^{foto: nosfaltaclaudia.wordpress.com}

Hoy (24) arranca la audiencia intermedia del proceso penal por la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, en Nochixtlán, el 16 de marzo de 2021. El desahogo de la audiencia está a cargo del licenciado José Antonio Carreño Jiménez, juez de control del circuito judicial de Valles Centrales, con sede en Oaxaca, a pesar de que la causa penal se encuentra radicada en el juzgado de control de Asunción Nochixtlán.

Por temas de seguridad, el año pasado, la entonces jueza de control del circuito judicial de la mixteca, la licenciada Elizabeth Contreras Hernández, pidió que la etapa intermedia de este caso se desahogue a través de un juez de control de Valles Centrales.

En una misiva dirigida al Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, Elizabeth y Sara Uruchurtu, hermanas de Claudia y víctimas indirectas del crimen, exigieron que se aplique la justicia independientemente de los escenarios políticos del momento, ya que la audiencia intermedia se da en medio de las precampañas a la gubernatura del estado:

“Esta preocupación se centra en la posibilidad de injerencia que pudieran tener actores vinculados a las personas que han sido señaladas por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, de ser quienes planearon y ejecutaron la desaparición, como lo es, la ex presidenta municipal de Nochixtlán LVH (Lizbeth Victoria Huerta), y otras cuatro personas más. Algunas de las cuales desarrollaban funciones en la administración pública municipal. En el estado de Oaxaca se avecina el relevo gubernamental y las proyecciones dan un amplio margen de preferencia al partido en el que militan los hoy procesados” se lee en el documento.

En entrevista, Elizabeth y Sara Uruchurtu advierten que hay un riesgo de interferencia política y partidista a pesar de que los poderes del estado deberían ser independientes: “la experiencia de Oaxaca nos muestra que la justicia está supeditada a intereses políticos” puntualizan.

Más de 10 meses y Claudia no aparece

Claudia Uruchurtu Cruz fue desaparecida durante una manifestación contra el gobierno municipal de Asunción Nochixtlán el 16 de marzo de 2021. Antes de ser desaparecida, Claudia había documentado y denunciado durante meses la corrupción de la entonces presidenta municipal Lizbeth Victoria Huerta.

Victoria Huerta (quien entonces buscaba la reelección por Morena) y algunos de sus colaboradores más cercanos se encuentran vinculados a proceso y en espera de sentencia por la presunta planeación y participación en el crimen de lesa humanidad.

El 7 de mayo de 2021 la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ejecutó las primeras órdenes de aprehensión contra tres de las cinco personas hoy vinculadas a proceso y el 22 de julio de 2021 detuvieron al resto.

El juez de distrito, luego de consultar a las partes, “decidió acumular en este caso el desahogo de estas audiencias intermedias para que se lleve a cabo en una sola ocasión, al tratarse de los mismo hechos y los mismos datos de prueba”, dice el abogado Velázquez Antonio, asesor jurídico de las hermanas Uruchurtu Cruz.

“Estamos en el momento procesal en el que el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, así como la defensa, ofrecen ante un juez de control sus datos y sus medios de prueba con los que cuentan hasta este momento”, explica Velázquez Antonio, “en esta etapa también se pueden depurar esos medios de prueba”.

Sobre la búsqueda de Claudia, el abogado Velázquez señala que “es un delito continuo, permanente, y en razón de ello, obviamente, la investigación se estará continuando, en tanto no se dé con el paradero de la víctima, sin embargo, no se han obtenido los resultados esperados”.

En ese sentido, las hermanas Uruchurtu Cruz mencionan que a pesar de que las autoridades realizaron algunas acciones de búsqueda, ninguna ha sido exitosa. “La comunicación con la Comisión Nacional de Búsqueda ha tenido sus altas y sus bajas, al principio más cercana a la familia, pero ahora ya tenemos un par de meses en los que no hemos tenido respuesta de cuáles serán la siguientes acciones”, comentan, “esto es crucial para la familia, pues como siempre hemos expresado, no descansaremos hasta encontrar a Claudia.”

Este domingo (16), el ayuntamiento municipal de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, ha difundido la convocatoria para el reinicio de la Consulta Indígena para la instalación del parque eólico de la empresa Électricité de France (EDF).

El proceso de consulta, iniciado en abril de 2018 y detenido debido a la pandemia de Covid-19 deberá, según la convocatoria, ser retomado el 22 de enero, en su fase final, en la etapa deliberativa.

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La Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, Istmo de Tehuantepec, ha expresado su inconformidad ante la decisión de la reanudación del proceso. “Deliberar en medio de la pandemia es un acto coercitivo de las autoridades”, pronunciaron los comuneros de la comunidad zapoteca en sus redes sociales.

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“En plena alza de la panemia en Oaxaca y ante un eventual repunte en el Istmo, después de las fiestas de fin e inicio de año, la Sener [Secretaría de Economía], INPI [Instituto Nacional de Pueblos Indígenas], CNDH [Comisión Nacional de Derechos Humanos] se lavan las manos y practican la danza de la muerte con la reanudación de la consulta eólica del proyecto de muerte denominado Gunaa Sicarú”, afirman.

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Los zapotecas han denunciado, desde por lo menos 2017, que la EDF firmó contratos y acuerdos, desarrolló procesos paralelos de información y comunicación, y contribuyó a la ruptura del tejido social en Unión Hidalgo, afectando el carácter previo, libre e informado de la consulta.

Han denunciado además que las acciones de la empresa, en conjunto con autoridades, han llevado a la comunidad de Unión Hidalgo a una escalada de violencia, especialmente hacia comuneros y comuneras que están en contra del proyecto.

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En testimonio para Avispa Midia, un representante de la Asamblea de los Comuneros apuntó varios problemas en la retomada de la consulta. Uno de ellos es que no hay condiciones para iniciar la fase final, la deliberativa. “No se ha cerrado formalmente la fase informativa”, dijo, necesaria para que se inicie la deliberación.

Además, sostiene que la responsable por la convocatoria debe ser la Sener, a través de la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Territorial, y no el ayuntamiento municipal.

En Unión Hidalgo ya existe un parque eólico con dos fases de la española Demex. Son alrededor de 100 aerogeneradores ya instalados.

El colegiado del Segundo Tribunal de Circuito en Materias Civil y Administrativa revocó la sentencia del juez 4º de distrito de Oaxaca, quien había decidido contra la explotación minera de la empresa Zalamera S.A de C.V, filial de la canadiense Minaurum Gold Inc, en 5 mil hectáreas del territorio del pueblo chontal.

Apegado a marcos jurídicos internacionales, este pueblo originario había apelado a su autonomía y a su autodeterminación, alegando sobre la inconstitucionalidad a la que se incurrió al haber emitido el título de concesión por parte de la Secretaría de Economía sin haberles informado ni consultado. Por tanto, el juez dictó sentencia favorable al pueblo chontal en febrero del año 2020.

“Esta fue una decisión histórica porque la determinación del juez defendió no solamente las comunidades directamente afectadas por la concesión, sino todo el pueblo chontal”, señaló la abogada Aracely Olivos Portugal, de la organización civil Tequio Jurídico.

Sin embargo, la minera, al ver que casi pierde el caso, movió sus piezas para invalidar el juicio. Mañosamente, desistió de la concesión, “sabiendo perfectamente que con esa acción pone en riesgo la existencia misma del juicio, porque los tribunales van a decir que, si ya no existe esta concesión, ya no hay nada que analizar y ya no hay derechos que proteger”, asevera la abogada.

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Y fue lo que pasó. “El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito decidió que el desistimiento de la concesión es algo que beneficia a las comunidades y que, por tanto, no hay ningún riesgo a la comunidad y ningún acto que mantenga vivo el juicio de amparo contra esta concesión”, explicó Olivos.

“No estamos de acuerdo”, refiere la abogada con respecto a la argumentación de los magistrados. “Sabemos que es una estrategia de mala fe de la minera y no es la primera vez que ha pasado”.

Para la abogada Olivos, esta es una estrategia muy común por parte de las empresas mineras en colusión con la Secretaría de Economía. Al ver que van perdiendo el juicio, desisten de la concesión y, consecuentemente, se suspende el caso, para después volver a hacer el pedido de concesión.

La empresa aplicó el mismo procedimiento, en el año 2015, en San Miguel del Progreso, estado de Guerrero. “Con la comunidad me’phaa, desistieron de las concesiones y, al llegar el caso a la corte, se dijo que como ya no hay concesiones, no hay juicio. Esta fue la primera vez que la corte se iba a pronunciar sobre la ley minera”, agrega la abogada.

El pueblo Chontal sería el tercer pueblo indígena al que se le aplica la misma estrategia de invalidar su proceso jurídico. El segundo fue en Puebla, con la comunidad de Tecoltemi, donde la empresa Almaden Minerals Ltd, también de capital canadiense, intentó invalidar el juicio.

“La minera hizo lo mismo, intentó pedir una reducción de su concesión para que ya no abarcara el territorio de la comunidad de Tecoltemi y desistirse de la fracción de la concesión que abarca esa comunidad, pero las abogadas litigaron muy bien y la Secretaría de Economía dijo que no se podía desistir. Actualmente está en la corte”, detalla Olivos.

La abogada sostiene que la defesa del territorio chontal debe continuar. “Seguramente no van a desistir del oro, plata, cobre, zinc y plomo que hay en este territorio”.

Por su parte, el pueblo Chontal ya decidió mediante actas que declaran su territorio prohibido para la minería. No quieren esta industria extractiva en su región.

^{Foto: Santiago Navarro F.}

Comunidades zapotecas de San Pedro Martín y San Pedro Apóstol, en el Valle de Ocotlán, Oaxaca, se posicionaron en contra de la realización de una consulta indígena que pretende realizar la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart), como parte del procedimiento llevado a cabo por la minera canadiense Cuzcatlán, que busca autorización de dicho órgano ambiental para ampliar su área de explotación de oro y plata en la región, con el llamado proyecto minero San José II. Desde 2009 la minera explota los metales preciosos, cuya sede esta en la comunidad de San José del Progreso.

En un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, a los titulares de la Semanart, María Luisa Albores, y de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier Carillo, las comunidades comunican a los representantes del gobierno que ya han decidido “no permitir en nuestros territorios ningún proyecto minero”.

La Semanart en un comunicado de prensa, el 11 de noviembre, anunció que ya trabaja en la organización del proceso de consulta indígena a comunidades zapotecas de la región de Valles Centrales de Oaxaca.

Sin embargo, las comunidades exigen que se respete la decisión ya tomada por sus asambleas. “Nuestros municipios, ejidos y comunidades ya nos hemos consultado, por lo que le solicitamos respete nuestra decisión y no intente imponer otra consulta, que en base de las experiencias dadas en torno a las consultas, atenta en contra de la auto-determinación de nuestros pueblos, y busca ser un mecanismo dizque democrático e inclusivo para legitimar el proyecto de ampliación San José II”.

La decisión de las comunidades se justifica por la contaminación que ha generado la minera en sus aguas, suelo y aire.

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Además, se ha instalado un conflicto social en la región que ha dejado muertos. Las comunidades conviven con el “crecimiento del crimen organizado, el consumo y la distribución de drogas así como una ola de asesinatos con violencia, unos de los últimos es el de un trabajador minero en las puertas de la empresa y otro en un pozo de exploración de la compañía”, argumentan.

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“Presión asfixiante”

El 6 de julio de este año la Semanart a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental negó la solicitud de manifiesto de impacto ambiental en su modalidad regional del proyecto denominado San José II que presentó la empresa. El objetivo es ampliar por 10 años más la operación del proyecto minero. La dirección tuvo desde 3 de septiembre de 2020 la tarea de revisar este proyecto y después de extender por varios meses la revisión decidió no autorizarlo.

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“Y cuando parecía que Cuzcatlán no tenía margen para revertir la resolución tomada por Semanart viene una campaña agresiva de la empresa que va desde la presión en las calles de los trabajadores que son sacados por medio de amenazas de despido si no participan en las movilizaciones a favor del proyecto”, sostienen en su comunicado, hasta una “presión asfixiante del poderoso lobby minero que se ha encargado de poner de rodillas a la Semanart y ante esta presión la secretaría decide abrir un proceso de consulta que ahora quiere vender como un ejercicio democrático y legítimo”, dicen.

La minera Cuzcatlán es “una empresa con un enorme poder de corrupción, con un poder económico aplastante y que tiene acuerdos con todos los partidos políticos, con todos los actores políticos de la región y que además tiene como operadores a un ejército de caciques regionales expertos en estrategias políticas legales y no legales para lograr la continuidad de este asqueroso proyecto”, sostienen las comunidades.

¿Contradicción?

En su comunicado, las comunidades apuntan contradicción en las acciones de la Semanart. El órgano ambiental pone a consulta de los pueblos la continuidad de un proyecto que él propio negó su continuidad, por reconocer “la violación de una serie de derechos además de una serie de irregularidades de parte de la empresa que generaran daños”, sostienen.

Los pueblos ya han decidido. “No permitiremos que se establezca ningún mecanismo de despojo como la consulta. Nuestros pueblos ya han decidido y hemos dicho no a la minería. Hemos decidido defender nuestra tierra y no le pondremos precio”.