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Avispa Midia

Brad Will, el periodista neoyorquino que cayó en la revuelta popular de Oaxaca

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

William Bradley Roland, mejor​ conocido como Brad Will, fue un periodista independiente, camarógrafo, documentalista y militante anarquista. Formó parte de la plataforma Indymedia en Nueva York, Bolivia y Brasil. Él viajó hacia el estado de Oaxaca a principios de octubre del año 2006. Su objetivo era documentar una de las principales revueltas con las que se inauguraba el nuevo milenio en Latinoamérica. Aunque este sería el último viaje de Brad.

Habían pasado casi cinco meses desde que inció el estallido de la revuelta popular en el estado de Oaxaca cuando Brad llegó con su cámara recién adquirida. Este escenario comenzó con una orden de desalojo, emitida por el entonces gobernador de esta entidad, Ulises Ruiz Ortiz, hacia profesores de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CENTE), quienes se mantenían en huelga en la plaza central y las principales calles de la turística ciudad de Oaxaca. Tras una fuerte represión hacia los profesores, cientos de vecinos y organizaciones sociales salieron a las calles a respaldar a los docentes, hasta que la revuelta se generalizó y la sociedad salió a las calles, pero para exigir la destitución del gobernador.

Es en medio de esta situación en la que Brad llegó a la ciudad y -después de acompañar a una parte de La Otra Campaña del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que recorría el país- comenzó a explorar, en una motocicleta que había rentado con su chofer, los diversos puntos en los que se había extendido la edificación de barricadas. Estas barreras fueron creadas como un acto de defensa contra grupos de choque que portaban armas exclusivas del ejército, así como de policías vestidos de civil que disparaban hacia hombres, mujeres, niños y ancianos que se habían sumado a esta llamada “insurrección popular”.

Con más de 20 días en Oaxaca, al periodista estadounidense ya lo comenzaban a identificar como el “güero” y, entonces, la población le daba acceso a cada rincón de Oaxaca en donde hubiese un control para circular, principalmente, en las noches. Esta ciudad estaba completamente paralizada y pocos eran los automóviles que podían circular intentando esquivar palos, piedras, llantas y otros obstáculos esparcidos por las calles. Brad llegó a contabilizar hasta 3 mil barricadas levantadas en los cuatro puntos cardinales, no solo de la ciudad, sino de las colonias populares y de las comunidades con más cercanía a la ciudad.

El último día de Brad

El 27 de octubre, las personas que se mantenían en las barricadas tenían por objetivo la paralización completa de la ciudad, por lo menos, por 24 horas. Así amaneció la barricada conocida como “Calicanto”, en el municipio conurbado de Santa Lucia del Camino. Junto a los palos, llantas y otros objetos, atravesaron camiones de mercancía, los cuales fueron interceptados mientras circulaban por las calles.

Cuentan los vecinos que eran las primeras horas de la mañana cuando, de una camioneta cerrada, descendieron autoridades del municipio de Santa Lucia y, sin palabra alguna, “comenzaron a disparar contra los manifestantes y entonces todos corrimos y buscamos refugio”, dice una vecina que se presenta como Soledad Martínez.

La señora Martínez, comenta que unos minutos después todos los manifestantes se reorganizaron, pero también las autoridades junto con policías municipales. “Ahí volvimos a avanzar con cohetones y piedras, entonces corrieron. Ya cuando llegamos cerca de la camioneta algunos compañeros le prendieron fuego y empezó una tronadera. Eran las balas que había dentro de la camioneta”, agrega Martínez.

A 14 años de estos acontecimientos, ahora se sabe que quien dio la orden de utilizar estas armas fue el sobrino del presidente municipal de Santa Lucia en ese momento, Manuel Martínez Feria.

Policías municipales de Santa Lucia del Camino y militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRI)

Ese día Brad llegó a este lugar y en las primeras imágenes que registra se aprecia que la camioneta de estas personas ya estaba casi calcinada, a lo lejos se pueden observar a personas disparando contra los manifestantes. “Brad se iba cubriendo con las llantas de los camiones mientras estaba grabando”, comparte Javier Santis.

La trifulca duró horas, hasta que las personas armadas se fueron replegando hacia la presidencia municipal. “De pronto se escucha que el compa dice me dieron, me dieron”, comparte Javier.

Varios manifestantes lo cargaron y comenzaron la búsqueda de un doctor y de un carro. En el camino uno de sus colegas guardó la cámara que se le iba cayendo de las manos, una vecina recogió uno de sus zapatos que, varios meses después, le fue entregado a la madre de Brad.

Minutos después lo subieron a un vehículo Volkswagen que llevaba varios días sin circular y con poca gasolina. Desesperadamente iban intentando esquivar las barricadas, las piedras, los palos. Mientras intentaban hablarle a Brad para que no se durmiera. De pronto el carro se apaga, la gasolina se había acabado.

Las personas que decidieron ayudar al periodista se desesperaron y pidieron ayuda al chofer de una camioneta que pasaba por donde se quedaron varados, que, tras varios minutos de explicación, “decidió llevarlo, pero ya no pudo llegar”, cuanta Jazmín López.

Justicia

Momentos después de este asesinato, en la terminal de autobuses ADO fueron interceptados algunos de los participantes armados del municipio, pero fueron liberados tiempo después.

Ese 27 de octubre, el gobierno que aún presidia Ruiz Ortiz desplegó, a través de la policía y de diversos grupos de civiles armados conocidos como el “escuadrón de la muerte”, operativos para intentar retomar el control de la ciudad.

Con la muerte de Brad, se justificó ante los medios de comunicación, principalmente la prensa internacional, la intervención de la policía militar, que ese momento era la Policía Federal Preventiva (PFP), que arremetió indiscriminadamente contra los manifestantes para retomar el control de la ciudad.

Según la denominada Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) reveló que el saldo de este conflicto fue de 26 asesinatos, entre ellos, el periodista Brad Will.

Las instancias de gobierno encargadas de impartir justicia a nivel estatal y federal inculparon y llevaron presos a personas inocentes y con líneas de investigación sin fundamentos. Mientras que, los policías que aparecen disparando directo hacía dónde se encontraba Brad, así como de otros manifestantes que también fueron asesinados durante estas protestas, no fueron inculpados de ninguna responsabilidad.

Pero esto no es novedad. La sociedad Oaxaqueña sabe bien que estas instancias no funcionan porque son juez y parte. El asesinato de Brad aún no se ha saldado, por el contrario, se ha sumado a un sin fin de activistas y periodistas asesinados en México que han quedado en la impunidad.

Brad, una luz

Después de que fue asesinado el periodista independiente, su fotografía figuraba, junto a la de los otros caídos en esta “insurrección popular” en un altar con ofrendas, con el fin de festejar y recordar a los seres queridos durante el día de los muertos. Esa ofrenda simbólica estuvo en una de las úlimas barricadas que quedaban, la de 5 señores, la cual protegía Radio Universidad. La PFP ya casi había recuperado la mayor parte de la ciudad, pero, en torno a esa ofrenda, cientos de personas se reunieron de todas partes y salieron a defenderla, reduciendo con ello el potencial de la policía.

Desde entonces, en varios altares, de muchas familias oaxaqueñas, sigue figurando la imagen de Brad Will. Pero, también, su referencia camina con varios jóvenes que ejercen el periodismo independiente. Detrás de varias cámaras, grabadoras y bolígrafos está la figura de Brad Will. Por ello, en memoria, desde Avispa Midia, a la 2ª generación de la escuela de comunicadores y comunicadoras independientes para jóvenxs indígenas y de barrio a realizarse en 2021, se la ha bautizado con el nombre de “2ª generación Brad Will”.

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Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde COPUDEVER Servicios para una Educación Alternativa A.C EDUCA

Oaxaca: Asesinan al activista ambiental Filogonio Martínez Merino, exagente municipal de Paso de la Reyna y defensor del Río Verde

El día de hoy, miércoles 26 de octubre de 2022, asesinaron a Filogonio Martínez Merino, exagente municipal de Paso de la Reyna, perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca; el asesinato se materializó en la comunidad de Piedra Blanca, localizada entre Paso de la Reyna y La Humedad de la misma municipalidad.

Filogonio Martínez Merino fue comisariado Ejidal de Paso de la Reyna en el período 2008-2011 y defensor del Río Verde durante 15 años contra el Proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina y el proyecto Río Verde.  Filogonio fue agente municipal en el tiempo en que fueron asesinados los 5 defensores del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever):  Fidel Heras Cruz, Noé Robles Cruz, Raymundo Robles Riaño, Gerardo Mendoza Reyes y Jaime Jiménez Ruiz, crímenes que se cometieron a principios del año 2021 y que quedaron en total impunidad hasta el día de hoy.

 El año pasado Filogonio Martínez Merino solicitó, en su carácter de autoridad y por mandato de la asamblea comunitaria, medidas cautelares colectivas para la comunidad de Paso de la Reyna al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Medidas cautelares que aún están vigentes.

Por lo anterior, exigimos al Gobierno del Estado de Oaxaca su intervención para dar seguimiento al esclarecimiento de los hechos. A la Fiscalía General del Estado, pedimos que inicie la investigación correspondiente. A la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca le solicitamos otorgar medidas cautelares a la comunidad de Paso de la Reyna y a la familia del defensor.

“Ríos para la vida, No para la muerte”
Ejido Paso de la Reyna, Jamiltepec, Oaxaca, 26 de octubre de 2022.
Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde COPUDEVER
Servicios para una Educación Alternativa A.C EDUCA

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Radio Zapatista

Construcción de Paz en México – Foro Internacional

Desde el sexenio de Felipe Calderón, México inició un camino de violencia y disputa territorial que se ha venido recrudeciendo y que ha llegado a niveles alarmantes, haciendo del país la nación más peligrosa para la defensa del territorio y para el periodismo en el mundo. A esto se le suma la crisis global provocada por la pandemia del Covid-19 y la guerra en Ucrania y sus terribles consecuencias para la economía mundial y la seguridad alimentaria, provocando nuevas formas de violencia.

Ante esto, la Plataforma para la Construcción de Paz en México organizó el Foro Internacional por la Construcción de Paz en México, que se llevó a cabo el 25 de octubre de 2022 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas (ve el programa y l@s participantes aquí).

Las reflexiones propuestas en este foro son una contribución importante para sentipensar la espiral de violencia en la que nos encontramos y vislumbrar caminos posibles hacia la construcción de la paz.

Mesa 1 – Claves para la construcción de paz: una reflexión global

Para poder construir la paz, es necesario primero reflexionar sobre lo que significa la violencia desde enfoques locales hasta globales. Las mesas 1 y 2 incursionan en dichas reflexiones. Marta Ruiz, desde su experiencia como ex comisionada de la Comisión de la Verdad en Colombia, hace un recuento de los procesos de violencia en ese país. Así como la much@s de l@s ponentes, critica la participación del Estado en la reproducción de la violencia. Ante el argumento de que la violencia se reproduce gracias a la ausencia del Estado, ella afirma que, al contrario, la violencia se recrudece justamente cuando hay presencia del Estado, en su íntima relación con el crimen organizado y el paramilitarismo. Asimismo, identifica a la política de la “guerra contra las drogas” como un gran error histórico, que deja de lado una compreensión mucho más amplia de los factores sistémicos de dicha violencia y que conduce a la militarización y a la multiplicación de las violencias.

Luis Jorge Garay, académico y consultor internacional, también desde la experiencia colombiana, habló del cambio radical del crimen organizado en ese país desde la época de Pablo Escobar al presente, con la diversificación de las áreas de actuación y el papel de los cárteles transnacionales de origen mexicano ahora como distribuidores internacionales de la droga. Pero entender la violencia de los diferentes agentes del conflicto colombiano implica entender lo que él llama “institucionalidad extractivista”, la reproducción de la ilegalidad como una tradición nacional, en la que las élites se aprovechan de la violencia, intimidación y cooptación para apropiarse de los recursos nacionales.

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, con participación en línea, apuntó hacia la lucha organizada de los pueblos como la única salida para la violencia. Nuevamente, criticó la asociación entre violencia y seguridad, que conduce a la militarización y al control por parte de las fuerzas del Estado y deja de lado los ejes fundamentales de justicia restaurativa, salud, educación, vivienda digna, trabajo, unidad en la diversidad, etc.

Mesa 2 – Seguridad, justicia y territorio. ¿Cómo detener la violencia?

¿Cómo entender la violencia y el Estado? ¿Es posible la política sin violencia? Según Max Weber, el Estado mantiene (o debe mantener) el monopolio de la violencia. Sin embargo, en América Latina sabemos lo que eso significa: violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas policiales y el ejército, el uso de dichas fuerzas para beneficio de los intereses de las élites dominantes y la íntima relación entre el Estado y el crimen organizado. La violencia, dijo Jenny Pierce, del London School of Economics en el Reino Unido, es rentable para el Estado, y la política del “enemigo interno” sirve para esos fines. El resultado es la violencia crónica que padecemos: guerra, narco, feminicidios, migración, violencia obstétrica por discriminación y la terrible mortandad de los hombres jóvenes pobres en Latinoamérica. Como caminos posibles hacia la construcción de la paz, sugiere lo que llama la “ilustración emocional”, a diferencia de la “ilustración racional” del Iluminismo; o, como dicen los pueblos mayas en Chiapas, el corazonar o el sentipensar. Al mismo tiempo, repensar la seguridad como una propuesta comunitaria: la seguridad humana, y no la seguridad del Estado.

Guillermo Trejo, de la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos, habló de la “zona gris de la criminalidad”, o sea, la intersección entre el Estado y la criminalidad. Una intersección que, explicó, se construyó en los 1970 con la guerra sucia en México. La guerra contra el narco iniciada en 2006 por Felipe Calderón multiplicó los cárteles y la violencia (de 5 cárteles pasamos a más de 200), al decapitar a las organizaciones criminales, que como resultado se dividieron en muchas facciones. Por otro lado, la zona gris se amplió muy considerablemente, llevando a una “guerra de todos contra todos”, un crecimiento de las economías ilícitas, que trafican con los recursos humanos y naturales, una feroz competencia por la gobernanza criminal, con violencia generalizada contra autoridades y candidatos locales, y violencia contra periodistas, defensores de derechos humanos, sacerdotes y pequeños empresarios. Para hacer frente a esto, es necesario, como primer paso, identificar los actores y las estructuras criminales.

Como ilustración de lo que es posible hacer desde la sociedad organizada para enfrentar la violencia, Francisco Huaroco Tomás relató la experiencia de lucha y organización de Cherán K’eri en Michoacán, donde en 2011, a partir de un movimiento de mujeres para enfrentar a la delincuencia, decidieron expulsar a los partidos políticos y conformar la ronda comunitaria, un modelo de seguridad proveniente de los antepasados, enfocado en la autonomía y el autogobierno. Por otro lado, en 2015 se inició un proceso de prevención del narcomenudeo, trabajando con jóvenes en las escuelas.

Mesa 3 – Prácticas restaurativas, diálogo y reconstgrucción del tejido social

En el camino de prácticas restaurativas, diálogo y reconstrucción del tejido social, Lenin Torres relató la experiencia de CIAS por la paz (Centro de Investigación y Acción Social), fundado en 2015, y que ha trabajado en los municipios de Tancítaro, Cherán y Tangacícuaro en Michoacán; Parras, Coahuila; Huatusco, Veracruz; Celaya y Guanajuato capital en Guanajuato; y, Chalco en el Estado de México. Lina Ibáñez por su vez relató la iniciativa “Diálogos improbables” en Colombia, que se ha propuesto establecer diálogos con todas las fuerzas participantes en espacios en conflicto. Y Abel Barrera, del centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, relató la experiencia de la policía comunitaria de guerrero y la Coordinadora Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), que ha logrado frenar la explotación minera en partes del territorio guerrerense.

Mesa 4 – La dimensión cultural y espiritual de la construcción de paz

En la última mesa, se conjuntaron educación, espiritualidad y periodismo, como elementos fundamentales para la transformación de los mecanismos que justifican y respaldan el ejercicio de la violencia en la sociedad. Pietro Ameglio, activista y luchador social, enfatizó la necesidad de reflexionar (no sólo describir, sino analizar) como requisito para la acción. Nuevamente, criticó la asociación paz y seguridad, en vez de pensar la paz como justicia verdadera y dignidad. El Estado, explicó, necesita cuerpos aterrorizados incapaces de pensar. Nuestra tarea, al contrario, es de pasar del terror al miedo; el miedo siendo una herramienta que nos ayuda a sobrevivir y que, a diferencia del terror, no inmoviliza, sino que nos impulsa a actuar.

Marcela Turati habló de los grandes desafíos que enfrenta el periodismo en el país más peligroso para ejercer dicho oficio en el mundo, las carencias materiales y la inseguridad. Ante ese panorama, relató las muchas iniciativas vinculadas a la Red de Periodistas de a Pie, integrada en su mayoría por mujeres periodistas. Periodismo de investigación sobre las masacres de migrantes; historias de búsqueda de desaparecid@s; el proyecto Entre las cenizas: historias de vida en tiempos de muerte, que buscó rescatar historias de lucha y resistencia en medio de la mortandad de la guerra contra el narco; talleres sobre cómo cubrir el dolor (y cómo manejar el propio dolor), y la convocatoria Periodismo desde lo posible: historias desde los territorios.

Finalmente, Monseñor Rodrigo Aguilar, actual obispo de San Cristóbal de Las Casas, habló sobre la espiritualidad desde la visión cristiana.

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Avispa Midia

Fidencio Aldama, preso político yaqui, recibe condena de 14 años

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Fidencio Aldama (extremo derecho) junto a músicos en el reclusorio de Ciudad Obregón, Sonora.

Tras un proceso legal plagado de irregularidades, el próximo 27 de octubre, Fidencio Aldama, indígena de la Tribu Yaqui, cumplirá seis años recluido. Así lo denuncia el Grupo de Apoyo a Fidencio Aldama y Los Otros Abogadoz, quienes mediante comunicado conjunto acusan el “racismo anti indígena inherente del Estado mexicano” como responsable por el encarcelamiento del preso político.

En abril de 2018, Aldama fue sentenciado a 15 años y seis meses, acusado por la muerte de Cruz Buitimea Piña en Loma de Bácum. Ahora, tras un largo proceso de apelación, los tribunales confirmaron la condena de Aldama, pero redujeron la pena a 14 años de prisión.

“Recordemos que el arresto y subsecuente encarcelamiento de Fidencio es resultado de un esfuerzo coordinado entre el Estado mexicano y SEMPRA Energy (a través de su filial mexicana, IEnova) para imponer un gasoducto a lo largo del territorio Yaqui”, detalla el Grupo de Apoyo a Fidencio Aldama, mediante el documento difundido este jueves (20).

Te puede interesar – Gobierno favorece a Sempra Energy y deja en el olvido un preso político indígena

Fue en el año de 2016 cuando el pueblo Yaqui de Loma de Bácum rechazó la imposición del proyecto “Gasoducto Sonora”. La respuesta a la organización indígena fue la represión violenta. Así, el 21 de octubre de 2016 se realizó un ataque contra la población yaqui y una semana después Fidencio Aldama fue arrestado, “injustamente acusado” señalan las organizaciones.

Los Otros Abogadoz, quienes desempeñan la defensa legal de Aldama, anunciaron que, después de un año y nueve meses de haber sido presentado, el 17 de junio de 2022, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Estado de Sonora dictó la sentencia de amparo en la que considera que Aldama sí cometió el delito y lo hace responsable de homicidio.

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La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Simón Pedro Pérez López defensor de derechos humanos. Ahora comienza el juicio oral en que se decidirá si la persona acusada de asesinarlo es culpable o inocente

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

22 de octubre de 2022

Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas
A las y los Defensores de los Derechos Humanos
A los Medios Libres y Alternativos
A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Se acerca la temporada más importante del año para nosotros, los días que compartimos alimento, palabra y vida con nuestros seres queridos ya fallecidos, que vienen a reunirse con nosotros y nos escuchan de cerca en lo que les pedimos y les contamos. Por eso, empezamos a preparar nuestro corazón y nuestras ofrendas. Especialmente a nuestros 45 hermanos, hermanas, hermanitos y hermanitas mártires, más los cuatro bebés que no los dejaron nacer, queremos ofrecerles lo que tenemos y que hemos ido juntando en el año: la esperanza de justicia y la convicción de que seguimos en el camino que nos abrieron para luchar por la paz y en la cual ofrendaron su vida. A nuestros mártires queremos agradecerles que nos hayan mostrado este camino, porque hay muchos cruceros en donde el mal gobierno ha querido perdernos, pero no ha podido extraviar nuestras almas, porque nuestros mártires son quienes nos guían y le cierran el paso a las desviaciones que nos ofrecen, como abandonar la organización, vendernos o aliarnos con criminales.

Hoy más que nunca necesitamos cosechar los frutos de la semilla que nuestros mártires sembraron entre nosotras y nosotros, para ser capaces de organizar una alternativa no violenta a los principales problemas que vivimos en nuestras comunidades, como la toma de las armas para resolver conflictos y la búsqueda de dinero fácil, caiga quien caiga.

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CDH Fray Bartolmé de las Casas

Pueblo Creyente de Chicomuselo denuncia reactivación minera, estado de sitio y amenazas a personas defensoras

Parroquia San Pedro y San Pablo, Chicomuselo, Chiapas.
Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
20 de Octubre de 2022.

A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL PUEBLO CREYENTE
A LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUENA VOLUNTAD
A LA SOCIEDAD EN GENERAL

En el marco de las situaciones de violencia estructural e institucionalizada, la descomposición social, la falta de acceso a la justicia, la violación a los derechos humanos y colectivos, amenazas, intimidación, hostigamiento y persecución a las mujeres y hombres que buscan la paz con justicia y dignidad que se ha venido acrecentando en nuestra región en los últimos años. Como pueblo creyente de la parroquia San Pedro y San Pablo de Chicomuselo, Diócesis de San Cristobal de las Casas, Chiapas, reafirmamos nuestro compromiso social en este momento histórico que nos lleva a discernir nuestro ser y que hacer como iglesia peregrina en estas sagradas tierras, escuchando el clamor de las mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños ante esta realidad.

En nuestras comunidades y pueblos nos encontramos en estado de sitio y despojo de nuestros bienes naturales, nuestra tierra y territorio que historicamente hemos cuidado y defendido de las empresas y de los intereses económicos y politicos de unos cuantos.

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Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio - APIIDTT

Provocaciones e intento de privatización de las Tierras de Uso Común de “El Pitayal”

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MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN SEXTA

Llamamos a dar seguimiento a la Misión Civil de Observación Sexta (MCO-S) en su paso por las comunidades del CIPOG-EZ

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A las Organizaciones de Derechos Humanos
A los medios de comunicación

21 de octubre de 2022
Hermanos, hermanas de México y del mundo, como es de su conocimiento las comunidades del CIPOG-EZ, organización perteneciente al Congreso Nacional Indígena (CNI), viven la violencia de los grupos delincuenciales, aunado al silencio del Estado en sus 3 niveles de gobierno. En ese sentido, colectivos y organizaciones varias de la Sexta, hemos dado acompañamiento a nuestros hermanos y hermanas del CIPOG-EZ.

En esta ocasión, estaremos yendo a las comunidades del CIPOG-EZ a partir del día 22 de octubre de 2022, por lo que les pedimos estar atentos y atentas a cualquier situación, pues como saben, en nuestras últimas visitas se presentaron situaciones irregulares, pero gracias a la amplia difusión hemos salido avante. Además, vamos en el contexto de la reciente desaparición de Celso Cocotzin Tolentino de 24 años, de la comunidad de Alcozacán, desaparecido por el grupo narco-paramilitar el pasado 18 de octubre en el municipio de Chilapa gobernado por Aldy Esteban Román.

Es por eso que les pedimos a ustedes, hermanos y hermanas de México y del Mundo, a que a través de cartas, correos, carteles u otra cosa, cada quien de acuerdo a su creatividad, modos y formas, llamen a los 3 niveles de gobierno a cumplir con su deber de brindar seguridad y proteger a quienes acompañamos a nuestros hermanos y hermanas. Los llamamos a que le digan al mal gobierno que no estamos solos, solas.

Sin más, les agradecemos a quienes han acompañado nuestro paso.

Atentamente:

MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN SEXTA

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Pueblo Creyente de Chicomuselo denuncia reactivación minera, estado de sitio y amenazas a personas defensoras

Parroquia San Pedro y San Pablo, Chicomuselo, Chiapas.

Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

20 de Octubre de 2022.

 

A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

AL PUEBLO CREYENTE

A LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUENA VOLUNTAD

A LA SOCIEDAD EN GENERAL

 

En el marco de las situaciones de violencia estructural e institucionalizada, la descomposición social, la falta de acceso a la justicia, la violación a los derechos humanos y colectivos, amenazas, intimidación, hostigamiento y persecución a las mujeres y hombres que buscan la paz con justicia y dignidad que se ha venido acrecentando en nuestra región en los últimos años. Como pueblo creyente de la parroquia San Pedro y San Pablo de Chicomuselo, Diócesis de San Cristobal de las Casas, Chiapas, reafirmamos nuestro compromiso social en este momento histórico que nos lleva a discernir nuestro ser y que hacer como iglesia peregrina en estas sagradas tierras, escuchando el clamor de las mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños ante esta realidad.

En nuestras comunidades y pueblos nos encontramos en estado de sitio y despojo de nuestros bienes naturales, nuestra tierra y territorio que historicamente hemos cuidado y defendido de las empresas y de los intereses económicos y politicos de unos cuantos.

Ya el papa Francisco ha señalado en la encíclica Laudato Si, que existe un claro, definitivo e impostergable imperativo ético de actuar que no se está cumpliendo, no se puede permitir que ciertos intereses que son globales pero no universales se impongan, sometan a los estados y organismos internacionales, y continúen destruyendo la creación. Los pueblos estamos llamados a aclamar, a movilizarnos, a exigir pacíficamente pero tenazmente la adopción urgente de medidas apropiadas

El 26 de septiembre de este año el movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio denuncio públicamente la situación de amenazas, hostigamiento e intimación contra las defensoras y defensores de los derechos humanos en el municipio de Chicomuselo, Chiapas ante la presencia de empresas y personas interesadas en reiniciar la explotación minera en diversas localidades de este municipio como son: El Naranjo, Nueva Morelia, Santa María, Ricardo Flores Magón, Grecia y Benito Juárez, promoviendo actividades mineras sin la consulta previa e informada, sin el consentimiento de los ejidos y comunidades y sin el estudio de impacto ambiental, estamos claros que hasta ahorita no existe ninguna forma de extracción minera ecológica y sustentable, seguiremos defendiendo nuestro territorio.

El día 16 de Octubre ingresaron a la cabecera municipal de Chicomuselo diversos camiones de carga para trasportar material minero y el día 17 de octubre los habitantes del ejido Santa María se percataron que dichos camiones ya se encontraban en el lugar de donde han estado extrayendo el material de “barita”; material minero que se usa para perforación de pozos petroleros y para el sector extractivo de manera ilegal.

Desde 2007 nos percatamos del ingreso de extranjeros al territorio del municipio con el objetivo de hacer estudios antropológicos de la región, a partir de ahí el pueblo creyente como custodias y custodios de la creación de Dios que se nos ha encomendado y desde nuestras opciones diocesanas de pastoral nos pusimos en alerta y comenzamos hacer un fuerte proceso de concientización en cuidado y defensa de la tierra y el territorio como parte de nuestra espiritualidad enraizada en la Madre Tierra como nuestra casa común.

Durante nuestro proceso de concientización y resistencias descubrimos que en el municipio habían ya 14 concesiones mineras en diferentes puntos de nuestro territorio con un permiso de 50 años, fortalecimos nuestra forma organizativa propia desde las comunidades y nuestras luchas legales siempre por la vía pacífica a través de peregrinaciones, foros informativos, denuncias públicas, diálogos con las autoridades de gobierno en los tres niveles.

A pesar de nuestras luchas y resistencias la empresa minera canadiense Blackfire Exploration Ltd inicio la explotación minera en el ejido Grecia perteneciente a este municipio de Chicomuselo, sin una consulta previa e informada como lo señala el convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas, afectando principalmente al agua subterránea, ríos, arroyos, montañas, la salud de la población y el tejido comunitario que caracteriza a las comunidades de nuestra región; situación que nos llevó a vivir bajo amenazas, hostigamientos y persecuciones.

Actualmente hay 12 concesiones vigentes y 2 vencidas; como Pueblo Creyente y el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE) mantenemos nuestras luchas y resistencias por cuidar y defender la vida de todas y todos. En estos últimos meses se han realizado diversas acciones denunciando y pronunciándonos en contra de la explotación minera ilegal, así como amenazas, hostigamiento e intimidación a servidoras y servidores comprometidos desde la opción por los pobres y la opción por nuestra Madre Tierra, reafirmada desde 2014 en el congreso teológico sobre la madre tierra en nuestra diócesis de San Cristóbal de las Casas.

Como Pueblo Creyente y MODEVITE hemos agotado los recursos legales y con apego a derecho para detener este proyecto extractivo con las autoridades municipales que no han actuado ante esta problemática que estamos viviendo y se ha dialogado con el fin de que la actual administración cumpla con sus promesas de campaña y proclame al municipio de Chicomuselo libre de minería y solo se ha quedado en un discurso bonito para ganarse aplausos pero sin un compromiso real con las luchas y resistencias del pueblo.

De manera formal se ha presentado la denuncia ambiental ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) sobre el caso y la respuesta ha sido evasiva, argumentando que no existen condiciones de seguridad para realizar la investigación ante la ola de violencia e inseguridad que se está dando en la región. Esta omisión de PROFEPA y demás autoridades, activa el riesgo para nuestras comunidades y para quienes cuidamos y defendemos nuestro territorio. Hasta el momento se ha dialogado con algunas autoridades solicitando dialogo con instancias de las secretarias responsables en la materia y tampoco hemos tenido respuesta efectiva ante esta situación tan delicada que se está dando en el municipio, sabemos que no hay permiso de explotación minera en Chicomuselo y aun así se están realizando sin que las autoridades correspondientes actúen.

Como Pueblo Creyente y Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio hemos marcado un camino de lucha y resistencia ante el proyecto minero por la vía pacifica sin violentarnos contra nadie. Nuestra lucha es por la vida, la paz y la justicia desde la dignidad de hijas e hijos de Dios; reconocemos que el Evangelio reclama al Cristiano y Cristiana de hoy más compromiso con la historia como lo ha señalado San Romero de America y así seguiremos asumiendo nuestra corresponsablidad en cuidar y defender la Vida.

 

Denunciamos:

 

  • La omisión y la falta de responsabilidad de los tres niveles de gobierno ante la explotación minera en Chicomuselo que vulnera nuestros derechos humanos y colectivos.
  • Las amenazas, intimidación y hostigamiento a nuestras comunidades y a quienes resistimos a la explotación de nuestra Madre Tierra.

 

Exigimos:

 

  • Que PROFEPA realice la investigación correspondiente ante la extracción de material minero que se está dando de manera ilegal y a través de la intimidación, hostigamiento y amenazas.
  • Al gobierno estatal y federal la declaratoria oficial donde se señale que no existe permiso de reactivación de las concesiones mineras en el municipio de Chicomuselo.

Nos mantenemos firmes en nuestra lucha por cuidar y defender la vida y nuestro territorio.

 

POR UN PUEBLO DONDE HAYA PAZ Y JUSTICIA:

¡CANCELACIÓN DEFINITIVA DE LOS PROYECTOS MINEROS!

¡ALTO A LA EXPLOTACION MINERA EN CHICOMUSELO!

¡NO A LA MINERIA DEPREDADORA, SI A LA VIDA!

¡ALTO A LAS AMENAZAS CONTRA DEFENSORES DE LA VIDA, LA TIERRA Y EL TERRITORIO!

¡NO MAS CONCESIONES MINERAS¡

¡NO A LA EXPLOTACION DE NUESTROS BIENES NATURALES!

¡ALTO A LA INTIMIDACION, AMENAZAS Y HOSTIGAMIENTO DE NUESTRAS COMUNIDADES!

Felices cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias porque será grande la recompensa. (San Mateo 5, 11-12).

Atentamente

Pueblo Creyente de la Parroquia San pedro y San Pablo, Chicomuselo, Chiapas.

Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio

El prófeta tiene que ser molesto a la sociedad, cuando la sociedad no está con Dios.

(San Romero de America).

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Avispa Midia

Jueza ordena audiencia privada en caso de Claudia Uruchurtu

Fuente: Avispa Midia

Por Rafael E. Lozano

En portada: Poder Judicial del Estado de Oaxaca donde se lleva a cabo la última etapa del juicio por la desaparición de Claudia Uruchurtu. Foto: Rafael E. Lozano

El pasado 18 de octubre inició el juicio oral contra cuatro de las cinco personas imputadas por la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu Cruz, mujer activista desaparecida el 26 de marzo de 2021, durante una manifestación en Nochixtlán, Oaxaca.

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Avispa Midia acudió al tribunal donde se realiza la audiencia de debate y, después de acreditarse, le negaron la entrada al reportero. La jueza María Teresa Quevedo Sánchez ordenó que la audiencia se realizara a puerta cerrada.

Ante la pregunta expresa de por qué se tomó esa decisión, un funcionario en la entrada del tribunal sólo respondió “por el género”.

Cristina Lozano, una de las abogadas del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), organización no gubernamental que ha dado seguimiento a las acciones urgentes emitidas por la ONU-DH para la localización de la activista desaparecida, señala en conversación con Avispa Midia que no es normal que estas audiencias sean privadas. “Todas las audiencias, esencialmente, deben ser públicas. Puede ser por el contexto político que la hayan cerrado”, opina.

Entre las personas imputadas en el juicio se encuentra la expresidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, y varios de sus colaboradores cercanos.

Esta fase del juicio, también conocida como audiencia de debate, es la última de tres etapas que comprende el proceso penal iniciado hace más de un año. La fase anterior se difirió al menos cinco veces a lo largo de seis meses. Apenas termine el juicio oral, se debe dictar sentencia.

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Esto se da en un contexto de máxima impunidad en el estado de Oaxaca. Según un oficio obtenido a través de transparencia, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca reconoce nunca haber emitido una sola sentencia condenatoria por el delito de desaparición forzada en la entidad, a pesar de haber iniciado más de 30 juicios relacionados con este delito en dos décadas.

Según el Registro de la Comisión Nacional de Búsqueda, en Oaxaca hay 556 personas que siguen desaparecidas y no localizadas.

19 meses desaparecida por denunciar corrupción

El 26 de marzo de 2021 Claudia participaba en una manifestación que pobladores realizaban en la plaza central de Asunción Nochixtlán, en desacuerdo con el gobierno de Lizbeth Victoria Huerta. Esa noche la policía municipal dispersó a golpes la manifestación. Después unos hombres alcanzaron a Claudia y la forzaron a subir a una camioneta roja. Desde entonces se desconoce su paradero.

Antes de ser desaparecida, Claudia Uruchurtu documentó y denunció irregularidades en el manejo de las finanzas del gobierno municipal de Lizbeth Victoria Huerta, quien en ese entonces buscaba la reelección por MORENA.

Entre abril de 2019 y marzo de 2021, Claudia documentó presuntos desvíos a través de empresas fantasma, nepotismo, falsificación de firmas y documentos oficiales. También la simulación de un proceso de contraloría ciudadana, entre otras irregularidades.

En ese periodo, Claudia envió misivas a funcionarios de los tres niveles de gobierno alertando sobre la situación y solicitando apoyo para investigar y detener los posibles actos de corrupción en su pueblo, ubicado en la Mixteca Oaxaqueña.

Después de agotar varias vías, y ante la insistencia y evidencias reunidas por Claudia, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO) determinó procedente iniciar en noviembre de 2019 una Auditoria por Situación Excepcional al municipio de Asunción Nochixtlán, y así se lo notificó a Claudia en enero de 2020.

A la auditoría excepcional se le asignó el número OA/AECSEM/002/2019.

Meses después, cuando Claudia solicitó a través de transparencia información con los avances de dicha Auditoría, el OSFE le respondió que declaraba la información bajo “reserva” durante cinco años.

Han pasado casi tres años desde que arrancó esa auditoría y más de un año y medio desde la desaparición forzada de Claudia, y el Organismo sigue sin presentar resultados. Toda la información relacionada con ésta se mantiene en reserva.

El 5 de mayo de 2021, el portal Primera Línea reveló que el OSFEO detectó irregularidades por 8 millones 795 mil 285 pesos en la administración de Victoria Huerta, cantidad que no pudo comprobar ante el Organismo.

Medio año después, el periódico El Imparcial publicó los descubrimientos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró al investigar los recursos federales asignados a Nochixtlán durante el ejercicio fiscal 2020.

Según la ASF el municipio no disponía de un adecuado sistema de control interno y administración de riesgos, y obtuvo 0 de100 puntos en la evaluación practicada en ese sentido. Por lo cuál emitió la recomendación 2020-D-20006-19-1104-01-001.

Además, la Auditoría dictaminó que “el municipio excedió los recursos disponibles, debido a que se reportaron erogaciones financiadas con otras fuentes de financiamiento”.

Finalmente, la auditoría determinó que el municipio de Nochixtlán no pudo comprobar ni justificar el ejercicio de 270 mil 603 pesos por el pago de servicios personales, que no se ajustaron a lo establecido en los contratos revisados.

Derivado de esto, la Auditoría Superior de la Federación concluyó, entre otras cosas, que “en el ejercicio de los recursos, el municipio infringió la normativa, principalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca”.

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