barreto, quien busca ser reelecto como magistrado constitucional para el periodo 2021-2026 de la CC, por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde presentó su expediente.

Molina Barreto fue nombrado como magistrado constitucional por los magistrados de la CSJ, para sustituir la vacante que dejó Neftaly Aldana.

Su nombramiento fue adversado por organizaciones de derechos humanos que recordaron que como magistrado de la CC, Molina emitió resoluciones contrarias a la ley como en el caso por genocidio, cuando se anuló la condena contra el general Efraín Ríos Montt, en mayo de 2013.

Para acceder a la sentencia completa:

https://drive.google.com/file/d/1hqueYTG6gIcQmjvGNgzTkZYHOmJ33MvJ/view

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Por Jasmin Hristov y Karen Spring

⇓ÚLTIMA PARTE⇓

A continuación, se presenta un conjunto de cinco artículos que reflexionan sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Un análisis que será publicado en cinco partes.

Leer la 4ta Parte de esta serie ⇒ Honduras: El paramilitarismo en el sector energético y el turismo

Parte V

Paramilitarismo contra Estudiantes, Periodistas, Abogados y Defensores/as de Derechos Humanos

En Honduras, los periodistas y abogados de medios alternativos / independientes que exponen las violaciones de derechos humanos por parte del Estado y las luchas de los movimientos sociales, enfrentan un alto riesgo de sufrir violencia. Entre 2009 y 2013, 74 abogados y 25 periodistas fueron asesinados (Holanda, 2014). La mayoría de los casos permanecen impunes.

“Pues en el 1997 se pone la primera demanda en contra de la familia Facussé y la familia Morales, pero los abogados, siempre sobornados, iban abandonando los casos; o sea, según iban avanzando los terratenientes llamaban a los abogados y si no querían los remataban, entonces tenían que aceptar”, cuenta un miembro de la Plataforma Agraria

“Así se fue dando desde 1997. En el 2006 ya teníamos el abogado número siete, y en ese momento hicimos una toma de la finca. Igual el abogado sabía que tenía la legalidad, pero también fue sobornado… Ahí de Tocoa, se llama Rico. El último abogado que sí se demostró y ganó fue el abogado Antonio Trejo, en 2012, en el caso de la cooperativa San Isidro, en el caso de la cooperativa Trinidad y Despertar. Pero el 22 de septiembre lo asesinaron”, de acuerdo con los miembros del movimiento campesino Plataforma Agraria. Junto al asesinato de abogados, entre 2001 y 2018, fueron asesinados 84 periodistas en Honduras (García, 2019).

El movimiento estudiantil hondureño también se ha visto muy afectado por la represión estatal y la violencia no estatal desde el golpe de 2009. La acción colectiva de estudiantes secundarios y universitarios que protestan contra las políticas de austeridad y la privatización de la educación pública ha sido brutalmente reprimida por la policía estatal y el ejército; los estudiantes han sido golpeados, asesinados y encarcelados. Según el Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), 21.000 estudiantes han sido asesinados en Honduras entre 2011 y 2018 (C-Libre, 2018).

Aquí se pueden encontrar tres modalidades principales de violencia paramilitar. La primera es cuando los agentes estatales incurren en acciones que exceden las sancionadas por la ley. Estos incluyen allanamientos de hogares, recolección de información personal, fotografías y seguimiento sin una orden judicial, así como tortura y finalmente asesinato. Estos actores pueden estar uniformados o no, utilizar vehículos sin matrícula y con frecuencia tienen la cara enmascarada. Los siguientes son algunos ejemplos que ilustran esta modalidad.

En septiembre de 2018, durante una marcha de un amplio colectivo de movimientos sociales en el Día de la Independencia Nacional, un adolecente de quince años fue arrojado en la parte trasera de una camioneta patrulla policial, torturado y logró escapar de lo que describió como un intento de asesinato.

“Nos dijeron que nos iban a llevar a un callejón sin salida y nos iban a matar. Me golpearon un par de veces con la pistola en la cabeza, sentí salir sangre. Luego me metieron el arma en la boca y dijeron que si oían nuestras voces dispararían. Había gente en la calle mirando y tratando de grabar esto en video con sus teléfonos celulares, así que comenzaron a disparar balas reales a los pies de las personas para hacerlas escapar”, comparte Francisco (seudónimo), estudiante de secundaria, Honduras. El niño finalmente recibió tratamiento hospitalario por las graves lesiones que sufrió en la cabeza y continúa sufriendo impedimentos físicos y psicológicos.

En otro trágico caso, el 30 de agosto de 2018 tres hombres armados con armas de alto calibre, uniformados de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), secuestraron en una camioneta a dos estudiantes del Instituto Técnico de Honduras de una residencia en Tegucigalpa. Al día siguiente, Mario Enrique Suárez Gómez, de 19 años, y Gerson Daniel Meza Medina, de 18, fueron encontrados muertos en la carretera, con marcas de tortura y numerosos disparos (La Prensa, 2018).

A uno de ellos le rompieron las manos y las piernas, le quitaron los ojos y le cortaron la nariz (Meza, 2018). Los dos jóvenes habían participado en al menos 12 protestas en los últimos meses, exigiendo el subsidio de transporte público para estudiantes que el gobierno les había quitado en reformas anteriores (C-Libre, 2018). También estuvieron involucrados en una protesta contra el gobierno pocas horas antes de su secuestro (Meza, 2018).

ATIC negó la participación de su personal en el incidente, afirmando que los logotipos del uniforme que llevaban los perpetradores no coincidían con los del uniforme de ATIC (La Prensa, 2018). Sin embargo, un examen exhaustivo de una gran variedad de imágenes del personal de ATIC en las escenas del crimen revela una mayor variación en sus uniformes. Además, la forma en la que los hombres armados sacaron a los dos estudiantes y los acompañaron hasta la camioneta sugiere que el primero tenía entrenamiento militar.

Las autoridades estatales han atribuido los asesinatos a miembros de bandas criminales que se hacen pasar por agentes estatales, mientras que la cobertura de los principales medios de comunicación se ha centrado en la violencia de las pandillas en el vecindario de la víctima y en uno de los arrestos anteriores del estudiante por cargos de drogas.

En otro incidente en el contexto de semanas de protestas de estudiantes universitarios en Tegucigalpa, un civil armado disparó ocho tiros desde un vehículo privado contra estudiantes que protestaban en la vía frente a la universidad (El Tiempo, 2019). A pesar de que el incidente fue filmado por cámaras de seguridad cercanas, nadie ha sido acusado. El ataque ocurrió en un contexto de represión, detenciones y desalojos violentos de estudiantes que protestaban dentro y en la vía frente de la universidad.

La segunda modalidad de violencia paramilitar contra estudiantes es en forma de seguridad privada. Las amenazas de muerte por parte de guardias de seguridad privada contra estudiantes involucrados en algún tipo de acción colectiva son comunes en la UNAH. En un caso conocido de julio de 2017, estudiantes de la UNAH fueron brutalmente agredidos por una unidad de seguridad privada de la empresa Spartan, mientras ocupaban una parte de las instalaciones de la universidad, incluidos algunos que se encontraban en huelga de hambre.

Además de los guardias de seguridad privada empleados permanentemente por la universidad, Spartan fue contratado por separado por la administración de la universidad para desalojar violentamente a los estudiantes. Los agresores golpearon brutalmente a los estudiantes y utilizaron gases lacrimógenos (Rodríguez, 2017).

La última modalidad de violencia paramilitar es la empleada por individuos que pueden ser miembros de pandillas o simplemente sicarios. Un estudiante activista compartió la historia de cómo miembros de la Mara Salvatrucha, una de las pandillas más notorias de Centroamérica, fueron a su casa y lo amenazaron con matarlo si continuaba participando en las protestas estudiantiles.

Grupos Paramilitares Emergentes

Como hemos demostrado, gran parte de la violencia contra las comunidades rurales involucradas en disputas por la tierra y luchas ambientalistas, así como contra estudiantes, abogados y activistas de derechos humanos en general, es llevada a cabo por asociaciones de actores estatales y no estatales que no pertenecen a grupos específicos autoidentificados. Sin embargo, también está en marcha un proceso de formación de estructuras paramilitares más identificables. Podemos caracterizar esta formación de grupos paramilitares como en etapa embrionaria, en comparación con otros países como México y Colombia.

Los siguientes tres ejemplos son de la región del Bajo Aguán y las organizaciones mencionadas son / fueron parte de la Plataforma Agraria.

El primer caso, de la comunidad de Panamá, demuestra cómo la colaboración entre guardias de seguridad privada, batallones militares y civiles armados ha dado lugar a una unidad paramilitar. Este grupo armado está liderado por un individuo que fue guardia de seguridad de Dinant y luego formó parte, durante un tiempo, del movimiento campesino Gregorio Chávez. Una plantación de palma aceitera llamada Paso Aguán, oficialmente propiedad de Dinant, ha sido disputada por el movimiento campesino Gregorio Chávez.

Desde 2014 la plantación se utiliza como base para el Batallón Xatruch. Seis individuos de la cercana comunidad de Panamá, afiliados al movimiento campesino, han sido asesinados en la propiedad Paso Aguán, que ahora se conoce entre la comunidad como el ‘cementerio clandestino’. En abril de 2018, los militares y guardias de seguridad privada de Dinant se retiraron oficialmente de la propiedad. En su lugar, un grupo armado liderado por Santos Torres, que según testimonios de campesinos de la Plataforma era un ex-guardia de seguridad privada de Dinant, y que también fue miembro del movimiento campesino, estableció el control de una zona considerable de la plantación.

Desde septiembre de 2018, este grupo armado ilegal de aproximadamente 20-30 hombres portando armas como AK47 y R-15 y vistiendo chalecos antibalas, “ha llevado a cabo numerosos actos de violencia contra integrantes del movimiento, como el 16 de enero de 2019 cuando uno de los líderes del movimiento, Jorge Mejía, recibió disparos en un intento de asesinato”, según los voceros de la Plataforma Agraria, Honduras.

La comunidad ha denunciado todos los casos a la policía y a la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA). “En varias ocasiones, Santos Torres fue detenido y poco después liberado. También ha sido visto tomando café con los policías que supuestamente fueron asignados a proteger a los miembros de la comunidad que son beneficiarios de medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección”, según líderes movimiento campesino Gregorio Chávez. Además, señala este movimiento que, “el grupo armado opera de acuerdo con los militares y Dinant, con el propósito de aterrorizar a la comunidad y así disuadirlos de emprender acciones de recuperación de tierras o dar la impresión de que la violencia fue causada por conflictos internos de la comunidad, es decir, campesinos contra campesinos”.

De manera similar, un grupo paramilitar conocido como La Confianza surgió en la comunidad de La Confianza en el Bajo Aguán, en 2016. Liderado por el ex-militar Celio Rodríguez, el grupo está compuesto por algunos ex-miembros de una cooperativa campesina que se escindió del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán, MUCA).

Rodríguez se ha encargado de entrenar y suministrar al grupo uniformes y armas. Los miembros de este grupo paramilitar han estado persistentemente amenazando, intimidando e intentando asesinar a líderes clave de la Plataforma Agraria. En este contexto, el grupo asiste a reuniones comunitarias para proponer la venta de la tierra de propiedad colectiva de los campesinos.

Según testimonios locales, miembros del grupo se han reunido en numerosas ocasiones con Oscar Nájera, diputado del Congreso Nacional por el Partido Nacional derechista. Nájera es un conocido socio comercial del cártel de la droga de Los Cachiros que anteriormente se encontraba en Tocoa, Colón. Uno de los integrantes del grupo, Osvin Nahum Caballero, quien tiene 11 cargos de homicidio, fue detenido en 2018. Es responsable, junto con Celio Rodríguez, del asesinato de José Ángel Flores, ex presidente del MUCA y Silmer George, miembro del MUCA en 2016.

En noviembre de 2019 surgió otro grupo paramilitar de manera similar. Varios miembros de la cooperativa San Esteban, parte de la organización campesina MARCA, a los que se unieron algunos sicarios formando un grupo paramilitar de 50 hombres fuertemente armados, se apoderaron de la finca de la cooperativa San Esteban y obligaron al resto de las familias que son miembros de la cooperativa a salir. Actualmente emplean esta estrategia para amenazar a familias de otras cooperativas cercanas como Despertar y La Trinidad (Criterio, 2019a).

Reflexiones sobre las tendencias de la violencia y las unidades paramilitares

Como se puede observar, en Honduras la violencia paramilitar es pro-capitalista y política y se lleva a cabo por actores estatales y no estatales, a menudo a través de la cooperación entre ambos. Las características organizativas de la violencia van desde la pequeña escala (individuos contratados para atacar a miembros de movimientos sociales) hasta grandes grupos que incluyen batallones militares y guardias de seguridad privada.

También varían entre asociaciones ambiguas y temporales, agentes de seguridad del Estado, actores no estatales, y grupos propiamente formados que se identifican como tales. Los factores que han facilitado la proliferación de la violencia paramilitar son: el aumento de la militarización, el uso generalizado de la seguridad privada y su cooperación con las fuerzas de seguridad del Estado, y la creación de grupos inter-institucionales (compuestos por policiales y militares). Esto último crea condiciones propicias para la participación de la policía y el ejército en violaciones de derechos humanos, así como la participación de actores no estatales.

Los siguientes patrones pueden observarse en todas las diferentes modalidades de violencia paramilitar. Primero, independientemente de la modalidad a través de la cual se lleve a cabo, la violencia paramilitar trabaja en coalición con la legislación para lograr los objetivos económicos de los capitalistas, así como los establecidos por instituciones internacionales como el Banco Mundial. Por lo tanto, la violencia paramilitar en este país sirve para sostener las estructuras de poder institucionalizadas, no solo los intereses privados de los capitalistas individuales.

En segundo lugar, en todos los casos de violencia paramilitar existe un proceso paralelo de criminalización de las víctimas. Esto último debe entenderse como parte integral de los requisitos previos o condiciones favorables para el surgimiento del paramilitarismo. En los casos rurales y urbanos observamos la misma tendencia en la que no solo se registran a las víctimas de la violencia política simplemente como producto del delito, sino que también se utilizan las acusaciones o cargos existentes en su contra para insinuar su participación previa en actividades ilegales que luego presumiblemente podrían utilizarse para explicar su muerte.

Así, el proceso de criminalización de miembros de los movimientos sociales que se oponen al régimen y su modelo económico allana el camino para eventualmente normalizar su “desaparición” y reforzar la impunidad. Por ejemplo, los estudiantes activistas son acusados falsamente y cuando son víctimas de ejecuciones extrajudiciales, como el caso del joven secuestrado por ATIC, su muerte se explica en relación a los cargos anteriores.

Más importante aún, cuando los campesinos, los garífunas y los estudiantes son elevados a la categoría de narcotraficantes mientras que los perpetradores de la violencia paramilitar se reducen a criminales, las dos fuerzas opuestas – los movimientos desde abajo y el instrumento violento utilizado por las élites para silenciarlos – se fusionan en la categoría de criminales, invisibilizando por completo las motivaciones pro-capitalistas y políticas de la violencia de un lado contra el otro.

La individualización de los problemas estructurales y el desvío de la responsabilidad de la violencia de los verdaderos perpetradores y hacia las propias víctimas, es una característica recurrente en las cuentas de los medios de comunicación hegemónicos, así como en los discursos de los oficiales gubernamentales y corporativos.

Esto es lo que dijo el Sr. Hugo Maldonado, Presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), cuando se le pidió que comentara sobre el secuestro y posterior asesinato de los dos estudiantes por parte de ATIC: “No es ATIC. Cualquiera puede ponerse un uniforme. … Se sabe que uno de los chicos estaba en el proceso de decidir si se unía o no a la mara, así que eso puede que tenga algo que ver”, dijo en entrevista el Sr. Hugo Maldonado de CODEH.

De igual manera, el señor Roger Pineda, portavoz de Corporación Dinant, argumentó que “la violencia en el Bajo Aguán no es política sino que principalmente tiene que ver con conflictos internos entre campesinos, desbordes de dinero por ventas agrícolas o algunas actividades ilegales”.

Esto lleva al siguiente problema, que es la fragmentación de las comunidades rurales a través de la infiltración militar y empresarial. Hemos visto que en los tres casos de grupos paramilitares de aparición reciente en una región con intensos conflictos territoriales como el Bajo Aguán, los miembros de estos grupos armados han venido de las propias comunidades bajo la coordinación de militares en activo o ex-militares.

Estos grupos armados locales o actores no estatales a menudo son personas ya temidas por las comunidades locales debido a su participación en el tráfico de drogas y el sicariato. Además de reclutar individuos locales para los grupos paramilitares emergentes, esta estrategia tiene tres propósitos más:

1-crea un clima de miedo, sospecha y desconfianza entre las comunidades, que conduce a la ruptura de la unidad y posteriormente al debilitamiento del movimiento; 2– justifica una mayor militarización con el argumento de que algunos campesinos están armados; y 3– refuerza los discursos dominantes de que la violencia se debe al tipo de conflicto interno “campesinos contra campesinos”, eximiendo así al Estado y los capitalistas de cualquier responsabilidad.

En conclusión, en Honduras se está presentando el desarrollo y la sofisticación de la violencia paramilitar. Diferentes actores con poder político y económico emplean, cada vez más, el uso de la violencia para defender sus intereses. Este fenómeno no se puede reducir a un problema de corrupción (por la coalición entre actores estatales y criminales) o a un contexto dominado por ´señores de la guerra´ como producto de un Estado débil, si no que se debe a la estructura legal que rige y sostiene este tipo de violencia.

El Estado crea leyes acordes a las necesidades de los verdaderos criminales, que a base de fuerza establecen su dominación. Cuando la población pobre trata de recurrir a leyes que les pueden beneficiar, el sistema de justicia no les ampara y les pone obstáculos. Si queremos eliminar la violencia es necesario mirar más allá de los que llevan los fusiles y hacia los que diseñan las leyes y medidas económicas, que son los instrumentos del saqueo legalizado que siempre dependerá del uso de la violencia.

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— Rompiendo Fronteras
CHILE: Continua la represión y la brutalidad policiaca. Asesina policia a artesano y malabarista Francisco Andrés Martínez Romero en ciudad de Panguipulli, otro joven Camilo Miyaki aparece muerto en comisaria policial. Decenas de protestas en todo el territorio. Elpueche, Radio Kurruf, Radio PLaza Dignidad, Primera Linea
ARGENTINA: Crean refugio contra la violencia machista para las trabajadoras de la tierra por la UTT. Crece la protesta contra la mineria contaminante y medicos exigen pago de salarios atrasados desde hace meses. Página 12, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano
SIRIA. Israel continua bombardeando Siria.
PALESTINA: Grandes movilizaciones repudiando los recientes asesinatos y torturas a niños y adolescentes palestinos por parte de la policía Israelí, la marcha fue violentamente reprimida.
MUNDO: 6 de febrero Día mundial contra la mutilación genital femenina. Solo en 2021, 4,16 millones de niñas están en riesgo de sufrir mutilación genital femenina.

—Desde el ombligo del monstruo.
MEXICO MUJERES: Sobre la detencion del exgobernador de Puebla Mario Marin por el caso de la periodista y activista exiliada Lydia Cacho.
Informe de de la Red Feminista Quintanarrroense sobre agresiones a las mujeres. Cumplen mas de 60 dias de la toma de la Congresa.
LUCHA POR LA VIDA: Represión policiaca a rodadas de Viernes de Furia en CdMx e Invitación a Rodada a Huexca Morelos en defensa del Agua.
CDMX: Movilizaciones de familiares de desaparecidos y familiares de victimas de la Guarderia ABC, reclaman atención y son reprimidos. Desinformemonos
CARACOLES ZAPATISTAS CHIAPAS: Se instala grupo agresor en tierras recuperadas, las bases de apoyo del EZLN deciden no realizar sus siembras ante el riesgo de violencia. Informe de la comisión de observación.

Música:
Los borbones son unos ladrones – Varios artistas
Primera Linea – Radio Liberacion
Pablo Hasel – Nuestras libertades

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ROMPIENDO FRONTERAS
-Medio Oriente y la India
INDIA: Protestas campesinas llegan a Nueva Deli, represión y enfrentamientos contra las leyes que benefician a los grandes capitalistas.
PALESTINA: Mujeres bajo bloqueo en Gaza: sus luchas para derribar muros
KURDISTAN: Rojava celebra el 6º aniversario de la victoria de Kobanê
-ESTADOS UNIDOS: Rediit: Jugando en el Mercado Valores y la farsa capitalista. Por Yisus Wero
-Presos Politicos
CHILE: Comunicado de los presos Mapuche Huelga de Hambre en Angol
ESTADOS UNIDOS: Jalil Muntaqim anima a los revolucionarios en todo el país a apoyar a Prison Lives Matter
ESTADO ESPAÑOL: Dictan Prisión a Pablo Hassel por escribir que los reyes de España son unos ladrones. Protestas globales en solidaridad con el músico. Por Armando Soto.

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
CDMX: Protesta de Trabajadores del IMSS por falta de vacunas para el personal. En México se ha priorizado al ejercito y a funcionarios por encima de los trabajadores de la salud.
LUCHA POR LA VIDA: Litio, el oro blanco; A un año del asesinato de Homero Gomez y a 2 del de Samir Flores defensores de la tierra; Y ataque a Yesenia Zamudio. Por Juan Perez
MUJERES: Protestas contra el candidato a gobernador Felix Salgado acusado de violación y protestas en Chiapas por feminicidio en la UNACh

Música:
Pablo Hassel – Juan Carlos El bobon
Leticia Servin – Presos Políticos Homenaje a Judith Reyes
Arauko Rock – Los pacos son unos bastardos

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Por Jasmin Hristov y Karen Spring

A continuación, se presenta un conjunto de cinco artículos que reflexionan sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Un análisis que será publicado en cinco partes.

Lea aquí la 1ra parte de este Especial ⇒ Entre palma, plomo y policías: paramilitarismo el brazo armado del desarrollo

Parte IV

Paramilitar en el Sector Energético

La violencia paramilitar también se ha dirigido a los movimientos sociales que se oponen a los proyectos neoliberales en el sector energético, particularmente en torno a la construcción de represas hidroeléctricas. Uno de los casos emblemáticos es la resistencia indígena a la represa hidroeléctrica Agua Zarca por parte del Consejo Popular Indígena y Popular de Honduras (COPINH) en la región de Río Blanco, en el departamento de Intibucá.

El COPINH fue co-fundada por la activista feminista indígena asesinada y ganadora del Premio Ambiental Goldman, Berta Isabel Cáceres Flores. En 2011, el COPINH comenzó a apoyar a las comunidades Lenca de Río Blanco que se oponían a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca en el río Gualcarque. La empresa hondureña Desarrollos Energéticos SA (DESA) había recibido financiación de varias instituciones financieras internacionales, incluido el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para construir la presa en un terreno para el cual los residentes locales tienen un título de propiedad comunitaria desde 1911 (Bird, 2013a).

El principal propietario de DESA es la poderosa familia hondureña Atala Zablah, que tiene familiares y fuertes lazos comerciales con dos grandes bancos hondureños, Ficohsa y BAC Honduras. Las comunidades se oponen a la represa porque el río Gualcarque es sagrado para el pueblo Lenca y su construcción cortaría el suministro de agua, alimentos y medicinas para estas comunidades pobres y relativamente aisladas (BBC, 2018).

En diciembre de 2015, agentes de investigación de la Policía Nacional Civil detuvieron a García Mejía quien confesó que DESA lo había contratado para silenciar a miembros del COPINH y afirmó que Berta Cáceres era la primera en la lista de personas a eliminar. Mejía fue liberado cuatro días después de que ejecutivos de DESA usaran su influencia sobre la fiscalía y pagaran a un representante legal para defenderlo (Criterio, 2019). Después de su liberación, García Mejía comenzó a trabajar como guardia de seguridad en DESA.

Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su domicilio de La Esperanza a los 44 años de edad (GAIPE, 2017). Después de meses de protestas nacionales e internacionales, las personas vinculadas a DESA finalmente fueron arrestadas. En 2018, siete hombres fueron condenados por el asesinato de Cáceres, entre ellos dos oficiales de DESA, Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo, y el mayor Mariano Díaz, oficial de inteligencia militar del 15° Batallón de las Fuerzas Armadas de Honduras. El tribunal determinó que los tres estaban involucrados en la planificación del asesinato y la contratación de los sicarios que también fueron declarados culpables de asesinato.

El sicario principal, Henrry Javier Hernández, era un ex-militar de las fuerzas especiales destinado en la región del Bajo Aguán y estudió con el mayor Mariano Díaz, también condenado por el asesinato de Cáceres. Antes de su arresto Hernández había trabajado para dos empresas de seguridad privada después de dejar el ejército, incluyendo una empresa que trabaja con empresas de Walmart en Honduras y otra con Corporación Dinant en el Valle del Aguán.

El 2 de mayo de 2018, Roberto David Castillo, presidente ejecutivo de DESA y oficial de inteligencia militar entrenado en Estados Unidos, fue arrestado por estar involucrado en el asesinato de Cáceres (BBC, 2018). Según uno de los miembros del Grupo Asesor Internacional de Expertos (GAIPE) que investiga el caso, existía una “estructura criminal compuesta por ejecutivos y empleados de la empresa, agentes estatales y bandas criminales que utilizaron violencia, amenazas e intimidación” para atacar al COPINH y a Cáceres (citado por Malkin, 2017).

A nivel comunitario, DESA colaboró ​​con familias y personas que se beneficiaron económicamente de la presencia de la empresa en Río Blanco y personas temidas por la población local por sus actividades delictivas y reputación de asesinos (COPINH, 2019a; Bird 2013a). Esto se demostró en extracciones telefónicas presentadas como prueba de caso contra los asesinos de Cáceres. En un mensaje, el ejecutivo de DESA, Castillo, hace referencia al sicario local de Río Blanco, García Mejía, llamándolo “la mejor seguridad en el sitio de la represa” (DPLF et al, 2019).

Desde el asesinato de Cáceres, los miembros del COPINH en Río Blanco han seguido enfrentándose a la violencia. El 10 de diciembre de 2017 desapareció Elvin Saúl Madrid, miembro del COPINH de dieciocho años. Al día siguiente, el cuerpo de Madrid fue encontrado cerca de las casas de los familiares del sicario Olvin García Mejía. En marzo de 2019 fue asesinado Olban Adonay Gómez, hijo del líder comunitario Mauro Gómez (COPINH, 2019). Poco después del asesinato de Berta, Nelson García, miembro del COPINH, recibió un disparo de camino a su casa después de haber acompañado a una comunidad en Río Chiquito en el departamento de Santa Bárbara, que enfrentaba un desalojo violento.

En julio de 2016, el cuerpo de la defensora de derechos humanos y lideresa comunitaria Lesbia Yaneth Urquia Urquia fue encontrada cerca del basurero municipal de Marcala, Departamento de La Paz. Lesbia había desaparecido un día antes alrededor de las cinco de la tarde. Fue miembro del COPINH y estuvo involucrada en la oposición a la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I en el municipio de San José, Departamento de La Paz.

Del mismo modo, en la comunidad de San Isidro del Volcán, Departamento de La Paz, integrantes del movimiento indígena MILPA que se opusieron a la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Chinacla relatan cómo enfrentan los intentos constantes del Estado de imputar a los campesinos por delitos penales: “En el 2015, nos pusieron un operativo militar de 30 militares, 20 de la policía nacional y 20 del ejército del batallón de Marcal y 9 civiles de la comunidad, donde a nosotros nos pedían la droga, a un niño mío le hicieron tres disparos tipos de éstos en punto de las cuatro de la mañana”, Cuentan los miembros de MILPA.

Violencia Paramilitar en el Sector de Turismo

A lo largo de la costa caribeña del norte de Honduras hay aproximadamente 46 comunidades garífunas afro-indígenas. Muchos poseen títulos ancestrales colectivos sobre la tierra en la que viven y que cultivan. Desde el surgimiento del neoliberalismo, el Estado hondureño ha rechazado sistemáticamente los derechos territoriales indígenas y ha introducido nuevas legislaciones para despojar sistemáticamente a los garífunas de sus tierras.

El turismo residencial, como en el caso de `Indura Beach and Golf Development´ a lo largo de la costa norte, se ha presentado como una industria ecológica sostenible que puede beneficiar a las comunidades locales. En realidad, el desarrollo del turismo en la costa norte ha supuesto el desalojo forzoso de varias comunidades de sus tierras, entre ellas Barra Vieja, Armenia y Castilla. Las políticas y planes de desarrollo turístico han encontrado una fuerte resistencia por parte de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). La organización trabaja con las comunidades garífunas para reclamar tierras ancestrales, desafiando judicialmente el robo de tierras y apoyando proyectos de recuperación de tierras (Gibler, 2017).

Miriam Miranda, Coordinadora General de OFRANEH, ha sido víctima de innumerables “amenazas de muerte, criminalización, persecución, acoso e intimidación” durante sus años de activismo (Spring & Russell, 2017). En diciembre de 2011, el gobierno indígena garífuna de Cristales y Río Negro (es decir, la Bahía de Trujillo) presentó una demanda contra el desarrollador de turismo canadiense, Randy Jorgensen, propietario de Life Vision Development (Schertow, 2012) por la adquisición ilegal de sus tierras y fue “acusado de incautación y posesión ilegal de territorios garífunas” (Soto García, 2016).

En 2015, un juez de un tribunal de Trujillo determinó que no había suficientes pruebas contra Jorgenson, pero le dio al fiscal especial para los pueblos indígenas y los garífunas cinco años para presentar más pruebas. Dos semanas después de la comparecencia de Jorgenson ante el tribunal, miembro de OFRANEH y presidente del Comité de Defensa de la Tierra de Cristales y Río Negro, Vidal Leiva fue disparado frente a su casa en Trujillo (Cuffe, 2015).

Después del ataque, Leiva informó que los tres hombres armados fueron contratados para matarlo, por su participación en la defensa de la tierra garífuna (Cuffe, 2015). En octubre de 2016, en la Bahía de Trujillo, la policía hondureña acompañada de un grupo de sicarios quemó las casas de varias familias garífunas en la comunidad de Guadalupe (OFRANEH, 2016). El terreno en el que vivían estaba destinado al desarrollo del mega-turismo y a proyectos de comunidades cerradas para turistas extranjeros, por Jorgenson y Patrick Forseth de CARIVIDA (OFRANEH, 2016; Spring & Russell, 2017).

La violencia llevada a cabo por actores estatales y no estatales ha ido acompañada de la criminalización de líderes comunitarios garífunas que se oponen a los proyectos turísticos. Dado que la costa norte y el mar Caribe son rutas estratégicas de tránsito para el tráfico mundial de drogas, una de las narrativas dominantes difundidas en los medios de comunicación es sobre los esfuerzos de seguridad nacional para combatir la guerra mundial contra las drogas. Los miembros de la comunidad garífuna son acusados con frecuencia de estar involucrados en el tráfico de drogas.

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Las organizaciones abajo firmantes, con el desafío de generar las presiones populares necesarias y contundentes para que el Indulto General por la libertad de los(a) Prisioneros(a) Políticos(a) de la Revuelta se concrete a la brevedad, convocamos y llamamos al pueblo de Chile, al pueblo mapuche y a la solidaridad internacional a lo siguiente:

1.- El debate parlamentario respecto al indulto general se ha dilatado más de la cuenta, quedando trabado en las burocracias y tiempos del hemiciclo, lo cual puede continuar si es que no se genera un contrapeso efectivo desde lo popular. La exigencia de libertad es de carácter urgente, la creación de la Prisión Política es de responsabilidad directa de la democracia y la solución política de ello debe ser concretada a la brevedad, tres aspectos medulares que deben quedar con claridad y contundencia incrustadas en el escenario nacional.

2.- Es inaceptable éticamente que la democracia quiera proseguir con su tren de elecciones para buscar su anhelada normalidad, con la abierta y flagrante violación sistemática de los Derechos Humanos en nuestro país, lisa y llanamente dicha decisión, del todo errada, es construir un país con pilares efímeros y que sólo procuran asegurar la repartija de poderes e instalación de procesos del todo alejados de nuestro Pueblo. No puede haber elección alguna que pretenda validez ética si en el Chile democrático del hoy, cuenta con una de las prisiones políticas más cuantiosas del mundo.

3.- Es en este marco, es que llamamos a que se fije un horizonte de presión en ofensiva hasta el próximo 11 de abril (día de las elecciones), que permita colocar la celeridad correspondiente a la tramitación legislativa como en apurar los procesos de exigencia de la libertad y también la defensa de los DDHH de los Pueblos. En octubre se abrió un tramo para la libertad producto del bregar de todo un año y el cual culmina en abril próximo, es el momento propicio para hacer de marzo un mes de lucha que cualifique e intensifique nuestras propias prácticas para que el abrazo con la libertad sea lo antes posible.

4.- Por ello:

– Convocamos a que el 1 de marzo sea el “Súper lunes” por la libertad de los(a) Prisioneros(a) Políticos(a). Llamamos a nuestro pueblo a que haciendo uso de lo que se tenga y en donde se pueda, aquel día sea un día de protesta popular. Llamamos al estudiantado popular para que aquel día, donde el gobierno intenta de iniciar la locura de las clases presenciales, se movilicen por sus justas demandas como también por la libertad de los(a) Prisioneros(a) Políticos(a) de la Revuelta.

– Llamamos a las organizaciones de mujeres populares del país y del extranjero a que en las conmemoraciones del 8 de marzo se haga presente la realidad de la Prisión Política de nuestro país y la violación sistemática de los DDHH, resaltando la realidad que le ha tocado vivir a centeneras  de mujeres populares por hacer uso del legítimo derecho de luchar por un país totalmente distinto.

– Convocamos al Pueblo de Chile, al Pueblo Mapuche y a la solidaridad internacional, a darle vida a la jornada de Protesta Popular y Mapuche por la Defensa de los DDHH y libertad de los Pueblos para el próximo 18 de marzo. Que en un nuevo mes de Aniversario de la Revuelta, el mundo entero sepa – por la osada insolente de la Protesta extendida en todos los rincones del País y solidarizada en el extranjero – que en Chile existen Prisioneros(a) Políticos(a), se violan sistemáticamente los Derechos fundamentales de los Pueblos y que sus Pueblos se alzan por la dignidad y la justicia.

– Llamamos a que las protestas del 29 de marzo, día del joven combatiente, aparte de conmemorar los hechos nefastos ocurridos, este año también sea convocante para exigir la libertad de la juventud popular combatiente en Prisión de nuestro país.

5.- Llamamos a que los Prisioneros(a) Políticos(a) de la Revuelta a que tengan un mayor protagonismo. Hoy más que nunca se necesita de su actitud de lucha, demostrada con creces en las calles durante la Revuelta. Marzo debe estar impregnado de aquella fuerza.

6.- Llamamos a las Centrales de trabajadores, sindicatos, federaciones y voluntades del mundo del trabajo a que se manifiesten con contundencia en la jornada de movilización del 18 de marzo y que se hagan presente en las exigencias del Pueblo de Chile, que dejen de ser meros espectadores(a). Chile tiene que parar el 18 de marzo; Chile tiene que parar contra la impunidad exigiendo juicio y castigo para los responsables de las violaciones de DDHH; Chile tiene que parar exigiendo la libertad de los(a) Prisioneros(a) Políticos(a).

Enero 2021

·         Agrupación de Familiares de Prisioneros Políticos La Granja

·         Agrupación de Familiares de Prisioneros Políticos Santiago 1

·         Agrupación de Familiares y Amigos de Prisioneros Políticos Guacoldas

·         Familiares Caso UDEC, Concepción

·         Organización de Familiares y Amigxs de Prisionerxs Políticxs (OFAPP)

·         Coordinadora 18 de Octubre Austral

·         Red Austral anti carcelaria feminista

Imagen de portada @josemiguelaraya

 

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Por Aldo Santiago

El pasado 15 de enero, el Tribunal Penal de Buenos Aires, al sur de Costa Rica, ordenó continuar con el proceso penal para esclarecer los responsables del asesinato del líder Bribri Sergio Rojas Ortíz. Rojas fue asesinado el 18 de marzo del año 2019 en territorio Bribri de Salitre. Su labor en la recuperación de tierras indígenas, cuya posesión se mantiene ilegalmente en manos de terratenientes, le acarreó amenazas y agresiones que escalaron hasta su asesinato.

En contexto ⇒ Asesinato de Sergio Rojas en Costa Rica, ataque a la recuperación de tierras indígenas

Sergio Rojas era beneficiario de las medidas cautelares 321-12 emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde abril de 2015, la CIDH ordenó al Estado de Costa Rica proteger la vida e integridad física del pueblo Bribri de Salitre y Bröran de Térraba.

¿Freno a la impunidad?

El reciente dictamen del Juzgado Penal obliga la continuación de la investigación en el homicidio de Rojas. También rechaza la “solicitud de desestimación” propuesta por el Ministerio Público realizada en septiembre del 2020, pues no se han agotado las herramientas investigativas disponibles.

Con la desestimación, el Estado costarricense pretende cerrar el caso de homicidio de Sergio Rojas ocurrido en Salitre. De la misma manera, esto sentaría un precedente para también mantener la impunidad en el asesinato de Jerhy Rivera Rivera, ocurrido el 24 de febrero del año 2020 en territorio Bröran de Térraba.

Por ello, la solicitud de desestimación provocó una enorme indignación de parte de organizaciones sociales debido a que, hasta el momento, a casi dos años del asesinato, no hay ningún sospechoso detenido.

Mediante comunicado publicado el pasado 3 de diciembre, El Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), organismo del cual Rojas fungió como uno de sus fundadores, repudió la intención de la Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos para archivar el caso por el homicidio de Rojas.

En el documento, lxs integrantes del FRENAPI denuncian la continuación en las amenazas de muerte y las agresiones contra quienes realizan un acceso efectivo a sus tierras, mientras el gobierno de Costa Rica no avanza en la recuperación de las mismas. “¿Cómo se puede confiar en un Poder Judicial que no quiere recibir denuncias de los indígenas ante las agresiones y la usurpación de sus tierras? ¿Cómo se puede confiar en un Poder Judicial que tiene a un Juez Agrario en Buenos Aires que es yerno de un terrateniente no indígena que usurpa tierras en Boruca? ¿Cómo se puede confiar en un Poder Judicial donde la Fiscalía solicita la desestimación del homicidio de uno de los líderes más visibles de nuestra lucha, en menos de 2 años de iniciadas las investigaciones?”, cuestionaron lxs miembros del FRENAPI.

Leer también ⇒ Costa Rica: Escalada de violencia en tierras indígenas recuperadas

Por su parte, la reciente resolución del Tribunal argumenta que “la investigación penal de este homicidio debe continuar, siendo que la Fiscalía debe agotar las diligencias pendientes y realizarlas de manera exhaustiva, en cumplimiento de los estándares internacionales de debida diligencia, como lo ha definido la CIDH y de atacamiento obligatorio para el Estado de Costa Rica”.

Filtración y obstaculización de justicia

Entre los días 21 y 22 de enero fueron publicadas una serie de notas en la prensa con informaciones confidenciales del expediente penal 19-000178-0990-PE, causa judicial que investiga el homicidio del líder Bribri Sergio Rojas Ortiz.

De acuerdo a la filtración, se comprobaría que la causa del homicidio se debe a los conflictos por la recuperación de tierras en territorios indígenas. “Los elementos probatorios indican por donde va el asunto, que hay relación con las tierras y es hora de que la fiscalía actúe de acuerdo con los elementos probatorios”, explicó Gustavo Oreamuno, integrante de la Coordinadora Lucha Sur-Sur.

Por otro lado, Óscar Retana, abogado representante de la familia Rojas Lázaro, reprochó la divulgación de información confidencial, lo cual representa una violación por parte de las autoridades judiciales de la normativa procesal penal vigente.

“Se revelan datos aportados por testigos y evidencia recopilada, lo que afecta la investigación, pero aún más grave es la posibilidad de que los testigos sean perturbados, amenazados o agredidos en un territorio indígena que no ha encontrado respuesta a los múltiples reclamos sostenidos y fundamentados de la deficiente actuación del Poder Judicial, con antecedentes de denuncias por agresiones, amenazas y daños, sin que a la fecha existan personas condenadas por delitos abiertamente racistas”, condena Retana mediante un breve posicionamiento difundido el 26 de enero.

Para Elides Rivera del territorio Bröran de Térraba, la filtración forma parte de actos para deslegitimar la investigación “pero no por falta de pruebas, sino por una cuestión de racismo y de xenofobia a los pueblos indígenas, y hacer creer que los pueblos indígenas mentimos”.

Mientras los asesinatos de Rojas y Rivera se mantienen en la impunidad, las agresiones a las acciones de recuperación de territorios indígenas se mantienen al alza.

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Esto ocurre bajo cobijo del Estado costarricense, quien, en febrero del 2020, mediante la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), aplazó hasta el año de 2026 la ejecución del Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (Plan RTI). Con ello, se prolonga una vez más la devolución de las tierras indígenas, como ha ocurrido desde finales de la década de 1970.

El Plan RTI tiene también el objetivo de identificar y realizar procesos judiciales contra aquellas personas quienes lucraron con tierras indígenas protegidas por ley. Sin embargo, el aplazamiento de su ejecución, sumado a la impunidad en los asesinatos de líderes indígenas “ha envalentonado a estas personas violentas, porque al ver que no pasa nada cuando ellos realizan los actos violentos creen que lo pueden seguir haciendo”, denunció Oreamuno.

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Por Nelton Rivera y Palas Luín

Este martes, el juez contralor, Alberto Calmo Ramírez, atendió y aceptó la solicitud del Ministerio Público (MP) y de la defensa de Julio Gómez para dar un plazo para que pudieran llegar a un acuerdo con los demandantes. La petición fue aceptada por Heriberto Alfonso Ortíz, abogado de la empresa Generadora San Mateo y del abogado José Estuardo Luna Santos abogado de los demandantes.

La audiencia de etapa intermedia se realizó en el Centro de Administración de Justicia (CAJ), en el municipio de Santa Eulalia a dos horas de camino de San Mateo Ixtatán, de donde es originario Gómez. La cita estaba programada para las 9:00 de la mañana, fue breve, y aunque con 20 minutos de retrasó duró 10 tan solo minutos.

Gómez tiene abierto un proceso penal por los delitos de instigación a delinquir, reuniones o manifestaciones ilícitas y agrupaciones violentas. El 26 de enero de 2020 Julio Gómez Lucas fue detenido en la carretera de San Mateo Ixtatán rumbo a Huehuetenango, un juez resolvió iniciar un proceso acusado de participar en una manifestación pacífica en la microrregión de Ixquisis el 19 de junio de 2018.

“Me están acusando por una manifestación, cuando las autoridades comunitarias de Ixquisis entregaron un memorial en el destacamento militar pidiendo el retiro de los soldados. Ese lugar está a 43 kilómetros de distancia de dónde yo vivo, no estuve en ese lugar y estoy en la parte centro de San Mateo”, expresó Gómez.

Un año después, el juez acepta la propuesta de la defensa de Gómez y del fiscal del Ministerio Público (MP), de aplazar la audiencia para que las partes alcancen un acuerdo y reconciliación a través de una salida alterna y así evitar continuar con el proceso penal.

A la audiencia asistieron los demandantes Amílcar Emilio Felipe y Andrés Francisco Mateo, asistidos por Luna Santos, quien presidió la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH), durante el gobierno de Jimmy Morales en 2006.

Emilio Felipe y Francisco Mateo forman parte de la oenegé 13 Democracia, quienes han externado su afinidad por la construcción de hidroeléctricas en el área. Esta organización forma parte del “Consorcio por la Paz, el Desarrollo y la Cultura”, firmante de un acuerdo entre la empresa y el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei y el vicepresidente Guillermo Castillo Reyes al que llamaron “Diálogo”, un día antes de la detención de Gómez. Guatemala, ironía a granel: exguerrilleros operadores políticos de las hidroeléctricas.

A Gómez lo acompañaron los abogados Rudy Juárez, Luis Felipe López, Pedro Robel Toledo y Natalio Rivera, los tres del bufete de a bogados Maya Q’anjob’al, también llegaron familiares y autoridades comunitarias de otros municipios.

“Quiero saludar a quienes me escuchen en esta entrevista, confiamos en la justicia, en que esta sea transparente y logre encontrar la armonía, vemos que hay que defender la vida y los bienes naturales. Confío en el Ajau, a la vida, por la razón de haberse suspendido esta audiencia”, expresó Gómez Lucas.

En San Mateo Ixtatán, un municipio del norte de Huehuetenango, conviven distintos pueblos, mayoritariamente el pueblo chuj, q’anjob’al y mestizo. Julio Gómez Lucas, es un empresario Chuj que por su liderazgo asumió la representación de miles de personas que decidieron rechazar la actividad de empresas como Promoción de Desarrollo Hídricos SA (PDHSA) y la empresa Energía y Renovación S.A. Es el coordinador del Gobierno Plurinacional del pueblo chuj y uno de los principales dirigentes del partido político Winak en ese municipio.

Este no es el primero de los agravios por los que pasa Gómez, en 2019 fue retenido contra su voluntad, fue secuestrado junto a su esposa mientras entregaba materiales para la construcción en una comunidad de San Mateo Ixtatán, durante su secuestro un grupo de personas le recriminaron su oposición contra las hidroeléctricas, amenazándolo de muerte de continuar con esa oposición. Secuestraron y torturaron a Julio Gómez autoridad ancestral Chuj de San Mateo Ixtatán.

Lea más:

https://www.prensacomunitaria.org/2020/01/un-dia-despues-de-la-visita-de-giammattei-a -san-mateo-ixtatan-detienen-a-julio-gomez-autoridad-del-gobierno-plurinacional-de-la-nacion-chuj-en-san-mateo-ixtatan/