• El Estado mexicano omiso frente a la acción de grupos civiles armados de corte paramilitar.

Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación por el incremento de la violencia en Los Altos, en Chiapas, México, situación que arriesga la vida de integrantes de comunidades de pueblos originarios. La población viven con temor ante el accionar de grupos civiles armados de corte paramilitar, perpetradores de desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos en la región.

En este contexto, el día 6 de mayo, el cuerpo de Ignacio Pérez Girón, síndico municipal de Aldama, fue encontrado sin vida a un costado de la carretera libre San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, a la altura de la comunidad Yalebtay, en el municipio de Zincantán. Su familia lo reportó como desaparecido desde el pasado 4 de mayo del presente año.

Desde febrero de 2018, la población del municipio de Aldama vive una situación de crisis humanitaria. Las comunidades de Tabak, Koko’, San Pedro Cotsilnam, Stselej Potop, Xchuchte y Puente son víctimas de ataques con armas de fuego por parte de grupos civiles armados de corte paramilitar, procedentes del ejido Manuel Utrilla del municipio de Chenalhó, responsables del desplazamiento forzado masivo de 2036 personas.

Entre las agresiones se encuentran también las amenazas a los representantes comunitarios que han denunciado la omisión por parte de las autoridades del gobierno mexicano; y un ataque al anterior presidente municipal de Aldama, Marcelino Patishtán de la Cruz, en el tramo carretero Tzajaltetik´, en el municipio de San Juan Chamula, el 28 de marzo de 2018: «Lo persiguieron, quisieron sacarlo de la carretera, pero al ver que no pudieron actuaron con disparos de arma de fuego(1)».

En este escenario enrarecido de la desaparición y asesinato de Ignacio Pérez Girón el Estado mexicano no ha implementado las medidas suficientes y adecuadas para cesar la violencia desbordada en Los Altos de Chiapas. La impunidad persiste y la omisión protege a los agresores. Las medidas como la instalación de Bases de Operaciones Mixtas en Chalchihuitán y Aldama, consideradas por el gobierno como única solución, son inoperantes y contradictoriamente se desmantelaron de manera unilateral.

Existe un gran riesgo hacia la vida e integridad de las persona, porque las violaciones a derechos humanos son constantes, especialmente a mujeres, niñas y niños cuya vida cotidiana se impacta en un entorno de terror.

Por lo anterior, hacemos un llamado al Estado mexicano para:

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“Lo que nos queda claro es que todos tenemos un mismo enemigo: el Estado.” Esa fue una de las conclusiones expresadas en la síntesis de una de las mesas en el “Festival de la palabra: Por la vida y memoria de nuestros pueblos”, encuentro de dos días organizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y Voces Mesoamericanas, en el marco de su 30 y 10 aniversarios respectivamente. Festival de agravios, pero también de resistencias, de lucha, de creatividad, de vida frente a la muerte.

Tierra y tierrotorio, desplazamiento forzado, migración, represión, tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, militarización en el conflicto armado interno, defensorxs de derechos humanos y periodistas, solidaridad y otra justicia… esos son los temas tratados en estos dos días, que reúnen las palabras de pueblos, individuos y organizaciones de muchas geografías de nuestro agraviado país.

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• A más de 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador persiste riesgo a la vida por ataques armados y agresiones en comunidades de Aldama y Chalchihuitán.

La militarización no es la solución a la crisis humanitaria por desplazamiento forzado en la región Altos de Chiapas. En la entidad, la memoria histórica colectiva refiere responsabilidad del Ejército mexicano en crímenes de lesa humanidad. Un ejemplo es la Masacre de Acteal, donde la estrategia de contrainsurgencia paramilitar estuvo diseñada y ejecutada por mandos castrenses quienes financiaron, entrenaron y protegieron a civiles autores materiales del terror que provocó más de 10 mil personas desplazadas, en el municipio de Chenalhó, sólo entre diciembre de 1997 y marzo de 1998.(2)

En la entidad chiapaneca la presencia del Ejército mexicano en las comunidades ha significado múltiples violaciones a derechos humanos de pueblos originarios: abuso sexual y violaciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otras, especialmente en contra de quienes se organizan pacíficamente desde la autonomía. Lo anterior conforma un patrón de exterminio con fuertes impactos psicosociales colectivos.(3)

Desde el pasado se teje continuidad de actores armados de corte paramilitar con vínculos de protección en los tres niveles de gobierno. El actual presidente de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez es hijo de Agustín Cruz, originario de Ejido Puebla quien según testimonios bendijo las armas usadas en la Masacre de Acteal. Abraham Cruz fue tesorero de Rosa Pérez, presidenta de Chenalhó quien reactivo a grupos civiles armados de corte paramilitar responsables de la actual crisis humanitaria en la región Altos. Durante el gobierno de Manuel Velasco Coello y el actual de Rutilio Escandón Cadenas, la impunidad persiste.

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Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A las y los defensores de los derechos humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Nuevamente las víctimas y sobrevivientes de la masacre de Acteal, nos encontramos en la Tierra Sagrada, para honrar su memoria y demandar justicia para nuestros 45 hermanas y hermanos y más los 4 bebés no nacidos, quienes cayeron a mano de los paramilitares priistas y cardenistas de Chenalhó, por órdenes de los tres niveles de gobierno priista, el 22 de diciembre de 1997.

En el marco del Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, denunciamos que la masacre de Acteal sigue impune, llevamos más de 21 año sin conocer la verdad, ya hasta la fecha no ha habido voluntad política de garantizar la no repetición de hechos como el de Acteal, al contrario, se siguen asesinando a defensores de derechos humanos y criminalizando la protesta social.

En este Día Internacional del Derecho a la Verdad, volvemos a insistir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya emita el informe de fondo, lo más pronto posible. Consideramos que una justicia verdadera y digna a la masacre de Acteal, puede dar pie a que otros crímenes cometidos por los gobiernos priistas y panistas, también consigan verdad y justicia.

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(Ve también: Carta a las mujeres zapatistas de las mujeres que luchamos en México y el mundo)

Carta de las zapatistas a las mujeres que luchan en el mundo

EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.
MÉXICO.

Febrero del 2019.

A: las mujeres que luchan en todo el mundo.
De: las mujeres zapatistas.

Hermana, compañera:

Te mandamos un saludo de como mujeres que luchan que somos, de parte de las mujeres zapatistas.

Lo que te queremos decir o avisar es un poco triste porque te comunicamos que no vamos a poder hacer el II Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, aquí en nuestras tierras zapatistas, este marzo del 2019.

Las razones de que no podemos, pues tal vez es que ya las sabes, y si no pues te platicamos un poco:

Pues resulta que los nuevos malos gobiernos ya lo dijeron claro que van a hacer sus megaproyectos de los grandes capitalistas.  De su Tren Maya, de su plan para el Istmo de Tehuantepec, de la siembra de árboles para mercancía de maderas y frutas.  También dijo que entran las mineras y las grandes empresas de alimentos.  Y además tiene un su plan agrario que es que lleva hasta lo último la idea de destruirnos como pueblos originarios, de la manera de convertir nuestras tierras en mercancías, que así quieren completar lo que dejó pendiente el Carlos Salinas de Gortari que no pudo porque lo paramos con nuestro alzamiento.

Esos proyectos pues son de destrucción.  No importa cuánto lo quieran tapar con sus mentiras.  No importa cuántas veces multipliquen sus 30 millones de apoyos.  La verdad es que van por todo en contra de los pueblos originarios, de sus comunidades, de sus tierras, de sus montañas, de sus ríos, de sus animales, de sus plantas y hasta de sus piedras.

O sea que no sólo van contra nosotras las zapatistas, sino que contra todas las mujeres que dicen indígenas.  Y pues también contra los hombres, pero ahorita estamos hablando de cómo mujeres que somos.

Quieren que nuestras tierras ya no sean para nosotras, nosotros, sino que para que los turistas se vengan a pasear y tengan sus grandes hoteles y sus grandes restaurantes, y los negocios que se necesitan para que los turistas tengan esos lujos.

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Amatán, otro municipio de Chiapas entrando en un ciclo de violencia, con la tortura y el asesinato de un líder de la MOCRI CNPA MN, Noé Jimenez Pablo, y de un defensor de los derechos humanos, Silvano de Jesús Roblero de los Santos, por grupo paramilitar encobijado por Morena. Varios municipios siguen en situación muy delicada, con problemas de amenazas, violencias, desplazamientos… como tal es el caso en los municipios de Chenalhó, Chalchihuitán, Aldama, Santa Marta, El Bosque, Simojovel o como las nuevas amenazas en contra del municipio de Tila o de San Sebastián Bachajón trabajando su autonomía.

Hasta ahora el nuevo gobernador de Chiapas, no ha solucionado ningún problema, ni siquiera ha prendido un proyecto para desarmar a los grupos armados del estado. Las violencias en los municipios de Chiapas siguen creciendo, el Pueblo Creyente de Amatán denunció esos asesinatos y amenazas en contra del Párroco.

Cabe mencionar igualmente el asesinato de Sinar Corzo, defensor de los derechos humanos, en el municipio de Arriaga, y de la represión en contra de los y las normalistas del estado.

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Entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de octubre de 2018, periodo que coincide con el gobierno de Manuel Velasco Coello, fueron asesinados al menos 12 defensores de derechos humanos en Chiapas. Entre ellos: Juan Vázquez Guzmán, José Luis Solís López, Manuel López Pérez, Rodrigo Guadalupe Huet Gómez, Carlos Humberto Mendoza de Los Santos y Mario Leonel Gómez Sánchez, periodista.

Todos los casos se mantienen en la impunidad en un contexto cada vez más adverso para la defensa de los derechos humanos en Chiapas.

Escucha NotiFrayba

https://bit.ly/2BXuJYU

Diócesis de San Cristóbal de las Casas; Chiapas, México
15 de agosto 2018

A los Hombres y las mujeres de Buena Voluntad, creyentes y no creyentes.

El presente documento propone visibilizar el problema social ocasionado por los desplazamientos forzados de que han sido objeto personas de las parroquias de San Pablo Chalchihuitán y San Andrés Larrainzar. El problema se acentuó debido a que toda la Región de los Altos de Chiapas ha sido el escenario de múltiples episodios de violencia y conflictividad permanente por razones territoriales con intervenciones de paramilitares. En diciembre 1997, ocurrió la masacre de 45 personas en la comunidad de Acteal.

Estos asesinatos y otros incidentes de naturaleza político-territorial son el antecedente que facilitó que en 2017 grupos civiles armados encontraran poca resistencia para provocar que más de 5,000 personas de Chalchihuitan y Chenalho huyeran de sus hogares y se refugiaran en las montañas y en 2018 habitantes de Aldama y Chenalho vivieran la misma situación de desplazamiento.

Actualidad

El conflicto ha escalado hasta el punto en el que al día de hoy 15 de agosto de 2018 aún existen cerca de 1,450 personas desplazadas, unas 4000 personas retornadas, pero que aún no han podido regresar a su vida normal y los desplazados están organizados en 10 campamentos que requieren de servicios básicos, alimentación, refugio, salud y artículos de higiene personal para subsistir en espera de una resolución.

Quienes han tratado de volver a sus hogares, no lo han logrado debido a que son objeto de disparos disuasivos y amenazas que los obligan en última instancia a regresar a los campamentos, se puede decir con seguridad que la población actual de los campos de desplazados está formada principalmente por ancianos, mujeres, adolescentes y niños pequeños. (Continuar leyendo…)

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