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Por medio del presente comunicado público, como ELCI, educadores de la lengua y cultura indígena, de la región de la Araucanía, necesitamos dar a conocer la siguiente situación que esta ocurriendo en la institución JUNJI Araucanía, en donde nos desempeñamos:
Kiñe: por motivos del desalojo de pu lagmen de la municipalidad de Curacautín, el señor Cristian Roberto Jiménez Gajardo, que se desempeña como nutricionista en JUNJI Araucanía emite el siguiente comentario en red social, de manera pública: “se acabó el webeo, orgulloso de mi pueblo, saquenle las rechuchas a esas escorias…” dirigiéndose de esta forma a nuestro pueblo mapuche.
Epu: como educadores de la lengua y cultura indígena, rechazamos toda forma de discriminación y racismo en toda forma de comunicación y por todos los medios utilizables, siendo un funcionario de una institución pública, que además trabaja en jardines infantiles interculturales, donde asisten niños, niñas y sus familias de origen mapuche.
Kula: se ha solicitado en reiteradas ocasiones el pronunciamiento del director regional de la JUNJI Araucanía, don Juan Pablo Orlandini, buscando la reparación de este hecho sucedido en el mes de agosto y al no tener satisfacción respecto de nuestra solicitud de disculpas públicas, hemos solicitado la desvinculación del señor Cristian Roberto Jiménez Gajardo de JUNJI Araucanía. Por haber dado a conocer ésta situación, se nos a presionando desde la institución indicando que habrán descuentos o no pagos de sueldo, consideramos esto un menosprecio a nuestra función de educadores.
Meli: Nos reuniremos pu ELCI de la Araucanía el día 21 del presente mes a las 9:00 horas en las afueras de JUNJI Araucanía, manifestando nuestra molestias por no haber sido escuchado a tiempo nuestras peticiones.
Se despide de usted los 38 funcionarios ELCI de la Araucanía, correspondiente a las comunas de Lonquimay, Ercilla, Puren, Lautaro, Victoria, Melipeuco, Puerto Saavedra, Nueva Imperial, Carahue, Padre las Casas, Freire, Loncoche, Pitrufquén, Vilcun, Chol Chol, Angol, Lumaco y Collipulli.
Registro de este pasado lunes 21 de diciembre manifestación en Temuco, vía Cristian Huaiquifil / Foto portada Ingrid Conejeros.
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Organización de la Sociedad Civil Las Abejas
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Acteal, Chenalhó, Chiapas, México.
19 de diciembre del 2020
A las y los defensores de los derechos humanos
A los medios libres y alternativos
A los medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos.
Queremos invitarles a la conmemoración del XXIII aniversario de nuestros hermanos mártires de Acteal y los XXVIII años de nuestro caminar en la construcción de nuestra autonomía,que se llevará a cabo los días 21- 22 de diciembre del presente año,en la sede de nuestra organización, Tierra sagrada de los mártires de Acteal.
Esperamos a que nos puedan acompañar en estos días y así poder también exigir juntos el informe de fondo de la CIDH en el caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (masacre de Acteal).
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Por Sandra Suaste
En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México Nº 494 se publicó la declaración de utilidad pública. Es el inicio del procedimiento para efectuar el decreto expropiatorio del predio Zacatecas 74, ubicado en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc. Esto sucede dos meses después de la toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Sin embargo, tendrá que pasar al menos un mes para que se cumpla todo el procedimiento jurídico.
Mario Camaño, director de Concertación Política de la Ciudad de México, dio a conocer el procedimiento que se llevará a cabo: El primer paso es la publicación en la Gaceta del 15 de diciembre. En el segundo paso se notificará a los involucrados y se les presentará una propuesta de indemnización junto con el derecho de diez días hábiles para que alguna de las ocho personas que aparecen Registro Público de la Propiedad se inconformen; de no ser así se publicará un segundo aviso, 15 días después de la publicación en la Gaceta.
El tercer paso es la publicación definitiva autorizada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Por lo que la Comunidad Indígena tendrá que esperar al menos hasta el 14 de enero, de acuerdo con las proyecciones que comunicó Juan Romero Tenorio, representante de la Consejería Jurídica y de servicios legales de la CDMX.
“Muchas gracias por la información, siempre nos mienten. Dijeron que el decreto ya estaría para hoy” afirma Isabel Valencia, mujer de la comunidad. “Se lo arrebatamos al gobierno, es un logro de la comunidad” dicen los otomíes, pues el trámite es producto de las gestiones que han realizado previamente. “La toma del INPI fue para obligarlos a hacer su trabajo”.
La Ciudad de México atraviesa una situación riesgosa debido a la pandemia por COVID-19, por lo que la Comunidad Indígena anunció que se resguardará hasta el 12 de enero de 2021.
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Por la zarzamora
En el contexto de una nueva conmemoración del día Internacional de los derechos humanos, las asambleas territoriales, organizaciones sociales, de memoria y derechos humanos del gran Concepción marcharon por las calles de la ciudad exigiendo la libertad inmediata de lxs presxs políticxs del Estallido.
Diversas fueron las convocatorias en distintos territorios para conmemorar pese a todos los atropellos, la existencia de la declaración universal de los derechos humanos, ratificada el 10 de diciembre de 1948, en París, tras los aberrantes crímenes de la Segunda Guerra Mundial.
Este año en Chile, con miles de personas encarceladas tras ejercer su legítimo derecho a la protesta ante un sistema político empresarial indigno corrupto, la demanda generalizadas de los movimientos sociales se articuló en una gran Jornada de Agitación Nacional e Internacional por la Libertad de Lxs Presxs de la Revuelta Social. Dando además por finalizada las jornadas de ayunos colectivos que en distintos puntos del país chileno se llevaron a cabo con el objetivo de solidarizar y visibilizar esta dura realidad.
La jornada de este jueves en Concepción inicio con una concentración en plaza España, para avanzar en marcha hasta la plaza tribunales donde se dio terminó sin incidentes.
Fue camino a sus hogares que cuatro personas fueron detenidas por carabineros tras haber sido seguidas por un dron policial. Sin motivos contundentes fueron liberadas en horas de la tarde pasado el horario límite toque de queda.
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Geovanna Ángulo Ramos tenía 27 años y era maestra de danza cuando desapareció en San Agustín Etla, Oaxaca, el día 25 de noviembre. 5 días después, su cuerpo fue encontrado sin vida en un barranco de Suchilquitongo, Etla.
Al día siguiente, Sherlyn fue asesinada en su estética, en el barrio del ex-marquezado, en la ciudad de Oaxaca. Fue atacada por hombres armados, quienes le dispararon y huyeron del lugar. Hasta la fecha nadie ha sido detenido.
Violencia feminicida y transfeminicida
Los asesinatos de Geovanna y Sherlyn se suman a los 447 feminicidios que han ocurrido en la entidad durante el actual sexenio de Alejandro Murat. Tan solo en este año 2020, al menos 94 mujeres han sido asesinadas. El 25% de sus cuerpos ha sido tirado en barrancos.
Geovanna y Sherlyn también tienen en común el hecho de ser mujeres trans. De acuerdo con el Centro de Apoyo a Identidades Trans, Oaxaca, entre 2007 y 2017 se contabilizaron 442 asesinatos de personas trans en el país, de los cuales 19 ocurrieron en Oaxaca. En 2018, se sumaron 34 asesinatos trans, y hasta el 20 noviembre de este año se han acumulado 35 más.
Según la misma organización, la esperanza de vida de las personas trans en América Latina apenas alcanza entre 35 y 40 años, esto debido a la cantidad de crímenes de odio, así como a la exclusión social que sufren en el día a día.
Ante la violencia, la organización y la resistencia
Tras estos actos de violencia extrema, familiares, amistades de las víctimas, integrantes de la comunidad LGBTTI+ y/o feministas han protestado en varias ocasiones.
Las Auténticas Intrépidas Buscadoras de Peligro, Muxes de Juchitán de Zaragoza, en el Istmo de Tehuantepec, emitieron posicionamientos para exigir que se esclarezcan los dos asesinatos reportados en Oaxaca, advirtiendo que tanto Geovanna como Sherlyn fueron atacadas con saña y odio salvaje, “por el simple hecho de ser diferentes”.
En un comunicado, Integrantes del Tianguis Autogestivo y disidente de la ciudad de Oaxaca recordaron a Geovanna y Sherlyn como personas que “se atrevieron a vivir siendo quienes eran: mujeres fuertes, valientes y cariñosas. Que tocaron la vida de quien les conoció, y continúan tocando muchas otras, convocadas por el dolor y rabia que provoca su ausencia; que en este lugar hostil en el que ser auténtica es un acto de resistencia, el amor que sembraron, trascenderá.”
También señalaron la responsabilidad del gobernador del Estado, Alejandro Murat, así como la necesidad de organizarse frente a la violencia.“Escúchelo bien, gobernador: Esto tiene que parar. No somos un número moldeable a sus intereses, no somos una cifra más. Tiene las manos manchadas con la sangre de cada una de las niñas, mujeres, lesbianas, personas trans y disidentes de género asesinadas en las calles, negocios y casas, y tiene que responder por ello”.
En este pronunciamiento también se ha hecho responsable a las insttituciones que conforman el Estado, porque Oaxaca “es uno de los más violentos del país, de los primeros en feminicidios, transfeminicidios y crímenes de odio a la población LGBTI+, y aun así, no existen estadísticas gubernamentales que visibilicen el problema. El gobierno niega una violencia que se desborda, finge que no pasa nada y derrocha en una atracción luminosa, inservible, el dinero que debiera destinarse a la búsqueda de las cientas de mujeres desaparecidas en este territorio, ignorando el contexto pandémico, el mismo que usan de pretexto para reprimir la autogestión”, señalaron las integrantes del Tianguis.
Este proceso autogestivo también advirtió, “no callaremos ante la violencia que nos arrebata a más de once mujeres cada día. Nuestras vidas no son desechables, nuestras identidades se respetan, nuestros cuerpos no se tocan, y si tocan a une, respondemos todes”, expresaron.
Así mismo, insistieron en la necesidad de recordar a todas las que ya no están: “Hoy recordamos a Shirley, a Geovanna, a Carly y a todas las mujeres trans asesinadas. Les despedimos con ternura. También, exigimos el regreso de Zaira Leticia Morales Noyola, desaparecida el 23 de octubre en Huajuapan, y de la Chikis, compañera trans desaparecida en Puerto Escondido desde el 2018, así como el regreso de cada una de las hermanas a las que seguimos esperando en casa. Porque vivas se la llevaron, y vivas las queremos”, declararon.
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En el marco de la conmemoración del día internacional de los Derechos Humanos en Concepción, artistas autoconvocadxs de Concepción salieron nuevamente a las calles para denunciar a través del arte el vínculo de la Universidad de Concepción (UdeC) con la prisión de 11 jóvenes populares acusados de más de 80 delitos.
La propuesta artística tuvo lugar en diferentes puntos de la mencionada casa de Estudios y es descrita en la siguiente declaración:
En la Jornada Nacional e Internacional por la libertad de las y los presxs políticxs de la revuelta, enmarcada en la conmemoración del Día Internacional de los DD.HH, se realizó la intervención callejera “udec encarcela”, la cual se plantea como un acción de arte y política que reivindica el uso del espacio público como legítimo lugar para ejercer el derecho a la protesta, recordando que es en las calles de la ciudad penquista donde hemos convergido hace más de un año diversas organizaciones sociales, sindicatos, asambleas, movimiento feminista, ciclistas y agrupaciones de trabajadores y trabajadoras del arte como AAA, todes quienes en su conjunto componemos la fuerza del movimiento social que lucha y exige la urgente y necesaria transformación del actual sistema patriarcal neoliberal y extractivista responsable de desigualdad social en chile, de aberrantes y acumuladas prácticas de injusticias, devastación de la naturaleza y empobrecimiento cultural.
Somos todas, todos y todes parte del mismo movimiento social quienes nos manifestamos de diversas maneras, suma que ha posibilitado tanto el logro del retiro del 10%, como el pasado plebiscito del 25 de octubre y la instalación del actual proceso constituyente. Hemos sido testigos también de la forma en que se ha criminalizado la protesta social, bajo diversos mecanismos: persecuciones, amedrentamientos, montajes, detenciones arbitrarias y procesos judiciales que no se ajustan a un debido proceso, sino que más bien, antes de iniciarse operan bajo la lógica de la condena pública, donde los inculpados/as con o sin pruebas con “castigados” mediáticamente dañando su imagen y privándoles de libertad.
¿Cuál ha sido el rol de la Universidad de Concepción en este histórico proceso de transformación social?
“Caso Udec” sintetiza la visión que esta institución tiene hacia la comunidad penquista movilizada y nos demuestran cómo desenvuelve en la práctica su misión frente al actual conflicto que atravesamos como sociedad. Los valores éticos y espirituales del alma mater asocian los enfrentamientos con carabineros al interior de la universidad como actos de violencia, lo que les justifica para facilitar material audiovisual que permitan generar evidencia condenatoria en la querella interpuesta contra 11 personas entre ellos menores de edad, jóvenes y adultos de orígenes socioeconómicos populares que han sido inculpados de más de 80 delitos. Dejando de manifiesto su adscripción a principios punitivos y represivos frente a las y los manifestantes quienes recordemos se enfrentan con carabineros en un contexto ampliamente descrito y reportado por los observadores de organismos internacionales de DD.HH, desmedido y abusivo de la fuerza incurriendo en una sistemática política de violación de derechos humanos por parte de la fuerzas de orden avaladas por el estado. Esta institución ha demostrado en el curso de este año su completa falta de capacidad real en su vinculación con el medio, carente de empatía, dando señales de indolencia frente al padecer de madres, padres, hijos, hijas, vecinos y vecinas que conforman el tejido social del gran Concepción, mostrando su incapacidad de liderar procesos hacia un “desarrollo libre del espíritu” acorde a las necesidades y complejidades de los tiempos que vivimos.
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14 organizaciones integrantes de la Red TDT así como 3 organizaciones internacionales visitaron comunidades de las regiones Altos, Norte y Costa para documentar violaciones a DDHH.
La impunidad y falta de acceso a la justicia generan un clima de riesgo para el CDH Digna Ochoa y el CDH Fray Bartolomé de las Casas.
La falta de voluntad política agudiza la crisis de derechos humanos que viven las comunidades chiapanecas.
Entre los días 7 y 10 del presente mes de diciembre, una Misión Civil de Observación compuesta por 14 organizaciones pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) —conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana— y acompañadas por tres organizaciones internacionales[1] visitamos comunidades en las regiones Norte, Altos y Costa de Chiapas con el objetivo de documentar diferentes problemáticas de derechos humanos. Durante esos días, pudimos atestiguar situaciones críticas de vulneración de derechos fundamentales en las tres regiones, con una preocupante falta de voluntad y empatía por parte de las autoridades.
La Misión Civil de Observación (MCO) tuvo la oportunidad de visitar las comunidades de Chalchihuitán, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá, donde recogimos testimonios con personas afectadas por situaciones de desplazamiento forzado, despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento, amenazas, criminalización, entre otras agresiones. Por otro lado, también se llevaron a cabo reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno para conocer el seguimiento que están dando a las diferentes problemáticas y casos concretos.
Las organizaciones de la Red TDT que participamos en esta Misión Civil de Observación queremos expresar nuestra preocupación por el contexto de violaciones sistemáticas y estructurales de derechos humanos que hemos podido documentar en las tres regiones, especialmente queremos resaltar el efecto diferenciado en las mujeres y, principalmente, en las infancias de todas las comunidades visitadas quienes presentan graves impactos psicosociales y la falta de mínimos vitales para la vida y la dignidad de estas poblaciones.
Igualmente alarmantes resultan la situación de insuficiencia alimentaria, los inexistentes servicios de salud y medicamentos –incluso para quienes han resultado heridos durante las agresiones contra las comunidades– que sumados a la situación de desplazamiento forzado amenazan y ponen en riesgo la vida de cientos de personas. Dichas situaciones se agravan por la falta de condiciones de seguridad y de acceso a la justicia, ante la existencia de grupos paramilitares y de choque que impunemente agreden a las comunidades y que implican un riesgo latente para ellas y para quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos. En ese sentido, también destacamos las amenazas de muerte, agresiones directas y actos de criminalización en contra de personas defensoras y de ayuda humanitaria, que realizan su labor en un clima de violencia generalizada.
Además, las organizaciones de la Red TDT denunciamos la falta de voluntad y empatía de las autoridades que permite la continuidad de una grave situación de violaciones a derechos humanos. Es indignante la situación de violencia estructural que se permite e, incluso, se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades. A esto se suma un claro problema de falta de acceso a la justicia que también se relaciona con la inoperancia de las fuerzas de seguridad pública para frenar la violencia y la falta de actuación de la Fiscalía del Estado aún cuando tienen claro conocimiento de los responsables de los ataques armados.
También hacemos un llamado para que Cristóbal Santis Jiménez, preso político por su labor de denuncia de las agresiones sistemáticas a las comunidades de Aldama sea puesto en libertad de manera inmediata.
Finalmente, queremos señalar que la Misión Civil de Observación se reunió con autoridades de gobierno de los tres niveles sin que se pudieran llegar a acuerdos concretos y seguimientos que logren garantizar la dignidad y la vida de las personas. Hoy, 10 de diciembre de 2020, Día Internacional de los Derechos Humanos, nos encontramos con una grave situación de violencia en la que el Estado mexicano debe asumir la responsabilidad que le corresponde y cesar la simulación y la falta de atención para las comunidades y personas defensoras que sufren violencia en Chiapas.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)
(Conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana)
Con el acompañamiento de Médicos del Mundo, Servicio Internacional por la Paz (SIPAZ), Movimiento Sueco para la Reconciliación (SweFOR).
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La resistencia de las mujeres indígenas chiapanecas no es una novedad de los últimos años. Ya en marzo de 1993, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional vivió un “alzamiento” anterior al del 1º de enero, encabezado por las insurgentas: no hubo bajas y ellas ganaron. Luego de un profundo debate en el seno de las comunidades, elaboraron la Ley Revolucionaria de Mujeres, que exigía el reconocimiento en territorio zapatista de un conjunto de derechos y la igualdad de oportunidades en todos los planos de la vida. De ahí en más, no han cesado en su lucha contra el sometimiento y la humillación, tanto dentro como fuera de sus comunidades. En este nuevo aniversario del nacimiento del EZLN, compartimos una entrevista realizada en 2005 a Leticia, autoridad del Municipio Autónomo Magdalena de La Paz, en la región de Los Altos de Chiapas.
Texto: Hernán Ouviña
Fotos: Serie La libertad según l@s zapatistas | Colectivo Manifiesto
¿Cómo eran tratadas las mujeres antes del alzamiento zapatista?
Antes nuestra situación como mujeres era muy mala. Nosotras desde niñas no teníamos derecho ni siquiera a hablar. Incluso nuestros abuelos y padres no dejaban que habláramos, y en la propia casa, de parte de nuestra familia, muchas veces sufríamos explotación. Desde niñas vivíamos nuestra triple situación. Sufríamos de pequeñas, pero también de grandes seguíamos así. No nos dejaban participar, como si no fuéramos integrantes de la comunidad, del Municipio, o de la nación. Siempre nos han despreciado y marginado. Antes no podíamos levantar siquiera la vista, ni decirle nada a nuestros esposos, porque siempre fueron muy celosos de nosotras. Teníamos que andar agachadas. Según ellos, nomás servíamos para hacer la comida y cuidar a los niños. Tampoco podíamos ir a la escuela por ser mujeres indígenas. No teníamos derecho a ningún tipo de participación. Los padres mismos nos escondían dentro de la casa, y a veces llegaban a decir que la niña era sorda para no mandarla a la escuela. Por eso nosotras no tuvimos una educación completa y aún hoy nos cuesta mucho explicar nuestra situación. No teníamos siquiera derecho a la herencia de nuestros padres. Solo los hombres lo tenían. Pero ahora sabemos que eso no es cierto: también sabemos pensar y tenemos derechos como los hombres.
¿Qué las motivó a empezar a participar?
Nosotras como mujeres vimos poco a poco la necesidad de empezar a participar, hasta que en 1994 dijimos ¡Ya Basta! a la triple explotación, como mujeres, indígenas y pobres. Empezamos la guerra en 1994 para hacernos escuchar. Vimos la necesidad porque el mal gobierno no nos tuvo nunca en cuenta. Por eso decidimos tomar las armas: para que nos respeten. Ya no queremos ser como antes; ahora exigimos ser tenidas en cuenta. Por eso gritamos que sí podemos participar, como lo estamos haciendo en este Municipio Autónomo, donde nuestro pueblo nos eligió para que seamos autoridad. Pero no solo nosotras lo estamos haciendo. Hay mujeres que participan también desde el 1º de enero en la salud y la educación autónomas, o en el trabajo colectivo en cooperativas. Junto con los hombres, queremos avanzar y aprender a resolver nuestros problemas. Nosotras nos sentimos mal cuando no nos dejan participar. Pero ya no vamos a estar más agachadas: que sepan los hombres que también ellos pueden cuidar niños o trabajar en la cocina. Queremos democracia, justicia y libertad, pero también igualdad con respecto a los hombres.
¿Los hombres aceptan que participen?
Hay algunos hombres, incluso padres y esposos, que todavía no han entendido que nuestra lucha también es suya, y no permiten que sus hijas o esposas ocupen un cargo o simplemente participen; aunque también es verdad que muchos otros sí nos acompañan, y fomentan nuestra participación.
¿Cuáles son las demandas de las mujeres zapatistas?
Nuestra principal demanda es que nos respeten, que haya igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que podamos respetarnos entre sí y caminar juntos. Además, como zapatistas seguimos exigiendo nuestros once puntos del 1º de enero de 1994, que el gobierno federal no quiere reconocer: trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Muchas son nuestras demandas. Las mujeres, por ejemplo, tenemos que poder decidir sobre nuestro propio cuerpo, decidir si queremos tener hijos, y cuántos van a ser. No solamente los hombres tienen ese derecho. Antes no era así: a nosotras nos pegaban siendo niñas porque ellos querían puros niños. Ahora queremos que no solamente las mujeres indígenas decidan y participen, sino todas las mujeres del mundo.
¿Por último, qué mensaje le darías a las mujeres que están luchando en otros territorios?
Nomás les voy a decir que nosotras como mujeres sí podemos organizar cualquier tipo de trabajo. Tenemos la sabiduría y la inteligencia también para poder gobernar. Y aquí vamos a estar siempre, de pie, porque dijimos ¡Ya Basta! Les diría que sigan adelante, que empiecen a gobernar y a participar, que se sumen a la resistencia aquellas que aún no se han sumado, que no se desanimen en sus trabajos. Nosotras las zapatistas no estamos luchando solo para nuestro país, sino también para todo el mundo. Por eso queremos un mundo donde quepan muchos mundos. Queremos que haya justicia, igualdad y democracia para todas y todos. Les diría además que hagan suyas las demandas zapatistas, llevando como bocina nuestra palabra. Que sepan que aquí vamos a estar hasta triunfar. Aunque el mal gobierno dice que ya no hay zapatistas… ¡Pues aquí estamos! Aunque nos manden paramilitares a los Municipios Autónomos, nosotras seguiremos en resistencia. Aunque los soldados federales planten droga en nuestras tierras para implicarnos, o nos hostiguen los guardias blancos, no tendremos miedo. Continuaremos avanzando con la autonomía en nuestros propios territorios, aunque el mal gobierno no lo quiera.
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Foto: Archivo de Avispa Midia
Pese a que Obrador se comprometió en dos momentos distintos a establecer el diálogo con las comunidades que denuncian afectaciones por la empresa de capital canadiense Minera Cuzcatlán, Semarnat se ha negado a abrir un canal de comunicación.
El Frente No a la Minería Por un Futuro de Todas y Todos, compuesto por autoridades municipales y agrarias de 10 comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca, emitió este lunes (7) un comunicado en el cual exige que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart) niegue la autorización la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “San José II”, una ampliación del proyecto minero en explotación desde 2011 por la empresa Cuzcatlán, una subsidiaria de la canadiense Fortuna Silver Mines, que explota oro y plata en San José del Progreso.función de una manifestación de impacto es prevenir posibles impactos ambientales con obras y proyectos que deben ser construidos. Sin embargo, con la MIA de “San José II” la empresa minera Cuzcatlán pretende justificar la construcción de 75 obras construidas previamente sin autorización ambiental. “La protección del medio ambiente no puede reducirse a un simple trámite burocrático”, dice el comunicado.
La función de una manifestación de impacto es prevenir posibles impactos ambientales con obras y proyectos que deben ser construidos. Sin embargo, con la MIA de “San José II” la empresa minera Cuzcatlán pretende justificar la construcción de 75 obras construidas previamente sin autorización ambiental. “La protección del medio ambiente no puede reducirse a un simple trámite burocrático”, dice el comunicado.
Este Frente de comunidades sostiene que la empresa minera no declara en su estudio los impactos acumulativos por 10 años más de explotación. La MIA “presenta información sesgada y minimiza los impactos producidos por el proyecto minero; en el documento los impactos son evaluados como ‘moderados’ y ‘positivos’”, sostiene el Frente.
Las comunidades de los Valles Centrales denuncian que han sido testigos “de la contaminación del agua, la emisión de polvos, ruido, el desplazamiento de fauna silvestre en la región, el impacto en el paisaje, además de graves violaciones a los derechos humanos y conflictos sociales producidos por el proyecto minero”.
Los pueblos que constituyen este Frente de resistencia, todos ellos indígenas zapotecas, tuvieron acceso al MIA porque la Semarnat organizó en su sitio web una consulta pública, que es distinta de la Consulta Libre, Previa e Informada, prevista por el Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT), específica para pueblos indígenas y que debe llevar en consideración sus derechos, no obstante, nunca fue llevada a cabo.
Además, la consulta tuvo carácter exprés, denuncia el Frente, con duración de 10 días. Fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria el 13 de noviembre, dando como fecha máxima para recibir observaciones el 23 de noviembre. “Dichos plazos resultan limitados, máxime cuando nos encontramos en un periodo de contingencia sanitaria, por lo que dicha acción violenta nuestros derechos a la información pública y participación ciudadana”, sostienen las comunidades.
Obrador
En 2019 las comunidades interceptaron el carro del presidente de la República Andrés López Obrador, que pasaba por la región, y lograron exponerle la problemática que viven. El mandatario dijo mandaría un funcionario para escucharlos. Sin embargo no lo cumplió.
El 9 de septiembre de 2020, increpado nuevamente en su conferencia que emite por las mañanas, el presidente se comprometió a platicar con María Luisa Albores, secretaria de la Semarnat, de manera que se pueda establecer un canal de comunicación con estos pueblos. “Desde esta fecha, hemos buscado un canal de diálogo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual ha sido negado porque ‘no han podido encontrar un espacio en la agenda’”, señala el comunicado del Frente.
Medidas contundentes
Los pueblos en resistencia emplazan al gobierno federal para establecer una mesa de dialogo, solicitada por el H. Ayuntamiento de Magdalena Ocotlán, desde el día 03 de noviembre de 2020, para exponer la problemática y construir soluciones conjuntamente con los pueblos y comunidades afectadas por el proyecto minero San José, de la Minera Cuzcatlán.
Las comunidades advierten que “en caso de que la Semarnat siga favoreciendo intereses privados por encima de los derechos colectivos de los pueblos, nos movilizaremos y tomaremos medidas contundentes para garantizar que nuestros derechos sean respetados”.
Los municipios que componen la Frente son: Autoridades agrarias y municipales de: Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, San Matías Chilazoa, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec, Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO).
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Emisión N° 38 | 3° temporada
Masivo paro agrario en #Perú. Se profundiza el modelo del agronegocio en #Argentina. Comunidades de #Panamá denuncian un megaproyecto eléctrico sin consulta. Campaña internacional “Rompe la cadena, no compres explotación”. Autorganización de las nacionalidades amazónicas en #Ecuador.
Recomendado cultural de Perú sobre Coref Storni y su canción Nosotras Paramos
Para conocer la información disponible sobre Monsanto-Bayer que menciona Anabel Pomar de #Argentina, ver: http://monsantopapers.lavaca.org/
Reportes a Perú, Panamá, Ecuador y Argentina
Comunican Anabel Pomar, Karen Díaz, Ayelén Correa Ruau, Olmedo Carrasquilla, Andres Tapia, Guillermo Folguera, Rogelio Urriola y Luis Vargas.
Participan Radio La Voz de la CONFENIAE, Colectiva Chinata, Radio Temblor Internacional, Red TierraActiva, JOC América, Congreso Indígena Ngäbe Buglé
Edición y montaje: Colectiva Chinata
Imagen de portada: Afiche de campaña ROMPE LA CADENA, NO COMPRES EXPLOTACIÓN
