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Camino al Andar

La Europa de abajo exige el alto al fuego en Aldama

Por Carlos Soledad

 Fotografía: Carlos Ogaz / CDH Frayba

El Estado de Chiapas lleva mucho tiempo hecho un polvorín. En palabras de la comandancia del EZLN “Chiapas se encuentra al borde de la guerra civil”[1]. Hace unos meses denunciaron que el gobierno de Rutilio Escandón (Partido Verde, disfrazado de Morena) está haciendo todo lo posible para desestabilizar Chiapas y tal vez así golpear al gobierno federal de AMLO (Morena). Por ejemplo, reprimiendo con violencia a los normalistas rurales, saboteando los acuerdos entre el magisterio democrático y el gobierno federal, aliándose con narcotraficantes, realizando una campaña de vacunación lenta y desordenada, así como, robando presupuesto estatal.

El pasado 11 de septiembre, miembros de la ORCAO, organización paramilitar al servicio del gobierno del Estado de Chiapas, secuestraron a los zapatistas Sebastián Núñez Perez y Jose Antonio Sánchez Juárez, autoridades autónomas de la Junta de Buen Gobierno Patria Nueva. El Ejército Zapatista aseguró en su comunicado que: “si el conflicto no escaló hasta llegar a una tragedia, fue por la intervención de párrocos progresistas, las organizaciones defensoras de los derechos humanos y las movilizaciones y denuncias que en México y, sobre todo, en Europa, se realizaron”.
El caso de las comunidades del municipio de Magdalena Aldama, ubicado en el centro del Estado, en los Altos de Chiapas, es dramático y muy delicado, la situación pende de un hilo. Estas comunidades son habitadas por bats`i vinik-antsetik, pueblo orginario tzotzil. Desde hace varios años son asediados por la paramilitarización. En los cables que envían a la sociedad civil reportan casi todos los días, varias veces: “Nos tienen rodeados de disparos de altos calibres”, “retornan de nueva cuenta los disparos”, “disparos de altos calibres percutidos por grupos armados”.
El conflicto viene de lejos. En una resolución presidencial de José López Portillo en los años 70s le entregaron a la comunidad de Santa Martha (poblado Manuel Utrilla) 60 hectáreas, las cuales le pertenencían al municipio de Santa María Magdalena Aldama. Después se reconoció que los dueños eran los de Aldama y acordaron en un convenio en 1977 respetar el derecho de posesión. No obstante, los acuerdos no se respetaron y Santa Martha en 1997 exigió la devolución de las hectáreas. En el año 2009, el Tribunal Unitario Agrario resolvió la posesión a favor, otra vez, de los 115 comuneros de Aldama.
Sin embargo, en el año 2016, las y los comuneros de Aldama aseguraron “que el conflicto se recrudenció con el despojo de las tierras durante el gobierno de Manuel Velazco Cuello y ahora en el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas”…“Fuimos despojados por personas del poblado de Manuel Utrilla (Sector Santa Martha) del municipio de Chenalho. Las 60 hectáreas nos han pertenecido al pueblo de Magdalena Aldama ancestralmente”. Además, los pobladores de Aldama señalan que “dentro de las 60 hectáreas vivían 7 familias que en 2016 fueron despojadas y amenazadas a puntas de armas de fuego y fueron refugiadas en las diferentes comunidades del municipio de Aldama. En este año de 2016, se activó el grupo armado paramilitar que opera en Chenalho”.
La organización La Voz del Pueblo de Tan Joveltik de las comunidades de Magdalena Aldama, vienen denunciando desde hace meses un contexto de paramilitarización con agresiones muy violentas. El gobierno estatal actúa como un convidado de piedra, sospechosamente omiso. “La lluvia de balas permite ir “limpiando” el terreno, arrancado a sus pobladores legítimos. ¿Con qué fin? La versión más referida es que se trataría de un tramo estratégico para el trasiego ilegal de armas, drogas y personas, muy generalizado últimamente” se hipotetiza en Ojarasca[2].
Decenas de hombres armados, no identificados, ingresan a Santa Martha a cualquier hora, amedrentando a la gente. En su último comunicado, las comunidades de Magdalena Aldama señalan que desde 2016 “somos un pueblo que vive bajo la lluvia de disparos por los grupos armados de corte paramilitar de Santa Martha del municipio de Chenalho”. En fechas recientes llegan a ser 30 o 40 ataques en un solo día. Desde el inicio del año 2020 las agresiones armadas han ido aumentando de intensidad afectando a “12 comunidades y a alrededor de 5000 personas que han sido afectadas y victimas de estas agresiones”. En el mes de octubre pasado, las agresiones con armas de fuego comenzaron a realizarse diariamente. Ahora mismo, en las comunidades se pueden observar impactos de bala en coches, máquinas y láminas. Han salido desplazadas unas tres mil personas para refugiarse de las balas y las bombas este mes de noviembre.
Ante la situación de las comunidades de Magdalena Aldama, la Europa de abajo y a la izquierda se ha sumado a sus exigencias. En un comunicado enviado a las autoridades estatales y federales competentes, respaldado por más de 40 organizaciones europeas de países como el Estado Español, Catalunya, País Valencià, Inglaterra, Austria, Bélgica, Alemania, Grecia, Italia, Euskal Herria, Reino Unido, Suiza, Portugal y Holanda, exigen el cese a las agresiones paramilitares, hacen responsable de la vida de las personas de las comunidades de Aldama a los tres niveles del gobierno de México, exigen justicia para la región y la liberación inmediata e incondicional de su compañero Cristóbal Santiz Jiménez[3].
Tras la “Travesía por la vida” de las y los zapatistas por Slumil K’ajxemk’op (Tierra Insumisa) como han rebautizado a la vieja Europa la solidaridad se ha extendido como la pólvora. El caso de las agresiones a las comunidades de Magdalena Aldama ha tocado su corazón y ha puesto en alerta a las organizaciones europeas. La solidaridad internacional busca presionar, denunciar y exigir justicia al gobierno mexicano y chiapaneco para que cese el fuego y se acabe con la lacra del paramilitarismo en la región.

[1] http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/09/19/chiapas-al-borde-de-la-guerra-civil/ [2] https://ojarasca.jornada.com.mx/2021/11/12/aldama-experimento-del-futuro-295-5370.html [3] https://asambleadesolidaridadconmexico.wordpress.com/2021/11/11/organizaciones-europeas-exigen-el-alto-a-la-violencia-paramilitar-en-magdalena-aldama-estado-de-chiapas-la-voz-del-pueblo-de-magdalena-aldama-chiapas-somos-un-pueblo-que-vive-bajo-la-lluv/

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Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT

¿Qué es el corredor interoceánico? ¿Desarrollo para quién y a qué costo?

Juchitán, Oaxaca

C  O M U N I C A D O

Al Pueblo Istmeño
A los pueblos indígenas de México y el mundo
A los medios de comunicación
A la opinión pública

¿QUÉ ES EL CORREDOR INTEROCEÁNICO?
¿DESARROLLO PARA QUIÉN Y A QUÉ COSTO?

Hace 300 años comenzó en Europa un nuevo auge económico dominante conocido desde entonces como capitalismo, ese momento de la historia fue la Revolución Industrial. Inglaterra, primer país del experimento industrial -que poco después abarcaría en diversos grados todo el continente- también se convirtió en lo que se le ha conocido como uno de los más grandes Infiernos Socioambientales, infierno en el que la explotación laboral y la degradación personal van acompañados del acaparamiento de la naturaleza y por ende su agotamiento y degradación.

Hoy a nivel global se vive la peor crisis ambiental de la historia moderna. Al mismo tiempo, se desencadenó una crisis sanitaria consecuencia de la degradación ambiental por la sobreexplotación de los territorios, bienes naturales, sobre uso y promoción de grandes infraestructuras, lo que ha conllevado a que las ciudades más modernas (industriales) sean también en las que su población sufra en diversos grados problemas de salud, debido a la dispersión de agentes tóxicos en el ambiente.

Durante las últimas tres décadas en el país (México) se han impuesto varios paraísos industriales a raíz de la implementación de tratados comerciales como el TLC y el TLCAN, estas zonas “modernas” hoy constituyen grandes regiones industriales tales como: “el Eje Neovolcánico, el complejo minero extractivo de la Sierra Madre Occidental, el altiplano semiárido del llamado desierto Chihuahuanse, las redes en mar y tierra del complejo petrolero del Golfo de México, el corredor agroindustrial de la planicie costera del Noroeste (el “granero de México”), el doble corredor interoceánico Nuevo Laredo-Manzanillo y Nuevo Laredo-Lázaro Cárdenas, las zonas industriales y extractivas de la Frontera Norte, la Península de Yucatán y las Selvas tropicales del Sureste de México”.

El auge de estas regiones industriales han ido de la mano de la corrupción empresarial e institucional, un incremento de la presencia de las actividades del crimen organizado (la pesadilla del narcotráfico), la destrucción de la organización social y política comunitaria (allí donde alguna vez existió) y como en Inglaterra hace más de 300 años, de un proceso masivo de cercamiento, acaparamiento, privatización y degradación de los bienes comunes y naturales así como un incremento en las afectaciones a la salud de la población.

Ejemplos de paraísos industriales para empresarios e Infiernos Socioambientales para la población han sido bien documentados por diversas organizaciones locales comunitarias, académico y científicos, por estos esfuerzos sabemos que en los dos corredores industriales más grandes del país: Toluca-Lerma, Edo. de México y Ocotlán-El Salto, Jalisco, la población directamente expuesta a la contaminación ambiental se eleva a más de medio millón de personas, en algunas localidades que están dentro de estos corredores industriales como en Juanacatlán, Jalisco el 40% de las niñas tienen arsénico en sus cuerpos, y el 93% tienen plomo. En la localidad de El Salto, Jalisco el 98% de los niños tienen cadmio; en la Cuenca de la Independencia, Guanajuato la explotación excesiva del acuífero ha tenido por consecuencia que el agua extraída desde hace más de treinta años contenga fluoruro, arsénico, sodio, manganeso y otros minerales en concentraciones nocivas para la salud humana.

La industrialización del Valle del Mezquital en el Estado de México ha tenido daños a la salud como: manifestaciones agudas de cefalea, náusea, vómito, irritación faríngea y conjuntival, dolores abdominales, dificultad respiratoria y pérdida de conocimiento. También se registran allí leucemias, diferentes tipos de cáncer con afectación a todos los órganos y malformaciones congénitas.

Un recorrido por estos Infiernos Socioambientales mencionados (que no son ni la mitad que se encuentran en el país) nos dan una muestra del futuro que nos espera si permitimos el proceso de industrialización que constituye el megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec o Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. De este modo vemos que los territorios más industrializados (llamados “modernos” o en “desarrollo”) del país son también los que sufren una contaminación sistemática del aire, el agua y el suelo, aunada a procesos de urbanización salvaje y a la proliferación de basureros y espacios de disposición de desechos altamente tóxicos.

Hoy con el gobierno de la Cuarta Transformación en el marco del impulso del nuevo tratado económico T-MEC (TLCAN recargado) y en un contexto ambiental sin precedentes para el mundo, en el que los responsables directos de la degradación medioambiental son los que nos hablan de agendas verdes e industrias sustentables. Los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec nos enfrentamos a un proceso/intento masivo de industrialización acompañado de un discurso político de respeto a los derechos territoriales, sociales y culturales de los pueblos.

El Plan Maestro del Corredor Interoceánico de la Cuarta Transformación, contempla un total de 32 parques industriales, los cuales requerirán inicialmente más de 15 mil hectáreas de Suelo Industrial. Hasta este momento han sido anunciados 10 parques industriales, que se constituyen como los primarios, 4 en el estado de Veracruz y 6 en Oaxaca. Estos Parques Industriales requerirán para el primer año de su funcionamiento, proyectado para el 2023, el uso de 207 mil litros diarios de agua limpia, además de la generación de 539 mil 729 litros de aguas residuales diarias, por cada empresa a instalarse; a lo que se le suma la producción de residuos industriales y no industriales proyectados en 2 millones de toneladas anuales; así como gas y electricidad.

Para facilitar el acceso a estos recursos estarán acompañados por una serie de ventajas fiscales en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y todo un andamiaje legal, esto es el CIIT “como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado”.  Mismos que estarán ubicados estratégicamente a cortas distancias de las vías del tren o carreteras a modernizar en la región.

Hoy los seguidores esperanzados de todo el supuesto desarrollo y entrada a la modernización que traerá consigo el megaproyecto Corredor Interoceánico, nos interpelan que nos encontramos en un momento histórico de definición de posiciones, como si el seguir ciegamente a un gobierno sea este MORENA, PAN, PRI, PRD, etc., sea una posición clara y consciente de toda la destrucción, contaminación y muerte que traerá consigo este megaproyecto del Corredor Interoceánico. A estos artífices locales, regionales y nacionales del megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, les decimos que no se trata de estar con este o aquel gobierno, como tampoco la defensa de nuestro territorio es labor de tal o cual político o líder chantajista (de esos están repletas las filas de la 4T).

ASÍ COMO LO DECLARAMOS EN EL ENCUENTRO REALIZADO EN NUESTRA COMUNIDAD EL MES DE JUNIO DE 2021 y EN LA COMUNIDAD DE JALAPA DEL MARQUÉS EN NOVIEMBRE 2021, VOLVEMOS A REITERAR QUE RECHAZAMOS EL INTENTO DE INDUSTRIALIZACIÓN Y EL DESPOJO DE NUESTRAS TIERRAS DE USO COMÚN, ASÍ COMO TODOS LOS MEGAPROYECTOS DE MUERTE IMPULSADOS POR EL CAPITAL INTERNACIONAL Y EL GOBIERNO DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN, ES POR ESO QUE:

– DENUNCIAMOS A LA PROCURADURÍA AGRARIA DE TEHUANTEPEC POR EJERCER PRESIÓN A LAS COMUNIDADES Y NÚCLEOS AGRARIOS DE LA REGIÓN PARA LA NEGOCIACIÓN Y ENTREGA DE NUESTROS TERRITORIOS AL CORREDOR INTEROCEÁNICO.

– DENUNCIAMOS Y RESPONSABILIZAMOS A ANTONINO MORALES TOLEDO Y SU ORGANIZACIÓN “FUCO” DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EJERCIDA DURANTE SU ADMINISTRACIÓN Y DE CUALQUIER AGRESIÓN EN CONTRA DE LOS HABITANTES DE PUENTE MADERA.

– RESPONSABILIZAMOS A LOS GOBIERNOS LOCALES, ESTATAL Y FEDERAL, Y A LAS INSTITUCIÓN A CARGO Y COLABORADORAS DEL CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL CLIMA DE VIOLENCIA Y DIVISIÓN EN LAS COMUNIDADES Y EN LA REGIÓN, DE CUALQUIER HOSTIGAMIENTO Y AGRESIÓN EN CONTRA DE QUIENES INTEGRAMOS LA ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ISTMO EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO, LA CAMPAÑA GLOBAL EL ISTMO ES NUESTRO Y DE CUALQUIER DEFENSOR DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO EN EL ISTMO.

– EXIGIMOS LA CANCELACIÓN INMEDIATA DEL PARQUE INDUSTRIAL EN TIERRAS DE USO COMÚN DE SAN BLAS ATEMPA CONOCIDAS COMO EL PITAYAL.

– EXIGIMOS LA CANCELACIÓN DEL MEGAPROYECTO CORREDOR INTEROCEÁNICO.

– EXIGIMOS SOLUCIÓN A LAS DEMANDAS AGRARIAS DE LAS COMUNIDADES DE LA REGIÓN.

– EXIGIMOS DIÁLOGO Y SOLUCIÓN REAL A LAS NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES SIN COMPROMETER EL TERRITORIO A MEGAPROYECTOS E INTERESÉS POLITICOS Y EMPRESARIALES.

REITERAMOS QUE NO NEGOCIAREMOS, NI NOS RENDIREMOS, PORQUE COMO LO HAN REITERADO LAS Y LOS COMPAÑEROS ZAPATISTAS: SOMOS CONSCIENTES DE QUE EXISTE UNA GUERRA ENTRE EL SISTEMA Y LA NATURALEZA, ESA CONFRONTACIÓN NO ADMITE MATICES NI COBARDÍAS. O SE ESTÁ CON EL SISTEMA O CON LA NATURALEZA. O CON LA MUERTE O CON LA VIDA. EL ISTMO ES NUESTRO.

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTRAS COMUNIDADES
NUESTRA LUCHA ES POR LA VIDA

A T E N T A M E N T E
ASAMBLEA GENERAL DE PUENTE MADERA
EL ISTMO ES NUESTRO
Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT

Vídeo de Conferencia de Prensa: https://fb.watch/aiTfdmD80k/

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Radio Zapote

Nuevas agresiones en comunidades del CIPOG-EZ por “Los Ardillos” y el ejército

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Red Nacional contra la Represión
A los medios de comunicación
A las Organizaciones de Derechos Humanos

29 de diciembre de 2021

Hermanos y hermanas de México y del mundo. Como ya lo hemos venido denunciando, la violencia que vivimos en nuestras comunidades por parte de los grupos narco-paramilitares, no cesa. En esta ocasión, el grupo delincuencial “Los Ardillos”, incursionó el día 27 de diciembre en nuestras comunidades de Xochitempa, Nuevo Amanecer y Xolotepec. Este tipo de incursiones, han dejado en otras ocasiones muertos, heridos y daños graves en nuestras comunidades, por lo que dimos aviso a la Guardia Nacional, apelando al llamado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo al gobierno de Guerrero el pasado 11 de diciembre de 2021, a la Secretaría General de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, así como al comandante de la Guardia Nacional, de “realizar acciones pertinentes para garantizar la vida, integridad personal, patrimonio y seguridad individual y colectiva” de las comunidades que integran al CIPOG-EZ.

Frente a nuestra llamado a la Guardia Nacional, llegó personal de la SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional), policía estatal y municipal de Chilapa, así como la fiscalía del estado, pero no para enfrentar al grupo narco-paramilitar “Los Ardillos”, ni para detener la incursión de este grupo delincuencial, sino para desarmar, golpear a cachazos y cachetadas a nuestra Policía Comunitaria, a compañeros y comandantes regionales en uno de los retenes que tenemos instalados en la comunidad de Xolotepec. Frente a la violencia de la SEDENA y demás corporaciones, la comunidad, hombres y mujeres, les exigieron que se detuvieran y que si no ayudarían, mejor que se fueran.

El día de ayer, 28 de diciembre, el secretario de gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, se comprometió, en asamblea con nosotros y nosotras, a llamar la atención a la SEDENA, para que se respete a la población, así como a continuar con el diálogo el próximo 7 de enero con los 3 niveles de gobierno en la comunidad de Alcozacán. Nosotras y nosotros, no nos negamos al diálogo, pues paz es lo que queremos, pero también sabemos que los malos gobiernos nos han burlado muchas veces, por lo que esta vez anunciamos que si ocurre nuevamente una acción semejante, detendremos al personal de la SEDENA, como pueblos originarios y comunidades organizadas que somos. Sepan que nuestros compañeros no portan armas por gusto, sino por orden de las comunidades, por la defensa de la vida ¿que no saben que la Policía Comunitaria es una construcción de las mismas comunidades para defendernos de la violencia porque el Estado no ha sido capaz de hacerlo? no queremos más violencia, ni de los grupos delincuenciales, ni del Estado, por lo que les exigimos a las autoridades que hagan su trabajo, que desarticulen a los grupos delincuenciales, que respeten y dejen de hostigar al pueblo.

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Misión de Observación Civil Sexta

Crímenes de lesa humanidad contra las comunidades indìgenas del CIPOG-EZ CNI-CIG*

Prólogo del informe realizado por la Misión de Observación Civil Sexta

El racismo, el clasismo, la violación de los derechos humanos y sobre todo, la profunda discriminación económica, han sido una constante en las relaciones de dominación aplicadas en Mesoamérica, desde la llegada del invasor europeo, hasta las primeras décadas del siglo XXI. Las crueles expresiones de la “modernidad” que se aplicaron en contra de los habitantes despojados de sus tierras, y sometidos a un repartimiento forzoso que los obligaba a laborar en la agricultura, la minería, los transportes, el comercio, en la construcción de iglesias, conventos, catedrales, palacios gubernamentales, se convirtió en una de las más oscuras páginas de la historia mundial.

Esta inhumana expoliación obligó a incontables pueblos originarios a refugiarse en las montañas con tal de escapar a la brutalidad del grupo dominante que se enseñoreaba en las tierras avasalladas. A tal grado se exacerbaron las condiciones de violación sistemática de sus más elementales derechos, que llevó a comunidades enteras a decir a los esforzados catequistas: “que no deseaban irse al cielo, que preferían irse al infierno, puesto que en el cielo se iban a encontrar con los españoles”.

Las condiciones de vida de los pueblos nativos no cambiaron al separarse México del poder hispano. Los nuevos grupos dominantes partidarios de la “modernidad” (conservadores y liberales), mantuvieron las condiciones de sobreexplotación, miseria, insalubridad e incultura, sobre los indígenas mexicanos. Tal ha sido la historia de este país en los doscientos años de vida independiente, que recién se cumplirán en septiembre. Los contextos no han cambiado sustantivamente, si acaso han existido matices diferentes con ciertos gobiernos, sobre todo en el siglo XX (Cardenismo), pero pronto fueron abandonados y la corrupción se enseñoreó en todos los rubros del quehacer estatal.
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Avispa MIdia

Pueblos llaman a la defensa organizativa y legal contra acuerdo que blinda proyectos de AMLO

Por Sare Frabes

El Congreso Nacional Indígena (CNI) se declara en estado de alerta por el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), firmado el 22 de noviembre, el cual obliga a las instancias federales a emitir autorizaciones a megaproyectos en un plazo no mayor de cinco días. Por ello, anunció que iniciaron la interposición de amparos en contra del acuerdo desde diversos pueblos indígenas.

Dos de estos amparos fueron interpuestos por pueblos del Istmo de Tehuantepec, en donde está el proyecto del Corredor Transístmico. Uno por mujeres zapotecas de diferentes comunidades de la región, y otro por la comunidad Puente Madera, donde se pretende construir uno de los 10 polos de desarrollo.

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De acuerdo con Juan Carlos Flores, abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua – Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), organización integrante del CNI, el acuerdo viola por lo menos diez artículos constitucionales, cuatro convenios internacionales y 120 artículos de leyes federales. “Estamos demandando a todo el gabinete presidencial, que son 20 autoridades federales, incluyendo el presidente de la República y la Fuerza Nacional”, explica el abogado.

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La exigencia de los pueblos es que los jueces otorguen la total suspensión del acuerdo. “Es el arma, la pistola, el rifle, el cañón dirigido hacia a los pueblos indígenas, donde primero van a disparar y después van a preguntar”, sostiene el abogado.

Inconstitucionalidad

En la reforma constitucional de 2001, les negaron a los pueblos indígenas el derecho de ser reconocidos como sujetos de derecho público. “Se estableció el derecho de los pueblos indígenas como de interés público. Aun con esta migaja, los megaproyectos, también declarados de interés público [por el acuerdo], no pueden estar por encima de los pueblos”, explica Flores.

Además, argumenta el abogado, los derechos de los pueblos indígenas son también equiparables a los derechos de los sujetos agrarios de México. “Los ejidos y los bienes comunales tienen esta garantía constitucional de que no se puede pasar ningún acto de gobierno por encima de sus tierras, montes o aguas. Son también de interés publico los ejidos así como los pueblos indígenas. Eso lo marca la constitución, lo marca la ley agraria”. Por eso “estamos demandando la suspensión de este acuerdo”, reafirma el abogado.

Condiciones desiguales

El abogado del FPDTA-MPT relata la dificultad de llevar a cabo la defensa de los territorios en México. “Los amparos son complejos y desgastantes para los pueblos. En los procesos hay que enfrentar estudios de más de 800, 1000 páginas, que ni siquiera están en sus lenguas”.

Otra dificultad, por ejemplo, es lograr el peritaje que demandan los procesos. “En el caso del Proyecto Integral Morelos, que está en zona de riesgo volcánico, llevamos por lo menos siete años buscando un perito en vulcanología que es necesario para demostrar la inviabilidad de este proyecto y no existe en todo el sistema mexicano de justicia un perito en vulcanología”, relata Flores.

En comunicado, el CNI sostiene que las sucesivas reformas constitucionales, las leyes vigentes y los órganos judiciales están “fundamentalmente a favor de los intereses empresariales, pues, son parte sustancial de este sistema”.

Por lo mismo, “nos dejan caminos difíciles para defendernos en el ámbito legal y aun así resistimos con nuestra organización utilizando los resquicios que las leyes nos dejan e interponiendo toda clase de juicios y recursos en contra de las arbitrarias determinaciones políticas, administrativas y judiciales que nos atacan, que buscan cercarnos y arrinconarnos”, detalla el comunicado.

Frente a todo ello, “a estas condiciones desproporcionadas de defensa del territorio, ahora nos dicen que en cinco días van a autorizar a los megaproyectos. Estamos viviendo un acrecentamiento de la guerra de exterminio hacia a nuestros pueblos indígenas”, resume el abogado.

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Intervención en las comunicaciones

Otro punto que ha sido poco comentado sobre el acuerdo firmado por Obrador es que, por establecer los megaproyectos de seguridad nacional, puede vulnerar la privacidad de los defensores de derechos humanos.  Puede “implicar intervención de las comunicaciones de las personas defensoras de territorio y de derechos humanos”, aclara Flores.

Llamado

El CNI extiende la alerta a todos los pueblos de México. “Vayamos organizándonos en nuestros territorios, interponiendo recursos legales contra esta acción regresiva de los derechos indígenas, porque significa el exterminio de nuestros territorios”, dice el abogado.

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CDH Fray Bartolome de las Casas

La CIDH solicita al Estado mexicano disposición para efectuar una visita in situ a fin de conocer la situación de las Medidas Cautelares implementada en los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó


La CIDH solicita al Estado mexicano disposición para efectuar una visita in situ a fin de conocer la situación de las Medidas Cautelares implementada en los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó

• Se mantiene los factores de riesgo que ponen en peligro la seguridad y la vida de los habitantes de 22 comunidades indígenas de Chiapas.

El 15 de diciembre de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su disposición para realizar una visita a México, específicamente a los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó, con la finalidad de verificar la situación de las personas beneficiarias de las medidas cautelares otorgadas mediante la Resolución 15/2018 del 24 de febrero de 2018 (MC-882-17) y Resolución 35/2021 del 23 de abril de 2021 (MC-284-18).

Desde hace 3 años, 9 meses y 20 días la CIDH solicitó al Estado mexicano la adopción de medidas cautelares para garantizar la vida e integridad personal de los habitantes de 9 comunidades colindantes del municipio de Chalchihuitán y una de Chenalhó. En la misma zona y desde 236 días, la CIDH nuevamente otorgó medidas cautelares a los habitantes de 12 comunidades del municipio de Aldama colindantes con la comunidad Santa Martha del municipio de Chenalhó, frente a las constantes agresiones de un grupo armado de corte paramilitar.

La CIDH ha evidenciado que a la fecha las investigaciones ministeriales no cuentan con elementos que permitan indicar que se ha logrado el desarme y desarticulación de las personas pertenecientes a los grupos armados que operaran en las zonas afectadas, pese a las acciones implementadas como el programa de canje de armas y las actividades de inteligencia, lo que permite que persista los ciclos de violencia incluyendo disparos y agresiones de armas de fuego que atenta contra la vida de las personas. La CIDH lamentó las muertes ocasionadas como resultado de los actos de violencia en las comunidades de estos municipios.

Frente a los factores de riesgo que permanecen en las zonas, la CIDH ha decidido mantener las medidas cautelares a favor de 22 comunidades indígenas de Chiapas, requiriendo al Estado mexicano la adopción de medidas urgentes de seguridad para proteger la vida y la integridad personal de los habitantes.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y los beneficiarios de estas medias cautelares, solicitamos al Estado mexicano su disposición para que la CIDH efectúe la visita in situ a las comunidades de Aldama, Chenalhó y Chalchihuitán.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
23 de diciembre de 2021
Boletín No. 16

Descarga el boletín aquí: La CIDH solicita al Estado mexicano visita in situ a los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó

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Prensa Comunitaria

El Estado Guatemalteco es hallado culpable por masacre en Aldea Los Josefinos en 1982 bajo el régimen de Ríos Montt

Por Juan Calles

Era de madrugada, en la aldea Los Josefinos, en la Libertad Petén, pocas personas se habían levantado de su cama para iniciar la jornada del día, de pronto, la aldea estuvo rodeada por elementos del Ejército de Guatemala; para antes de llegar el medio día la aldea había sido arrasada, ancianos, niños, niñas, hombres y mujeres fueron masacrados, era 29 de abril de 1982.

Después de asesinar a familias enteras, los efectivos militares quemaron las viviendas y al siguiente día enterraron los cuerpos en una fosa común.

Al menos 38 personas murieron durante la masacre, algunos sobrevivientes huyeron a las montañas cercanas y otros salieron del país como refugiados políticos.

Este 21 de diciembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CorteIDH – encontró al Estado de Guatemala responsable internacionalmente por las violaciones de derechos humanos relacionadas con la masacre de la Aldea Los Josefinos. Al mismo tiempo, el caso se encuentra bajo investigación por parte de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público en Guatemala.

En la sentencia de la CorteIDH se señala al Estado de Guatemala como responsable de la desaparición forzada de 14 personas, el desplazamiento forzado de 7 personas y sus núcleos familiares, la violación al derecho a la familia de 6 personas, la violación del derecho a la niñez de 6 niños y niñas, así como la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a conocer la verdad en perjuicio de 1.439 personas; el tribunal internacional también determinó que el Estado violó el derecho a la integridad personal de los familiares de las personas que fueron desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente, así como de las víctimas sobrevivientes de la masacre.

La sentencia también ordena medidas de reparación

Entre otras, la CorteIDH ordena al Estado guatemalteco:

  • Remover todos los obstáculos legales y no legales que mantienen la impunidad en este caso
  • Continuar o reabrir las investigaciones que sean necesarias para sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos
  • Elaborar un plan detallado con definición de objetivos y metas concretas para la búsqueda de los miembros de la Aldea los Josefinos desaparecidos forzadamente
  • Implementar una medida de fortalecimiento del centro de salud ubicado en la Aldea Los Josefinos mediante la dotación de recursos humanos permanentes y calificados en materia de atención a la salud física, psicológica y odontológica
  • Continuar con la construcción del monumento en la zona donde se encontró la fosa clandestina, así con la instalación de una placa conmemorativa de los hechos ocurridos
  • Realizar un documental audiovisual sobre la masacre ocurrida los días 28 y 29 de abril de 1982 en la Aldea Los Josefinos.

La comisión del esclarecimiento histórico documentó 669 masacres durante la guerra civil de 36 años, de las cuales 626 fueron atribuidas al ejército de Guatemala; el conflicto dejó unos 200.000 muertos y desaparecidos, según el informe presentado en 1999.

Proceso de exhumación de la fosa común en la aldea Josefinos en Petén:

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CDH Fray Bartolome de las Casas

Acteal, símbolo de Resistencia, Memoria, Verdad y Justicia

A 24 años de la Masacre de Acteal, un hecho profundamente triste, indignante y doloroso, hoy frente a los pueblos de México y el mundo, la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal), es sujeto y símbolo de Memoria, Verdad y Justicia. Con su lucha, resistencia pacífica y no violenta redignifican a las víctimas y sobrevivientes de la Masacre cometida el 22 de diciembre de 1997.

Para el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), las víctimas, sobrevivientes y la propia organización de Las Abejas de Acteal han elaborado una colmena de dignidad con innumerables actos simbólicos, éticos y morales de reparación de daño a 24 años de impunidad. Cada veintidós de cada mes realizan acciones político-religiosas de redignificación de las víctimas y sus familiares frente a la justicia simulada del Estado mexicano.

Las reparaciones avanzadas por el actual gobierno mexicano, lamentablemente no llegan a destruir el muro de la infamia y de la impunidad, al contrario mantiene inocuo, inmaculado e inculpado al actor: Ejército mexicano y a los integrantes del grupo paramilitar priísta responsables de la Masacre de Acteal. Esta serie de hechos de contrainsurgencia es sostenida desde el gobierno federal, que suma a la acción criminal e impunidad de Estado, mantiene inmunes a los autores intelectuales de este crimen de lesa humanidad.

Esta injusticia bajo el cobijo legal y simulación en México, confirma y visibiliza la existencia de un sujeto histórico organizado autónomo. Este sujeto histórico se construyó al inicio: con dolor, con tristeza, con miedo por los impactos de la violencia estructural y la Masacre vivida. Hoy sus acciones culturales, religiosas y políticas son liberadoras y las podemos ver a través de su organización autónoma, humana, con sus cantos de conciencia, sus bordados y textiles impregnados de identidad cultural, con sus medios de comunicación y redes sociales propias, en donde su lucha diaria contribuye a la erradicación de la discriminación con el grito ¡Nunca más otra Masacre como la de Acteal!

Su esencia les llevó a reconocerse el 22 de diciembre de 2009, como: Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza, Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal. Este año recibió el Premio a la Defensa Ambiental Mariano Abarca, avalado por 35 agrupaciones, movimientos y colectivos nacionales e internacionales. Acteal es considerado un santuario de la humanidad al recibir a cientos de personas desplazadas de manera forzada de sus comunidades a consecuencia de la violencia política y criminal en los Altos de Chiapas.

En este contexto no olvidamos el vil asesinato perpetrado el 5 de julio de este año, por integrantes del grupo criminal de Pantelhó. No olvidamos la presencia imborrable del presidente de Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez López, con él en su mandato y servicio al pueblo, tuvimos el honor de andar codo a codo en el año 2020, tiempos obscuros para la justicia, su temple y su acción fue colectiva, como es el modo de Las Abejas de Acteal que camina por la Paz, por lo que hoy le honramos junto a las y los mártires de Acteal, como mujeres y hombres que han derramado su sangre por los caminos de libertad y de justicia. La presencia de Simón Pedro seguirá latiendo en nuestra lucha, en nuestro caminar, en nuestro corazón.

Hoy día, hablar de las víctimas y sobrevivientes de la Masacre de Acteal, es redirigir sus miradas a personas con Alta Dignidad que han decidido el camino largo, cansado y desgastante de la búsqueda de la justicia a través del Informe de Fondo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, actor internacional que vela por los derechos humanos en la región, quien curiosamente no emite el Informe de Fondo en el Caso 12.790 Manuel Santíz Culebra y Otros (Masacre de Acteal).

Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza es resignificarse, es un sujeto histórico vigente, organizado y autónomo, con escucha, con corazón, en la construcción de La Otra Justicia simbólica, como lugar de paz, del Lekil Kuxlejal, es ser cuidadores de la tierra y territorio en donde su lucha contribuye a evitar otra catástrofe como lo fue la Masacre de Acteal.

A 24 años de resistencia de las víctimas, sobrevivientes y la propia organización de Las Abejas de Acteal el Frayba saluda su persistente Memoria, Verdad y Justicia, su fe traducida en amor y lucha no violenta contagia a todas las personas que pisan la Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, aquí habita la esperanza.

Viva la lucha de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Nunca más una Masacre como la de Acteal en México
Acteal, Santuario de Paz

***

Acteal, Chenalhó, Chiapas, México
22 de diciembre de 2021
Boletín No. 15

Descarga el Boletín aquí: 24 años de impunidad de la Masacre de Acteal

radio
Noticias de Abajo

Noticias de abajo 21 de diciembre 2021

ROMPIENDO FRONTERAS
–ARGENTINA: Protestas en Chubut echan atras la traición gubernamental y la explotación minera.
SALUD: La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria 2021, destaca que la mortalidad infantil podría haber aumentado hasta un 42% al día. Hay cinco millones de muertos en el mundo por covid y 10 millones por hambre.Desinformemonos.
–GUATEMALA: Autoridades maya Ch’orti ‘buscan la cancelación de las licencias mineras en su territorio | PRENSA COMUNITARIA.
–MUNDA: ELLAS ALIMENTAN AL MUNDO, Tierra para las que las trabajan. Siete de cada diez mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes en Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador acceden a tierras para producir alimentos, pero sólo tres tienen el título de propiedad de los campos y terrenos que trabajan. | LATFEM
–WALLMAPU: Nación Mapuche: Sentencián desalojo contra Lof Quemquemtrew, la recuperación territorial continua.

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO

–CdMx: Fallece Gerardo Camacho ejidatario de Totolapan y miembro del CNI
–CDMX: Entrevista a activista animalista sobre las protestas contra las corridas de toros.
–MEXICO SOS México cumple otro año de ser el número uno en el.asesinato de periodistas. Desinformemonos
–GUERRERO: En Guerrero “no hay seguridad para nadie”|tlachinollan|. Tlachinollan
–CDMX: Si AMLO no va a las fosas, las fosas vienen a AMLO, fosas de desparecidos tocan la puerta de palacio nacional. piedepagina
–MIGRACIÓN MEXICO: APARTHEID MEXICANO  hostigamiento y represión a comunidades migrantes en CIudad de México.
–CDMX: Las paredes hablan, las paredes luchan. hostigamiento a grafikeras y grafikeros en lucha.

radio
Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno

Alerta ante la violenta ofensiva neoliberal del mal gobierno federal mexicano (Tercera de tres partes)

A los pueblos de México y del mundo,
A los medios de comunicación.

Estado de excepción

Nos declaramos en alerta porque el mal gobierno decidió hacer más violenta su ofensiva neoliberal, pretendiendo suprimir por decreto los derechos humanos que tenemos todas y todos como sociedad, con el fin de imponer sus megaproyectos y obras de infraestructura que privatizan, contaminan, despojan y entregan el sureste mexicano, la Península de Yucatán, el Istmo de Tehuantepec, el centro, todo el país, al despojo transnacional, arrasando nuestros territorios y destruyendo a la Madre Tierra.

Mediante un acuerdo del presidente de México publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de noviembre, que clasifica las obras de infraestructura y proyectos del gobierno de la República como de seguridad nacional e instruye a las dependencias de la administración pública federal a otorgar autorizaciones provisionales hasta por un año para dichas obras y proyectos por encima del marco constitucional y legal vigente, el régimen neoliberal pretende imponer un estado de excepción, en el que no podamos inconformarnos y protestar contra las acciones del gobierno que propician el despojo y la destrucción de nuestros territorios.

De esta suerte el acuerdo da paso para que puedan ser intervenidas nuestras comunicaciones, negarnos información que solicitemos y desalojar con el uso de la fuerza pública cualquier manifestación o movilización que hagamos en defensa de lo que es nuestro y cuestionen sus megaproyectos y las obras que se están realizando o se realicen en múltiples áreas y sectores como hidrocarburos, ferrocarriles, aeropuertos, comunicaciones, telecomunicaciones, aduanas y fronteras, infraestructura hidráulica, medio ambiente, turismo, salud, producción y distribución de energía, puertos, etcétera.

Para nuestros pueblos esas obras de infraestructura representan la muerte; en el Istmo de Tehuantepec, por ejemplo, la corrupción, el despojo y la violencia se imponen del Océano Pacífico al Golfo de México; la modernización de las vías del ferrocarril y de las carreteras es en favor de quienes usarán los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz para trasladar sus mercancías de lado a lado del mundo; el beneficio es para quienes puedan extraer minerales, agua, bosques, hidrocarburos, biodiversidad y todo elemento natural que les genere ganancia; asimismo, el establecimiento de diez corredores urbano industriales tiene como propósitos establecer una cortina a la migración desde Centroamérica hacia los Estados Unidos y explotar nuestra fuerza de trabajo sin consideración de la vida humana y de la naturaleza.

Para ejecutar las obras y proyectos que invaden, despojan y destruyen nuestros territorios sin nuestro consentimiento, más bien nos amenazan, nos persiguen y nos asesinan para sacarlos adelante. Simulan consultar, dividen las asambleas comunitarias y dejan claro que lo harán de una u otra forma; y aun así llaman a la guerra con palabras como progreso, desarrollo nacional o cuarta transformación.

En la península de Yucatán, con contratos fraudulentos, el Tren Maya se va apropiando de tierras indígenas, y los ricos llegan a valerse de la profunda corrupción agraria para adueñarse terrenos ejidales en la selva maya y aumentar sus ganancias a costa del despojo de nuestros pueblos y la destrucción de la naturaleza, mientras que las empresas porcícolas, eólicas o turísticas se posicionan en torno al proyecto del tren. O sea que con las obras de infraestructura que el mal gobierno quiere proteger de nosotros, esas regiones enteras se transforman, en favor de quienes nos están robando como pueblos y como país.

Los territorios que ocupamos, en donde buscan instalar los megaproyectos que impulsa el gobierno neoliberal mexicano, están siendo destruidos y contaminados para instalar vías de tren, carreteras, tendidos eléctricos, gasoductos, oleoductos, etcétera; al mismo tiempo que las mineras van ganando territorio en el Istmo, las empresas extranjeras con parques eólicos se benefician de la red eléctrica nacional a costa del robo de nuestros territorios y la represión a nuestros pueblos. Mientras las empresas petroleras están apostadas sobre los territorios indígenas en el Totonacapan, la empresa Constelation Brands en el Sur de Veracruz y la empresa Bonafont en Puebla ya están sobre importantes acuíferos; y en el centro del País, con violencia están imponiendo el Proyecto Integral Morelos en los pueblos de aledaños al Popocatépetl.

Es eso lo que el mal gobierno neoliberal mexicano quiere proteger y blindar en contra de los pueblos de abajo, los que hemos cuidado durante miles de años la tierra, los que no podemos dejar de defendernos porque están en juego nuestra vida, nuestro patrimonio, la paz y nuestra Madre Tierra.

Las sucesivas reformas constitucionales, las leyes vigentes y los órganos judiciales están fundamentalmente a favor de los intereses empresariales, pues, son parte sustancial de este sistema; por lo mismo nos dejan caminos difíciles para defendernos en el ámbito legal y aun así resistimos con nuestra organización utilizando los resquicios que las leyes nos dejan e interponiendo toda clase de juicios y recursos en contra de las arbitarias determinaciones políticas, administrativas y judicales que nos atacan, que buscan cercarnos y arrinconarnos.

Con el acuerdo neoliberal del presidente pretenden cerrar el cerco aún más ya que éste, en forma autoritaria y atropellando la constitución federal, ordena a las dependencias del gobierno federal otorgar autorizaciones provisionales exprés para las obras de infraestructura y proyectos gubernamentales, pretendiendo no dejar tiempo ni espacio para que podamos decir o hacer algo, es decir, imponiendo un estado de excepción propio de la guerra.

Los derechos y garantías que como sociedad entera tenemos quedan sin valor alguno, sin oportunidad de defenderlos ante la urgencia de entregar el país a los capitalistas que lo están matando. Sin hacer respetar siquiera la constitución mexicana, ni los derechos que tenemos sobre nuestros territorios, sin cubrir los requisitos ni cumplir con los procedimientos que marcan las leyes y mucho menos con el de por sí endeble derecho a la “consulta” indígena.

A todo este siniestro escenario nosotros le llamamos literalmente una guerra de conquista, porque cuando no estamos de acuerdo nos reprimen con grupos de choque, paramilitares, militares y policías; invaden y ocupan nuestros territorios destruyendo todo lo que es nuestra vida, tejiendo un sistema mundial que no se puede sostener sin la explotación, el despojo y la cruenta represión.

Para nosotros y nosotras, tanto el acuerdo presidencial, como las obras de infraestructura y proyectos que pretende cobijar, no tienen otro fin que favorecer intereses económicos de gran alcance, inmorales y desmedidos; se trata, pues, de una descarada y oscura corrupción, continuación de la que hemos vivido en décadas.

Es por eso que estamos en alerta y denunciamos el carácter ilegal, autoritario, corrupto y neoliberal del acuerdo capitalista del mal gobierno mexicano, al que no tengan duda, resistiremos y sabremos derrotar.

Atentamente
Diciembre de 2021
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Más Un México Sin Nosotros
Comisión de Coordinación y Seguimiento del
Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno

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