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(Español) Abejas de Acteal: A 25 años de la masacre continúa violencia contra tzotziles
Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes
El pasado jueves (10), a días de que se cumplan 25 años de la Masacre de Acteal, miembros de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal se manifestaron pacíficamente para denunciar las violencias que actualmente viven distintas comunidades en el municipio de Chenalhó, en los Altos de Chiapas.
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Fue frente a las oficinas del ayuntamiento de Chenalhó donde los indígenas tzotziles protestaron contra la criminalización y agresiones en contra de sus miembros. Es el caso de familias de poblaciones como Campo Los Toros y Bach’en, a quienes, por el simple hecho de pertenecer a su organización, en diferentes momentos de este 2022, les han sido cortados los servicios de agua y energía eléctrica.
La organización tzotzil señaló que las agresiones proceden de personas partidistas de distintas comunidades del municipio de Chenalhó quienes violan los derechos de las familias miembros de Las Abejas debido a su labor de denuncia frente al crimen de Estado por la Masacre de Acteal.
“Venimos aquí en la cabecera municipal de Chenalhó, para advertirle al presidente municipal Abraham Cruz Gómez y a todo su ayuntamiento, que no sigan el ejemplo y camino que tomó su antecesor del año de 1997”, reclamaron durante la protesta.
Las Abejas contextualizaron que en el mes de octubre de 1997 una comisión le advirtió al entonces presidente municipal priísta de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz, sobre las agresiones de paramilitares contra su organización, quien ignoró las denuncias y acusó a los indígenas de “provocadores y de ser zapatistas”.
“Este alcalde de Chenalhó en lugar de abonar para la paz y enfriar la violencia, paralela a esta fecha, sus paramilitares estaban quemando casas y disparando sus armas de grueso calibre en contra de Las Abejas a quiénes posteriormente el 22 de diciembre los masacró”, señalaron sobre la actuación del alcalde quien fue detenido tras la masacre y liberado en 2013.
Las Abejas de Acteal enfatizaron que, como en el pasado, los hechos actuales son casos de emergencia y gravedad, “que pueden constituir situaciones de desplazamientos forzados como han ocurrido en el barrio Río Jordán de la colonia Miguel Utrilla Los Chorros y en la colonia Puebla”.
A su vez responsabilizaron por estas acciones a “paramilitares priistas y cardenistas que ahora se han cambiado al partido Verde Ecologista, siguen impunes; además les molesta nuestra resistencia y rechazo a los programas asistencialistas del mal gobierno y entre otros”.
Por ello exigieron al presidente municipal de Chenalhó y autoridades del ayuntamiento que restablezcan los servicios a las familias que desde hace meses sufren de la privación de sus derechos básicos. “Los motivos de los cortes de agua y de luz eléctrica que hacen los partidistas, no solo han sucedido en estas comunidades ya mencionadas, sino, que se ha vuelto una práctica recurrente para ejercer presión y agresión a nuestra lucha pacífica y resistencia”, denunció la organización mediante comunicado leído en la manifestación.
Denuncias
Una de las agresiones señaladas es el encarcelamiento, el pasado 14 de octubre en la colonia Puebla, de Francisco Arias Cruz, integrante de Las Abejas quien estuvo ocho horas privado de su libertad y quien fue liberado tras la imposición de una multa de 10 mil pesos.
Otro caso denunciado es el de la comunidad Nuevo Yibeljoj. Dicha población fue fundada en el año 2000 tras la reubicación de familias de Las Abejas que se encontraban desplazadas en el Campamento X-oyep, debido a la guerra de contrainsurgencia en Chiapas.
Acorde a Las Abejas, en 2008, un grupo de personas de la comunidad fue cooptado por funcionarios de gobierno para causar la división entre las familias. Derivado de esta situación, el grupo disidente recurrió a tramites para modificar el nombre de la comunidad y actualmente “niega el reconocimiento y respeto de derechos de nuestros compañeros a hacer uso del espacio para construir su casa de reuniones y escuelita autónoma exclusivamente de Las Abejas”, señaló la organización tzotzil.
Los indígenas tzotziles señalaron que tanto el presidente municipal como sus agentes usan estrategias para el desgaste. “Por ejemplo, programan una fecha y a la mera hora nos dejan plantados, y así han sucedido una tras otra. Y la última vez que el presidente municipal canceló una cita por el caso de Nuevo Yibeljoj, argumentó que había un problema en Santa Martha, pero en realidad es que no tiene voluntad de traer la paz a Chenalhó”, sostuvieron.
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Las Abejas de Acteal detallaron que, desde la masacre de 1997, el pueblo de Chenalhó se dividió producto de la guerra de contrainsurgencia del Plan de Campaña Chiapas 94 en el contexto del levantamiento zapatista.
Las y los indígenas tzotziles señalaron que, a partir de entonces, el ayuntamiento de Chenalhó, “que antes fungía como autoridades que velaban por la vida y tenían la responsabilidad de mantener el respeto y el equilibrio de todos sus habitantes, ahora se han convertido en simples servidores de los malos gobiernos y entregan a su pueblo en manos de la muerte”.
(Español) Derogación de Ciudades Modelo en Honduras provoca amenaza de Estados Unidos
Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago
El pasado octubre, los senadores Ben Cardin y Bill Hagerty enviaron una carta al Departamento de Estado y al secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, para solicitar un reclamo al gobierno hondureño por la derogación, en abril de 2022, de la Ley Orgánica que permitía la operación de las Zonas de Desarrollo Económico y Empleo (ZEDE) en el país centroamericano.
Dicha ley permitió la creación de zonas especiales con la facultad de operar de manera autónoma al gobierno hondureño. A través de ellas, los inversionistas podían implementar en los territorios sus propios sistemas de administración, gobierno y leyes con el argumento de crear las condiciones para atraer inversiones a nivel internacional.
La misiva de los senadores argumenta que las inversiones norteamericanas en Centroamérica “ayudarán a aliviar la pobreza que fomenta la migración ilegal a los Estados Unidos” e instan al gobierno hondureño a respetar la “garantía de estabilidad jurídica de 50 años que protege las inversiones estadounidenses”, establecidas en el marco del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y América Central (CAFTA-DR).
En contraste, desde la aprobación de la ley, en 2013, amplios sectores de la sociedad hondureña se organizaron contra su operación. De acuerdo a la organización Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), a partir de procesos en más de 70 cabildos abiertos, se declararon municipios libres de ZEDES en diversos departamentos donde la movilización por la defensa del territorio motivó el rechazo a su instalación.
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Mediante una carta de respuesta a los senadores norteamericanos, ARCAH sostuvo que las ZEDES “son un proyecto de agresión a la soberanía” del país centroamericano, por lo cual la petición de los congresistas constituye “una grave propuesta de injerencia e irrespeto de los asuntos internos del Estado de Honduras, y solo invita a la perpetuidad de los crimines cometidos por las ZEDES, que incluyen, en el caso de sus secretarios técnicos, por ejemplo, el delito de Traición a la Patria”.
La organización hondureña afirma que, por mas de una década, “el pueblo de Honduras, aun en un periodo de narco-dictadura, enfrentó a las ZEDES de manera organizada, coherente, pertinente, digna, legitima y en pleno uso de sus derechos”, ante el intento de que las trasnacionales sobrepasaran al gobierno hondureño “para instalar laboratorios de gobernanza, de manera inconsulta, y es que, no podría ser de otra manera, ¿qué pueblo daría conscientemente un ‘sí’ a la entrega total o parcial de su país?”.
Presión
La iniciativa de los senadores no es la primera acción de funcionarios norteamericanos para reclamar por la derogación de las ZEDES. En julio de este año, el Departamento de Estado difundió el Informe sobre el clima para inversiones en Honduras, mediante el cual condenó la derogación de la ley.
“El gobierno se ha expuesto a una responsabilidad potencialmente significativa y ha alimentado las preocupaciones sobre el compromiso del gobierno con el estado de derecho comercial”, afirma el informe en el que cuestiona la actitud del gobierno de Xiomara Castro pues no intentó implementar reformas o buscar un diálogo con los inversionistas de las ZEDE.
Según el departamento responsable de la política exterior norteamericana, la medida contribuyó a la incertidumbre sobre el compromiso del gobierno hondureño con las protecciones para la inversión requeridas por acuerdos como el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Estados Unidos y Honduras y el CAFTA.
En respuesta, ARCAH asegura que ninguna de estas garantías aplica si se coloca en riesgo la soberanía de Honduras, pues los senadores “ignoran que la Ley Orgánica de las ZEDES facultaba a las ZEDES a expropiar territorios hondureños”. También agregan que “ningún Tratado de Libre Comercio aplica para las ZEDES, por ser incompatibles con las Constitución de la Republica de Honduras, y los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos”.
Al contrario, la organización, que cofundó el Movimiento Nacional contra las ZEDES en junio de 2021, afirma que estos proyectos no han invertido en Honduras, “pero sí han vertido violencias y ataques, incluso contra ARCAH”.
Agresiones
Christopher Castillo, coordinador general de ARCAH, ha denunciado amenazas en su contra realizadas por policías, así como por miembros directivos y ejecutivos de distintos proyectos ZEDES.
Acorde a un comunicado del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, las agresiones ocurren en el contexto de la lucha contra las ZEDES, particularmente las conocidas como Ciudad Morazán y Próspera, las cuales “desconocen la decisión popular de derogación de la ley, misma que fue lograda por la lucha popular de comunidades y organizaciones. Por lo que las ZEDES no quieren reconocerlo, en cambio amenazan con acciones violentas buscando así instalarse en los territorios”.
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Una de las recientes agresiones ocurrió a finales de octubre cuando miembros de la ARCAH protestaban pacíficamente contra Ciudad Morazán, puesto que es uno de los proyectos ZEDES que se han mantenido en funciones pese a la derogación de la ley que las sustentaba. A esto se añaden las amenazas contra el coordinador de ARCAH por parte del fundador de Ciudad Morazán, Massimo Mazzone, y otros de sus integrantes Jorge Colindres y Carlos Fortín.
Ante estos hechos, Christopher Castillo exigió a las autoridades hondureñas la derogación efectiva de las ZEDES y ante medios locales sostuvo que “no podemos permitir que estos empresarios solamente vengan a imponer proyectos que no son de desarrollo, que son ajenos a la voluntad popular y que además vengan a amenazar a la gente”.