Noticias:

presos políticos

image/svg+xml image/svg+xml
radio
Radio Kurruf

[Comunicado] Lof Levillan Bayotoro inicia proceso de recuperación territorial

Txaitxaiko Mapu, Cancura Laja, comuna de Nueva Imperial, 31 de diciembre 2020.

En razón de la memoria colectiva del lof, historia de despojo e injusticias. En razón del kume mongen, del ad mapu, el derecho al territorio y libre determinación. En razón a los que nos antecedieron y a las futuras generaciones. El lof Levillan Bayotoro, el 30 de diciembre de 2020 se levanta en dignidad y justicia iniciando el proceso legítimo de recuperación territorial, sobre 200 hectáreas aproximadamente, espacio que hoy se encuentra en manos de latifundistas.

El compromiso que asumimos es grande, sin embargo, como Wünelfe en el cielo, los procesos de recuperación territorial ya iniciados por múltiples lof, nos inspiran y fortalecen. Por ello solicitamos newen para que se manifieste y materialice nuestro anhelo de disfrutar y disponer del territorio ancestral. El compromiso de reivindicar el territorio, implica mirar el kuifimongen y replantear nuestro actual modelo de vida, en especial nuestra economía y desarrollo. Tenemos la convicción que el dinero es un instrumento de empobrecimiento, desde temprana edad producimos todo tipo de bienes, productos y servicios, esa riqueza productiva la transformamos en dinero, este dinero se gasta en mercados fuera del lof, en locales comerciales y megasupermercados cuyos propietarios jamás gastan su dinero en nuestras comunidades, fugándose del territorio esa riqueza local. Por ello creemos que debemos replantear la utilización del “dinero” como medio de cambio, el consumo, la articulación de la producción y distribución de bienes, productos, servicios y saberes, de forma de hacer circular la riqueza creada por nuestro trabajo dentro del territorio.

POR LA PERMANENCIA, CONTINUIDAD DE LA VIDA Y LA NACION MAPUCHE, MARICHIWEU!!!

Sector Cancura Laja ubicado entre Traitraico y Forrowe mapu.

radio
La Voz de Indígenas en Resistencia

Comunicado por el 27 aniversario del alzamiento del EZLN, escrito por nuestro compañero preso en lucha Adrián Gómez Jiménez de la organización de La Voz de Indígenas en Resistencia

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
Al Congreso Nacional Indígena
A la Sexta Nacional e Internacional
A los defensores de derechos humanos y a las ONG’S
A las organizaciones independientes
A la Red contra la Represión y por la Solidaridad
A las resistencias y rebeldías en todo el mundo que luchan en todo el mundo en contra del capitalismo, el racismo y la destrucción del medio ambiente.
A los medios de comunicación libres, independientes y alternativos
Al público en general

Compañeras y compañeros que luchan abajo y la izquierda les envío saludos cordiales desde el Cereso número 5 San Cristóbal de las Casas Chiapas México de parte de Adrián Gómez Jiménez preso en lucha e integrante de la organización La Voz de Indígenas en Resistencia, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN.

En este medio sacó mis palabras para solidarizarme con las y los compañeras y compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional qué hace 27 años alzaron sus voces debido a las injusticias que se vive y vivimos las y los pueblos indígenas pueblos que somos marginados, humillados y pisoteados nuestros derechos por los malos gobiernos que nos han gobernado década tras década siglo tras siglo. Gracias a las y los compas zapatistas nos abrieron los ojos al realizar una guerra en contra del mal gobierno en el año 1994 el gobierno mexicano celebraba el año nuevo para las y los compas zapatistas era un año de lucha, un año de guerra, un año de libertad. También un año de guerra sus vidas para pelear nuestros derechos. ya los caídos no murieron en vano sino que han valido la pena. Gracias a ellos nos abrieron los ojos porque nuestros pueblos serán totalmente humillados y no tenían derecho para organizarnos libremente, llevar su puesto y no soltar sus huesos.
gracias a la valentía y que estuvieron dispuestos a sacrificar sus vidas se puede formar pueblos autónomos formar caracoles y base de resistencia y también se abrió las puertas a la sociedad civil al lanzar la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN.
Hoy día hay muchas compañeras y compañeros de la sociedad civil que estamos con los y las compas zapatistas, ellos no están solos somos muchos hoy más que nunca es más es necesario unir fuerzas.
Esta es toda mis humildes palabras escrita desde nuestro espacio de lucha nuestra digna lucha en exigencia de justicia que en lo referente el mal gobierno nos ha ignorado.

Uniendo nuestras voces y fuerza de las y de los pueblos mexicanos triunfará las verdaderas.
Respetuosamente

Adrián Gómez Jiménez

radio
La Zarzamora colectiva

Hace 42 años| Operación Retiro de Televisores y la doble desaparición forzada

Por Constanza Lobo Sánchez

En diciembre de 1978, tras la orden explícita del dictador Augusto Pinochet, militares de los distintos regimientos del país desenterraron las fosas clandestinas ubicadas en el territorio nacional y desaparecieron los cuerpos de ejecutados políticos.

13 de septiembre de 1973. Es medio día y un camión Pegaso cruza desde el Regimiento Tacna en Santiago hasta el Fuerte Arteaga en Peldehue. Al interior del camión van más de 20 personas tendidas en el suelo, amarradas de pies y manos, y sus cabezas cubiertas con lonas. Eliseo Cornejo Escobedo, Suboficial del Ejército (r), sigue la caravana que se desplaza en dirección norte. Cuando llegan al recinto militar observa cómo uno a uno descienden a los detenidos para, a rostro descubierto, asesinarlos con subametralladoras. Los cuerpos caen en una fosa de quince metros y cinco años después, en diciembre de 1978, Cornejo vuelve al mismo sitio para participar de la exhumación ilegal de esos cuerpos, procedimiento nacional que fue llamado “Operación Retiro de Televisores”.

A través de un criptograma categoría A1, que fue enviado a las unidades de inteligencia y regimientos del país, se ordenó “desenterrar todos los cuerpos de prisioneros políticos ejecutados en la jurisdicción del regimiento y hacerlos desaparecer”, según declaró un suboficial de Inteligencia en 2004.

Hasta ese entonces, año 1978, la dictadura militar negaba la existencia de detenidos desaparecidos. “Informaba que eran personas que habían abandonado el país, dejado a sus familias, muerto o que, derechamente, no existían legalmente y que eran personas inventadas”, indica Marisol Intriago, Encargada de la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal.

No obstante, este discurso se fractura cuando el 30 de noviembre de 1978, Inocente Palominos – en la inflaqueable búsqueda de su hijo detenido desaparecido – encuentra cuerpos humanos en los hornos de cal abandonados en Lonquén. Palominos contacta a la Vicaría de la Solidaridad y son ellos quienes realizan una denuncia a la Corte Suprema por un caso que ha sido denominado como “Hornos de Lonquén”. En respuesta al impacto mediático de los hallazgos en Talagante, Pinochet y la Junta Militar deciden enviar el criptógrama a los regimientos.

Los 26 de La Moneda 

El día 23 de diciembre de 1978, durante la “Pascua del Soldado”, nueve militares del Departamento II de Inteligencia y del cuadro permanente del Regimiento Tacna se reúnen al interior del Fuerte Arteaga en Peldehue. Esos nueve militares son Eliseo Cornejo Escobedo, Fernando Burgos Díaz, Hernán Canales Varas, José Canario Santibáñez, José Darrigrandi Marques, Isidro Durán Muñoz, Luis Fuenzalida Rojas, Darío Gutiérrez de La Torre y Sergio Medina Salazar.

Con una máquina retroexcavadora realizan una zanja de seis u ocho metros en el suelo para luego, con palas y chuzos, continuar cavando. Según la declaración de Durán Muñoz, “la faena de desenterrar los cuerpos duró de dos a tres horas” y en ese intertanto beben pisco para capear el calor y el hedor que comienza a rodearlos cuando, bajo unas latas de zinc, encuentran los cuerpos de los detenidos desaparecidos de La Moneda.

El 11 de septiembre de 1973, luego del bombardeo al palacio de gobierno, asesores del Presidente Allende, miembros de la Guardia Presidencial (GAP) y funcionarios del Servicio de Investigaciones son detenidos en La Moneda y trasladados en dos vehículos militares hasta el Regimiento Tacna. Allí fueron apresados y torturados hasta el 12 de septiembre y ese día, después de interrogatorios y vejámenes, liberaron a 17 del Servicio de Investigaciones. Los demás, asesores del Presidente de la República y miembros de la Guardia Presidencial, fueron llevados a Peldehue al día siguiente.

Hasta la fecha, se ha identificado a 26 de ellos: Oscar Avilés Jofré (28), Jaime Barrios Meza (47), Manuel Castro Zamorano (23), Sergio Contreras (40), Daniel Escobar Cruz (37), José Freire Medina (20), Daniel Gutierrez Ayala (25), Enrique Huerta Corvalán (48), Claudio Jimeno Grendi (33), Georges Klein Pipper (27), Oscar Lagos Ríos (21), Oscar Marambio Araya (25), Juan Montiglio Murúa (21), Julio Moreno Pulgar (24), Jorge Orrego González (29), Eduardo Paredes Barrientos (35), Enrique París Roa (40), Héctor Pincheira Núñez (28), Arsenio Poupin Oissel (38), Oscar Ramírez Barria (23), Luis Rodríguez Riquelme (26), Jaime Sotelo Ojeda (33) Julio Tapia Martínez (24), Héctor Urrutia Molina (22), Oscar Valladares Caroca (23) y Juan Vargas Contreras (23).

Sus cuerpos, rodeados de cal y granadas de tipo “Poi” sin explotar, vestidos y calzados como si los cinco años no hubiesen podido ingresar entre la arcilla, son maniatados y metidos en sacos paperos. Hasta allí, todas las declaraciones coinciden. Todos concuerdan que los cuerpos son llevados a dos camiones. No obstante, la aparición del helicóptero Puma enmarañar los relatos.

Algunos, como Fuenzalida Rojas, aseguran que subieron los cuerpos al helicóptero ese mismo 23 de diciembre. Otros, como Gutiérrez de La Torre, dicen que fue dos días después. Según su testimonio presentado al Quinto Juzgado del Crimen de Santiago, “unos dos días después fue (Gutiérrez) llevado a Peldehue en un helicóptero a un sitio ubicado frente al recinto y cerca de un polígono de tiro, lugar donde se encontraban los dos camiones antes referidos, y ayudados por los pilotos cargaron los cuerpos y se dirigeron a la costa y en una zona cerca de la Fundición Ventanas procedieron a lanzarlos al mar, para retornar después a la base ubicada en Tobalaba”.

Independiente del día y la hora, esa acción se realizó. Además del secuestro, la tortura, la ejecución y posterior inhumación ilegal de los detenidos de La Moneda, también se realizó la exhumación ilegal de sus cuerpos, culminando todo con la desaparición forzosa. Se estima que los cuerpos fueron lanzados en las costas de la región de Valparaíso, entre Quintero por el norte y San Antonio por el sur.

Todos los militares mencionados han sido imputados, sus declaraciones y sentencias son de acceso público, no obstante, los autores intelectuales han fallecido. Enrique Morel Donoso, comandante de la guarnición de Santiago en 1978, falleció en febrero del 2002, y Joaquín Molina Fuenzalida, comandante del grupo de artillería del Regimiento Tacna, fue asesinado por Manuel Contreras Valdebenito, hijo de Manuel Contreras, en 1989. Odlanier Mena, director de la CNI, mucho más arriba en la columna de militares y organismos de inteligencia, se suicidó en 2013 antes de ser retirado del Penal Cordillera y trasladado a Punta Peuco.

Hasta esta publicación, quince de los detenidos han sido reconocidos a través de análisis genéticos. Fragmentos óseos, algunos de no más de diez centímetros, han permitido reconstruir sus historias y proyectarlas en presente. Así, se ha identificado a Oscar Avilés Jofré, Jaime Barrios Meza, Manuel Castro Zamorano, Claudio Jimeno Grendi, Georges Klein Pipper, Oscar Lagos Ríos, Julio Moreno Pulgar, Enrique París Roa, Héctor Pincheira Nuñez, Luis Rodríguez Riquelme, Jaime Sotelo Ojeda, Julio Martínez Tapia, Héctor Urrutia Molina, Juan Vargas Contreras y Juan Montiglio Murua.

La operación en el resto del país

En 1978, cuando el ocultamiento de los asesinatos se volvió una orden explícita desde la comandancia en jefe del Ejército, en Chihuío las FFAA desenterraron los restos de los 17 trabajadores pertenecientes al Sindicato Campesino Esperanza del Obrero del Complejo Maderero Panguipulli y los lanzaron al mar. Sus cuerpos, antes de la inhumación ilegal, estuvieron 15 días al aire libre. A pesar de ambas acciones, la fosa del desentierro que fue hallada en 1990 aún contaba con restos óseos que permitieron la identificación de cinco ejecutados: Carlos Acuña Inostroza (46), Luis Ferrada Sandoval (42), Daniel Méndez Méndez (42), Ricardo Ruiz Rodríguez (24) y Manuel Sepúlveda Rebolledo (28).

De esa forma, el encubrimiento y la doble desaparición cruzó el territorio desde la región de Arica en Putre, hasta la región de Los Ríos en Chihuío, y continuó durante 1979. “Las investigaciones judiciales indican que los restos recuperados fueron arrojados al mar, quemados en hornos, arrojados a volcanes, etc.”, señala Marisol.

En Putre, Juan Peña Fuenzalida (21) y Sergio Pantoja Rivera (19) fueron asesinados por agentes del Servicio de Inteligencia Militar entre octubre y noviembre de 1974. Ambos fueron sacados del Regimiento Rancagua, donde realizaban el servicio militar, y llevados a un punto desconocido. No fue hasta 25 años después, en 1999, que sus restos fueron encontrados entre tierra removida en las cercanías a Putre.

En Calama, donde el paso de la Caravana de la Muerte costó la vida de 42 personas, 26 de ellas fueron desaparecidas. Por el relato de un minero, los familiares de los ejecutados políticos supieron de la existencia de cuerpos encontrados en el desierto. Los militares, percatados de la búsqueda, desenterraron los cuerpos y los desaparecieron en el mar. Algunos restos, pequeñas piezas óseas, aparecieron en el sitio y a sus alrededores en pericias posteriores.

En Santiago, la CNI desapareció los cuerpos encontrados en Cuesta Barriga por un cazador de conejos. Se estima que fueron más de veinte los cuerpos ensacados y, presumiblemente, lanzados al mar. Debido a la ubicación de la mina, la diferencia del estado de los cuerpos, se estima que fue utilizada por distintas ramas de la represión (operación cóndor y cuartel Simon Bolivar) y en distintos años. Hasta la fecha, once de las víctimas han sido identificadas.

Asimismo la Corporación Memorial Cerro Chena, en respuesta al anuncio de construcción de un nuevo complejo deportivo en el “Cuartel Nº2” de San Bernardo, denuncia que ese recinto podría considerarse también dentro de la Operación ya que en 2002 encontraron dos fosas con osamentas de detenidos desaparecidos que acusaban remoción de cuerpos.

En Rapel, las víctimas secuestradas y ejecutadas el 16 de octubre de 1973 en Paine, fueron inhumadas ilegalmente en la quebrada Los Quillayes en las cercanías del Lago Rapel. Luego, entre 1978 y 1979, sus restos fueron exhumados ilegalmente y desaparecidos, según declararon las FFAA en la Mesa de Diálogo, frente a Pichilemu. Esta fosa fue identificada en 2007 y permitió la recopilación de 295 fragmentos óseos y 311 evidencias culturales (botones, vidrios, textiles, anillos, etc).

En Linares, las FFAA se encargaron de las exhumaciones ilegales al interior de la Escuela de Artillería de Linares y en la localidad de Constitución. En el regimiento encontraron “dos cuerpos que estaban sin ropas” y en Constitución, en un entierro clandestino, encontraron “tres cráneos”. Todos los restos fueron calcinados. Si bien algunos militares han sido condenados por la desaparición y exhumación ilegal de cinco personas, son en realidad nueve los detenidos desaparecidos contemplados en una misma operación.

En Los Ángeles, en el fundo Huaqui 3 del sector norte de La Mona, trabajadores de la empresa forestal Mininco encontraron osamentas y casquillos de balas. Se estima que al menos seis personas fueron sepultadas y se establece, además, “que la mayor parte de los cuerpos fueron removidos y sustraídos del lugar”. Trece años después, en 2004, se confirmó la identidad de César Flores Baeza (30), Mario Belmar Soto (30), Juan Ulloa Pino (26), Víctor Ulloa Pino (16) y Juan Yáñez Franco (25).

Finalmente, en Mulchén, al sur de Los Ángeles, 18 campesinos de los fundos El Morro, Carmen y Maitenes, y Pemehue, fueron asesinados en octubre de 1973. Sus cuerpos fueron inhumados ilegalmente en una fosa al costado norte del río. A diferencia de las situaciones del norte, la fosa al ser de conocimiento público sirvió de tumba para los familiares hasta  marzo de 1979 donde los restos de once de ellos fueron removidos, insertos en sacos y llevados hasta Concepción, donde los calcinaron en un horno de ladrillo del Departamento II. El fallo está disponible aquí.

Situación actual

Hasta la fecha, la Operación Retiro de Televisores cuenta con diez momentos identificables y diez u once fosas clandestinas halladas entre 1990 hasta 2007. Es decir, tan sólo trece años atrás. Ha sido el actuar de familiares de detenidos desaparecidos, quienes han iniciado distintos procedimientos judiciales que involucran al PJ y al SML, lo que ha permitido trazar pequeñas cuotas de verdad sobre esta operación. No obstante, esta reconstrucción no ha estado exenta de inexactitudes.

Los cuerpos de Oscar Avilés Jofré, Eduardo Paredes Barrientos, Hector Urrutia Molina, todos parte del grupo de La Moneda, fueron identificados erróneamente en el Patio 29, la parcela que fue utilizada para sepultar clandestinamente a ejecutados políticos. Por esto, es posible encontrar información errada acompañando sus nombres.

Según Marisol, cuando se aplicó el análisis de ADN mitocondrial en 2006, se estimó que cerca de 90 casos del Patio 29 presentaban exclusiones, “es decir, que los perfiles genéticos de las víctimas no coincidían con sus supuestas familias maternas”. Esta nueva técnica de extracción de ADN en hueso comenzó a utilizarse recién en 1999 y a diferencia del nuclear, es mucho más estable  y “es la parte de ADN que todas las personas heredamos por vía materna, entonces compartimos esa misma secuencia con nuestra madre, hermanos de madre, y todo pariente de línea materna”.

Por eso, desde el año 2009, el Servicio Médico Legal ha creado una base de datos genéticos de familiares que ha permitido la comparación de perfiles genéticos con los restos óseos encontrados en las fosas clandestinas. Hasta la fecha, se ha identificado alrededor de 200 personas a través de la acción conjunta de variados elementos técnicos (ya sea a través de ADN nuclear o mitocondrial) con la ratificación de un juez.

Marisol cree que aún hay fosas clandestinas que no han sido identificadas, “sabemos que esas fosas existen, y que hay personas ligadas a los aparatos de represión que las conocen, se requiere que den información y que las causas sigan abiertas, que los jueces y ministros no dejen de investigar”.

El tiempo continúa expandiendo la brecha de la impunidad, volviendo más difícil la búsqueda e identificación, pero ella concluye, en un tono más amable y esperanzador, “estamos seguros de que existe la posibilidad de seguir encontrando a las víctimas de desaparición forzada”.

Se estima que son más de 1.200 personas las víctimas de desaparición forzosa de nuestro país. La Operación Retiro de Televisores fue la decisión, consciente y premeditada, de volver a desaparecerlos, de perderles la pista, ojalá y para siempre. Pero los huesos resisten, escondidos en la tierra, al igual que la memoria. Y sus nombres aparecen de nuevo, y continuarán haciéndolo, año tras año. Día tras día.

Foto de portada Museo de la Memoria. Disponible en el siguiente link: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fww3.museodelamemoria.cl%2Fwp-content%2Ffiles_mf%2F1563902305GAP_1973_web.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1Bnl6rapR9fhrc9YdKMznbb0Sqd7hEBt4xqj1SQR6UeKQSDZgqnlyDB6c&h=AT0m2g6K8rD57dWsLpyAQT86dwSReMU7r8P7ShYSdLbnDjJ58p2PTpgEwYQKSa8exbhOaRPH3_0CaPso399WGTqyLDkSGqEwLRsvBxRpEW2IZu8qzKWT80zBIbBWl0bN9HY

radio
Radio Kurruf

[Audio] Comunicado: Hostigamiento en CET de Vilcún tras instalación de Nguillatuwe

COMUNICADO PÚBLICO

A la opinión pública nacional e internacional
A nuestras autoridades tradicionales y espirituales
A todo nuestro pueblo nación mapuche
Al pueblo no mapuche que resiste y lucha. Comunicamos lo siguiente:

El reciente eclipse que vivenciamos en territorio mapuche hizo difundir la visión que nuestro pueblo nación tiene acerca de estos fenómenos naturales y como lo abordamos desde nuestra creencia espiritual mapuche. Con respeto y un profundo recogimiento espiritual, más aún este sentir si se trata de una autoridad espiritual.
Nuestro Machi Celestino Córdova solicitó autorización para realizar una ceremonia de carácter espiritual en su rewe, dada la importancia y trascendencia de este acontecimiento natural para el futuro de la humanidad y así poder realizar rogativa por todos nosotros en su espacio de consagración como Machi. Sin embargo, pese a la importancia para nuestro pueblo en relación al eclipse, Gendarmería de Chile negó el permiso a nuestra autoridad ancestral espiritual de salida esporádica a su rewe, pese a cumplir con lo requisitos para ello.
El miércoles 16 de diciembre se realizó una ceremonia de carácter espiritual en el Centro de Esclavitud y Tortura CET de Vilcún, donde se procedió a la instalación de un ngillatuwe. Donde se espera que permanezca a resguardo y que no le ocurra ningún tipo de atentado al sitio ceremonial mapuche.
A pesar de la tremenda importancia de esta ceremonia, no fue autorizado el ingreso de 44 personas miembros de la comunidad del Machi Celestino Córdova para acompañar, asistir y participar de esta ceremonia. Dejando el ingreso de solo 4 personas en un lugar amplio, abierto donde se puede perfectamente cumplir con la norma sanitaria. Luego de aquella ceremonia donde participaron una cantidad reducida de “colonos”. La autoridad a cargo del lugar, la Mayor Jessica Rivas Hernández. Actualmente teniendo en su contra una querella criminal por tortura, una investigación sumaria administrativa y una denuncia en fiscalía. Inexplicablemente continúa trabajando y encabezando dicha unidad especial. Claramente debido a lo anterior no está facultada, ni capacitada ni a la altura de estar al frente de una unidad especial como un CET, teniendo presente de que se trata de un lugar de reinserción social donde los que están a cargo deben dar ejemplo de conducta intachable y honorabilidad. Cuestión que no es el caso, ya que debemos recordar que se trata de una funcionaria que ha utilizado practicas maliciosas que se vienen arrastrando desde hace años, incentivando a algunos internos para atentar contra la vida y generar un montaje en contra de nuestro machi Celestino Córdova y de todo aquel privado de libertad que luche por sus derechos. Dicha autoridad ha procedido en un acto irracional, a revocar distintos beneficios, persiguiendo y amedrentando a todos los que participaron de la instalación del Ngillatuwe.
Para nosotros todo lo anterior se enmarca en la persecución política religiosa en contra de nuestra autoridad ancestral y con ello a todo nuestro pueblo nación mapuche, que busca finalmente su aislamiento tanto de su comunidad y familia como además de los otros privados de libertad que se encuentran en el CET. Al amedrentar justamente a todos aquellos que socializan con nuestro Machi Celestino Córdova.
Con todo ello debemos denunciar del mismo modo, todas las represalias y el constante hostigamiento que han estado viviendo todos los privados de libertad que apoyaron las distintas denuncias que se han realizado y que a consecuencia de ello, fueron trasladados sin justificación a otras cárceles. Y a través de ellos, usarlos con el fin de acallar cualquier injusticia e irregularidad y que no deben luchar por sus derechos.
Por lo tanto, hacemos un amplio llamado a todo nuestro pueblo nación mapuche, principalmente a nuestras autoridades tradicionales y espirituales. A estar atentos ante esta situación, a pronunciarse, prepararse y organizarse en la defensa de este ngillatuwe en el CET de Vilcun ya que así ha sido mandatado. A hacerle frente y combatir todo acto de injusticia social. Igualmente, esperamos que sigan reaccionando los organismos externos que han estado observantes de estas situaciones, así como también, hacemos responsables al gobierno de turno y sus instituciones como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y los llamamos a pronunciarse frente a estos hechos de abuso de poder, discriminación, negación del libre ejercicio espiritual y vulneración del Convenio 169.

La recuperación del territorio espiritual es fundamental para la recuperación del territorio ancestral!!

Justicia y dignidad para todos los Privados de libertad!!

Libertad a todos los presos políticos Mapuche!!

Machi Celestino Córdova
Ermiser Garrido Benítez
Alexis Solar Solar
Robinson Ramírez Garcés
Rodrigo Ruiz Godoy
Miguel Trangol Vivanco
Jonathan Carcamo Díaz
Familiares y amigos Comunidades en respaldo al Machi Celestino
Red de Apoyo.

23 de diciembre 2020

radio
Prensa comunitaria

Guatemala: Carta a Bernardo Caal

Por Figueroa Sarti

Querido Bernardo:

Fue a principios de este año, 2020, cuando conversé con Isabel, tu valiente compañera de vida, sobre la posibilidad de ir a verte a la cárcel en donde te tienen recluido los carceleros de la oligarquía. La visita se demoró, llegó la covid, el 2020 se está terminando, y no fui a expresarte personalmente mi solidaridad. Se abrió este espacio de “Cartas a Bernardo” y aprovecho para contarte algunas cosas.

Lo primero que quiero comentarte es que me emociono mucho cada vez que veo algún video de Ni’kte’, tu hija mayor, denunciando la injusta prisión de su padre. Recuerdo cuando hace ya unos años nos encontramos en la Filgua y me presentaste a tu esposa y a tus hijas. Me impresionó mucho que hubieras viajado desde Alta Verapaz con la familia para visitar la feria. Conocí mejor tu faceta de maestro de escuela. ¿Te acordás de que en más de una ocasión conversamos de la posibilidad de llevar niños de Alta Verapaz a la Filgua, además de los que desde hace unos años llegan de Baja Verapaz? Pues te cuento que desde hace un tiempo la Feria tiene un patrocinio de Banrural dirigido expresamente a cubrir el gasto de transporte de niños de los departamentos a la Filgua. De esa cuenta la feria ya la conocieron, además de los fabulosos lectores de Purulhá, también niños y adolescentes de Petén, Chimaltenango, San Lucas Tolimán, Quiché, y muchos otros lugares de Guatemala. Ah, también ha tenido la visita de niños de Telemán, para quienes el viaje a la capital ha sido la gran experiencia de su vida.

No nos hemos visto en tres ferias, espero que pronto volvamos a hacerlo; y que entonces hagamos el lanzamiento del libro que si no lo has escrito ya deberías empezar a escribir: el testimonio de un maestro q’eqchi’ que además de enseñar en la escuela se convirtió en un defensor del territorio que históricamente ha ocupado su pueblo, víctima del despojo de sus tierras, en medio de una violencia brutal, por parte de la oligarquía terrateniente.

Y, mirá cómo son las cosas en este nuestro bello país y sufrido pueblo, ¿qué te parece que los representantes de esos mismos bandidos que te metieron en la cárcel también se quieren apropiar de la Filgua? ¡Increíble!, ¿verdad? En breve, porque esto es una carta y no un ensayo: resulta que como los editores que fundaron y organizaron la feria durante muchos años no tenían personería jurídica propia se cobijaron en la Cámara de Industria. De tal suerte que los recursos que los organizadores de la feria gestionaban iban a parar a una cuenta de banco que en su nombre decía “Cámara de Industria”. Por eso ahora se quieren robar la Filgua, porque dicen que ellos pusieron el dinero y por lo tanto la feria es de ellos. Sí, esa Cámara de Industria es la misma en la que están organizados los delincuentes que se están robando los ríos (ahora el agua ya la cotizan en bolsa) de las Verapaces. Vos que sabés que esos pillos son de lo más ignorantes te estarás preguntando para qué pueden querer la feria del libro. La quieren para hacer lo mismo que han hecho desde siempre: censurarla y evitar que el pueblo lea libros que les puedan abrir los ojos frente al despojo y el robo de sus tierras y los trabajadores no se atrevan a reclamar derechos.

Cierro esta parte con lo ya dicho: cuando salgás de la cárcel publicaremos tu libro y realizaremos presentaciones de él no sólo en las Verapaces sino también en otros territorios del país que hoy viven la agresión narco oligárquica para despojarlos de sus tierras y recursos naturales. Haremos algo similar a lo que hicimos hace ya diez años, cuando gracias a tu maravillosa iniciativa hicimos algo que, creo yo, no se había hecho antes: organizar en Panzós la presentación de un libro. Lo hicimos con “La masacre de Panzós: etnicidad, tierra y violencia en Guatemala” En la editorial no hemos tenido otra presentación de libro con tal cantidad de gente, alrededor de 600, ni vendido tantos ejemplares como en esa ocasión.  Aún tenemos pendiente la traducción al q’eqchi’. Fue a partir de esa actividad que tuve el gusto de conocerte y empezar a saber más de tu trabajo como maestro, líder comunitario y también tu lucha en contra de la corrupción sindical en el magisterio.

https://1.bp.blogspot.com/-3vVSUwtVADg/X-KI-eG74ZI/AAAAAAAAEAc/lc94ktBhhWU0gFbxPRGdsRhDCqXQ23j1QCLcBGAsYHQ/s298/Bernardo%2BCaal.jpg
Bernardo Caal, primero de izquierda a derecha, en la presentación de “La masacre de Panzós…”, en Panzós, Alta Verapaz, 28 de mayo de 2010.

Hoy hay muchas personas, querido Bernardo, que están luchando por tu liberación, y esa lucha se realiza tanto nacional como internacionalmente. Pero no sos el único prisionero político que hoy sufre las cárceles de la dictadura narco oligárquica. Viendo las cosas en perspectiva tal vez podamos afirmar, mirá que cosas, que uno de los mayores logros de los 36 años de lucha armada de muchos guatemaltecos en contra de la dictadura sea el “derecho a tener prisioneros políticos”. Si tu lucha se hubiera dado hace 40 o 45 años no estarías preso, los dueños de la hidroeléctrica hubieran mandado a sus escuadrones de la muerte a asesinarte como sus padres y abuelos lo hicieron con Mamá Maquín, Mario Mujía Córdoba, Pedro Quevedo y Quevedo (asesinado en diciembre de 1978), Oliverio Castañeda de León y muchos dirigentes obreros, campesinos y estudiantiles más. Aunque hay que decir que el recurso del asesinato sigue vivo, de ello dan fe los asesinatos de dirigentes campesinos de Codeca. Como también sigue viva la práctica de tierra arrasada, tal y como hemos visto en el gobierno del nuevo representante de la oligarquía: desalojos de campesinos en Alta Verapaz y Petén, con el fuego contrainsurgente incluido para terminar con la vida de los desalojados. Si no es con las balas que sea por el hambre, es la divisa de los bandidos oligarcas.

Aunque no tan rápido como quisiéramos, las conciencias de los guatemaltecos están cambiando. No es poca cosa que en las últimas elecciones doña Thelma Cabrera fuera de los candidatos presidenciales con más votos, muy por delante de varios candidatos representantes de la élite económica tradicional y algunos de la nueva narcoelite, aliada a la anterior. Poco a poco nos damos cuenta de que el origen de nuestros males está en la cúpula del Cacif y ya no es raro que encontrés en las calles la consigna “#UnFuturoSinCacif”. En redes sociales cada día son más los guatemaltecos y guatemaltecas quienes la usamos.

Ojalá pronto estés fuera de la cárcel y podamos reunirnos para conversar, tomarnos una cerveza y seguir luchando por #UnFuturoSinCacif; por un país para todos sus pueblos, mujeres y hombres, sin exclusiones de ningún tipo.

Un fuerte abrazo, querido amigo

Raúl

Pd1. Espero estés disfrutando de los libros que te envié. Está en prensa un libro sobre la criminalización de Abelino Chub y el despojo de tierras en las Verapaces. En cuanto salga del horno prometo enviarte un ejemplar.

Pd2. Disculpá los errores que pueda tener esta carta, dejé al tiempo escribirla y me acabo de enterar que es el último día para enviarla.

19 de diciembre de 2020

radio
Avispa Midia

Pueblo Munduruku denuncia imposición de ferrocarril en la amazonía para la agroindustria

Por Sare Fabres

Comunidades y asociaciones del pueblo Munduruku denunciaron la imposición del proyecto ferrocarril EF-170, mejor conocido como Ferrogrão, el cual afectaría las cuencas de los ríos Xingu y Tapajós, así como a 19 tierras indígenas, poblaciones ribereñas y quilombolas.

El repudio de las comunidades Munduruku responde a la realización, sin su aprobación ni participación, de una reunión para tramitar los permisos ambientales requeridos en la construcción del ferrocarril.

El suroeste de Pará se ha consolidado en los últimos años como una ruta estratégica para la agroindustria. Desde ahí transporta granos como el maíz y la soya producidos en el estado de Mato Grosso con destino a China y otros países consumidores de Europa.

El Ferrogrão planea cubrir 932 kilómetros de extensión, desde la ciudad de Sinop en Mato Grosso hasta la ciudad portuaria de Miritituba en el estado de Pará.

La reunión denunciada por los pueblos Munduruku fue agendada por la Fundación Nacional del Indio (FUNAI, órgano del gobierno federal responsable por la implementación de la política indigenista) y la Secretaría del Programa de Asociación de Inversiones (SPPI).

El evento fue calendarizado para la primera semana de diciembre, sin informar ni a los dirigentes ni a representantes de todas las asociaciones del pueblo Munduruku, según lo determinado por su protocolo de consulta y en medio del aislamiento social provocado por la pandemia del Covid-19.

Ver también: Indígenas bloquean carretera por Covid-19, deforestación y contra construcción de vía férrea

Las organizaciones Munduruku de las regiones alta, baja y media del Tapajós, reafirmaron que “No aceptamos ninguna reunión decidida sólo por los organismos de Brasilia, sin diálogo con los líderes, jefes, guerreros, chamanes, maestros y representantes de todas las Asociaciones Munduruku”.

Antecedentes

Ya en 2017, cerca de 90 indígenas Munduruku bloquearon la entrada al Colegio de Itaituba en Pará para impedir una audiencia pública propuesta por la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) en la que se discutiría la implementación del Ferrogrão.

“La audiencia pública no es previa, libre e informada, no intente engañarnos que esto es cumplimiento del Convenio 169, ¡Sabemos nuestros derechos!”, denunciaron lxs Munduruku en aquella reunión que se realizó pese a que el Ministerio Público Federal (MPF) recomendó lo contrario.

En aquella ocasión, el MPF también demandó que se consultara previamente y de manera libre, a todas las comunidades indígenas de los pueblos Munduruku, Kayapó y Kayabi, además de las comunidades ribereñas que serán impactadas.

Para octubre del 2020, el Ministerio Público Federal y cinco organizaciones de la Red Xingu+ enviaron una representación al Tribunal de Cuentas de la Unión sobre el incumplimiento del derecho de consulta a los pueblos indígenas durante la etapa de planificación.

Según el organismo, el ferrocarril tiene un impacto potencial en 48 territorios de pueblos indígenas y afirma que el gobierno brasileño se negó a consultar a los pueblos afectados, a pesar de haber recibido ocho solicitudes de asociaciones indígenas y dos adicionales emitidas por el mismo MPF.

En su comunicado más reciente, los pueblos Munduruku también exigen el cumplimiento del derecho a la consulta libre, previa e informada de las comunidades de Montanha e Mangabal, Pimental y São Francisco, además de los demás pueblos indígenas amenazados por el proyecto.

“Los bancos que van a financiar ese proyecto de la Ferrogrão están pasando por encima de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales”, señalan las comunidades Munduruku en carta difundida el pasado 2 de diciembre.

Agronegocio, el promotor

Los megaproyectos de infraestructura que afectan a los pueblos de la cuenca del Tapajós, se presentan como una alternativa a la ruta que va de Mato Grosso a los puertos de Paranaguá y Santos, más alejados y con mayores tiempos de espera para las exportaciones del agro negocio.

Planeado en los últimos años por las principales corporaciones de esta industria, la ANTT espera que el Ferrogrão sea capaz de transportar entre 25 y 42 millones de toneladas anuales para el año 2050.

En 2016, el entonces presidente Michel Temer emitió la Medida Provisional 758 que redujo los límites del parque y la Zona de Protección Ambiental de Tapajós. Sin embargo, en 2018, una decisión del Tribunal Supremo Federal declaró inconstitucional la reducción de zonas de conservación del medio ambiente.

En una región en la que los conflictos agrarios se han intensificado por la construcción de la carretera BR-163, la unidad de conservación de Jamanxim, creada en 2006 para mitigar los impactos de la carretera, ha perdido una parte considerable para dar paso a los ferrocarriles.

En septiembre del 2019, el Ferrogrão se reanudó con dos audiencias públicas en las dos ciudades donde debe llegar el tramo final del ferrocarril: Itaituba y Novo Progresso ambas situadas en el oeste de Pará.

Dichas actividades, también promovidas por la ANTT, buscaron publicar el borrador de los estudios técnicos, así como el anuncio público de la concesión para la explotación del ferrocarril. En Itaituba, unas 80 personas participaron en el evento, al que asistieron representantes del Ministerio de Infraestructura y de la Superintendencia de Infraestructura y Servicios de Transporte de Carga por Ferrocarril de la ANTT. Para asegurar las actividades en 2019 e inhibir las protestas, dos vehículos de la policía resguardaron en el lugar.

“Este proyecto afecta a miles de personas y aquí no tiene el 1% de ellas. Y no lo hace porque su presencia tiene un costo”, criticó Ivaneide Rodrigues, de la comunidad de Mirituba, quien denunció lo excluyente del modelo propuesto por la ANTT y la falsa promesa de mejoras que la obra aportará al estado de Pará y a su población.

Trenes para la Amazonía

Iniciado en 2012 con el Programa de Inversiones Logísticas (PIL), el proyecto de Ferrogrão completa el conjunto de obras de infraestructura para el flujo de granos que forman parte del llamado Plan Arco Norte.

Además del ferrocarril, está prevista la construcción de vías navegables, puertos y el final de la pavimentación de la autopista BR 163, cuyo trazado guiará la dirección del Ferrogrão.

Para ello, los trabajos se llevarán a cabo utilizando el modelo de inversión Greenfield – una inversión en un proyecto que todavía está en el papel y que necesita recursos de inversión para iniciar los trabajos- con un costo estimado de 12,700 millones de reales, con una concesión para la exploración durante 65 años.

Por ahora corporaciones como Shanghai Pengxin Group, quien controla la brasileña Fiagril dedicada a exportar granos, ha mostrado su interés en invertir en el proyecto de infraestructura. Actualmente, China representa casi el 75% de las exportaciones de soja del Brasil.

Para el abogado de la organización Terra de Direitos, Pedro Martins, Ferrogrão es el proyecto ferroviario con “más tensión en este momento en el bioama amazónico. Esto se debe a que los grupos políticos a favor de las medidas ‘antiambientales’ pretenden utilizarlas para forzar la reducción de las Unidades de Conservación y legitimar el despojo de tierras alrededor del ferrocarril antes de su construcción”, explica.

Según Martins, las empresas tienen prisa por llevar a cabo este proyecto y las audiencias públicas están mostrando señales de ello. “La celebración de audiencias públicas significa dar un paso más en las etapas de concesión de Ferrogrão y, por consiguiente, de su licencia ambiental, sin considerar el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas y tradicionales de la región”.

La construcción del Ferrogrão también parece ser una de las prioridades del gobierno de Jair Bolsonaro, como declaró el actual Ministro de Infraestructura, el ingeniero militar Tarcísio Freitas, durante su toma de posesión.

Ver también—>EEUU aprovecha escenario de Covid19 para acelerar presencia en la Amazonía brasileña

“Tenemos nuestro gran desafío y lo afrontaremos con todo nuestro valor, con toda nuestra determinación, que es la apuesta de Ferrogrão. Tal vez el proyecto ferroviario más desafiante de todos y el más importante”.

Los impactos socioambientales, no serán pocos. Se estima que, si se implementan al menos 48 áreas protegidas, entre Unidades de Conservación y Tierras Indígenas, se verán afectadas. El Parque Nacional de Jamanxim, por ejemplo, ya siente los efectos de esto.

Por lo mientras, los pueblos Munduruku reafirman su rechazo al Ferrogrão y refuerzan sus exigencias para la defensa de su territorio.

También te puede interesar: La nueva estrategia del Comando Sur de los Estados Unidos en Latinoamérica

“Aún tenemos dos tierras que aguardan la conclusión de los procesos de demarcación en la parte media del río Tapajós y nuestro territorio cada día está más afectado por invasiones, puertos, hidroeléctricas, minería y el gobierno además insiste en seguir con un proyecto de muerte más en la cuenca del río Tapajós”, señala la carta firmada por asociaciones de las tres regiones con comunidades Munduruku.

radio
Noticias de abajo

Noticias de abajo 22 de diciembre 2020

ROMPIENDO FRONTERAS
—-EUA  Estados Jodidos. INCENDIOS por Yisus Güero- Capsula informativa de la realidad de abajo acaban los incendios en California, pero siguen otros incendios, la lucha antifascista y la crisis de la vivienda en tiempos de COVID.
—-MUNDO: El agua como mercancía escasa  y Cotizar el agua en Wall Street viola los derechos básicos. Por Radio Temblor
—-ARGENTINA:  La lucha de las mujeres por el derecho a decidir sobre sus cuerpos y vidas. El 11 de diciembre nuestras compañeras Argentinas tuvieron un importantisimo logro legal: la despenalización del aborto y por consiguiente la posibilidad de practicarlo de forma segura. El argentinazo. La izquierda diario,
—–GUATEMALA: La solidaridad no está en cuarentena. #EntreTormentas: cuatro comunidades siguen incomunicadas por colapso del único puente de ingreso en Izabal
—-KURDISTAN: Presos del PKK -PAJK en huelga de hambre: ‘Tiempo de resistencia’. Poema de las combatientes kurdas. Kurdistan America Latina. AFN.

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
—–MEGAPROYECTOS TREN MAYA: Uno de los principales beneficiados con el #TrenMaya es #BlackRock, la administradora de fondos más grande del mundo. #ElNegocioDelTrenMaya
—–MEXICO  Lucha feminista. Ley Olimpia y la manifestación a 10 años del feminicidio de la mujer, madre, hija, amiga y compañera de lucha de Marisela Escobedo mientras ella exigìa justicia por el feminicidio de su hija Rubí Marisol y la impunidad en el narcomexico :  #Entrevista  Olimpia Coral Melo , principal impulsora de la lucha contra la violencia digital de género, conversa con Itzel Ximena Torres de ZonaDocs sobre el camino para hacer realidad la #LeyOlimpia en todo México. Y video de actividades en Ciudad Juárez en contra de la impunidad feminicida. ZonaDocs, Hijas de su maquilera madres.
CHIAPAS PRESOS POLITICOS: Cristóbal Sántiz Jiménez, detenido por defender las comunidades desplazadas de Aldama.
CDMX Detención ilícita de compañeros de la comunidad Otomí residente en la toma INPI por parte de la policía de la ciudad de México y Video de la muñeca Lele rebelde en la #TomaINPI. Regeneracion Radio, Coordinación metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal
GUERRERO: Asesinan a cuatro indigenas Nahua del CIPOG-EZ en Chilapa, mientras los asesinos gozan de la impunidad de los tres niveles de gobierno. Radio Zapote, CNI.

MÚSICA: 1. Border Ctrl. ft. Shadia Mansour x Fedzilla 2. El Colectivo Reggae Rastrillos, Antidoping, Ganja, La Comuna, VibraMuchá, REALIDUB, Sangre Maíz, Reggae Nation, lengualerta, Olinka y 3. Abajo los muros – Actitud

radio
Radio Pozol

“Así estamos decididos a seguir viviendo”: Quinto aniversario de autonomía en ejido Tila, Chiapas

por Pozol colectivo

Con una concurrida participación de indígenas choles, el ejido Tila celebró su quinto aniversario de auto gobierno con una marcha y mitin, luego de que hace cinco años decidieran expulsar al ayuntamiento indebidamente ubicado en sus tierras, como ya lo han demostrado ante la suprema corte de justicia.

El 16 de diciembre de 2015, con motivo del séptimo aniversario de la concesión del amparo en favor del ejido Tila, que ordena la restitución de una parte de su territorio, y tras la persistente negativa de las autoridades municipales a devolver las 130 hectáreas usurpadas, se llevó a cabo una manifestación que culminó frente a las oficinas de la Presidencia Municipal, donde se declaró la autonomía ejidal.

“Como hijos, nietos y bisnietos seguimos defendiendo la madre tierra a pesar de la pandemia del covid 19 mundial, la otra pandemia que tanto daño nos ha causado es la corrupción; por aclarar y sacar a la luz pública somos calumniados”, expresan los indígenas en resistencia en un comunicado este 15 de diciembre, en alusión a los grupos oficialistas que exigen el regreso de la alcaldía y partidos políticos al ejido.

«Este día es de alegría, de festejo, porque en nuestra tierra no manda el mal gobierno, mandamos nosotros», han indicado en diversos escritos los indígenas también integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI).

«Tenemos que cuidar el patrimonio que nos dejaron nuestros ancestros, salir con la cara al frente, no agacharse, es por eso que gobernamos por medio de la asamblea ejidal», han compartido los ejidatarios del norte de Chiapas.

Leer también ⇒ Pueblo chol de Tila celebra 3er aniversario de su autogobierno y denuncia usurpación de cargos

“Nos preguntamos cuantas veces nos quieren despojar si los abuelos sufrieron las injusticias históricas”, cuestionan los indígenas cho´les. De igual forma los ejidatarios han denunciado que “los caciques son un puñito de pobladores de Tila que están presionando en la Procuraduría y al gobierno para que mande ya sus fuerzas represoras para que ejecuten las órdenes de aprensión contra las autoridades ejidales y exautoridades y sus familias, todos quienes han luchado por defender la tierra”.

“Estos representantes de la maldad van pagando periodistas para que les sigan en sus engaños y escriban en periódicos de Yajalón, Palenque o Tuxtla y presenten que Tila está secuestrado y que no tienen libertad, cuando no lo dicen claro que quieren la libertad para dominar y establecer su mal gobierno el Ayuntamiento y para seguir robando, saqueando, a costa del sufrimiento del pueblo. Por eso su libertad es muy torcida, porque es libertad para maltratar, reprimir, despojar hacia nuestras miles de familias quienes somos los dueños y estamos autogobernando”, han evidenciado los ejidatarios del CNI.

“Escúchenlo bien, nuestro pueblo se mantiene atento y está dispuesto porque vamos a defender nuestro autonomía y autogobierno ejidal porque aunque le pese al grupito de caciques y a los intereses de sus aliados, ahora es el pueblo el que se autogobierna autodefine, autocuida, autoconstruye justicia, la vamos caminando y aprendiendo pero la más importante es que estamos viviendo, y la libertad ha traído dificultades pero mucha alegría para nuestros corazones, así estamos decididos a seguir viviendo”, han afirmado los indígenas chiapanecos en diversos medios durante estos cinco años.

Las tierras del ejido fueron reconocidas a los ch’oles por resolución presidencial en 1934. En 1966 se intentó modificar el plano para entregar 130 hectáreas a la presidencia municipal, pero los ch’oles obtuvieron el amparo 890/77, que ganaron en definitiva en 1994.

En 1982, el congreso estatal decretó la expropiación de las 130 hectáreas que ambicionaba el ayuntamiento. Un nuevo amparo de los ejidatarios, el 259/1982, comenzó a tramitarse. Dicho amparo, ganado en 2008 por el ejido, ordenó la restitución de las 130 hectáreas de tierras ancestrales; sin embargo, bajo el falso argumento de imposibilidad para la ejecución de la sentencia, el ayuntamiento municipal la incumplió, motivo por el cual las y los ejidatarios de Tila promovieron el incidente de inejecución de sentencia 1302/2010 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los indígenas choles han asegurado que la ley los asiste ante los intentos de despojo de su territorio, por parte de los tres niveles de gobierno y grupos paramilitares. “Tenemos la razón. La suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), nos dio la razón”, afirman.

Pese a ello, como indican conocedores sobre el tema: el actual gobierno de Rutilio Escandón no ha dado las garantías judiciales a los ejidatarios, al no dar cumplimiento a la ejecución de sentencia ordenada por la SCJN, que condena la restitución de las tierras malamente expropiadas al ejido para un denominado fundo legal. Esta condena es de fecha 12 de septiembre del 2018, sigue sin ejecutarse, lo que ha provocado el incremento de la violencia en la región contra los ejidatarios, asegura el académico y comunicador José Adriano Anaya.

“Aquí estamos y vamos a seguir autogobernando. Exigimos justicia y castigo para el Ayuntamieto de Limberg Gutiérrez y sus paramilitares Francisco Arturo Sánchez, Adelaida Martínez y Rodrigo Martínez. Son ellos los mismos mentirosos y engañadores que provocan la violencia”, han denunciado los ejidatarios al referirse al titular del ayuntamiento expulsado, el cual ha ocupado la presidencia municipal personalmente o por medio de su familia desde el 2008.

Como lo indica el periodista Luis Hernández, “La controversia agraria en Tila no es sólo asunto de tierras; es, también, una disputa para enfrentar el poder del cacicazgo, frenar la privatización de la tierra, reconstituir el pueblo chol, construir la autonomía y resistir la política de contrainsurgencia”.

Lee el comunicado completo aquí

radio
Avispa Midia

Francia: continúan protestas contra Ley de Seguridad Global y la escalada autoritaria

Fotos de las movilizaciones recientes en distintas ciudades de Francia / Acta Zone

Por Eugenia López

El 24 de noviembre pasado, la Asamblea Nacional de Francia aprobó la llamada Ley de Seguridad Global, la cual pretende otorgar más herramientas a las fuerzas policiacas para el mantenimiento del orden público, así como asegurar la protección de los funcionarios de policía y militares.

“Se trata de proteger a los que nos protegen”, argumentan sus defensores mientras el texto, apoyado por el gobierno y los principales sindicatos policiales, ha provocado la preocupación y el descontento de grandes sectores de la sociedad, así como de periodistas, organismos públicos nacionales e internacionales y asociaciones de defensa de los derechos humanos.

Para Patrice Spinosi, abogado del Consejo de Estado y del Tribunal de Casación de Francia, la iniciativa de ley representa una acumulación sin precedentes de medidas de seguridad que amenaza el equilibrio democrático del país europeo. Según él, con esa ley un Trump a la francesa elegido en 2022, año de las próximas elecciones presidenciales, tendría a su disposición, sin necesidad de cambiar la ley, “todas las herramientas legales que le permitirían monitorear a la población y controlar a sus oponentes políticos”.

¿Qué dice la Ley de Seguridad Global?

La propuesta está dividida en una diversidad de artículos que implican toda una serie de cambios al sistema de seguridad del país.

El texto planea así la extensión de los poderes de las policías municipales, las cuales trabajan bajo órdenes de los alcaldes, para otorgarles poderes hasta ahora limitados a la policía nacional.

La extensión de poderes también beneficiaría a los agentes de seguridad privada, orquestando así la privatización de la policía. Agentes de seguridad privada podrían entonces dar multas, o proceder a verificaciones de identidad que podrían llevar a la detención de las personas controladas.

“Yendo aún más lejos en la escalada de seguridad”, como lo denuncia la Liga de los Derechos Humanos, el proyecto de ley prevé el establecimiento de una vigilancia generalizada del espacio público, autorizando al Estado a utilizar drones con cámaras, explícitamente dirigidos a monitorear a manifestantes en contextos de movimientos sociales.

¿Para cuándo una vacuna contra la violencia de la policía?

En su artículo 21, la ley especifica que las imágenes podrían ser analizadas automáticamente mediante tecnologías de reconocimiento facial y utilizadas de manera inmediata por las fuerzas de policía, las cuales podrían llevar a cabo operaciones de detención preventiva, violando así la libertad de manifestación de las y los ciudadanos.

El artículo que creó más polémica es el 24, que pretende prohibir la difusión de imágenes de policías o gendarmes (cuerpo de policía militarizada) durante su servicio, cuando la difusión se haga para socavar su integridad física o psíquica.

Tal medida, de adoptarse, castigaría con penas muy severas (un año de prisión y multas de 45,000 euros) la difusión de imágenes de los funcionarios, lo cual impediría cualquier control ciudadano sobre la policía, e incluso el trabajo de los periodistas. A la vez, promovería la impunidad de los autores de la violencia policial.

De hecho, el miércoles 9 de diciembre, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó el gobierno francés a retirar dicho artículo.

La ley merece ser debatida por el pueblo francés, dijo Bachelet en una conferencia de prensa en Ginebra. Pero es la sección 24 lo que nos preocupa especialmente. Y es por eso que decimos que debería ser revisado y, me imagino, hasta ser retirado”.

En una carta publicada a principios de noviembre, tres relatores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya habían denunciado que el artículo 24 y varias otras disposiciones del proyecto de ley ponen a Francia en contradicción con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Finalmente, la nueva ley haría imposible la reducción de condena para personas encarceladas por haber sido declaradas culpables de violencias sobre agentes de seguridad.

Brutalidad policíaca

La propuesta de ley llega en un contexto ardiente: en los últimos años, la brutalidad ejercida por la policía contra la población ha sido muy mediatizada y denunciada, en particular a partir de las movilizaciones de los llamados Chalecos Amarillos.

Durante las movilizaciones, que se extendieron del 2018 al 2019, la represión sistemática dejó al menos 2,495 heridos según las cifras oficiales. De estas personas, 25 perdieron un ojo, cinco una mano, un hombre fue amputado de un testículo y otro perdió el olfato, según el periodista independiente David Dufresne, quien lleva años cubriendo la violencia policiaca en el país.

Pero los Chalecos Amarillos no hicieron más que visibilizar una realidad denunciada desde hacía ya décadas en los barrios populares de Francia, donde la población, que en su mayoría proviene de varias olas de migración desde las antiguas colonias francesas, en particular de África, sufre los abusos de la policía en su vida cotidiana.

De hecho, en un informe de 2017, la Defensoría de los Derechos, un órgano constitucional independiente del estado francés ya había señalado que “los hombres jóvenes identificados como negros o árabes tienen una probabilidad 20 veces más elevada de ser controlados por la policía que los demás”.

También te podría interesar Francia: aumenta tensiones por la brutalidad policial, la pobreza y el hambre

Junto con las denuncias acerca de la violencia ejercida por la policía, colectivos y organizaciones autónomas han surgido y se han fortalecido durante los últimos años para denunciar el racismo sistémico en el país, construyendo un movimiento antirracista fuerte que cuestiona y amenaza el status quo.

Autoritarismo

La propuesta de ley actual también se inscribe en un contexto en el que las leyes sobre seguridad así como las declaraciones del “Estado de emergencia” se han hecho cada vez más frecuentes, en particular en el contexto de las llamadas “amenazas terroristas”.

En el 2017, Amnistía Internacional ya alertaba sobre la multiplicación de leyes de seguridad que amenazan las libertades, no sólo en Francia sino en todo Europa.

Según Dominique Curis, de Amnestía Internacional Francia, el argumento de la lucha contra el terrorismo está siendo instrumentalizado por los gobiernos del continente, y las medidas tomadas rebazan por mucho el tema del terrorismo.

“El término terrorismo está muy mal definido, y está siendo introducido en las leyes con fórmulas muy vagas, sujetas a interpretación, lo cual permite la implementación de medidas sin garantías, que toman como blanco a personas por sus compromisos sociales y políticos o por su religión”, explica Curis.

En Francia, la lucha contra el terrorismo ha sido instrumentalizada de manera constante para controlar a activistas, así como para vigilar y estigmatizar a la población musulmana, con discursos y leyes islamofóbicas que confunden Islam con terrorismo.

Actualmente, la propuesta de Ley de Seguridad Global se ve acompañada de otra propuesta de ley llamada “contra el separatismo”, la cual pretende luchar contra el “islam radical”, pero que en realidad no es más que otra medida discriminatoria hacia la población musulmana en general.

El 19 de noviembre, el gobierno francés también anunció la disolución oficial del Colectivo contra la Islamofobia en Francia (Collectif contre l’islamophobie en France, CCIF), creado en 2003 para luchar contra la discriminación y las violencias dirigidas hacia la población musulmana.

Ahora, el gobierno francés está siendo acusado de utilizar el contexto de la emergencia sanitaria para  para acelerar su escalada autoritaria y discriminatoria hacia estos sectores de su población.

Protestas en aumento

La aprobación de la Ley de Seguridad Global por el Parlamento provocó una ola de protestas en el país, a pesar del confinamiento impuesto para frenar la epidemia de Covid-19.

El descontento inmediato fue aumentado por dos episodios de extrema violencia.

El día 21 de noviembre, un productor de música negro, Michel Zecler, fue brutalmente golpeado e insultado por policías de París en la entrada de su estudio de grabación. Afortunadamente, la golpiza fue grabada por cámaras de seguridad, las cuales fueron difundidas por el sitio Loopsider y alcanzaron los 13 millones de vistas en unos cuantos días. Como lo recuerda el sitio de información independiente Mediapart, sin estas imágenes, Michel Zecler estaría muy probablemente encarcelado por ultraje y rebelión contra un agente de la ley.

En la noche del 23 al 24 de noviembre, centenas de personas migrantes, muchas de ellas originarias de Afganistán, Eritrea y Sudán, tomaron la Plaza de la República, en la capital, con el apoyo de voluntarios y abogados.

Levantaron un campamento con tiendas de campaña, para exigir su derecho a descansar: estas personas no sólo sufren el hecho de no tener hogar sino que luchan cada noche para dormir, ya que viven el hostigamiento continuo de la policía capitalina quien, cada media hora a veces, los despierta con violencia, impidiéndoles el descanso.

El campamento apenas sobrevivió una hora antes de ser brutalmente desalojado por la policía. Las personas presentes fueron golpeadas y atacadas con gases, algunas hasta fueron arrastradas mientras seguían dentro de su tienda de campaña. Dos periodistas también fueron agredidos.

Para el sábado 28 de noviembre, amplias protestas surgieron en 70 ciudades del país. Según las y los organizadores, fueron 500,000 personas las que tomaron las calles, mientras el gobierno habló de 133,000 participantes.

Periodistas, sindicalistas, chalecos amarillos, estudiantes. jóvenes, activistas, algunos políticos de izquierda así como colectivos organizados contra la violencia policiaca y el racismo se mezclaron para marchar y denunciar un gobierno que ataca los derechos fundamentales de la población en plena cuarentena.

Durante los días sábado 5 y 12 de diciembre, manifestaciones fueron organizadas nuevamente en todo el país. Según un comunicado firmado por varias organizaciones sociales, “al menos 60,000 personas marcharon este sábado 12 de diciembre, y más de 150 ciudades, de las metrópolis hasta las ciudades más modestas, han vivido al menos una movilización desde el 28 de noviembre”.

Hasta ahora, la respuesta del Estado ha sido la represión.

Este último fin de semana, las organizaciones denunciaron una larga lista de abusos cometidos por las fuerzas de policía en ciudades como París, Lyon y Caen, como las detenciones masivas, a veces sin motivo legal y con duraciones que rebasan el plazo legal o el rechazo de contactar a un abogado para las personas detenidas. En París, cerca de 150 personas fueron detenidas, incluyendo a 19 menores de edad.

También, denunciaron el uso de una estrategia de control de las y los manifestaciones, llamada de “saltos ofensivos”: ofensivas repentinas y brutales de policías dentro de la marcha, utilizadas para romper la organización y unión entre la gente y detener a personas de manera arbitraria.

Con esta reacción, la violencia del Estado no parece calmar las tensiones sino aumentarlas, reforzando las críticas y el descontento.

radio
La Zarzamora

Chile: Comunicado de familiares y amistades de PP subversivxs y anarquistas ante vuelta de visitas

Por: Familiares y amigxs de Presxs Subversivxs y anarquistas; CAS, Máxima y Cárcel de san Miguel.

Santiago, 13-12 del 2020.

Ante el anuncio de retomar las visitas en la cárcel de alta seguridad, máxima  y cárcel de sn Miguel:

1.- Tras casi nueve meses sin tener visitas efectivas, las cárceles se han visto por completo clausuradas, y dentro de ellas los cuerpos de nuestrxs compañerxs, los de muchxs presos y presas políticas del estado, y miles de otrxs presxs del pueblo pobre. Entendemos estas medidas como la parte más aguda de las políticas represivas del estado atemorizado ante la revuelta y la reactivación del tejido social y antisocial que la sostiene.

2.- Es en este contexto que recibimos de parte de las escuetas comunicaciones con nuestrxs compañerxs la novedad de que se reactivarán las visitas, que luego de nueve meses tienen un “protocolo” para hacerlo. No resiste análisis la ineptitud e  inoperancia de las medidas de cuidados que han pretendido tomar. Este escenario se les dio comodísimo a las fuerzas de la represión, y en las cárceles… aún más.

3.- Tomaremos este modelo provisorio de visitas con toda desconfianza, iremos a abrazarnos con ellos y participaremos de él evaluando cada condición, ni nuestros compañerxs ni nosotrxs como sus familias somos sujetos de experimentación, por lo demás no creemos que signifique “salir del aislamiento”, se rompe una barrera impuesta, eso es una verdad, pero se mantienen muchísimas otras que impiden el ejercicio de visitas en un marco de irrenunciable dignidad, esperamos que avanzando las etapas del desconfinamiento, diseñado en este formato delirante, se restablezcan las visitas sin retrocesos en las formas previas a  marzo de 2020.

4.- Hacemos presente la convicción de que las movilizaciones intramuros y la movilización social en contra del aislamiento en la calle  ha permitido este avance, en ese mismo sentido estaremos alertas a las nuevas necesidades y llamamos a los entorno a mantenerse en esta alerta también. En lo que respecta a  las visitas queda un largo trecho que recorrer. No soltamos nuestras luchas.

Aislamiento es tortura!!
Derogación del decreto 321!!
Por una visita en un irrenunciable marco de dignidad!!

Familiares y amigxs de Presxs Subversivxs y anarquistas; CAS, Máxima y Cárcel de san Miguel.

Página 21 de 83« Primera...10...1920212223...304050...Última »