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Otro Viento

Jujuy: crónica de una pueblada en defensa de la vida y la dignidad

Nota elaborada y publicada por Noelia Carrazana para Red Eco Alternativo y Mink’a Comunicación.

Foto: Imagen Cítrica

A 15 días de comenzadas las diferentes movilizaciones en la provincia de Jujuy, este lunes el gobernador Gerardo Morales manifestó en conferencia de prensa que va a retirar los artículos 36 y 60 de la reforma de la Constitución, textos que afectan directamente a la vida y a la posesión de los territorios de las comunidades indígenas.

El mandatario también expresó que van a mantener los artículos que limitan la protesta social, indicando que ya existe el derecho a circular (garantizado por la Constitución Nacional) y volvió a mencionar que cada persona que participó en la protesta pagará una multa de un millón y medio de pesos. Es decir, está “garantizado” el derecho a protestar, pero hay que ser millonario para hacerlo.

En respuesta a estas declaraciones, desde diferentes comunidades indígenas solicitaron que para este martes se intensifiquen los cortes de ruta. Desde Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (SEOM), se invitó a todos los afiliados a continuar las medidas de fuerza con cortes en todas las rutas de la provincia, tal como lo vienen haciendo en los últimos días.

A través de comunicados emitidos luego de la conferencia de prensa, aclararon que «la lucha que llevamos adelante no es por uno o dos artículos, sino contra toda la reforma de la constitución provincial».

Pero… ¿Qué está pasando en Jujuy?

El día 5 de junio, el Congreso Provincial de Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) convocó un paro en toda la provincia, para nivel inicial y primario en todas sus modalidades, en rechazo al aumento del 10% por el mes de mayo.

El 9 de junio se realizó una multitudinaria Marcha de Antorchas convocada por los gremios de la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop). Las manifestaciones se replicaron en las localidades de El Carmen, Monterrico, Tilcara, Humahuaca, Perico, La Quiaca, Libertador San Martín y otras localidades de la provincia en un reclamo unánime de aumento salarial. A estas movilizaciones se unieron los empleados municipales, policía en retiro y trabajadores feriantes que vienen sufriendo violentos desalojos con quita de sus productos en pos de “un Jujuy ordenado y limpio”.

El mismo día a través del Decreto Acuerdo Nº 8464-G/2023, el gobernador Gerardo Morales modificó el artículo 113 del Código Contravencional de Jujuy para aumentar las sanciones a las personas y organizaciones que participen de alguna protesta o movilización social, con el argumento de «garantizar en forma efectiva los derechos de libre tránsito y circulación». Esto se vivió como una coacción ya que las cifras a pagar son altísimas, pero lejos de desistir en la lucha la ciudadanía siguió movilizada.

El 14 y 15 de junio, con el cántico “Abajo la reforma, arriba las wiphalas”, las comunidades indígenas de varias localidades comenzaron una caminata denominada “Tercer Malón de La Paz” hacia la capital provincial para mostrar su rechazo a la reforma inconsulta de la Constitución Provincial, que estaba gestando Gerardo Morales a puertas cerradas.

El jueves 15 a la noche se aprobó la reforma a la Constitución Provincial, siendo ésta la gota que hizo explotar la bronca del pueblo jujeño.

El viernes 16 llegó el Malón de La Paz a San Salvador y ahí, después de 8 años sin medidas de fuerza, miles de personas inundaron las calles. “Nunca estuvimos en un reclamo con las comunidades indígenas, ellos hace rato que denuncian los atropellos en sus territorios, pero no recuerdo haber estado en una movilización donde estemos tantos gremios junto a las comunidades”, explicó con emoción Elena, docente de nivel secundario de San Pedro de Jujuy.

El sábado 17 Jujuy se despertó con cortes de ruta en varios puntos de la ruta 9 que tiene como trayecto la ciudad capital hasta la Quiaca, ciudad fronteriza con Bolivia. Para desalojar y desmovilizar, la orden fue: represión feroz. Dejó varias personas pertenecientes a comunidades indígenas heridas de gravedad, un adolescente perdió un ojo y todavía existen denuncias de personas que se les desconoce el paradero, ya que no han sido encontradas por sus familias en los hospitales o salitas de emergencia cercanas.

“Lo que más me dolió fue ver como sacaron todas las pertenencias de los que estábamos movilizados, tiraron la comida que las mujeres estaban preparando en los cortes, no les importó las mujeres, niños, ni ancianos”, contó Gumersindo que estaba en un corte en una localidad cercana a Purmamarca.

Hace un mes fueron las elecciones en Jujuy y allí además de elegir un nuevo gobernador también se eligieron intendentes, diputados, concejales y convencionales constituyentes para la reforma parcial de la Constitución. Carlos Sadir, perteneciente al partido de Morales consiguió el 49% de los votos, mientras que el Frente Justicialista y el Frente de Izquierda (FIT) se disputan el segundo lugar. La participación electoral fue de un 60%, es decir que casi la mitad de los ciudadanos habilitados para votar decidieron no participar.

Estas elecciones estuvieron teñidas por varias denuncias de fraude, pero de todos los actores políticos de argentina solo el FIT y Juan Grabois denunciaron el fraude, el resto del espectro político e incluso los dirigentes de mayor peso del peronismo enviaron sus felicitaciones al nuevo ganador, legitimando así la elección.

juan grabois fraude jujuy

Luego de estas elecciones Morales siguió conservando su poder de mando, no solo en la provincia, sino que desde hace varios años ya es una figura de renombre nacional y desde 2021 – cuando fue elegido el presidente del Partido Radical – esa cuota de poder se amplió.  A principio de este año recibió el apoyo de su partido para ser uno de los candidatos a presidente en las próximas elecciones de octubre, por lo que desde hace tiempo, sus aspiraciones miran mucho más allá de su provincia.

Como todo patrón está acostumbrado a mandar y que se le obedezca, por lo que luego de la conferencia de prensa del día de este lunes circularon audios y capturas de pantallas por los grupos WatshAp de docentes jujeños donde se denunciaba “el ofrecimiento de 10.000 pesos a cada persona que asista el día martes 20 para la jura de la nueva Constitución Provincial”.

Reforma exprés de la Constitución

La propuesta de reforma era la modificación a 193 de los 212 artículos vigentes y los debates debían desarrollarse a lo largo de 90 días. Pero las reuniones de “debate” no fueron públicas, no hubo registro taquigráfico y no hubo audiencia a representantes sociales y/o ciudadanos.

El 1 de junio se conoció el proyecto que proponía recortar la libertad de expresión, eliminar las elecciones de medio término, dar mayoría automática en la Cámara de Diputados al Ejecutivo ganador y no reconocer los tratados internacionales a favor de las comunidades indígenas en las disputas territoriales.

En menos de tres semanas, sin debate, con reclamos de la oposición y manifestantes en las calles, se cerró la posibilidad de presentar dictámenes. El actual gobernador, Gerardo Morales – que también es convencional constituyente – ha contado con el apoyo del PJ local liderado por Rubén Rivarola para aprobar tanto la propuesta de reforma del pasado septiembre de 2022, como la actual.

Solo denunciaron estas maniobras la Izquierda, el ala disidente del justicialismo y la población que se ya se manifestaba en las calles.

Comunidades indígenas y el litio

La tierra jujeña tiene en sus entrañas abundantes minerales codiciados por las empresas multinacionales que por la legislación argentina pueden realizar minería a cielo abierto. Esto lleva a que sean tierras codiciadas por los gobernadores para venderlas al mejor postor. Particularmente lo que agudizó el avance violento y represivo del Estado hacia los territorios inhóspitos de Jujuy, donde están asentadas miles de personas de manera ancestral, es el nuevo oro moderno: el Litio.

Desde que llegó Gerardo Morales a la gobernación no tuvo empacho en tejer diferentes maniobras para conseguir financiamiento extranjero para explotar estos territorios. El año pasado incluso llegó a escribir un Twitter público al locuaz empresario Elon Musk: “Hola Elon, soy Gerardo Morales, Gobernador de Jujuy (Argentina). Los dos proyectos de producción de litio más importantes del país se ejecutan aquí con una capacidad total de 80k toneladas por año y 20 k hectáreas de reservas de litio disponibles para explotar. Somos “Jujuy Verde”, es decir que la explotación del litio es uno de sus proyectos más ambiciosos de gobierno.

gerardo morales reforma constitucion

Pero además del Litio las comunidades reclaman obtener la titularidad de sus tierras a través del cumplimiento de la ley nacional de emergencia territorial N° 26160, la cual realiza el relevamiento de las tierras donde habitan estas personas. Entonces además de este histórico pedido, los principales reclamos del Tercer Malón de la paz son:

-Rechazo a la exploración y explotación del litio en la cuenca de Salinas Grandes.

-Rechazo a la reforma “inconstitucional”.

-Reconocimiento de los territorios donde habitan las comunidades.

-Renuncia de Gerardo Morales.

 Salarios de hambre

En Argentina según datos de mayo del INDEC, la canasta básica fue de 203 mil pesos para que una familia no esté bajo la línea de pobreza. En esta provincia el sueldo promedio de un docente es de 54.831 por mes y según datos del Ministerio de Educación de la Nación, la provincia tiene uno de los cinco sueldos iniciales más bajos.

comparación salarial jujuy salta tucuman

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Comisión Libres Ya por la Libertad de Karla y Magda

Pronunciamiento en repudio al lamentable comunicado de la CNDH

A todas las organizaciones sociales, colectivas y colectivos,

A las organizaciones que defienden los derechos humanos,

Al pueblo en general,

A los medios nacionales e internacionales,

Compañeras, compañeros, compañerxs, desde el plantón que hemos instalado la Comisión por la Libertad de Karla y Magda; Lourdes Mejía, integrante de la Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia y mamá de Carlos Sinuhé (activista víctima de ejecución extrajudicial impune desde hace casi 12 años); la Unión de Lucha Anticapitalista (ULA), Disidencias y Mujeres Organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras UNAM y compañerxs de otros colectivos y organizaciones sociales como respuesta al hostigamiento judicial y la criminalización hacia nuestras compañeras por parte de la CNDH, damos respuesta al vergonzoso y visceral comunicado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha publicado esta mañana, dejando en evidencia, nuevamente, su insistencia en criminalizar a Karla y a Magda.

Esperamos que puedan difundir nuestra respuesta por la liberación absoluta de nuestras compañeras.

No entendemos cómo la CNDH habla de respeto a la manifestación cuando están intentando castigar a dos compañeras que son defensoras de derechos humanos quienes simplemente han ejercido su derecho a la protesta. Su comunicado evidencia la criminalización que pretende polarizar la opinión pública deslegitimando las protestas feministas, también muestra su estigma por la lucha social y el uso a modo del derecho internacional con respecto a la protesta social.

La CNDH no ha cooperado con las autoridades que menciona ya que de ser así hubiera seguido las indicaciones del juez a cargo del proceso, el cual indicó y llamó a las dos partes a encontrar una solución fuera del ámbito penal. La representante legal de la CNDH, Luciana Montaño Pomposo, se ha negado a seguir esta instrucción y ha exigido la prisión hacia nuestras compañeras en vez de entablar un diálogo y buscar una solución pacífica. La CNDH es la que señala y exige el proceso a la Fiscalía pues esta no investiga sin un denunciante, es la misma CNDH la que ha denunciado y busca convertir la protesta social en un delito.

Si hablan sobre los daños al edificio y los supuestos delitos que se han cometido, no entendemos por qué sí entablan acuerdos y perdón con personas que sí estuvieron en la toma del edificio mientras que a Karla y Magda se les niega el mismo trato jurídico.

A la CNDH no le corresponde decidir si se cometieron o no delitos en la Casa de Refugio Okupa Cuba, a la CNDH le corresponde defender el derecho a la presunción de inocencia, al estricto cumplimiento del debido proceso, a defender a las compañeras que fueron torturadas. Que no lo haga así es una muestra clara de su línea política y de la manera en la que busca criminalizar al movimiento feminista en general y a Karla y Magda, en particular.

Cuando la CNDH habla de que Karla y Magda enfrentan el proceso en libertad no es gracias a esta institución, esto obedece a que ellas no han sido vinculadas al proceso ya que el juez en audiencias ha solicitado el aclaramiento de las acusaciones, es decir en la carpeta de investigación no obra ningún prueba de la participación de Karla y Magda en los daños al inmueble.

En el mismo sentido de represión y criminalización, la misma CNDH ha intentado incluir en la carpeta de investigación fotografías de actos de protesta pacíficos realizadas en estos meses aún cuando Karla y Magda ni siquiera han estado presente.

Hacemos un llamado a la CNDH a revisar la ley internacional, ya que la Corte Interamericana ya ha sido explícita en que los Estados no pueden justificar el supuesto “orden público” para reprimir y criminalizar protestas. La misma CIDH ha señalado que sólo cuando las protestas ponen en riesgo el funcionamiento de una sociedad se puede intervenir y siempre evitando el uso de aparatos jurídicos y de brutalidad policial. Cualquier protesta realizada en estos días y meses jamás han puesto en riesgo el funcionamiento de la sociedad y mucho menos se ha utilizado armas. Para la CNDH nuestras “armas” son la dignidad, la justicia, la memoria, el amor, brochas, latas de aerosol, lonas y nuestra palabra

Hacemos un llamado a las instituciones y organizaciones defensoras de derechos humanos, nacionales e internacionales a cuestionar e interpelar a la CNDH ante esta lamentable actuación de persecución judicial, criminalización y toma de parte en la deslegitimación de la protesta social, su falta de respeto ante los derechos humanos procesales y su silencio ante la tortura que consta en el Protocolo de Estambul que ha salido positivo para Karla y Magda.

Esperamos que la CNDH enfoque los recursos del Pueblo -al que dogmática y retóricamente apela en su comunicado- en atender a las miles de víctima de este país que tienen en el olvido, en lugar de utilizar estos recursos en contra de un grupo de mujeres jóvenes que incomodan a un Estado misógino y feminicida.

Seguimos exigiendo que se retiren las acusaciones en contra de Karla y Magda.

De la misma forma exigimos que cese el hostigamiento, persecución y represión en contra de las compañeras víctimas Flora Marcelo Rojas y Laura Kabata que están plantadas hace más de 5 mesas en las afueras de Fix Zamudio quienes han sido golpeadas físicamente por su personal y protección federal por el hecho de exigir justicia para sus hija e hijo y quienes además enfrentan acusaciones judiciales en su búsqueda de justicia por parte de la CNDH.

No cederemos ante sus amenazas y chantajes, nosotras no necesitamos mentir como las y los funcionarios de las instituciones públicas para justificar la indolencia e inacción ante cientos de denuncias.

Da vergüenza y causa preocupación cómo el organismo de derechos humanos más importante del país hace público un comunicado tan visceral y poco institucional, señalando directamente, sin pruebas ni sentencia a Karla y Magda y aparte dando lugar al escarnio público tanto ellas como a quienes acompañamos su caso.

Hacemos responsable a la CNDH ante cualquier acto violento que recibamos tanto por parte de la policía y las autoridades estatales como de la ciudadanía en general, ya que su discurso aviva el odio y el clima hostil que han sembrado contra el movimiento feminista.

Nosotras como mujeres combativas, seguiremos con el plantón hasta que cese la persecusión de la CNDH hacia Karla y Magda.

Comisión Libres Ya por la Libertad de Karla y Magda

#LaCNDHNomeCuida
#LibresYa

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Noticias de Abajo

Noticias de abajo 20 de junio 2023

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Rompiendo Fronteras:

  • HONDURAS: Asesinan al defensor del territorio Oqueli Domínguez en Guapinol, el activista antiminero es uno de al menos 3 asesinatos de opositores a los megaproyectos que invaden la zona.  Por Guapinol.
  • WALLMAPU CHILE: Un año de Estado de Excepción ES UNA DECLARACIÓN DE GUERRA AL PUEBLO MAPUCHE MOVILIZADO POR TERRITORIO Y AUTONOMÍA Comunicado de Héctor Llaitul Carrillanca Vocero Coordinadora Arauco Malleco-CAM.
  • GLOBAL: La “revolución de Gladis”: ¿por qué las orcas atacan a las embarcaciones? Por Radio Temblor
  • ITALIA FRANCIA: Declaración conjunta de la coordinación de los opositores al Tren de Alta Velocidad (TAV Lyon-Turín). Más de 5.000 personas en la movilización internacional a pesar de las prohibiciones y la violencia policiaca. De Notav.

Desde el Ombligo del Monstruo

  • OAXACA: Eloxochitlan bajo amenaza y en autodefensa. Jornada de lucha en la ciudad de Oaxaca, amenazas a familiares y la formación de un llamado grupo de autodefensa. Vamos a escuchar el podcast  de Kino Balu
  • OAXACA: Comunidad de Puente Madera logra suspensión del parque industrial en su territorio ante imposición del Corredor Interoceánico. Noticias de abajo.
  • MORELOS: Exigen justicia para el Samir Flores ante mal trabajo y montajes por parte de la fiscalía que lleva el caso.
  • CHIAPAS:  3 mil personas desplazadas de Frontera Comalapa, denuncian omisión de los gobiernos federal y estatal ante violencia de crimen organizado.
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Avispa Midia

Planes de justicia son el tiro de gracia para pueblos indígenas: Pueblo Mayo-Yoreme

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

Myrna Valencia, profesora y defensora de derechos humanos, integrante del pueblo Mayo-Yoreme de Cohuirimpo, en el sur de Sonora, es firme al declarar que los llamados planes de justicia impulsados por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador son perjudiciales para los pueblos indígenas de México.

Como estrategia para impulsar su política dirigida a pueblos originarios, el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T, como se le conoce popularmente) coordina trabajos con distintas comunidades, los cuales, de acuerdo al Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, “permitirán conocer y dar respuesta a las justas demandas e históricas necesidades de los pueblos”.

Por ello, el gobierno federal mantiene reuniones con integrantes de los pueblos Yaqui, Séri, Wixárika, Náyeri, O’dam, Guarijío y Yoreme-Mayo, con quienes ha anunciado la implementación de estos planes para atender cuestiones diversas. Las prometidas para la tribu Yoreme incluyen la recuperación del río Mayo y el acceso al agua; construcción de infraestructura carretera y hospitalaria; además de solución de conflictos agrarios, entre otras.

Te puede interesar – Yaquis: entre el perdón del gobierno y la presión por gasoducto

Valencia, quien también integra el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) del Congreso Nacional Indígena (CNI), contrapone los dichos del funcionario y asegura que la estrategia del gobierno federal es más de lo mismo: “Los planes de justicia, especialmente ahí con nosotros los Yoreme, son el acoso y el último tiro de gracia”, sentencia a la par que denuncia la cooptación de líderes comunitarios y el uso electoral del asistencialismo gubernamental.

Su testimonio se suma al de las y los habitantes de las comunidades de Bachoco El Alto, Buaysiacobe, Masiakawi y el mismo Pueblo Cohuirimpo, quienes formalizaron la “Alianza Yoreme”, en enero de este año, para denunciar que “nuestra existencia ancestral está en grave riesgo debido al rotundo fracaso de la política indigenista implementada por el gobierno mexicano”.

Mediante pronunciamiento, la Alianza de los pueblos en el norte de México acusa que “la 4T es el instrumento ideal del capitalismo, pues, por medio de los empresarios, partidos políticos, crimen organizado y demás poderes fácticos se mimetizan políticamente para perpetuarse en el poder, dirigiéndonos acciones desidentitarias tales como desecación del Rio Mayo en el territorio de Nuestra Tribu”.

Para Myrna, el componente cultural del pueblo Mayo es fundamental para el trabajo organizativo en sus comunidades. Por ello destaca el abordaje de los pueblos de la Alianza para reclamar al Estado sus acciones que buscan negarles su identidad.

“Porque el gobierno yori, el gobierno blanco dice ‘este pueblo ya no es indígena’. Y se le pega la gana y lo anuncia”, menciona como crítica a la creación del Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas por parte del INPI, quien argumenta la necesidad de identificar a estos pueblos para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.

Esta publicación forma parte de una serie de diálogos con participantes de la última Asamblea del CNI, realizada en Tehuacán, Puebla. Puedes consultar las entregas pasadas sobre las resistencias en el Istmo de TehuantepecMichoacán y Quintana Roo.

A continuación, compartimos el testimonio de Myrna Valencia quien también es miembro del Consejo del Gobierno Indígena de Cohuirimpo Río Mayo, uno de los ocho pueblos de la tribu Yoreme-Mayo, quienes abarcan una región entre el sur de Sonora y el norte de Sinaloa.


Avispa Mídia (AM): En las mesas de trabajo has reflexionado sobre los planes de justicia promovidos por el gobierno federal, ¿puedes compartirnos más detalles?

Myrna Valencia (MV):  Hemos visto tristemente que es más de lo mismo. En 2019 fueron las primeras avanzadas del presidente. Hicieron un diagnóstico entre autoridades indígenas de los pueblos, de las comunidades y de diferentes liderazgos. Tuvimos la oportunidad de asistir y el diagnóstico fue muy claro. Como no sabíamos bien de qué se trataba, ni de la derrama económica que iba a significar para quienes son cazadores de este tipo de recursos económicos y de puestos políticos; entonces, la gente fue fiel en decir el sentir. ‘Nosotros queremos la tierra, queremos la legalidad de la tierra. Queremos nuestros territorios y queremos el agua’, ese fue el sentir general que entregamos.

AM: ¿Cómo se ha desarrollado el trabajo del Estado?

MV: Se empezaron a llevar a cabo reuniones. El mismo INPI y otras organizaciones, que se dicen representantes de los pueblos indígenas, empezaron a incursionar, a irrumpir en las comunidades y nombrar autoridades indígenas a su gusto y a su conveniencia, que les favoreciera, claro está. Ha habido mucha ruptura a lo que son los gobiernos indígenas auténticos, no se les ha respetado. Ha habido personajes. Recuerdo ahorita a Juan Pérez Gil, que él dice ser vocero de los 8 gobernadores de los 8 pueblos. Nunca ha sido esto, ni siquiera informado, mucho menos legitimado.

Ellos han gozado como intermediarios de los recursos de la derrama del plan de justicia y eso les permite jugar con la voluntad de la gente, les permite aprovecharse de la necesidad y también ir acarreando voluntades hacia lo que viene, porque ellos nada más saben manejarse en las cuestiones electorales, y ya se están preparando para la siguiente elección, para eso ha servido.

Es una plataforma para las cuestiones electorales y también para los puestos de poder en el gobierno local, municipales, en las mismas instituciones como el INPI, en CEDIS (Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas de Sonora) que es para la atención de los pueblos indígenas en el estado. Eso es lo que estamos viviendo, es lo que estamos sufriendo. Avance en realidad no hay. En mayo del 2022 fue el presidente y anunció: ‘sé lo que quieren; yo no voy a pelear con los que tienen la tierra, voy a indemnizar y voy a cumplir con ustedes’. La gente aplaudía, era una euforia.

Pero tristemente, hemos visto muchas reuniones, talleres, mesas simultáneas de diferentes temas, a lo que nuestro pueblo no está acostumbrado. Nos está afectando bastante porque en las mesas de trabajo, hay gente que no está informada y otra gente que está mal informada. Entonces las mesas de trabajo, los talleres, las reuniones distan mucho de lo que la comunidad indígena, de lo que la población indígena necesita. Ya en tanto ir y venir, hasta se ha perdido. Nosotros hemos tenido esa constancia todavía y esa conciencia porque nos ha tocado estar desde el principio y nos ha tocado estar participando, con mucha vergüenza porque nos damos cuenta cómo se maneja la voluntad.

No se permitía el acceso si no tenían una representación como gobernadores (tradicionales, figura de los pueblos yoreme). Obviamente, quienes están al frente, ostentándose como representantes de la tribu y administradores de ese presupuesto para la puesta en marcha del plan, ellos pues, sí, reconocían a los que les daba la gana, entonces nosotros ya nos declaramos como Alianza y empezamos dentro de las reuniones a replicar, reclamar y a decir, pues esto es una farsa que es más de lo mismo.

AM: Una de las promesas se relaciona con la recuperación del río Mayo, ¿ya comenzaron estos trabajos?

MV: Si tuvieran realmente el deseo, hubieran empezado primeramente por darle la cuota de agua que viene, que es detenida en las presas para beneficiar a los terratenientes. Ya hace años que no se le da la cuota (de agua) necesaria al río y las especies de plantas y animales se están extinguiendo.

Nuestros territorios están secos, ya las personas que vivían en la ribera del río, pues hasta eso, les están afectando porque se les dieron concesiones a los habitantes originarios. Ellos tenían de cierta medida del cauce del río hacia las orillas, pero ahora como el cauce decreció, es apenas un chorrito de agua, pues sus casas quedaron fuera de la concesión y, aun así, pues los gobiernos les están cobrando esas posesiones, esos impuestos.

El río, que es uno de los elementos más identitarios de nuestra tribu está seco (…), seguimos siendo tratados como extranjeros en nuestro propio territorio, conducidos a un pensamiento que atenta contra la diversidad y todo esto.

AM: ¿Cuál crees es la importancia de los trabajos de este evento que les convoca?

MV: Respecto a la organización, pues es la base. Nadie de un gobierno externo va a venir y va a darse cuenta de lo que nos duele, mucho menos va a resolver nuestros problemas. Alguien que viene de fuera y que se dice ser nuestro representante, en este caso como el gobierno blanco, lo único que hace, pues, es aprovechar los recursos que hay de nuestros impuestos.

Pero la organización, en este caso, el Congreso Nacional Indígena que nos congrega en esta ocasión, y que nos anima a la organización, yo creo que es lo mejor que podemos hacer como pueblos originarios, como personas con una identidad de un pueblo nativo, porque eso nos va a permitir conocer en lo personal, en lo cerca, los dolores que sufrimos como pueblos, que sufrimos como comunidades.

Aquí el rasgo que se fomenta, que se reconoce y que nos hace sentir realmente orgullosos de nuestro origen es la comunalidad. Aquí eso lo vivimos, eso lo expresamos, lo manifestamos y también lo podemos llevar a nuestros lugares, gracias pues a los principios del mandar obedeciendo del CNI y el compromiso tan grande que tenemos como Concejo Indígena de Gobierno de ir formando, implementando y organizando esta forma de autogobernarnos en nuestras tribus.

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Noticias de Abajo

Noticias de abajo 13 de junio 2023

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Rompiendo Fronteras

  • EUA: Estados Unidos: Arrestan a organizadores del fondo de fianzas para manifestantes contra la Ciudad Policía, la semana de acción se fortalece. Hijos de la tierra
  • ECUADOR: pueblos en resistencia de todo el país entregaremos un MANDATO POPULAR para exigir la declaratoria de un Ecuador Libre De Minería. Frente Nacional AntiMinero.
  • PANAMÁ: En Panamá se realiza piqueteo y conferencia de prensa en defensa de Cerro Quema. Radio temblor.
  • GLOBAL:  11 de junio: La historia de un día de solidaridad de prisioneros anarquistas. Crimethinc.
  • CHILE GLOBAL: Palabras de los presos anarquistas Mónica, Joaquín, Marcelo, Juan y Francisco frente a la arremetida represiva del estado contra compañeros en la cárcel-empresa Santiago 1  y a la compañera Itamar en el CPF de San Miguel.
  • PÓDCAST: Píldoras de Salud Libre: Los Miomas

Regionales

  • CDMX: Movilizaciones del 10 de junio para no olvidar el Halconazo y la violencia del Estado. Por  Tasha.
  • OAXACA: #Manifiesto de las Mujeres Autodefensas Por la libertad desde la Sierra Mazateca y denuncia de asesinato de niño por policías en Eloxochitlan. Por Juan Pérez y audio de Kino Balu
  • GLOBAL MÉXICO: Jornada Global por los zapatistas. Cientos de acciones en una decena de países en México y  el mundo se han sumado a la campaña contra las agresiones a las comunidades zapatistas. El gobierno guarda silencio cómplice. Radio Zapatista.

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Mujeres autodefensas por la libertad | Radio Zapote

Manifiesto de las mujeres autodefensas por la libertad

Habitantes de Eloxochitlán de Flores Magón:
Habitantes de la Sierra Mazateca:
Habitantes de Oaxaca, de México y el Mundo:

Las Mujeres Mazatecas por la Libertad vemos con mucho regocijo la firmeza con la que exigieron justicia frente a los recientes y atroces acontecimientos donde el uso ilegal e irracional de la fuerza pública lastimó y quitó la vida a un menor de edad de Eloxochitlán.

No debemos olvidar el motivo por el cual el niño Gelacio P.R., de quince años, fue atacado con una fuerza desproporcionada. Gelacio se opuso a la detención de su padre, puso el cuerpo para salvar a su padre de una detención arbitraria.

Las detenciones arbitrarias, la prisión injusta, la prisión política no son asuntos desconocidos para las infancias de Eloxochitlán; han generado en ellas, el vivir con miedo y terror ante la posibilidad de que algún día las fuerzas armadas irrumpan su hogar.

El menor Gelacio era originario de la localidad de Agua Iglesia, de donde también son originarios los presos políticos Francisco Durán Ortiz y Herminio Monfil Avendaño. Herminio fue detenido arbitrariamente el 14 de diciembre de 2014, sin explicársele los motivos, mucho menos traducirle al mazateco qué estaba pasando y por qué lo llevarían hasta la ciudad de Oaxaca, él no habla español y fue llevado a seis horas de viaje. En junio de 2018, la policía municipal también armada, detuvo a Francisco, lo hizo de forma irregular. Francisco fue torturado, ahí, enfrente de sus hijos. Uno de sus hijos, el de quince años, corrió y logró subir a la camioneta donde echaron a su padre, pero los policías lo bajaron… Así, el testimonio de los hijos de Francisco se difundió entre las infancias de Agua Iglesia; así, ese testimonio llegó al niño Gelacio, vecino de los hijos de Francisco.

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Noticias de Abajo

Noticias de abajo 6 de Junio de 2023

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Rompiendo Fronteras

  • GLOBAL: Llamado global a solidaridad con comunidades zapatistas agredidas por paramilitarismo y complicidad gubernamental.
  • GLOBAL: Día internacional de la trabajadora sexual. Entrevista a Brigada Callejera. Noticias de abajo.
  • PÍLDORAS DE SALUD: Cápsula sobre la diabetes. Por Mar.

Desde esta región llamada México

  • JALISCO: El Halconazo Tapatío 5 de junio no se olvida. Por Tasha.
  • OAXACA:  Eloxochitlan denuncia campaña de hostigamiento ante detencion de miembros de la Asamblea Comunitaria. Organizaciones se pronuncian contra el caciquismo local y la impunidad que le otorga el mal gobierno.  Plantón de mujeres Mazatecas y Centro Vitoria
  • PUEBLA: Acoso y persecución a defensores del agua y el territorio. Colectivos demandan el fin del acoso a Alejandro Torres Chocolatl y a Miguel López, comunicadores perseguidos por defender la madre tierra. La Flor Periódico
  • CHIAPAS: Se desborda la violencia en Chiapas., Grupo armado asesina a 8 indígenas que tenían un año desplazados. En Chiapas hay más de 5000 desplazados forzados dentro de una política contrainsurgente.

Fuentes Desinformémonos, redes.

Música

  • Son tus derechos – Fuxtones en cover de The Clash
  • Sin papeles- Che Sudaka
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Congreso Nacional Indígena

Audiovisuales del pronunciamiento nacional e internacional ante la agresión a la comunidad Moisés Gandhi

«Quienes firmamos esta carta lo hacemos para convocarnos y convocar a quienes creen que la dignidad y la palabra deben levantarse para detener la masacre que se presiente; para convocar a quienes comulgan con el gobierno actual a que abran su corazón a las injusticias que inundan el presente de este país, más allá de sus afinidades o simpatías políticas; para que podamos encontrarnos en la necesidad de actuar con el propósito común de detener esta atrocidad.»

Audiovisual 1:

 

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Avispa Midia

Resolución pendiente en el caso del perseguido político Miguel Peralta

Fuente: Avispa Midia

Por Nolan Peltz

Familiares de Miguel Peralta exigen cese a la persecución política en su contra, y libertad para los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón

La libertad de Miguel Peralta Betanzos pende de un hilo. Indígena mazateco, defensor comunitario, anarquista, Peralta es uno de los treinta y cinco integrantes de la asamblea comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón que han enfrentado persecución política y/o encarcelamiento tras violencia en el municipio indígena mazateco en 2014.

El 14 de diciembre de ese año, una campaña de represión y terror caciquil llegó a su punto culminante cuando la asamblea comunitaria fue atacada por un grupo armado mientras se reunía para elegir a una autoridad municipal en el centro del pueblo. La violencia subsiguiente dejó varios heridos y, poco después, una persona fue declarada muerta en circunstancias inciertas.

La represión siguió inmediatamente. Treinta y cinco integrantes de la asamblea comunitaria fueron acusados de diferentes delitos relacionados con los acontecimientos de ese día. Los cargos no corresponden a los responsables de la violencia, sino que señalan a quienes han participado activamente en la asamblea comunitaria, resistiendo la influencia caciquil y de los partidos políticos en la comunidad, luchando por la autonomía y la toma de decisiones en colectivo.

Actualmente, ocho integrantes de la asamblea comunitaria permanecen encarcelados en diferentes prisiones del estado de Oaxaca: Herminio Monfil, Jaime Betanzos, Fernando Gavito, Alfredo Bolaños, Omar Morales, Francisco Durán, Marcelino Miramón y Paul Reyes, la mayoría de los cuales lleva años sin sentencia. Además, permanecen activas trece órdenes de aprehensión contra integrantes de la asamblea comunitaria, incluyendo una contra Miguel Peralta, quien ya tiene una sentencia condenatoria pendiente en su contra de cincuenta años.

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Gilberto López y Rivas

Paramilitarismo en Chiapas en la Cuarta Transformación

El 30 abril de 1999, como presidente en turno de la Comisión de Concordia y Pacificación, presenté una demanda, en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), acerca de la existencia de grupos paramilitares en Chiapas, uno de los cuales perpetró la masacre de Acteal, el 22 de diciembre de 1997. En ese recurso se denunciaba la puesta en práctica por militares mexicanos de una estrategia de guerra irregular, descrita en manuales de la Sedena y en el Plan de Campaña Chiapas 94, y la aplicación de una táctica contrainsurgente conocida como yunque y martillo, la cual consiste en que las fuerzas armadas actúan como contención pasiva (yunque), al amparo del marco legal, mientras los grupos paramilitares (martillo) operan, clandestinamente, el hostigamiento activo contra comunidades y bases de apoyo del EZLN. Incluso los estrategas mexicanos utilizan una ilustrativa metáfora para explicar la función de estos grupos paramilitares, aduciendo que no sólo hay que quitar el agua (apoyo popular) al pez (insurgencia), sino que hay que meter en el agua peces más bravos.

En este alegato, por cierto, se destacaba la presencia de militares o ex militares en la masacre de Acteal en relación directa con mando de la Sedena. Uno fue identificado como Mariano Pérez Ruiz, quien, en junio de 1998, declaró ante la PGR, acorde con el expediente 96/98, que ex funcionarios y líderes del PRI son responsables de contratar militares y policías para instruir en el manejo de armas y estrategia paramilitar a comunidades indígenas de Chenalhó, pero, agregó una aclaración significativa: Es cierto que declaré en ese sentido, fue debido a que elementos de la Policía Militar me obligaron a declarar de esa forma, pues si no lo hacía me iban a desaparecer; además, todavía era militar activo y tenía que acatar las órdenes de mis superiores (GLR, Viejas y nuevas guerras sucias, en El Cotidiano, 172, 2012, UAM-A).

Aunque los resultados de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en la Procuración y Administración de Justicia en el Estado de Chiapas, dados a conocer en 2011, señalaron, sin lugar a duda, que en Acteal se había perpetrado un crimen de Estado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó en libertad a varios de los autores materiales de este delito de lesa humanidad, mientras los autores intelectuales, cómplices y encubridores, por omisión o comisión, jamás fueron procesados: el entonces presidente Ernesto Zedillo, los funcionarios federales, estatales y locales, la jefatura y oficialidad de las fuerzas armadas, en la cadena de mando.

Dos décadas después de esta denuncia, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en un comunicado urgente, da a conocer las innumerables agresiones contra las comunidades de Aldama, Chiapas, significativamente, con presencia de la Guardia Nacional y policías estatales. A partir de información directa de la Comisión Permanente de los 115 comuneros y desplazados de Aldama, se describen los constantes ataques con armas de fuego de alto calibre provenientes “de puntos ubicados en Santa Martha-Miguel Utrilla, municipio de Chenalhó, Chiapas, actos provocados por el grupo paramilitar en complicidad con el gobierno municipal (…) en un contexto de terror, donde la niñez, las mujeres y la población en general sobreviven en un ambiente torturante. Las acciones gubernamentales han sido insuficientes, ineficaces y simuladas, ya que no garantizan la seguridad e integridad a la población”. Cabe señalar que este prestigiado organismo de defensa de los derechos humanos ha documentado, monitoreado y denunciando esta guerra contrainsurgente de desgaste desde los primeros días de la rebelión zapatista en enero de 1994.

Por su parte, la Misión Civil de Observación, integrada por 14 organizaciones de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, acompañadas de tres organizaciones internacionales, visitaron, en diciembre de 2020, comunidades en las regiones Norte, Altos y Costa, donde documentaron situaciones críticas de vulneración de derechos básicos, “con una preocupante falta de voluntad y empatía de las autoridades (…). La Misión Civil de Observación tuvo la oportunidad de visitar las comunidades de Chalchihuitan, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá, donde recogimos testimonios con afectados por situaciones de desplazamiento forzado, despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento, amenazas, criminalización, entre otras agresiones. (…) Es indignante la violencia estructural que se permite e incluso se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades”.

¿Se prepara otro crimen de Estado?

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