Noticias:

paramilitares

image/svg+xml image/svg+xml
radio
Avispa Midia

Por cuarto año consecutivo, México es el país mas peligroso para el periodismo

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Con 11 periodistas asesinados en lo que va del año 2022, México ocupa, por cuarta ocasión consecutiva, el primer lugar entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo a nivel global.

El dato es parte del balance realizado por Reporteros Sin Fronteras (RSF), organización que desde 1995 lleva un registro anual sobre los ataques a periodistas en todo el mundo.

Los asesinatos de comunicadores en México aumentaron en comparación con 2021 cuando se registraron 7 homicidios, con lo cual la cifra de este año en el país latinoamericano representa una quinta parte del total de muertes de periodistas en todo el planeta.

Te puede interesar – Asesinatos de periodistas en México son reportados en la ONU

“En los últimos diez años, al menos 80 periodistas han sido asesinados en México por ejercer su profesión, a pesar de las presiones de la sociedad civil y las organizaciones internacionales, como RSF, para que el Gobierno luche con mayor eficacia contra esta violencia”, señala la organización que ha denunciado los casos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Además del registro de RSF, otras organizaciones e instituciones manejan datos disímiles. Por ejemplo, la organización Artículo 19 registra en 17 el número de asesinatos de comunicadores en México para este 2022. Según la ONG internacional, desde el año 2000 hasta la actualidad, en el país se han registrado 156 asesinatos de periodistas.

En contraste, desde marzo de 2022, cuando ya habían sido asesinados ocho comunicadores, el coordinador ejecutivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, Enrique Irazoque, informó que, desde 2006 y hasta ese momento, se contabilizaban 252 homicidios, 55 de los cuales habrían ocurrido en los últimos cuatro años.

Te puede interesar – Protestan por el asesinato de Heber; el crimen número 30 durante el gobierno de AMLO

Cabe recordar que RSF también registra las desapariciones forzadas, de las cuales ocurrieron dos en México durante 2022. Uno de los casos es el de Roberto Carlos Flores Mendoza, de 41 años, desaparecido el 20 de septiembre.

Mendoza es fundador del portal de noticias Chiapas Denuncia Ya, medio que era conocido “por investigar los abusos de las autoridades locales y por publicar las quejas de los ciudadanos. Este nuevo caso eleva a 27 el número de periodistas desaparecidos en México”, detalla RSF.

Christopher Resch, experto de RSF destaca que incluso a pesar de las medidas tomadas a nivel estatal, “no sucede prácticamente nada” para detener la ola de violencia contra los periodistas y lo ejemplifica con lo que sucedió a inicio del 2022, cuando en enero fueron asesinados tres hombres y una mujer periodistas.

Te puede interesar – Ejército mantiene uso de Pegasus para espiar periodistas y organizaciones

Para RSF es patente que los mecanismos de protección a periodistas “han dejado patentes sus limitaciones” como en el caso de la periodista Lourdes Maldonado López, quien era beneficiaria de las medidas de protección y a pesar de ello fue asesinada en Tijuana, al norte del país, el 13 de enero de este año.

radio
Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata

CIPOG-EZ se solidariza con Ayotzinapa frente a las acciones represivas del estado de Guerrero

El Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata, repudiamos los actos represivos del actual gobierno estatal de Evelyn y su policía contra los jóvenes normalistas que siguen exigiendo justicia para sus compañeros caídos.

Nos solidarizamos con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y con los hermanos padres de familia de los 43 compañeros desaparecidos que buscan la justicia.

Sabemos que estas agresiones represivas del estado buscan atacar y desarticular la organización que exige justicia.

En vez de enfrentar a la delincuencia organizada atacan al pueblo que lucha y protesta por falta de educación, salud y la inseguridad que se vive en el estado.

radio
Avispa Midia

El Mozote: 41 años sin justicia por la peor masacre en Latinoamérica

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Manifestantes en el 41 aniversario de la masacre de El Mozote en El Salvador

Sobrevivientes y familiares de víctimas de la masacre de El Mozote, acompañados de oganizaciones salvadoreñas de derechos humanos, realizaron manifestaciones para reclamar el fin de la impunidad para los responsables de la que es considerada una de las mayores masacres ocurridas en Latinoamérica.

Según un Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas del año 1993, entre los días 9 y 13 de diciembre de 1981, miles de elementos del Ejército salvadoreño ejecutaron la “Operación Rescate”. Encabezados por el batallón Atlacatl, entrenado por EEUU, el despliegue militar ocurrió en poblaciones del noreste del departamento de Morazán con el pretexto de buscar un campo de entrenamiento guerrillero.

Acorde a registros del país centroamericano aquella incursión militar saldó con por lo menos 1,730 víctimas. De ellas, 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las víctimas y 29 fueron desplazadas forzadamente por la violencia.

Te puede interesar – Honduras sigue los pasos de El Salvador y declara estado de excepción

Para el año 2017, el gobierno de El Salvador reconoció que de entre las personas ejecutadas, 558 eran niños quienes fueron asesinadas en El Mozote y las comunidades adyacentes. Además, 712 personas que sobrevivieron al ataque huyeron a diferentes regiones del país y hacia Honduras para evitar ataques futuros.

“Trajeron a toda la gente a este parque con engaños de que vendría la Cruz Roja”, señala una guía en el memorial de El Mozote donde se registran los nombres de las víctimas. Foto: Juliana Bittencourt.

“Los asesinos quieren que olvidemos para garantizar su impunidad” y “Ayudemos a romper las cadenas de la impunidad”, fueron algunas de las consignas de los manifestantes en el 41 aniversario de la matanza ocurrida a menos de 200 kilómetros de la capital del país.

Las jornadas para conmemorar la masacre iniciaron el sábado (10) con una caminata desde la población de Arambala hasta El Mozote. Ahí las personas colocaron ofrendas florales en el monumento donde están escritos algunos de los nombres de las víctimas.

Amnistía inconstitucional

Hasta el día de hoy, ni una sola persona ha sido juzgada por los graves crímenes cometidos en El Mozote y otras regiones de El Salvador durante la guerra civil entre el Ejército y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Entre los años 1980 a 1992, se registraron más de 75,000 muertos, 7,000 desparecidos y miles desplazados por la violencia que llegó a un cese de fuego con la firma de la paz en 1992. Para 1993, la Comisión de la Verdad de la ONU informó que las fuerzas militares, así como escuadrones de la muerte respaldados por el gobierno, habían cometido el 85% de las violaciones a derechos humanos.

Días después de la difusión de esta información, la Asamblea Legislativa salvadoreña, en aquel momento dominada por el partido derechista ARENA, aprobó la Ley de Amnistía de 1993 la cual impedía la investigación, el procesamiento y el encarcelamiento de los responsables de crímenes de guerra.

No fue hasta el 8 de marzo de 2011, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acreditara la responsabilidad de los ataques al Estado de El Salvador por numerosas violaciones a los derechos humanos, cuando se promovió el enjuiciamiento de los responsables por las masacres.

Para octubre de 2012, la Corte Interamericana emitió una sentencia en la que condenó al Estado salvadoreño por la masacre de El Mozote y ordenó una serie de medidas para reparar los daños causados. Ya en julio de 2016, la Corte salvadoreña declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, permitiendo con ello la reapertura del caso en los tribunales del país centroamericano.

Contrainsurgencia promovida por EEUU

La masacre de El Mozote aconteció apenas siete semanas antes de que la administración del presidente norteamericano, Ronald Reagan, tuviera que presentar al Congreso de los EEUU una certificación de cumplimiento de los derechos humanos por parte del ejército salvadoreño.

Para Reagan, El Salvador representaba un frente contra el avance del comunismo en Latinoamérica, por lo cual su gobierno se había comprometido a mantener la ayuda militar para el país centroamericano. De acuerdo a Terry Karl, profesora de estudios latinoamericanos de la universidad de Stanford, esto llevó a la administración de Regan a realizar un “sofisticado encubrimiento” de la masacre de El Mozote.

Te puede interesar – Intervención de Estados Unidos en México y Centroamerica: la continuación de la economía de guerra

En un testimonio de abril de 2021, Karl reveló que el gobierno de Estados Unidos ocultó la presencia de el sargento mayor Allen Bruce Hazelwood, asesor militar estadounidense en Morazán, junto con el coronel Domingo Monterrosa cuando comenzó la masacre.

Rufina Amaya, campesina sobreviviente de la masacre de El Mozote denunció las atrocidades cometidas por el ejército salvadoreño. Foto: Juliana Bittencourt

Como parte del encubrimiento también se involucraron el entonces Secretario de Defensa Casper Weinberger y Colin Powell, ex asistente militar de alto rango. En 1983, Powell y Weinberger formaron parte de una misión de investigación en El Salvador que concluyó que Estados Unidos debía seguir entrenando y financiando al ejército salvadoreño aún después de que el ejército salvadoreño, con ayuda estadounidense, masacrara a civiles en El Sumpul y en El Mozote.

Entre los años de 1980 y 1982, la ayuda militar estadounidense a El Salvador aumentó de 6 a 82 millones de dólares, lo cual alentó una campaña de tierra arrasada que derivó en la matanza de civiles, perpetrada por batallones salvadoreños de élite creados y entrenados por Estados Unidos.

Estado incumplió

En los actos para recordar el 41 aniversario de la masacre de El Mozote estuvo presente la procuradora salvadoreña de Derechos Humanos, Raquel Caballero. Recién electa en octubre de 2022, y sobre quien pesan acusaciones por nepotismo, su actuación ha restado importancia a las denuncias por violaciones de derechos humanos ocurridas durante el régimen de excepción que vive El Salvador desde marzo de este año.

Te puede interesar – Estado de Excepción en El Salvador y comunicadores populares

Presente ante organizaciones y sobrevivientes de la masacre, la funcionaria reconoció queel Estado salvadoreño incumplió con la misión de investigar las masacres y sancionara las personas responsables.

Desde el 9 de junio de 2017, el caso de la Masacre de El Mozote se encuentra en la fase de investigación en un tribunal de San Francisco Gotera, al oeste del país, desde donde se ha convocado a más de 40 testigos.

“Meses después de la firma de la paz en 1992, nosotros nos venimos acá”, cuenta una de las guías del memorial de El Mozote quien aún no nacía cuando su madre abandonó el lugar cercado por militares. Foto: Juliana Bittencourt

En 2021, una reforma del presidente Bukele a la Ley de la Carrera Judicial, la cual cesa a los jueces sexagenarios o con 30 años de servicio, separó al juez Jorge Guzmán Urquilla, quien conducía la causa penal por la masacre de El Mozote, estancando con ello el proceso aún a pesar de las múltiples pruebas acusatorias.

La causa penal a cargo de Guzmán contra más de una docena de mandos militares, incluidos algunos miembros de la cúpula militar de la época, estaba a punto de pasar a juicio. Pese a que la causa fue retomada por la jueza Mirtala Portillo, el proceso no avanza.

De acuerdo con medios locales, en el caso se encuentran imputados 15 militares retirados. Pese a que, en un principio eran 17, tres de ellos fallecieron y posteriormente uno más fue imputado. Entre el grupo de militares implicados se encuentra el ministro de Defensa, José Guillermo García, condenado en Estados Unidos y deportado a El Salvador y Jesús Gabriel Contreras, ex jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército.

“En este tiempo, a 41 años, seguimos pidiendo justicia (…) creemos que este año ha sido bien complicado y que es el momento que, no solo El Mozote y la Asociación, sino que El Salvador entero pueda alzar la voz y pedir justicia sobre el caso”, detalló para medios internacionales Leonel Claros, presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote y cuya hermana de 12 años fue asesinada.

radio
Comité de padres y madres de los 43

Comité de Padres y Madres de Ayotzinapa: Alto a la persecución contra Ayotzinapa

Ayotzinapa, Guerrero a 13 de diciembre de 2022.- El día de ayer como todos los años los estudiantes de Ayotzinapa, familiares y organizaciones sociales marcharon por la ciudad de Chilpancingo al parador del Marqués para exigir justicia para Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, estudiantes asesinados en este lugar en una protesta que realizaban en el año 2011.
Cuando regresaban a la escuela normal rural por la carretera Chilpancingo- Tixtla en el punto conocido como el túnel fueron interceptado por unas patrullas de policías estatales de las que descendieron agentes armados apuntando al autobús y con violencia gritaban a los alumnos “hijos de su puta madre bájense”, ante tal actitud y con los antecedentes de agresión con los que actuan, los estudiantes pidieron al conductor del autobús que acelerara la marcha y que nadie descendiera de él. Situación a la que los policías empezaron a disparar al autobús logrado darle varios impactos al motor por lo que no pudo continuar su marcha. Los estudiantes tuvieron que descender y al hacerlo los policías intentaron golpearlos y detenerlos, pero ellos repelieron la agresión con lo que pudieron lograr abrirse paso y llegar a la Normal. Al día de hoy dos estudiantes están heridos y reciben atención médica.
Las madres y padres de los 43, reprobamos esta agresión a todas luces injustificable. Este gobierno soslaya que los estudiantes han sido víctimas de varias agresiones policiales con saldo de muertes que lamentar. Los excesos y la brutalidad policíaca han truncado la vida de más de 50 estudiantes de Ayotzinapa, sin que los responsables hayan pagado por estos crímenes, por el contrario, se sigue criminalizando a los jóvenes. Se les acusa de tomar autobuses, de hacer bloqueos en Chilpancingo y otras protestas fuertes que no gustan al gobierno y a la clase caciquil de Guerrero, pero nadie exige justicia por los asesinados, el gobierno del estado no pide la presentación de los desaparecidos, ni verdad y justicia por los 43. No alcanzan a entender que las protestas tienen su origen en la persecución histórica, los asesinatos y desapariciones de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Como padres y madres de los 43 reprobamos que este gobierno actúe a la vieja usanza de los anteriores y acuda a la mentira, a la manipulación de la información y a criminalizar a los estudiantes, lejos de reconocer los excesos que el día de ayer cometieron los policías.
Por donde se le mire, la intervención policíaca fue ilegal toda vez que se usaron y se detonaron armas de fuego contra el autobús donde viajaban los estudiantes poniendo en riesgo sus vidas.
Nuevamente una nueva tragedia estuvo a punto de ser ocasionada por la reacción virulenta y armada de los cuerpos policíacos, por lo tanto, exigimos se investigue y se sancione a los policías y la cadena de mando que incurrieron en esta acción criminal. No hacerlo es generar un marco permisible para la reedición de graves violaciones a los derechos humanos, tales como la desaparición de los 43.
Lejos de que este gobierno reabra las investigaciones por los asesinatos del 12 de diciembre y que se sume a las exigencias de verdad y justicia por los 43, arremete con brutalidad policial contra los jóvenes y los criminaliza.
Por todo lo anterior, exigimos:
– Que se investigue al secretario de seguridad pública por el uso de armas de fuego y exceso de la fuerza en la contención de la protesta del día de ayer y se finquen las responsabilidades correspondientes.
– Alto a la persecución contra la normal rural de Ayotzinapa.
– Castigo a los culpables de asesinar a los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y de otras.
– Verdad y justicia para los 43 estudiantes desaparecidos.
Atentamente
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Comité de padres y madres de los 43
radio
Organización campesina de la Sierra del Sur | O.C.S.S. – CNI-CIG

Solidaridad de la Organización campesina de la sierra del Sur Coyuca de Benítez con Ayotzinapa frente a las acciones represivas del estado de Guerrero

Repudiamos la agresión directa con armas de fuego de parte de elementos policiales del estado de Guerrero en contra de estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa, al retirarse de la jornada de movilización en conmemoración del 11 aniversario de aquel trágico suceso en donde 2 compañeros, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverri de Jesús, fueron asesinados por policías federales en Chilpancingo Gro.

La policía y los medios de comunicación oficialista se encargarán de difundir la versión de que los estudiantes retenían elementos policiales en sus camiones razón por la cual estos elementos abrieron fuego contra los camiones donde se trasladaban los normalistas. La crueldad de las fuerzas policiales completamente acreditadas por los gobiernos estatal y nacional en su constante afrenta al normaismo rural raya ya en el descaro al hacerse presente en una conmemoración de asesinato a normalistas buscando replicar esa trajica memoria.

Hacemos un llamado a la sociedad en general a mantenerse alertas de los comunicados de la FECSUM y a ser críticos con la información oficial y solidarios con los estudiantes.

¡A las normales rurales, las quieren desaparecer, nosotros con lucha y sangre, las vamos a defender!
Viva el normalismo rural!
¡Presentación con vida de los 43 normalistas!
Organización campesina de la Sierra del Sur coyuca de Benítez

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
O.C.S.S. – CNI-CIG

radio
Avispa Midia

Oaxaca, el estado más peligroso para defensores de derechos humanos en México

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En portada: Miembros de la comunidad de El Rebollero participan en un homenaje al activista Samir Flores, asesinado en 2019. Los pobladores zapotecas resisten ataques de paramilitares que pretenden abrir paso a la minería en San Pablo Cuatro Venados, Oaxaca. Foto: Santiago Navarro F.

El estado de Oaxaca se ha convertido en el estado más peligroso para las y los defensores de derechos humanos en el país. Con un registro de 34 crímenes, las agresiones en el estado al sur de México provienen principalmente de autoridades locales.

Según la organización Servicios para una Educación Alternativa, la mayoría de los ataques sucedieron en las regiones Costa y Mixteca, en un contexto de “violencia alimentada por la complicidad entre poderes fácticos y autoridades locales (emanados de todos los partidos y también del sistema normativo interno)”.

Destacan las agresiones contra defensores que estaban involucrados en procesos de defensa del territorio frente a inversiones y proyectos de desarrollo. De acuerdo a la organización, el 91% de los defensores violentados pertenecía a un pueblo indígena.

Te puede interesar – “La justicia solo funciona ante el poder”: Abejas de Acteal a un año del asesinato de Simón Pedro

Estos homicidios corresponden al periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a partir de diciembre de 2018 y hasta noviembre del 2022, años en los que se registraron 141 asesinatos de personas. De las víctimas se desprende que 19 eran mujeres, 8 personas de la diversidad sexual, así como 114 hombres.

Estados de la misma región al sur de México también muestran un alto nivel de agresiones contra defensores. En Guerrero sucedieron 25 asesinatos y en Chiapas se registraron 14 homicidios. Destaca también el estado de Chihuahua, al norte del país, con 10 personas defensoras asesinadas en ese mismo lapso.

A los homicidios defensores de derechos humanos se suma la desaparición de 17 personas en los mismos cuatro estados.

“En 2021, en Chihuahua hubo 10 personas desaparecidas, siete indígenas yaquis y tres trabajadores de ranchos. En Guerrero, Vicente Suástegui lleva más de un año desaparecido. Y en Oaxaca no se sabe nada de Claudia Uruchurtu, desparecida en de Nochixtlán, ni de cuatro defensores del bosque de San Esteban Atatlahuca, incluida la ambientalista Irma Galindo”, contextualiza la organización mediante comunicado de prensa.

Te puede interesar – Sentencia histórica en Oaxaca: declaran culpables a exfuncionarios por desaparición forzada

De la violencia a nivel nacional, los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Chihuahua suman a más de la mitad de asesinatos, ejecuciones y desapariciones de personas defensoras de derechos humanos.

“Es importante mencionar que, la gran mayoría de los asesinatos y ejecuciones extrajudiciales ha quedado en total impunidad, por lo que el ciclo vicioso de la violencia se sigue acelerando”, enfatiza la organización de derechos humanos.

radio
Avispa Midia

Honduras sigue los pasos de El Salvador y declara estado de excepción

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

El gobierno de Xiomara Castro, en Honduras, decretó estado de excepción en el país a partir del día 6 de diciembre, extendiendo por 30 días. La decisión fue justificada por las autoridades hondureñas como una medida para enfrentar la situación de inseguridad actual que vive el pueblo hondureño.

Por medio de un decreto, la presidenta de Honduras suspende seis derechos garantizados en la Constitución del país, entre ellos la libertad de circulación, el derecho de asociación y reunión, y la inviolabilidad del domicilio.

El estado de excepción rige sobre los municipios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde 89 y 73 barrios respectivamente están siendo intervenidos. En un primer momento 600 policías fueron desplegados. A lo largo de los días, la cantidad de efectivos involucrados en los operativos, incluidos oficiales de la policía militar, ascenderá a 20 mil, organizados en turnos rotativos.

Diversas organizaciones en Honduras han manifestado su rechazo a la decisión presidencial.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) sostuvo que un estado de excepción en manos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas de Honduras, “ejes fundamentales del golpismo y el régimen de Juan Orlando Hernández (expresidente del Honduras), y que no han sido reformados ni refundados, otorga más poder a instituciones que han demostrado su captura por estructuras mafiosas y criminales y que pone en riesgo la protección y seguridad del pueblo hondureño”.

De acuerdo con la organización, la lucha contra la inseguridad debe pasar por desestructurar las finanzas de grupos criminales que pasan por los bancos nacionales, así como sus vínculos con terratenientes y grupos de poder, así como con las mismas fuerzas de seguridad del Estado. “La historia nos ha demostrado que las políticas de seguridad con un enfoque represivo generan graves violaciones a los derechos de las comunidades pobres en manos de estructuras mafiosas y criminales de la Policía y el Ejército”, señala Copinh en un comunicado.

Recuerdan que la estructura criminal que realizó el operativo de asesinato de Berta Cáceres surgió desde el interior de las Fuerzas Armadas de Honduras, en especial el 15to batallón del ejército y estas estructuras siguen impunes.

Para la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras, el estado de excepción “es una respuesta racista que discrimina y estigmatiza la pobreza, que afecta directamente a las mujeres, niñez y grupos más vulnerables de los barrios y colonias a los que han aplicado esta medida”.

La asamblea sostiene que el estado de excepción no es un plan integral para los problemas de las Maras en Honduras ni en otro país de Centroamérica. “Nosotras sabemos que las maras no se crearon en nuestra región fueron importadas desde Estados Unidos resultado de la exclusión social, crecimiento urbano rápido y sin planificación, inmigración desordenada, extrema pobreza y falta de oportunidades, a las que se añaden xenofobia y racismo”.

La demanda de Copinh es que el Gobierno de Castro genere una política integral de seguridad ciudadana, que garantice el respeto de los derechos humanos y la eliminación de las estructuras criminales económicas y empresariales que sostienen los fenómenos de los grupos ilegales armados que azotan al pueblo de Honduras.

El Salvador

La Oficina en Washington para Asunto Latinoamericanos (Wola) hizo un llamado público para que Honduras no siga los pasos de Guatemala y El Salvador, quienes han gobernado bajo estados de emergencia o regímenes de excepción nacionales o focalizados sin velar por el respeto a los derechos humanos, especialmente de la población más vulnerable como las mujeres y los pueblos garífunas e indígenas.

La decisión de Honduras sigue a la deEl Salvador, donde este marzo el presidente Nayib Bukele dispuso la misma medida a fin de reducir los crímenes de las pandillas.
Desde entonces, ya se han aplicado ocho extensiones del decreto y se ha capturado a más de 58 mil personas.

Organizaciones y familiares de los detenidos han denunciado diversas violaciones de derechos humanos y arrestos sin fundamentos.

radio
Avispa Midia

México: Anuncian grupo de élite de la Guardia Nacional para operaciones de alto impacto

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Este lunes (5), mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el comandante de la Guardia Nacional (GN), Luis Rodríguez Bucio, anunció la entrada en operaciones de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención (FERI).

Según argumenta Bucio en el acuerdo, el establecimiento de la FERI responde a la necesidad de mejorar el funcionamiento de la GN para ejecutar operaciones de alto impacto en funciones de seguridad pública, destacando su responsabilidad de “garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social en el territorio nacional”.

Te puede interesar – Corte revisará constitucionalidad de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad

La unidad de élite de la GN está compuesta por 500 elementos y su mando operativo lo ejercerá el Comandante de la Guardia Nacional a través de la Jefatura General de Coordinación Policial, órgano técnico quien realiza la coordinación operativa, logística y administrativa de las unidades de dicha institución.

Entre las facultades de la FERI destaca el resolver situaciones de alto riesgo; traslado de reos de alta peligrosidad y proporcionar seguridad en eventos especiales (reuniones de alto nivel, eventos diplomáticos, culturales y/o deportivos de carácter internacional) y a altos funcionarios.

Otras de sus atribuciones son las de brindar apoyo a las autoridades ministeriales para la cumplimentación de órdenes de detención y técnicas de investigación (cateos); así como llevar a cabo operaciones sorpresivas y de corta duración en zonas urbanas de alta incidencia delictiva.

Según ha documentado este medio, organizaciones sociales y civiles, así como expertos en materia de seguridad, han alertado sobre la profundización de la militarización de la seguridad pública en México.

Te puede interesar – Senado mexicano aprueba militarización de la seguridad pública

Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), remarca que el poder de las Fuerzas Armadas en México se ha incrementado a niveles hasta hace poco impensables. “Más de 10 cambios legales recientes otorgan mayor poder al Ejército sin que a la par se estén diseñando controles civiles externos robustos para la rendición de cuentas y sin que la Suprema Corte de Justicia de la Nación priorice la resolución de los asuntos pendientes que están bajo su análisis respecto de este tema. En este 2022 que acaba se añadieron dos reformas adicionales, de muy hondo calado: la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena y la ampliación hasta 2028 de la intervención de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública”, sostiene para medios nacionales.

La reacción ante estas reformas repercutió incluso en organismos supranacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, quien envió una carta para solicitar al gobierno mexicano frenar los cambios legislativos por considerarlos “inconstitucionales”.

“El avance de estas iniciativas significa un ataque en contra del principio de supremacía constitucional”, sostuvieron los expertos de Naciones Unidas, quienes también acusaron que las reformas recién aprobadas autorizan “abiertamente” a las Fuerzas Armadas a desobedecer la constitución.

Contradicciones

Por otra parte, el mismo lunes (5) se difundió el decreto por el cual se aprueba el Programa Nacional de Seguridad Pública (PNSP) para el periodo 2022-2024.

En el documento se establece como eje principal de la estrategia, “cambiar el paradigma de seguridad que ha imperado en sexenios anteriores”, pues considera que necesita incorporar enfoques transversales para dirigirse a la raíz de la “aguda crisis que enfrenta el país en esta materia y a la plena incorporación de la perspectiva de respeto a las libertades y a los derechos humanos”.

En el análisis de la situación de seguridad actual, el PNSP argumenta que la llamada “guerra contra el crimen organizado” de administraciones pasadas no mejoró las condiciones de paz en el país y, al contrario, resultó en más de 240 mil víctimas de homicidios dolosos y otros fenómenos como la desaparición forzada de personas.

Pese a este escenario, el mismo PNSP establece que una de las metas para lograr la “pacificación” del país es la necesidad de “contar con la presencia de la GN en todo el territorio para coadyuvar en acciones de seguridad que impacten en la contención de la delincuencia y la violencia en las regiones del país”.

Te puede interesar – Institucionalización de la militarización sigue marcha acelerada en México

Más aún, en el recién PNSP aprobado, se suman otras atribuciones a los elementos de la GN. Es el caso de la coordinación entre esta corporación policiaca-militar con otras instituciones de seguridad para reforzar la vigilancia dentro y fuera de los centros penitenciarios federales.

El PNSP también promueve la consolidación de la Unidad Policial Especializada en la Investigación del lavado de dinero (Guardia Financiera), la cual se argumenta en el documento que permitirá “debilitar los esquemas financieros de las organizaciones criminales”.

Cabe destacar que, a pesar de su creación en 2019, el PNSP reconoce que la GN aún mantiene pendiente la implementación de “mecanismos de supervisión de la actuación policial para evitar actos de corrupción y garantizar su desempeño con respeto a los derechos humanos”.

Entre las acciones aún por concretar que se desprenden de esta estrategia se encuentran la implementación de mecanismos de denuncia ciudadana para reportar actos de corrupción en la Guardia Nacional, así como atender las recomendaciones y sentencias emitidas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

Te puede interesar – En un país militarizado, ¿Quién vigila a la Guardia Nacional?

De acuerdo a registros de la GN, a diciembre del 2020 sus elementos se encontraban desplegados en 200 regiones del país. Conforme a lo establecido en el PNSP 2022-2024, “como parte de la estrategia para la pacificación del país”, la meta es que sean desplegadas unidades en 66 regiones adicionales de mayor incidencia delictiva, en las cuales se establecerán unidades de la GN, y serán las áreas geográficas que servirán de base para su despliegue en el territorio nacional.

radio

Guatemala | Mayas en resistencia contra palma africana son atacados por fuerza policial

Fuente: Avispa Midia

Las fuerzas de seguridad de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala realizan este martes (6), un desalojo en la comunidad de Chapín Abajo, El Estor, Izabal, en donde se reporta una persona fallecida por arma de fuego, se trata de Lisbin Neftalĺ Quileb Pec, de 16 años, maya Q’eqchi.

Autoridades indígenas reportaron que las fuerzas de seguridad portaban armas y fusiles, además del equipo antimotines que rodeaba el lugar.

El medio Prensa Comunitaria dio a conocer que la comunidad fue sitiada por elementos de la PNC y el ejército, desde la madrugada con 25 órdenes de allanamiento en contra de las Autoridades Ancestrales Q’eqchi’.

Además, confirma un saldo de varias mujeres detenidas, dos heridas, una de ellas en el hospital, y una persona desaparecida. Según relatos de los comunitarios, entre los detenidos están Alba María Choc, esposa de una autoridad ancestral, y su hijo de 9 años de edad.

Te puede interesar – El Estor: Los Q’eqchi y la resistencia al miedo

La operación es promovida por la empresa aceitera NaturAceites, denuncian autoridades ancestrales. Los moradores defienden su territorio del monocultivo de palma de aceite, en tanto el gobierno de Guatemala insiste en que se trató de un operativo para recuperar armas robadas hace un año.

Apenas en octubre pasado, hubo otro operativo en el cual la Policia Nacional intentó ejecutar tres allanamientos y 20 detenciones en la comunidad de Chapín Abajo. En aquella ocasión intentaron detener a comunitarios que participaron en la resistencia antiminera en la región, mientras otros son acusados por la empresa NaturAceites del delito de usurpación agravada.

Te puede interesar – Secretos mineros: Revelaciones del poder y crímenes de mina en el Estor

Naturaceites, la productora de palma africana que comercializa el aceite Capullo, figura como denunciada en nueve expedientes del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala. La corporación ha sido acusada de ocasionar la muerte de centenas de peces con los desechos que producen sus monocultivos. También ha sido señalada de empezar proyectos sin contar con instrumentos de evaluación del impacto ambiental.

La empresa opera en los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Petén y Escuintla; distribuye sus productos en México, Estados Unidos y República Dominicana y ha sido proveedora de empresas como Nestlé y Unilever.

A finales de 2021 fue impuesto un estado de sitio en El Estor, luego de que las autoridades reprimieran violentamente protestas de comunidades maya Q’eqchi’ para impedir el paso de vehículos cargados de carbón de la empresa minera Fénix, pese a que su operación fue declarada inconstitucional.

radio
Radio Zapote

CIPOG-EZ: Frente a la muerte que pretenden imponer en nuestras comunidades, resistimos

Palabras pronunciadas el pasado 26 de noviembre en la comunidad de Alcozacán, en el contexto de la visita de la Misión Civil de Observación Sexta (MCO-S) a nuestras comunidades, donde nos abrazamos, nos abrazaron y reafirmaron que NO ESTAMOS SOLOS, SOLAS.

COMUNICADO DE LAS FAMILIAS:
 Hermanos, hermanas, las comunidades que formamos el CIPOG EZ decimos, que estamos cansados de la muerte y la violencia.

¡NOS ESTAN ASESINANDO!

Vivimos nuestro dolor en medio de la indiferencia de los malos gobiernos, desde los municipales, los del Estado de Guerrero y hasta el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ignoró nuestro llamado desesperado de JUSTICIA.

Las familias, hombres, mujeres y niños del CIPOG EZ decimos ¡YA BASTA!

Ningún apoyo económico, podrá devolvernos a nuestros caídos. No podrán los malos gobiernos comprar nuestro perdón, porque la vida no tiene precio, no aceptamos sus limosnas que nos dan con indiferencia y desprecio. Nosotros no olvidamos, porque sabemos que la vida no se puede comprar.

No vamos a tolerar que miren nuestra vida como si no valiera nada, no vamos a dejar que nuestros niños crezcan en medio de la muerte, nosotros seguiremos organizándonos, por nosotros y por los que vienen, seguiremos luchando por la vida, aunque para los malos gobiernos no existimos, nosotros resistiremos, con dignidad, por justicia para nuestros muertos.

Nuestros muertos, viven en la memoria y lucha del CIPOG EZ, ellos que defendieron a su comunidad y trabajaron en ella y por ella, hoy decimos que no los olvidamos, que los que luchan por la vida no mueren ni morirán. Los compañeros viven en todos y todas, en los pasos vigilantes de la policía comunitaria, en la cosecha de la milpa, en las mujeres cuando cuidamos a nuestros hijos, hacemos la tortilla o enfrentando directamente a los grupos delincuenciales.

Seguiremos pidiendo justicia, no descansaremos hasta que la muerte y la violencia se aleje de nuestras comunidades, no queremos más asesinatos, no queremos más guerra en los territorios del CIPOG EZ. No vamos a suplicar que nos volteen a mirar desde arriba, como si nos hicieran un favor.

Hoy estamos viviendo un gran dolor, por la perdida de tres hermanos, esposos, compañeros. Su familia, esposas e hijos, necesitan de nuestra comunidad, hermanados en el CIPOG EZ, para abrazar su pena, porque juntos, juntas, podemos resistir a la violencia y a la muerte que pretenden imponernos.

Hoy decimos, con nuestro corazón lleno de rabia pero también de rebeldía: LOS QUE LUCHAN POR LA VIDA NO MUEREN.

¡NI UN ASESINATO MAS!

¡VIVA LA RESISTENCIA!

¡VIVA LA DIGNIDAD DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!

¡VIVAN LAS MUJERES QUE LUCHAN Y RESISTEN!

¡VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDIGENA!

¡VIVA EL CIPOG EZ!

¡VIVA EL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL!

¡VIVAN LOS COMPAÑEROS ADÁN, HILARIO Y MOISÉS!

 

COMUNICADO DEL CIPOG-EZEL CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA NO SE RINDE, NO SE VENDE Y NO CLAUDICA.

 
AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
 
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
 
A LA MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN SEXTA
 
A LAS REDES DE REBELDÍA Y RESISTENCIA A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL

 
A LOS MEDIOS LIBRES, AUTÓNOMOS O COMO SE LLAMEN
 
AL PUEBLO DE GUERRERO
 
A LAS COMUNIDADES DE LA MONTAÑA BAJA DE GUERRERO
 
26 de noviembre de 2022
 
Hermanos, hermanas del Alcozacán y de todas las comunidades que integramos al CIPOG-EZ ya nos queda claro que a los malos gobiernos no les interesa la vida de nuestras comunidades. Muerte y dolor recorren nuestras comunidades desde hace muchos años; nos hemos acercado a todos los ordenes de gobierno, a los gobiernos municipales, estatales, federales, ustedes lo saben, al mismo presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y la respuesta fue la muerte para nuestros hermanos Adan Linares, Guillermo Hilario Morales y Moisés Cuapipistenco.
Va quedando claro que no podemos confiar en ellos, en ningún gobernante, pues a ellos sólo les interesa tener el poder para mandar, beneficiar a las empresas y a los grupos criminales. Nosotros y nosotras queremos paz, justicia, que en nuestras comunidades no haya más muertes. Pero ellos quieren exterminarnos.
 
Es por eso hermanos y hermanas, que como Concejo Indígena y popular de Guerrero decimos ¡YA BASTA! No queremos vivir en una guerra permanente. De ahí que les pedimos hermanos y hermanas que nos mantengamos organizados, en resistencia, pues es la única forma en la que podemos asegurar la vida de nuestras comunidades y la paz para nuestros hijos e hijas, para los abuelos y abuelas, para todos los hombres y mujeres que habitamos este territorio.
 
Hoy fueron asesinados nuestros hermanos Adán, Guillermo, Moisés, hace unos años Jordán, Lucio y muchos más, contamos a más de 50 asesinados desde el 2015, mañana puede ser cualquiera de nosotros de ustedes y eso ni lo queremos ni lo permitiremos. Contamos tambien a 20 desaparecidos, a quienes queremos vivos de vuelta.
Queremos decir que como CIPOG-EZ nos mantendremos en lucha mientras haya vida en nuestro cuerpo, mientras nuestro corazón siga latiendo y aún muertos queremos que nuestra memoria, tal como la memoria de nuestros muertos, impulse a los habitantes de Alcozacan, de Tula, de Xicotlán, de Zacapexco, de Acahuehuetlán (nombrar a todas las demás) a seguir en la digna resistencia en contra de los grupos criminales.

Como CIPOG-EZ no nos vendemos, no claudicamos y nos nos rendimos, ustedes lo saben porque ahí han estado, han sido testigos en los hechos, resistiendo con nosotros, somos hombres y mujeres, enfrentándonos a los Ardillos con mucho valor, echando la tortilla para resistir a las balas, los desvelos. Ustedes son testigos porque han estado con nosotros. Les pedimos que se mantengan firmes y que no duden de esta lucha, no duden de nosotros, porque nos hemos jugado la vida por ustedes y nosotros. Ahí está el ejemplo de lucha de Adán, Gullermo y Moisés, que no descansaron por estas comunidades y ahora están muertos.

Pero no mueren si continuamos su lucha, no morirán si seguimos en resistencia y buscando la autonomía de nuestras comunidades. Porque ese es el camino, la autonomía, el no necesitar de los malos gobierno, sino crear y construir un mundo donde nuestros niños se dediquen al estudio, a jugar, a ser libres y no tengan que tomar un arma para defender su vida.

Ese es nuestro compromiso, esta es nuestra lucha.

¡VIVA EL CIPOG-EZ!

¡VIVA NUESTRA RESISTENCIA!

¡VIVA ADÁN LINARES!

¡VIVA MOISÉS CUAPIPISTENCO!

¡VIVA GUILLERMO HILARIO MORALES!

¡VIVAN LOS HOMBRES Y MUJERES QUE LUCHAN Y RESISTEN!

¡VIVAN NUESTROS PUEBLOS EN LUCHA Y RESISTENCIA!

¡VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA!

¡VIVA EL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL!

Página 39 de 131« Primera...102030...3738394041...506070...Última »