Fuente: Este País

Por John Gibler

En este texto, John Gibler escribe sobre el caso Ayotzinapa y sobre cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador paralizó la investigación y defraudó a las familias de los desaparecidos.

En 2016, la escritora chilena Nona Fernández publicó un libro de no-ficción titulado La dimensión desconocida. El libro toma su título de la serie de televisión de ciencia ficción, fantasía y terror estadounidense The Twilight Zone. La autora cita el eslogan de la serie en el epígrafe: “Más allá de lo conocido hay otra dimensión. Usted acaba de atravesar el umbral”.

“La dimensión desconocida es una manera de nombrar esa realidad paralela que el Estado administra y niega de manera simultánea.”

Fernández veía ese programa en blanco y negro en la televisión, de niña, en los años setenta en Chile: los años de la dictadura. Yo veía ese mismo programa en blanco y negro en la televisión, de niño, en los años setenta en los Estados Unidos: los años de la llamada Guerra Fría.

“Eran capítulos cortos, con historias fantasiosas y delirantes”, escribe en la primera parte del libro. “Un hombre tenía un reloj capaz de detener el tiempo. Otro veía gnomos que lo acosaban e intentaban botar el avión en el que viajaba. Otro se reencontraba con su pequeño hijo de diez años, mientras en un tiempo paralelo y bastante más real, el niño era un soldado que moría en la guerra. Otro que hablaba con la muñeca asesina de su hijastra. Otro que cruzaba del otro lado del espejo”.

En el libro de Fernández, la otra dimensión es una historia de terror real, la de Andrés Antonio Valenzuela Morales, un soldado chileno, miembro de la tropa de la dictadura de Augusto Pinochet y torturador. En 1984, a los 28 años, Valenzuela Morales decidió no matar ni torturar más. Un día, apareció solo y nervioso en las oficinas de la revista Cauce buscando a la periodista Mónica González. Cuando ella le dijo: “Yo soy, ¿qué quiere?”, él respondió: “Quiero hablarle sobre cosas que yo hice, desaparecimiento de personas…”.

Así empieza la historia escalofriante que Fernández retoma, narra e interpela en su libro. El testimonio de un soldado torturador de la dictadura chilena nos permite atravesar el umbral y ver con claridad la dimensión desconocida: los secuestros por agentes del Estado vestidos de civil en plena calle y en el transporte público, las casas de tortura en zonas residenciales tranquilas, los viajes en carretera hasta los páramos donde desaparecen personas. Este mundo de terror cohabitaba, oculto, al lado de la vida cotidiana de familias que preparaban a sus hijos el desayuno, que los llevaban a la escuela en el combi, de alguien que cocinaba la cena en casa, de una niña que veía historias de fantasía y terror en la televisión.

Al narrar la historia del militar Andrés Antonio Valenzuela Morales, Fernández nos presenta el detrás de cámara de la desaparición forzada como práctica de Estado. La dimensión desconocida es una manera de nombrar esa realidad paralela que el Estado administra y niega de manera simultánea. En México, el Estado ha sido particularmente enfático en la combinada administración y negación de su propia dimensión desconocida. Esa otra dimensión brutal donde, a puerta cerrada, las oficinas de gobierno se convierten en centros de tortura y los trajeados y uniformados, encargados de buscar a los desaparecidos y hacer justicia, son quienes torturan, mienten, encubren y desaparecen.

“Usted acaba de atravesar el umbral”

La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero, cientos de policías municipales, estatales y federales, soldados del ejército mexicano y algunos empleados de la empresa ilegal trasnacional de tráfico de heroína conocida como Guerreros Unidos colaboraron para atacar a cinco autobuses tomados por estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y a un autobús —por error— que llevaba al equipo de futbol de tercera división de Chilpancingo, Los Avispones, así como a varios taxis que circulaban en la misma carretera.

Durante las siete horas que duraron los ataques pararon a todos los autobuses, dispararon contra una pequeña conferencia de prensa que dieron los estudiantes, asesinaron a seis personas, hirieron gravemente a decenas y desaparecieron a 43 estudiantes de Ayotzinapa. Los perpetradores policiacos, militares y civiles usaban sus teléfonos celulares para coordinarse entre sí. El ejército monitoreó y documentó todo el operativo en tiempo real a través del sistema de cámaras de vigilancia C4, intervenciones telefónicas ilegales a miembros de Guerreros Unidos, un soldado infiltrado entre los estudiantes —desaparecido con ellos esa noche—, elementos de inteligencia militar presentes en los diferentes escenarios de ataque y a través de constantes patrullajes de los soldados del Batallón 27 en esos lugares.

Esa noche de septiembre de 2014 en Iguala, cientos de personas atravesaron el umbral y entraron a otra dimensión, a una zona oficialmente oculta. Ahí, el personal de seguridad del Estado en todos sus niveles atacó, mató y desapareció. Luego, el Ejército —el entonces secretario de la defensa Salvador Cienfuegos, el entonces capitán del Batallón 27 de Infantería José Crespo y todos los oficiales y soldados rasos involucrados— mintió y ocultó la documentación que tenía. La estructura administrativa del Estado —un alcalde, un gobernador, un presidente, un secretario de la defensa, otro secretario de la Marina, un procurador, un secretario de Gobernación— mintió, torturó, encubrió, inventó, ocultó y desapareció.

Esa larga noche de terror dio inicio a toda una década de terror. El gobierno de Enrique Peña Nieto inventó una historia falsa — la incineración de los 43 estudiantes al aire libre durante una sola noche de lluvia en el basurero de Cocula, una ficción autodenominada la “verdad histórica”— para cerrar el caso y para volver a sellar la puerta a la otra dimensión.

La traición

Andrés Manuel López Obrador dijo que era diferente. Dijo que su compromiso era con la gente y, como candidato a la presidencia en 2018, se comprometió explícitamente con las familias de los 43 estudiantes desaparecidos. Les prometió que encontraría a los estudiantes, la verdad de lo que sucedió esa noche, y castigaría a los responsables sin importar quiénes fueran.

Su primer acto de gobierno fue establecer la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) bajo el mando del entonces subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. Durante su primer año de gobierno, la Fiscalía General de la República también estableció la Unidad Especial para la Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) y nombró Omar Gómez Trejo, un abogado de derechos humanos con años de experiencia en el caso y el apoyo de las familias, como fiscal especial.

A petición de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, López Obrador también invitó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a volver al país para dar asistencia técnica en la investigación, casi cuatro años después de su elegante expulsión a manos del gobierno de Peña Nieto.  

Para el 2020, entonces, había tres instancias distintas, con siglas desafortunadas, investigando los ataques contra los estudiantes, la desaparición de los 43 y la serie de delitos cometidos durante los cuatro años de tortura y mentiras para construir la “verdad histórica” del anterior gobierno. Las tres instancias compartían información y realizaban ciertas diligencias, entrevistas y búsquedas conjuntas.

“Parecía que, por primera vez, las instituciones del Estado […] lograrían investigar y esclarecer un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad…”

Hubo importantes avances en la investigación. Consiguieron videos del anterior Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) que mostraban a personal de CISEN, de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Policía federal y de la Marina participando en la tortura de los detenidos del 2014. Consiguieron videos de un dron de la Marina que documentó actos, ocultos hasta entonces, del gobierno federal en el basurero de Cocula el día 27 de octubre, dos días antes del supuesto hallazgo del lugar. Consiguieron los mensajes interceptados en Chicago de Guerreros Unidos que documentaban las relaciones entre dicha empresa ilegal de tráfico de heroína, el ejército, los diferentes cuerpos policiacos y varios funcionarios públicos. Consiguieron testimonios de diferentes testigos implicados en los hechos que, aunque mezclaban verdades y mentiras, aportaban elementos que concordaban con las otras pruebas en el caso, ampliando la documentación sobre la participación de soldados, oficiales, policías y funcionarios en diferentes crímenes de lesa humanidad. Con el testimonio de uno de los implicados encontraron dos pequeños restos óseos de dos estudiantes en un lugar distinto a la narrativa de los hechos del anterior gobierno. Y consiguieron, dentro de archivos del propio ejército, documentos militares que mostraban de manera simultánea actuaciones ilícitas del ejército, así como el grado de documentación que los militares produjeron en tiempo real antes, durante y después de la noche de los hechos y los largos años de mentiras que habían contado al respecto.  

Durante el transcurso del 2021, se dieron esos avances importantes en la investigación. El GIEI y la UEILCA confiaban en las posibilidades de llegar a fondo. Parecía que, por primera vez, las instituciones del Estado —con un apoyo inédito de asistencia técnica internacional— lograrían investigar y esclarecer un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad cometida y luego encubierta por un gran entramado de policías, soldados y funcionarios públicos de diversas instituciones. Parecía que, por primera vez, una investigación oficial liderada y realizada por un grupo de jóvenes mexicanos creyentes en el estado de Derecho y el compromiso del presidente López Obrador lograría revelar con toda claridad la otra dimensión oculta y terrorífica del Estado.

Pero no fue así. Justo cuando esos avances en la investigación comenzaron a arrojar pruebas sobre la participación del Ejército, la Marina y el CISEN, el gobierno de López Obrador actuó para frenar los avances, desviar la investigación, sacar a todos los fiscales e investigadores que habían hecho los avances y al final matar a la investigación.

Un lunes, 15 de agosto de 2022, desayunaron juntos el presidente, el fiscal general, el secretario de gobernación, el presidente de la Corte Suprema y el subsecretario de derechos humanos y presidente de la COVAJ. En esa mesa, se acordó cerrar la última puerta que llevaba a la otra dimensión en donde policías, soldados y miembros de una empresa de tráfico internacional de la heroína matan y desaparecen normalistas, donde policías, soldados y funcionarios públicos mienten y torturan para borrar las huellas de la desaparición, donde las instituciones del Estado se alinean para sostener la mentira.

Mes y medio después de ese desayuno, el Ejército seguía mintiendo sin entregar todos los documentos del caso. Se llevó a cabo el mediático arresto del exprocurador (ahora de vuelta en su casa en Lomas), se publicó un informe secreto y apócrifo de la COVAJ que, con pantallazos falsificados, daba por cerrada la narrativa de los hechos, se obligó a las familias volver a escuchar una narrativa falsa y horrífica sobre el destino de sus hijos, se sacó al fiscal especial del caso y, un poco más tarde, a todo su equipo, y se cancelaron 21 órdenes de aprehensión contra militares y otros funcionarios públicos, para luego volver a emitir 18 de ellas.

En octubre de 2022, dos de los cuatro miembros del GIEI renunciaron en protesta. En julio de 2023, los otros dos publicaron un sexto informe y se fueron del país denunciando las intromisiones políticas en el caso, las mentiras del Ejército y la imposibilidad de seguir investigando. La UEILCA quedó en manos de un tabasqueño, amigo del presidente, sin experiencia en casos de desaparición forzada ni derechos humanos, quien se dedicó a convocar clases de baile en las oficinas de la fiscalía. La COVAJ quedó en el olvido, deslegitimada. Desde sus conferencias de prensa matutinas, el presidente apoyaba las mentiras del ejército e insultaba al GIEI, al exfiscal especial y a los abogados de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.

El 27 de agosto de 2024, nueve años y once meses después de aquella infame mañana cuando sus hijos no volvieron de Iguala, la mayoría de los padres y las madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se pararon de la mesa y dieron por terminada su relación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El umbral, una vez más, se cerró.  

Una manera de entender el afán con que ahora dos gobiernos supuestamente opuestos han mentido y vuelven a mentir en cada oportunidad que tengan sobre los hechos que llevaron a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es porque esa noche se abrió el portal que lleva a la otra dimensión y ahí se reveló el rostro oculto del Estado. 

Pasar a la historia

Una cosa sería intentar resolver el caso y fallar: subestimar el poder del silencio que protege las relaciones entre las fuerzas de seguridad, la procuración de justicia y el tráfico internacional de sustancia ilícitas. Una cosa sería no dedicarle los recursos necesarios a la investigación, no dar apoyo justo a los investigadores, no dimensionar la complejidad del caso, ni el grado de complicidades de personas todavía activas en instituciones afines al actual gobierno. Una cosa sería fallar.

Pero eso no es lo que pasó. Con el caso Ayotzinapa, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hizo otra cosa muy distinta: conspiró, falsificó y mintió para frenar la investigación. Hizo lo mismo con la Comisión Nacional de Búsqueda. Hizo lo mismo con la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicias de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidos de 1965-1990.

El soldado chileno, Andrés Antonio Valenzuela Morales, por lo menos cumplió con su palabra: contó lo que sabía y así abrió la puerta que llevó a la dimensión desconocida de la dictadura chilena. En México, es como si López Obrador hubiera dicho, “sí, existe una dimensión desconocida y desde el Estado la vamos a hacer conocida”, solo para volver a cerrar la puerta en la cara de toda la nación.

“Pasará a la historia como el presidente que traicionó a su palabra, traicionó a las familias de los desaparecidos, militarizó el país…”

En sus discursos en el Hotel Hilton y luego en el Zócalo el 1 de julio de 2018, después de su triunfo electoral, López Obrador dijo en varios momentos: “Yo quiero pasar a la historia como un buen presidente de México”. Y en eso, creo, fue honesto. Pero no. Pasará a la historia como el presidente que traicionó a su palabra, traicionó a las familias de los desaparecidos, militarizó el país, consolidó el poder de su partido y, como todos sus antecesores del PRI y del PAN, salvaguardó ante todo la dimensión desconocida del Estado mexicano. EP

Fuente: adondevanlosdesaparecidos.org

Por Carlos Martín Beristáin

Al cumplirse 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quien fuera integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) hace un recuento de los hechos, los obstáculos y los pendientes de la investigación, subraya la responsabilidad del Estado y reconoce la lucha sin tregua de las familias para obtener verdad y justicia. Texto especial para A dónde van los desaparecidos

Hay un mapa que nació de esta tragedia. El que recorrimos en los lugares donde todo pasó, en esas calles de Iguala que se convirtieron en una trampa humana para detener, para llevárselos y desaparecer a los normalistas de Ayotzinapa. Cuando llegamos a los lugares donde todo eso sucedió, parecía un milagro que algunos hubieran sobrevivido a los disparos de la cacería de la policía. Hay sitios en los que tomas conciencia no de lo que sucedió, sino de lo vivido. También llegamos al basurero de Cocula, donde la historia que escuchamos no cuadraba con la geografía ni con las declaraciones forzadas con el tormento. Todo aquello se tumbó con investigaciones independientes del GIEI y del Equipo Argentino de Antropología Forense, a contrapelo de instituciones empeñadas en mantener una verdad insostenible.

Durante estos años hemos acompañado y escrito los avances y revelaciones de una investigación plagada de obstáculos durante el primer año, donde investigar lo que pasó era tratar de escudriñar entre versiones, mentiras y medias verdades para avanzar un poco más en la revelación de los hechos. Cómo detrás del caso estaba el tráfico de heroína desde Iguala a EEUU y el estigma contrainsurgente de los normalistas como factor facilitador de una violencia contra los que no importan. Escribir los informes del GIEI, acompañar a los familiares y representantes, no ha sido fácil y ha dolido darse cuenta de tanta crueldad e infamia. También ha llevado esa tarea cuidadosa de medir las palabras y los hallazgos. Frente a quienes trataron de tergiversar tantas veces nuestro trabajo, les dijimos siempre: no ataquen al mensajero, discutan los informes. Siempre trataron de ponernos a favor o en contra de alguien, pero nosotros estamos a favor de la verdad que revelan los hechos.

Diez años, y en medio muchos pasos y promesas de esclarecer la verdad y sus responsables. En los últimos años se avanzó en el esclarecimiento, a pesar de que hubo que reiniciar la investigación casi desde cero porque todo el proceso fue anulado por las torturas a que fueron sometidos muchos detenidos y que pervierten no solo a quien las practica, sino también la verdad de lo sucedido, porque con la tortura ya no sabes qué es verdad y mentira. La PGR hizo mal una buena parte de las consignaciones, en las que les señalamos que había que corregir muchos errores, pero se prefirió negarlo de nuevo. De aquellas acciones, estos lodos.

En el nuevo rumbo con un nuevo gobierno se dieron pasos importantes adelante, nos convocó la invitación a un nuevo aire de esperanza. Se creó una fiscalía especial independiente y una comisión de la verdad con carácter extrajudicial. Acompañamos a las instituciones para quebrar los pactos de silencio, que fue la primera puerta para contar con nuevas informaciones, contrastarlas, también evitar nuevos intentos de manipulación.

Algunos testigos protegidos empezaron a hablar y romper esos pactos con los que se teje tantas veces la impunidad. Un testigo de Huitzuco señaló que al día siguiente de los hechos se oyó un cuchicheo en la comandancia de policía: Aquí ningún cabrón se raja, nadie va a hablar.

El pegamento de los pactos de silencio es no solo la complicidad sino el miedo, a veces por ti, por tu familia. Y no solo afectan a los perpetradores directos y sus cómplices, muchos de los cuales siguen ocultando lo que hicieron. Como me dijo un alto cargo de la PGR en 2016 cuando le cuestioné por las mentiras que ellos habían ayudado a cimentar en la llamada “verdad histórica”: Don Carlos, ellos son implacables.

Otros testigos de los hechos que vieron o supieron partes de la historia se acercaron porque tuvieron confianza, que es la energía que permitió avanzar. Conforme la investigación fue dando pasos adelante, nuevas cosas fueron reveladas. Todo ello lo hemos publicado en seis informes, cuyo contenido no ha podido ser cuestionado, a pesar de que ha habido tanta gente que sigue intentando manipular la historia para no mirarse en el espejo. No solo participaron policías de dos municipios, sino de cinco. La policía estatal, que dijo que se había ido a proteger una cárcel y encerrarse en el cuartel, estuvo en la escena de los hechos. Lo mismo que la policía federal y ministerial. Cada quien cumplió una parte de la acción que llevó finalmente a la desaparición. Por supuesto, responsable de la desaparición es toda la estructura de Guerreros Unidos, en connivencia con fuerzas de seguridad del Estado que atacaron, detuvieron y les entregaron a los muchachos. Las autoridades de Guerrero dijeron que llegaron tarde, pero estuvieron al tanto desde el inicio y algunos de los responsables estaban bajo su mando. El ejército en Iguala dijo que salió cuando supo lo que ocurría, supuestamente cuando casi todo había pasado, aunque la desaparición siguió sucediendo hasta la madrugada, cuando ya todo el mundo estaba allí. El análisis de la telefonía de muchos miembros de policías y militares del 27 batallón es una prueba de que mintieron en reiteradas ocasiones, de eso que Hannah Arendt dice en su libro Verdad y política: “Lo que define a la verdad factual es que su opuesto no es el error, la ilusión ni la opinión (los cuales no tienen relación con la veracidad personal), sino la falsedad deliberada o la mentira”.  Cuando preguntamos a un jefe del narco detenido en la cárcel cómo fue posible la desaparición de 43 estudiantes y el ataque durante cinco horas en medio de la ciudad de Iguala con tantas fuerzas de seguridad y dos batallones del ejército, nos dijo: Nosotros teníamos el poder.

Ayotzinapa es un mapa para entender la crisis humanitaria y de violencia que vive el país. El problema estructural en México pasa por la frontera con EEUU, donde las drogas suben hacia el norte y las armas bajan y financian la guerra en el sur. Pero como señaló la Comisión de la Verdad de Colombia, de la que formé parte, en su informe final —un país que ha sufrido como nadie el impacto del narcotráfico y de la guerra contra el narcotráfico—, el narco no solo es una industria o una serie de grupos armados criminales, para funcionar penetra en la estructura del Estado. Es más, no empieza a funcionar si no tiene unas bases de control político y territorial, y es parte de la propia economía. Ayotzinapa muestra, pues, un problema estructural, que necesita mirarse de frente, en la concepción de esta guerra que se hace para controlar el territorio y, sobre todo, contra la gente. Mirar para otro lado, dejar de hablar o acusar al mensajero esperando que el tiempo resuelva las cosas, o aumentar la militarización, no es ninguna alternativa, sino más de lo mismo, para un país que tiene una fuerte energía colectiva transformadora y gente que la sostiene.

Pero no es este el mapa que nos ha guiado. Hay otro tiempo en este caso, y en el de los miles y miles de familias de personas desaparecidas. Es el tiempo suspendido en el que viven los familiares, el dolor de la ausencia que pesa como el primer día, la lucha por levantarse una y otra vez mientras el tiempo pasa, los otros hijos e hijas y familiares que preguntan, la urgencia que quema por saber, la necesidad de que les miren a los ojos y que tantas veces escuchamos en nuestras reuniones con las familias y el Estado: Pónganse en nuestro lugar, piensen que uno de los desaparecidos es un hijo suyo. Esa empatía ha convocado a la gente en las calles desde hace 10 años. También la rabia de la dignidad de los nadie en sus manifestaciones pacíficas, que reivindicó el escritor y amigo Eduardo Galeano, quien en sus últimos días de su inmensa vida, cuando ya se le escapaba entre las manos, fue a una manifestación por Ayotzinapa en Montevideo. Las demandas de verdad y justicia de las familias son parte del impulso de los procesos democráticos, como nos enseñaron las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el GAM (Grupo de Apoyo Mutuo) de Guatemala, Pro-Búsqueda en El Salvador, ASFADDES (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos) y las organizaciones de familiares de desaparecidos de Colombia. También lo son las organizaciones de familiares de todo México. Los familiares han sido considerados tantas veces como parte del enemigo, y son en cambio el diamante de la conciencia colectiva.

La investigación del caso Ayotzinapa avanzó grandes pasos, la comisión de la verdad gubernamental reconoció que se trató de un crimen de Estado, pero cuando llegó la judicialización encontró de nuevo obstáculos que dijeron: hasta aquí. Ninguna razón asiste a estos obstáculos, ninguna aguanta un debate serio. Diez años, y también oportunidades perdidas y acciones descarriladas. Siempre planteamos que no hay que tenerle miedo a la verdad. Hoy estamos en un aniversario que es un día de dolor para las familias, el peso de la ausencia de los que no están y a la vez el tiempo de la movilización, de estar de nuevo juntos, en un asombro maravillado que nos hace mejores, de este sentimiento compartido y la esperanza de algo mejor. Un nuevo punto de partida. La nueva presidenta electa de México dijo a los familiares, en su primera reunión, que el caso no estaba cerrado: hablemos de metodología. La metodología es un buen punto de partida, porque de eso ha ido esta investigación. No hay atajos para la búsqueda del destino y paradero de los normalistas sin tener en cuenta la verdad. El gobierno de México está haciendo un gran esfuerzo por encontrar restos óseos que puedan corresponder a los estudiantes, pero esa búsqueda no puede separarse de la verdad que proporcionen testigos protegidos, que pueda comprobarse, y de la investigación con toda la documentación existente y a la que aún se necesita tener acceso como reclaman los padres y madres.

Hay momentos reveladores que no son los de los perpetradores y sus secuaces. Son el otro mapa, el que hemos vivido con los papás y mamás de Ayotzinapa, que han acompañado los representantes legales de organizaciones de derechos humanos  y funcionarios comprometidos con la verdad. Del desafío que nos plantearon en la primera reunión, en el salón de la escuela de Ayotzinapa, en las sillas que tenían que estar ocupadas por sus hijos desaparecidos, cada una con su nombre: Ustedes son los únicos en que confiamos, dígannos la verdad, y por favor no se vendan. Ese es un tatuaje invisible en nuestra piel, con él seguimos siempre en la vida. Y creo que no es solo nuestro, es el de tanta gente en México que se ha movilizado o ha mantenido esa distancia de versiones oficiales, a veces en silencio, esa insumisión de los de abajo. Los familiares de Ayotzinapa son parte de ese pueblo condolido, que busca la verdad y requiere justicia.

El mapa de Ayotzinapa son esos lugares emocionales que hemos recorrido con ellos y ellas, gracias a ellas y ellos, y algunos de los que compartimos también con otras víctimas, familiares de los otros normalistas y personas asesinadas, con el equipo de fútbol de Los Avispones, heridos y sobrevivientes. Nos han dolido y nos han conmocionado, y han puesto la luz en el camino cuando todas las puertas estaban cerradas, son los lugares que nos han unido en medio de las dificultades e insultos, y los intentos de quebrar el proceso colectivo de los familiares —un viejo recurso en la historia de México—. Los familiares nos han convocado una y otra vez, y han sido en toda esta lucha la fuente de sentido. Hay una suspensión de la conciencia que hace el horror posible, como ha escrito el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, pero este aniversario es un momento para juntar esos pedazos que nos duelen y para sentir el compromiso ético que moviliza a las familias y la sociedad.  México se juega aquí muchas cosas, y de la acción que en esto tomemos todos y todas dependerá su destino. Los familiares mantienen una conciencia clara y una reivindicación con todo su sentido, y no van a dejar de movilizarse y de tener razón en sus demandas de diálogo y documentación. La historia de las transiciones y cambios políticos en el mundo muestra que la desaparición forzada es un delito permanente y un dolor insoportable, pero también una fuerza persistente que impide el olvido. Mi segunda mamá, Fabiola Lalinde, cuyo hijo Luis Fernando fue desaparecido por el ejército en Colombia, y que fue detenida y acusada de narcoterrorista para tratar de desprestigiarla, llamó a su lucha por la verdad y por su hijo Operación Cirirí. El cirirí es un pequeño pájaro chillón, que sigue al gavilán que se lleva sus polluelos hasta que lo obliga a soltarlos. Traer a sus hijos hasta hoy es el trabajo de la memoria y la lucha por los desaparecidos, les damos las gracias por la confianza y porque así, quienes trataron de ser silenciados, nos hablan del camino para su búsqueda y de lo que hoy México sigue necesitando. Los familiares de Ayotzinapa son parte de esa Operación Cirirí de la persistencia de la dignidad. De nuestra parte, este es el mensaje para los familiares: estamos con ustedes.

Texto especial para A dónde van los desaparecidos

*Foto de portada: El médico y psicólogo vasco Carlos Martín Beristain, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en la presentación del sexto informe en julio de 2023. (Emiliano Molina/ObturadorMX)

http://www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las dinámicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito del autor y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

Carlos M. Beristain

Es médico y psicólogo vasco con amplia experiencia en atención psicosocial de víctimas en el mundo y como asesor de varias comisiones de la verdad en diversos países. Coordinó el informe Recuperación de la Memoria Histórica – REMHI, de Guatemala, forma parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el Caso Ayotzinapa y actualmente es Comisionado de la Paz en Colombia.

(ESP/ENG)

To the Zapatista Army of National Liberation (EZLN)

To the National Indigenous Congress – Indigenous Council of Government (CNI)
To the Peoples, Tribes, Nations, Communities, Neighborhoods, Organizations, Collectives and activists who struggle to defend Mother Earth by resisting and building autonomy in all corners of the Global

South (Oaxaca, Mexico and the World)To the free, communitary, alternative, independent and independent media

To those who defend life with their very lives

We are less than two months away from the Global Encuentro for Climate and Life – ANTICOP 2024, at a crucial moment that calls to unite our forces and hearts around a common cause: the defense of Mother
Earth. On our journey towards November, we have already started the dialogues in our virtual forums (https://mirrorssouthglobal.org). These exchanges serve as a preamble to the work that awaits us, helping us to refine our proposals and strategies.

In this second call, we want to name our sisters of the EZLN and the CNI-CIG, because their example and their steps have taught us to embrace with strength the struggle against capitalism, patriarchy and

colonialism—to work every day for that world where many worlds flourish.
Their courage and perseverance inspire us to move forward, even when the challenges seem overwhelming. We insist on our invitation. It would be an honor for us to have your presence. Your word, example and guidance are crucial to build a future where justice and equity prevail.

This initiative was born out of a deep reflection on the tempests we face and feel in our daily reality. After reviewing the Sixth Declaration of the Lacandon Jungle and the Declaration for Life, we decided to join efforts to unite our struggles among Peoples, Tribes, Nations, Communities, Neighborhoods, Organizations, Collectives and activists from different corners of the planet who are also committed to
defend Mother Earth and Life.

From the beginning, those of us who took the initiative knew that we would face those who believe they have all the answers and only listen to the sweet sound of their own voice. We face a wide range of actors, from those who are in power to those who—even while criticizing it—abuse it in common spaces. Let the vanguards rest assured, we are not looking for their bases, nor are we summoning their captive audiences. Rumors, lies and complicit silences are heard. It seems that it is easier to destroy than to build, to judge than to understand. However, we are firmly committed to dialogue the differences, putting the common in the face of adversities, from the honesty and depth of the comrade word. We are dedicated to constant and collective construction because we dream the impossible and believe in a better future.

The time to convene is now. This call is addressed to all people who feel invisible, trapped in despair and debt, often abandoned and alone—to those of us who feel the need to face the storms ahead together
and organized. It is an invitation to dream of building or restarting our territories in autonomy and free self-determination.

We have witnessed in various geographies of the planet the growth of a “blurred left” that, little by little, revealed its true skin, showing its neoliberal and deeply fascist character in its actions. This supposedly progressive alternative does not protest against militarization or question imperialist plans. With one hand it offers social programs, while with the other it hands over territories to transnational capital. In Mexico, this neoliberal left may embrace Evo Morales, but it also closes the borders to people from Central America and shows its contempt for those who defend land and territory, reaffirming the program of dispossession, exacerbation of extractivism and openness to green colonialism.

We are seeing the continuity of the megaprojects of transnational capital that, despising the peoples, continue to impose themselves on our territories. These megaprojects not only destroy land tenure, but
also mutilate the identity, culture, language and spirituality of the peoples. We denounce at the same time, the impositions and complicities between government, corporations and criminal structures to put the Mexican territory to play in an energy transition bet against the interests of the peoples and their territories.

Those of us who call for the Global Encuentro for Climate and Life seek to build from below, with a solid organization that recovers the numerous struggles in defense of life and territory of our peoples. We
want to avoid imposing agendas in order to listen to each other, always with the struggle for life as our common horizon.

In our meeting, we want to allow ourselves to dream of an enriching dialogue between movements, peoples, organizations, collectives and activists. We want to rethink our strategies and move beyond
denunciation, towards concrete and transformative actions.

What path will we take after the Global Gathering? We will make that decision together. Together. Together. We will listen to each other in Oaxaca, ready to write the next chapter of our shared history.

NOTE: The general program is still under construction, it will be published during the middle of October.

NOTE_2: We are still answering emails and messages, if you have not received a reply, please insist by sending the phrase “a ver a ver a qué horas”. Thank you.

🔥🌱 👇🏾

Por la comisión de Organización y Coordinación / By the Organization and Coordination Committee:

Comunidad Indígena Binnizá de Puente Madera, Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO), Asamblea de los Pueblos indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), Consejo Regional Autónoma de la Zona Costa de Chiapas, Coordinadora

Regional de Acción Solidaria (CORASON), Centro de Investigación en Comunicación Comunitaria, Centro de Derechos Humanos – Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos – ESPADAC, Laboratorio Popular de Medios Libres, Colectivo LEGAIA, Deuda por el Clima México. Frente de Organizaciones Oaxaqueñas – FORO: Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas – CODEDI, Comité de Defensa de los Derechos de los Pueblos de Oaxaca – CODEPO, Frente Indígena Zapoteca – FIZ, Consejo de Comunidades Indígenas de la Sierra Sur – COCISS, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas – UNTA, APIIDTT.

Organizaciones, colectiv@s y procesos que co.convocan en respaldo /

Organizations, groups and processes that co-convene in support:

El Istmo es Nuestro, Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapa, Maderas del Pueblo del Sureste, Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza, ECOOS – Escuela de Economía Social, Zona de Creación, CEACOMUN, Observatorio de Industrias Extractivas, Ñuu Jnama
Yuku, ENGENERA – Energía, Género y Ambiente A.C. Colectiva Las Nietas, Contaminantes Anonimus, Red Tierra Común, Red Feminista de Investigación en IA, La Cuadra Provoca Ciudad A.C. / Huerto Roma Verde, Invetia, Ndú Xacúa, Nuestros Datos.org, Ollin Quetza, Boletín Socioambiental CDMX y
Área Metropolitana. Tierra Resiliente, Más Música – Menos Balas, Pacto Ecosocial del Sur, Extinción o Rebelión (Ecuador), Comité Campesino del Altiplano – CCDA- (Guatemala), Slow Food (Brasil), Red de Cooperación Amazónica REDCAM (Venezuela), Centro Internacional de Investigación PIRKA (Argentina), Musa Community Development and Sustainability Organization (Zambia, África), Plataforma Global (El Salvador), Associazione Ya Basta Êdî Bese (Nordeste, Italia), Friends of Mother Earth (Bolivia / California), Proyecto Social y EcoPedagógico Tierra Bonita (Colombia), Tejiendo Pensamiento (Colombia), Instituto para el Desarrollo sostenible de la mujer indígena Lenca de Honduras IDESMULH (Honduras), Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador – MILPA (El Salvador), Aquelarre (República Dominicana), IDNOVA (Imagination for Development and the Nature Of Values (Aruba, Caribe), Dandelions (USA), Frente de Justicia Ecosocial (Finlandia), Xicana Tiahui de Chicanx World Making and Futurities Project (EEUU), InsightShare with La Marabunta Filmadora (UK-Mx). Terra Insumisa Alcamo (Italia).

#ANTICOP2024 #ClimateAndLifeGathering #GlobalSouth #MirrorsGlobalSouth #NovOaxMex #ClimateJustice 🌍❤️

A los pueblos de la Región Cholulteca

A los pueblos que luchan y resisten

A los medios de comunicación

El día de hoy, 21 de septiembre a las 11:24 am arribaron a las inmediaciones del basurero de San Pedro cholula Unidades de la Comisión Federal de Electricidad, con una grúa para llevar a cabo la imposición de reconexión de energía eléctrica para las instalaciones del basurero de muerte, cabe mencionar que pese a ser colocados los sellos de clausura por parte de PROFEPA el pasado 21 de agosto y pese haber sido clausurado por decreto de los pueblos el pasado 21 de marzo, el basurero continúa contaminando con los lixiviados que emanan de la montaña de muerte generada por la empresa criminal Profaj Hidro Limpieza en complicidad con el gobierno estatal y municipal.

Tras ser cuestionados por los pueblos que resguardan el plantón contra el basurero, trabajadores de la CFE llegaron con elementos de la policía estatal, alrededor de 20 elementos antimotines, armados, a bordo de las patrullas 1059 y 1549 procedieron a intimidar y amenazar a las y los compañeros que realizan guardias en resguardo del plantón.

Gracias a la pronta respuesta de los pueblos y organizaciones solidarias, se retiraron aproximadamente a las 12:00 pm.

Ante estos actos ilegales y violentos la Unión de Pueblos y fraccionamientos contra el relleno sanitario y en defensa del agua reiteramos que nuestra lucha es por la vida y contra los proyectos de muerte como es este basurero.

Hacemos un llamado a los pueblos, organizaciones, colectivos solidarios a que hagan presencia y nos acompañen en el proceso de exigencia del plan de retiro y remediación que es el siguiente paso en nuestra lucha contra el basurero de muerte, así también, exigimos que sean cerradas todas las carpetas de investigación con las cuales el gobierno estatal criminaliza nuestra lucha.

Hacemos responsable al gobernador de Puebla Sergio Salomón Céspedes y al secretario de gobernación Javier Aquino Limón de cualquier atentado en contra de los pueblos que defendemos la vida y el territorio.

Por último, invitamos a participar en la faena y reforestación en los al rededores del basurero que llevaremos a cabo el día de mañana domingo, 22 de septiembre a partir de las 10:00 am con la finalidad de ir sanando la tierra tan lastimada por los malos gobiernos y empresarios.

ATENTAMENTE

Autonomía, Agua, Tierra y Libertad

Unión de pueblos y fraccionamientos contra el relleno sanitario y en defensa del agua

#alertabasurero
#fuerabasurero
#NuestraLuchaEsPorLaVida

0

“EN ESTE SISTEMA CAPITALISTA,

DONDE REINA LA TRISTEZA Y VIOLENCIA,

NO SE CASTIGA EL DELITO,

SE CASTIGA LA POBREZA”

AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL

AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA

AL CONSEJO INDIGENA DE GOBIERNO

A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL

A LAS REDES DE RESITENCIA Y REBELDIA

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES Y DIGNOS

A LAS ORGANIZACIONES DE LUCHAS DIGNAS

AL PUEBLO DE MEXICO

LA ORGANIZACIÓN CAMPESINA DE LA SIERRA DEL SUR(O.C.S.S.) COYUCA DE BENITEZ SE SOLIDARIZA Y MANDA SALUDOS COMBATIVOS.

Ante los recientes hechos de violencia generados por un grupo de choque enviados por la alcaldía de Xochimilco este 5 de septiembre del 2024 cuando compañeros de diferentes ORGANIZACIONES DE APOYO AL (CNI-CIG) Y PUEBLOS pertenecientes al CONGRESO NACIONAL INDIGENA , CONSEJO INDIGENA DE GOBIERNO, se manifestaban pacíficamente en solidaridad a la compañera HORTENSIA TELESFORO miembro de la asamblea general permanente de la comunidad de san Gregorio Atlapulco que tiene orden de “aprensión” por su activismo en defensa de la vida y el territorio.

Ese día alrededor de unas 40 personas como a las 2 de la tarde vestidos de civil agredieron a nuestros compañer@s ante la vista de policías que no hicieron nada para detenerlos los agresores llegaron con armas punzo cortantes y palos atacaron y persiguieron a compañeros golpeando robando cámaras celulares, entre los compañeros hay gente de la tercera edad, jóvenes y mujeres.

Este mismo grupo de choque detuvo a 5 compañero (ANSELMA MARGARITO FRANCISCO DE LA COMUNIDAD OTOMI RESIDENTE EN LA CIUDAD DE MUXICO, JORGE MANUEL CANCINO GARCIA, URIEL GARCIA ROJAS AMBOS DEL COLECTIVO CONCIENCIA Y LIBERTAD UNAM, ROBERTO RODRIGUEZ CONTRERAS QUE ES PARTE DE LA COORDINACION METROPOLITANA, Y PENELOPE ESTEFANIA GALICIA ARGUMEDO DE MEDIOS LIBRES RADIO ZAPOTE ) que luego entrego a la policía quien fue cómplice desde el primer momento negando información de su paradero por lo cual se denunció en calidad de desaparecidos por lo cual la comunidad otomí se manifestó y presiono para que fueran presentados, donde también fueron reprimidos, estos compañeros posteriormente fueron puestos a disposición de la fiscalía de la delegación Tlalpan que también fueron cómplice de la represión.

También notamos con la saña que fueron reprimidos nuestros compañeros por parte de la 4T eso deja ver que el desprecio a los pueblos indígenas sigue más notable como hace más de 500 años, cada 6 años cambian al capataz, pero siguen mandando los finqueros (los señores del dinero neoliberalistas, capitalistas, patriarcales)

¿Por qué la 4T no da respuesta a los compañeros otomís que se encuentran en resistencia?

¿Por qué los hostigan diario con su vigilancia y cortándoles la luz donde se encuentran resistiendo, en el edificio mal llamado inpi y renombrado por los compañeros CASA DE LOS PUEBLOS SAMIR FLORES SOBERANES?

¿Por qué la 4t no hace nada para parar la violencia de la delincuencia organizada que amenaza, desplaza y mata en cada comunidad indígena, ciudad colonia y barrios?

¿Por qué no hay respuestas de justicia al dolor de los padres de los normalistas desaparecidos que ya van a cumplir 10 años de no encontrarlos, porque no hay justicia para los tres muertos de la noche trágica de iguala, y los que a matado el narco gobierno después?

¿Por qué en lugar de promulgar leyes vacías para los pueblos originarios, no se aprueban los acuerdos de San Andrés impulsados por los compañeros del EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL?

¿Por qué los tres niveles de gobierno dejan que la delincuencia organizada se aproveche de los beneficios de la naturaleza que tienen las sierras, bosques y selvas para sostener sus guerras?

¿Qué hace realmente el ejército, marina, y guardia nacional en las calles si el crimen organizado sigue haciendo de las suyas ante sus ojos y en casos en complicidad?

Después de todo lo dicho mandamos un caluroso saludo a los compañeros zapatistas que siguen dando ejemplo de organización, ante la violencia que se avecina seguiremos tratado de organizarnos en la medida de nuestras posibilidades DESDE GUERRERO, SIERRA, COSTA GRANDE QUEREMOS DECIRLES NO ESTAN SOLOS.

¡ALTO A LAS AGRESIONES A LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS!

¡AGUA, AIRE, TIERRA Y BOSQUES SIN VENENOS NI CONTAMINANTES, ES UN DERECHO DE TODOS!

¡PRESENTACION CON VIDA DE BENITO BAHENA MALDONADO, GILBERTO ROMERO, ¡MAURO BAHENA MALDONADO Y GABRIEL BAHENA BAHENA!

Castigo a Rubén Figueroa, responsable de la masacre de Aguas Blancas.

Alto a las agresiones a los compañeros de CIPOG-EZ en las comunidades de la región de la Montaña en Guerrero.

Alto a los desplazamientos de familias y comunidades por la delincuencia, en los estados de Guerrero, Michoacán y Chiapas.

No a la minera en Mexico.

¡Presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa y castigo a los culpables! ¡Ni un muerto más en el país!¡La masacre de Aguas Blancas no se olvida!

¡POR LA UNIDAD DE OBREROS, INDIGENAS Y CAMPESINOS!

ORGANIZACIÓN CAMPESINA DE LA SIERRA DEL SUR

O.C.S.S.

Coyuca de Benítez,18 de septiembre 2024

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
19 de septiembre de 2024

Boletín No. 22

Denunciamos el incremento de la violencia a integrantes del Frayba

    • Allanamiento, amenaza de muerte, difamaciones, seguimiento como los actos más frecuentes.

    • Reafirmamos nuestro compromiso de seguir caminando al lado del pueblo organizado que defiende sus derechos humanos.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) tiene 35 años de promover y defender los derechos humanos en Chiapas. En esta travesía por la defensa de derechos, ha documentado y acompañado a víctimas y sobrevivientes de graves violaciones a derechos humanos que buscan acceso a la justicia frente a la impunidad, principalmente en el marco del Conflicto Armado Interno que aún no se ha resuelto.

Desde su inicio, el Frayba ha sido objeto de constante vigilancia, intimidación, hostigamiento y amenazas tanto de agentes no estatales vinculados a los gobiernos, autoridades estatales, federales y del Ejército mexicano, así como pronunciamientos públicos estigmatizantes por parte de altos funcionarios, por realizar el trabajo de defensa de los derechos humanos, el cual ha molestado los señalamientos de las violaciones a derechos humanos que cometen. El común denominador es la falta de investigación, identificación y castigo a los responsables.

Desde 2021, hemos alertado el incremento de la violencia y violaciones de los derechos humanos en Chiapas.

Desde el mes de enero en Palacio Nacional y directamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador hemos registrado cuatro ataques, agresiones y deslegitimación de nuestro trabajo. Lo que ha desatado una serie de actos en cascada de agresiones digitales a nuestras cuentas institucionales.

En los meses de julio, agosto y septiembre hemos documentado amenazas de muerte y recientemente el allanamiento a la casa de un integrante del Frayba como un modo de intimidación y de amenaza. Los comentarios hostiles, la difamación y el desprestigio a nuestro trabajo sigue siendo una constante. Se suma la extorsión, intimidación, vigilancia y agresiones verbales, y varios de ellos vienen de actores vinculados a los gobiernos municipal, estatal y federal.

A pesar de que el Frayba cuenta con Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano no ha garantizado la protección de las personas defensoras de derechos humanos que integran el Frayba. Las omisiones del Estado al no realizar una investigación seria y exhaustiva encaminada al conocimiento de la verdad sobre los hechos y las fuentes de riesgo dado a conocer, afecta el trabajo diario, tiene un efecto amedrentador para ejercer la defensa de los derechos que se reclaman de manera justa ante la autoridad que violenta, porque sabe de facto que existe un pacto de impunidad.

En el marco de la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, es fundamental destacar que, toda persona tiene derecho a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y libertades fundamentales en los planos nacional e internacional. Además, cada Estado tiene la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y libertades fundamentales, por tanto, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar y proteger a toda persona frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de la defensa de los derechos humanos.

Lo anterior reflejan el compromiso de la comunidad internacional para asegurar que los derechos humanos sean respetados y protegidos en todas las circunstancias, y que los Estados desempeñen un papel activo en la promoción y protección de estos derechos.

Es claro que el Gobierno no cumple a cabalidad con la protección en el territorio mexicano, hoy estamos en medio en una crisis profunda de los derechos humanos y una violencia generalizada y criminal que se decanta en todas las esferas de la vida, el gobierno de la Cuarta Transformación no pudo, no puede parar la vorágine de la violencia, al contrario, los riesgos van en aumento y con ello a quienes defiende los derechos humanos tal como es en Chiapas.

A pesar de la ineptitud gubernamental, desde el Frayba, reafirmamos nuestro compromiso de seguir caminando al lado del pueblo organizado que defiende sus derechos humanos con el mismo espíritu de solidaridad, esperanza y humanismo que aprendimos de jTatik Samuel. Hacemos un llamado a la sociedad civil nacional e internacional para pronunciarse y sumar la voz de exigencia por el respeto al trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos para seguir construyendo la paz. Nos solidarizamos con los pueblos, organizaciones y colectivos que han sido reprimidos y criminalizados por defender sus derechos, su tierra y territorio, estamos convencidos que desde abajo y a la izquierda estas las alternativas para seguir tejiendo organización y comunidad.

-*-

Descarga el boletín en PDF(147.11 KB)

0

En el marco del X Aniversario de la Desaparición forzada de nuestros 43 Normalistas de Ayotzinapa, la Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX y la Coordinación Metropolitana, Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG, hacemos atenta #INVITACION, para que este lunes 23 de septiembre a las 16:00 Hrs. Nos acompañen para que junt@s recibamos a las Madres y Padres de Ayotzinapa.

Con ell@s tendremos un “ENCUENTRO DE DOLOR Y RABIA”, abracemos la esperanza, caminemos sus dignos paso y exijamos tod@s, verdad y justicia para nuestros 43 y miles más.

Se acabó el Sexenio de la mal llamada #CuartaTransformación y #LópezObrador no cumplió con su palabra. Encubrió al #Ejército, a la #ClasePolítica, al #CrimenOrganizado, a la #GuardiaNacional, a la #Marina, a la #PolicíaEstatalyMunicipal, no toco ni investigó a #PeñaNieto; es decir, cumplió al pie de la letra con su #PactoDeIMOUNIDAD.

Con la entrante administración que encabeza #ClaudiaSheinbaum, no solamente NO dará continuidad a las “investigaciones”, concluirá el caso, pues el tema #Ayotzinapa, nunca lo tuvo en su agenda.

Este es el #DolorylaRabia de la que debemos hablar.

Porqué olvidar a 43 ausentes?, Porqué celebrar el cierre de una administración, si no fueron capaces de encontrarlos?, Porqué se impuso el poder económico, político y sobretodo, el militar, a la Verdad y la Justicia para nuestros 43?, Porqué Andrés Manuel prefirió la Impunidad y el Olvido a la Verdad y la Justicia?, Qué hace pensar que con Claudia Sheinbaum, las cosas serán diferentes?

Herman@s tod@s.

El Compañero y Artista Gráfico, #GranOm aporta a esta causa de digna resistencia un #CartelConmemorativo de los #10AñosDeAyotzinapa. Así que está disponible en la #CasadelosPueblosyComunidadesIndígenas y en el #CaféZapataVive para que puedas pasar por un ejemplar y con el, puedas sumarte este 26 de septiembre a las 16:00 hrs. a la marcha a la que han convocado las madres y padres de Ayotzinapa, la cita es en el Ángel de le independencia al Zócalo de la #CDMX.

También habrá actividades por Ayotzinapa, acá en la CDMX los días 23, 24 y 25 de septiembre, por lo que invitamos a sumarse y participar.

Finalmente por acá dejamos la liga del cartel para que quien guste y pueda imprimirlo y/o reproducirlo. La idea es que inundemos la marcha de Ayotzinapa con este cartel.

Zapata Vive, la Lucha Sigue!!

Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos!

Ayotzinapa Vive, la Lucha Sigue!

Fue el Ejército!

https://www.dropbox.com/scl/fi/kfs6gmavgv57xpvddl11n/147-Arte-Al-Servicio-147-Cartel-Ayotzinapa-10-A-os-Gran-OM-Co-Digital-Ago-24.jpg?rlkey=coykohim8dggiizn58mszkh8m&st=ilwoy9sx&dl=0

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Juan López comparte sobre la lucha para detener la extracción minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras y otros megaproyectos que amenazan las tierras y bienes comunes en valle del Bajo Aguán. Octubre, 2016. Foto: Santiago Navarro F.}

Juan López, reconocido líder social y defensor del territorio en la región del valle del Bajo Aguán, norte de Honduras, fue asesinado a balazos la noche del sábado (14) cuando salía de la parroquia de San Isidro Labrador en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.

López participó en la defensa de la montaña Botaderos, el Parque Nacional Carlos Escaleras y los ríos Guapinol y San Pedro, amenazados por la implementación de una serie de megaproyectos donde destaca la empresa minera Inversiones Los Pinares de la familia Facussé, y su proyecto de extracción de óxido de hierro dentro de un área natural protegida.

Además de participar en la iglesia católica como coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis de Trujillo, Juan López se integró a la lucha popular desde el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) y también se desempeñaba como regidor en dicha municipalidad desde enero del año 2022.

El crimen contra el defensor ambiental aconteció días después que organizaciones sociales alertaran de que, a 11 meses de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera la medida cautelar 137-2023 en beneficio de 30 integrantes del CMDBCPT y del Bufete Justicia para los Pueblos, el Estado hondureño había fallado en su cumplimiento. 

Te puede interesar – Honduras: Asesinato de campesino en El Aguán; suman siete defensores violentados en 2023

Esto derivó de una alerta temprana realizada por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) quien señaló la inacción institucional por parte del Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Dirección General del Sistema Nacional de Protección, Ministerio Público, la Dirección Policial de Investigación (DPI) de Tocoa y la Secretaría de Desarrollo Social.

Apenas el 12 de septiembre, tras una reunión con la Procuraduría General de la República, y el Mecanismo de Protección para las y los Defensores, López compartía para medios locales que la excesiva burocracia impedía la implementación de las medidas dictadas por la CIDH. “Viene en buen momento esta alerta temprana del Conadeh, dados los últimos acontecimientos que surgen en el territorio y de cómo han venido moviéndose los grandes capitales sobre la vida de las comunidades y eso aumenta el riesgo en el territorio”, detallaba el defensor.

Tras el asesinato, la Plataforma Agraria del Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) enfatizaron en comunicado que ninguna autoridad le había brindado medidas de protección a López. Además, subrayaron la labor del defensor en denunciar los “múltiples actos de corrupción realizados por el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez”.

Defensores en riesgo

El homicidio de López ocurrió días después que exigiera la renuncia del alcalde, Adán Fúnez del partido Libre quien es señalado por Devis Rivera Maradiaga, -criminal líder del grupo “Los Cachiros” sentenciado por tráfico de drogas en Estados Unidos y quien testificó contra el ex presidente Juan Orlando Hernández- de haber recibido dinero del narcotráfico.

Fue el pasado martes (10) cuando López solicitó la dimisión voluntaria del alcalde de Tocoa tras la exposición de un video por el medio Insigth Crime en el que se muestra a Fúnez, junto a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, para obtener financiamiento de los delincuentes que se encauzó en las elecciones del año 2013. En aquel momento Fúnez también presidía la alcaldía de Tocoa, epicentro de la actividad criminal del grupo “Los Cachiros”.

“En caso contrario debe ser la fuerza popular que lo obligue a renunciar porque ya no es bajo estos términos la persona indicada para guiar los destinos del municipio”, sostuvo López, quien había denunciado múltiples amenazas de parte del mismo alcalde, así como de Inversiones los Pinares, Grupo EMCO e Inversiones Ecotek, empresas involucradas en la extracción minera al interior del Parque Nacional Carlos Escaleras.

López fue un férreo defensor del medio ambiente frente a lo que pobladores de Tocoa denominan “el Monstruo de Siete Cabezas”, es decir, siete megaproyectos entre los cuales se encuentran dos minas de óxido de hierro; una termoeléctrica -operada con cóque de petróleo- para alimentar una planta peletizadora; así como tres pozos de agua para mantener todas estas operaciones industriales.

Por su parte, Esly Banegas, miembro de COPA, relató para el medio Contracorriente que Juan, junto a otros defensores de la región del Aguán, recibió amenazas después de la realización cabildos, a finales del 2023 e inicios del 2024, donde el alcalde Fúnez impuso la instalación del proyecto termoeléctrico de la empresa grupo EMCO, el cual también recibió respaldo de funcionarios como Lucky Medina, secretario de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras.

Cifras de la Conadeh señalan que durante el año 2023 se registraron los asesinatos de 15 defensores del medio ambiente. De ellos, siete ocurrieron en el departamento de Colón. Entre las víctimas se encuentran tres defensores del río Guapinol: Alí Domínguez, Jairo Bonilla y Óscar Oquelí Domínguez.

Condena

El asesinato de López despertó la condena de organizaciones sociales de Honduras, Centroamérica y del mundo. La iglesia católica, a quien López dedicó parte de su labor dentro del Consejo Nacional Apostólico de la Compañía de Jesús también se sumó a las exigencias por justicia. “La Iglesia responsabiliza a don Adán Fúnez y a sus secuaces que cobardemente le han quitado la vida, Juan era una piedra en el zapato de la corporación municipal”, fueron las palabras del padre Carlos Orellana, párroco de la Iglesia de San Isidro Labrador.

A su vez, Edy Tábora, abogado coordinador del Bufete Justicia para los Pueblos, enfatizó que Juan López murió criminalizado y “sin que se investigaran las amenazas que recibía constantemente, muere sin que el Estado cumpliera la medida cautelar de la CIDH que ordenaba proteger su vida”.

En pronunciamiento, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) subraya que el crimen contra López ocurrió sin que las autoridades hicieran nada para impedirlo. “Su muerte acontece en medio del dolor que viven decenas de familias que han visto la muerte posarse sobre las y los líderes que han luchado en favor de la defensa de sus ríos, bosques, tierras y territorios”, recalca.

Organizaciones como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), a través de sus coordinadoras, también exigieron justicia por el asesinato del defensor ambiental.

Desde el exterior, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos (OACNUDH) se sumó a la exigencia por realizar una investigación urgente en el asesinato de Juan López, además de adoptar medidas urgentes para proteger a su familia y a los miembros del CMDBCPT.

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

^{En portada: Ejidatario de San Antonio Calpulalpan, Tlaxcala, integrante del Colectivo 16 de Octubre, organización que defiende tierras de propiedad social frente a proyectos industriales, de generación energética y fábricas en uno de los ejidos más deforestados de la región. Foto: Elizabeth Díaz.}

Dentro del paquete de iniciativas de reformas constitucionales llevado acabo en los últimos meses, como cierre del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo), se encuentra la reforma al Artículo 27 constitucional, que regula la propiedad social de la tierra – de las comunidades y ejidos en el país. 

“Es una reforma importante que está siendo realizada, como otras, de forma silenciosa. El Artículo 27 es donde están justamente los grandes intereses con relación a la minería y con relación a los bienes del subsuelo”, sostiene Armando de la Cruz, abogado en defensa del territorio de la organización Tequio Jurídico.

Las propiedades sociales representan el 50.7% de la superficie del territorio nacional, es decir, 99,759,455 hectáreas, de acuerdo con el Registro Agrario Nacional (RAN). Gran parte de los recursos naturales se encuentra dentro del régimen de propiedad social. El 70% de los bosques y dos terceras partes de los recursos hídricos se localizan en ella. Sesenta y ocho pueblos indígenas viven en estas tierras.

La iniciativa fue presentada por el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, además de diversos diputados del partido Morena, y fue publicada en la Gaceta Parlamentaria en abril de 2024. Desde entonces ha avanzado de manera silenciosa en el Congreso de la Unión. Ahora está pendiente de ser enviada al pleno de la Cámara de Diputados.

Por un lado, en los debates públicos promovidos por Morena, se busca sostener que las modificaciones y adiciones a dicho artículo representan un avance en la defensa de los derechos agrarios, de campesinos e indígenas, al contrario de la reforma al mismo artículo promovida en 1992, en la cual se impulsó y garantizó las condiciones para la entrada de la propiedad social al mercado de tierras. 

En la exposición de motivos de la iniciativa se invoca tratados y convenios internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas y hasta el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el Estado de Chiapas, el 1 de enero de 1994, que “marcaría el inicio de una nueva etapa en la vida nacional (…), que tuvo como uno de sus resultados más importantes la firma de los Acuerdos de San Andrés sobre ‘Derechos y Cultura Indígena’”, el día 16 de febrero de 1996, de acuerdo al texto de la iniciativa de Morena.

Por otro lado, las organizaciones reunidas en el Foro de Defensa del Territorio y la Propiedad Social en Oaxaca, alertan que efectivamente los cambios y adiciones al Artículo 27 no son coherentes con la exposición de motivos de la iniciativa. 

Representan, al contrario de lo que se ha difundido, una “profundización de la reforma neoliberal”, alertan las organizaciones, y del proceso de transferencia de la propiedad social al mercado de tierras, iniciada en 1992. 

Aumentan el poder de jurisdicción del Estado mexicano sobre la propiedad social, disminuyendo la autonomía y autodeterminación de las comunidades y ejidos sobre sus territorios. “Nos despoja de nuestros derechos fundamentales, otorgándole a la nación la propiedad de todo lo que hemos logrado a través de las luchas históricas (…), y los recursos naturales que están en nuestros territorios”, sostienen en un pronunciamiento público.

Te puede interesar – Alertan abogados estrategias de privatización de tierras colectivas en México

Abogados de diferentes organizaciones que componen el Foro de Defensa del Territorio y la Propiedad Social en Oaxaca conformaron un comité para analizar las entrelineas de los cambios y adiciones al artículo. En el siguiente apartado recuperamos las interpretaciones de algunos de los cambios y adiciones presentadas por el equipo de abogados durante el Foro: riesgos y desafíos para los pueblos originarios.

Te puede interesar – Desaparición del INAI, un paso más hacia la opacidad en México

Cambios al Artículo 27

En el primer párrafo se amplia el dominio del Estado mexicano sobre la propiedad social. Se adiciona al texto constitucional las frases en negrita:

“La propiedad de las tierras, la biodiversidad, el valor intrínseco de los bienes del subsuelo, el espectro radioeléctrico, y las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada y, a los ejidos, comunidades y pueblos indígenas, constituyendo la propiedad social”.  

El texto original establece que las tierras y aguas son propiedad de la nación. “Ahora, lo que pretenden agregar es que también son propiedad de la nación la biodiversidad, el valor intrínseco del subsuelo y el espectro radioeléctrico”, sostiene la abogada Egla Pérez Cabrera.

Además, la iniciativa propone que el dominio de estos elementos (las tierras, las aguas, la biodiversidad, el valor intrínseco de los bienes del subsuelo, el espectro radioeléctrico) puede ser transmitido no solo a los particulares, para constituir la propiedad privada, pero también a los ejidos, a las comunidades y pueblos indígenas, para constituir la propiedad social; lo que presupone que los pueblos y comunidades originarias tendrían que pedir permiso o una concesión al Estado para el uso de estos elementos (incluyendo la tierra, el agua o el espectro para sus radios comunitarias).

“Esta reforma, en caso de que fuera aprobada, estaría restringido a los pueblos estos elementos que conforman ya la propiedad social. Porque para que las comunidades pudieran aprovechar estos recursos, tendrían que pedir una concesión o autorización al Estado mexicano”, explica la abogada.

En relación al subsuelo, “sería con esta reforma propiedad de la nación; las comunidades ya no tendrían por qué intervenir [en casos de que haya concesiones o proyectos de explotación en sus territorios]. Esta es una interpretación que queda sobre la mesa”.

También “consideramos el hecho de que se incluya el espectro radioeléctrico como parte de la propiedad de la nación en territorios de las comunidades, generaría una afectación para las radios comunitarias, que de por sí han sido criminalizadas”, analiza la abogada.

“Interés público”

En el tercer párrafo pone en el rango constitucional el “interés público” por encima del derecho colectivo de los ejidos y comunidades. Considerando que, de facto, los procesos extractivos mineros o grandes emprendimientos de desarrollo son considerados de “interés público”. Así que en el siguiente párrafo la reforma propuesta adiciona la palabra en negrita:

“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada y social las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana, en consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centro de población para preservar y restaurar el equilibrio ecológico”.

“La nación podrá imponer a las comunidades las modalidades que dicte de ‘interés público’ en beneficio social. Suena bonito, sin embargo, sabemos que, con los discursos demagógicos de la clase en el poder, estos discursos de interés público, de progreso, de beneficio social se han cometido múltiples atropellos a los derechos de los pueblos y comunidades”, analiza la abogada. 

Dos ejemplos, citados por ella, son los megaproyectos del Tren Maya y Corredor Interoceánico. “En el decreto de fecha de 18 de mayo de 2023, se declara que estos megaproyectos son de ‘seguridad nacional’ e ‘interés público’. Antepone lo que consideran ‘interés público’ a los intereses de los pueblos”. 

¿Transferencia o robo?

Se adiciona el siguiente párrafo, en el cual se pretende “transferir” al Estado todos los bienes tangibles e intangibles de los pueblos:

“Son propiedad de la nación: los vestigios, construcciones, monumentos arquitectónicos, albarradas, cerámicas, estatuillas, utensilios, herramientas, semillas y especies originarias del territorio nacional, osamentas, diseños y tejido de ropa, conocimientos ancestrales, idiomas, escrituras, códices, pinturas, esquelas, murales, manuscritos, planos, mapas, sistemas numéricos, astronómicos, centros ceremoniales, ceremonias, música, danza, cantos, instrumentos musicales, el arte en todas sus manifestaciones de los pueblos originarios que habitaron el territorio nacional”.

La abogada Pérez Cabrera se refiere a ello como si “pareciera una broma. Consideramos que estamos ante una amenaza de despojo, de acaparamiento, ante un robo por parte del Estado mexicano contra nuestros pueblos. Está arrebatando a los pueblos todo lo que vienen creando de manera ancestral, a lo largo de toda su existencia”. 

Patentes

Además, si es aprobada la reforma, se ampliará la jurisdicción del Estado en la propiedad de patentes de semillas y plantas medicinales. De tal forma que se adiciona al párrafo cuarto las palabras en negrita; se fortifica el dominio del Estado sobre el germoplasma – término utilizado para describir las semillas, plantas o partes de plantas que son útiles en la mejora de cultivos, la investigación y la conservación- de la biodiversidad:

“Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, del germoplasma de la biodiversidad endémica, de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su exploración necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materiales susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes, los combustibles minerales solidos, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno solidos, líquidos o gaseosos, y el espacio situado sobre el territorio nacional; en la extensión y términos que fue el derecho internacional”.

“El Estado toma posesión o fortifica su derecho sobre las plantas, sobre las semillas de las comunidades. Será propietario del material genético de las plantas endémicas en sus territorios, muchas de ellas utilizadas como plantas medicinales, habiendo la posibilidad de otorgar a particulares en concesión, incluso vender patentes a farmacéuticas”, analiza el abogado Isaí Jiménez García, de la organización Flor y Canto. 

Extranjeros

Adición al párrafo décimo, que define cómo los mexicanos o empresas mexicanas pueden adquirir el dominio de las tierras: 

“I. Solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan  ante la secretaria de relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus, gobiernos por lo que se refiere a aquellos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo, en una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas y en toda la región Istmo de Tehuantepec, en ambos lados de las vías centrales del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec de los Estados libres y soberanos de Oaxaca y Veracruz, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo tierras y aguas”.

“Se está ampliando la cláusula de restricción de adquisición de tierras por parte de personas extranjeras. Ya no solamente serán las costas o las fronteras, sino también en esta región de Istmo de Tehuantepec que es una zona estratégica, donde circulará mucha mercancía y se piensa como una zona estratégica. Seguramente se añade esta restricción, pensando en la seguridad nacional”, explica el abogado Abel Sánchez Martínez, de Tequio Jurídico.

Sin embargo, “en la práctica, se sabe que utilizan artimañas, incluso jurídicas, para traer sus empresas, constituirlas como mexicanas, y así poder utilizar estas costas, estas fronteras y seguramente este corredor interoceánico. El propio gobierno mexicano está incentivando inversión extranjera en este corredor”, sostiene el abogado. 

Estado, en dominio de la propiedad social

En el mismo párrafo décimo, en su fracción séptima, se reconocen los derechos de los pueblos originarios, pero en la propuesta se reafirma que estos derechos quedan sujetos a lo que establece este primer párrafo, “que dice que la nación es dueña de todo y también le corresponde el dominio directo de la propiedad social”, explica Sánchez Martínez.

“Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. Se reconoce la relación especial de los pueblos indígenas con sus tierras, territorios y recursos o bienes naturales, así como sus costumbres y sistemas de tenencia de la tierra, por lo que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la propiedad de sus tierras, territorios y recursos o bienes naturales, en sintonía con el párrafo primero de este artículo”, dice la fracción modificada.

Alerta

Las organizaciones reunidas en el Foro llaman a la sociedad a encender los focos de alerta a lo que “constituye una amenaza de despojo a los pueblos originarios de sus territorios, de sus recursos naturales, de su patrimonio cultural tangible e intangible; por eso hay que estar muy pendiente de lo que puede pasar”, señala la abogada Cabrera.

Piden, en su pronunciamiento público, que se retire la iniciativa de reforma al Artículo 27 constitucional y que “defendamos verdaderamente la propiedad social agraria, la identidad de los pueblos y comunidades que integramos la nación mexicana, a preservar la propiedad colectiva”.

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Acteal, Chenalhó, Chiapas, México.

13 de septiembre del 2024

Al Congreso Nacional Indígena

Al Consejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A los Medios Libres y Alternativos

A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional 

A la Opinión Publica 

Hermanas y hermanos:

Hoy nos encontramos para unir nuestras voces en un solo grito, el grito urgente de la ¡PAZ! Desde 1997 hasta este año 2024, cada mes denunciamos la impunidad que vivimos por la masacre de Acteal, exigiendo la no repetición, pero las masacres se han multiplicado a lo largo y ancho de nuestro estado, sin embargo, estamos aprendiendo de nuestros mártires representados en las cruces, signo de la entrega no violenta de Jesús, a dar luz con su palabra. “Ustedes son luz para el mundo, no se puede esconder una ciudad construida sobre un cerro. Ni tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. (Mt. 5, 14-15) Estamos aquí, porque creemos que en medio de las tinieblas tenemos que dar razones de la luz que guíen nuestros pasos hacia la paz.

Porque nos preguntamos ¿Cómo llegamos en nuestro estado, a ser controlados por los señores de la muerte? Controlados por las empresas que saquean nuestros recursos naturales, controlados por el crimen organizado, y controlados por el gobierno estatal, y los presidentes municipales, sospechosos de ser cómplices de los grupos armados, ¿será qué por eso operan y controlan los pueblos con el poder del dinero y de las armas, detrás del poder político? 

Ya no sabemos quién gobierna el estado, quién informa con otros datos al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, que afirma, que la violencia es propaganda de los conservadores, negándose a creer en la verdad de nuestra palabra y sufrimiento. 

Sentimos que las autoridades caminan al revés, como lo muestran los hechos que se vive en los diferentes Municipios: El ejército, detiene a la gente, y no a los criminales, el pueblo pone los muertos y la Guardia Nacional protege a los sicarios. Las autoridades locales esconden su irresponsabilidad en los gobiernos estatal y federal, mientras el crimen organizado, actúa con impunidad: obligan a los jóvenes a trabajar para ellos, en los enfrentamientos los ponen al frente como carne de cañón, bloquean caminos, controlan la circulación, saquean las casas, desplazan comunidades, disparan armas de alto calibre, detonan bombas con drones, sembrando el miedo y el terror por donde pasan… porque saben que no habrá consecuencias, porque no les importamos. A las familias y personas que se niegan a tomar partido, las amenazan y/o asesinan, sin que los defienda quienes tienen la obligación por ley, de proteger sus derechos más elementales.

Las Abejas no podemos callar la verdad ni quedarnos al margen de la realidad que vivimos, la violencia continuúa su proceso de deshumanización, de pueblo en pueblo y de comunidad en comunidad, pero tenemos la esperanza, en que los caminos de la verdad, del amor, la justicia que nos llevan a la paz siempre han ganado. Pareciera que el mal es invencible, pero al final, sabemos que fue vencido por el Resucitado, esta es nuestra verdad y nuestro camino. 

“Y por eso nosotras y nosotros, hoy, estamos llamados a ser actores de esperanza”.

Jtotik Samuel Ruiz 

A todas nuestras hermanas y hermanos que les han robado LA PAZ y la tranquilidad Nuestra oración y nuestra solidaridad 

Y porque la paz es una necesidad humana, que necesitamos, para vivir en armonía,

 EXIGIMOS a los tres niveles de gobierno:

• Una LEY RETORNO que de seguridad a todos los desplazados para el regreso a sus respectivas comunidades. 

• DESARMEN a los grupos armados y, 

• GARANTIAS de SEGURIDAD a todos los habitantes de Chiapas 

¡VIVA LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA!

Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.

Atentamente,

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.