En conferencia de prensa realizada este miércoles (22), comuneras y comuneros zapotecas de El Rebollero, Los Arquitos y Rio Minas, pertenecientes al municipio de San Pablo Cuatro Venados, reclamaron una vez más que los tres niveles de gobierno “no tienen el mínimo interés, ni la voluntad de atender los llamados de justicia para una solución pacífica ante los ataques armados y hostigamiento que sufre nuestra comunidad, de la cual nos intentan desalojar aún a costa de nuestras vidas”.

Fue en la capital oaxaqueña, acompañadxs de individuos, colectivos y comunidades integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), donde lxs comunerxs presentaron evidencias de los ataques en su contra y detallaron a los medios de comunicación sobre las más recientes agresiones.

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“El recuento de los daños que nos han destruido y quemado son más de 30 viviendas, robaron todas las cosas personales, herramientas, maíz, gallinas y una yunta de bueyes. También destruyeron nuestra casa de salud que se iba a inaugurar el domingo 29 del presente año y nuestra galera de asambleas”.

El pasado 28 de mayo ingresaron 100 personas, portando armas de uso exclusivo del ejército, provenientes de las comunidades El Carrizal, El Manzano, Rancho Quemado y Cuilápam, quienes durante siete horas mantuvieron los ataques, destrozando las viviendas y cultivos de la comunidad.

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Desde entonces, continúan los ataques armados. Lxs comunerxs registraron agresiones el 9 de junio cuando un francotirador intentó matar a dos niños que se encontraban jugando en su vivienda. También sucedieron disparos el 15 de junio, cuando vehículos con gente armada se posicionaron en el paraje La Mesa, desde donde realizaron disparos de arma de fuego.

“Estos ataques los hemos denunciado en diversas ocasiones, pero incluso la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha emitido medidas cautelares para la protección de la comunidad de Cuilápam de Guerrero. Hacia nosotros no hay ninguna atención por parte de ninguna instancia de gobierno. Por lo tanto, responsabilizamos a los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal por todos estos atropellos hacia nuestras comunidades, siendo nosotros los guardianes y legítimos dueños de estos territorios”.

Minería, detrás de los ataques

Para las y los comuneros zapotecas, los ataques armados, así como las campañas de odio y desprestigio contra sus comunidades son motivadas por los intereses de la industria minera, pues en sus territorios existen yacimientos de oro y plata concesionados por el Estado mexicano.

De acuerdo a datos de la Secretaría de Economía, en el territorio de las comunidades zapotecas existe una extensión de 3,631 hectáreas concesionadas a la empresa Continuum Resources Mexico S.A. de C.V. En la región existen dos concesiones más, con lo que en total suman más de 5 mil hectáreas para la minería entre los municipios de Santa Inés del Monte, San Miguel Peras y Magdalena Mixtepec.

“En nuestro municipio existen tres concesiones mineras, donde ya se están realizando trabajos de exploración. Estos trabajos han comenzado a contaminar el Río Valiente, donde tomamos agua, pero no se ha informado o consultado a nuestra comunidad sobre lo que implican estos proyectos”, denunciaron lxs comunerxs zapotecas quienes han atestiguado que dicha empresa ya está avanzando con actividades de exploración al extraer rocas y abrir brechas con maquinaria pesada.

Estos hechos se denunciaron ante la Fiscalía de Oaxaca, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Sin embargo, lejos de existir una solución, los ataques en los últimos meses se han incrementado fuertemente.

Las agresiones recientes ocurren después de que lxs comunerxs reconstruyeron sus viviendas tras el ataque armado ocurrido en mayo de 2019, cuando más de 500 personas quemaron las casas de la comunidad.

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Lxs comunerxs también denunciaron que existe un arreglo entre los Comisariados de Bienes Comunales de Cuilápam de Guerrero y de San Pablo Cuatro Venados, “pues nos enteramos que existe un convenio de nuestras tierras, dentro del juicio agrario numero 309/1996. Con este acuerdo dividieron la zona en dos polígonos, A y B. Pero el polígono A, que se le entregó a Cuilápam, es donde hemos vivido siempre. En ningún momento se nos informó ni consultó”.

Por el contrario, aseguran lxs comunerxs que en ese momento se desató una campaña en los medios de comunicación para identificarlos como “invasores de tierras”, argumento que desmienten al mostrar los documentos que acreditan su pertenencia al municipio de San Pablo Cuatro Venados.

Reconstrucción interrumpida

“Quienes habitamos la comunidad regresamos y fuimos reconstruyendo nuestras viviendas en estos dos años. También retomamos nuestros cultivos y volvimos a comprar lo necesario para comenzar de nuevo. Esta vez estábamos por inaugurar nuestra casa de salud y nuestra capilla, pero todo ha sido destruido totalmente”, denunciaron lxs comunerxs.

Según sus registros, entre el 201 y lo que va del año 2022, las agresiones armadas se contabilizan en más de una veintena de ocasiones. “El ejército y Guardia Nacional han hecho acto de presencia, pero más bien es para intimidarnos, pues incluso mantuvieron diálogo con los agresores, a plena luz del día”.

Por último, subrayaron la responsabilidad de la operación de los grupos de corte paramilitar con respaldo de los tres niveles de gobierno por lo cual hacen responsables de los ataques al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa y al alcalde de Cuilápam de Guerrero, Javier Moreno Colmenares, “al no intervenir para investigar el uso desmedido de su armamento”.

Foto de portada Archivo Avispa Midia

Con una mano va cargando un morral donde lleva comida; con la otra, un machete. María* parece tener miedo y coraje. Camina con precaución, su objetivo es llevar comida a su familia que está resguardada en lo que queda de su comunidad. De pronto, una ráfaga de disparos al aire la obliga a tirarse al suelo. “Son ellos comenta”, refiriéndose a un grupo paramilitar que los ha atacado constantemente.

María es campesina de la comunidad de El Rebollero y, junto a los habitantes de El Paraje Los Arquitos y Río Minas, de San Pablo Cuatro Venados, Oaxaca, fue víctima de un ataque armado el pasado 28 de mayo que destruyó toda la comunidad.

El último ataque ocurrió el miércoles, 15 de junio, alrededor de las 19hrs. Al menos tres vehículos con personas armadas se internaron a la comunidad, en el paraje denominado La Mesa y desde ahí empezaron a disparar por casi una hora.

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El 28 de mayo, más de 100 personas con armas exclusivas del Ejército ingresaron a esta pequeña comunidad y derribaron las viviendas, quemaron los cultivos. Lo único que dejaron intacto fue la capilla que sería inaugurada el día siguiente del ataque.

Este grupo armado destruyó las viviendas y las cosechas. Desde entonces hay mujeres, niños y ancianos que se resguardan con lo poco que quedó en la comunidad. No hay condiciones de seguridad para labrar la tierra y cuidar los animales.

La gente se da ánimos entre ellos mismos, pero el lugar está totalmente devastado. Bien podrían irse a otra parte, pero se resisten a dejar esta zona de su territorio. “Si lo permitimos, los políticos que están detrás de estos ataques tomarán el control de nuestro territorio y comenzarán a vender las tierras. La explotación minera comenzará sin obstáculos”, dice María.

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Roberto, otro campesino, comparte con toda seguridad, “ya hemos denunciado quiénes están atrás de estos ataques, pero los respalda el gobierno, porque ellos han firmado disque acuerdos y a nosotros nos llaman paracaidistas. Que me digan en mi cara que soy paracaidista, seguro que ellos no conocen cada camino y cada planta como la conozco yo”.

A estas personas les han destruido sus viviendas al menos en dos ocasiones. La anterior se remite al mes de mayo del año 2019. También dejaron devastada a la comunidad y les costó dos años su reconstrucción, lo que hoy son solo ruinas. “No vamos a desistir. Tenemos compañeros que nos apoyan. Comunidades hermanas que también luchan por la defensa de la madre tierra”, dice María.

En un comunicado emitido por esta comunidad y publicada en la plataforma del Congreso Nacional Indígena (CNI), llaman, entre otros, a los adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y a la Sociedad Civil para que los apoyen con víveres y con donaciones que servirán para la reconstrucción.

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La campaña que han decidido impulsar estos campesinos se llama Por la reconstrucción y el cuidado de la dignidad en resistencia, que consta en el acopio de víveres, ropa, cobijas, colchonetas, lonas, toallas femeninas, papel higiénico, alcohol, láminas, clavos, alambre, celdas solares, herramientas de trabajo, entre otros.

En el comunicado figuran dos localidades y un número de cuenta para recibir los apoyos para su reconstrucción. Una de ellas se ubica en la Ciudad de México, en la llamada Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, anteriormente mal llamado INPI. La casa de los pueblos está ubicada en la Av. México-Coyoacán 343, Col. Xoco. Delegación Benito Juárez.

También en la ciudad de Oaxaca se estará recibiendo estos apoyos en la librería La Jícara, con dirección en Porfirio Díaz 1105, colonia Centro. En este mismo lugar proyectarán un documental el día miércoles 22 a las 18:30hrs. Este material audiovisual se presentará junto con integrantes del Concejo Indígena de Gobierno y el CNI Oaxaca.

María tiene muchas expectativas al no saberse sola. “Nuestras hermanas de otras comunidades, otras colectividades, las mujeres y los compas que luchan nos entienden y sabemos que no nos dejarán solos. Porque aquí vamos a seguir resistiendo”, señala la campesina.

En el comunicado también hacen un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derecho Humanos para estar atentos a estos acontecimientos. “Porque ya les entregamos un documento con detalles y pruebas de estas agresiones en días pasados. Les entregamos a cada uno un paquete de documentos”, agrega María.

^{*Los nombres de los testimonios fueron reemplazados por cuestiones de seguridad.}

^{Por Colectivo Geocomunes / En portada: Pobladores de Álvaro Obregón se manifiestan contra la imposición de un parque eólico de la empresa Mareña Renovables. Foto: Santiago Navarro F.}

En las primeras publicaciones se analizaron como el proyecto del Corredor Interoceánico está provocando un proceso de industrialización y privatización de tierras colectivas y la presión que ejercerá sobre el agua con su posible acaparamiento y contaminación.  Esta tercera y última publicación está enfocada en analizar cómo este proceso de industrialización implica también el despliegue de una nueva ola de proyectos de generación de energía para responder a las altas demandas energéticas relacionadas con el megaproyecto.

Para entender mejor esta nueva ola prevista, es importante analizar primero cuál ha sido el despliegue de proyectos energéticos en la región en las últimas décadas y el para qué y para quién de la energía producida.

¿Cuál es el despliegue actual de la infraestructura energética en el istmo?

En los municipios que han sido involucrados de manera directa en el proyecto del Corredor Interoceánico, existen diversas centrales eléctricas en operación las cuales hasta el 2022 sumaban 4,092 Megawatts (MW) instalados. Pero en esta misma región, diversas empresas se encuentran promoviendo nuevos proyectos eléctricos que de construirse agregarían 2,248 MW a la capacidad de generación operando hasta la fecha.

Para el caso de las centrales de generación eléctrica conocidas como “renovables”, el Istmo de Tehuantepec y en particular su zona sur se ha convertido en un área de expansión masiva de proyectos eólicos. Actualmente en el Istmo existen 28 parques eólicos en operación con una capacidad de generación eléctrica total de 2,700 MW, la cual se reparte en 1,580 aerogeneradores instalados hasta el momento. El área que ocupan estos parques corresponde a una superficie de 31 mil hectáreas (ha). También existen 10 parques en fase de construcción o en proyecto con una capacidad proyectada total de 1,100 MW, repartidos en 404 aerogeneradores previstos a instalarse sobre una superficie total de 13 mil ha.  En total son alrededor de 50 mil hectáreas que son ocupadas o amenazadas por proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec.

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Las principales empresas dueñas de los parques actualmente operando son: Acciona (6 parques y 596 MW), EDF (4 parques y 391 MW), Iberdrola (5 parques y 277 MW) y Enel Green Power (3 parques y 246 MW). Con la construcción de su nuevo proyecto eólico llamado “Gunaa Sicarú” (252 MW), la empresa francesa EDF se volverá la compañía con mayor capacidad instalada para la generación eléctrica en el Istmo.

Para ver la ubicación y los datos detallados de cada central eléctrica, acceder al mapa interactivo:

Para el caso de las centrales eléctricas que consumen combustibles fósiles, en el Istmo opera 1 central de Ciclo Combinado y 19 centrales térmicas, principalmente ubicadas en la zona norte de la región ístmica (municipios de Coatzacoalcos, Nanchital, Cosoleacaque y Minatitlán). La mayoría de estas centrales funcionan con gas natural, con excepción de las que operan al interior de las refinerías de Minatitlán y Salina Cruz que funcionan con combustóleo y 3 otras centrales que hacen uso de diésel, bagazo de caña y combustóleo. La capacidad instalada de estas centrales acumula hasta la fecha es de 1,356 MW, de los cuales 619.5 MW pertenecen a centrales de PEMEX y los restantes 736.5 MW a empresas privadas como por ejemplo: CYDSA, Grupo Infra, Braskem Idesa y Contour Global PLC.

En la región del Istmo, existen proyectos con permiso autorizado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la construcción de 2 centrales eléctricas, una a base de gas natural con 200 MW de potencia y otra proyectada para consumir bagazo de caña con una capacidad de 28 MW. También existe un proyecto de central de cogeneración en Salina Cruz que consiste en la construcción de una nueva planta a base de gas natural con una capacidad de 812 MW. De realizarse estos proyectos sumarían 1,040 MW de nueva capacidad de generación eléctrica que incrementarían la demanda de combustibles fósiles en la región.

Mucha de esta energía eléctrica con base en el consumo de hidrocarburos alimenta a la misma industria fósil instalada en la región, y el conjunto de proyectos eléctricos fósiles y eólicos planeados para instalarse en el Istmo, responden a estas mismas necesidades energéticas de los proyectos industriales y de transporte masivo de mercancías que el Corredor transístmico promueve.

En el Istmo de Tehuantepec también están ubicadas algunas redes para la transmisión regional de esta energía eléctrica, las cuales se encuentran articuladas al Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) y su Mercado Eléctrico Regional (MER). El SIEPAC está en proceso de conectarse con el subcontinente suramericano por medio de una línea de transmisión que cruzará la frontera Panamá-Colombia, y que se suma a la interconexión eléctrica ya existente entre México y Guatemala, con lo que se está configurando un sistema integrado de trasmisión eléctrica de escala continental.

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Sumada a esta red de transmisión articulada hacia el sur del continente también existen proyectos para conectar con una nueva línea de transmisión de alto voltaje (500 KV) el área sur del istmo de Tehuantepec (Ixtepec) con Yautepec, Morelos en el centro del país. Esta nueva línea tiene por objetivo desahogar la electricidad generada por los parques eólicos en el istmo debido a que las líneas actuales se encuentran saturadas, lo que  permitiría la construcción de nuevos parques eólicos en la región. Si bien, en 2019 se canceló por parte de la CFE la  licitación para este proyecto de trasmisión, no deja de estar en la carpeta de proyectos energéticos a futuro.

El Istmo de Tehuantepec no sólo ha sido utilizado para la generación eléctrica; colindante al norte de esta esta región se encuentra la zona de mayor extracción y reservas de hidrocarburos del país, así como el núcleo industrial de la producción petroquímica nacional y una de las mayores zonas de producción de petrolíferos.

Según datos de la Secretaría de Energía (SENER) en 2021 el 95.6% de la extracción de petróleo y el 79.8 % de la extracción de gas natural en el país, tuvo lugar en pozos ubicados en la región conocida como cuencas del sureste colindante al noreste del Istmo, y es también ahí mismo donde se localiza el 74.8 % de las reservas probadas (1P) de hidrocarburos que se tienen cuantificadas hasta la fecha. Sumada a esta existencia de recursos fósiles cercana al istmo, también existe la concentración de la transformación industrial de los mismos. Para el 2021, el 38.2% de la producción de petrolíferos en el país, tuvo lugar en esta región, proporción que aumentará en los próximos años cuando inicie operaciones la séptima refinería del país ubicada en Dos Bocas, Tabasco. En el caso de la producción de la industria petroquímica, la región concentra la mayor proporción a escala nacional que para el 2021 llegó a representar el 92 % del total de la producción petroquímica.

Esta extracción y transformación de hidrocarburos se encuentra articulada con una red de ductos para el transporte de los productos de la industria fósil. Uno de los elementos que involucra el Corredor Interoceánico es la ampliación de esta red en la región, la cual actualmente está compuesta por ductos de Pemex para transportar gas natural, gas LP, petróleo y petrolíferos, de entre los cuales destacan 2 oleoductos que van de Teapa a Salina Cruz, un poliducto de Minatitlán a Salina Cruz y un gasoducto que corre de Jáltipan a Salina Cruz el cual fue rehabilitado en el año 2014.

Para la ampliación de esta red de transporte de hidrocarburos se han contemplado varios proyectos que han cambiado de nombre con los años, pero que en la actualidad aún se encuentran en el tintero de proyectos energéticos en la región. Los principales son un gasoducto que lleve gas natural desde el norte del Istmo a Salina Cruz el cual estaba considerado en el plan de expansión de ductos impulsado en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que se mantiene en la actual administración como un proyecto para “atender las necesidades del Corredor transístmico”.

El otro proyecto extiende la red de transporte de gas natural desde el sur del Istmo hacia los países centroamericanos el cual también se mantiene en los planes del gobierno actual bajo el nombre de Gasoducto Prosperidad. Con estas dos expansiones de la Red Nacional de Gasoductos entre Jáltipan-Salina Cruz y su extensión de Salina Cruz hacía Tapachula y Centroamérica, se pretende avanzar en la configuración de una red articulada de transporte terrestre de gas entre Estados Unidos, México y los países Centroamericanos.

A esta red habría que agregar el proyecto de instalación de una terminal de licuefacción de Gas Natural Licuado (GNL) en el puerto de Salina Cruz de la que se comenzó a hablar desde 2014, como parte de una segunda fase del proyecto conocido como Cinturón Transoceánico, con el que se planeaba ampliar el transporte de gas natural desde el Istmo hacia Asia y Oceanía.  Para la realización de este proyecto de una terminal para la exportación de GNL en Julio de 2019, el director de Operaciones de la Overseas Private Investment Corporation (OPIC), ahora llamada International Development Finance Corporation (DFC) de Estados Unidos, anunciaba la intención de financiar con 250 millones de dólares la construcción de esta planta en el sur de México.

En agosto de 2021, la CFE mediante su empresa subsidiaria CFEnergía, avanzaba en el diseño del proyecto mediante la publicación de una convocatoria para “conocer el interés por parte del sector privado en el desarrollo de infraestructura de licuefacción de gas natural en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca”. Con la construcción de esos gasoductos en el Istmo y en Chiapas para conectarse con centroamérica se cumplirá una de las otras metas previstas dentro del “Proyecto Mesoamérica”, generar una interconexión de gas entre EEUU, México y Centroamérica. Lo que permitiría darle mayor salida a los excedentes de gas mediante la técnica de fracking en EEUU.

¿Para qué y para quién sirve la electricidad producida o proyectada en el Istmo? Análisis de los contratos de autoabastecimiento para parques eólicos en el Istmo y de las empresas que se benefician de ellos

Hasta ahora, 20 de los 28 parques eólicos operando en el istmo están bajo la modalidad de “autoabastecimiento”. Estos 20 parques de autoabasto representan el 75% de la capacidad de generación de los parques eólicos instalada en el Istmo.

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La energía que resulta de estas centrales alimenta una parte del mercado paralelo de electricidad en el cual son las grandes cadenas comerciales como Soriana, Walmart o Chedraui las que demandan un cuarto de la energía eléctrica total que se genera en estos 20 parques ubicados al sur del Istmo.

Análisis del consumo de electricidad en el istmo:

En 2018, el sector industrial representó el 53.5% de las ventas de electricidad total en los 79 municipios que conforman el Corredor Interoceánico mientras el sector residencial representó el 36.8%.

Solo 10 municipios concentran el 75% de las ventas de electricidad para este año: Coatzacoalcos, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Minatitlán, El Barrio de la Soledad, Salina Cruz, Cosoleacaque, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Acayucán y San Andrés Tuxtla. Tan solo el municipio de Coatzacoalcos concentra el 37% de las ventas de electricidad en esos 79 municipios.

El gran consumo eléctrico en esos municipios se explica por su vocación industrial, principalmente  derivada de los productos petroquímicos en la zona norte del istmo. Solo dos de los municipios de mayor consumo de electricidad se encuentran en la zona sur del istmo. En el caso del municipio El Barrio de la Soledad, este gran consumo eléctrico se debe a la presencia de la cementera Cruz Azul que utilizó en el 2018 el 95% de toda la electricidad consumida en el municipio. Es 4.5 veces más que los 5,635 usuarios domésticos registrados en este municipio.

Tomando en cuenta el papel preponderante que tiene el sector industrial en el consumo eléctrico regional y nacional (la industria consumió en 2018 el 60% de la electricidad generada en México), la instalación de 10 nuevos parques en el istmo aumentará drásticamente la demanda eléctrica en la región.

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Según el documento “Resumen Ejecutivo Plan Estratégico y Plan Maestro Conceptual del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec” se estima que por la demanda eléctrica ligada a las actividades industriales previstas en el istmo se multiplicará por 2.5 entre 2030 y 2050 pasando de 3,294 a 8,348 millones de watt/hora anuales.

Para responder a este aumento de la demanda eléctrica se tendrán que instalar nuevas centrales eléctricas en el Istmo aunque por ahora no hay información precisa de cuántos centrales serían, donde se ubicarán y en qué tecnologías se basarán. Se puede, sin embargo, sospechar una nueva ola de proyectos eólicos en la parte sur del istmo, nuevas centrales basadas en gas en la parte norte y también en la zona sur abastecidas por los proyectos de gasoductos previstos dentro del Corredor Interoceánico.

¿Utilidad pública? ¿Quiénes y en dónde no cuentan con acceso a la electricidad en el Istmo?

Habiendo tantos proyectos energéticos, es necesario preguntarnos ¿las poblaciones circundantes tienen acceso a esta electricidad? Conocer si la existencia de estos proyectos se refleja directamente en un mayor acceso a la electricidad de las comunidades aledañas resulta muy importante para valorar su utilidad pública.

En 2010, Veracruz y Oaxaca fueron las dos entidades con mayor número de personas en hogares sin disponibilidad de energía eléctrica, registrando en Veracruz 219 mil 528 personas sin electricidad en sus viviendas, y 185 mil 309 en Oaxaca. Según la encuesta intercensal, en 2015, Oaxaca fue la entidad federativa con un mayor número de personas en viviendas sin acceso a luz eléctrica (183 mil 199), seguida de Veracruz con 136 mil 989 personas en esta situación. Para 2020, el Censo de Población de Vivienda registró en Veracruz 85 mil 742 personas en hogares sin disponibilidad de electricidad, mientras que Oaxaca fueron 78 mil 736 personas. En este último año (2020), la mayor parte de la población en viviendas sin disponibilidad de electricidad era hombre (53% a nivel nacional, 54% en Veracruz, 51% en Oaxaca).

Para el año 2020, tan sólo en los municipios abarcados por el Corredor Interoceánico, hay 11.8 mil viviendas sin electricidad, lo que representa el 1.69% de las viviendas de esos municipios.

A nivel de localidad, los contrastes son más amplios: de los 79 municipios que abarcan el proyecto, 35 de éstos tenían al menos una localidad donde el 50% de las viviendas no tenían acceso a electricidad (16 en Oaxaca y 19 en Veracruz). De estos municipios, 19 tenían al menos una localidad donde el 100% de las viviendas no tenía acceso a la electricidad (9 en Oaxaca y 10 en Veracruz).

Como vemos en el mapa, las zonas donde más se produce electricidad, también es donde se concentra más la carencia de este bien: al norte, la zona adyacente a Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque y, al sur la región centrada en San Mateo del Mar, Salina Cruz, Santo Domingo, Juchitán, Santa Maria Xadani, entre otros.

Dentro del debate energético actual, tanto a nivel mundial como nacional, el caso del Corredor Interoceánico, aparece como una cuestión y un sector clave. Por un lado, por el despliegue de una nueva infraestructura de centrales eléctricas, líneas de transmisión y subestaciones para responder a la nueva demanda eléctrica de los parques industriales previstos. Por otro, y de manera complementaria, por el incremento del proceso de extracción de hidrocarburos en la zona norte del istmo con la puesta en marcha de la refinería de Dos Bocas y su procesamiento en los parques industriales previstos, así como su transporte y exportación por medio de la red de gasoductos previstas y de la ampliación de ambos puertos.

De la misma manera que lo que se constató en la publicación anterior sobre el tema del agua, no existe hasta ahora suficiente información sobre los proyectos energéticos concretos previstos para abastecer los nuevos parques industriales. ¿Serán centrales eólicas, de gas, hidroeléctricas, fotovoltaicas? ¿Dónde se instalarán? ¿Quién va a promover esas centrales? ¿La CFE? ¿Empresas privadas? ¿Ambos?

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Frente a tantas dudas, una cosa queda clara: cuál sea la decisión o el plan previsto, llevar adelante este proyecto implicará saturar aún más de infraestructura energética la región (de extracción, procesamiento y transporte de hidrocarburos o de generación y transporte de electricidad), cuando esos proyectos energéticos son los detonadores, en buena medida, de los importantes conflictos socioambientales, de agudización de la desigualdad, la violencia y de cambios profundos en los modos de vida de toda la región.

Esas tres publicaciones tenían por objetivo proyectar algunos efectos que sobre los bienes comunes tendrá la imposición del Corredor Interoceánico. Sin embargo, la falta de información clara, precisa y suficiente con la cual avanza actualmente el mismo, dificulta hacer proyecciones suficientemente detalladas, lo cual genera mucha incertidumbre dada la prisa con la que se está imponiendo el proyecto.

Algunos de sus impactos ya han salido a la luz (particularmente en relación a la tenencia de la tierra y los engaños realizadas en los supuestos ejercicios de consulta) pero muchos otros, tal vez más profundos, no han sido visibilizados, como los impactos que podrían generar en el acceso al agua y, en general, aquellos que se verán con el despliegue de un conjunto de megaproyectos de distintos tipos (de energéticos, de transporte, extractivos, etc.) y sus conexiones con los otros megaproyectos regionales (Dos Bocas, Tren Maya, planes migratorios, proyectos en Guatemala). Todo esto, está aún por verse.

^{En portada: Tras casi 34 horas de persecución y agresiones en su contra, aún se registra el cerco policial contra las familias triquis.}

Después de una jornada de protestas y represión, alrededor de 30 personas, en su mayoría mujeres y niños triquis, pertenecientes a familias desplazadas de Tierra Blanca Copala, Oaxaca, aún se encuentran cercados por policías antimotines de la CDMX.

“No hemos comido, no hemos hecho nada de nuestras necesidades, nosotros exigimos en este momento salir del lugar que estamos porque ahorita seguimos secuestrados por los granaderos”, denuncia una mujer triqui mediante video.

“Ahorita no tenemos acceso a nada. Acá afuera nosotros tenemos a los granaderos, mas de 300 granaderos en contra de 30 personas”, señala la mujer triqui sobre las condiciones en que se encuentran las personas, en su mayoría mujeres y niños, retenidas al norte de la ciudad, cercadas por aproximadamente 1,000 policías.

Las personas agredidas mantenían un campamento en el centro de la CDMX, desde donde protestaban para exigir el retorno seguro a su comunidad, en la mixteca oaxaqueña, tras haber sido desplazadas por un grupo paramilitar.

Sin respuesta y tras 15 meses de permanecer en la ciudad, fueron desalojad@s la madrugada del lunes (25), sin previo aviso y mediante un operativo con cientos de policías.

Desalojo

De acuerdo al gobierno de la CDMX, el desalojo de la comunidad triqui derivó de una queja anónima por las condiciones de insalubridad del sitio.

Poco después de la medianoche del lunes (25), cientos de policías cercaron el campamento de las familias triqui. Al mismo tiempo, personal de limpieza de la ciudad desarmó el campamento y arrojó las pertenencias de las personas a camiones de basura.

En el lugar también se apersonaron funcionarios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), quienes de acuerdo a testimonios presionaron y amenazaron a las mujeres para trasladarse a un albergue improvisado por el gobierno de la ciudad.

Después del desalojo, policías antimotines retuvieron durante horas a las mujeres triqui, quienes rechazaban trasladarse al refugio en una colonia al norte de la ciudad.

Según la versión oficial, el espacio ofrecido cuenta con dormitorio, baños y servicios médicos y para niños. No obstante, acorde a registros y denuncias de las familias desplazadas, el “albergue” consiste en un estacionamiento cubierto parcialmente con una carpa y catres en condiciones insalubres y denigrantes.

Por ello, durante la tarde del martes (26), las mujeres triqui protestaron, rompieron la cerca y salieron para cerrar una avenida cercana, para con ello protestar por el desalojo y las precarias condiciones en que se encontraban.

Protestas

La respuesta policiaca no se hizo esperar. En un instante, elementos antimotines “encapsularon” -como se conoce a la estrategia policial de bloquear el libre tránsito de las manifestaciones- a un grupo de aproximadamente 50 personas que participaban de la protesta.

Por horas, l@s manifestantes permanecieron retenidos. Hasta el lugar se unieron integrantes de organizaciones sociales en solidaridad con las familias triquis. Integrantes de la Sección 9 de la CNTE, así como de la Caravana por el Agua y la Vida, así como estudiantes hicieron acto de presencia para apoyar la manifestación.

Tras el refuerzo, l@s manifestantes consiguieron romper el cerco, con lo cual tomaron rumbo hacia el Zócalo. Sin embargo, el despliegue de cientos de policías consiguió cercar de nuevo a las personas y cortar su paso hacia el centro de la ciudad.

De acuerdo a un comunicado difundido por el Congreso Nacional Indígena, alrededor de las 8 de la noche, el encapsulamiento de los antinmotines mantenía retenid@s alrededor de 70 personas indígenas triquis, otomís, nahuas, alemanes, medios de comunicación y residentes de la ciudad de México.

El documento señala que en ese momento la movilización fue reprimida “generando la persecución de decenas de personas, golpead@s y detenciones, reportándose hasta ahora la desaparición de un niño hijo de triquis de nombre Samuel y sin saber el paradero de vari@s compañer@s”.

Hasta ese momento, detalla el comunicado, se registraron dos encapsulamientos “ubicados en: Calle Plomo 65 y Ferrocarril Hidalgo con alrededor de 17 personas encapsuladas por un grupo de 250 granaderos entre los que se encuentran 10 compañer@s de la comunidad otomí, entre ellos el compañero Diego García y el concejal otomí Filiberto, así como Ricardo Renteria de la comunidad de Milpa Alta que fue herido en la cabeza; así como 7 mujeres triquis; y otro en calle Mapimi 5 Y Calle Plomo con un grupo de 30 personas en donde también hay 5 niñ@s  y alrededor de 100 granaderos, entre los que se encuentran periodistas como Juan Rulfo y compañeras alemanas de Lutzerath”.

Según información de la comunidad otomí residente en la CDMX, quienes se sumaron a las movilizaciones, las familias triquis se refugiaron en una unidad habitacional de la colonia Valle Gómez para no regresar al “albergue” improvisado por la ciudad. En aquel momento de la madrugada se mantenía el cerco policiaco.

La mañana de este martes (26), tanto en la ciudad de Oaxaca como en la CDMX, se registraron diversas movilizaciones en solidaridad con las familias triqui desplazadas, desalojadas y perseguidas.

En la CDMX se movilizan en el Ayuntamiento de la ciudad para manifestarse contra la brutal represión a los pueblos originarios. Al cierre de esta edición, tras casi 34 horas de persecución y agresiones en su contra, aún se registra el cerco policial contra las familias triquis.