EUA: Estados Unidos: Arrestan a organizadores del fondo de fianzas para manifestantes contra la Ciudad Policía, la semana de acción se fortalece. Hijos de la tierra
ECUADOR: pueblos en resistencia de todo el país entregaremos un MANDATO POPULAR para exigir la declaratoria de un Ecuador Libre De Minería. Frente Nacional AntiMinero.
PANAMÁ: En Panamá se realiza piqueteo y conferencia de prensa en defensa de Cerro Quema. Radio temblor.
GLOBAL: 11 de junio: La historia de un día de solidaridad de prisioneros anarquistas. Crimethinc.
CHILE GLOBAL: Palabras de los presos anarquistas Mónica, Joaquín, Marcelo, Juan y Francisco frente a la arremetida represiva del estado contra compañeros en la cárcel-empresa Santiago 1 y a la compañera Itamar en el CPF de San Miguel.
PÓDCAST: Píldoras de Salud Libre: Los Miomas
Regionales
CDMX: Movilizaciones del 10 de junio para no olvidar el Halconazo y la violencia del Estado. Por Tasha.
OAXACA: #Manifiesto de las Mujeres Autodefensas Por la libertad desde la Sierra Mazateca y denuncia de asesinato de niño por policías en Eloxochitlan. Por Juan Pérez y audio de Kino Balu
GLOBAL MÉXICO: Jornada Global por los zapatistas. Cientos de acciones en una decena de países en México y el mundo se han sumado a la campaña contra las agresiones a las comunidades zapatistas. El gobierno guarda silencio cómplice. Radio Zapatista.
Habitantes de Eloxochitlán de Flores Magón:
Habitantes de la Sierra Mazateca:
Habitantes de Oaxaca, de México y el Mundo:
Las Mujeres Mazatecas por la Libertad vemos con mucho regocijo la firmeza con la que exigieron justicia frente a los recientes y atroces acontecimientos donde el uso ilegal e irracional de la fuerza pública lastimó y quitó la vida a un menor de edad de Eloxochitlán.
No debemos olvidar el motivo por el cual el niño Gelacio P.R., de quince años, fue atacado con una fuerza desproporcionada. Gelacio se opuso a la detención de su padre, puso el cuerpo para salvar a su padre de una detención arbitraria.
Las detenciones arbitrarias, la prisión injusta, la prisión política no son asuntos desconocidos para las infancias de Eloxochitlán; han generado en ellas, el vivir con miedo y terror ante la posibilidad de que algún día las fuerzas armadas irrumpan su hogar.
El menor Gelacio era originario de la localidad de Agua Iglesia, de donde también son originarios los presos políticos Francisco Durán Ortiz y Herminio Monfil Avendaño. Herminio fue detenido arbitrariamente el 14 de diciembre de 2014, sin explicársele los motivos, mucho menos traducirle al mazateco qué estaba pasando y por qué lo llevarían hasta la ciudad de Oaxaca, él no habla español y fue llevado a seis horas de viaje. En junio de 2018, la policía municipal también armada, detuvo a Francisco, lo hizo de forma irregular. Francisco fue torturado, ahí, enfrente de sus hijos. Uno de sus hijos, el de quince años, corrió y logró subir a la camioneta donde echaron a su padre, pero los policías lo bajaron… Así, el testimonio de los hijos de Francisco se difundió entre las infancias de Agua Iglesia; así, ese testimonio llegó al niño Gelacio, vecino de los hijos de Francisco.
GLOBAL: Llamado global a solidaridad con comunidades zapatistas agredidas por paramilitarismo y complicidad gubernamental.
GLOBAL: Día internacional de la trabajadora sexual. Entrevista a Brigada Callejera. Noticias de abajo.
PÍLDORAS DE SALUD: Cápsula sobre la diabetes. Por Mar.
Desde esta región llamada México
JALISCO: El Halconazo Tapatío 5 de junio no se olvida. Por Tasha.
OAXACA: Eloxochitlan denuncia campaña de hostigamiento ante detencion de miembros de la Asamblea Comunitaria. Organizaciones se pronuncian contra el caciquismo local y la impunidad que le otorga el mal gobierno. Plantón de mujeres Mazatecas y Centro Vitoria
PUEBLA: Acoso y persecución a defensores del agua y el territorio. Colectivos demandan el fin del acoso a Alejandro Torres Chocolatl y a Miguel López, comunicadores perseguidos por defender la madre tierra. La Flor Periódico
CHIAPAS: Se desborda la violencia en Chiapas., Grupo armado asesina a 8 indígenas que tenían un año desplazados. En Chiapas hay más de 5000 desplazados forzados dentro de una política contrainsurgente.
«Quienes firmamos esta carta lo hacemos para convocarnos y convocar a quienes creen que la dignidad y la palabra deben levantarse para detener la masacre que se presiente; para convocar a quienes comulgan con el gobierno actual a que abran su corazón a las injusticias que inundan el presente de este país, más allá de sus afinidades o simpatías políticas; para que podamos encontrarnos en la necesidad de actuar con el propósito común de detener esta atrocidad.»
Familiares de Miguel Peralta exigen cese a la persecución política en su contra, y libertad para los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón
La libertad de Miguel Peralta Betanzos pende de un hilo. Indígena mazateco, defensor comunitario, anarquista, Peralta es uno de los treinta y cinco integrantes de la asamblea comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón que han enfrentado persecución política y/o encarcelamiento tras violencia en el municipio indígena mazateco en 2014.
El 14 de diciembre de ese año, una campaña de represión y terror caciquil llegó a su punto culminante cuando la asamblea comunitaria fue atacada por un grupo armado mientras se reunía para elegir a una autoridad municipal en el centro del pueblo. La violencia subsiguiente dejó varios heridos y, poco después, una persona fue declarada muerta en circunstancias inciertas.
La represión siguió inmediatamente. Treinta y cinco integrantes de la asamblea comunitaria fueron acusados de diferentes delitos relacionados con los acontecimientos de ese día. Los cargos no corresponden a los responsables de la violencia, sino que señalan a quienes han participado activamente en la asamblea comunitaria, resistiendo la influencia caciquil y de los partidos políticos en la comunidad, luchando por la autonomía y la toma de decisiones en colectivo.
Actualmente, ocho integrantes de la asamblea comunitaria permanecen encarcelados en diferentes prisiones del estado de Oaxaca: Herminio Monfil, Jaime Betanzos, Fernando Gavito, Alfredo Bolaños, Omar Morales, Francisco Durán, Marcelino Miramón y Paul Reyes, la mayoría de los cuales lleva años sin sentencia. Además, permanecen activas trece órdenes de aprehensión contra integrantes de la asamblea comunitaria, incluyendo una contra Miguel Peralta, quien ya tiene una sentencia condenatoria pendiente en su contra de cincuenta años.
El 30 abril de 1999, como presidente en turno de la Comisión de Concordia y Pacificación, presenté una demanda, en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), acerca de la existencia de grupos paramilitares en Chiapas, uno de los cuales perpetró la masacre de Acteal, el 22 de diciembre de 1997. En ese recurso se denunciaba la puesta en práctica por militares mexicanos de una estrategia de guerra irregular, descrita en manuales de la Sedena y en el Plan de Campaña Chiapas 94, y la aplicación de una táctica contrainsurgente conocida como yunque y martillo, la cual consiste en que las fuerzas armadas actúan como contención pasiva (yunque), al amparo del marco legal, mientras los grupos paramilitares (martillo) operan, clandestinamente, el hostigamiento activo contra comunidades y bases de apoyo del EZLN. Incluso los estrategas mexicanos utilizan una ilustrativa metáfora para explicar la función de estos grupos paramilitares, aduciendo que no sólo hay que quitar el agua (apoyo popular) al pez (insurgencia), sino que hay que meter en el agua peces más bravos.
En este alegato, por cierto, se destacaba la presencia de militares o ex militares en la masacre de Acteal en relación directa con mando de la Sedena. Uno fue identificado como Mariano Pérez Ruiz, quien, en junio de 1998, declaró ante la PGR, acorde con el expediente 96/98, que ex funcionarios y líderes del PRI son responsables de contratar militares y policías para instruir en el manejo de armas y estrategia paramilitar a comunidades indígenas de Chenalhó, pero, agregó una aclaración significativa: Es cierto que declaré en ese sentido, fue debido a que elementos de la Policía Militar me obligaron a declarar de esa forma, pues si no lo hacía me iban a desaparecer; además, todavía era militar activo y tenía que acatar las órdenes de mis superiores (GLR, Viejas y nuevas guerras sucias, en El Cotidiano, 172, 2012, UAM-A).
Aunque los resultados de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en la Procuración y Administración de Justicia en el Estado de Chiapas, dados a conocer en 2011, señalaron, sin lugar a duda, que en Acteal se había perpetrado un crimen de Estado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó en libertad a varios de los autores materiales de este delito de lesa humanidad, mientras los autores intelectuales, cómplices y encubridores, por omisión o comisión, jamás fueron procesados: el entonces presidente Ernesto Zedillo, los funcionarios federales, estatales y locales, la jefatura y oficialidad de las fuerzas armadas, en la cadena de mando.
Dos décadas después de esta denuncia, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en un comunicado urgente, da a conocer las innumerables agresiones contra las comunidades de Aldama, Chiapas, significativamente, con presencia de la Guardia Nacional y policías estatales. A partir de información directa de la Comisión Permanente de los 115 comuneros y desplazados de Aldama, se describen los constantes ataques con armas de fuego de alto calibre provenientes “de puntos ubicados en Santa Martha-Miguel Utrilla, municipio de Chenalhó, Chiapas, actos provocados por el grupo paramilitar en complicidad con el gobierno municipal (…) en un contexto de terror, donde la niñez, las mujeres y la población en general sobreviven en un ambiente torturante. Las acciones gubernamentales han sido insuficientes, ineficaces y simuladas, ya que no garantizan la seguridad e integridad a la población”. Cabe señalar que este prestigiado organismo de defensa de los derechos humanos ha documentado, monitoreado y denunciando esta guerra contrainsurgente de desgaste desde los primeros días de la rebelión zapatista en enero de 1994.
Por su parte, la Misión Civil de Observación, integrada por 14 organizaciones de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, acompañadas de tres organizaciones internacionales, visitaron, en diciembre de 2020, comunidades en las regiones Norte, Altos y Costa, donde documentaron situaciones críticas de vulneración de derechos básicos, “con una preocupante falta de voluntad y empatía de las autoridades (…). La Misión Civil de Observación tuvo la oportunidad de visitar las comunidades de Chalchihuitan, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá, donde recogimos testimonios con afectados por situaciones de desplazamiento forzado, despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento, amenazas, criminalización, entre otras agresiones. (…) Es indignante la violencia estructural que se permite e incluso se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades”.
CDMX: Manifestaciones en solidaridad con los Zapatistas agredidos y presos en Chiapas por paramilitares ligados al mal gobierno.
Viernes 26 de mayo, 9am frente a Palacio Nacional y a las 7pm en Gobernación
Este viernes 26 de mayo salgamos a las calles ante los recientes ataques armados de la ORCAO en contra de comunidades Base de Apoyo del #EZLN en donde resultó herido de gravedad Jorge López Sántiz y por la libertad de Manuel Gómez Vázquez, base de apoyo injustamente preso en el penal de Ocosingo, Chiapas
Ante este panorama de guerra, movilizarnos es urgente.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
17 de mayo de 2023
Boletín No. 10
El poder judicial del estado de Chiapas condena a 25 años a los cinco indígenas tseltales de San Juan Cancuc por defender su territorio
La criminalización a los pueblos indígenas, causa recurrente en Chiapas.
Desde este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, denunciamos la criminalización hacia los defensores del territorio; el gobierno Chiapas una vez más actúa con toda impunidad. El día de hoy 17 de mayo del 2023 el Poder Judicial del Estado de Chiapas declaró culpables a Manuel Sántiz Cruz, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Domínguez, cinco indígenas defensores comunitarios, del pueblo maya tseltales de San Juan Cancuc, privados arbitraria de su libertad por defender su territorio, a quienes se les condenó a 25 años de prisión por un delito que no cometieron.
Para establecer la condena la Juez utilizó criterios legales de 1993 es decir, criterios de hace más treinta años, a pesar de todas las reformas legales que han ocurrido en México que deberían de garantizar los derechos humanos. La Juez le dio valor probatorio a las declaraciones de los policías municipales, cuando ellos debieron ser los primeros en ser investigados, ya que la muerte aconteció en la patrulla de la policía municipal de San Juan Cancuc; otro hecho notorio fue que dio valor a un acta de defunción alterada.
El 3 de mayo de 2023, los cinco indígenas tseltales rindieron su declaración frente a la Juez, en donde mencionaron que tres de ellos fueron detenidos de manera arbitraria el día 29 de mayo de 2022, en San Juan Cancuc, mediante un operativo conjunto de la Policía Municipal, la Guardia Nacional y el Ejército mexicano, para después ser entregados a la Fiscalía de Justicia Indígena, quien primero les fabricó el delito de portación de droga y después los involucró en el homicidio que fueron sentenciados.
Los dos últimos, declararon que fueron detenidos de manera arbitraria por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Especializada el día 1 de junio de 2022, a las afueras del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 5 (CERSS No. 5) de San Cristóbal de Las Casas, cuando visitaban a sus compañeros y como represalia por haber sido testigos del operativo y privación arbitraria de la libertad, hecho realizado por las Fuerzas de Seguridad el día 29 de mayo de ese mismo año, ninguno de estos elemento arbitrarios fueron tomados en cuenta, por lo que una vez más dan evidencia de la acción recurrente de criminalización hacia los pueblos originarios que defienden al territorio.
Este caso es parte de un modelo de complicidad que existe entre las autoridades municipales, estatales y federales, junto con jueces y fiscalías para generar la fábrica de culpables y mantener a personas inocentes en prisión, por lo que, la falta de acceso a la justicia es un lastre del sistema jurídico mexicano.
El Frayba exige libertad y justicia a los cinco indígenas tseltales de San Juan Cancuc, ya que tenemos plenamente documentado la existencia de graves violaciones a derechos humanos, entre ellas el debido proceso legal, haciendo notar la ineficacia de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, las cuales son carentes de valor jurídico, además de la parcialidad del Poder Judicial que actuó ignorando las evidencias claras de las privaciones arbitrarias de la libertad que fueron objeto los cinco defensores del territorio. Por último, referimos los argumentos del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas que menciona que, el encarcelamiento generalizado o sistemático u otra privación grave de la libertad en violación de las normas del derecho internacional pueden constituir crímenes de lesa humanidad.[1]
[1]Opinión número 43/2021 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, aprobada el diez de septiembre de 2021, relativa a Adrián Gómez, Germán López, Abrahám López, Juan de la Cruz y Marcelino Ruiz (México). https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5647086&fecha=29/03/2022#gsc.tab=0
En portada: Tajo a cielo abierto de la minera anglo canadiense Newmont-Goldcorp en Zacatecas. Foto: Adolfo Vladimir
El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó, el 8 de mayo, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las reformas a la Ley Minera, de Aguas Nacionales, de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, aprobadas el 28 de abril por el Pleno del Senado de la República.
Mientras los cambios fueron celebrados por muchos activistas ambientales y organizaciones, el abogado agrario que integra el equipo jurídico del Congreso Nacional Indígena (CNI), Carlos González, clasificó las reformas como hechas “a la mitad”.
“No hay lugar a las medias. Se ocupa una política profunda y comprometida. Es necesario comprometernos de manera seria y decidida. Porque realmente está en riesgo la humanidad y la vida en este planeta”, declaró durante el Encuentro Internacional El Sur Resiste, en el Centro Indígena de Capacitación Integral (Cideci), en Chiapas.
Uno de los cambios “a la mitad” es la reducción de la duración de las concesiones mineras, pasa de 100 a 80 años. El texto original de la reforma, enviado por el Ejecutivo para aprobación del Congreso de la Nación, previa la reducción para 30 años.
“El presidente mandó al Congreso una iniciativa que, hay que decirlo, contenía elementos importantes para restringir la actividad minera y para poner límites a las empresas mineras”, admite el abogado.
Sin embargo, el proyecto llegó a la Cámara de Diputados y se detuvo. “Empezaron las negociaciones con la Cámara Minera. Vinieron los cabilderos del gobierno de Canadá. Y se cambia la iniciativa”, sostiene.
