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CONCEJO INDIGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA, CIPOG-EZ

CIPOG-EZ EMITE ALERTA MÁXIMA ANTE MOVILIZACIÓN MASIVA DE SICARIOS

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COMUNICADO 23-06-2022

ASUNTO: ALERTA DE ATAQUE

COMUNIDAD DE ALCOZACAN, MUNICIPIO CHILAPA DE ALVAREZ, ESTADO DE GUERRERO.

Al EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.

AL CONCEJO NACIONAL INDIGENA.

A TODOS LO MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES.

A TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNDO.

AL PUEBLO DE MEXICO.

PRESENTE.

Derivado de los recientes acontecimientos suscitados en las comunidades que integran  El Consejo Indígena Popular y de Gobierno Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), autoridades comunitarias, comisarios, policías comunitarios de las CRAF-PC-PF y  pobladores de las comunidades les  SOLICITAMOS SE ENCUENTREN ALERTA y se preste especial atención en próximas horas a los actos realizados por el grupo narco paramilitar conocido como Los ARDILLOS, en contra de las comunidades que conformamos el CIPOG-EZ, miembros de los pueblos na savi, me pháá, ñamnkue, nahua, Afromexicanos y mestizo de Guerrero, pertenecientes a los pueblos nahuas, tlapanecos y mixtecos.

Lo anterior a raíz de los ataques perpetrados  a las comunidades pertenecientes al CIPOG-EZ, después de que la policía comunitaria de las comunidades recupero el territorio robado por el grupo delincuencial, y ahora se encuentran resistiendo la ofensiva por retomar el control de los campamentos, trincheras y fortificaciones que fueron tomadas del grupo criminal de “los Ardillos”.

Durante casi una semana nos han atacado con armas de grueso calibre, drones, artefactos explosivos, y EN ESTE MOMENTO AMENAZANDO CON LANZAR UNA OFENSIVA CON EL GRUESO DE SUS SICARIOS

Por tal motivo denunciamos una inminente agresión por parte de dicho grupo delictivo y exigimos de las autoridades actúen de acuerdo a su nivel de responsabilidad,  a la respuesta del grupo narco paramilitar LOS ARDILLOS y se dé especial atención a esta denuncia formulada con antelación  y solicitamos de manera urgente al Estado Mexicano para que adopte todas las medidas que sean necesarias con el fin de prevenir  un daño irreparable, a pesar de la comunicación que se ha sostenido con diversas  autoridades de los tres niveles de gobierno Federal, Estatal y Municipal,  han sido omisos en dar una respuesta satisfactoria.

Así mismo externamos nuestra preocupación ante la falta de medidas que garanticen la vida e integridad personal, por parte del Estado Fallido y todas sus instituciones.

ATENTAMENTE

CONCEJO INDIGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA, CIPOG-EZ

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CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR EMILIANO ZAPATACIPOG-EZ

(Español) Comunicado del CIPOG-EZ luego de 3 días de ataques narcoparamilitares

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A 4 AÑOS DE GOBIERNO DE LA 4T., AMLO NUEVAMENTE VISITA GUERRERO DONDE LA INSEGURIDAD Y VIOLENCIA SE MANTIENE Y CRECE MIENTRAS LA GOBERNADORA EVELYN SALGADO SIMULA LOGROS EN SU GOBIERNO.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Red contra la Represión y por la Solidaridad

A las Organizaciones de Derechos Humanos

A todos los medios de comunicación.

A los pueblos y al movimiento social de Guerrero.

junio de 2022.

“No nos confunda señor, nosotros como pueblos originarios pertenecientes al CIPOG-EZ no luchamos por cargos públicos, no somos financiados por ningún partido político para hablar mal de usted, ni mucho menos luchamos por despensas o programas de “Bienestar”, motivo por el que viene a Guerrero; nosotros luchamos por la vida, porque grupos narco-paramilitares operan con la complicidad de los tres niveles de gobierno. Sí, así es, de los 3 niveles de gobierno y eso lo incluye, por complicidad y silencio, porque  hemos pasado por autoridades federales, estatales, municipales, oficio tras oficio firmado, reuniones logradas y reuniones canceladas, acuerdos incumplidos una y otra vez por cada uno de los funcionarios, para ustedes nuestra palabra no vale, quizás porque no pertenecemos a un grupo de poder, o porque no nos vendemos”. Son las palabras que el pasado 16 de julio de 2021 le hicimos llegar a usted Andrés Manuel López Obrador, cuando vino al  municipio de Chilapa en el estado de Guerrero. Tras esas palabras -donde también le dijimos que no estábamos de acuerdo con las migajas que venía a dar-, la violencia sigue en nuestro estado, la violencia sigue acechando a las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero: asesinatos, secuestros, desapariciones, torturas y más delitos de lesa humanidad. Aunado a ello, la pobreza continúa, la educación, salud, trabajo, son sólo palabras que utilizan ustedes para ganar votantes, porque la realidad de las comunidades es que no existen las condiciones para que se desarrollen esos aspectos en nuestras comunidades y en muchas otras del estado de Guerrero, donde los grupos delincuenciales controlan y operan con total impunidad. Hace más de 6 años en Chilapa y Tlapa, sin ser presidente aún, usted dijo que para acabar con la violencia se tenía que acabar con la pobreza, para que los jóvenes no se fueran a las filas de las bandas criminales. Nosotras y nosotros notamos que hay una mentira y un error en sus palabras. La mentira es que ni se ha buscado acabar con la pobreza en el Estado, por lo que no terminará la violencia (según su lógica), pues los programas asistencialistas no erradican la pobreza, sólo crean una ilusión para el pueblo pero en la realidad ayudan a mantener en el poder al “cártel en el poder”. El error, es creer que teniendo trabajo la gente no se meterá a las filas de los grupos delincuenciales, ya que es la gente con poder, dinero, influencia, la que controla a los grupos delincuenciales, para ejemplo está el señor Bernardo Ortega Jiménez, líder del grupo narco-paramilitar “Los Ardillos” y diputado por el PRD en el estado de Guerrero. Entonces el trabajo no quita lo mañoso o mejor dicho en el caso de Bernardo Ortega, lo asesino. Y no se espante con eso del cártel en el poder; esas palabras las utilizó usted Andrés Manuel aquí en el municipio de Chilapa y Tlapa en 2015, donde dijo que“para resolver el problema de las bandas delincuenciales establecidas en México, primero se tiene que terminar con la banda más peligrosa, la que más roba, la que más daña al país que es “El Cártel de Los Pinos”, que encabeza Enrique Peña Nieto y después todos los demás, limpiar de arriba hacia abajo, porque si no, es juego de niños, atole con el dedo.” Hoy en día vemos que sí es atole con el dedo. Ya sacó al “Cártel de los Pinos”, pero se construye uno nuevo, ahora encabezado por la 4T, con nombres distintos, o iguales, pero operan exactamente de la misma manera: discursos donde el pueblo es el centro de atención, pero en la realidad le entregan el país al capital nacional y extranjero, así como a los grupos de la delincuencia organizada. Como dijera el maestro Galeano “toman el violín con la mano izquierda, pero lo tocan con la derecha”. Queremos ser insistentes: “No nos trate de engañar, que nuestros dolores y demandas no están para sus juegos, sabemos que los programas sociales que una y otra vez va presentando en nuestras comunidades siguen siendo limosnas, creyendo que nos logran comprar y silenciar con su Sembrando vida, 60 y más, Jóvenes escribiendo el futuro, Crédito ganadero a la palabra, Jóvenes construyendo el futuro y otros tantos más. Usted, nosotros y nosotras lo sabemos, ya es bien sabido quiénes matan, quiénes son los asesinos y quienes lo permiten. Ya sabe nuestras demandas: nuestros y nuestras asesinadas y desplazadas no regresan porque nos den una despensa al mes, a nuestros hijos e hijas no dejarán de matarlos solo porque les de una beca, ni tampoco dejarán de despojar nuestros territorios porque nos de unos costales de fertilizantes o semillas. Nuestros derechos de salud, educación, trabajo, alimentación, libre tránsito han sido gravemente violados y la razón ya la sabe. Cualquier programa que nos venga a ofrecer son migajas y es una burla”. Son las mismas palabras del año pasado, cuando usted vino a nuestro estado y pasa que nosotros y nosotras no olvidamos, porque no se puede estar pasando de una agenda a otra, así como ustedes los políticos profesionales acostumbran, valiéndose de las coyunturas se acomodan para seguir acumulando poder. Nosotras y nosotros, mantenemos nuestras demandas bien claras, nuestra lucha por la vida no se presta a negociación, no se cambia por una foto o un cargo público, por dinero ni por despensa ni mucho menos se inscribe en los calendarios del poder, de los tiempos electorales. Vamos siendo más claros para que no se presten a interpretaciones y cambie nuestras palabras por otras que no corresponden. 

  • El gobierno del estado de Guerrero, hoy encabezado por Evelyn Salgado, del nuevo cártel de la 4T, se ha dedicado a simular diálogo con nosotras y nosotros. Enviando gente sin capacidad resolutiva, convocando a reuniones y reuniones en las que no nos escuchan, pero sacan minutas como si realmente hubiera diálogo y claro, no puede faltar, la foto y el twitazo de que ya se reunieron con nosotros y nosotras. Puras mentiras. 
  • El grupo narco-paramilitar “Los Ardillos”, sigue operando con total impunidad. El señor Bernardo Ortega sigue como diputado del PRD y como líder de “Los Ardillos”, aprovechando su influencia para controlar a la fiscalía y a presidentes municipales de distintos municipios, así como a las policías municipales del Municipio de  Atlixtac, del Municipio de Chilapa, del Municipio de José Joaquín de Herrera; se sabe de sobra que están coludidos con el grupo delincuencial y narco-paramilitar “Los Ardillos”. Por ejemplo, el 25 de enero, aproximadamente a las 5:40 de la tarde, nuestros compañeros Pablo Hilario Morales de la comunidad de Tula y Samuel Hernández Sánchez de la comunidad de Zacapexco municipio de Chilapa, ambas comunidades integrantes del CIPOG-EZ, CNI-CIG, fueron detenidos por la policía municipal y un comandante del Ayuntamiento de Atlixctac, hasta la fecha no sabemos nada de ellos, pero sí que la policía de Atlixtac fue la que los detuvo y desapareció. 
  • La Guardia Nacional, la Sedena, la policía estatal y demás corporaciones, no han intervenido cuando “Los Ardillos” dispara contra nuestras comunidades, lo más reciente fueron los 3 días de disparos y drones con explosivos lanzados contra nuestras comunidades. En los 3 días, no se pararon en Tula y Xicotlán, comunidades atacadas por más de 300 personas pertenecientes a “Los Ardillos”. Agregamos que el cuarto día después de iniciadas las agresiones en nuestra contra, personal de los 3 niveles de gobierno se presentaron en la comunidad de Colotepec, controlada por “Los Ardillos”, para ver qué estaba pasando. Es decir, fueron a visitar y dialogar con los agresores, con los victimarios mientras que para nosotros y nosotras sólo hay desprecio. 
  • La pobreza es una constante histórica en nuestras comunidades, mientras que los presidentes municipales se apropian de los recursos destinados a las comunidades. 
  • El gobierno del estado ha cerrado todo diálogo con nuestras comunidades mientras que nuestras vidas peligran. 

Por lo tanto:

  • Responsabilizamos a su gobierno, señor Andrés Manuel López Obrador, así como al de Evelyn Salgado y los municipios, por la sangre que ha corrido y correrá si mantienen su indiferencia hacia nuestras comunidades.
  • Les exigimos que la palabra sea prioritaria y que se sienten a escuchar nuestras necesidades, con la presencia de autoridades que no simulen escuchar. 
  • Exigimos la detención de Bernardo Ortega, así como la desarticulación del grupo narco-paramilitar “Los Ardillos”.
  • Exigimos que las corporaciones que se supone deberían brindar seguridad a la población, hagan su trabajo, para evitar más muertes, para evitar más sangre. 

Reiteramos: “Usted, nosotros y nosotras lo sabemos, ya es bien sabido quiénes matan, quiénes son los asesinos y quienes lo permiten. Ya sabe nuestras demandas: nuestros y nuestras asesinadas y desplazadas no regresan porque nos den una despensa al mes, a nuestros hijos e hijas no dejarán de matarlos solo porque les de una beca, ni tampoco dejarán de despojar nuestros territorios porque nos de unos costales de fertilizantes o semillas. Nuestros derechos de salud, educación, trabajo, alimentación, libre tránsito han sido gravemente violados y la razón ya la sabe. Cualquier programa que nos venga a ofrecer son migajas y es una burla”. Nuestra lucha es por la vida. No nos rendimos, no nos vendemos, no claudicamos. 

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CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR EMILIANO ZAPATACIPOG-EZ

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Avispa Midia

(Español) Continúan ataques armados contra zapotecas mientras minería avanza

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En conferencia de prensa realizada este miércoles (22), comuneras y comuneros zapotecas de El Rebollero, Los Arquitos y Rio Minas, pertenecientes al municipio de San Pablo Cuatro Venados, reclamaron una vez más que los tres niveles de gobierno “no tienen el mínimo interés, ni la voluntad de atender los llamados de justicia para una solución pacífica ante los ataques armados y hostigamiento que sufre nuestra comunidad, de la cual nos intentan desalojar aún a costa de nuestras vidas”.

Fue en la capital oaxaqueña, acompañadxs de individuos, colectivos y comunidades integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), donde lxs comunerxs presentaron evidencias de los ataques en su contra y detallaron a los medios de comunicación sobre las más recientes agresiones.

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“El recuento de los daños que nos han destruido y quemado son más de 30 viviendas, robaron todas las cosas personales, herramientas, maíz, gallinas y una yunta de bueyes. También destruyeron nuestra casa de salud que se iba a inaugurar el domingo 29 del presente año y nuestra galera de asambleas”.

El pasado 28 de mayo ingresaron 100 personas, portando armas de uso exclusivo del ejército, provenientes de las comunidades El Carrizal, El Manzano, Rancho Quemado y Cuilápam, quienes durante siete horas mantuvieron los ataques, destrozando las viviendas y cultivos de la comunidad.

Habitantes de El Rebollero rescatan lo que pueden de la milpa destruida por los paramilitares

Desde entonces, continúan los ataques armados. Lxs comunerxs registraron agresiones el 9 de junio cuando un francotirador intentó matar a dos niños que se encontraban jugando en su vivienda. También sucedieron disparos el 15 de junio, cuando vehículos con gente armada se posicionaron en el paraje La Mesa, desde donde realizaron disparos de arma de fuego.

“Estos ataques los hemos denunciado en diversas ocasiones, pero incluso la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha emitido medidas cautelares para la protección de la comunidad de Cuilápam de Guerrero. Hacia nosotros no hay ninguna atención por parte de ninguna instancia de gobierno. Por lo tanto, responsabilizamos a los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal por todos estos atropellos hacia nuestras comunidades, siendo nosotros los guardianes y legítimos dueños de estos territorios”.

Minería, detrás de los ataques

Para las y los comuneros zapotecas, los ataques armados, así como las campañas de odio y desprestigio contra sus comunidades son motivadas por los intereses de la industria minera, pues en sus territorios existen yacimientos de oro y plata concesionados por el Estado mexicano.

De acuerdo a datos de la Secretaría de Economía, en el territorio de las comunidades zapotecas existe una extensión de 3,631 hectáreas concesionadas a la empresa Continuum Resources Mexico S.A. de C.V. En la región existen dos concesiones más, con lo que en total suman más de 5 mil hectáreas para la minería entre los municipios de Santa Inés del Monte, San Miguel Peras y Magdalena Mixtepec.

“En nuestro municipio existen tres concesiones mineras, donde ya se están realizando trabajos de exploración. Estos trabajos han comenzado a contaminar el Río Valiente, donde tomamos agua, pero no se ha informado o consultado a nuestra comunidad sobre lo que implican estos proyectos”, denunciaron lxs comunerxs zapotecas quienes han atestiguado que dicha empresa ya está avanzando con actividades de exploración al extraer rocas y abrir brechas con maquinaria pesada.

Estos hechos se denunciaron ante la Fiscalía de Oaxaca, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Sin embargo, lejos de existir una solución, los ataques en los últimos meses se han incrementado fuertemente.

Las agresiones recientes ocurren después de que lxs comunerxs reconstruyeron sus viviendas tras el ataque armado ocurrido en mayo de 2019, cuando más de 500 personas quemaron las casas de la comunidad.

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Lxs comunerxs también denunciaron que existe un arreglo entre los Comisariados de Bienes Comunales de Cuilápam de Guerrero y de San Pablo Cuatro Venados, “pues nos enteramos que existe un convenio de nuestras tierras, dentro del juicio agrario numero 309/1996. Con este acuerdo dividieron la zona en dos polígonos, A y B. Pero el polígono A, que se le entregó a Cuilápam, es donde hemos vivido siempre. En ningún momento se nos informó ni consultó”.

Por el contrario, aseguran lxs comunerxs que en ese momento se desató una campaña en los medios de comunicación para identificarlos como “invasores de tierras”, argumento que desmienten al mostrar los documentos que acreditan su pertenencia al municipio de San Pablo Cuatro Venados.

Reconstrucción interrumpida

“Quienes habitamos la comunidad regresamos y fuimos reconstruyendo nuestras viviendas en estos dos años. También retomamos nuestros cultivos y volvimos a comprar lo necesario para comenzar de nuevo. Esta vez estábamos por inaugurar nuestra casa de salud y nuestra capilla, pero todo ha sido destruido totalmente”, denunciaron lxs comunerxs.

Según sus registros, entre el 201 y lo que va del año 2022, las agresiones armadas se contabilizan en más de una veintena de ocasiones. “El ejército y Guardia Nacional han hecho acto de presencia, pero más bien es para intimidarnos, pues incluso mantuvieron diálogo con los agresores, a plena luz del día”.

Por último, subrayaron la responsabilidad de la operación de los grupos de corte paramilitar con respaldo de los tres niveles de gobierno por lo cual hacen responsables de los ataques al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa y al alcalde de Cuilápam de Guerrero, Javier Moreno Colmenares, “al no intervenir para investigar el uso desmedido de su armamento”.

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Avispa Midia

Dictan sentencia de prisión a coautor del asesinato de Berta Cáceres

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Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

“Faltan los Atala”, dijeron los integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) luego de la sentencia de 22 años de cárcel para David Castillo, coautor del asesinato de Berta Cáceres Flores.

El juicio se dio tras cuatro postergaciones en un año de espera. Roberto David Castillo Mejía fue sentenciado a 22 años y seis meses de prisión por el Tribunal de Sentencia de Honduras. Se trata de un ex militar y ex directivo de la empresa hidroeléctrica Empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA).

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“Se concluyó que el encausado participó de manera directa como coautor de los hechos que dieron muerte a Cáceres Flores, como un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones de DESA”, reza el comunicado del Poder Judicial.

Para Berta Zuñiga, hija de Berta Cáceres, se trata de un momento crítico-histórico muy importante, “se abre el momento de la lucha más importante para nuestra organización para que los criminales intelectuales sean llevados ante la justicia”.

Zuñiga lamentó que en Honduras la vinculación del poder económico con el militar vuelvan intocables a los responsables del asesinato de Cáceres, quien recientemente fue reconocida como Heroína Nacional por el Congreso Nacional de Honduras.

A pesar de ello, no se honra su memoria y la imagen de la líder indígena lenca solo es usada en eventos oficiales sin ningún avance concreto en la obtención de justicia por parte del Estado de Honduras.

Faltan los autores intelectuales

El martes 21 de junio, un día después de la sentencia, en un muro del banco BAC Credomatic en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el Copinh pegó las imágenes de 13 hombres de la familia Atala, a quienes señala como autores intelectuales del asesinato de la defensora de los derechos humanos de los pueblos originarios.

Previo a la manifestación en BAC Credomatic, donde Jacobo Atala es gerente, los integrantes del Copinh caminaron varias calles con lonas, pancartas y consignas con las que visibilizaron el camino para alcanzar la justicia apenas comienza.

Zúñiga agregó que, desde la muerte de Berta, han sido seis años de engaños sobre una investigación inexistente, bajo la omisión de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, del Ministerio Público dirigido por Óscar Chinchilla.

Para lograr avances en el caso, entregarán propuestas concretas para alcanzar la justicia integral que serán presentadas antes las instancias correspondientes, asimismo a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

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En un comunicado difundido, el Copinh enfatizó en sus primera líneas que no habrá justicia completa hasta la captura, juicio y condena, “está autoría intelectual está compuesta por los hermanos Jacobo, José Eduardo, Pedro Atala Zablah y por Daniel Atala Midence”. Agregó que la autoridad ni siquiera fue capaz de emitir la condena máxima contra Castillo.

La familia de Berta Cáceres también ha estado presente en las protestas. En el BAC Credomatic, colocaron una cinta para marcar precaución, una acción simbólica para advertir a la sociedad del riesgo de recurrir a los bancos que financian asesinatos de defensores.

También hicieron pintas que tuvieron un confrontación de palabras con el cuerpo de seguridad del edificio que en sus muros rojos relucían en letras negras la frase “Atala asesinos”.

Cáceres padeció persecución y constantes amenazas contra ella y su familia, por lo que tuvo que salir del país por varios meses, debido a su oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Aunque en su andar encabezó diversas luchas en los territorios indígenas, también fue cofundadora y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

De acuerdo a Amnistía Internacional, Honduras sigue sin firmar el Acuerdo de Escazú, el primer tratado de derechos humanos ambientales de América Latina y el Caribe, que entró en vigor el 22 de abril de 2021 y que obliga a los Estados firmantes a proteger a las personas defensoras del medio ambiente.

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Avispa Midia

(Español) Defensoría respalda privatización de Ley de Agua en Querétaro

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Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

En portada: Personas se movilizan en la ciudad de Querétaro para exigir la inconstitucionalidad de la Ley de Agua aprobada recientemente y que legitima el despojo del recurso vital en ese estado. Foto: Eric Pacheco

Ante representantes de comunidades indígenas, estudiantes y sociedad civil, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro negó que exista inconstitucionalidad en la “Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro”.

El pasado 21 de mayo se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” la citada ley que fue aprobada dos días antes por los legisladores, del PAN y el PRI, mayoría en el Congreso. Aunque las resistencias de los pueblos originarios comenzaron hace varios años contra la privatización y el despojo de territorios, de acuerdo al Concejo Indígena Autónomo de Santiago Mexquititlán de Querétaro.

En el caso de los otomíes padecen el despojo desde que el pozo que les abastece es saqueado a sabiendas de los gobernantes, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Estatal del Agua (CEA).

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“Hemos vivido mucho racismo desde que Rosendo Anaya gobernó Amealco (2009-20012). El agua nuestra se está yendo para el Estado de México y hay lugares aquí donde no llega”, dijo Ezequiel, que acompañado de otros sectores de la población, este lunes (21) se unió a la exigencia presentada ante la Defensoría de los Derechos Humanos.

Los manifestantes se plantaron en la entrada del edificio de la Defensoría donde llevaron a cabo actividades pacíficas. Entregaron documentos y una carta con la solicitud principal, declarar inconstitucional la ley.

Fueron atendidos por dos funcionarios públicos quienes alegaron que el titular, Javier Rascado Pérez, atendía otros asuntos. En el lugar estuvieron por más de 10 horas, lapsos en los que se denunció la reciente violencia que padecieron en la manifestación del 10 de junio.

Ese día, tres jóvenes fueron detenidos de manera arbitraria durante la protesta, en la que mujeres, ancianos, mujeres embarazadas y niñez, también fueron reprimidos por fuerzas estatales. Los hechos quedaron documentados por los propios medios de comunicación.

“¿A nosotros por qué no nos atienden?, ¿por qué no somos leyes?”, insistió Ezequiel, pues recuerda que las demandas de las comunidades son añejas y las leyes son aprobadas en días, “no somos revoltosos, somos colectivos y ojalá que más se levanten y defiendan lo que es nuestro, es por los derechos de nuestros hijos y nuestros nietos”.

“En las comunidades están dando apoyos para que la gente no se levante”, pero agregó que las represiones también son muchas, desde la militarización, el clasismo y racismo como práctica de Conagua, CEA y los propios organismos de derechos humanos.

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A las 20:00 horas de ayer (20), la Defensoría publicó en sus redes sociales que luego de un análisis técnico-jurídico de la ley presentado en 42 páginas, que trabajó con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), concluyeron en no iniciar procedimiento alguno ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, no encontraron ninguna violación a los derechos humanos y se negaron a levantar un acta.

La resistencia continuará con la intención organizativa de poner un freno a la legislación de esta ley que, a decir de la Red en Defensa del Agua y la Vida (Redavi), abre las puertas a la privatización de los servicios del agua y saneamiento del estado de Querétaro la cual fue rápidamente promovida por el gobernador del estado Maurico Kuri y aprobada por la LX Legislatura del Estado.

Agua como mercancía

El equipo de investigaciones socio territoriales y legales de Bajo Tierra Museo realizó el informe ‘Acaparamiento de lo público; mercantilización de lo común’ en 2021, en el que dan cuenta que desde octubre de 2020, con la iniciativa de Código Urbano impulsadas por Jorge Herrera, “legislador promotor de la privatización”, se incluyó la “definición de lineamientos para el uso de las aguas asignadas a los organismos operadores del servicio de agua potable en el Estado”, para adjudicar jurisdicción estatal a las aguas asignadas para la prestación del servicio público.

Además, Querétaro es parte de las seis entidades del país que no acataron el mandato de incorporar los tratados internacionales de derechos humanos a todos los niveles de gobierno, en el caso del derecho humano al agua, asentado por el Programa Nacional de Derechos Humanos (2014-2018).

Las resistencias de los pueblos originarios comenzaron hace varios años contra la privatización y el despojo de territorios, de acuerdo al Concejo Indígena Autónomo de Santiago Mexquititlán de Querétaro.

El estudio confirma que, antes de la aprobación de esta Ley Estatal de Aguas de Querétaro, en la práctica, el modelo de privatización ya se había materializado, “el 70% de los permisos municipales de concesión en la zona metropolitana de Querétaro fueron otorgados entre 2017 y 2019”.

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“La sociedad queretana necesita funcionarios públicos que defiendan los derechos básicos”, dijo una activista a las puertas de la Defensoría, “estamos encontrando muros, tecnicismos , brechas que no están ayudando, pues no están al servicio de la ciudadanía”.

De acuerdo a la organización Redavi, en cuatro municipios de Querétaro existe el control del abastecimiento por parte de particulares está permitiendo urbanizar y lucrar con el territorio, y convertirlo en un insumo del mercado de vivienda y de construcción.

Sólo en la ciudad de Querétaro, la investigación arriba mencionada, detectó la existencia de 22 entidades privadas autorizadas para el abastecimiento de agua potable; 16 empresas con objetos sociales o bien prácticas comerciales y permisos relacionados al abastecimiento de agua potable.

Estas empresas son responsables de los cortes de agua y la contaminación de la misma como la empresa AQUAA, Operadora Querétaro Moderno o Desarrollos y Construcciones del Centro señalado por tarifas excesivas.

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(Español) CIPOG-EZ: El Narco Estado en todo su esplendor

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Al EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.

AL CONCEJO NACIONAL INDÍGENA

A TODOS LO MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES.

A TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNDO
AL PUEBLO DE MEXICO.

Precisamente el día de ayer que fue retirado el retén de seguridad por la Guardia Nacional, que fuera instalado después de las innumerables denuncias por los ataques perpetrados por parte del grupo local de narcotráfico “los Ardillos”, el cual utilizan practicas paramilitares, realizando ataques contra la población civil de las comunidades de Xicotlan y Tula Guerrero desde el cerro de Colotepec, con características de ser sistemáticos y generalizados, catalogados por la comunidad internacional como crímenes de Lesa Humanidad.

Siendo las once con cuarenta minutos comienzan de nuevo los ataques hacia las comunidades integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), ataques que se extendieron al día de hoy hasta las tres de la mañana, siendo repelida dicha agresión por la policía comunitaria de las comunidades, haciendo retroceder de sus trincheras y fortificaciones que mantienen dicho grupo criminal, de las cuales son conscientes de su existencia, el ejército mexicano, la Guardia Nacional y las policías Estatales y municipales, así como el gobierno Estatal.

La policía comunitaria de las comunidades que integran y se organizan en el Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), tiene en estos momentos en posesión las trincheras y fortificaciones instaladas en el cerro de Colotepec, desde donde se realizaban ataques a las comunidades, y en estos momentos el grupo narco paramilitar trata de retomar, siendo alrededor de trescientos integrantes de dicho grupo criminal, destacados en dichos campamentos del crimen organizado, para intentar tomar el control del territorio de las comunidades que se niegan a ceder sus tierras.

En estos momentos la policía comunitaria de las comunidades del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), se encuentran resistiendo la ofensiva por retomar el control de dichos campamentos, esto con el conocimiento de la posible intervención del Ejército y Guardia Nacional, para protección de dicho grupo criminal.

Hacemos la denuncia de que el Estado y todos los cuerpos de seguridad nunca han intervenido ante las denuncias múltiples de las comunidades y del apoyo mediático denunciando dichos ataques y el día de hoy que se han replegado de estos campamentos a los integrantes de “los Ardillos”, el Gobierno pretende actuar a favor de estos, argumentando una supuesta riña entre pobladores.

ATENTAMENTE

CONCEJO INDIGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA, CIPOG-EZ

 

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Avispa Midia

(Español) EEUU y Brasil anuncian grupo conjunto para combatir deforestación de la Amazonía

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Indígenas Mura muestran un área deforestada en tierras indígenas no demarcadas dentro de la selva amazónica cerca de Humaita, estado de Amazonas, Brasil.

El miércoles (15), la embajada de los EEUU en Brasil anunció un acuerdo entre los dos países para crear un grupo conjunto dedicado al combate a la deforestación ilegal en la Amazonía y en otros biomas del país sudamericano.

“El nuevo grupo de trabajo bilateral sobre el cumplimiento de la legislación y el combate a la deforestación ilegal estará copresidido por el ministro de Medio Ambiente, Joaquim Leite; el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Anderson Torres; y por el enviado presidencial especial para el Clima de EEUU, John Kerry”, se lee en comunicado emitido por la embajada de los EEUU.

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Acorde al anuncio, el objetivo principal del grupo de trabajo es alcanzar una tasa de deforestación cero para el año 2028.

Entre las actividades anunciadas por la embajada se enuncian el combate al crimen nacional e internacional de tráfico de animales salvajes, minería ilegal y comercio ilegal de madera; así como el desestímulo del uso del sistema financiero internacional asociado a actividades ilegales con productos forestales provenientes de la Amazonía.

Deforestación acelerada

La región de la Amazonía en Brasil registró un récord histórico de deforestación en los primeros cinco meses del 2022.

Deforestación en el estado de Rondonia.

Según datos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (Inpe), sólo en mayo fueron arrasados 900 kilómetros de vegetación nativa en la selva tropical más extensa del mundo.

Con ello, la Amazonía registra una pérdida de 2,867 kilómetros en lo que va de 2022, una tasa 13% mayor que en los cinco primeros meses de 2021, lo que representa un registro inusual comparado al año 2016 cuando se comenzó a realizar dicha medición.

Contradicción

Desde la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, en enero de 2019, comunidades indígenas, negras y tradicionales, así como una multitud de organizaciones sociales y ambientalistas han denunciado la permisión desde las instituciones del Estado brasileño frente a actividades ilícitas como la minería y la tala de árboles en diversas regiones de la Amazonía. A ello se suman las iniciativas del gobierno federal y del congreso nacional para promover y regularizar actividades extractivas dentro de territorios indígenas.

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Datos del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (Ipam) subrayan la velocidad con que aumenta la deforestación: al comparar los periodos entre agosto de 2018 y julio 2021, la deforestación de la Amazonía aumentó un 56,6 % respecto al mismo periodo de 2015 a 2018.

De acuerdo a datos de la Universidad de Maryland y Global Forest Watch, solo en 2021 se perdieron 3,75 millones de hectáreas de bosques tropicales primarios en el mundo. De esta cantidad, más del 40% se produjo en Brasil, donde se registraron la pérdida de 1,5 millones de hectáreas de bosque tropical.

“La pérdida de bosque primario en Brasil es especialmente preocupante si se tienen en cuenta las nuevas pruebas de que la selva amazónica está perdiendo resistencia y puede estar más cerca de un punto de inflexión de lo que se pensaba; en el que las interacciones entre la deforestación, el cambio climático y los incendios lleven a la transformación irreversible de zonas masivas del Amazonas en una sabana. Esto no sólo supondría una enorme pérdida de biodiversidad y de emisiones de carbono, sino que también alteraría los patrones de precipitación, críticos para la producción agrícola”, enfatizan las instituciones que realizan el monitoreo de la deforestación en esta región.

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Avispa Midia

(Español) La violencia se agrava contra comunidades indígenas del Perú

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Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

Entre enero y mayo de este año, los asesinatos de líderes e integrantes de comunidades indígenas a manos del crimen organizado en el Perú muestran un alarmante incremento en relación al 2021, cuando el país ocupó el noveno puesto de los más violentos para defensores de territorios, según el registro de Global Witness.

De acuerdo a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y el Ministerio de Justicia, el año pasado se registraron cuatro muertes violentas, mientras la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos indica cinco. En solo cinco meses de 2022, se reportan cinco crímenes y el incendio de un pueblo asháninka por parte de invasores.

Los casos varían por la condición asignada a la víctima: protector de territorios o del ambiente, líder indígena o campesino, en las regiones de la sierra y la costa. Organismos internacionales han emitido alertas por una situación que se agrava en los últimos años.

Desde que empezó la pandemia en 2020, se cuentan entre 14 y 19 asesinatos. La mayoría de ataques, el 70% en promedio, se cometieron contra dirigentes de comunidades nativas de la Amazonía que se enfrentan al cultivo de hoja coca para el narcotráfico, a la tala y minería ilegal, a las invasiones para monocultivos, principalmente de palma aceitera, y para el tráfico de tierras.

Los asesinatos del defensor ambiental Juan Fernández Hanco, el 21 de marzo en la región Madre de Dios, y del líder del pueblo nomatsigenga Ulises Rumiche, el 19 de abril en la región Junín, fueron reportados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al segundo lo victimaron horas después de reunirse con la viceministra de Poblaciones Vulnerables.

A estos se suman, también en marzo, los de la comunera Nusat Benavides y los comuneros Jesús Antaihua y Gemerson Pizango, quienes vivían en pueblos asháninka y yanesha asediados por bandas criminales en la región Huánuco, de acuerdo a la denuncia de Aidesep, organización que agrupa a 2.400 comunidades amazónicas en nueve regiones del Perú. En mayo el presidente Pedro Castillo rechazó reunirse con sus representantes, ante lo que organizaron una vigilia en las calles de Lima el 27 del último mes.

Libre determinación

La titulación de tierras comunitarias es una de sus demandas para organizarse ante la violencia desbordada.

“En los últimos nueve años han sido asesinados 23 líderes de toda la Amazonía. No hay justicia, el gobierno no ha hecho nada. Las amenazas se evidencian en las propias comunidades, en las invasiones de personas foráneas, las autoridades tienen conocimiento, la policía, los fiscales, pero no se evidencian resultados, no se ve la intervención inmediata de estas amenazas. Pedimos que se titulen las comunidades para salvaguardar así los derechos de nuestros pueblos indígenas”, declaró Tabea Casique Coronado, integrante del consejo directivo de Aidesep.

Entre otras medidas, las organizaciones piden que se les garantice la libre determinación y manejo forestal comunitario, a través de una segunda reforma agraria. Asimismo, destinar el 1% del presupuesto nacional a financiar los planes de vida de los pueblos indígenas amazónicos. Estas propuestas transmiten su visión de autogobierno y políticas posibles surgidas del seno de las comunidades y sus tradiciones.

Autodefensa

El clima de violencia se refleja en los 171 casos de amenazas y atentados activos en el Registro de Situaciones de Riesgo para Personas Defensoras de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, en la que se incluyen a comuneros y guardianes de territorios ancestrales. De 31 solicitudes de garantías, 23 fueron admitidas hasta abril de este año.

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Las condiciones de las comunidades originarias y sus defensores son la impunidad para quienes asesinan y mecanismos legales que no les protegen. El abandono se ve en las más de 203 mil hectáreas de bosques perdidos en 2021 en la Amazonía peruana, donde el crimen organizado es parte de una cadena de operaciones regionales y globales que alcanza picos de violencia en los vecinos Colombia (65 víctimas en 2021) y Brasil (20 víctimas en 2021), en el primer y el cuarto lugar, respectivamente, de las naciones más letales para guardianes del ambiente.

En lo que va del primer semestre de 2022, los índices de violencia en el Perú apuntan a aproximarse a los de Brasil, teniendo en cuenta la gran diferencia demográfica entre ambos.

Las comunidades resaltan que la principal medida de seguridad es el fortalecimiento de los comités de autodefensa. “Este gobierno que se llama del pueblo dice que quiere ayudar formalizando cultivos de coca, pero eso traerá más violencia. Ya hay plantaciones de cocaleros en nuestras comunidades, eso atrae al narcotráfico, la tala ilegal, son un peligro para nosotros, están matando a nuestras comunidades. Yo recibo amenazas, un año esperé para que me den garantías, eso no sirve. Necesitamos que el gobierno nos entregue recursos para nuestros comités de autodefensa, necesitamos presupuestos, armamento”, señaló a Avispa Midia el presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), Ángel Pedro Valerio.

Paros

El jueves 2 de junio, dirigentes de pueblos indígenas se reunieron con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, tras iniciales negativas de recibirlos.

El mandatario se comprometió a aprobar el fideicomiso indígena de inversiones inmediatas, la revisión de contratos petroleros y la creación de una comisión de la verdad para investigar los crímenes. De momento el gobierno no se pronunció sobre la reunión ni medidas concretas para enfrentar la ola de violencia que sufren las comunidades nativas.

Las organizaciones han anunciado paros y movilizaciones las próximas semanas en las nueve regiones del Perú que comparten territorios amazónicos.

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Avispa Midia

(Español) Organizaciones denuncian militarización de política migratoria ante Suprema Corte

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Hace tres años fue creada la Guardia Nacional (GN) en México. Desde entonces se ha desplegado esta fuerza militar hacia a las fronteras norte y sur de México con fines de control migratorio.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en julio de 2019, una acción de inconstitucionalidad respecto a la Ley de la Guardia Nacional. La Comisión señala diversas disposiciones de la referida ley que son contrarias a los derechos humanos. Sin embargo, a tres años, la SCJN continúa sin resolverla.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el órgano judicial debe resolver a la brevedad la acción de inconstitucionalidad.

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En este contexto, el Centro Prodh, en conjunto con el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano y los Programas de Seguridad Ciudadana y Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, presentó el 14 de junio a la SCJN un amicus curiae sobre los riesgos de militarizar la política migratoria.

Amicus curiae es una expresión latina que significa “amigos de la corte”. Son presentaciones de terceros ajenos a una disputa jurídica; el objetivo es que aporten a la Corte argumentos u opiniones que pueden servir como elementos de juicio de manera a colaborar con el Tribunal en la resolución del litigio.

El amicus aborda específicamente las facultades de control y verificación migratoria otorgadas a este cuerpo de seguridad militarizado. De acuerdo con las organizaciones, la SCJN debe considerar que la GN ha generado violaciones a los derechos humanos de personas migrantes y sujetas de protección internacional.

El documento comparte con la Corte información documentada sobre abusos y violaciones a los derechos humanos de personas cometidas por esta institución, que posee más del 80% de sus elementos proveniente del sector castrense, así como en estructura, capacitación y mandos.

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En particular, se han documentado recurrentes violaciones a derechos humanos de las personas migrantes en la frontera sur, incluyendo agresiones, abuso de la fuerza, encapsulamiento y dispersión de las personas migrantes en tránsito; uso de armas de fuego que causaron la ejecución extrajudicial de un migrante, así como casos de tortura en estaciones migratorias.

Control migratorio

Desde su creación, la GN fue vinculada en gran medida al control migratorio, bajo una lógica de contención en las fronteras. En febrero de 2022, de 99,946 elementos desplegados en México, 15,822 fueron ubicados en los estados fronterizos con Estados Unidos y 9,298 elementos en estados de la frontera sur, de acuerdo con un comunicado del Centro Prodh.

A lo anterior se suma el despliegue de la GN para tareas de control y verificación migratoria en puntos de revisión al interior del país, como lo son retenes, estaciones de autobuses y aeropuertos. Además de haberle sido asignado el resguardo de las Estaciones Migratorias del país, en las que las personas migrantes y sujetas de protección internacional se encuentran privadas de la libertad por motivos migratorios.

“En el contexto de profundización de la militarización que vivimos y que ha sido señalada con preocupación por diversos organismos internacionales, y ante la documentación de múltiples violaciones a derechos humanos cometidas por la Guardia Nacional en el ámbito migratorio, es esencial el escrutinio judicial del marco legal que faculta a dicha institución en materia de control y revisión migratoria, lo que debería implicar la declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones referidas”, señalan las organizaciones.

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Avispa Midia

(Español) Oaxaca: Zapotecas de El Rebollero llaman a la solidaridad urgente

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

Foto de portada Archivo Avispa Midia

Con una mano va cargando un morral donde lleva comida; con la otra, un machete. María* parece tener miedo y coraje. Camina con precaución, su objetivo es llevar comida a su familia que está resguardada en lo que queda de su comunidad. De pronto, una ráfaga de disparos al aire la obliga a tirarse al suelo. “Son ellos comenta”, refiriéndose a un grupo paramilitar que los ha atacado constantemente.

María es campesina de la comunidad de El Rebollero y, junto a los habitantes de El Paraje Los Arquitos y Río Minas, de San Pablo Cuatro Venados, Oaxaca, fue víctima de un ataque armado el pasado 28 de mayo que destruyó toda la comunidad.

El último ataque ocurrió el miércoles, 15 de junio, alrededor de las 19hrs. Al menos tres vehículos con personas armadas se internaron a la comunidad, en el paraje denominado La Mesa y desde ahí empezaron a disparar por casi una hora.

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El 28 de mayo, más de 100 personas con armas exclusivas del Ejército ingresaron a esta pequeña comunidad y derribaron las viviendas, quemaron los cultivos. Lo único que dejaron intacto fue la capilla que sería inaugurada el día siguiente del ataque.

Este grupo armado destruyó las viviendas y las cosechas. Desde entonces hay mujeres, niños y ancianos que se resguardan con lo poco que quedó en la comunidad. No hay condiciones de seguridad para labrar la tierra y cuidar los animales.

La gente se da ánimos entre ellos mismos, pero el lugar está totalmente devastado. Bien podrían irse a otra parte, pero se resisten a dejar esta zona de su territorio. “Si lo permitimos, los políticos que están detrás de estos ataques tomarán el control de nuestro territorio y comenzarán a vender las tierras. La explotación minera comenzará sin obstáculos”, dice María.

Oaxaca: El Rebollero cumple seis días bajo ataque de paramilitares

Roberto, otro campesino, comparte con toda seguridad, “ya hemos denunciado quiénes están atrás de estos ataques, pero los respalda el gobierno, porque ellos han firmado disque acuerdos y a nosotros nos llaman paracaidistas. Que me digan en mi cara que soy paracaidista, seguro que ellos no conocen cada camino y cada planta como la conozco yo”.

A estas personas les han destruido sus viviendas al menos en dos ocasiones. La anterior se remite al mes de mayo del año 2019. También dejaron devastada a la comunidad y les costó dos años su reconstrucción, lo que hoy son solo ruinas. “No vamos a desistir. Tenemos compañeros que nos apoyan. Comunidades hermanas que también luchan por la defensa de la madre tierra”, dice María.

En un comunicado emitido por esta comunidad y publicada en la plataforma del Congreso Nacional Indígena (CNI), llaman, entre otros, a los adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y a la Sociedad Civil para que los apoyen con víveres y con donaciones que servirán para la reconstrucción.

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La campaña que han decidido impulsar estos campesinos se llama Por la reconstrucción y el cuidado de la dignidad en resistencia, que consta en el acopio de víveres, ropa, cobijas, colchonetas, lonas, toallas femeninas, papel higiénico, alcohol, láminas, clavos, alambre, celdas solares, herramientas de trabajo, entre otros.

En el comunicado figuran dos localidades y un número de cuenta para recibir los apoyos para su reconstrucción. Una de ellas se ubica en la Ciudad de México, en la llamada Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, anteriormente mal llamado INPI. La casa de los pueblos está ubicada en la Av. México-Coyoacán 343, Col. Xoco. Delegación Benito Juárez.

También en la ciudad de Oaxaca se estará recibiendo estos apoyos en la librería La Jícara, con dirección en Porfirio Díaz 1105, colonia Centro. En este mismo lugar proyectarán un documental el día miércoles 22 a las 18:30hrs. Este material audiovisual se presentará junto con integrantes del Concejo Indígena de Gobierno y el CNI Oaxaca.

María tiene muchas expectativas al no saberse sola. “Nuestras hermanas de otras comunidades, otras colectividades, las mujeres y los compas que luchan nos entienden y sabemos que no nos dejarán solos. Porque aquí vamos a seguir resistiendo”, señala la campesina.

En el comunicado también hacen un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derecho Humanos para estar atentos a estos acontecimientos. “Porque ya les entregamos un documento con detalles y pruebas de estas agresiones en días pasados. Les entregamos a cada uno un paquete de documentos”, agrega María.

*Los nombres de los testimonios fueron reemplazados por cuestiones de seguridad.

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