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Hace 42 años| Operación Retiro de Televisores y la doble desaparición forzada
Por Constanza Lobo Sánchez
En diciembre de 1978, tras la orden explícita del dictador Augusto Pinochet, militares de los distintos regimientos del país desenterraron las fosas clandestinas ubicadas en el territorio nacional y desaparecieron los cuerpos de ejecutados políticos.
13 de septiembre de 1973. Es medio día y un camión Pegaso cruza desde el Regimiento Tacna en Santiago hasta el Fuerte Arteaga en Peldehue. Al interior del camión van más de 20 personas tendidas en el suelo, amarradas de pies y manos, y sus cabezas cubiertas con lonas. Eliseo Cornejo Escobedo, Suboficial del Ejército (r), sigue la caravana que se desplaza en dirección norte. Cuando llegan al recinto militar observa cómo uno a uno descienden a los detenidos para, a rostro descubierto, asesinarlos con subametralladoras. Los cuerpos caen en una fosa de quince metros y cinco años después, en diciembre de 1978, Cornejo vuelve al mismo sitio para participar de la exhumación ilegal de esos cuerpos, procedimiento nacional que fue llamado “Operación Retiro de Televisores”.
A través de un criptograma categoría A1, que fue enviado a las unidades de inteligencia y regimientos del país, se ordenó “desenterrar todos los cuerpos de prisioneros políticos ejecutados en la jurisdicción del regimiento y hacerlos desaparecer”, según declaró un suboficial de Inteligencia en 2004.
Hasta ese entonces, año 1978, la dictadura militar negaba la existencia de detenidos desaparecidos. “Informaba que eran personas que habían abandonado el país, dejado a sus familias, muerto o que, derechamente, no existían legalmente y que eran personas inventadas”, indica Marisol Intriago, Encargada de la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal.
No obstante, este discurso se fractura cuando el 30 de noviembre de 1978, Inocente Palominos – en la inflaqueable búsqueda de su hijo detenido desaparecido – encuentra cuerpos humanos en los hornos de cal abandonados en Lonquén. Palominos contacta a la Vicaría de la Solidaridad y son ellos quienes realizan una denuncia a la Corte Suprema por un caso que ha sido denominado como “Hornos de Lonquén”. En respuesta al impacto mediático de los hallazgos en Talagante, Pinochet y la Junta Militar deciden enviar el criptógrama a los regimientos.
Los 26 de La Moneda
El día 23 de diciembre de 1978, durante la “Pascua del Soldado”, nueve militares del Departamento II de Inteligencia y del cuadro permanente del Regimiento Tacna se reúnen al interior del Fuerte Arteaga en Peldehue. Esos nueve militares son Eliseo Cornejo Escobedo, Fernando Burgos Díaz, Hernán Canales Varas, José Canario Santibáñez, José Darrigrandi Marques, Isidro Durán Muñoz, Luis Fuenzalida Rojas, Darío Gutiérrez de La Torre y Sergio Medina Salazar.
Con una máquina retroexcavadora realizan una zanja de seis u ocho metros en el suelo para luego, con palas y chuzos, continuar cavando. Según la declaración de Durán Muñoz, “la faena de desenterrar los cuerpos duró de dos a tres horas” y en ese intertanto beben pisco para capear el calor y el hedor que comienza a rodearlos cuando, bajo unas latas de zinc, encuentran los cuerpos de los detenidos desaparecidos de La Moneda.
El 11 de septiembre de 1973, luego del bombardeo al palacio de gobierno, asesores del Presidente Allende, miembros de la Guardia Presidencial (GAP) y funcionarios del Servicio de Investigaciones son detenidos en La Moneda y trasladados en dos vehículos militares hasta el Regimiento Tacna. Allí fueron apresados y torturados hasta el 12 de septiembre y ese día, después de interrogatorios y vejámenes, liberaron a 17 del Servicio de Investigaciones. Los demás, asesores del Presidente de la República y miembros de la Guardia Presidencial, fueron llevados a Peldehue al día siguiente.
Hasta la fecha, se ha identificado a 26 de ellos: Oscar Avilés Jofré (28), Jaime Barrios Meza (47), Manuel Castro Zamorano (23), Sergio Contreras (40), Daniel Escobar Cruz (37), José Freire Medina (20), Daniel Gutierrez Ayala (25), Enrique Huerta Corvalán (48), Claudio Jimeno Grendi (33), Georges Klein Pipper (27), Oscar Lagos Ríos (21), Oscar Marambio Araya (25), Juan Montiglio Murúa (21), Julio Moreno Pulgar (24), Jorge Orrego González (29), Eduardo Paredes Barrientos (35), Enrique París Roa (40), Héctor Pincheira Núñez (28), Arsenio Poupin Oissel (38), Oscar Ramírez Barria (23), Luis Rodríguez Riquelme (26), Jaime Sotelo Ojeda (33) Julio Tapia Martínez (24), Héctor Urrutia Molina (22), Oscar Valladares Caroca (23) y Juan Vargas Contreras (23).
Sus cuerpos, rodeados de cal y granadas de tipo “Poi” sin explotar, vestidos y calzados como si los cinco años no hubiesen podido ingresar entre la arcilla, son maniatados y metidos en sacos paperos. Hasta allí, todas las declaraciones coinciden. Todos concuerdan que los cuerpos son llevados a dos camiones. No obstante, la aparición del helicóptero Puma enmarañar los relatos.
Algunos, como Fuenzalida Rojas, aseguran que subieron los cuerpos al helicóptero ese mismo 23 de diciembre. Otros, como Gutiérrez de La Torre, dicen que fue dos días después. Según su testimonio presentado al Quinto Juzgado del Crimen de Santiago, “unos dos días después fue (Gutiérrez) llevado a Peldehue en un helicóptero a un sitio ubicado frente al recinto y cerca de un polígono de tiro, lugar donde se encontraban los dos camiones antes referidos, y ayudados por los pilotos cargaron los cuerpos y se dirigeron a la costa y en una zona cerca de la Fundición Ventanas procedieron a lanzarlos al mar, para retornar después a la base ubicada en Tobalaba”.
Independiente del día y la hora, esa acción se realizó. Además del secuestro, la tortura, la ejecución y posterior inhumación ilegal de los detenidos de La Moneda, también se realizó la exhumación ilegal de sus cuerpos, culminando todo con la desaparición forzosa. Se estima que los cuerpos fueron lanzados en las costas de la región de Valparaíso, entre Quintero por el norte y San Antonio por el sur.
Todos los militares mencionados han sido imputados, sus declaraciones y sentencias son de acceso público, no obstante, los autores intelectuales han fallecido. Enrique Morel Donoso, comandante de la guarnición de Santiago en 1978, falleció en febrero del 2002, y Joaquín Molina Fuenzalida, comandante del grupo de artillería del Regimiento Tacna, fue asesinado por Manuel Contreras Valdebenito, hijo de Manuel Contreras, en 1989. Odlanier Mena, director de la CNI, mucho más arriba en la columna de militares y organismos de inteligencia, se suicidó en 2013 antes de ser retirado del Penal Cordillera y trasladado a Punta Peuco.
Hasta esta publicación, quince de los detenidos han sido reconocidos a través de análisis genéticos. Fragmentos óseos, algunos de no más de diez centímetros, han permitido reconstruir sus historias y proyectarlas en presente. Así, se ha identificado a Oscar Avilés Jofré, Jaime Barrios Meza, Manuel Castro Zamorano, Claudio Jimeno Grendi, Georges Klein Pipper, Oscar Lagos Ríos, Julio Moreno Pulgar, Enrique París Roa, Héctor Pincheira Nuñez, Luis Rodríguez Riquelme, Jaime Sotelo Ojeda, Julio Martínez Tapia, Héctor Urrutia Molina, Juan Vargas Contreras y Juan Montiglio Murua.
La operación en el resto del país
En 1978, cuando el ocultamiento de los asesinatos se volvió una orden explícita desde la comandancia en jefe del Ejército, en Chihuío las FFAA desenterraron los restos de los 17 trabajadores pertenecientes al Sindicato Campesino Esperanza del Obrero del Complejo Maderero Panguipulli y los lanzaron al mar. Sus cuerpos, antes de la inhumación ilegal, estuvieron 15 días al aire libre. A pesar de ambas acciones, la fosa del desentierro que fue hallada en 1990 aún contaba con restos óseos que permitieron la identificación de cinco ejecutados: Carlos Acuña Inostroza (46), Luis Ferrada Sandoval (42), Daniel Méndez Méndez (42), Ricardo Ruiz Rodríguez (24) y Manuel Sepúlveda Rebolledo (28).
De esa forma, el encubrimiento y la doble desaparición cruzó el territorio desde la región de Arica en Putre, hasta la región de Los Ríos en Chihuío, y continuó durante 1979. “Las investigaciones judiciales indican que los restos recuperados fueron arrojados al mar, quemados en hornos, arrojados a volcanes, etc.”, señala Marisol.
En Putre, Juan Peña Fuenzalida (21) y Sergio Pantoja Rivera (19) fueron asesinados por agentes del Servicio de Inteligencia Militar entre octubre y noviembre de 1974. Ambos fueron sacados del Regimiento Rancagua, donde realizaban el servicio militar, y llevados a un punto desconocido. No fue hasta 25 años después, en 1999, que sus restos fueron encontrados entre tierra removida en las cercanías a Putre.
En Calama, donde el paso de la Caravana de la Muerte costó la vida de 42 personas, 26 de ellas fueron desaparecidas. Por el relato de un minero, los familiares de los ejecutados políticos supieron de la existencia de cuerpos encontrados en el desierto. Los militares, percatados de la búsqueda, desenterraron los cuerpos y los desaparecieron en el mar. Algunos restos, pequeñas piezas óseas, aparecieron en el sitio y a sus alrededores en pericias posteriores.
En Santiago, la CNI desapareció los cuerpos encontrados en Cuesta Barriga por un cazador de conejos. Se estima que fueron más de veinte los cuerpos ensacados y, presumiblemente, lanzados al mar. Debido a la ubicación de la mina, la diferencia del estado de los cuerpos, se estima que fue utilizada por distintas ramas de la represión (operación cóndor y cuartel Simon Bolivar) y en distintos años. Hasta la fecha, once de las víctimas han sido identificadas.
Asimismo la Corporación Memorial Cerro Chena, en respuesta al anuncio de construcción de un nuevo complejo deportivo en el “Cuartel Nº2” de San Bernardo, denuncia que ese recinto podría considerarse también dentro de la Operación ya que en 2002 encontraron dos fosas con osamentas de detenidos desaparecidos que acusaban remoción de cuerpos.
En Rapel, las víctimas secuestradas y ejecutadas el 16 de octubre de 1973 en Paine, fueron inhumadas ilegalmente en la quebrada Los Quillayes en las cercanías del Lago Rapel. Luego, entre 1978 y 1979, sus restos fueron exhumados ilegalmente y desaparecidos, según declararon las FFAA en la Mesa de Diálogo, frente a Pichilemu. Esta fosa fue identificada en 2007 y permitió la recopilación de 295 fragmentos óseos y 311 evidencias culturales (botones, vidrios, textiles, anillos, etc).
En Linares, las FFAA se encargaron de las exhumaciones ilegales al interior de la Escuela de Artillería de Linares y en la localidad de Constitución. En el regimiento encontraron “dos cuerpos que estaban sin ropas” y en Constitución, en un entierro clandestino, encontraron “tres cráneos”. Todos los restos fueron calcinados. Si bien algunos militares han sido condenados por la desaparición y exhumación ilegal de cinco personas, son en realidad nueve los detenidos desaparecidos contemplados en una misma operación.
En Los Ángeles, en el fundo Huaqui 3 del sector norte de La Mona, trabajadores de la empresa forestal Mininco encontraron osamentas y casquillos de balas. Se estima que al menos seis personas fueron sepultadas y se establece, además, “que la mayor parte de los cuerpos fueron removidos y sustraídos del lugar”. Trece años después, en 2004, se confirmó la identidad de César Flores Baeza (30), Mario Belmar Soto (30), Juan Ulloa Pino (26), Víctor Ulloa Pino (16) y Juan Yáñez Franco (25).
Finalmente, en Mulchén, al sur de Los Ángeles, 18 campesinos de los fundos El Morro, Carmen y Maitenes, y Pemehue, fueron asesinados en octubre de 1973. Sus cuerpos fueron inhumados ilegalmente en una fosa al costado norte del río. A diferencia de las situaciones del norte, la fosa al ser de conocimiento público sirvió de tumba para los familiares hasta marzo de 1979 donde los restos de once de ellos fueron removidos, insertos en sacos y llevados hasta Concepción, donde los calcinaron en un horno de ladrillo del Departamento II. El fallo está disponible aquí.
Situación actual
Hasta la fecha, la Operación Retiro de Televisores cuenta con diez momentos identificables y diez u once fosas clandestinas halladas entre 1990 hasta 2007. Es decir, tan sólo trece años atrás. Ha sido el actuar de familiares de detenidos desaparecidos, quienes han iniciado distintos procedimientos judiciales que involucran al PJ y al SML, lo que ha permitido trazar pequeñas cuotas de verdad sobre esta operación. No obstante, esta reconstrucción no ha estado exenta de inexactitudes.
Los cuerpos de Oscar Avilés Jofré, Eduardo Paredes Barrientos, Hector Urrutia Molina, todos parte del grupo de La Moneda, fueron identificados erróneamente en el Patio 29, la parcela que fue utilizada para sepultar clandestinamente a ejecutados políticos. Por esto, es posible encontrar información errada acompañando sus nombres.
Según Marisol, cuando se aplicó el análisis de ADN mitocondrial en 2006, se estimó que cerca de 90 casos del Patio 29 presentaban exclusiones, “es decir, que los perfiles genéticos de las víctimas no coincidían con sus supuestas familias maternas”. Esta nueva técnica de extracción de ADN en hueso comenzó a utilizarse recién en 1999 y a diferencia del nuclear, es mucho más estable y “es la parte de ADN que todas las personas heredamos por vía materna, entonces compartimos esa misma secuencia con nuestra madre, hermanos de madre, y todo pariente de línea materna”.
Por eso, desde el año 2009, el Servicio Médico Legal ha creado una base de datos genéticos de familiares que ha permitido la comparación de perfiles genéticos con los restos óseos encontrados en las fosas clandestinas. Hasta la fecha, se ha identificado alrededor de 200 personas a través de la acción conjunta de variados elementos técnicos (ya sea a través de ADN nuclear o mitocondrial) con la ratificación de un juez.
Marisol cree que aún hay fosas clandestinas que no han sido identificadas, “sabemos que esas fosas existen, y que hay personas ligadas a los aparatos de represión que las conocen, se requiere que den información y que las causas sigan abiertas, que los jueces y ministros no dejen de investigar”.
El tiempo continúa expandiendo la brecha de la impunidad, volviendo más difícil la búsqueda e identificación, pero ella concluye, en un tono más amable y esperanzador, “estamos seguros de que existe la posibilidad de seguir encontrando a las víctimas de desaparición forzada”.
Se estima que son más de 1.200 personas las víctimas de desaparición forzosa de nuestro país. La Operación Retiro de Televisores fue la decisión, consciente y premeditada, de volver a desaparecerlos, de perderles la pista, ojalá y para siempre. Pero los huesos resisten, escondidos en la tierra, al igual que la memoria. Y sus nombres aparecen de nuevo, y continuarán haciéndolo, año tras año. Día tras día.
Foto de portada Museo de la Memoria. Disponible en el siguiente link: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fww3.museodelamemoria.cl%2Fwp-content%2Ffiles_mf%2F1563902305GAP_1973_web.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1Bnl6rapR9fhrc9YdKMznbb0Sqd7hEBt4xqj1SQR6UeKQSDZgqnlyDB6c&h=AT0m2g6K8rD57dWsLpyAQT86dwSReMU7r8P7ShYSdLbnDjJ58p2PTpgEwYQKSa8exbhOaRPH3_0CaPso399WGTqyLDkSGqEwLRsvBxRpEW2IZu8qzKWT80zBIbBWl0bN9HY
La Masacre de Acteal continuidad en la impunidad
La organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal labran la paz en la exigencia de justicia y verdad.
Un pueblo sin memoria es un pueblo ciego.
Un enjambre de balas apagó las velas que titilaban con su llama que evocaba la paz. Eso ocurrió la mañana del 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, México. Las manos asesinas hicieron correr ríos de sangre que sirvieron para saciar una sed de odio y el exterminio preparado desde las esferas oscuras del poder del Estado mexicano. Ese día el sol eclipsó. Las fuerzas del mal apagaron la luz de la vida de 45 personas y 4 no nacidas, estas se convirtieron en luciérnagas que se esparcen y resplandecen a quien se asoma, son luciérnagas de la conciencia que siembran lucha y resistencia.
A quienes les arrebataron la vida, hoy las recordamos, las hacemos presente. Enarbolamos su voz que clama memoria, justicia y verdad. Ese clamor se suma a la voz de jTatik Samuel Ruiz García quien fue convertido por los pueblos, quien abrazó y abraza el dolor y la esperanza de las excluidas y de los excluidos por este sistema capitalista de muerte. A 10 años de su pascua, jTatik camina junto a nosotras y nosotros, con su andar pasional entre las veredas comunales sembrando la esperanza para cosechar la vida, en un nuevo amanecer que anhelamos como humanidad. jTatik sigue enseñando con sus huellas en este territorio, la lucha por la justicia, la defensa radical de los derechos humanos. Nos guía con su antorcha, fuego que nos cobija de vida, de amor y lucha.
Recordamos que la Masacre de Acteal, es un efecto directo de la política genocida elaborada por el Estado e implementada por el Ejército mexicano y grupos paramilitares en Chiapas, tal y como se señala en el Plan de Campaña Chiapas 94’. Los sucesos en Acteal el 22 de diciembre de 1997, son una herida que se mantiene abierta para las víctimas, sobrevivientes, sus familias y para todas las personas que nos indignamos y persistimos en su lucha que es nuestra.
Ha llegado el momento de que el Estado mexicano actual, reconozca públicamente la existencia del Plan de Campaña Chiapas 94’ y el impacto de los crímenes de lesa humanidad en la vida comunitaria de la población de las zonas Altos, Norte y Selva de Chiapas, en el marco de guerra de contrainsurgencia iniciada para aniquilar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a quienes se organizan desde la autonomía. El actual gobierno, tiene la oportunidad histórica y no quedarse en el reconocimiento de disculpa pública, mediática y frívola. Hoy tiene la oportunidad de estar a la altura de la exigencia de derechos que los pueblos han impulsado por décadas, de llevar a cabo acciones contundentes que conlleven a la investigación y sanción tanto de los propios funcionarios del Estado mexicano (autores intelectuales) así como de los paramilitares (autores materiales) que masacraron a las 18 mujeres adultas cuatro de ellas con embarazos hasta de 7 meses de gestación; 7 hombres adultos; 16 mujeres menores de edad, entre los 8 meses y los 17 años de edad; 4 niños entre los 2 y 15 años de edad, 26 lesionados y 326 personas desplazadas que presenciaron la Masacre.
A pesar de la persistente guerra integral de desgaste; del año de la pandemia que sigue causando estragos en la humanidad; de la muerte de algunas personas sobrevivientes de la Masacre; la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y las víctimas sobrevivientes siguen labrando la paz y dando a conocer la verdad de lo que pasó ese día, como lo hacen el 22 de cada mes, impulsan La Otra Justicia donde no habita el olvido.
Desde el Frayba reconocemos este arduo caminar de Las Abejas de Acteal quienes nacieron en 1992 y continúan exigiendo justicia verdadera. Ellas y ellos han elegido impulsar desde su acción ética y política el seguimiento del Informe de Fondo del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal) para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictamine la responsabilidad del Estado mexicano en la Masacre de Acteal, para que señale de manera directa su política de contrainsurgencia, la formación de los paramilitares, entre otros hechos de terror, que dieron como consecuencia las ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, entre otras graves violaciones a los derechos humanos. Hechos que hoy en día han reactivado los sucesores del paramilitarismo en los Altos de Chiapas, especialmente en Chenalhó, creando un escenario similar al que se vivió en 1997.
Para que las Masacres como la de Acteal no permanezcan en el contínuum de injusticias que existen en nuestro país, es necesario que se derrumbe el monumento Estatal de la impunidad y se deje de trivializar las violaciones graves a los derechos humanos. Es por lo que, abrazamos las dignas luchas y resistencias como el de Las Abejas de Acteal que nos dan camino y vida, ya que su acción radical va erigiendo La Otra Justicia, desde el no Olvido que alimenta la Memoria de lucha de larga duración de los pueblos, la Verdad como hálito de grande dignidad para arraigar el Lekil Chapanel (La raíz de la justicia).
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
22 de diciembre de 2020
Boletín No. 20
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Romper la violencia con amor y con lucha por la justicia: Carta de Serapaz a Las Abejas de Acteal.
Aquí te compartimos una galería de la conmemoración del XXIII aniversario de la Masacre de Acteal.
