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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Familias unidas contra la tortura: seguimos en lucha por lograr la justicia, libertad y reparación de daños

Villaflores, Chiapas a 7 de junio de 2022

“Día de la libertad de expresión”

A la Opinión Pública
A Organismos Internacionales de Derechos Humanos
A Organizaciones Civiles y Defensores de los Derechos Humanos
A Organismos Nacionales, Estatal e Independientes de Derechos Humanos
A los Medios de Comunicaciones Local, Estatal, Nacional,
Internacional e Independientes

PRESENTE.

Somos la Organización “Familias Unidas contra la tortura y en defensa de los derechos humanos”. Bajo el reconocimiento mediante la protección y el respeto a nuestro derecho fundamental a la libertad de expresión, la prensa, medios de comunicación y todo aquel que quiera alzar su voz y opinión tendrá espacio en esta sociedad.

En el marco del “día de la libertad de expresión”, como familiares, víctimas y sobrevivientes de tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, y fabrica de culpables expresamos que seguimos en nuestra lucha y esperanza de lograr la justicia, libertad incondicional y la reparación integral de todos los daños que el Estado mexicano nos ha causado.

NO nos cansamos de denunciar públicamente las malas practicas realizada por las Fiscalías del estado de Chiapas, en la que se preserva la fabricación de culpables y criminalización de personas inocentes, pobres, marginados y defensores de derechos humanos, así como de la complicidad por parte del Poder Judicial del Estado, esta relación Fiscalía y Poder Judicial ha generado una desacreditación en el supuesto “Chiapas seguro”, marcado por el Gobernador del Estado Rutilio Escandón Cadenas.

Manifestamos que las investigaciones realizadas por las Fiscalías en los delitos de homicidio calificado, secuestro, motín, perpetradas a personas inocentes, contienen deficiencias de fondo y de forma. Las y los jueces son cómplices de subsanar (corregir) las deficiencias en las investigaciones, vinculando a proceso, llevando a prisión preventiva hasta por 2 años y sentenciando a personas completamente inocentes. Todo lo contrario a lo que marcan legislaciones mexicanas, marcadas por los principios del Sistema Penal Acusatorio.

Estas practicas siguen vigentes hoy en día realizadas por los Fiscales del Ministerio Público en el Estado, una de las Fiscalías que hemos denunciado continuamente ha sido la Fiscalía de Distrito Fraylesca, ubicada en el municipio de Villaflores, Chiapas anteriormente dirigida por el Fiscal Daniel Arellano Camacho, en la que dicho Fiscal los jueces le han permitido sanar sus deficiencias en investigaciones por los delitos de homicidio y se han sentenciado injustamente a personal inocentes, como es el caso de Yonny Ronay Chacón Gonzalez.

Cabe reiterar que en dicha fiscalía de distrito Fraylesca, se fabrican testimonios de personas que no tienen conocimiento de que han usado indebidamente sus identificaciones, inventan declaraciones de personas que perdieron la vida y aparecen como supuestos testigos en delitos señalando a víctimas de inculpación del delito, con la finalidad de que sus testimonios tengan validez y puedan sentenciar de manera injusta. Es importante remarcar las irreglaridades que realiza la Oficina de Registro Civil de Villaflores al expedir actas de defunción sin cumplir los requisitos establecidos para su expedición, como es el caso de Luis Carlos Dominguez Martinez, quien actualmente lleva un proceso penal, basado en irregularidades garrafales en la investigación con testimonios fabricados.

Como hemos mencionado, la criminalización por delitos fabricados esta muy presente en el estado de Chiapas, tal es el caso de José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano defensores comunitarios del municipio de Chilón, quienes fueron procesados en octubre de 2015 por el delito de motín y actualmente enfrentan un proceso penal en libertad.

Ahora 5 personas indígenas tseltales Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, así como la existencia de ordenes de aprehensión en contra de tres personas más integrantes de la parroquia de San Juan Cancuc, defensores de derechos humanos, de sus tierra y territorio, quienes el día de ayer 6 de junio del 2022, fueron injustamente vinculados a proceso y sometidos a la medida cautelar de prisión preventiva, solicitada por la Fiscalía indígena de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

  • Solicitamos la solidaridad Nacional e Internacional de Organismos de Derechos Humanos, Sociedad Civil y familiares víctimas de estas malas practicas para visibilizar la grave situación de injusticia en el Estado de Chiapas y pronunciarse en contra de este sistema de criminalización a intereses del Estado mexicano.
  • Exigimos a los Jueces de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, la exclusión de pruebas que en su valoración humana y precisa sean violatorios a derechos humanos y hayan sido obtenidos con vicios formales por parte de las Fiscalias, con el objetivo de procesar a nuestros familiares injustamente presos. Así como de su inmediata libertad.
  • Demandamos a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, al cese absoluto de la reiterada situación de terror judicial, manifestada en investigaciones con fines de criminalizar a personas inocentes y nuestros familiares.
  • Reclamamos investigaciones profundas y efectivas a perpetradores de violaciones a derechos humanos inmiscuidos dentro de las instituciones de procuración de justicia, fiscales y jueces, quienes han dañado irremediablemente nuestro núcleo familiar y roto sueños.

Atentamente,
Organización “Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos”
Chilón,
Cintalapa,
Jiquipilas,
La Concordia,
Palenque,
Pichucalco,
Playas de Catazajá,
San Cristóbal de Las Casas,
Teopisca,
Venustiano Carranza.
Villaflores.

       
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Avispa Midia

La violencia se agrava contra comunidades indígenas del Perú

Fuente: Avispa Midia

Por Javir Bedía Prado

Entre enero y mayo de este año, los asesinatos de líderes e integrantes de comunidades indígenas a manos del crimen organizado en el Perú muestran un alarmante incremento en relación al 2021, cuando el país ocupó el noveno puesto de los más violentos para defensores de territorios, según el registro de Global Witness.

De acuerdo a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y el Ministerio de Justicia, el año pasado se registraron cuatro muertes violentas, mientras la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos indica cinco. En solo cinco meses de 2022, se reportan cinco crímenes y el incendio de un pueblo asháninka por parte de invasores.

Los casos varían por la condición asignada a la víctima: protector de territorios o del ambiente, líder indígena o campesino, en las regiones de la sierra y la costa. Organismos internacionales han emitido alertas por una situación que se agrava en los últimos años.

Desde que empezó la pandemia en 2020, se cuentan entre 14 y 19 asesinatos. La mayoría de ataques, el 70% en promedio, se cometieron contra dirigentes de comunidades nativas de la Amazonía que se enfrentan al cultivo de hoja coca para el narcotráfico, a la tala y minería ilegal, a las invasiones para monocultivos, principalmente de palma aceitera, y para el tráfico de tierras.

Los asesinatos del defensor ambiental Juan Fernández Hanco, el 21 de marzo en la región Madre de Dios, y del líder del pueblo nomatsigenga Ulises Rumiche, el 19 de abril en la región Junín, fueron reportados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al segundo lo victimaron horas después de reunirse con la viceministra de Poblaciones Vulnerables.

A estos se suman, también en marzo, los de la comunera Nusat Benavides y los comuneros Jesús Antaihua y Gemerson Pizango, quienes vivían en pueblos asháninka y yanesha asediados por bandas criminales en la región Huánuco, de acuerdo a la denuncia de Aidesep, organización que agrupa a 2.400 comunidades amazónicas en nueve regiones del Perú. En mayo el presidente Pedro Castillo rechazó reunirse con sus representantes, ante lo que organizaron una vigilia en las calles de Lima el 27 del último mes.

Libre determinación

La titulación de tierras comunitarias es una de sus demandas para organizarse ante la violencia desbordada.

“En los últimos nueve años han sido asesinados 23 líderes de toda la Amazonía. No hay justicia, el gobierno no ha hecho nada. Las amenazas se evidencian en las propias comunidades, en las invasiones de personas foráneas, las autoridades tienen conocimiento, la policía, los fiscales, pero no se evidencian resultados, no se ve la intervención inmediata de estas amenazas. Pedimos que se titulen las comunidades para salvaguardar así los derechos de nuestros pueblos indígenas”, declaró Tabea Casique Coronado, integrante del consejo directivo de Aidesep.

Entre otras medidas, las organizaciones piden que se les garantice la libre determinación y manejo forestal comunitario, a través de una segunda reforma agraria. Asimismo, destinar el 1% del presupuesto nacional a financiar los planes de vida de los pueblos indígenas amazónicos. Estas propuestas transmiten su visión de autogobierno y políticas posibles surgidas del seno de las comunidades y sus tradiciones.

Autodefensa

El clima de violencia se refleja en los 171 casos de amenazas y atentados activos en el Registro de Situaciones de Riesgo para Personas Defensoras de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, en la que se incluyen a comuneros y guardianes de territorios ancestrales. De 31 solicitudes de garantías, 23 fueron admitidas hasta abril de este año.

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Las condiciones de las comunidades originarias y sus defensores son la impunidad para quienes asesinan y mecanismos legales que no les protegen. El abandono se ve en las más de 203 mil hectáreas de bosques perdidos en 2021 en la Amazonía peruana, donde el crimen organizado es parte de una cadena de operaciones regionales y globales que alcanza picos de violencia en los vecinos Colombia (65 víctimas en 2021) y Brasil (20 víctimas en 2021), en el primer y el cuarto lugar, respectivamente, de las naciones más letales para guardianes del ambiente.

En lo que va del primer semestre de 2022, los índices de violencia en el Perú apuntan a aproximarse a los de Brasil, teniendo en cuenta la gran diferencia demográfica entre ambos.

Las comunidades resaltan que la principal medida de seguridad es el fortalecimiento de los comités de autodefensa. “Este gobierno que se llama del pueblo dice que quiere ayudar formalizando cultivos de coca, pero eso traerá más violencia. Ya hay plantaciones de cocaleros en nuestras comunidades, eso atrae al narcotráfico, la tala ilegal, son un peligro para nosotros, están matando a nuestras comunidades. Yo recibo amenazas, un año esperé para que me den garantías, eso no sirve. Necesitamos que el gobierno nos entregue recursos para nuestros comités de autodefensa, necesitamos presupuestos, armamento”, señaló a Avispa Midia el presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), Ángel Pedro Valerio.

Paros

El jueves 2 de junio, dirigentes de pueblos indígenas se reunieron con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, tras iniciales negativas de recibirlos.

El mandatario se comprometió a aprobar el fideicomiso indígena de inversiones inmediatas, la revisión de contratos petroleros y la creación de una comisión de la verdad para investigar los crímenes. De momento el gobierno no se pronunció sobre la reunión ni medidas concretas para enfrentar la ola de violencia que sufren las comunidades nativas.

Las organizaciones han anunciado paros y movilizaciones las próximas semanas en las nueve regiones del Perú que comparten territorios amazónicos.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

En Chiapas se reprime a defensores comunitarios, no existe la presunción de inocencia

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
7 de junio de 2022

Boletín No. 20

En Chiapas se reprime a defensores comunitarios, no existe la presunción de inocencia

    • Injusta vinculación a proceso a defensores comunitarios de San Juan Cancuc en medio de una ausencia de imparcialidad en su juicio

    • Exigimos la libertad inmediata de los cinco detenidos.

Ayer 6 de junio del 2022, fueron injustamente vinculados a proceso cinco indígenas tseltales del pueblo creyente de la parroquia de San Juan Evangelista, San Juan Cancuc, quienes fueron sometidos a la medida cautelar de prisión preventiva.

Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el pasado 4 de junio dio a conocer a través de Boletín de Prensa No. 19 y la Acción Urgente No.7 [1], la criminalización y detención injusta de Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, así como la existencia de ordenes de aprehensión en contra de tres personas más.[2] Esto como parte de una estrategia estatal para menoscabar la lucha por la vida, contra la militarización e imposición de proyectos en el municipio.

Como adelantamos, la situación jurídica de los ahora cinco detenidos se resolvería el día lunes 06 de junio a las 14:30 horas en el Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas, y existía el riesgo de que continuara su detención en virtud de que el poder judicial de Chiapas había demostrado ser parte de este ejercicio de criminalización.

Dentro de la audiencia de vinculación a proceso, el Juez de control no fue imparcial ya que los vinculó a proceso aún cuando las pruebas aportadas por la Fiscalía no clarificaban siquiera la causa de la muerte de Antonio Aguilar Pérez; además de existir serias contradicciones y vacíos en los testimonios fabricados que buscaban culpabilizar a los cinco detenidos.

Pese a que defensores de este Centro de Derechos Humanos hicieron notar tales anomalías, el Juez penal convalidó y justificó más allá de sus atribuciones las deficiencias de la Fiscalía, lo que corrobora su contubernio.

Como Centro de Derechos Humanos exigimos una investigación real, efectiva, científica y que agote todas las líneas de investigación para clarificar la muerte de Antonio Aguilar Pérez. Que este lamentable suceso no sea aprovechado para criminalizar a defensores de derechos humanos y de la vida de cuya inocencia existen múltiples testigos. Así como que las autoridades no aprovechen este suceso para polarizar a la población.

De lo documentado por el Frayba, hemos registrado que existe una práctica sistemática por la que las fiscalías fabrican versiones de los hechos más allá de un agotamiento de las posibles líneas de investigación y fabrican una serie de pruebas a modo para forzar su teoría del caso. Desafortunadamente, esta mala práctica suele incluir la inculpación de personas inocentes. Patrón que a su vez es avalado por el Poder Judicial del Estado. Bajo este contexto se desarrollan los hechos aquí narrados.

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional, al Pueblo Creyente, a estar pendientes de las acciones para lograr la libertad incondicional de los defensores comunitarios.

*-*

1 Frayba, Acción Urgente no. 7, https://frayba.org.mx/criminalizan-y-fabrican-delito-defensores-ddhh-en-san-juan-cancuc
2 Frayba, Boletín no. 19, https://frayba.org.mx/sistema-justicia-chiapas-criminaliza-defensa-ddhh

 

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Avispa Midia

Van a prisión indígenas opositores a la autopista que conectará con Tren Maya

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

En portada: Organizaciones de derechos humanos acompañaron a familiares de los detenidos para realizar una manifestación en las afueras del CERSS No.5. Foto: Jeny Pascacio

“Estoy preocupada porque está encerrado mi marido y mi hijo Vicente está enfermo, qué tal si se muere. Pido que lo liberen de inmediato porque no es verdad lo que le culpan”, narró Lucia Santiz Aguilar, esposa de Martín Pérez Domínguez, detenido de manera arbitraria y acusado de homicidio calificado junto a Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Manuel Santiz Cruz, presidente del Comité de Derechos Humanos San Juan Evangelista, de la parroquia de San Juan Cancuc, Chiapas.

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Lucía participó con otros familiares, defensores de los derechos humanos, sacerdotes y organizaciones acompañantes en una peregrinación que recorrió los alrededores del Centro de Reinserción para Sentenciados (CERSS) número 5, en San Cristóbal de las Casas, donde se encuentran los indígenas tseltales.

Foto: Jeny Pascacio

“Quiero justicia para mi esposo porque no es su culpa que haya muerto el borracho”, dijo a Avispa Midia, Josefa Cruz Pérez, esposa del defensor Manuel Santiz. “No es verdad lo que están diciendo las autoridades de San Juan Cancuc, solo es una trampa”.

Josefa y Manuel tienen 12 hijos, uno de ellos aún en brazos. “Estamos sufriendo porque no hay comida para los hijos; pido la libertad”. La madre de Manuel, Matalia Cruz Torres, se unió a la protesta pacífica para exigir a la Fiscalía dejar de criminalizar y hostigar a los indígenas por su labor en los derechos humanos, “esa es la palabra”.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Palabra de indígenas tseltales criminalizados de San Juan Cancuc

Hoy 4 junio 2022
Cerss 05

Al público general
A los derechos humanos
A la Diócesis San Cristóbal.
Al gobierno estatal y federal.

Somos 5 indigenas tseltales de San Juan Cancuc Chiapas, actualmente estamos en cárcel de San Cristóbal detenidos injustamente por la policía y fiscalía de Chiapas nos acusa de un delito que no cometimos, la fiscalía no investiga bien solo quiere inventar culpable por eso exigimos nuestro libertad inmediata ya que nuestra familia está sufriendo, la comunidad sabes que nosotros decimos la verdad pedimos que no nos dejen solos.

Atentamente.

Manuel Santiz Cruz.
Agustín Pérez Domínguez.
Juan Velasco Aguilar.
Agustín Pérez Velasco.
Martin Pérez Domínguez.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Sistema de justicia en Chiapas criminaliza a Manuel Sántiz Cruz por la defensa de derechos humanos

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
4 de junio de 2022
Boletín No. 19

Contubernio entre el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado de Chiapas criminaliza a Manuel Sántiz Cruz y siete defensores tseltales por su defensa de derechos humanos

• El sistema de justicia fabrica delitos para limitar el ejercicio de defensa de la vida, la tierra y el territorio.
• La procuración e impartición de justicia en Chiapas esta secuestrada por intereses políticos y privados, ajenos a la verdad y la justicia. 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó el contubernio que existe entre la Fiscalía General del Estado de Chiapas (Fiscalía Indígena) y el Poder Judicial del Estado (Juzgado de Control), para la criminalización del ejercicio de defensa de derechos humanos realizada por Manuel Sántiz Cruz, indígena tseltal (en adelante Manuel Sántiz) en el municipio de San Juan Cancuc, con el fin de desarticular la lucha por la vida, contra la militarización e imposición de proyectos en el municipio.

De acuerdo con lo documentado en la causa penal 78/2022, la Fiscalía Indígena solicitó orden de aprehensión contra Manuel Sántiz y otras siete personas por el delito de homicidio calificado el día 31 de mayo a las 15:41 y el Juez de Control, Carlos Lamberto Marquez Espinosa, les otorgó la orden esa misma fecha a las 15:40, un minuto antes de que existiera formalmente la solicitud ministerial. Esto corrobora la premeditación de la criminalización de las autoridades de justicia en el proceso de fabricación de delitos a las personas defensoras y la falta de imparcialidad del órgano de justicia, así como la colusión existente entre ambas instancias con el objetivo de convertir la maquinaria penal en un instrumento de criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, en este caso particular en contra de Manuel Sántiz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martin Pérez Domínguez, más tres personas (por seguridad omitimos sus nombres) que tienen orden de aprehensión y constituye una acción orquestada bajo los mecanismos de violencia hacia los pueblos, que es la fabricación de delitos como método represivo de sistema judicial en Chiapas.

La detención contra Manuel Sántiz por el delito de homicidio, deriva de una privación arbitraria de la libertad en el municipio de San Juan Cancuc el pasado domingo 29 de mayo de 2022, junto con otras dos personas, quienes fueron puestas a disposición de la Fiscalía indígena 24 horas después de su detención, el 30 de mayo de 2022, por elementos de la policía especializada quienes los acusaron falsamente de portación de mariguana, siendo trasladados al municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, lo que daría pie para tener tiempo de fabricar el delito de homicidio calificado que los llevaría a su reaprehensión.

La acusación por portación de droga fue desacredita por medio de tres testigos, quienes el 01 de junio de 2022, dos de ellos fueron detenidos de manera ilegal y arbitraria por elementos de la policía especializada de la Fiscalía Indígena, también acusados dentro de la causa penal 78/2022, como forma de represión por haber testificado la verdad de los hechos, así como para intimidar a los pobladores que pudieran ser testigos de este montaje.

La situación jurídica de los ahora cinco detenidos se resolverá el lunes 06 de junio a las 14:30 horas en el Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas, situación que se da en medio de una ausencia de imparcialidad en su juicio.

Desde del Frayba exigimos la libertad inmediata de las personas defensoras: Manuel Santíz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martin Pérez Domínguez, así también el desistimiento de la acción penal hacia tres personas que se encuentran resguardadas por su comunidad, lamentamos y denunciamos las practicas de manipulación del sistema de impartición y procuración de justicia y exigimos que se busque la verdad y la justicia, agotando todas las lineas de investigación, con honestidad, lealtad y objetividad. Externamos nuestra preocupación frente a la fabricación de delitos que criminaliza la defensa de los derechos humanos en medio de un contexto de creciente militarización e imposición de proyectos en las comunidades sin consulta previa, libre, informada y culturalmente pertinente.

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Aluna Acompañamiento Psicosocial, CDH Fray Bartolomé de Las Casas, CODIGO DH,

Pronunciamiento Conjunto. Nos unimos para fortalecer la lucha por la paz en Chiapas y México

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
2 de junio, 2022

Pronunciamiento conjunto
Nos unimos para fortalecer la lucha por la paz en Chiapas y México

Con el objetivo de sumar esfuerzos para fortalecer la lucha por la paz en Chiapas y México, este 1 y 2 de junio se realizó el Encuentro 2022: Construyendo en Colectivo Caminos hacia la Paz con Justicia. En este espacio de convergencia participamos el Servicio Civil para la Paz (Ziviler Friedensdienst) de Pan para el Mundo (Brot für die Welt) de Alemania y sus contrapartes: el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Aluna Acompañamiento Psicosocial, la Universidad de la Tierra Oaxaca, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, CODIGO DH, así como Serapaz.

Uno de los elementos centrales de preocupación de las organizaciones firmantes es el grave panorama de inseguridad y violencia que se vive en el estado de Chiapas, frente a un contexto complejo donde el crimen organizado y grupos armados vinculados al cacicazgo político, agrario y económico, actúan contra la población civil con la aquiescencia de autoridades de los tres niveles de gobierno.

En este sentido, manifestamos nuestra solidaridad con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas; destacamos su labor para la construcción de la paz en un escenario de constante asedio para las personas defensoras de derechos humanos.

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Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Parroquia de San Juan Evangelista de San Juan Cancuc, CDH Fray Bartolomé de Las Casas

Pronunciamiento Conjunto: Que el Estado deje de criminalizar a los defensores de los Derechos Humanos en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
01 de Junio de 2022

“Mientras una parte de la humanidad vive en la opulencia, otra parte ve su propia dignidad repudiada, despreciada o pisoteada y sus  derechos fundamentales ignorados o violados. Todos estamos llamados a respetar los derechos humanos de cada persona.

Papa Francisco.

A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO,
A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL,
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
AL PUEBLO CREYENTE DE LA DIÓCESIS.

Comunicado conjunto

La Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, la Parroquia de San Juan Evangelista de San Juan Cancuc, y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, manifestamos nuestra preocupación por la detención y criminalización del defensor de derechos humanos Manuel Sántiz Cruz, quien además de ser presidente del equipo de promotores de la Parroquia, es servidor de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

La parroquia de San Juan Cancuc junto a la Diócesis, tiene una clara opción por la vida, por acompañar procesos de defensa de la Madre Tierra, formando servidoras y servidores comprometidos con la paz, reconciliación y la búsqueda de la justicia, en varias ocasiones hemos levantado la voz contra proyectos que traen muerte, destrucción y violencia en nuestro pueblo.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Caminamos junto a los pueblos el horizonte de Justicia, Verdad y Memoria en medio de una crisis de derechos humanos en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

23 de mayo de 2022

Boletín No. 18

Caminamos junto a los pueblos el horizonte de Justicia, Verdad y Memoria en medio de una profunda crisis de derechos humanos en Chiapas

  • Reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos que resisten y luchan.

 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) en el marco del cambio de la Dirección, reafirma su compromiso de caminar junto a los pueblos que luchan y defienden la tierra y el territorio, de quienes ejercen la autonomía y libre determinación a pesar de las adversidades, omisión y aquiescencia de los gobiernos, quienes además de administrar los conflictos, no llevan a cabo acciones efectivas para detener y atender debidamente las violaciones graves a los derechos humanos que se viven en Chiapas.

En los gobiernos federal y estatal persiste un patrón común, a quienes defienden los derechos humanos y la vida les asesinan, criminalizan, amenazan y torturan en medio de un racismo y discriminación estructural. La violencia generalizada emanada de la disputa entre grupos del crimen organizado por el control de territorios, la captura y complicidad con las instituciones es intensa, así como la proliferación de diversos actores duros que actúan con impunidad. Hay que sumar el Conflicto Armado Interno no resuelto, la renovada presencia militar, el ejercicio de autogobierno impulsado desde distintas propuestas comunitarias y las constantes agresiones a la autonomía zapatista en medio de un ominoso silencio del gobierno mexicano; así como el impulso de megaproyectos y programas sociales impuestos en las comunidades, que favorecen la división comunitaria y el despojo territorial.

 

Existe una crisis humanitaria en torno al fenómeno del desplazamiento forzado interno; alrededor de 14 893 personas han atravesado por esta situación debido a la violencia generalizada y la impunidad constante por parte de la inoperancia y omisión del Estado mexicano. La tortura es también una práctica generalizada y sistémica que sigue instalada como un mecanismo para simular justicia y fabricar culpables, dejando un grave impacto en las víctimas, sus familiares y la sociedad.

En la mayoría de los estados y municipios donde se ha declarado la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres (AVGM) se registra un alza de agresiones, chiapas es un ejemplo de la ineficacia de las medidas que se han tomado para tratar esta crisis; en lo que va del 2022 el Observatorio Feminista Contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas registró un aumento alarmante de cifras: 55 muertes violentas, 7 feminicidios en grado de tentativa y han desaparecido 69 mujeres y niñas.

En medio de la alarmante cifra de 100,204 personas desaparecidas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas señaló la existencia en Chiapas de 542 personas desaparecidas, lo que no refleja la crisis profunda del fenómeno manifestado en medio de la disputa entre grupos armados ilegales en la frontera con Guatemala o la región de Los Altos, la cuál también es negada por La Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda de Personas, sumándose la falta de debida diligencia de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares en el estado. El dolor que sufren las familias de las y los desaparecidos en México visibiliza la crisis de derechos humanos, su dignidad muestra impulsa la lucha continua contra la indiferencia del Estado y mantienen viva la Memoria Verdad, Justicia y Reparación.

Hoy vivimos tiempos violentos, obscuros y de incertidumbre ante la pandemia provocada por la COVID-19 que ha golpeado a nuestras familias y desnudado nuestras carencias, profundizando la crisis del sistema capitalista, civilizatoria y la crisis ambiental, que exige organizarnos como pueblos para defender la vida y el territorio. Son tiempos de grandes desafíos, que nos convocan a crear horizontes de esperanza; en el Frayba estamos convencidos de que la Paz se construye desde la búsqueda de la Justicia, la cual está anclada en la Dignidad de cada uno de los pueblos y personas que luchan.

Hacemos un llamado a la Comunidad Frayba, a organizaciones, colectivos a no cesar en las acciones y persistir desde abajo en el horizonte de la defensa de nuestros derechos, a juntar las luchas con los pueblos, comunidades, personas dignas de Chiapas, de México y el Mundo que han ubicado en este territorio de resistencia su mirada y trinchera; es urgente y necesario seguir andando los caminos de Libertad, Memoria y que la Verdad sea nuestra ética de trabajo, para romper las sistemáticas injusticias causadas por el capitalismo, colonialismo y patriarcado, para vigorizar la transformación social de manera radical de las diversas realidades humanas y fraternas que nos habitan y consolidar una sociedad nueva, democrática y justa.

 

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Avispa Midia

Guatemala: ex preso político continúa defensa del río Cahabón

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

En portada: Tras salir de prisión, Caal señaló que su libertad, es una clara derrota a la criminalización. Foto: Simone Dalmaso / Prensa Comunitaria

Bernardo Caal Xol, maestro indígena y defensor del territorio del pueblo Maya Q’eqchi’, en el norte de Guatemala, fue encarcelado el 30 de enero de 2018 por defender los derechos de las comunidades afectadas por la construcción de un proyecto hidroeléctrico en el río Cahabón por la empresa Oxec S.A., en el departamento de Alta Verapaz.

El 16 de julio de 2020, Amnistía Internacional nombró a Bernardo Caal preso de conciencia. Tras revisar el expediente penal abierto contra Bernardo Caal Xol, la organización encontró que no había evidencia de los delitos que se le acusaban.

“El proceso en su contra muestra patrones similares de criminalización contra otras personas defensoras de derechos humanos que la organización ha documentado en Guatemala”, señaló la organización.

Pese a la falta de evidencias y a la movilización de organizaciones nacionales e internacionales en su apoyo – incluso la relatora especial de derechos de los pueblos indígenas de la ONU expresó su preocupación por la condenada tras visitarle en la cárcel -, Caal fue condenado.

Ningún recurso interpuesto en su defensa logró su puesta en libertad; 69 magistrados se rehusaron a revisar los recursos que planteó su defensa. “En realidad, no era que no quisieran o no pudieran conocer el caso, sino que esta era la estrategia del Estado de Guatemala para ir dilatando el proceso”, sostiene el indígena Maya Q’eqchi’.

Caal Xol cumplió la pena que le impusieron. Logró su libertad el 24 de marzo de 2022.

Mientras el indígena estaba en la prisión, siete proyectos de hidroeléctricas se llevaron a cabo en territorio Maya Q’eqchi’ en el cauce del río Cahabón, incluso en su comunidad.

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En una sentencia que el indígena califica como “vergonzosa”, la última instancia de Justicia de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad, consideró que sí hubo violación a los derechos de los pueblos y que sí habría la necesidad de hacer una consulta libre, previa e informado; al mismo tiempo dio luz verde para que la empresa llevara a cabo el proyecto.

La empresa Oxec desvió 50 kilómetros del río Cahabón para que el agua fuera represada. En este trecho del río desviado, “están los guardias de seguridad armados de la empresa, cuidando para que nadie toque el agua”, cuenta Caal Xol.

Además, donde pasaba el río se quedó seco. “Las familias que viven ahí ya no tienen donde hacer uso del agua. El racismo con el cual actúan estas empresas y el Estado en ignorar la situación de las familias que se quedan sin agua que, ahora, tienen que caminar horas para conseguir un poco de agua. Lo único que hicieron fue regalar tinacos a las familias para colectar de la lluvia, mientras se llevaron el río”.

Avispa Midia platicó con Caal Xol en Guatemala un poco más de un mes de estar en libertad.

Recibimiento de Bernardo por pobladores de Sepos Semococh, la comunidad de donde es originario. Foto: Gilberto Cucul

En una larga entrevista, el indígena Maya Q’eqchi hace un recuento de cómo ha sido el proceso de criminalización de la lucha por defender el territorio, desde la llegada de la empresa Oxec. Lo que vivió es “una muestra de cómo en Guatemala las empresas criminalizan y cómo cooptan al Ministerio Público, los jueces, magistrados”.

Existe un segundo expediente penal abierto contra Caal, “es como una cadena para tenerme amarrado en los tribunales de Justicia”. Pese a ello, el indígena, con una mezcla de rabia e indignación de lo que está pasando en su territorio y en otras partes de América Latina, sostiene: “eso no puede ser”, “tenemos que continuar porque a nosotros se nos enseñó a defender el medio ambiente, a defender la naturaleza; esta lucha sigue”.

En lo que sigue, reportamos algunos de los temas platicados en esta entrevista.

La llegada de la empresa

Empezamos a notar la presencia de personas extrañas, vehículos extraños en el territorio. De repente llega maquinaria bastante grande y empieza a escarbar el río Cahabón y a desviar su curso. No sabíamos quién era esta gente y lo que estaba haciendo en nuestro territorio.

Fue entonces que nosotros empezamos a averiguar lo qué estaba pasando. Constatamos que el Ministerio de Energía y Minas ya había autorizado las licencias. Los permisos ya habían sido publicados en el periódico oficial del Estado, el Diario de Centroamérica. Ya era oficial la decisión de construir las hidroeléctricas.

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Estas empresas llegan con engaños, con mentiras. Como siempre lo hacen, llegan diciendo que van a llevar desarrollo a las comunidades. En mi comunidad empezó a construir la empresa Oxec S.A.

Comunidades empiezan la organización

Nos damos cuenta del desvío del río y empezamos a reunirnos en asambleas y a tomar decisiones. Buscamos asesoría hasta la capital.

Las comunidades designan, por la gran distancia entre nuestro territorio y la capital, una comisión para que esté viajando constantemente, son aproximadamente unas 15 horas de camión. Y a mi me toca estar en la comisión como un vocero, para hacer las denuncias. Me vuelvo una cara visible para lo que denuncian todas las comunidades.

Ganan amparo

Se firma un amparo, yo soy el amparista, para poder detener la construcción de la empresa Oxec S.A. Más de 100 comunidades me delegan.

Pasado alrededor de un año de haber ingresado el amparo, la Corte de Justicia [última instancia de Justicia en Guatemala] reconoce la violación de derechos. El Estado de Guatemala no realizó la consulta libre, previa e informada. Tampoco dimos nuestro consentimiento. No fuimos consultados. Nuestro fundamento legal es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Así que, con el tiempo, nos da la razón las últimas instancias de justicia y se suspenden las licencias.

Viene la persecución

A partir de la suspensión de las licencias empieza la persecución, empieza la criminalización. Los medios corporativos empiezan a difundir noticias todos los días, en grandes titulares, sobre mi persona. Difamándome, calumniándome.

Bernardo Caal en una actividad pública, antes de ser encarcelado en enero de 2018. Foto: Prensa Comunitaria

Fue una estrategia para ir preparando el terreno para que el pueblo de Guatemala me odiara, para causar el odio social.

La primera orden de captura

Entonces surge una orden de captura contra mí y después otra. La primera orden de captura decía: ‘se ordena su captura por estafar al Estado de Guatemala’.

Yo soy maestro, yo enseño. Y lo que argumentaban en sus acusaciones era que yo cobré salarios un año y no me presenté a la escuela con los niños – yo soy maestro de niños y niñas.

Hay un acuerdo de la ministra de Educación de Guatemala donde me cancela el trabajo, me cancela el contrato. Es aquí donde se inicia la persecución penal. Es una estrategia del Estado de Guatemala y de las empresas.

Yo me presento ante el juez, que emite la primera orden de captura, para presentar mis documentos y decirle ‘mira, yo no cometí el delito que usted dice’. Con las pruebas, no me pudieron llevar preso.

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Entonces, apuradamente, cambió el tipo penal con el cual me acusaban. Lo nombró como ‘retenciones y apropiaciones indebidas’. Todavía sigue el expediente abierto. Es como una cadena para tenerme amarrado en los tribunales de justicia. Imagínate, este expediente está abierto desde 2016. Lleva seis años este proceso penal allí.

El objetivo era hacer creer el pueblo de Guatemala que quien está denunciando estas hidroeléctricas es un estafador. Pude probar lo contrario.

La segunda orden de captura

Entonces empezaron a trabajar otra orden de captura, ‘por robo agravado y detenciones ilegales’.

Ellos decían que yo y 100 personas más detuvimos un vehículo, que yo bajé a los tripulantes y ya, cuando los tenía abajo, empecé a arrojar a las cosas del vehículo, eran unos cables de la empresa Oxec. Este es el ‘robo agravado’ que me acusaron. Y ‘detenciones ilegales’ porque detuvimos el vehículo, dicen ellos.

La prisión

En enero de 2018 me presenté a una audiencia por la primera orden de captura para poder finalizar las acusaciones. Ahí fui detenido, debido a la segunda orden de captura. Por los delitos que me acusaron, me sentenciaron a siete años y cuatro meses de prisión.

Los testigos de la empresa Oxec decían al juez que fui yo el que robó. Pero yo ¿qué he robado? Primero es ilógico que yo, un amparista contra Oxec, les haya robado. Lo otro ilógico es que yo soy maestro. Yo trabajo con lapicero, con marcador, con mi pizarrón, con carteles, con cartulina, con libros, estas son mis herramientas de trabajo y no como ellos dicen que yo me robé costales de cables que ellos llevaban para la empresa Oxec. Sin embargo, el juez me sentencia.

Cumplí la sentencia. Hay una normativa aquí en Guatemala que dice que aquel privado de libertad al llegar a la mitad de la pena si documenta y argumenta haber tenido una buena conducta en el sistema penitenciaria y haber trabajado se puede pedir la libertad. Eso fue lo que yo hice. A parte de tener una buena conducta, como yo soy maestro, también estuve dando clases a los privados de libertad, que les negaron una educación desde su niñez.

Logré la libertad el 24 de marzo de 2022. Hace un mes y un par de días que salí de la prisión.

69 magistrados

Cuando fui sentenciado procedí a la apelación de mi sentencia. Dos años estuvo mí expediente sobre los escritorios de los magistrados. Se excusaron 69 magistrados en no querer analizar el expediente. En realidad, no era que no quisieran o no pudieran conocer el caso, sino que esta era la estrategia del Estado de Guatemala para ir dilatando el proceso.

La interpretación es que el sistema de Justicia está cooptado. Esta es una muestra de cómo las empresas criminalizan, uno; lo otro es que estas empresas cooptan al Ministerio Público, los jueces, magistrados.

Clamor popular

Un punto fundamental en este proceso fue el clamor popular. Yo, en la prisión, empiezo a escribir cartas para continuar con las denuncias, se empieza a difundir las cartas, muchas organizaciones nacionales e internacionales se enteran del proceso, empiezan los pronunciamientos. Las comunidades en resistencias también siempre estuvieron al tanto de mí, nunca me abandonaron.

Carta de Bernardo escrita desde la prisión.

Luz verde para la empresa

Cuando suspenden el proyecto de la hidroeléctrica empiezan las cámaras empresariales a presionar a la Corte de Constitucionalidad; empiezan a presionar a los magistrados para que cambiaran la decisión, de manera que estas empresas continuaran sus obras. Al fin, como decimos aquí en Guatemala, estos magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad no aguantaron la casaca, se vieron presionados y cambiaran la sentencia.

Una sentencia vergonzosa

En pocas palabras lo que dice la sentencia es que si bien es cierto violaron los derechos de los pueblos mayas, las empresas pueden continuar las obras. La sentencia también dice que se debe hacer las consultas, y no las hicieron. Así lo dejaron. Entonces las empresas continuaron.

Es una sentencia vergonzosa ante los ojos del mundo. Sí, están reconociendo que hay violación de derechos y, al mismo tiempo, permiten que continúe, es decir, permite que se continúe violando.

Llegamos a la última instancia y nos dan una resolución de esta forma. Tal vez tengamos que apelar internacionalmente porque aquí ya no hay qué pelear jurídicamente.

Energía eléctrica y acuerdos de paz

En 1960 se inicia el conflicto armado interno aquí en Guatemala. La política era de tierra arrasada. Bombardeaban a las comunidades que el gobierno y el ejército consideraban guerrilleras, aunque no lo fueran. Una vez así lo declaraban, guerrilleras, acababan con esta comunidad.

Eso dura 36 años. En 1996 se firman los acuerdos de paz, que no se cumplen hasta hoy. ¿Qué es que pasaba mientras se preparaba esta firma? Se gestaban paquetes de leyes para hacer negocio con la energía eléctrica, para que pudieran entrar libremente estas empresas que hoy estamos viendo en nuestros territorios.

Los acuerdos de paz y las leyes que fueron creadas a partir de entonces fueron una estrategia de las familias oligarcas en Guatemala para entrar en los territorios, ya no con armas, sino con leyes que regulan la explotación.

En Cobán, la hidroeléctrica española Renace se ha instalado con amenazas a la población y falsas promesas de desarrollo para la zona. Foto: Pedro Armestre

Ahora hay una empresa que genera la electricidad, hay una empresa que la transporta y hay una empresa que la distribuye. Así es como se reparten los negocios. Y el mejor negocio que tienen ahorita es la construcción de hidroeléctricas porque eso les está generando muchas ganancias.

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Cuando llegan las comunidades a solicitar electricidad – porque están viendo que allí en su territorio se está produciendo mientras están en la obscuridad – entonces lo que les dicen, ‘pues mira, mi trabajo es solamente generar, yo no vendo’. Ya viene otra empresa toma esta electricidad y se la lleva a México y a otros países de Centroamérica, mientras las comunidades de Alta Verapaz, que más produce energía en Guatemala, se quedan en la obscuridad.

Y ¿de dónde sale la arquitectura de toda esta infraestructura? De las leyes que se iban preparando cuando se estaba negociando los acuerdos de paz.

Una persona que le haga daño a un bosque, a una montaña o a un río, uno va a denunciar y el mismo fiscal dice: ‘mire, su denuncia sí vale la pena, pero la ley dice que no tiene caso’. Se puede pagar una multa de cierta cantidad, que es vergonzosa, y se acaba el delito. ¿Cuándo prepararon esta ley? Uno ve la fecha y es de cuando estaban negociando los acuerdos de paz.

La criminalización también desde allí la preparan a todos los que se opongan a los megaproyectos. Para eso están los jueces, los Ministerios Públicos, la policía para ir a defender estas empresas.

En 2012, en el gobierno del presidente de Otto Pérez Molina [un general retirado del Ejército de Guatemala, que gobernó entre 2102 y 2015 y fue encarcelado por corrupción] firmó licencias para autorizar que se construyeran varias centrales eléctricas sobre el río Cahabón, en el departamento de Alta Verapaz.

Son 195 kilómetros de río Cahabón, desde que nace hasta que se desemboca en un lago que se llama Lago de Izabal. De estos 195 kilómetros, 50 kilómetros lo cortan, lo desvían para construir varias centrales hidroeléctricas. Actualmente han sido construidas siete hidroeléctricas sobre el río Cahabón.

Libertad

Ahora que llevo más de un mes de estar en libertad, vamos a retomar nuevamente el tema, porque eso no puede ser, ¿verdad? Las comunidades han continuado y las organizaciones, que nos han acompañado, siguen en la lucha. Tenemos que continuar porque a nosotros se nos enseñó a defender el medio ambiente, a defender la naturaleza. Esta lucha sigue.

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