A la comunidad internacional
A los medios de comunicación
Hoy, 21 de noviembre de 2021 desde las 10:00 horas, un grupo armado atacó a hombres, mujeres, niños y ancianos zoques del Ejido Esquipulas Guayabal, municipio de Chapultenango, Chiapas al sur de México.
Resultado del ataque las muejeres zoques heridas fueron llevadas a casas particulares por la flata de condiciones adecuadas del hospitl básico de Chapultenango; además, hay mujeres y niños desaparecidos y casas quemadas. Hasta el momento, el grupo armado mantienen sitiada la comunidad.
El ataque deriva de la incorfomidad de la resolución del expediente 476/2019 del tribunal agrario por la disputa de más de 2 000 hectáreas sobre las tierras del volcán, donde de manera dolosa y bajo engaños el Registro Agrario Nacional y Procudaduria Agraria han confrontado a los campesinos del lugar por la ejecución del programa PROCEDE desde el año 2002.
¡Responsabilizamos al Estado Mexicano por su negligencia para resolver el conflicto agrario que data de hace mas de 19 años!
El grupo armado con fusiles de asalto de alto calibre atacó a hombres, mujeres, niños y ancianos zoques, hasta las 18:00 mantiene tomado el pueblo del ejido Esquipulas Guayabal, municipio de Chapultenango, Chiapas.
La mayoría de las familias zoques se encuentran desplazadas en la cabecera municipal y continúan personas desaparecidas, entre ellas las autoridades comunitarias del ejido.
¡Exigimos el desarme inmediato del grupo armado!
¡El retorno de la paz en las tierras zoques del volcan!
El pasado domingo 7 de noviembre de 2021, en un estadio de Slumil K’ajxemk’op, en Roma, Italia, las mujeres mayas zapatistas saltaron a la cancha vestidas de color morado, todas con su representativo número 7 en la espalda (ver comunicado del EZLN “Después de los 17. (La sección miliciana Ixchel-Ramona)”).
En un evento deportivo público, LA PAZ (Libre Asamblea Pensando-Practicando la Autonomía Zapatista) convocó a las equipas solidarias de Hic Sunt Leones (Boloña), Ancona Respect, Guastafeste (Roma), Atlético San Lorenzo (Roma) y Torpedo (Roma) para jugar fútbol y rugby con la selección femenina del EZLN autodenominada Ixchel-Ramona. El torneo rebelde sucedió en un estadio defendido por el movimiento squat u okupa en tierras insumisas italianas, el cual anteriormente era un galgodromo donde se realizaban apuestas a costa del sufrimiento canino. Estas instalaciones fueron recuperadas por colectivos que lo gestionan de manera autónoma para llevar a cabo diversas actividades culturales y deportivas. Una diversidad de colectivos agrupados en LA PAZ colaboraron para gestionar y organizar la Gira por la Vida por Italia. Prepararon la concentración anterior a la salida hacia la península ibérica de todas las delegaciones de los grupos de Escucha y Palabra del EZLN, femeninos y masculinos, incluyendo al Comando Palomitas, al Congreso Nacional Indígena y al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, es decir, a la Extemporánea en su conjunto.
Para quien tuvo el privilegio de presenciar los partidos, las escenas que se regalaron en el encuentro fueron de lo más emotivas y extrañas para cualquier aficionado habitual al deporte de las patadas. Por principio en las tribunas no existió ese ambiente nacionalista que uno puede presenciar en los estadios cuando dos escuadras de distintos países compiten. No se escuchó lenguaje homofóbico. No hubo distinción entre visitantes y locales. Antes del inicio, poco después del mediodía, a través del sonido local, se advertía a los asistentes que la justa deportiva tenía como objetivo la convivencia solidaria, fraternal, política y militante; contraria a la comercialización del deporte, a la competencia y a los valores de consumo fomentados por el capitalismo.
Integrantes de Mujeres que Luchan Oaxaca, la Colectiva Jurídica por la Dignidad Disidente, la Comedora Comunitaria y otras agrupaciones y personas aliadas marcharon la mañana de miércoles, 17 de noviembre, desde el Zócalo de la Ciudad de Oaxaca hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, para exigir la aparición con vida de Irma Galindo Barrios, defensora comunitaria Ñuu Savi, cuyo paradero no se sabe desde el pasado 27 de octubre.
Guadalupe Santaella, una integrante de Mujeres que Luchan Oaxaca, pronunció: “Por sus familiares sabemos que nuestra compa no aparece. Estamos esperando y estamos exigiendo su pronta aparición. Estamos exigiendo que el gobierno agilice su búsqueda. Sabemos que en lo que va de este sexenio han desaparecido muchas defensoras de la tierra. Irma Galindo Barrios es una defensora de la Madre Tierra”.
Una miembra de la Colectiva Jurídica por la Dignidad Disidente, cuyo nombre se reserva por motivos de seguridad, precisó: “Como defensoras, como feministas comuntarias, nos pronunciamos en exigencia al gobierno del Estado de Oaxaca, a Alejandro Murat Hinojosa, en la exigencia de la aparición con vida de nuestra compañera defensora de la Madre Tierra, Irma Galindo Barrios, desaparecida en la Mixteca por defender su territorio, por defenderse en contra de los talamontes de la región de la Mixteca…Irma Galindo te estamos buscando y te vamos a encontrar, hermana”.
De acuerdo con la Red de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), Irma Galindo fue vista por última vez el 27 de octubre en la Ciudad de México, a donde se había desplazado para asistir a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Nunca llegó a esta reunión.
En un comunicado publicado el 6 de noviembre, la RNDDHM precisa: “El 27 de octubre fue también el último día en que se conectó a redes sociales, donde denunció el conflicto que vive su pueblo Ñuu Savi y señaló que el gobierno del Estado de Oaxaca lleva más de dos años ‘aplicando estrategias’ entre las que se encuentran el desplazamiento forzado, ‘que vulneran a las y los habitantes defensores de Mier, Terán y Ndoyonuyuji’.”
Existe la posibilidad de personas heridas, algunas familias se escondieron en la montaña por miedo a las fuerzas de seguridad. Se confirma la captura de una mujer que defendía su vivienda.
Por Prensa Comunitaria
96 familias Q´eqchi´ fueron desalojadas este día por un grupo grande de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Los comunitarios dijeron que la policía utilizó maquinaria pesada para destruir las viviendas; también fueron quemadas las pertenencias de las familias.
Se reporta la captura de Irma Yolanda Choc Maquín por intentar defender su vivienda; su hija de 5 años quedó bajo custodia policial por no haber un familiar cercano a la menor.
Las familias que hoy perdieron su hogar piden la solidaridad y acompañamiento de la sociedad guatemalteca pues perdieron todas sus pertenencias y no cuentan con un lugar para resguardarse.
-Una comunidad perseguida y violentada
La comunidad Chinebal en el área sur de El Estor, Izabal, ha estado bajo amenaza de desalojo desde hace varios años, pues es un territorio que la empresa productora de aceite de palma, Naturaceites, arrenda para sembrar y procesar palma africana.
Hace un par de meses (19 de septiembre) el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) lanzó un comunicado en el cual divulgaba sobre el secuestro de dos zapatistas – Sebastián Núñez Pérez y José Antonio Sánchez Juárez, autoridades Autónomas de la Junta del Buen Gobierno de Patria Nueva -, orquestado por la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO). Por ocho días ambos hombres fueron privados de su libertad hasta que, gracias a la presión de párrocos de San Cristóbal y Oxchuc, la movilización de organizaciones de derechos humanos y la difusión nacional e internacional sobre el agravio, fueron liberados. Este fue un hecho que comenzó a extinguir la paciencia y que evidenció la brutalidad vivida al Sur del país.
Las noticias sobre ataques paramilitares, atentados y secuestros en contra de los miembros y familias del EZLN en Chiapas se vuelven cada día más constantes y violentas. Aunque para algunos podrían parecer eventos aislados y recientes, en realidad existe una historia de criminalidad que se gesta desde hace décadas y los acontecimientos se tejen entre sí. Como se revela en el comunicado del EZLN, la ORCAO está en coalición con el gobierno, que alienta a la violencia y muerte en un estado que poco a poco es devorado por la paramilitarización, el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción.
Días después de publicarse el comunicado, se llevó a cabo un conversatorio transmitido en “La Comuna” – un programa de difusión política, de acompañamiento en la defensa del territorio-, organizado por la Red Universitaria Anticapitalista, en el cual participaron los miembros de la Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq, Diana Itzu y Rigoberto Albores, y el columnista de la “Jornada”, Luis Hernández Navarro, para ahondar en la temática.
El antecedente
Ocosingo, municipio chiapaneco ubicado en la frontera ente México y Guatemala, es un territorio de interés para el gobierno, pues es una de las zonas en donde se planea asentar el Tren Maya, además de ser un área en la que se ha implementado el proyecto del gobierno federal “sembrando vida”. Dentro de Ocosingo se localizan tanto Nuevo San Gregorio, sede del caracol zapatista 10, como en Moisés Gandhi, hogares de familias del EZLN que se dedican a la agricultura, tejido en telares, carpintería y alfarería para subsistir. Los habitantes de estas localidades se consideran a sí mismos guardianes del territorio, no dueños, y por ende aprovechan los recursos para subsistir en lugar de lucrar.
Los pobladores de Ocosingo se enfrentan constantemente a las intimidaciones y ataques armados de la ORCAO. Aunque en un principio la relación entre las comunidades del EZLN y la ORCAO fue relativamente pacífica, con el pasar de los años la ORCAO comenzó a adquirir matices paramilitares y a acosar a los cohabitantes de la región.
Las tácticas
La táctica de la ORCAO consiste básicamente en destruir las bases económicas de las familias zapatistas, quemando sus cultivos, allanando sus cooperativas y destruyendo sus plantas medicinales, aunque eso no es todo. Según los testimonios de los participantes del conversatorio, las familias zapatistas están secuestradas en sus propios hogares, constantemente amedrentados por ráfagas de balas que les impiden salir de sus hogares a buscar alimento, agua, acudir a las escuelas o a las clínicas. Dolorosamente, el escenario en las casa es igual o aun más fatídico, dado que las paredes de los hogares no rivalizan con la potencia de los disparos. “Los niños duermen con las botas de hule puestas”, en caso de que se inicia un tiroteo, pero ¿a dónde ir? No parecen existir lugares seguros para ellos.
Pese a que la ORCAO es perpetrador de violencia psico-socio-emocional y física hacia poblaciones enteras, sin importar si niños salen heridos, ellos han adoptado una postura en la cual se victimizan, calumniando y difamando a las familias del EZLN.
Las constantes
El patrón observado por los invitados de “La Comuna” es que cada vez que el EZLN realiza anuncios de acciones de peso político sucede algún ataque en contra de la comunidad chiapaneca del EZLN. Un ejemplo de ello es que Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez, activistas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, fueron secuestrados el 12 de abril, apenas unos días antes de que zarpara en Europa el escuadrón 421, contingente marítimo de la gira zapatista por la vida en Europa.
Otro ejemplo es que los secuestros de Sebastián Núñez Pérez y José Antonio Sánchez Juárez se suscitaron a la brevedad de la partida de “la extemporánea”, segundo contingente de la gira por la vida.
Como remarca Hernández Navarro, “no son hechos aislados, son parte de una matriz, el modelo regional de dominio está reventando por todos lados y tiene que ser enfrentado como una situación de conjunto y no como hechos aislados”.
Apenas el 14 de octubre sucedió otro terrible ataque por parte de la ORCAO. Individuos fuertemente armados que a menos de 30 metros de los hogares de las familias zapatistas se dispusieron a abrir fuego. Ninguno de los tres niveles de gobierno se muestra interesado en actuar. El trabajo colectivo ha sido el pilar en el cual se sustenta la fortaleza de la comunidad, reforzado por el interés internacional que ha alzado la voz al ver tremenda injusticia e indiferencia.
ORGANIZACIONES EUROPEAS EXIGEN EL ALTO A LA VIOLENCIA PARAMILITAR
EN MAGDALENA ALDAMA, ESTADO DE CHIAPAS.
El presente comunicado será enviado a las autoridades mexicanas a nivel federal y del Estado de Chiapas, así como a los medios de comunicación.
Las organizaciones abajo firmantes exigimos el alto a la violencia y a las amenazas paramilitares en las comunidades de Magdalena Aldama en el Estado de Chiapas y la libertad incondicional para Cristóbal Santiz Jiménez.
La organización La Voz del Pueblo de las comunidades de Magdalena Aldama ha denunciado en octubre de 2021 que viven “bajo la lluvia de disparos por los grupos armados de corte paramilitar de Santa Martha del municipio de Chenalho”. Las comunidades señalan que la violencia responde a un conflicto territorial: “Las 60 hectáreas nos han pertenecido al pueblo de Magdalena Aldama ancestralmente. Dentro de las 60 hectáreas vivían 7 familias que en 2016 fueron despojados y amenazados a puntas de armas de fuego y fueron refugiados en las diferentes comunidades del municipio de Aldama. En el año de 2016, se activó el grupo armado paramilitar que opera en Chenalho”. De hecho, el Tribunal Agrario en 1997 resolvió la posesión a favor de los 115 comuneros de Aldama, acuerdo que no se respetó.
Desde el inicio del año 2020 y 2021 las agresiones armadas han ido aumentando de intensidad hacia sus comunidades afectando a 12 comunidades y a alrededor de 5000 personas; mujeres, niñas y niños, ancianas y ancianos y hombres, que han sido afectados y victimas de estas agresiones.
En el mes de octubre, estas agresiones continuaron a diario aún habiendo intervenido las autoridades de los tres niveles, pero parece ser, señala la organización “que es una guerra que nadie hace caso. El día domingo 10 de octubre de este año, un grupo de personas pertenecientes a Sector Santa Martha Chenalho, pusieron un ultimátum al gobierno estatal (el día 12 de octubre) para solucionar esta problemática” A mediados del mes de octubre ya habían ocurrido 203 ataques directos hacia 9 comunidades de Magdalena Aldama: Xuxch’en, Coco’, Tabac, San Pedro Cotzilnam, Yeton, Ch’ivit, Stzelejpotobtik, Juxton y la Cabecera municipal de Aldama, siendo ataques directos hacia las casas en donde hay ahora casquillos de bala, láminas rotas, carros y máquinas con impactos de bala.
Como pueblos indígenas señalan que seguirán “resistiendo ante el colonialismo y las amenazas. Decimos ya basta y hacemos responsables a los tres niveles de gobiernos si nos llega a pasar algo de nuevo, así como pasó con nuestros compañeros Pedro Lunez Pérez y Domingo Santiz Jiménez miembro de EZLN, que fueron asesinados cobardemente (…) y exigimos una justicia verdadera”.
Además exigen la liberación inmediata e incondicional de su compañero y hermano Cristóbal Santiz Jiménez.
Aquí se puede consultar el comunicado completo: https://radiozapatista.org/?p=40160
LAS ORGANIZACIONES FIRMANTES A CONTINUACIÓN, APOYAMOS EL COMUNICADO DE LA VOZ DEL PUEBLO DE MAGDALENA ALDAMA Y NOS SUMAMOS A SUS EXIGENCIAS.
Asambea de Solidaridad con México. País Valencià, Estado Español
Asociación Entreiguales. València, Estado Español.
Ass. Cafè Rebeldía-Infoespai Catalunya
Campaign for Psychiatric Abolition (CPA) England, London
Canopia Coop. V. Almedíjar, España
Caravana obrim fronteres Valencia España
Ca Saforaui. País Valencià.
Casa Nicaragua Bélgica, Liège
Citizens Summons Alemania, Bonn
Ciudades Invisibles – Universidad del mar Egeo Grecia
Colectivo Acción Solidaria Austria, Viena
Comité de Solidaridad México Salzburgo Austria, Salzburgo
COOPERAZIONE REBELDE NAPOLI ITALIA
Ermuko komite internazionalistak Ermua País Vasco
Gira por la Vida Viena Austria, Viena
Groupe écosocialiste de solidaritéS Ginebra Suiza
Grupo CafeZ Bélgica, Liège
Jornal MAPA Portugal
KOMUN.ORG Estado Espanyol
la milpa orto collettivo italia
La Roue Libre Suiza
libero mondo italia
London Mexico Solidarity Londres – Reino Unido
Perifèries del Mon País Valencià
Rede de Apoio Mútuo do Porto Porto, Portugal
spazio vitale odv. italia
Taller Ahuehuete. Estado Español.
Tatawelo Italia
Taula per Méxic Catalunya
TxiapasEKIN Euskal Herria
En portada: Mujeres recorren monocultivos de palma de aceite en la costa de Chiapas, México. Este cultivo se caracteriza por la alta demanda de agua, la erosión de los suelos y la vulneración de la soberanía alimentaria de las comunidades. Pese a ello, se ha expandido a escala global con apoyo de la agroindustria y financiamiento de organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Foto: Aldo Santiago
Este miércoles (20) finaliza la segunda cumbre anual de Bancos Públicos de Desarrollo (PDBs, por sus siglas en inglés) realizada en Roma, Italia, la cual reúne a más de 500 representantes de entidades financieras de alrededor del mundo y cuya prioridad es el fortalecimiento de la inversión en el sector agrícola.
“Los bancos públicos de desarrollo son parte de la solución para acabar con el hambre y transformar los sistemas agroalimentarios”, afirmó Qu Dongyu, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), durante su participación en la reunión denominada Finanzas en común.
En contraste, una revisión de los proyectos financiados por los PDBs demuestra que lejos de contribuir a un sistema sustentable para la producción y distribución de alimentos, las inversiones se han dirigido a fortalecer a las grandes corporaciones mundiales de la agroindustria.
De acuerdo a la organización Amigos de la Tierra, sólo entre los años 2015 y 2020, empresas trasnacionales del sector recibieron más de 478,000 millones de dólares por parte de 2,500 entidades de inversión, fondos de pensiones y bancos, la mayoría de EEUU y Europa. Con ello, se fortaleció un sector que por sí solo es responsable de la emisión de más de una quinta parte de los gases contaminantes que producen el calentamiento global.
Datos del Instituto de Nueva Economía Estructural y la Agencia Francesa de Desarrollo calculan que anualmente se destinan 1.4 billones de dólares de financiamiento al sector alimentario, cantidad que se avizora en aumento. Ante esta situación, 280 grupos y organizaciones de 70 países emitieron una carta para criticar este financiamiento, el cual conlleva la destrucción ambiental y el control corporativo del sistema alimentario mundial a expensas de campesinos, pastores, pescadores, trabajadores del sector alimentario y pueblos indígenas, lo cual socava la soberanía alimentaria, devasta ecosistemas y violenta derechos humanos alrededor del mundo.
Para las organizaciones, es preocupante que los Bancos Públicos de Desarrollo estén adquiriendo un papel más coordinado y central en el sector alimentario y de la agricultura, pues los consideran parte de la arquitectura financiera global que produce despojo y devastación ambiental, sobre todo ocasionado por las empresas de la agroindustria.
“Durante años, su inversión en agricultura se ha destinado casi exclusivamente a compañías implicadas en plantaciones de monocultivos, sistemas de agricultura por contrato, granjas fabriles de animales, venta de semillas híbridas y modificadas genéticamente más pesticidas y plataformas digitales dominadas por los Gigantes Tecnológicos. Han mostrado cero interés o capacidad para invertir en comunidades campesinas, de pescadores y de silvicultores, los que, actualmente, producen la mayor parte de los alimentos del mundo. En cambio, financian a acaparadores de tierra y a agronegocios corporativos destruyendo los sistemas alimentarios locales”, enfatizan las organizaciones en el documento publicado por la ONG Grain.
Inversiones para el despojo
Ceremonia a cuatro años del asesinato de Berta Cáceres por su organización contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, financiado por PDBs europeos. Foto: Valentina Valle
Los PDBs son instituciones creadas por los estados-nación y por agencias multilaterales cuyo objetivo es financiar programas de gobierno, así como compañías privadas, las cuales afirman que son “sustentables”, “responsables” y contribuyen al “desarrollo”. No obstante, los financiamientos de los PDBs registran un historial que evidencia su participación en compañías involucradas en acaparamiento de tierras, corrupción, violencia y destrucción ambiental.
Han desempeñado un rol crítico en facilitar la expansión de empresas trasnacionales hacia mercados y territorios alrededor del mundo (desde la extracción de minas de oro en Armenia, la construcción de proyectos hidroeléctricos en Colombia y la extracción de gas natural en Mozambique), lo cual no podrían realizar sin la ayuda de la inversión pública.
También, realizan trabajos de asesoría técnica y política a los gobiernos con la intención de modificar marcos jurídicos para la atracción de inversión extranjera. “Las políticas que respaldan sectores claves —incluida la salud, el agua, la educación, la energía, la seguridad alimentaria y la agricultura—tienden a fortalecer el papel de las grandes corporaciones y las élites. Y cuando protestan las comunidades locales afectadas, incluidos los pueblos indígenas y los pequeños agricultores, es frecuente que no se les escuche o que enfrentan represalias. Por ejemplo, en India, el Banco Mundial recomendó al gobierno desregular el sistema de comercialización agrícola y cuando el gobierno implementó esta recomendación, sin consultar a los agricultores y campesinos y sus organizaciones, provocó masivas protestas”, denuncian en el documento difundido a la víspera de la cumbre mundial.
Por si fuera poco, se destaca el creciente uso por los PDBs de fondos de capital privado mediante paraísos fiscales, con lo cual eluden la responsabilidad por las consecuencias negativas de sus inversiones, además de beneficiar a una pequeña élite financiera.
Para las organizaciones críticas a la cumbre de PDBs, dicha reunión es un espacio para las élites y representantes de las corporaciones para diseñar estrategias sobre cómo mantener circulando el flujo de dinero en un modelo alimentario y agrícola que conduce al trastorno climático, al aumento de la pobreza y al agravamiento de todas las formas de malnutrición.
“Muy pocos o ningún representante de las comunidades afectadas por las inversiones de los bancos de desarrollo, personas que están en la primera línea tratando de producir alimentos para sus comunidades, serán invitadas o escuchadas. Los PDBs no están interesados. Buscan financiar a los agronegocios, a los que producen materias primas para comercializar y a sistemas financieros para obtener ganancias más que producir alimentos para mejorar la nutrición”, denuncian.
Casos
Mujeres en resistencia contra la imposición de una megaplanta fotovoltaica, financiada por empresas y bancos noruegos en Choluteca, Honduras. Foto: Renata Bessi.
Como hemos documentado en Avispa Midia, existen múltiples casos de despojo, violencia y devastación ambiental, no limitados en el sector agroindustrial, donde los PDBs juegan un papel fundamental, algunos de los cuales enunciamos a continuación:
El caso del asesinato de Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quien participó en la resistencia contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Este proyecto fue financiado por el Fondo Finlandés de Cooperación Industrial (Finnfund) y el Banco Holandés del Desarrollo (FMO), acusados por el Copinh por “negligencia y corresponsabilidad” en el asesinato de Cáceres, así como por su colusión en actos de corrupción y la ausencia de control de sus inversiones.
En Nicaragua, los mismos bancos europeos, FMO y Finnfund financiaron MLR Forestal, compañía que administra plantaciones de cacao y teca, controlada por intereses de la minería de oro, responsable del desplazamiento de comunidades afrodescendientes e indígenas, así como señalada por degradación ambiental.
La expansión de plantaciones industriales de palma aceitera en África, a cargo de SOCFIN, antigua compañía colonial europea de agronegocios. Con sede en Luxemburgo, SOCFIN posee más de 90 mil hectáreas de cultivo de palma y junto con SIAT de Bélgica, controla un cuarto de todas las grandes plantaciones en el continente africano. Éstas empresas han recibido numerosos préstamos por parte de PDBs aún a pesar de estar involucradas en en acaparamientos de tierras, escándalos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
La imposición de una megaplanta fotovoltaica en Choluteca, Honduras, por parte de la empresa noruega Scatec Solar con financiamiento del banco de desarrollo Norfund del mismo país europeo. En 2016, comunidades organizadas levantaron un campamento permanente para evitar el ingreso de la maquinaria que devastaría varias hectáreas de árboles. La empresa respondió con la criminalización de once de los líderes comunitarios y para el año 2018, con apoyo del poder judicial hondureño, consiguió el desalojo del bloqueo comunitario.
El desplazamiento forzado de la comunidad de Laguna Larga, en el departamento del Petén, Guatemala, justificado con el discurso de la conservación de la naturaleza enarbolado bajo el proyecto Guatecarbon. Este esquema es financiado por un conglomerado de ONGs internacionales, empresas y entidades como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y el Banco Interamericano de Desarrollo para comercializar permisos de contaminación generados mediante la conservación de 700 mil hectáreas en la Reserva de la Biósfera Maya, donde están asentadas comunidades consideradas “ilegales”, pese a habitar la región antes de la creación del área natural protegida.
En una sesión ordinaria que se llevó a cabo en línea el 7 de octubre, el Congreso Nacional de Honduras modificó el código penal e incrementó las penas por el delito de usurpación de 4 a 6 años.
El delito de usurpación se puede definir constitucionalmente como apoderarse de una cosa inmueble con el objetivo de causar un perjuicio a otro, que ahora se extiende “se trate de bienes del Estado o destinados al servicio público como son el derecho de vía, carretera, calle, jardín, parque, área verde, paseo u otros lugares de uso o domino público o de cualquier otro bien raíz del Estado”, que se ve agravado cuando “cuando intervengan dos o más personas”. En reducidas palabras, se restringe el derecho a la manifestación social.
A menos de dos semanas de las elecciones populares que se celebrarán el 28 de noviembre (para elegir jefe de Estado, diputados, alcances y vicealcaldes), parece evidente que el Estado se está blindando para evitar movilizaciones como las que se observaron en 2017, cuando hubo acusaciones de elecciones fraudulentas. Si antes el gobierno fue capaz de reprimir a los manifestantes violentamente, ahora se coloca en una posición donde la brutalidad ispo facta es únicamente la antesala de una posible condena de cárcel por ejercer el derecho a manifestarse.
Al deslegitimizar el derecho a las protestas se intenta infundir miedo para la ciudadanía en general, pero sobre todo es una amenaza contra los campesinos, pueblos indígenas, pueblos negros, activistas y víctimas de delitos que encuentran en la manifestación su arma más efectiva para defenderse no sólo de sus agresores, sino del mismo gobierno que se niega a hacerles justicia o a veces es el propio victimario.
Justamente el delito por usurpación ha sido el pretexto predilecto para cometer injusticias en contra de las minorías y organizaciones civiles. En marzo de este año, las lideresas de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Marianela Mejía Solórzano y Jennifer Mejía Solórzano, fueron interceptadas por la policía nacional acusadas del delito de usurpación, sin siquiera especificarles las características de los cargos que se les imputaban (a quien o en donde fue el daño).
Estas privaciones de la libertad sucedieron justamente un día antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos diera seguimiento a una sentencia que tenía como responsable al Estado por violar el derecho de propiedad colectiva de la comunidad Garífuna. Finalmente fue la difusión internacional del caso lo que ayudó a la liberación de las mujeres.
En tanto, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se ha manifestado a través de su cuenta de Twitter que este hecho “es una acción para arremeter en contra de las luchas emblemáticas que lideran los pueblos originarios por la defensa de los territorios”.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) externaliza igualmente una enorme preocupación por los posibles actos de criminalización que se orquestaran si esta reforma no es discutida “en condiciones y tiempos que permitan el debate y el escrutinio público, instando a que se reconsideren estas normas”.
Por su parte la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras ha lanzado un comunicado para hacer un llamado a la comunidad internacional para enfocar su atención en lo que acontecerá en el país centroamericano en las próximas semanas.
Entre otras alarmantes reformas se encuentra el hecho de que la lucha por la corrupción se ha entorpecido deliberadamente, dado que a partir de ahora se limita el acceso a información de casos de tal índole.
En este video de 49 minutos, el Grupo de Trabajo “Cuerpos, Territorios, Resistencias” aborda sentipensadamente, de mano de liderezas y pueblos en resistencia, los despojos y las luchas por la vida que se dan en diferentes geografías, tiempos y modos. De esta forma se suman a la Travesía por la Vida que los pueblos zapatistas y el Congreso Nacional Indígena, así como mujeres indígenas y afrodescentientes a la vez que diversidades sexo-genéricas, dan en estos momentos de crisis pandémica y colapso civilizatorio.
Escucha en este video las voces y análisis de mujeres mayas de Chiapas, Guatemala y Yucatán, así como de mujeres mapuches del Wallmapu y arahuacas de la Sierra Nevada de Santa Marta. A la vez, conoce los aportes de las y los trabajadores de las ciencias sociales que co-laboran con ellas.
Este 12 de octubre decimos SÍ a la VIDA, NO a los proyectos de muerte. Conoce cuáles son esos proyectos de muerte en los diferentes territorios-cuerpos-tierra.
Un grupo de mujeres jóvenes se manifestó en la explanada del Templo de Santo Domingo, en la capital de Oaxaca, para exigir justicia para Fanny Guadalupe, de 16 años de edad. “Desde nuestra digna rabia nos unimos al llamado de exigencia de justicia por el feminicidio de Fanny Guadalupe, mujer indígena ayuuk”, gritaron desde las escaleras de la explanada, “así como un alto a la ola de violencia feminicida que azota nuestro estado”.
La muerte de Fanny es investigada bajo protocolo de feminicidio por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) desde el 29 de septiembre de este año, luego de que activistas exigieron se investigara como feminicidio y no como suicidio.
Los hechos sucedieron el 26 de septiembre de 2021, en la comunidad de El Porvenir, perteneciente al municipio de San Juan Cotzocón, en la zona Mixe de Oaxaca. Sin embargo, denuncian que casi un mes antes Fanny Guadalupe López Nolasco había denunciado ante la FGEO violencia de género, amenazas y abuso por parte de un agente municipal de su localidad.
Las mujeres reunidas en la explanada explicaron que poco antes de su muerte, “tras la denuncia presentada, Fanny Guadalupe sufrió hostigamiento y acoso para que se desistiera del proceso legal que había iniciado, temiendo por su integridad y su vida”. Algo similar está sufriendo ahora su familia por denunciar su muerte: “desde la muerte de Fanny se han acrecentado los actos de hostilidad contra su familia”, denuncian las jóvenes.
También se manifestaron por el reciente “hallazgo de una mujer de 27 años y una menor de un año en un camino de terracería entre Nazareno, Etla y Alemán, Zautla, con lo que se registran 558 feminicidios en lo que va del actual sexenio del gobernador Alejando Murat Hinojosa”.
Desde el 1ro de diciembre de 2016, día en que Alejandro Murat tomó protesta como gobernador de Oaxaca, la Plataforma de Violencia Feminicida en Oaxaca ha documentado 3,030 agresiones contra mujeres en el estado, de las cuales 558 son feminicidios.
Al final, las manifestantes conmemoraron a Angélica Flores Villa, María del Sol Cruz Jarquín, Fanny Guadalupe López Nolasco y “todas aquellas que nos han arrebatado” con una ofrenda de velas y consignas hechas con gis de colores en el suelo. “Hoy las nombramos y exigimos justicia”, concluyeron.
