En Chiapas, existe un patrón de criminalización contra personas defensoras indígenas involucradas en procesos de defensa de sus territorios, del ambiente, la autonomía y la libre determinación de sus comunidades.

Así lo identifican organizaciones internacionales de derechos humanos, quienes durante los últimos días de marzo visitaron el estado, al sur de México, para documentar la situación de riesgo y violencia que viven defensores, organizaciones y comunidades indígenas.

“Este patrón se evidencia en el creciente número de casos en la fabricación de crímenes y en violaciones al debido proceso con un fuerte impacto en la organización comunitaria y en la lucha por los derechos colectivos”, sostienen las organizaciones Indigenous Peoples Rights International (IPRI) y Front Line Defenders (FLD).

Las organizaciones resaltan el uso del sistema penal en contra de las personas defensoras y comunidades que se han opuesto a la militarización de sus territorios. Es el caso de Manuel Santiz Cruz de la comunidad de San Juan Cancuc; de César Hernández y José Luis Gutiérrez del ejido de San Sebastián Bachajón en Chilón (quienes están a la espera de la próxima audiencia el 24 de abril), de Cristóbal Santiz de Aldama y en el caso de las recientes investigaciones en contra de personas defensoras en la comunidad de Taniperla en Ocosingo.

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También señalan el alto riesgo que representa, para las y los defensores, los conflictos agrarios y territoriales no atendidos por las autoridades que continúan perpetuando la descomposición del tejido social de las comunidades. “Esto se ha visto agravado con la situación actual de despojo de tierras en el contexto de militarización de la región y por la disputa por el control territorial y la imposición de las actividades económicas por parte de grupos del crimen organizado”, señalan mediante comunicado conjunto.

Además, enfatizan que, a pesar de que las personas defensoras han denunciado graves amenazas y ataques debido a su labor, la omisión de los diferentes niveles de gobierno ha propiciado la escalada de agresiones y el aumento en la violencia. Este es el caso del asesinato del defensor Simón Pedro Pérez, expresidente de la mesa directiva de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal; así como la violencia que derivó en el desplazamiento de 25 personas de la comunidad de Nueva Palestina en Ocosingo.

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De acuerdo a las organizaciones, lo anterior sucede en un contexto de proliferación y diversificación de grupos armados, lo que ha empeorado una compleja situación heredada del contexto del paramilitarismo de los años 90 y la continua impunidad conectada a dicho fenómeno.

Las organizaciones recopilaron testimonios que evidencian la vinculación entre autoridades estatales y municipales con el crimen organizado, lo que genera condiciones favorables para que prevalezca la impunidad.

“A esta crisis se suma lo que identificamos como un patrón en el retraso y postergación de las audiencias de casos vinculados a personas defensoras de derechos humanos, tanto de procesos de búsqueda de justicia, como es el caso del asesinato del defensor Simón Pedro Pérez López, o en el proceso de criminalización de personas defensoras, como es el caso de Manuel Santiz Cruz de la comunidad de San Juan Cancuc”.

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Por último, señalan su preocupación ante el contexto de estigmatización y campañas de desprestigio contra la labor de defensa de derechos humanos de las personas defensoras indígenas, situación que aumenta el riesgo de violencia dado que las instituciones del gobierno estatal no reconocen su trabajo. “Esto es particularmente evidente en la sentencia dictada el 31 de marzo sobre el asesinato del defensor de derechos humanos Simón Pedro, en donde nunca fue incorporada a la investigación ni en la resolución su labor de defensa de derechos humanos como parte del móvil del homicidio”, indican las organizaciones.

En México no existen datos precisos sobre las operaciones de la minería en el territorio nacional. Por ello, una iniciativa que conjuntó a investigadores, organizaciones sociales y ambientales se dio a la tarea de compilar más de 100 mil registros geográficos para conocer la manera en que se realiza la gestión ambiental de la industria extractiva.

Los resultados de la investigación revelan un panorama crítico respecto al cumplimiento administrativo de las regulaciones ambientales y la disponibilidad de información pública sobre la gestión ambiental.

De las 249 operaciones mineras metálicas en México, el 72% opera sin permisos de descarga residuales; 62% no cuenta con concesiones de agua; 55% no ha presentado, en los últimos 17 años, datos ante el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes
(RETC); 51% opera en acuíferos sin disponibilidad de agua; 38% no tiene información de evaluaciones de impacto ambiental autorizadas y 23% carece de información sobre sus depósitos de jales.

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El trabajo se concentra en la denominada Cartografía de las Operaciones Mineras en México, una base de datos espacial única en México que permite identificar con precisión cartográfica la superficie de la operación de cada mina en el país, distinguiendo la actividad minera.

^{Fuente: CartoCrítica, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, Natural Resource Governance Institute, y PLANEAS-PRONACE Energía y Cambio Climático}

La investigación enfatiza la operación de 97 minas metálicas a cielo abierto y otras 152 minas subterráneas, “sin estar registradas en una base de datos oficial, en datos abiertos, capaz de distinguirlas, caracterizarlas espacialmente y, sobre todo, hacerles rendir cuentas públicamente de su producción o de su gestión ambiental”, indica un comunicado de los autores.

Opacidad

Cabe destacar que la única fuente de información oficial sobre la operación de grandes minas y las concesiones en México está a cargo de la Secretaría de Economía. “Sin embargo, esta información no identifica, ni permite conocer la producción, extensión, minerales, técnicas ni ninguna otra información sobre la magnitud de las actividades mineras que ocurren en el país. No distingue si están operando o si simplemente utilizan las concesiones como elemento para la especulación financiera, actividad alentada por la vigencia de cada concesión minera, que dura 50 años prorrogables por 50 más”, resaltan los autores de la investigación.

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Esto se suma al hecho de que la propia industria minera no comparte datos de manera pública ni desagregada, sobre la cantidad de minerales que extrae por cada mina, planta de beneficio o empresa. “Las empresas mineras tampoco reportan cuántas hectáreas forestales fueron convertidas a tajos a cielo abierto y presas de lixiviados; y mucho menos, la cantidad de agua que utilizó, cuánta fue contaminada en sus procesos, ni cuánto pagó por ella”, acusan las organizaciones.

Para los autores, el trabajo de identificar los proyectos mineros en operación es apenas el punto de inicio para conocer la gestión ambiental. “Si no sabemos cuántas grandes minas operan en el país, ¿podremos efectivamente conocer cuántas cumplen con sus obligaciones de gestión ambiental?”, cuestionan en comunicado en el que enfatizan los resultados a 31 años de vigencia de la ley minera en México.

En la conferencia de prensa semanal del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, que se realizó lunes (27), en la Ciudad de México, el mandatario informó que serán construidos cuatro parques eólicos adicionales en el Istmo de Tehuantepec, sin mencionar las localidades. Hoy existen 28 parques en la región.

La construccción fue uno de los compromisos establecidos, durante la reunión de la sexta Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) realizada semana pasada en Oaxaca, con la presencia de los representantes de Estados Unidos (EEUU), el enviado especial presidencial para el clima de EEUU, John Kerry, y el embajador del país en México, Ken Salazar. Es la primera vez que funcionarios de Estados Unidos participan de la Conago.

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El tema principal de la reunión fue la “transición energética” y la colaboración con los Estados Unidos. “Expresamos nuestro compromiso en el combate al calientamiento global y ratificamos nuestra voluntad, de los 25 gobernadores, de consolidar y profundizar la colaboración con los Estados Unidos en este tema”, dijo Jara Cruz quien funge como presidente de la Conferencia.

Particularmente, Oaxaca “quiere sumar su potencial y su posición geoestratégica para coadyuvar a cumplir los objetivos de la Cumbre de Líderes de América del Norte y colocar a la región a la vanguardia en materia de desarrollo económico sostenible”.

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Jara Cruz señaló que el Istmo de Tehuantepec, con el proyecto del Corredor Interoceánico, es el lugar donde se “comenzará una nueva etapa de la construcción de nuestro (EEUU y México) futuro compartido”.

Durante la reunión acordaron “continuar el diálogo y trabajar conjuntamente para promover inversiones verdes y desarrollar el sector de las energias limpias”.

Esta es la séptima vez, en un poco más de un año, que el enviado especial para el clima aterriza en México. Eso muestra la “importancia que tiene la relación” entre EEUU y México, dijo el embajador Ken Salazar.

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La gira de Kerry a México – que incluyó visita a Guelatao, en razón del natalicio de Benito Juárez, y al Istmo para revisar las obras del Corredor Transístmico – acarreó protestas de colectivos, pueblos y movimientos en diversas partes de Oaxaca y en Ciudad de México, en rechazo al proyecto del Corredor Transístmico.

Deseo de liderar

Antes que hablara Kerry a los gobernadores de México, el embajador tomó la palabra y presentó al funcionario estadunidense como “líder” mundial en el tema climático. “El presidente (Joe) Biden, cuando escogió Kerry para que fuera el líder de nosotros, en todo el mundo, en materia de cambio climático, sabía lo que estaba haciendo porque Kerry ya lleva muchísimos años de su vida trabajando en este asunto”.

En un comunicado emitido por la embajada de los Estados Unidos, Salazar reafimó los esfuerzos del país en la búsqueda de liderar mundialmente la “transición energética”. “El presidente Biden está comprometido con esta agenda climática para consolidar el liderazgo de los Estados Unidos en la lucha contra el cambio climático y hacia las energías renovables”.

Dictando línea

Antes de la Conago, Salazar y Kerry se reunieron con López Obrador y con el director de la mexicana Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México, Manuel Bartlett.

Bartlett expresó, en una conferencia de prensa ofrecida en conjunto con Salazar, que “vamos a hacer un análisis más amplio, debemos dar la información sobre qué estamos haciendo, cuánto estamos produciendo, cuánto estamos generando y con esos datos adicionales tendremos una reunión en un par de meses, dos o tres meses”.

Ya Salazar fue más enfático. “Ojalá que estas reuniones que se están proponiendo, con todo respeto, Manuel, lo debemos hacer más pronto que en dos o tres meses. Ojalá que tengamos esta reunión, donde tú vengas a Washington y ponernos en plan de más acción”, expresó Salazar.

El embajador dijo que, desde la primera visita del enviado especial Kerry a México, han “tenido avances”, pero “el trabajo no se puede quedar en la mesa, sino que tenemos que profundizarlo y llevarlo a la realidad”.

Entre los temas tratados, según informó López Obrador en su conferencia de prensa matutina, está la construcción de por lo menos tres plantas adicionales de energía solar en Sonora, con una inversión de 5 mil millones de dólares. También abordaron el programa de rehabilitación de las hidroeléctrica en todo el país. México asumió el compromiso de producir el 35% de la energía con renovables para el 2024.

La visita de Kerry a México ocurrió durante las consultas que inició el gobierno de Estados Unidos, el año pasado, dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para cuestionar la política energética del gobierno de López Obrador.

En el informe anual Voces contra la Indiferencia de Artículo 19, la organización registró 696 ataques contra la prensa en México en el año 2022, convirtiéndos en el año más violento para la labor periodística desde que la organización inició el registro de agresiones, en 2007.

Fueron registrados 12 periodistas asesinatos lo que también sella el año más letal para la prensa junto con 2017. “México se posiciona como el país más letal para ejercer el periodismo en el continente, incluso con cifras similares a las de países en guerra”, sostuvo la organización.

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Artículo 19 expuso, durante presentación del informe en el Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, que las agresiones contra periodistas alcanzan una frecuencia de una cada 13 horas, donde la mayoría son cometidas por autoridades. De los casos documentados, 296 (42.53%) fueron perpetrados directamente por actores del Estado, es decir, cuatro de cada diez.

En el panorama nacional, las cinco entidades federativas con más casos de ataques contra la prensa en 2022 fueron la Ciudad de México, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, en ese orden.

El informe revela que, a lo largo del gobierno de López Obrador, los ataques contra la prensa han constado, mayoritariamente, de amenazas, intimidación y acoso. En 2022, al igual que en los últimos tres años, las agresiones más comunes contra periodistas y medios de comunicación fueron: intimidaciones y hostigamientos, con 181 casos.

Registró que, en 2022, en al menos 176 ocasiones el Ejecutivo vertió comentarios estigmatizantes a medios de comunicación, periodistas e, incluso, organizaciones de la sociedad civil. De estos 176 hechos, 44 se configuraron como ataques contra la prensa, de los cuales 33 fueron cometidos directamente por el titular del Ejecutivo federal.

De forma paralela a la estrategia de ataque verbal por parte del gobierno federal, el reporte también insiste en que la concentración de recursos y la discrecionalidad en los criterios de asignación de publicidad oficial da pie a la manipulación de las líneas editoriales de los medios en México.

Datos del informe refieren que el año pasado tan solo diez empresas de comunicación recibieron el 54.8% del total del gasto en publicidad oficial, donde cerca del 30.6% se entregó a La Jornada, Televisa y TV Azteca.

En 2022, el Congreso desacató la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de atender las deficiencias de la Ley General de Comunicación Social y optó por reglamentar de manera deficiente la publicidad oficial y dar continuidad a la hiperconcentración del gasto en comunicación social.

Militarización y espionaje

El informe también da cuenta de las preocupaciones sobre la militarización del país y la opacidad que ronda a las fuerzas armadas, particularmente en torno a acciones de espionaje como herramienta de intimidación y amenaza en contra de periodistas y defensores de derechos humanos que han sido reveladas en meses pasados por grupos ‘hacktivistas’.

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También se señala que el hackeo a SEDENA ha sido utilizado como pretexto para reactivar discusiones al interior del Legislativo e impulsar leyes de ciberseguridad restrictivas de los derechos humanos e inhibitorias de la libertad de expresión.

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Asimismo, refiere que las instituciones civiles de seguridad y justicia tuvieron un presupuesto 271% menor al del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, militarizada en 2023.

Sin respuesta

Conforme a los datos proporcionados por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), desde 2010, año de su creación, hasta diciembre de 2022, de un total de 1,592 indagatorias por crímenes contra periodistas, se han obtenido únicamente 32 sentencias, contando las cuatro logradas el año pasado.

Durante 2022, la mayor parte de las designaciones de titulares de diversos organismos públicos quedó pendiente. El año cerró con 23 procesos inconclusos. De cara a este año existe un acumulado de 16 procesos pendientes, incluidos los del Instituto Nacional Electoral (INE) o los del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

En este mismo sentido, Artículo 19 señala la utilización facciosa de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La CNDH ha demostrado, según Artículo 19, una preocupante parcialidad y falta de autonomía durante el sexenio actual.

En febrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que declara zona de reserva minera de litio la superficie de 234,855.1980 hectáreas, ubicada en los municipios de Arivechi, Bacadéhuachi, Huásabas, Divisadero, Granados, Sahuaripa y Nácori Chico, en el estado de Sonora. Las reservas mexicanas de litio serán otorgadas a la Secretaría de Energía (Sener).

El decreto está respaldado por la reforma a la Ley Minera, llevada a cabo en abril de 2022, que “reconoce que el litio es patrimonio de la Nación y su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento se reserva en favor del pueblo de México”.

López Obrador, en la ocasión de la firma del decreto, señaló que así como el presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) recuperó el petróleo con la expropiación petrolera, “ahora lo que estamos haciendo, guardada las proporciones, es nacionalizar el litio”.

La exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio “quedan exclusivamente a cargo del Estado, y se llevarán a cabo por el organismo público descentralizado que determine el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones aplicables”.

Para eso se creó la empresa estatal,Litio para México (LitioMx), operada por la Secretaría de Energía. La paraestatal fue constituida formalmente en agosto de 2022 tras un decreto firmado por López Obrador.

A pesar del discurso manejado por el gobierno, sobre la nacionalización del litio en México, para Viviana Herrera, coordinadora del programa para América Latina de Mining Watch Canadá, “falta un análisis crítico” de este discurso. Según ella, se ha llamado nacionalización del litio “de forma errónea”.

Dicho discurso supone la necesidad de extraer litio como parte de una transición energética mundial y que este extractivismo integra un proyecto para fortalece la soberanía nacional, resume. “En realidad esta ola extractivista está dinamizada por una política neoliberal del T-MEC (Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá). Lo que avanza es un proyecto vinculado al capital privado de alto riesgo al erario público”, explica la coordinadora de Mining Watch quieng, juntamente con la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), publicó el informe Explotación de litio en México, ¿interés público oextractivismo transnacional?

De acuerdo al informe, lo que se ha difundido como “la nacionalización del litio” en México, son “modificaciones minúsculas a la ley” que no garantizan la plena propiedad estatal de las empresas que se conformen alrededor de la cadena de explotación y transformación del litio. “Muy por el contrario, busca legitimar y posibilitar la apertura a un modelo empresarial público-privado, en el que no se ha excluido la participación mayoritaria de empresas no sólo privadas, sino incluso extranjeras”.

La empresa pública LitioMx tendrá exclusividad en la administración de estas actividades, sin embargo, podrá asociarse con capitales, nacionales o extranjeros.

El Artículo 5 del decreto de agosto del 2022, garantiza que para “administrar y controlar las actividades necesarias para la producción, transformación y distribución de productos derivados del litio”, la empresa estatal “podrá asociarse con otras instituciones públicas y privadas”. Así, “lo que se instrumenta es un modelo idéntico al esquema neoliberal que en el sector de los hidrocarburos opera desde las reformas calderonistas de 2008”, sostienen las organizaciones en el informe.

El propio López Obrador, en ocasión de la creación de la empresa pública, sostuvo que la inversión privada será necesaria. “No nos alcanzaría para que fuese sólo pública, se requiere de bastante inversión”, dijo en su conferencia de prensa, en agosto de 2022.

Las organizaciones alertan que considerar el litio como un mineral de utilidad pública y estratégico, faculta al Estado a promover acciones impositivas para llevar a cabo estos proyectos.

Los proyectos que ya son prioritarios del gobierno, como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico, “nos dan una idea muy clara de este tipo de acciones: la aceleración de los trámites para los permisos y las licencias necesarias, el ocultamiento de la información, la desinformación, la manipulación y la imposición para fabricar la aceptación social del proyecto; el linchamiento mediático y político de quienes se oponen a estos proyectos, la criminalización y uso de la fuerza pública, que se suma a la violencia que ya ocurre en los territorios con participación de crimen organizado en contubernio con diferentes niveles del Estado”.

Carros eléctricos para los EEUU

La nueva ola minera es promovida para sostener lo que llaman la transición energética, recalca Isabel Velázquez Quesada, integrante de la REMA y de GeoComunes. Es decir, las nuevas tecnologías necesarias para la transición energética demandan el aumento de la explotación minera.

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“Bajo esta idea ha generado cierto consenso sobre una afirmación abrumadora: para salvar el mundo, entre 2011 y 2060, se quiere aumentar 111% la extracción de minerales, es decir, quieren salvar el mundo promoviendo, para ello, una de las actividades más violentas y dañinas como es la minería”, analiza Quesada.

En este escenario el litio saltó a la escena mundial y, en México, por el lugar que dicho mineral tiene en el proceso de producción de baterías. “Si bien se ocupa en las baterías de muchos aparatos que la industria electrónica produce, el sector que ha impulsado esta ola extractivista en torno a los depósitos de litio es la industria de los automóviles”, sostiene. La demanda global para el litio responde en un 80% al mercado para vehículos eléctricos. Es más, “es al calor de la expansión y acomodo geopolítico del sector automotriz en América del Norte que esta fiebre minera toca tierra en México”.

Mining Watch y REMA advierten que esta nueva ola extractivista está siendo dinamizada por el fortalecimiento de la industria automotriz estadounidense en su intento de posicionarse mejor frente al dominio de China en toda la cadena de valor para la fabricación de vehículos eléctricos, armonizando así la región con los nuevos requisitos de valor de contenido regional pactados en el T-MEC.

Con la entrada en vigencia del T-MEC, el 1 de julio de 2020 ,“se imprimió un significativo sello regional en la fabricación de automóviles a través de los estímulos para fomentar el uso de insumos procedentes dentro de la misma región”, dice el informe.

Así, para poder calificar un vehículo para la exportación libre de impuestos en el 2023 en la zona de libre comercio, 75% de sus componentes llamados esenciales tendrán que ser de origen norteamericano, lo cual incluye, entre otras partes, las baterías de litio.

Ante este cambio, la industria en los tres países se está ajustando para cumplir con este nuevo estándar. Con el dominio de países asiáticos en la producción de baterías de iones de litio, el T-MEC está impulsando para que se hagan nuevas inversiones en la extracción y procesamiento de litio y la fabricación de baterías dentro de los tres países que pertenece al T-MEC.

Proyectos

En un informe anterior, las organizaciones señalaron que existían 36 proyectos mineros de litio en manos de 10 empresas, todas de capital extranjero, pero que sólo tres de éstas tenían algún nivel de avance de sus proyectos.

El resto, eran proyectos de mera especulación financiera, útiles para el enriquecimiento de las llamadas empresas “juniors”, esto es, empresas de bajo capital enfocadas en las fases

de prospección y exploración.

El único proyecto de litio avanzado en el país es el proyecto Bacanora en el estado
de Sonora, cuyo principal inversionista es la empresa china Ganfeng Lithium Co.

Las declaraciones públicas del presidente han indicado que es poco probable que se actúe para expropiar proyectos privados. En junio de 2022 declaró: “En el caso de los convenios que se otorgaron con anterioridad, se van a revisar para ver si fueron solicitados para explotar litio, no minerales en general […] Si fueron solicitados para explotar litio y están en regla, y hay proyectos de exploración y de producción, se van a respetar”.

Las organizaciones llaman la atención hacia el hecho de que, según la información más reciente del Servicio Geológico Mexicano (SGM), la mayor parte de los depósitos económicamente viables de litio en México son en arcillas. “Un tipo de depósito que no tiene antecedente de explotación comercial, por lo que incrementa la incertidumbre sobre las implicaciones económicas y ambientales, a pesar de que podemos tener certeza que los impactos ambientales y a la salud de su explotación no distarían mucho de otros proyectos mineros”.

Agua

Las organizaciones también hicieron un estudio sobre la disponibilidad del agua en las regiones donde están los proyectos de litio. Encontraron que casi un cuarto de los proyectos de litio – sumando los privados y los sitios de prospección del SGM – está en zonas de riesgo hídrico extremadamente alto, principalmente los proyectos situados en Chihuahua y en la zona fronteriza entre San Luis Potosí y Zacatecas. Mientras que más de un tercio del conjunto de los proyectos se encuentran en zonas de riesgo hídrico alto.

Las comunidades afectadas por la minería y las organizaciones que “nos oponemos al modelo extractivo minero, queremos insistir en que, sin importar el origen de la empresa minera, la minería seguirá despojando a los pueblos de sus territorios y generando daños irreparables a los mismos, todo esto para extraer minerales que siguen fomentando un consumo absurdo que profundiza la polarización del mundo y que sólo abona a falsas soluciones que da el capitalismo a la crisis socioecológica y económica que vivimos”.