texto por Aî Daki y Susana / video de Susana

El 3 de noviembre del 2020 se realizó la toma simbólica de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

Como narra el comunicado difundido a la par de la acción “mujeres y disidencias nos encontramos haciendo esta toma simbólica de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, como una forma de apoyo a las madres de víctimas de violencia sexual y feminicidios, a colectivos feministas de diferentes corrientes ético-políticas y mujeres Otomí, quienes el 4 de septiembre tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México”.

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Al calor de un aquelarre y desde la consigna “Las calles y las noches son nuestras”, mujeres y disidencias marcharon por las calles marcando en el asfalto las huellas de las mujeres asesinadas y desaparecidas. También se hizo presente el fuego de las que ya no están y se escucharon las voces de tierna rabia de Mare Advertencia Lírica, Doma Press y Yadhii Boz.

Se escuchó el grito colectivo que denuncia cotidianamente la violencia patriarcal y heterosexista que ha causado más de 463 feminicidios en lo que va del año en Oaxaca.

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El grito de “Juntas somos fuego”… retumbó en apoyo a las compañeras de la Casa Refugio “Ni una menos”, a las compañeras Otomíes que mantienen tomadas las instalaciones del INPI y a todas aquellas que desde las periferias resisten diariamente.

Consulta el comunicado completo aquí

Comunidades Zoques, Zapotecas e Ikoots hacen un recorrido de vigilancia en territorio concesionado por el gobierno federal a la minera Minaurum Gold.

Pobladores, comuneros y autoridades municipales de San Miguel Chimalapa y sus alrededores se reunieron el pasado 30 de octubre en un lote concesionado por el gobierno federal a una de las filiales en México de la empresa canadiense Minaurum Gold Inc., denominado “La Jackita”.

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La movilización tuvo la finalidad de “verificar que dicha empresa no continúe realizando trabajos de exploración de manera ilegal”, así lo expresaron en un comunicado firmado, entre otros, por las autoridades de Bienes Comunales y del Consejo de Vigilancia de San Miguel Chimalapas, así como miembros de la Asamblea General del Pueblo de San Dionisio del Mar, y la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo.

Con el título de concesión número 225472, el lote denominado “Jackita” abarca 1,499.88 hectáreas de superficie entre los municipios de San Miguel Chimalapa y Santo Domingo Zanatepec. Dicho polígono es parte de un proyecto más grande llamado “Santa Martha”, de 6,410 hectáreas de superficie en el que la empresa de origen canadiense Minaurum Gold Inc., tiene la intensión de extraer oro y cobre.

Para ello, el 23 de julio de 2020 ha presentado a la Secretaría de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) una Manifestación de Impacto Ambiental (20OA2020MD038) para la “exploración minera directa con un alcance en la perforación de 20 unidades de barrenación”. Así consta en el punto 31 de La Gaceta Ecológica, publicada el 13 de agosto del presente año.

Ante ello, las comunidades Zoques de San Miguel Chimalapa denuncian que “la empresa minera ha realizado incursiones en nuestro territorio de manera ilegal puesto que la asamblea comunal no ha autorizado ningún permiso de exploración ni explotación”. Y exigen que la SEMARNAT no otorgue el permiso de exploración pues la empresa no cuenta con la autorización de las comunidades, quienes revindican su derecho al territorio y a la Autonomía.

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Asimismo, denuncian el ocultamiento de información por parte de SEMARNAT, pues la delegación ubicada en la ciudad de Oaxaca les ha negado acceder a la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por Minaurum Gold S.A. de C.V., y exhiben las falsedades expuestas por parte del Director General de Minas de la Secretaría de Economía, Eduardo Enrique Flores Magón y López, y la Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, quienes el 28 de septiembre de 2020, en conferencia oficial de prensa aseguraron que en los Chimalapas no existen concesiones mineras ni Manifestaciones de Impacto Ambiental.

“Lo real es que dicho documento si existe (…) y se encuentra en la SEMARNAT, que de ser aprobada, le garantizaría a la empresa el permiso ambiental para avanzar sobre nuestras tierras”, destacaron en el comunicado.

Por último, en el comunicado reconocen que la actividad minera es una amenaza para los ríos, la tierra y el aire de las comunidades. En específico “el proyecto minero “Santa Martha” que atenta a la cuenca del Ostuta, Espíritu Santo, y las lagunas superior e inferior del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca”. Asimismo, retoman como ejemplo las afectaciones provocadas por otros proyectos mineros en el estado, particularmente en San José del Progreso y en San José de Gracia.

OAXACA, Oax.- Indígenas zoques de San Miguel Chimalapas recuperaron sus tierras comunales para impedir que Minaurum Gold Inc continúe con el megaproyecto “Santa Marta”.

La minera canadiense atenta contra la cuenca de los ríos Ostuta y Espíritu Santo, y de las lagunas superior e inferior del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Cuestionaron al gobierno federal por “los engaños, opacidad y “traición”.

El pasado viernes 30 de octubre de 2020, hombres y mujeres zoques se vieron obligados a dejar sus actividades normales.

“Nos movilizamos (y) nos posicionamos en nuestras tierras para verificar que dicha empresa no continúe realizando trabajos de exploración de manera ilegal”.

Denunciaron que la empresa minera ha incursionado en su territorio ilegalmente, porque la asamblea comunal no ha autorizado ningún permiso de exploración ni explotación.

De igual forma, denunciaron la complicidad gubernamental de la Cuarta Transformación.

El director de Minas, Eduardo Enrique Flores Magón y López, afirmó que “no existen concesiones mineras ahí” en la región de los Chimalapas.

La titular de Economía, Graciela Márquez Colín, aseguró “y mucho menos tienen una Manifestación de Impacto Ambiental.

“Para tener una Manifestación de Impacto Ambiental tienes que tener una concesión”, lo real es que existen.

Para reforzar su argumento, sostuvieron que “dicho documento sí existe y es la Manifestación de Impacto Ambiental con número 20OA2020MD038.

“Se encuentra en la SEMARNAT, de ser aprobada, le garantizaría a la empresa el permiso ambiental para avanzar sobre nuestras tierras”.

Por consiguiente, “desde nuestro territorio, señalamos el ocultamiento de la información por parte de la SEMARNAT, pues nos apersonamos en la delegación ubicada en la ciudad de Oaxaca para solicitar la MIA, y nos fue negada.

“Posteriormente hemos permanecido en la incertidumbre de conocer ¿Cuál es la resolución de SEMARNAT respecto al permiso ambiental solicitado por Minaurum Gold?”.

Exigieron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que dé a conocer la resolución respecto al permiso ambiental solicitado por Minaurum Gold Inc.

Y que dicho resolutivo se haga público, con negativa a los permisos de exploración para la empresa venida de Canadá.

Aclararon que “durante años hemos mantenido la defensa de nuestras tierras comunales que actualmente vemos amenazadas por este megaproyecto minero.

“Es por eso que este 30 de octubre de 2020 nos vemos obligados a posicionamos de nuestras tierras”.

“Nosotras mujeres y hombres angpøn (zoques) milenarios habitantes de San Miguel Chimalapas declaramos ante los pueblos de la región y el mundo que nuestro territorio ha sido y continuará prohibido a la minería”.

Insistieron que “en el ejercicio pleno de nuestro derecho al territorio y a la autonomía hacemos presencia en la congregación de La Cristalina.

“En el área denominada en los registros del Gobierno Federal como polígono de concesión minera “La Jackita” mismo que abarca 1,499 hectáreas.

“Cuyo número de título de concesión minera es el 225472 otorgada por la Secretaria de Economía a la empresa Minaurum Gold Inc.”

Ante la amenaza de que ríos, tierra y aire se contaminen por la exploración y explotación minera llamaron a las comunidades, pueblos y municipios zapotecas e ikoots.

Les pidieron estar atentos ante cualquier posible incursión de la empresa.

Sabemos que la activación de los proyectos mineros va de la mano con la imposición del mega proyecto del Corredor Interoceánico.

Como pueblos zoques, zapotecos e ikoots nos posicionamos a nivel regional en rechazo total al proyecto minero “Santa Marta”.

“Sabemos que no somos los únicos pueblos afectados por la ambición de las empresas en Oaxaca.

“Todas y cada una de las regiones padecen la incertidumbre y presión provocada por el avance de las mineras y los efectos de minas instaladas.

“Tanto en San José del Progreso del Valle de Ocotlán como en San José de Gracia”, añadieron.

Y agregaron que “sabemos también que mientras existan las concesiones mineras aprobadas y solicitudes en trámite no podremos tener paz y tranquilidad.

“Por eso nos declaramos territorio prohibido para la minería.

“¡Rechazo total a la entrada exploración y explotación de las empresas mineras!”.

Finalmente, exigieron “al gobierno federal, directamente la secretaría de Economía, la cancelación de todo tipo de concesión, solicitud o asignación minera en sus tierras.

“Lo hemos manifestado una y otra vez, no hemos permitido ni permitiremos la entrada de proyecto minero alguno en nuestras tierras”.

https://pagina3.mx/2020/11/ante-traiciones-del-gobierno-zoques-impiden-avance-de-empresa-canadiense-en-los-chimalapas/

William Bradley Roland, mejor​ conocido como Brad Will, fue un periodista independiente, camarógrafo, documentalista y militante anarquista. Formó parte de la plataforma Indymedia en Nueva York, Bolivia y Brasil. Él viajó hacia el estado de Oaxaca a principios de octubre del año 2006. Su objetivo era documentar una de las principales revueltas con las que se inauguraba el nuevo milenio en Latinoamérica. Aunque este, sería el último viaje de Brad.

Habían pasado casi cinco meses desde que inició el estallido de la revuelta popular en el estado de Oaxaca cuando Brad llegó con su cámara recién adquirida. Este escenario comenzó con una orden de desalojo, emitida por el entonces gobernador de esta entidad, Ulises Ruiz Ortiz, hacia profesores de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes se mantenían en huelga en la plaza central y las principales calles de la turística ciudad de Oaxaca. Tras una fuerte represión hacia los profesores, cientos de vecinos y organizaciones sociales salieron a las calles a respaldar a los docentes, hasta que la revuelta se generalizó y la sociedad salió a las calles, pero para exigir la destitución del gobernador.

Es en medio de esta situación en la que Brad llegó a la ciudad y -después de acompañar a una parte de La Otra Campaña del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que recorría el país- comenzó a explorar, en una motocicleta que había rentado con su chofer, los diversos puntos en los que se había extendido la edificación de barricadas. Estas barreras fueron creadas como un acto de defensa contra grupos de choque que portaban armas exclusivas del ejército, así como de policías vestidos de civil que disparaban hacia hombres, mujeres, niños y ancianos que se habían sumado a esta llamada “insurrección popular”.

Con más de 20 días en Oaxaca, al periodista estadounidense ya lo comenzaban a identificar como el “güero” y, entonces, la población le daba acceso a cada rincón de Oaxaca en donde hubiese un control para circular, principalmente, en las noches. Esta ciudad estaba completamente paralizada y pocos eran los automóviles que podían circular intentando esquivar palos, piedras, llantas y otros obstáculos esparcidos por las calles. Brad llegó a contabilizar hasta 3 mil barricadas levantadas en los cuatro puntos cardinales, no solo de la ciudad, sino de las colonias populares y de las comunidades con más cercanía a la ciudad.

El último día de Brad

El 27 de octubre, las personas que se mantenían en las barricadas tenían por objetivo la paralización completa de la ciudad, por lo menos, por 24 horas. Así amaneció la barricada conocida como “Calicanto”, en el municipio conurbado de Santa Lucia del Camino. Junto a los palos, llantas y otros objetos, atravesaron camiones de mercancía, los cuales fueron interceptados mientras circulaban por las calles.

Cuentan los vecinos que eran las primeras horas de la mañana cuando, de una camioneta cerrada, descendieron autoridades del municipio de Santa Lucia y, sin palabra alguna, “comenzaron a disparar contra los manifestantes y entonces todos corrimos y buscamos refugio”, dice una vecina que se presenta como Soledad Martínez.

La señora Martínez, comenta que unos minutos después todos los manifestantes se reorganizaron, pero también las autoridades junto con policías municipales. “Ahí volvimos a avanzar con cohetones y piedras, entonces corrieron. Ya cuando llegamos cerca de la camioneta algunos compañeros le prendieron fuego y empezó una tronadera. Eran las balas que había dentro de la camioneta”, agrega Martínez.

A 14 años de estos acontecimientos, ahora se sabe que quien dio la orden de utilizar estas armas fue el sobrino del presidente municipal de Santa Lucia en ese momento, Manuel Martínez Feria.

Ese día Brad llegó a este lugar y en las primeras imágenes que registra se aprecia que la camioneta de estas personas ya estaba casi calcinada, a lo lejos se pueden observar a personas disparando contra los manifestantes. “Brad se iba cubriendo con las llantas de los camiones mientras estaba grabando”, comparte Javier Santis.

La trifulca duró horas, hasta que las personas armadas se fueron replegando hacia la presidencia municipal. “De pronto se escucha que el compa dice me dieron, me dieron”, comparte Javier.

Varios manifestantes lo cargaron y comenzaron la búsqueda de un doctor y de un carro. En el camino uno de sus colegas guardó la cámara que se le iba cayendo de las manos, una vecina recogió uno de sus zapatos que, varios meses después, le fue entregado a la madre de Brad.

Minutos después lo subieron a un vehículo Volkswagen que llevaba varios días sin circular y con poca gasolina. Desesperadamente iban intentando esquivar las barricadas, las piedras, los palos. Mientras intentaban hablarle a Brad para que no se durmiera. De pronto el carro se apaga, la gasolina se había acabado.

Las personas que decidieron ayudar al periodista se desesperaron y pidieron ayuda al chofer de una camioneta que pasaba por donde se quedaron varados, que, tras varios minutos de explicación, “decidió llevarlo, pero ya no pudo llegar”, cuanta Jazmín López.

Justicia

Momentos después de este asesinato, en la terminal de autobuses ADO fueron interceptados algunos de los participantes armados del municipio, pero fueron liberados tiempo después.

Ese 27 de octubre, el gobierno que aún presidia Ruiz Ortiz desplegó a través de la policía y de diversos grupos de civiles armados conocidos como el “escuadrón de la muerte”, operativos para intentar retomar el control de la ciudad.

Con la muerte de Brad, se justificó ante los medios de comunicación, principalmente la prensa internacional, la participación de la policía militar, que ese momento era la Policía Federal Preventiva (PFP), que arremetió indiscriminadamente contra los manifestantes para retomar el control de la ciudad.

Según la denominada Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) reveló que el saldo de este conflicto fue de 26 asesinatos, entre ellos, el periodista Brad Will.

Las instancias de gobierno encargadas de impartir justicia a nivel estatal y federal inculparon y llevaron presos a personas inocentes y con líneas de investigación sin fundamentos. Mientras que, los policías que aparecen disparando directo hacía dónde se encontraba Brad, así como de otros manifestantes que también fueron asesinados durante estas protestas, no fueron inculpados de ninguna responsabilidad.

Pero esto no es novedad. La sociedad oaxaqueña sabe bien que estas instancias no funcionan porque son juez y parte. El asesinato de Brad aún no se ha saldado, por el contrario, se ha sumado a un sin fin de activistas y periodistas asesinados en México que han quedado en la impunidad.

Brad, una luz

Después de que fue asesinado el periodista independiente, su fotografía figuraba, junto a la de los otros caídos en esta “insurrección popular” en un altar con ofrendas, con el fin de festejar y recordar a los seres queridos durante el día de los muertos. Esa ofrenda simbólica estuvo en una de las úlimas barricadas que quedaban, la de 5 señores, la cual protegía Radio Universidad. La PFP ya casi había recuperado la mayor parte de la ciudad, pero, en torno a esa ofrenda, cientos de personas se reunieron de todas partes y salieron a defenderla, reduciendo con ello el potencial de la policía.

Desde entonces, en varios altares, de muchas familias oaxaqueñas, sigue figurando la imagen de Brad Will. Pero, también, su referencia camina con varios jóvenes que ejercen el periodismo independiente. Detrás de varias cámaras, grabadoras y bolígrafos está la figura de Brad Will. Por ello, en memoria, desde Avispa Midia, a la 2ª generación de la escuela de comunicadores y comunicadoras independientes para jóvenxs indígenas y de barrio a realizarse en 2021, se la ha bautizado con el nombre de “2ª generación Brad Will”.

●EDF sería responsable por contribuir a violaciones al consentimiento libre,previo e informado así como por ataques a defensoras y defensores dederechos humanos en la implementación de su proyecto eólico Gunaa Sicarú

●La demanda solicita la suspensión del proyecto hasta que EDF cumpla suobligación de respetar los derechos humanos. La comunidad tuvo que acudira instancias extranjeras ante la falta de respuesta de la empresa y el gobiernomexicano.

Ciudad de México/Berlín, 13 de octubre de 2020.Miembros de la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, Oaxaca, presentaron el día de hoy en París una demanda civil en contra del gigante energético Electricité de France (EDF) por violación a sus derechos humanos.Se trata de la primera acción legal de su tipo iniciada por una comunidad indígena de las Américas​, y es acompañada por la organización mexicana Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. ProDESC, y el European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR.EDF sería responsable por​ contribuir a violaciones serias a los derechos de lacomunidad, al fallar en la identificación de riesgos y la implementación de medidas de protección en el desarrollo de su proyecto eólico Gunaa Sicarú.

La empresa firmó contratos y acuerdos, desarrolló procesos paralelos deinformación y comunicación, y contribuyó a la ruptura del tejido social en Unión Hidalgo, afectando el carácter previo, libre e informado de la consulta desarrollada por autoridades mexicanas respecto a tal proyecto.Estas omisiones de EDF llevaron a una escalada de violencia en contra de defensoras y defensores de derechos humanos de la comunidad, quienes son estigmatizados, amenazados y atacados por grupos cercanos a la empresa. UniónHidalgo buscó justicia en México.A partir de un amparo presentado por personas defensoras, en octubre de 2018 un Juzgado Federal en México falló históricamente en favor de la comunidad y ordenó a las autoridades Mexicanas el desarrollo de una consulta que cumpliera los más altos estándares internacionales.Sin embargo, la actuación de la empresa y la de sus socios comerciales locales no cambió.Asimismo, desde 2017 miembros de la comunidad buscaron un diálogo con la empresa, sin éxito. Inclusive, en 2018 presentaron una queja ante el Punto Nacional de Contacto de la OCDE en Francia, sin obtener resultados positivos. Es por ello que la comunidad tuvo que acudir hasta la Corte de París demandando el respeto a sus derechos. La demanda presentada solicita la suspensión del proyecto hasta que EDF cumpla su obligación de respetar derechos humanos, establecida desde 2017 en la Ley francesa del deber de vigilancia, y con ello evitar que se sigan cometiendo mayores violaciones en contra de la comunidad.

Por Eugenia López

Hace poco más de un año, el 25 de septiembre del 2019, se celebró en el Estado de Oaxaca una votación que dio fin a la criminalización de las mujeres por decidir sobre terminar con embarazos no deseados.

Con la modificación al artículo 12 de la Constitución local, así como a los artículos 312, 313, 314, 315 y 316 del Código Penal estatal, la nueva ley despenalizó la interrupción del embarazo o aborto hasta las 12 semanas de gestación, siendo Oaxaca el segundo estado del país en otorgar a las mujeres el derecho a decidir sobre sus cuerpos.

Uno de los grandes cambios que ha permitido la ley es evitar que mujeres sean encarceladas por interrumpir su embarazo. Hasta antes de la modificación, en Oaxaca 20 mujeres habían estado presas por abortar y, había 49 carpetas de investigación relacionadas con abortos. Un año después, una de ellas sigue presa.

Si bien la nueva ley ya evita que mujeres sean encarceladas por interrumpir un embarazo durante los primeros 3 meses (cabe recordar que, en caso de que un embarazo se interrumpa después del plazo permitido, la nueva ley contempla sanciones de tres a seis meses de prisión, y hasta 10 años de cárcel a quien obligue a una mujer a abortar), todavía no existen garantías para que el acceso al aborto sea real, gratuito y respetuoso para todas las mujeres.

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