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Camino al Andar

¡Samir no murió, el Estado lo mató!

Publicado en Camino al Andar

19 de febrero de 2023

Por Oralba Castillo Nájera

                                                        “Si alguien roba, tendrá necesidad,
                                                        pero los traidores van al paredón”
                                                        Emiliano Zapata.

La madrugada del 20 de febrero de 2019, sicarios le dispararon a la cabeza y la mejilla. Tiraron a matar. No sabemos quién lo mató, si quién lo señaló, tal como lo dijo Marichuy. *

En el amanecer, dolientes compañeros de organizaciones de Guerrero, CDMX, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y más se unieron al duelo. El tañer de las campanas acompañó las consignas ¡Samir vive, la lucha sigue!! Una veladora en el patio de su casa, ilumina el sitio donde cayó. Su compañera y suegros acomodaron toldos para recibir a los muchos consternados por el asesinato.

–¡Estamos encabronados! – dice Tere Castellanos. ¡Mataron a un guerrero! Los dolientes lloran y murmuran; traición del “capataz” *. Nubes sucias, deslavadas pintan el cielo de Zapata. ¡Aquí estamos, no nos van a acabar!, ¡con su muerte nos quieren decir que nos callemos, pero eso no lo vamos hacer! ¡Si algo nos enseñó nuestro compañero es a seguir luchando, aunque quieran que tengamos miedo! Afirma llorando Samantha. Desde Radio

Amilzinko se escuchaba un llamado a la organización autónoma y la lucha por el territorio, en la voz de Samir. ¡Nos quitaron al mejor, ahora viene lo peor! Un hombre mayor cerquita del cajón ruega ¡Mándanos una señal, dinos por dónde buscamos! El Popocatépetl vomitó rabia y cenizas.

Marichuy vocera del Concejo Nacional Indígena CNI, el Congreso Indígena de Gobierno CIG y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN, la maestra Osbelia Quiroz, del Platón de Tepoztlán, madres de los 43, Ignacio del Valle de Atenco ondean banderas, mantas y estandartes que señalan que: ¡Fue el Estado!

En mayo de 2014 López Obrador, cuando era candidato de Morena. en casa de Emiliano Zapata se enteró del Plan Integral Morelos PIM. Indignado en Yecapixtla sostuvo: “Yo aquí quiero expresarles que nosotros vamos a defender con todo lo que podamos a los pueblos. No queremos ese gasoducto, no queremos esa termoeléctrica, y no queremos tampoco las minas que van a destruir el territorio y van a contaminar las aguas. Vamos a apoyarles en todo lo que podamos, pueden contar con nosotros. México no es territorio de conquista, no es para que vengan los extranjeros aquí a apropiarse de todo, ¿Qué les pasa a éstos? Es como si fueran a Jerusalén y construyeran basureros tóxicos o una planta nuclear en el muro de las lamentaciones.”

Fue un alivio, espera de futuro. Votaron por AMLO, su gallo, su esperanza. Como balde de agua fría cayó escuchar en la Mañanera, a López Obrador, ya presidente, afirmar que apoyaba al Plan Integral Morelos PIM. Alegando “que se estaba perdiendo mucho dinero del pueblo. ¡Que el desarrollo y la modernidad. . .!

¿Progreso para quién? Preguntan quienes saben que eso que denominan desarrollo, progreso, modernidad contamina sus aguas, seca sus campos, enferma a sus animales y a ellos mismos. Destrozan redes comunitarias, usos, costumbre, y culturas ancestrales, condenado el presente y el futuro de sus familias.

Pero en mayo de 2019 el presidente regresó a Morelos. En Cuautla, se trepó en un templete rodeado de guaruras, alejado de la “chusma”. Los compañeros armaron un templete para mirar de frente al capataz, Samir se le puso de tú a tú. El sol caía a raudales. En tierras de Emiliano el presidente traicionó su palabra.” La termoeléctrica va, se está perdiendo 40 millones del pueblo, tenemos que echarla andar, Morelos tendrá luz más barata” — prometió.

–¡No, No! De qué nos va a servir abaratar la luz, si ya no tendremos casa, ni tierras, ni vida. Saben de qué hablan, cuando se hicieron pruebas de la termo, el ruido fue mortal pues rebasa los desniveles permitidos. Los niños desesperados se tapaban los oídos, las viejas ensordecieron, hablaban a gritos para poderse escuchar, los animales se asustaron, las gallinas no pusieron huevos, las vacas no dieron leche. El infierno. Aun así, el presidente favorece a empresarios españoles, italianos y alemanes, que se llevan casi la totalidad de las ganancias, a los que se les rebajan pagos de luz, agua y lo que sea menester a los conquistadores de hoy.

Los compañeros pusieron en la bocina, a todo volumen la grabación con sus promesas traicionadas, ¡Traidor!, ¡traidor! decían entre murmullos. Enfurecido el presidente amenazó con hacer una consulta. -¡No, no! Sabemos que son amañadas, compran, prometen, desunen, hacen fraude. ¡No, no!

“Aunque griten, aunque haya gritos y sombrerazos, va a ser el pueblo el que decida, y la consulta va. La termoeléctrica no agotará ni contaminará el agua. Escuchen, radicales de izquierda que para mí no son más que conservadores… si no se utiliza la termoeléctrica de la Comisión Nacional de Electricidad, una empresa de la nación, en vez de tener luz para alumbrar todo Morelos, tendíamos que seguirle comprando la luz a las empresas extranjeras, así de claro, entonces a la hora de votar nada más piensen eso.” Samir estaba vigilado por hombres que no se le separaron.

Esa noche la asamblea hervía de gente enojada — había prometido que no y ahora… se discutía la organización para evitar que se pusieran casillas, informar, denunciar la farsa. Al día siguiente en comisión Samir y el maestro Jorge asistieron la reunión que convocó el subdelegado de Morelos, Hugo Erik Flores Cervantes, a empujones entraron al recinto cerrado, donde se realizaba una reunión “dizque” pública. El subdelegado prometió las perlas de la virgen, terrenos, dinero, trabajos, escuelas, salud y vivienda. Samir le dio una lección de historia recordando a los invasores españoles que despojaron, y mataron.

“Entonces hoy, conociendo mi historia, nuevamente me lleva a esos escenarios, a esas páginas de la historia, Vienen otra vez los españoles, la familia real de España nuevamente, a querer hacerse ricos con este megaproyecto. Porque las empresas por lo regular siempre piensan en su capital, en su dinero. Después están las comunidades. No sé si éste sea un proyecto donde estén pensando en nosotros, sí estén pensando en sus hijos, en mis nietos, en la educación “A la salida ofrece una entrevista a los medios. Los hombres siniestros no se le separan. Regresa a su comunidad. Al día siguiente es abatido a balazos.”

¡Zapata y Samir viven! ¡La lucha sigue!! ¡A Samir no le enterramos, lo
sembramos para que se multiplique!

* Marichuy declaró en el aniversario cien del asesinato de Zapata, en Chinameca “No sabemos quién lo mató, sabemos quién lo señaló”.

* El sub Moisés ´sostuvo qué con López Obrador había un nuevo capataz.

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2a. Asamblea Nacional por el agua y la vida “Tod@s por Ricardo y Antonio”

Acuerdos de la 2ª Asamblea Nacional por el Agua y la Vida “Tod@s por Ricardo y Antonio”

COMUNICADO

• 525 personas y 125 colectivos, organizaciones, redes, pueblos y comunidades indígenas, provenientes de 18 entidades de México y de 6 países del mundo se dieron cita para discutir y organizarse en defensa del Agua y la Vida.

• Durante dos días se dialogó sobre la importancia de impulsar acciones coordinadas y enfrentar en conjunto el despojo del agua y la crisis hídrica que provocan empresas  nacionales y multinacionales.

 

A los Medios de Comunicación que hoy nos acompañan, queremos agradecer su asistencia
A las distintas representaciones de pueblos y comunidades indígenas, integrantes del CNI-CIG y organizaciones, colectivos y redes que también están presentes
A quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales

Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”. Quienes participamos y suscribimos los acuerdos alcanzados en la Segunda Asamblea Nacional por el Agua y la Vida

DECLARAMOS:

Primero. El día de hoy, 20 de febrero, se cumplen cuatros años del cobarde asesinato de nuestro hermano “Samir Flores Soberanes”. Su lucha contra el Proyecto Integral Morelos (PIM) y su oposición abierta a la Termoeléctrica de Huexca generaron que el narcoestado ordenara su ejecución. Cuatro años después, no solamente condenamos, la dilatación de la justicia y la impunidad, demandamos verdad y justicia para Samir. Hoy refrendamos que las semillas que sembró en el andar de su lucha, florecen en esta Segunda Asamblea Nacional por el Agua y la Vida.

Segundo. Los pueblos, barrios, tribus, naciones, comunidades, organizaciones, colectiv@s, hombres y mujeres que luchan y resisten contra el Sistema Capitalista y Patriarcal y por la defensa del Agua y la Vida, vivimos una guerra de exterminio que impone saqueo, despojo, desplazamiento forzado, persecución, encarcelamiento, desaparición forzada y asesinatos en contra de nuestros pueblos y comunidades indígenas; a 530 años seguimos enfrentando gobiernos y empresas que simulan transformación: esa guerra de conquista no es nuestra.

Tercero. En asamblea plenaria y tres mesas de trabajo, el 18 y 19 de febrero, en Barrio Quinto, Santiago Mexquititlán, Amealco Querétaro, nos reunimos 525 personas, 125 colectivos, organizaciones, redes, medios de comunicación libres, pueblos y comunidades indígenas originarias y residentes, todas y todos provenientes de 18 entidades de México: Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala, Puebla, Aguascalientes, Morelos, Veracruz, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Yucatán, Baja California, Coahuila, Quintana Roo y la Ciudad de México y 6 países del mundo: Colombia, Italia, Canadá, Puerto Rico, Argentina y Chile, en donde todas y todos resolvimos luchar por la vida.

Cuarto. La Segunda Asamblea Nacional por el Agua y la Vida se propuso convocar a las muy diversas luchas, resistencias y rebeldías que caminan a lo largo y ancho del país; pero también, a aquellas luchas que están más allá de nuestras fronteras, el objetivo: analizar,   discutir y organizarnos en la defensa del Agua y la Vida, hacer frente a la crisis hídrica que enfrenta la humanidad, pero, sobre todo, articular las luchas y resistencias desde una perspectiva global. Esto representa para nuestros pueblos un desafío organizativo frente el sistema capitalista y patriarcal.

Quinto. Existen muestras claras de la guerra planetaria que hoy enfrentamos:

A) El saqueo, la extracción, el tráfico, la venta y la explotación del agua.

B) El exterminio de nuestros bosques, ríos, mares, minerales, flora, fauna, riqueza y diversidad tanto cultural como lingüística.

C) La imposición de megaproyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos y

D) por todos los medios buscan acabar con la autonomía de nosotros los pueblos indígenas.

Estas formas de aniquilar la vida son sostenidas por los poderosos con la violencia en forma de militarización de nuestros territorios, de uso desenfrenado de la contrainsurgencia, así como de la impunidad y el permiso como privilegio que goza el crimen organizado.

Sexto. Los pueblos y comunidades indígenas del CNI-CIG, articulados con otras colectividades, organizaciones y redes e individu@, reunidos en la Segunda Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, acordamos las siguientes acciones coordinadas:

• El día 4 y 5 de marzo se llevará a cabo la Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena, “frente a la creciente violencia del narco estado y la imposición de megaproyectos y para contestarnos en colectivo ¿Qué sigue?. Acordamos participar con una comisión de los pueblos para presentar los resolutivos y acuerdos de esta Segunda Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, con el objetivo de articular nuestras luchas.

• El 8 y 9 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, se convoca a participar en las distintas movilizaciones con contingentes frente a la militarización del país y ante la grave inseguridad.

• El 22 de marzo, en el marco del Día Mundial del Agua, convocamos a coordinar y llevar a cabo una Acción Global en contra del despojo de Agua y por el derecho a la Vida. La Organización de las Naciones Unidas conmemora y reconoce esta fecha para recordar la importancia del acceso al agua potable como una necesidad básica de la humanidad; en contraste, nuestros pueblos y comunidades enfrentan el despojo, la privatización y el saqueo del agua, particularmente denunciamos las empresas saqueadoras como Nestle, Bonafont, Danone, Cocacola y empresas inmobiliarias turisticas, etc.

• El 10 de abril, en el marco del 104 Aniversario luctuoso del asesinato del General Emiliano Zapata, convocamos a coordinar y participar en una Acción Global contra la Guerra y la Militarización de nuestros pueblos.

• El 10 de junio denunciaremos la represión de la que fue objeto la Red en Defensa del Agua y la Vida (REDAVI) y el Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán en 2022.

• El 17 de noviembre se cumplen 40 años de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, (EZLN) y el 1º de enero de 2024 son 30 años del levantamiento. Convocamos a preparar y organizar eventos políticos, culturales, movilizaciones y muy diversas actividades como Acciones Globales Coordinadas, dislocadas nacionales y/o internacionales.

• El día 12 y 13 de agosto, para dar continuidad a los trabajos alcanzados en esta Segunda Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, se propone llevar a cabo la Tercera Asamblea Nacional en el Pueblo Originario de Xochimilco. Propuesta que se hará llegar al pueblo correspondiente y esperaremos su decisión.

Finalmente, desde la lucha y resistencia de quienes participamos en la Segunda Asamblea Nacional por el Agua y la Vida…

 

EXIGIMOS

• La presentación con vida de Antonio Díaz Valencia y Ricardo Arturo Lagunes Garza, quienes desaparecieron desde el pasado 15 de enero en Aquila Michoacán.

• La inmediata presentación con vida de nuestros 43 hermanos normalistas de Ayotzinapa. Han transcurrido más de 8 años sin verdad y sin justicia, desde la Cuarta Transformación solo se ofrece impunidad y silencio.

• Alto a la represión policiaca municipal y estatal en contra de la comunidad indígena maya SITILPECH e Izamal en Yucatán, el hostigamiento y represión se acentúa más en las mujeres y adultos mayores, que defienden la vida, la tierra y el agua ante las granjas porcícolas con un plantón que mantiene la comunidad.

• Exigimos justicia para la comunidad autónoma náhuatl de Ostula en Michoacán, por la reciente ejecución extrajudicial de tres integrantes de la Guardia Comunal y castigo a los culpables ligados al crimen organizado.

• Cese a la criminalización y hostigamiento contra la comunidad Binnizá de Puente Madera en Oaxaca y la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) por su lucha contra el Parque Industrial del Corredor Interoceánico que quieren imponer en su reserva comunal El Pitallal que afectaría el agua de por sí escasa en la región.

• Cierre del proceso judicial de los compañeros Miguel López Vega y Alejandro Torres Chocolat, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala.

• Cierre de las carpetas de investigación de compañer@s del Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán, Amealco, Qro. y de los procesos judiciales contra tres integrantes de la REDAVI en Qro.

ATENTAMENTE
¡Por la Reconstitución Integral de nuestros Pueblos!
¡Nunca más un México sin Nosotrxs!
¡Zapata Vive, la Lucha Sigue!
¡Samir Vive la Lucha Sigue!
¡Hasta que la dignidad y la justicia se hagan costumbre!
¡El agua no se vende carajo!
¡Porque Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos!
¡No al Tren Maya!
¡No al Proyecto Integral Morelos!
¡No al Corredor Interoceánico!
¡Viva el EZLN!
¡Viva el CNI-CIG!

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Avispa Midia

Honduras | Asesinato de campesino en El Aguán; suman siete defensores violentados en 2023

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Santos Hipólito Rivas concede una entrevista durante una protesta a 19 años del asesinato del defensor del ambiente, Carlos Escaleras Mejía, quien se opuso a la instalación de una fábrica extractora de aceite de palma que contaminaría los afluentes de la región.

El pasado domingo (12) fue asesinado Santos Hipólito Rivas, miembro fundador de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Gregorio Chávez de la comunidad de Panamá, en el departamento de Colón, costa atlántica de Honduras.

Rivas destacó por su labor en la reivindicación de los derechos de familias campesinas, quienes demandan la devolución de sus tierras para fines de Reforma Agraria. Esto, en un contexto de acaparamiento territorial en la región del Aguán, el valle mas productivo de Honduras. La situación empeoró a partir de 1992 tras la aprobación de la Ley de Modernización Agrícola, alineada al Banco Mundial, cuyos efectos beneficiaron a terratenientes agroindustriales.

“Desde que el Banco Mundial concedió esos préstamos a los terratenientes nosotros hemos vivido en la pobreza. Los países que están comprando aceite (de palma) y biodiesel están comprando sangre y muerte de los que han caído por defender sus tierras”, sostuvo Rivas en entrevista con Avispa Midia durante una protesta en la ciudad de Trujillo a finales de 2016.

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Tras el reciente asesinato, la Plataforma Agraria del Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) señalaron que, pese a que Rivas era parte del Mecanismo de Protección de Honduras desde 2019, “el Estado ha sido incapaz de proteger a los y las defensoras de la tierra y el agua”.

Dichas organizaciones denuncian que días previos a su asesinato, Santos Hipólito Rivas expresó durante una reunión que tenía amenazas y que había acudido al Mecanismo de Protección para interponer la denuncia. A pesar de ello, el dirigente campesino fue asesinado, junto a su hijo de 15 años, Javier Rivas, mientras conducía una motocicleta en la comunidad de Ilanga, Trujillo.

Con estas agresiones, suman siete defensores asesinados en Honduras a inicios de este año. Fueron asesinados Alí Domínguez y Jairo Bonilla, defensores del agua y del río Guapinol; el defensor garífuna Ricardo Arnaúl Montero, de la comunidad de Triunfo de la Cruz; el presidente de la Cooperativa Agropecuaria Los Laureles, Omar Cruz Tomé y su suegro, Andy Martínez, ocurrido la noche del miércoles 18 de enero. Horas antes del mismo día, se registró un tiroteo en la Cooperativa Remolino, la cual fue invadida en diciembre por un grupo armado irregular que tomó posesión de forma violenta de más de la mitad de las tierras adjudicadas a la cooperativa, informaron la Plataforma Agraria y COPA.

Destaca que los homicidios han sido cometidos tras la ampliación temporal y territorial de un estado de excepción en la región, lo que se traduce en un desarme general, y donde solo son los elementos de seguridad quienes pueden ir armados.

Recuperaciones

La Empresa Asociativa Campesina de Producción Gregorio Chávez aglutina 25 familias, cuyos integrantes mantienen un proceso de recuperación de 1,200 hectáreas de tierras que la empresa DINANT, propiedad de la familia Facussé, mantiene cultivadas con palma aceitera.

La custodia de las tierras emprendida por los campesinos se mantiene en un vaivén, entre las acciones de recuperación empleadas por las familias y los operativos para desalojarlos realizados por la corporación DINANT.

En 2012, después del asesinato de Gregorio Chávez a manos de guardias privados de DINANT, las familias comenzaron las recuperaciones en las tierras de la finca Panamá. Como respuesta, la empresa coordinó un desalojo efectuado con apoyo de militares hondureños, durante el cual Santos recordaba que habían sido utilizadas 300 bombas lacrimógenas contra los campesinos.

18 octubre 2016. Tocoa, Colón. Campesinxs del Valle del Aguán realizan protesta por el 19° aniversario del asesinato del activista ambiental Carlos Escalera por órdenes del terrateniente Miguel Facussé. El mismo día de la movilización fueron asesinados el presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán junto con un acompañante.

De acuerdo a un reportaje de ContraCorriente, los intentos de recuperación emprendidos por los campesinos se repitieron entre 2014 y 2017, así como la respuesta violenta, no solo por parte de la empresa y sus aliados militares, sino también de parte de criminales.

“Ya no hay palabras para describir la barbarie que ocurre de manera permanente en El Aguán”, es la frase con que el Bufete de Derechos Humanos “Estudios para la Dignidad” condena el doble homicidio más reciente.

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Para la organización, que acompaña el proceso legal para la reivindicación del derecho a la tierra de los campesinos del Aguán, “su muerte, junto a la de su hijo, mantiene el mismo patrón de los últimos 10 asesinatos en la zona y que reiteramos se ordenan desde empresas agroindustriales como DINANT, que en este gobierno también mantiene el privilegio de su impunidad”.

En un pronunciamiento público, el Bufete demanda detener la violencia en El Aguán contra los líderes campesinos frente a la persecución y violación de derechos humanos que cometen los agroindustriales, “las bandas de matones que están a sus órdenes y por las fuerzas de seguridad, policiales y militares, que están en la zona para protección de estas élites de poder, nunca, nunca para garantizar la vida de los y las campesinas”.

Por su parte, la Plataforma Agraria del Aguán y COPA aseveran que Rivas denunció en distintos espacios que era víctima de amenazas, persecución y vigilancia por miembros del grupo armado liderado por un personaje conocido como ´Piturro´ quien opera a lo interno de la finca Paso Aguan, desde hace varios años, situación que es de conocimiento de las autoridades de la región.

Las organizaciones sostienen que, ante esa situación, el 25 de junio del 2019, la comunidad de Panamá presentó una denuncia ante el Fiscal General de República, Óscar Chinchilla, contra dicho grupo armado, cuya formación paramilitar busca sembrar el terror entre la población y los integrantes de la Empresa campesina Gregorio Chávez.

No obstante, tras esta denuncia, en julio de 2021 fue asesinado Juan Moncada, miembro de la Empresa, pese a que también tenía medidas de protección del Mecanismo de Protección.

“Nos preocupa que criminales involucrados en asesinatos entre los años 2010 y 2013 han regresado a la zona y se han integrado al grupo armado que lidera alias ‘Piturro’”, denunciaron la Plataforma Agraria y COPA ante los recientes homicidios.

Acuerdo incumplido

El Bufete Estudios para la Dignidad resalta que, aunado al desinterés de las autoridades para intervenir en la violencia estructural en El Aguán, el crimen contra los campesinos de Panamá se enmarca en una campaña mediática de desprestigio emprendida por los agroindustriales contra las recuperaciones de tierra, pues “insisten en su pretensión de hacer creer que la lucha por la tierra en esta zona está en manos de ‘delincuentes, revoltosos y usurpadores’”.

Xiomara Castro, presidenta de Honduras

La organización de derechos humanos recordó que, en febrero del 2022, el gobierno de Xiomara Castro firmó un convenio con el movimiento campesino de El Aguán, “un acuerdo que generó desde la Plataforma Agraria una propuesta de solución para la violencia en la zona, misma que pareciera que duerme el sueño de los justos en su escritorio”.

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Las acciones violentas continúan, pese a que el gobierno se comprometió a establecer mecanismos de diálogo que impulsarían la protección y la defensa de los derechos humanos a través de una comisión tripartita lo cual, denuncian, no ha sucedido.

Pasado un año, el equipo legal reclama que, pese al acuerdo, también está pendiente la instalación de una instancia encargada de la investigación de las muertes y violaciones de derechos humanos ocurridas en El Aguán.

“Es momento de acciones concretas, reales y duraderas para El Aguán. Le exigimos justicia integral para los miles de familias campesinas en El Aguán y justicia particular para las víctimas de los más de 200 asesinatos de campesinos de la última década”, enfatiza el Bufete en pronunciamiento por el asesinato de Rivas y su hijo.

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Mecanismo para el esclarecimiento de la guerra sucia en México convoca a víctimas para recabar testimonios

Fuente: Avispa Midia

Por Angel Huerta

En portada: Conferencia de prensa de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico

Carlos Alfonso Pérez Ricart, David de Jesús Fernández Dávalos y Eugenia Allier Montaño, tres de los cuatro integrantes pertenecientes a la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), lanzaron el pasado 7 de febrero una convocatoria a la comunidad de posibles víctimas de la guerra sucia, llevada a cabo en México entre 1950 y 1990, para que puedan dar sus testimonios de manera profesional y privada al mecanismo.

La guerra sucia es nombrada así como una lucha contrainsurgente llevada a cabo por el Estado mexicano y su gobierno contra la población, principalmente guerrilleros, populares, campesinos y disidencias sexo genéricas.

El MEH es un órgano independiente al estado mexicano y extiende la invitación a compartir su testimonio a toda persona que haya sido víctima de violaciones graves a los derechos humanos en el periodo comprendido entre 1965 y 1990, que se encuentre en México o fuera del país, y haya sido violentada por su militancia o por haber sido asociada a alguna de las distintas organizaciones político-militares que operaron en el país.

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Las personas decidirán en última instancia el uso que se le dará a la información que proporcionen, por ejemplo, si sus declaraciones entran o no al informe final que entregará en MEH, si quieren o no que a partir de su información se desarrollen procesos judiciales o sean parte de los procesos de reparación.

“El objetivo último es que ninguna parte fundamental de la comunidad de víctimas de este país que haya sufrido violencia entre los periodos de 1965 o 1990 se quede sin hablar, se quede sin dar su testimonio”, señaló Carlos Alfonso Pérez Ricart, en conferencia de prensa. “El mecanismo de esclarecimiento histórico de la comisión de la verdad es probablemente la última posibilidad de esclarecer graves violaciones a los derechos humanos”.

Luis Echeverría Álvarez, político priísta quien fungió como presidente de la República (1970-1976) y secretario de Gobernación (1963-1969) durante los peores años de la llamada Guerra Sucia en México. Bajo su mandato fueron desaparecidas alrededor de 1 mil 200 personas.

En esta convocatoria no solo hay víctimas en el contexto del combate a los grupos político militares, sino una serie de víctimas que han sido tradicionalmente olvidadas, poblaciones que fueron agredidas en lo que se calificó como “combate a narcotráfico y en el combate a la delincuencia común” o por su militancia en organizaciones urbanas populares.

El MEH desplegará investigadores e investigadoras en regiones donde sea necesario. El equipo del mecanismo tiene 49 personas investigadoras, y se ha propuesto recoger alrededor de 3000 testimonios. “Hemos recogido ya alrededor de 200 testimonios en este momento solo en el marco de la puesta a la prueba de nuestros instrumentos metodológicos”, explicó Fernández, en conferencia de prensa.

Para recibir testimonios, el MEH ha habilitado un correo electrónico donde las personas interesadas pueden escribir a inve.testimonial.meh@gmail.com.

Si vives o estás en la Ciudad de México, puedes acercarte a la Dirección General de Estrategias de Atención a Derechos Humanos, ubicada en Circular de Morelia 8, Roma Norte, Cuauhtémoc. C.P. 06700, Ciudad de México.  Teléfono 221 138 7948 / 22 27 73 53 20

En 2024 entregarán el informe final

Fernández explicó que por mandato presidencial “tenemos hasta el 30 de septiembre del año 2024, fecha en la se entregará el informe al presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) y al pueblo de México”. El mecanismo tiene un año trabajando en realizar un censo de archivos y afinar 17 instrumentos metodológicos que van a poner en práctica durante el año 2023. “Es el año de ir a recoger los testimonios y a investigar los archivos locales”, sostiene el comisionado.

Además, Fernández expuso que la audiencia pública será hacia mediados de marzo para la región centro del país. “Iremos a Sinaloa, Chihuahua, Guadalajara, Jalisco y la región occidente del país. También estaremos visitando Oaxaca y Chiapas con la idea de recoger el máximo testimonio”.

El mecanismo revisará diversos archivos

El objetivo del mecanismo es llenar de evidencias el informe a partir de dos formas principales. La primera tiene que ver con la parte de investigación archivística. El MEH ha comenzado desde hace más de un año un trabajo de exploración sistemática de archivos civiles, policiales y militares a lo largo de todo el país y en decenas de archivos y otros repositorios públicos y privados.

Protesta del comité Eureka, integrado por familiares de desaparecidos en México.

Por ejemplo, agrega Fernández, “llevamos siete meses trabajando en el Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, también trabajamos en archivos policiales y el libro los archivos civiles, incluyendo por supuesto el Archivo General de la Nación en donde están los documentos de la Dirección Federal de Seguridad y otras corporaciones”.

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La segunda es con la población “objetivo” que es amplia, en general víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, pero también familiares y personas vinculadas a las víctimas, personas que atestiguaron sobre violaciones a los derechos humanos, personas que en el ejercicio de sus labores o funciones supieron o atestiguan hechos violatorios a los derechos humanos. Esto incluye perpetradores o gente que haya trabajado en la policía o en el ejército y que pueda dar pistas sobre violaciones a los derechos humanos.

Así funciona el mecanismo para el esclarecimiento

En entrevista para Avispa Midia la comisionada Eugenia Allier Montaño explicó que lo que diferencia a esta comisión de otras es que se compone de cinco mecanismos. El mecanismo de esclarecimiento histórico está compuesto por cuatro personas independientes cuyo objetivo central es hacer un informe histórico sobre las graves violaciones. “Pero además de eso, es escuchar a las víctimas y poder pensar qué va después, porque ninguna comisión de este tipo cierra la temática (…), simplemente la abre.”

Después está el mecanismo de impulso a la justicia, compuesto por tres abogados, también independientes: Ángela Buitrago Ruíz, Carlos Pérez Vázquez y Fabián Sánchez Matus. Este mecanismo implementará una estrategia para hacer avanzar los casos, largamente estancados, en los procesos jurídicos. Impulsará la creación de una Fiscalía Especializada y realizará un diagnóstico de los casos abiertos.

Conferencia de prensa de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico

Luego está el Programa Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas por la Comisión Nacional de Búsqueda, a cargo de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana Osuna, en un departamento específico en torno a la guerra sucia. El objetivo es realizar la búsqueda de personas desaparecidas a través de un equipo especializado en las desapariciones perpetradas por la contrainsurgencia, sin importar en qué punto del país se les desapareció.

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El Programa Especial de Reparación Integral y Compensación a cargo de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez Estrada, constará de reparación tanto simbólica como económica. La CEAV está generando un aspecto especial en torno también de la guerra sucia.

La CEAV diseñará la metodología para la compensación y reparación de daños individual y colectiva, así como realizará un análisis de derecho comparado y buenas prácticas de comisiones de verdad en el mundo para fortalecer el modelo específico de reparación.

Después está el Comité para el Impulso a la Memoria y la No Repetición, coordinado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración e integrado por el coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas; el director del Archivo General de la Nación (AGN), Carlos Enrique Ruiz Abreu; el director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), Felipe Ávila Espinosa; la directora general de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, Gabriela Pulido Llano; el director de Educal, Fritz Glockner; y la representante de la organización Memoria Abierta de Argentina, Verónica Torres.

El Comité para el Impulso a la Memoria y la No Repetición es responsable de las iniciativas de ley referentes al tema de Memoria.

Una comisión con características especiales a otras

De acuerdo a Allier, cada país o cada comisión trabaja de distintas maneras. Una ventaja de la MEH, por ejemplo, es que posee acceso al campo militar. “Eso es algo que no ha ocurrido en ningún país, ninguna comisión de la verdad tuvo acceso a los lugares donde hubo detención y más aún estamos accediendo a los archivos de Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), algo que tampoco nunca, hasta donde yo conozco, había ocurrido”, señala Allier.

Además, sostiene, habrá un centro de memoria. Un lugar en donde van a estar los archivos, los testimonios, “se está creando esta iniciativa para hacer sitios de memoria que son fundamentales”.

“El objetivo mínimo que espero es que la población llegue a enterarse de lo que existió y de lo que pasó, que en México los mexicanos y las mexicanas sepan que hubo un periodo que llamamos guerra sucia en donde la población fue violentada y fue reprimida”, concluye Allier.

Renuncia de la comisionada Aleida García Aguirre

Pese a que la comisión es un órgano independiente, no han faltado las críticas, incluso internas. Una de ellas se desencadenó en septiembre del año pasado. La historiadora Aleida García Aguirre presentó su renuncia como integrante del MEH ante la “subordinación de facto” de la sociedad civil ante el gobierno federal.

“Me ha sido doloroso concluir éticamente que es imposible continuar trabajando en el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico”, sostuvo García Aguirre en la misiva divulgada en redes sociales del Museo Casa de la Memoria Indómita.

“Fue imperativo marcar un alto, manifestar desacuerdo con la estructura que sostiene a la comisión y la subordinación de facto a la que se somete en presupuesto, burocracia y decisiones al ala de la sociedad civil frente a la institucional”, escribió la historiadora y actual profesora de la Universidad Pedagógica Nacional del estado de Chihuahua y miembro de la Asociación Mexicana de Historia Oral y de la Red Nacional de Investigadores del Tiempo Presente.

Señaló que fue el 10 de diciembre en Chihuahua “que aparecieron los primeros indicios de que las personas de sociedad civil (en aquel entonces, solo el mecanismo para el esclarecimiento histórica) no serían escuchadas para el desarrollo efectivo de los trabajos, si no sería la secretaria ejecutiva quien impondría la agenda política de la comisión”.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

27 años de los Acuerdos de San Andrés, luchas por la vida y la paz desde los pueblos

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

16 de febrero del 2023

Boletín No. 03

 

27 años de los Acuerdos de San Andrés, luchas por la vida y la paz desde los pueblos

  • Saludamos las iniciativas por la vida, y la defensa del territorio, horizontes de esperanza, y espíritu vigente de los acuerdos.

 

Desde el Centro de Derecho Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) sostenemos que a 27 años de su firma, Los Acuerdos de San Andrés Sakach’en de los Pobres son un instrumento de lucha, que contiene la memoria y el espíritu de los pueblos que dialogan para pactar caminos de Justicia y Paz; al mismo tiempo les trasciende la inspiración de los movimientos y organizaciones de abajo que empujan con su digna lucha los derechos colectivos de los pueblos originarios, alternativas de vida ante un sistema capitalista y patriarcal.

Actualmente diversas experiencias antagónicas al Estado mexicano construyen una vida digna, desde la autonomía y llevan a cabo una Declaración por la Vida[1], en defensa de la Madre Tierra, sus territorios, en un contexto adverso de remilitarización, desarrollo de megaproyectos e infraestructura y amenazas por parte del Estado mexicano, la delincuencia organizada y empresas transnacionales que ambicionan los bienes comunes donde habitan los pueblos a quienes les son negados y arrebatados sus derechos, como a una consulta libre, informada y con pertinencia cultural que les tome en cuenta respecto a los impactos a su tierra, territorio y proyectos de vida.

Frente a esto, la respuesta son procesos de rearticulación desde los pueblos y comunidades; ejemplo es la convocatoria lanzada por el Congreso Nacional Indígena (CNI) para la asamblea nacional “frente a la creciente violencia del narcoestado y la imposición de megaproyectos” a realizarse el 4 y 5 de marzo en Tehuacán, Puebla; además del encuentro internacional El Sur Resiste 2023, compuesta por una Caravana de documentación y denuncia que arranca el 25 de abril, recorriendo la Costa de Chiapas, el Istmo de Tehuantepec, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, y cerrando con un encuentro en el Cideci / Caracol Jacinto Canek, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Es el espíritu de estas luchas e iniciativas que mantienen vigentes Los Acuerdos de San Andrés Sakamch’en de los Pobres, como eje articulador de reivindicaciones de derechos que nacen desde la dignidad y las luchas de los pueblos originarios. Son horizontes de esperanza e impulso de acciones hacia una ofensiva desde abajo por la vida, la paz y vida digna.

 

[1] EZLN. Primera parte: Una Declaración… por la Vida. Disponible en: https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/01/01/primera-parte-una-declaracion-por-la-vida/

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

A un mes de la desaparición de los defensores Ricardo y Antonio, nos sumamos a las exigencias de presentación con vida

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

15 de febrero del 2023

Boletín No. 02

A un mes de la desaparición del Abogado Ricardo Lagunes y el defensor comunitario Antonio Díaz, nos sumamos a las exigencias de presentación con vida

  • Exigimos al Estado mexicano una investigación eficaz y acciones profundas para la búsqueda y localización de las personas defensoras del territorio.

Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, exigimos al estado mexicano investigación y acciones eficaces para la búsqueda y localización del abogado Ricardo Lagunes y el profesor Antonio Díaz, personas defensoras de los derechos humanos, quienes desde el pasado 15 de enero desaparecieron mientras regresaban de una asamblea comunitaria en el municipio de Aquila, en el estado de Michoacán. Responsabilizamos a las autoridades tanto estatales y federales de la crisis de derechos humanos generada a partir del contexto criminal y de violencia generalizada.

La investigación debe de abordar las posibles rutas para dar con sus paraderos; urge se tome en cuenta las condiciones de la región, donde se presenta un control territorial, político y social por parte de la Minera Ternium y demás grupos de poder que ha dejado profundas divisiones en las comunidades vinculadas a su estrategia de despojo.

Las condiciones actuales en donde más de 100 000 personas han desaparecido en medio de una violencia generalizada provocada por la triada Delincuencia Organizada, Empresas y Políticos, orilla a que nuestro ejercicio de la defensa de la vida se profundice, lo que aumenta también las agresiones en nuestra contra, un fenómeno constante y sistemático, basado en amenazas, desapariciones, asesinatos, intimidación y campañas de desprestigio para intentar silenciar las voces de justicia.

Las desapariciones relacionadas con personas defensoras es un panorama critico en el país, mismo; organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas han manifestado la urgencia de que el Estado mexicano actúe con altos estándares internacionales relacionado a las circunstancia, así como la implementación urgente de las acciones establecidas por el Comité contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas.

A pesar de la denuncia de los hechos y exigencia de la aparición con vida desde diversas acciones en los ámbitos nacional e internacional, las autoridades estatales y federales están siendo omisas, evidencian su incapacidad de atender una demanda clara sobre un territorio especifico, lo que nos mueve a impulsar alianzas y fortalecer la organización para hacer frente a la violencia, despojo y división comunitaria que nos imponen desde arriba.

       
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Avispa Midia

La militarización tensa la protesta social en los Andes

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

En portada: A un mes de la masacre de Juliaca, región de Puno, movilizaciones exigen justicia por el asesinato de 19 manifestantes. Foto: Juan Zapata / Wayka

El régimen cívico-militar de Dina Boluarte encargó a la Policía y el Ejército el “control del orden interno” en las regiones del Perú donde fueron asesinadas decenas de víctimas en dos meses bajo dictadura. La tensión entre militares y manifestantes es alarmante en la frontera de la región Puno y Bolivia.

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El jueves (9), a un mes de la masacre de Juliaca (región Puno), en la que fueron victimadas 19 personas, se registraron 23 heridos, tres con impactos de bala -uno es un menor de 11 años-, en un nuevo intento de tomar el aeropuerto de la ciudad, tras una concentración masiva en memoria de los mártires.

En Apurímac, una persona fue victimada y al menos 80 fueron detenidas irregularmente, denunció la Asociación Pro Derechos Humanos. Mientras que en el Centro de Lima se desplegaron más de 10 mil policías, en una delirante exhibición de fuerzas de un Gobierno de facto policializado.

El estado de emergencia advierte a la movilización popular la disposición a la violencia estatal en las zonas más vulneradas por la represión. En Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Tacna, Moquegua y Madre de Dios, departamentos del sur andino y amazónico, la militarización se extenderá por dos meses, hasta la primera semana de abril. Para Puno se especifica que las acciones “se encuentran a cargo de las Fuerzas Armadas” y se decretó inmovilización social obligatoria entre las 8 pm y las 4 am, hasta el 16 de febrero.

La ampliación del mando de las fuerzas estatales en el Altiplano tiene el objetivo de liberar las vías bloqueadas. El principal paso fronterizo peruano-boliviano, en el distrito binacional de Desaguadero, se encuentra bloqueado por cientos de camiones. En estos momentos hay fricciones entre militares y protestantes indígenas en diversos puntos de la zona.

El despliegue del Ejército genera desconfianza en la población quechua y aimara, que alerta a la comunidad internacional la posibilidad de otras matanzas y violaciones a los derechos humanos.

En este contexto, el historiador y excanciller Héctor Béjar recordó que para las Fuerzas Armadas “esta gente no merece vivir, están de más, son nuestra carga, esa actitud permanece hoy”. Desde el racismo de las instituciones militares, “los aimaras siguen siendo vistos como raza inferior, bárbara. (…) Ahora que se han movido las comunidades de una manera sorprendente, están asombrados y buscan explicaciones tontas, como que son terroristas, los bolivianos los están financiando (…)”.

En la zona fronteriza, los tramos de carreteras despejados en las madrugadas por los uniformados son nuevamente interceptados. “Dejaremos que los chicos (los soldados) hagan ejercicio, al rato volveremos a bloquear, a ver quién se cansa, ellos o toda la nación aimara”, señaló una autoridad comunitaria a Diario Sin Frontera de Puno.

Según la Defensoría del Pueblo, hasta la fecha el estallido en el Perú deja 48 civiles (incluyendo a la última víctima en Apurímac) asesinados por la represión y un policía fallecido, además de 11 muertes por accidentes y hechos vinculados a las manifestaciones.

La lucha se extiende al norte

Con un paro nacional, este jueves (9) la población movilizada respondió a los 60 días de represalias y criminalización por parte del Estado.  Las organizaciones campesinas, estudiantiles y obreras encabezaron las protestas masivas de las últimas semanas, reafirmando las demandas de elecciones presidenciales este año, la instalación de una Asamblea Contituyente, la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso.

La movilización popular se fortalecerá en los próximos días, cuando la Macro Región Norte encabece un paro entre el 17 y 20 de febrero. Al igual que en el sur, los departamentos de Cajamarca, Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque, Áncash, Amazonas y San Martín se sumarán a las medidas de fuerza.

La propuesta de adelantar las elecciones antes de 2024, incluyendo un referéndum sobre el cambio de Constitución, los dos principales reclamos de las protestas, fue rechazada por tercera vez en el Congreso el jueves 2 de febrero. A menos de 24 horas del cierre de la presente legislatura, a cumplirse este viernes (10), el Parlamento discutía la posibilidad de volver a pasar el proyecto por votación.

La responsabilidad del Congreso en la crisis se refleja en un 7% de aprobación ciudadana. El 76% desaprueba a Boluarte, de acuerdo a la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). En Lima, reacia antes de las movilizaciones, ahora el 57% está a favor de la Asamblea Constituyente.

Por su parte, el régimen acelera el financiamiento de la represión. Esta semana el Ministerio de Defensa recibió una partida de 233 millones de soles para afrontar el conflicto en Lima. La alianza compuesta por la ultraderecha, militares y poderes económicos mantiene sus falsas acusaciones contra la protesta social, aumenta las detenciones de dirigentes y se estrena en la persecución de “apología al terrorismo” en redes sociales. Para este peligroso fin, el Ministerio del Interior habilitó canales de recepción de denuncias ciudadanas.

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En la provincia de San Román (Puno), la Policía agredió a periodistas locales y de medios internacionales. Los ataques a la prensa se multiplican en todo el país.

La escalada de la violencia del conflicto es visible en la sociedad peruana en forma de agresiones contra manifestantes por parte de seguidores de la ultraderecha y civiles armados, organizados y financiados por intermedio de las fuerzas del orden. En Cusco, retuvieron y torturaron a un joven; en Junín fueron captadas bandas de civiles disparando armas de fuego a huelguistas; en Lima, un grupo neofascista violentó un acto cultural por las víctimas y vándalos azuzados por policías atacaron a protestantes cerca del aeropuerto de la capital.   El régimen dictatorial del Ejecutivo de Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, el Congreso y las instituciones armadas, entramado por la oligarquía empresarial, solo se sostiene por la represión y la intimidación, con imágenes como las de los batallones policiales en Lima que resuenan a los gobiernos totalitarios más violentos del pasado y el presente. Frente al terror, las movilizaciones diarias en todo el país enuncian y reafirman que el miedo se perdió.

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(English) Fighting for the forests in Eastern Congo

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Fuente: Avispa Midia

Por Eugenia López

Cover image: The Batwa indigenous people are currently facing multiple challenges. The cultural crisis, the lack of recognition of their territorial rights and the reappropriation of their lands by multinationals make the communities that live by and for the forest even more fragile.

With its rivers, forests, savannas and freshwater swamps, the Congo Basin – the second largest rainforest in the world after the Amazon – is a patchwork of treasures. It is home to approximately 10,000 species of tropical plants, as well as more than 400 species of mammals, 1,000 species of birds, and 700 species of fish, including several endangered species such as forest elephants or mountain gorillas.

Humans have shared the Congo Basin forests with these other species for tens of thousands of years. Today, the forests still provide food, fresh water and shelter to more than 75 million people.

The Congo rainforest, much of which is in the Democratic Republic of Congo, is the second largest rainforest in the world. The Congolese government has recently tendered 16 new oil fields, some of them in the rainforest. Photo by Axel Fassio/CIFOR.

I had the privilege of talking to Blair Byamungu Kabonge, an Indigenous Batwa descendent who was born in the South-Kivu region of the Democratic Republic of the Congo (DRC), where the Congo Basin connects with the Great Lakes region. Growing up in these lands, he has not only been a witness to nature’s beauty, but also its tragic ongoing destruction.

Together with its wildlife, Blair’s region is extremely rich in oil, diamonds, gold, copper, and minerals like cobalt, tin, cassiterite and coltan. This makes it ripe for extraction and exploitation, as these materials are used to produce new technologies such as smartphones and tablets as well as electric vehicles, solar panels and other so-called ‘green’ or ‘clean energy’ technologies.

Decades of violence

The economic interests in the minerals, timber and wildlife located in the region has attracted the interest of foreign countries and transnational companies over the past centuries, which has led to the explosion of violence.

This started with the colonisation of the territory by Belgium from the end of the 19th century. Attracted by its abundant wealth in rubber, ivory and minerals, the belgium crown, together with concessionary companies, undertook the brutal exploitation of its natural resources and population. Between 1880 and 1926, half of the inhabitants were killed, to the point that some historians refer to this period as a “forgotten holocaust”.

After the official independence of the country in 1960, the economic interests didn’t vanish, and more countries started to get involved in natural resources extraction, such as the United States, Canada, South Africa, the European Union or China, principally.

Locals and NGOs working in the region have long been calling out the direct link between the exploitation of natural resources and continuing armed conflicts in DRC.

Today, the Kivu region is still highly insecure, with multiple armed guerrilla groups, and a heavy presence of the Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo (FARDC) which are guilty of violently exploiting civilians to extract valuable minerals to sell on to transnational companies.

A Democratic Republic of Congo Army soldier at an outpost on Chanzu hill in eastern North Kivu region, Nov. 5, 2013.

“The wars we have are linked to the quest for control and domination over ecosystems,” Blair tells me. “But the rich countries chose to cover their ears. They do not seek to establish peace in eastern Congo; they know what they have to gain in this story. If the production of coltan stops in the Congo, what are you going to use to make your phones?”

The race for natural resources has been responsible for significant environmental damages, with devastating destruction of humid primary forests. According to Global Forest Watch, the total area of humid primary forests in South-Kivu decreased by 6.6% between 2002 and 2021.

The hypocrisy of international conservation plans

In light of the ever-worsening climate crisis – and despite the fact that local communities had been trying to give the alert for far longer – combating deforestation has begun to be seen by international institutions as a crucial step in limiting the impacts of climate change, as the world’s forests absorb roughly one-third of carbon emissions annually.

During COP26 in 2021, leaders from more than 100 countries pledged to halt deforestation by 2030.

A group of 11 countries, along with the Bezos Earth Fund, agreed to contribute $1.5bn toward restoration efforts in the Congo Basin region. At the latest COP conference that took place in November 2022, a Forest and Climate Leaders’ Partnership (FCLP) was launched to unite actions by governments, businesses and community leaders to implement the commitment made at the COP26.

However, this seems unrealistic given that there was a similar plan adopted in 2014, which sought to halve global deforestation by 2020 and end it by 2030… with absolutely no results so far.

Like many others, Blair does not really believe in international mechanisms that promote environmental protection. “After each international conference, agreements are signed, but if we get to COP27, it’s because it’s useless,” he says. “The initiators of these policies take people for idiots.”

The hypocrisy of these international declarations is hard to ignore, knowing that the countries that promote them are often the ones who benefit the most from (and contribute the most to) nature’s destruction.

“The same nations that run the COPs are the ones that own the industries that are destroying the planet,” agrees Blair. “So, are we going to start taking action, or are we going to stay distracted and carry on as if nothing is happening?”

I ask Blair what he thinks the answer should be. “What we need is for countries like France, the United States and Russia to reduce their production,” he says. “If we want to conserve the planet, we have to reduce! But which of these countries is taking real action? None!”

He continues: “Everybody says that the DRC is a poor country. And if you come here, it’s true, you’re going to find poor people. But these countries which you think are poor are still rich in forests – and that’s because the people have preserved them. We accept to live in misery, but we preserve nature. You refuse to live in misery, but you destroy the Earth!”

Conservation failures

During his lifetime, Blair has witnessed the failure of multiple conservation plans, one of which is directly linked to his homeland. His village is located at the edge of the Kahuzi Biega National Park (KBNP), a protected area of 6,000 square km situated near Lake Kivu and the Rwandan border. Established in 1970, it became a UNESCO World Heritage Site in 1980, and has been largely funded by the US and German governments. But far from providing protection, it seems like that designation has actually created the conditions for the acceleration of the sale and exploitation of animals and soils in the area.

A burned Batwa home in Kahuzi Biega National Park. Between July 2019 and December 2021, joint contingents of park rangers and army soldiers violently expelled the Batwa from their ancestral home in the park, according to a report by Minority Rights Group International. Photo by Robert Flummerfelt.

“My village is located in the middle altitude of the Kahuzi-Biega National Park. As a child, I saw elephants. The park was one of the parks that attracted a lot of attention from tourists. Before the area officially became a national park, even if we made our livelihoods from hunting, there was everything. But when the white man came here and decided to create the park, that’s when the destruction started. The elephants are gone. Who organised the illegal sale of ivory? Who came to exploit the soils? The local communities or the people of the park, in collusion with the so-called “donors” who finance the park?” Blair challenges.

Blair left his region some years ago and now works in the North-Kivu region, near the city of Goma.

Here, he observes a similar case in the Virunga National Park. “Today, this park is the home of armed groups. And it’s called world heritage, it’s registered with UNESCO – and that makes me laugh. If it’s a world heritage, then what is the international community doing to knock the rebels out of the park? These armed groups threaten ecosystems and communities, they trade in species, they trade in minerals. But when the minerals come out of the park, they become “pure” in the eyes of white people, where in fact, they are made of blood.”

Sadly, this terrible situation is not specific to DRC: there are several other cases of conservation plans (designed by the UNESCO or other institutions and organisations) leading to a significant increase of violence and destruction throughout the world, such as in Central America.

Nature keepers

Blair is not just a witness, he has dedicated his life to defending the forests and Indigenous and local communities’ right to self-determination and self-organisation in their own land, because he knows that their destinies are closely related.

In fact, Indigenous peoples have been, and continue to be, nature’s best guardians on Earth: although they now represent only 6% of the world’s population, they protect 80% of the biodiversity that remains on the planet.

From speaking to Blair, it is clear that the land which Indigenous communities live on, and the natural resources which they depend on, are inextricably linked to their identity, culture and livelihoods, as well as their physical and spiritual well-being.

“For Congolese forest communities, the forest is everything,” Blair explains. “An inhabitant of a forest community can spend a year without buying anything, he does everything thanks to the forest: if he wants meat, he finds meat there; if he needs plants to heal himself, he finds them in the forest, if he wants to build, he doesn’t need nails since he finds ropes in the forest. The forest is life. The traditions of the people here conserve the forest.”

Yet now, the communities are faced with the risk of losing the forests on which their ways of life depend. Blair continues: “they know that if they end up being displaced, they have no place in the outside world, their way of life is absolutely different. They think: our life is here. To move us is almost to take us to the guillotine. We are not going to adapt to the way of life in the cities.

Community forestry to protect the land

Throughout the world, Indigenous peoples often lack formal recognition of their lands, territories and natural resources. This puts them in a vulnerable situation and in a permanent state of war against companies and governments that seek to take control over their territories in order to exploit their natural resources.

Since 2017, Blair has been working as a community facilitator with the National Alliance for Support and Promotion of Indigenous and Community Heritage Areas and Territories in the DRC (ANAPAC-DRC). One of his main missions has been to support Indigenous communities to manoeuvre the slow bureaucracy and long legal processes necessary to assert their rights on their lands and forests.

In DRC, the soils and subsoils of protected forests belong to the State. However, according to Article 22 of the 2002 Congolese Forest Code, local communities can request a proprietary title on their forest, even if they are located in protected areas, if they can prove that they have a historical relationship with this territory.

When the communities receive their titles – which are collective and permanent, meaning that they won’t need to be renewed by future generations – they also obtain the right to manage their land in autonomy: they gain access to the right for self-determination and self-organisation in their territory.

Kahuzi Biega National Park, a UNESCO World Heritage Site, is famous for its gorilla reserves. The status was achieved at the cost of expelling the nomadic pygmy communities that had been living in this part of the Kalehe territory of South Kivu for generations. Democratic Republic of Congo, November 2020.

With his organisation, Blaire has helped the Bambuti Indigenous community win land titles in the forest territory of Kisimbosa Chamsaka in the province of Nord-Kivu in 2019, becoming the first community forest in the region.

“It helps solve a lot of land issues. Without this, outsiders can easily come from Kinshasa and impose concessions. This brings a certain security”, explains Blair, even if he knows that there is no absolute guarantee that the communities won’t suffer from industry and economic pressure, and that the violence is not going to disappear with land titles.

However, he is sure that all of this is not just about property rights: the entire process also promotes collective organisation and solidarity between communities, which can be decisive when facing any type of threat.

“After obtaining their titles, communities are able to build projects such as schools at their local level, and then also open them up to other communities. One of our most important goals is connection: sometimes communities have a lot in common without realising it. Meeting each other allows them to learn from each other and to join forces for the protection of ecosystems,” he clarifies.

Building international awareness and solidarity

At the end of our conversation, I asked Blair about the responsibility of other people in the world with this same reality, and more precisely, what the people that will read his story can do to support local communities in Congo in their struggle for life.

One of the main things Blair says is building consciousness, especially among people that live in the Global North and asking: what are the impacts of living in rich countries on other peoples, and especially Indigenous peoples all over the planet?

Then, it is crucial to start holding the companies that are benefiting from the land’s destruction accountable for what they are doing: Which industries, and which products are made with blood? What can be done to stop them?

We must also build solidarity, and support those who are fighting everyday to protect not only their own lives but the planet we are all living on. Because, as Blair urges: “the biodiversity we have here in Congo is not just for ourselves, it is for everyone.”

A version of this text was published in See. Hear. Act. Do.

radio
La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Doble agresión contra nuestra Organización; nos citan a una audiencia fallida en Pichucalco y al mismo tiempo nos agreden en Bach’en, Chenalhó

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

 

  Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

8 de febrero de 2023

 

 

 

 

 

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A los Medios libres y Alternativos

A los Medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

 

Hermanas y hermanos:

 

A 30 años de testimonio de lucha no violenta y de trabajar por la paz y la justicia para nuestro pueblo, para México y el Mundo, el mal gobierno de México a través de su sistema de justicia corrupta y podrida SE BURLAN DEL CASO DEL ASESINATO DE NUESTRO COMPAÑERO Y HERMANO SIMÓN PEDRO PÉREZ LÓPEZ citándonos a una audiencia en la ciudad de Pichucalco que nuevamente fue cancelada; al mismo tiempo, AUTORIDADES COMUNITARIAS PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO EN CHENALHÓ, GOLPEAN Y HUMILLAN A COMPAÑERAS de la comunidad Bach’en, integrantes de nuestra Organización Las Abejas de Acteal que se habían reunido para evitar ser desmantelados sus servicios de luz eléctrica por parte del agente rural municipal y su gente.

 

 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, junto con sus aliados del PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, PRIISTAS Y LOS RICOS Y PODEROSOS SE HAN UNIDO PARA DESTRUIR NUESTRA RESISTENCIA CIVIL Y PACÍFICA, nuestra lucha por la justicia verdadera por el asesinato cobarde de nuestro compañero y hermano Simón Pedro; EL GOBIERNO DE LA LLAMADA “CUARTA TRANSFORMACIÓN”, HA HECHO SUYA LA ESTRATEGIA CONTRAINSURGENTE DE DESGASTE Y DE LA POLÍTICA DEL OLVIDO, aquella que diseñó el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León para encubrir su crimen de Estado cometido en la Masacre de Acteal y de otros crímenes cometidos contra otros pueblos de México.

 

 

 

EL CASO DE SIMÓN PEDRO

 

La estrategia contrainsurgente y de desgaste hacia nuestra lucha y caminar se evidenció cuando el juez del Juzgado de Control de Pichucalco, Chiapas nos había citado el 7 de febrero para la audiencia de DESAHOGO DE PRUEBAS en el caso del asesinato de nuestro hermano Simón Pedro. Pero, vergozosamente el juez nos dio la noticia que no habían trasladado al autor material del asesinato de nuestro hermano Simón Pedro al juzgado de Pichucalco, Chiapas.

 

Ante esta burla y humillación de parte del sistema judicial de Chiapas, nos preguntamos, ¿ACASO LOS ASESINOS SON LOS QUE DECIDEN SI ASISTIR O NO A UNA AUDIENCIA? ¿DE QUIÉN ES ESA RESPONSABILIDAD? 

 

NO SE TRATA SÓLO DE UN ERROR, NO SE TRATA SÓLO DE UN PEQUEÑO INCONVENIENTE. ESTE TIPO DE SITUACIONES TIENEN DE TRASFONDO DESGASTARNOS. SABEN QUE NUESTROS RECURSOS ECONÓMICOS SON LIMITADOS Y NO NOS PODEMOS DAR EL LUJO DE ASISTIR A MILES DE AUDIENCIAS FALLIDAS, APUESTAN A DESGASTARNOS PSICOLÓGICA Y EMOCIONALMENTE. APUESTAN A QUE LAS PERSONAS Y ORGANIZACIONES QUE NOS ACOMPAÑAN PIERDAN LA CONFIANZA Y YA NO ASISTAN A ESTAS AUDIENCIAS, APUESTAN A QUE NOS QUEDEMOS SOLAS Y SOLOS, AL DESGASTE DE NUESTRO TEJIDO SOCIAL. ¿POR QUÉ? ¿POR CUÁNTO TIEMPO MÁS? 

 

La suspención de la audiencia del caso de nuestro hermano Simón Pedro, no está aislado con los hechos de agresión y violencia que sufrieron en este mismo día a nuestros compañeros de la comunidad Bach’en.

 

El Caso de desmantelamientos de sercivio de agua y luz eléctrica de Las Abejas de Bach’en.

 

Mientras nos encontrábamos en frente del juzgado de Control de Pichucalco, Chiapas, fueron insultados, agredidos y golpeados mujeres y hombres de la comunidad Bach’en miembros de Las Abejas de Acteal, por la gente partidista de dicha comunidad.

 

Los Sres. Antonio Jiménez Arias agente rural municipal, Cristóbal Pérez Pérez presidente de Comité de Educación, Miguel Hernández Vázquez patronato de luz eléctrica, junto con 60 hombres aproximadamente, el día 7 de febrero alrededor de las 11 y media de la mañana, llegaron al poste de luz de donde tiene tomado el suministro de energía nuestro compañero Miguel Pérez Pérez con el objetivo de cortarle dicho servicio al igual que nuestro compañero José Vázquez Pérez.

 

Su molestia fue que el pasado 4 de febrero nuestros compañeros en mención junto con el resto de las familias también miembros de Las Abejas de Acteal, decidieron reconectar dichos servicios después de 6 meses de haberles sido desmantelados los servicios por estas mismas autoridades comunitarias, por el hecho de que nuestro compañero Miguel Pérez Pérez no aceptó un cargo de comité de educación ya que existe un acta de acuerdo elaborada en el año de 2014 que regula formas y tiempos en cuanto a cargos y para mantener la armonía en dicha comunidad. Por esta razón nuestro compañero Miguel se amparó con dicho documento, sin embargo las autoridades y la asamblea argumentaron que ese documento ya no tenía validez; ya que en una asamblea celebrada en el año de 2020 decidieron modificar las cláusulas del citado acta de acuerdo, cambiando totalmente el sentido y contenido con el del 2014, además a nuestros compañeros de Las Abejas ya no fueron tomados en cuenta su palabra como en el año de 2014.

 

Entonces cuando nuestras compañeras y compañeros de la Organización Las Abejas se enteraron de que las autoridades de Bach’en y su gente venían a cortarles los servicios de luz eléctrica a nuestro compañero Miguel y José, se organizaron rápidamente para evitar ser cortados dichos servicios. Las mujeres y hombres rodearon el poste de luz, y en ese momento se acerca en modo agresivo el sr. Antonio Jiménez Arias agente rural municipal, mientras una compañera de Las Abejas le pidió a este autoridad que no cortaran los cables de luz y que mejor se platicara de manera respetuosa a lo que el agente mencionado respondió “la gente ya no se puede calmar, además tú eres mujer, no tienes derecho a hablar aquí”. Un señor de nombre José Méndez de la comunidad Ch’ixilton quien fue contratado por el patronato de luz eléctrica de Bach’en para cortar el servició de luz eléctrica de nuestros compañeros Miguel y José, fue quien empezó la agresión quitándole a fuerzas el celular de nuestro compañero Miguel, pero con el apoyo de las compañeras pudo recuperar dicho dispositivo de comunicación. Enseguida, el hijo del agente de nombre Ismael Jiménez Pérez, golpeó a una compañera de 37 años de edad. Y otra compañera cuando estaba resistiendo y evitando que subieran al poste fue empujada y golpeada cayéndose al suelo y un hombre de nombre Pedro Gutiérrez Pérez se le fue encima, rompiéndole el sueter, aunque otra compañera intentó levantarla, pero otro hombre se le acercó y le dobló el dedo pulgar de la mano izquierda.  A nuestro compañero Miguel Pérez Pérez lo estuvieron jaloneando en varias ocasiones pero no soltaba el poste de donde estaba agarrado, quedó con moretones de su brazo derecho. Fueron varias mujeres golpeadas, insultadas y humilladas.

 

El suministro de energía eléctrica de nuestro compañero Miguel a pesar de la agresión que sufrieron, sí pudieron defenderlo. Pero no fue así el del compañero José, le cortaron la luz eléctrica y se llevaron su cable de bajante.

 

¿Por qué estamos siendo agredidos, burlados y despreciados por las autoridades judiciales en el caso de nuestro hermanos Simón Pedro?

 

Señor Andrés Manuel López Obrador:

¿Por qué su gobierno, su gobernador en Chiapas, sus jueces, su sistema judicial, su sistema penitenciario en Chiapas, su presidente municipal de Chenalhó y sus agentes rurales municipales, nos agreden, nos desprecian y nos humillan?

 

¿Por qué permite tanta mentira y desprecio en el caso de nuestro compañero y hermano Simón Pedro? Por que somos “indígenas”, porque somos pobres? Dónde quedó su palabra en tiempos de su campaña de que son “primero los pobres”?

¿Es una represalia de su gobierno contra nuestra lucha y organización que no acepta soluciones amistosas y que no negocia la justicia y su dignidad?

 

Queremos dejar claro que aunque nos agredan, aunque nos maten, aunque nos masacren; No tenemos miedo, sobreviviremos, retoñaremos y resucitaremos siempre.

 

Aunque el mal gobierno nos ponga obstáculos, seguiremos adelante, hasta que se haga justicia por el asesinato cobarde de nuestro compañero y hermano Simón Pedro; no permitiremos que quede en impunidad, lucharemos con todas nuestras fuerzas como lo venimos haciendo con el caso de la Masacre de Acteal. No dejaremos solo a la familia del compañero Simón Pedro, estaremos apoyándoles siempre. ESTAREMOS AQUÍ EL 3 DE MARZO, AUNQUE NOS HAYAN DEJADO PLANTADOS; ESTA VEZ EL MAL GOBIERNO NO PODRÁ ENGAÑARNOS CON SU SISTEMA DE JUSTICIA CORRUPTO.

 

Así mismo los cortes de luz eléctrica hacia nuestros compañeros y compañeras, le exigimos rotundamente al presidente municipal de Chenalhó que hable con su gente de la comunidad Bach’en, para que inmediatamente restablezcan el servicio de luz eléctrica de nuestro compañero José Vázquez Pérez.

 

LA AGRESIÓN HACIA LAS COMPAÑERAS DE AYER, AHORA SE ENCUENTRAN MAL Y CON DOLOR EN TODO SU CUERPO, PORQUE FUE HORRIBLE LO QUE HICIERON LOS PARTIDISTAS CONTRA ELLAS, lo que hicieron el agente rural municipal junto con el patronato de luz y su gente, fue muy grave, por lo que este hecho humillante no permitiremos que quede impune.

 

Hermanas y hermanos, quienes conocen nuestra lucha, quienes saben el motivo de por qué el mal gobierno federal, estatal y local nos quieren ver destruidos; les pedimos difundan esta nuestra palabra, ayúdenos a denunciar estas dos arbitrariedas vergonzosas hacia nuestra Organización; tanto del caso de nuestro hermano Simón Pedro, como la agresión de ayer hacias nuestras compañeras de Bach’en.

 

Les pedimos estén pendientes, no nos dejen solas y solos, porque lo que nos están haciendo los malos gobernantes y los partidistas en las comunidades no es un juego, porque así empezó en el año de 1997, haciendo parecer que son conflictos intercomunitarios, cuando en realidad es parte de una estrategia de guerra para destruir nuestra lucha y nuestro pueblo organizado.

 

Ante todo lo anterior, EXIGIMOS:

 

¡Al gobierno de López Obrador no permita más dilación en el caso de Simón Pedro!

¡Justicia verdadera para Simón Pedro!

¡Castigo a todo los responsables tanto material como intelectuales en el caso DE Simón Pedro!

¡No más cortes de luz eléctrica ni agua en la comunidad Bach’en¡

¡Respeto a las mujeres Abejas de la comunidad Bach’en!

¡Garantía a la integridad física y psicológica de nuestras compañeras y compañeros de la comunidad Bach’en!

¡Alto a las represalias hacia nuestra Organización Las Abejas de Acteal!

 

Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.

 

Atentamente.

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

 

Por la Mesa Directiva:

 

 

Javier Flores Zepeda                         Eliseo López Arias

Presidente                                     Secretario

 

 

Luis Miguel Gómez Pérez                    Alonso Ruiz López

Tesorero                                   Sub secretario

 

radio
ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ISTMO EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO – APIIDTT

Convocatoria a acciones dislocadas 09 de febrero de 2023

Como APIIDTT, somos parte de la RED NACIONAL DE RESISTENCIA CIVIL, espacio integrada por 19 organizaciones de 11 estado del país (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Chihuahua), nos movilizaremos esté Jueves 9 de Febrero POR EL DERECHO HUMANO A LA ENERGÍA ELECTRICA Y UNA TARIFA SOCIAL JUSTA, y frente al clima de violencia, persecución, criminalización, amenazas, hostigamientos, difamación y agresión en contra de los habitantes de Puente Madera y de la APIIDTT, REITERAMOS NUESTRO LLAMADO:

A que este próximo Jueves 9 de Febrero a partir de las 10:00H (Hora CDMX) se sumen de acuerdo a sus formas y tiempos, a realizar ACCIONES DISLOCADAS en SOLIDARIDAD con la lucha de los pueblos, comunidades, ejidos, colonias y habitantes del Istmo de Tehuantepec contra la IMPOSICIÓN del CORREDOR INTEROCEÁNICO, la Militarización y los Megaproyectos de Muerte con las consignas:

¡CON LA SANGRE DE LOS PUEBLOS NO HAY TRANSFORMACIÓN, NI PRIMAVERA!

¡NO AL CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC!

¡PUENTE MADERA RESISTE! ¡EL JORDAN RESISTE!

Si realizan acciones / actividades, enviarlas al correo asamblea.istmo@gmail.com, si realizan publicaciones en redes sociales, pueden agregar los siguientes hashtags:

#PrimaveraOaxaqueñaDeCuarta #NoAlCIIT #ELISTMOESNUESTRO #ELSURRESISTE #APIIDTT

Desde la Región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca:

ASAMBLEA COMUNITARIA DE PUENTE MADERA

ASAMBLEA COMUNITARIA DEL JORDAN

ASAMBLEAS DE RESISTENCIAS DE TAPANATEPEC, EL JICARO, ZANATEPEC, HUANACASTAL, REFORMA DE PINEDA, IXHUATÁN, SAN FRANCISCO DEL MAR, LA VENTOSA, JUCHITAN, XADANI, GUI’ XHI» RO’.

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