Oaxaca
(Español) Urgente: Atacan nuevamente con armas de fuego a comuneros de Cuatro Venados, Oaxaca
Niña de Cuatro Venados cuidando sus chivos. Foto por Santiago Navarro F
Aproximadamente a las 2 de la tarde de este 9 de febrero, unas 20 personas quienes portan armas de fuego de uso exclusivo del ejercito volvieron atacar a los vecinos de la comunidad San Pablo Cuatro Venado, específicamente en los parajes “El Rebollero”, “Los Arquitos” y “Río Minas”, ubicados a tan solo 45 minutos de la ciudad de Oaxaca.
“Campesinos que en esos momentos se encontraban pastoreando su ganado en el área que conocemos como los platanares y loma de costales fueron agredidos con armas de fuego. La agresión la hicieron aproximadamente 20 personas que bajaron de dos camionetas tipo Pickup, una de color blanco y otra de color rojo”, explican los agredidos, quienes se encuentran resguardados.
Los habitantes de esta comunidad aseguran en un comunicado que, “estas camionetas venían en dirección de la comunidad El Carrizal y Tiracoz Cuilapam de Guerrero”, y que el ataque armado “duró unos 20 minutos aproximadamente”.
Los atacantes se han internado entre la vegetación de la comunidad y hasta las 17 horas de este día 9 de febrero los habitantes de esta comunidad afirman que, “personas extrañas siguen llegando y se están internando en entre la vegetación”, dijo uno de los habitantes, que por seguridad prefirió mantenerse en el anonimato.
En el comunicado que han lanzado estos comuneros afirman que están en “alerta máxima”, ya que hay rumores de que pueden atacarlos como sucedió 31 de mayo de 2019, cuando más de 500 personas armadas y con trascabos derribaron sus viviendas y quemaron sus cosechas. “Lo más preocupante es que siguen llegado otras personas ajenas a nuestra comunidad y están escondidas entre la maleza en el río”, denuncian en el comunicado.
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Estos comuneros responsabilizan a los tres niveles de gobierno por lo que pueda ocurrirles. “Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno ya que, más de una vez, hemos denunciado estos atropellos. Somos originarios de San Pablo Cuatro Venados y las tierras que habitamos pertenecieron a nuestros ancestros”.
Los comuneros advierten que parte de los intereses por sus tierras, es la explotación de oro y plata, así como el agua que nace entre sus montañas. “Tenemos el conocimiento que en nuestras tierras se han expedido por lo menos 3 concesiones mineras: estas son: Titulo 217598, expedido en 2002, ubicada en el Lote Cuatro Venados, con una superficie de 132 hectáreas; Titulo 227548 expedido en el año 2006, ubicada en el Lote la Soledad, con una superficie de 3600 hectáreas; La tercera concesión abarca los municipios de Cuatro Venados y San Miguel Peras, ubicada en el Lote Moisés, que abarca una superficie de 1400 hectáreas, con el titulo 242664, expedido en el año 2013”, dice el comunicado.
El 31 de mayo del 2019, tras el ataque a esta comunidad, un equipo de Avispa Midia contabilizó 24 casas derribadas y quemadas. El maíz, frijol y otros granos que se almacenaban para las siembras también les rosearon gasolina y les prendieron fuego. Ropa, camas, zapatos se encontraban regados por doquier. Quebraron las únicas dos celdas solares de donde obtenían su energía los habitantes de esta comunidad. También les robaron sus vacas, dos plantas generadoras de energía y una bomba de agua, todo lo que pudieron.
(Español) México y las probabilidades de morir por ser ambientalista
Por Ñaní Pinto y Javier Ruiz
Fidel Heras Cruz era un campesino y ambientalista que se opuso, junto con su pueblo, a la construcción de la presa hidroeléctrica de usos múltiples denominada “Paso de la Reina”, proyectada en el estado de Oaxaca, al sur de México. Un proyecto que ha retomado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde febrero del año 2020. Este campesino fue asesinado, el pasado 21 de enero, alrededor de las 6 de la tarde, a 300 metros de la entrada a la comunidad La Esperanza, del municipio de Jamiltepec, en el mismo estado.
En un comunicado, las autoridades ejidales de Paso de la Reyna, comunidad ubicada en Jamiltepec, y el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER), del cual era miembro, denunciaron que Heras Cruz había sido amenazado en días anteriores. “El agente municipal Filogonio Martínez Merino fue alertado por la presencia de una camioneta sospechosa con dos personas a bordo en el paraje El Zanate, por lo que dio parte a la policía y pidió le acompañaran. Le escoltaron hasta llegar al poblado”, de acuerdo con el documento.
Además, en el comunicado señalaron conflictos vividos en la comunidad. Desde 2019 la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Celia Rivas Marquez, ha insistido en ingresar al Río Verde para extraer material pétreo. Ante esta acción, la comunidad inicialmente se opuso, sin embargo, se vio obligada a suscribir un convenio de explotación.
Debido a la falta de cumplimiento del mismo, en varias ocasiones los pobladores se negaron a que continuara con la explotación del río. “La crisis más grave ocurrió en agosto de 2020 cuando la familia Iglesias y Rivas Marquez presionaron a las autoridades ejidales para aumentar el volumen de extracción sin hacer los pagos correspondientes, ni presentar ningún permiso ambiental por las afectaciones al río”, sostuvieron los ejidatarios en el documento.
El domingo 17 de enero de 2021 se celebró una asamblea de ejidatarios donde Heras Cruz rindió un informe sobre la situación de la explotación del material pétreo y del avance de la construcción del edificio que albergará la sede del comisariado. En dicha sede, de acuerdo con el comunicado, se acordó invertir los recursos de la extracción. “Algunos ejidatarios señalan que se mencionó un adeudo de más de 500,000 pesos por parte de la familia Iglesias y Rivas Marquez a la comunidad. También se mencionó que era importante que el comisariado cobrara el adeudo”, señalaron los pobladores en dicho comunicado.
Diversas Organizaciones no Gubernamentales (ONG) en México han expresado su indignación por el asesinato. La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) condenó el asesinato y exigió “una investigación a fondo y el castigo para los autores materiales e intelectuales del crimen”.
Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca también se pronunció y condenó el asesinato. Luego que el organismo tuviera conocimiento del hecho que privó de la vida al defensor del Río Verde, inició el expediente DDHPO/CA/022/(09)/OAX/2021. El órgano pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) dictar las medidas de protección necesarias a las personas que resulten víctimas directas e indirectas, para garantizar su integridad.
La hidroeléctrica
A pesar de que el mandatario de México, López Obrador, sostuvo el 20 de enero de 2020 en su conferencia matutina, que “no se construirán nuevas presas” y que “no se realizaría la presa Paso de la Reina en Oaxaca”, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció la fase siguiente de este proyecto. Es así que esta instancia de gobierno aprobó la Manifestación de Impacto Ambiental, en su modalidad regional, para la generación de energía renovable PH Río Verde, promovida por la empresa privada ENERSI S.A. de C.V.
Tras el activismo de Heras Cruz y otros ambientalistas en el proceso de defensa del Río Verde, se ganó un amparo contra el mencionado proyecto, en el cual se determinó salvaguardar 300 cuencas de aguas mexicanas, entre ellas, Paso de la Reina.
México y la probabilidad de morir por ser ambientalista
De acuerdo con datos de la Semarnat, en México existen más de 500 conflictos socioambientales, los cuáles presuponen “una confrontación entre los intereses sociales y los intereses económicos”, según esta instancia de gobierno.
La probabilidad de morir asesinado por oponerse a los intereses económicos, en México, continúa con el gobierno de López Obrador, ya que en su agenda se vienen acelerando complejos que se detuvieron por la resistencia de los pueblo ejercida contra los gobiernos que le precedieron. El inicio de su gobierno, en 2019, quedó marcado por el asesinato del campesino y ambientalista de 36 años, Samir Flores. Este indígena náhuatl se opuso, junto con su pueblo, a la construcción de la central termoeléctrica y un gasoducto en ese estado. Ambos complejos formaban parte del Proyecto Integral Morelos (PIM).
En lo que va del gobierno de López Obrador, por lo menos 20 ambientalistas han sido asesinados en México, incluso en el primer año de la pandemia del Covid-19. Hasta el 24 de septiembre se habían registrado once ambientalistas asesinados: tres en Michoacán, tres en Oaxaca, uno en guerrero. Los demás en Veracruz, San Luis Potosí y Baja California.
La situación de los pueblos en resistencia en México se puede agudizar aún más, ya que el periodo de gobierno de López Obrador casi llega a la mitad y la amplia agenda de proyectos se van acelerando conforme pasa el tiempo. Sus inversiones más ambiciosas se han enfocado hacia el sureste de México con el denominado Tren Maya y el Corredor Interoceánico, una región con una amplia presencia de pueblos originarios de este país.