Foto de Portada: Alex Vidal Brecas – En el lugar la comunidad leviñanco ta leufu levantó un rewe (sitio ceremonial) donde realizan ceremonias y rogativas.

Federico Valdés Bize

Si caminamos por la región de Los Lagos al sur de Chile, escucharemos hablar del Futawillimapu: el “gran territorio del sur” de los pueblos originarios huilliche-mapuche. Anterior a la colonización española e integración al Estado chileno, es un territorio que persiste y se reinventa. Si ponemos atención, observaremos una constelación de luchas indígenas reivindicando tierras ancestrales y defendiendo territorios de vida ante el avance de proyectos extractivistas.

En estos territorios se enfrentan diferentes maneras de ser, estar y comprender el mundo. Para los proyectos empresariales se trata de espacios con recursos naturales y humanos para la acumulación privada de capital. Para los colectivos indígenas son lugares de subsistencia económica y usufructo, habitación, crianza y reunión social, memoria, creación cultural y conexión con lo sagrado. Son lugares de vida y de reproducción de sus mundos, territorialidades que defienden ante su acelerada destrucción.

Entre estas luchas de resistencia territorial veremos a la comunidad mapuche Weichan Mapu ante un proyecto eólico en las comunas de Frutillar y Puerto Octay. En la ciudad de Alerce encontraremos la defensa de los humedales urbanos frente a desarrollos inmobiliarios dada por la comunidad Pascual Huanel, el Lof Coñuecar, la Asociación Mapuche Lahuen, la Agrupación Ambiental y Cultural Futa Lawal Mapu y la Comunidad Mapuche Huilliche Pepiukelen. Esta última también ha dado lucha contra las salmoneras en Pargua, Calbuco. Cerca de Osorno presenciaremos la lucha de las comunidades Koyam Ke Che, Leufu Pilmaiquen Maihue, Nehuén Che y Mantilhue ante proyectos hidroeléctricos en el río Pilmaiquen. También podremos escuchar a la Agrupación Mapuche Ecológica Artístico Cultural Weñauca manifestándose en Puerto Varas contra la contaminación del lago Llanquihue y un proyecto hidroeléctrico en el río Maullín.

También percibiremos a la comunidad autónoma huilliche Leviñanco Ta Leufu, ubicada en las afueras de la ciudad de Llanquihue a orillas del río Maullín, defendiendo la tierra y el territorio ante la destrucción cometida por el proyecto inmobiliario de Alto Maullin Spa. Aunque violentada, invisibilizada y estigmatizada, esta comunidad resiste exponiendo sus cuerpos. Sobre su lucha por la vida trata este reportaje, que será publicado en dos partes.

ι PRIMERA PARTE ι

La comunidad huilliche “Águila Veloz del Río”

El werken (vocero) de la comunidad Leviñanco Ta Leufu (“Águila Veloz del Río”), Luis Navarro Navarro, está sentado en una esquina del amplio salón de la sede vecinal, ubicada en la ciudad de Llanquihue. Mientras su esposa e hijos entran y salen, saludan y escuchan en silencio, con rostros severos de tristeza y terror. Es 22 de diciembre de 2020 y hace unos días debieron abandonar su hogar ante el riesgo vital de gigantescas rocas que caían sobre su casa en la ribera del río, lanzadas por retroexcavadoras del proyecto inmobiliario Alto Maullín Spa. Desde entonces pernoctan en un barrio de esta sureña ciudad, localizada junto al lago del mismo nombre. Mientras nos enseña diversos documentos, que toma de una mesa repleta de carpetas, este hombre de 51 años dice “queremos contar esta historia, de cómo vivíamos y cómo queremos vivir”.

Hace tres generaciones y provenientes de la isla Caguach en Chiloé, más de cien kilómetros al sur, la familia Leviñanco (Águila Veloz) migró para asentarse en la ribera del Maullín. Don Luis, a quien su madre no registró con el apellido Leviñanco por la discriminación, relata:

“Los huilliche somos gente sin punto fijo, nos movemos por el territorio, navegando por el río. Hace cerca de veinte años que hemos recorrido distintos lugares del río Maullín. Vivimos del río y del lago (Leufu Maullín y Kalafken Hueñauca), de la pesca desde el bote y del buceo por apnea. En el lecho del río recolectamos camarones y palos, que sacamos para hacer leña. No talamos los árboles del lugar, sino que los podamos. Además nos dedicamos a la recolección de frutos de avellano, que salen desde la segunda semana de febrero hasta marzo. Hace ocho años nos asentamos en un sector del río, donde ahora vivimos y tenemos este problema. Antes era inhabitable. Nosotros construimos una ruka y levantamos un rehue (vivienda tradicional y sitio ceremonial respectivamente), con orientación de los espíritus. Construimos una casa, una huerta y un invernadero”.

Este es un sitio de significancia cultural de la comunidad huilliche porque el uso consuetudinario del territorio comprende también una dimensión sagrada, según explica el werken:

“Al construir nuestro hogar excavamos con herramientas manuales y encontramos muchos metawes (cántaros de estilo mapuche). Incluso hallamos una cantera de greda. Pero no seguimos excavando, porque son propiedad de la ñuke mapu y los kuyfi (la madre tierra y la gente antigua, respectivamente). Sólo pueden sacarse mediante ceremonia. Aquí todo es templo, las aguas tienen ngen (espíritus), el rehue es nuestra conexión. Este lugar es el mundo del agua: el río Maullín es un mallin, es decir un hualve, humedal y pantano. En esta ladera hay dos trayenkos (cascadas). No vemos el leufu (río) como una cosa, lo vemos como un ser vivo”.

El lof (comunidad) Leviñanco, compuesto por alrededor de 20 personas, reivindica la propiedad del lugar que habita junto a la ribera del río, en sus años de posesión efectiva y también en un documento de “reconocimiento de herencia ancestral mapuche”. En este texto otorgado en 2015 por la autoridad regional huilliche del Cacique de Rahue, se señala que los “mapuches somos dueños legítimos de nuestras tierras por herencia ancestral, porque nuestros antepasados son dueños del territorio Butawillimapu, fundamentado en el parlamento de paz” de las Canoas o Rahue de 1793.

Los caciques huilliches son reconocidos en la Ley Indígena N.º 19.253. Señala este Cacique que “por su antepasado doña María Delfina Leviñanco Unquen, reconozco heredero ancestral y dueño legítimo de sus tierras al peñi Luis Enrique Navarro Navarro”, para luego añadir que “el heredero ocupa con posesión material y posesión histórica 57 hectáreas de tierras” junto al río. Un peritaje antropológico realizado en 2019 por Víctor Venegas, docente de la Universidad de Los Lagos, indica que el werken Navarro “tiene una presentación por estas tierras ancestrales en Conadi” (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena). El argumento de ancestralidad se sustenta en la historia del poblamiento huilliche en el Futawillimapu.

Calendarios y geografías del Futawillimapu

Junto a un estero afluente del río Maullín se encuentra Monte Verde, lugar donde se encontraron restos de un asentamiento humano de 14.800 años de antigüedad -de los más antiguos de América-, cuya evidencia sugiere que sus habitantes se movían por el río extrayendo e intercambiando recursos con otros pobladores del área. Antes de la conquista europea esta cuenca ya era hogar del pueblo junco, quienes junto a otros pueblos huilliches (gente del sur) ocupaban los valles y riberas de los ríos del Futawillimapu, conformando verdaderas “sociedades ribereñas”. El siglo XVI vería la conquista española y la posterior rebelión nativa, marcando por dos siglos al río Maullín como la frontera sur de los pueblos libres e insumisos del Futawillimapu y del Wallmapu mapuche. Desde sus fortificaciones los españoles realizaron malocas (sorpresivas internaciones militares) para tomar prisioneros y esclavizarlos, que causaron el despoblamiento parcial de esta zona fronteriza.

A fines del siglo XVIII la victoriosa ofensiva militar española permitió disolver la frontera y recolonizar el Futawillimapu, logrando la apertura del camino entre Chiloé y Valdivia. La “pacificación” implicó el Parlamento y Tratado de las Canoas de 1793, donde los huilliches se subordinaron a la corona pero mantuvieron autonomía política. También cedieron territorios aunque conservaron la mayoría, incluyendo los territorios del río Maullín y del lago Llanquihue.

Los territorios y autonomía de los pueblos del Futawillimapu serán expoliados durante el siglo XIX, con su integración al naciente Estado chileno, desconociendo lo acordado en 1793. Los huilliches tuvieron problemas para obtener o registrar títulos de comisario, de merced o de juez y actas de posesión que certificasen su ocupación ancestral. El Estado declaró “tierra de nadie” grandes extensiones territoriales que los huilliches poseían mediante un patrón de ocupación semi nómade. Muchos territorios fueron incorporados como tierra fiscal, mucha de la cual se repartió desde mediados de siglo a colonos europeos, en un extenso “territorio de colonización” que incluía la cuenca del lago Llanquihue y el río Maullín.

La colonización implicó un paulatino despojo, compra-venta, apropiación, especulación y concentración de tierras, así como de certificación, radicación y reducción de territorios y comunidades huilliches. También implicó la quema de gigantescas extensiones de selva fría y el incremento en la explotación de milenarios bosques de alerce, cuyas tablas de fina madera se exportaban desde la Colonia.

En el siglo XX la pérdida territorial recluyó a los huilliches del Futawillimapu en pocas tierras reconocidas como indígenas, que defendieron ante el avance del latifundio y las forestales. Organizados en Juntas de Caciques y mediante Memoriales reclamaron territorio y autonomía. Recuperaron tierras y fueron desalojados, a veces con extrema violencia como en la matanza de Forrahue en 1912. Desterritorialización parcial, inquilinaje, migración urbana, proletarización y cambios identitarios son elementos de la incorporación subordinada de los pueblos huilliches a Chile. Es con el colonialismo interno cuando la estela de pueblos juncos y huilliches parece disolverse en las aguas del Maullín. Pero el Censo del 2017 indica que casi el 30% de la población de la comuna de Llanquihue señala pertenecer al pueblo mapuche, en Puerto Varas el 18%, en Los Muermos el 16%, en Puerto Montt el 21%, en Maullín el 21%. Todas son comunas (municipios) por donde pasa el río Maullín.

El río Maullín

El río Maullín (“cascada de lluvia” en lengua nativa) nace como desagüe natural del lago Llanquihue en la zona urbanizada de la comuna del mismo nombre. El lento y sinuoso fluir de sus aguas recorre con calma a través de las comunas de Puerto Varas, Puerto Montt y Los Muermos, para finalmente desembocar como un gigantesco estuario al Océano Pacífico en una zona rural de la comuna de Maullín. Son más de setenta kilómetros de variados paisajes de humedal, con bosques semi sumergidos, hualves, pantanos, turberas, totorales y marismas, con un salto de agua, pequeños rápidos y muchos remansos, que configuran ecosistemas de gran complejidad y biodiversidad. Viven aquí especies nativas, endémicas y migratorias: peces y anfibios, más de ciento cincuenta especies de aves silvestres, mamíferos como la nutria de río huillín, los felinos güiña y puma, el marsupial monito del monte y el ciervo pudú. Especies amenazadas o en peligro de extinción aquí encuentran un corredor biológico hídrico natural en el cual desarrollarse.

En el siglo XX el río Maullín sirvió como medio de transporte, lugar de pesca y recolección, soporte agrícola, ganadero e industrial, y últimamente como atractivo turístico. El habitar junto al río ha generado una identidad ribereña local que, en el último lustro, se volvió regional cuando el río enfrentó la amenaza de una central hidroeléctrica proyectada en sus aguas. Desde el nacimiento hasta la desembocadura, comunidades y organizaciones se han movilizado para defender y proteger su río. Hoy los ribereños valoran la ecología y el patrimonio del río, también los usos sustentables del mismo, para crear estrategias de conservación del río y su cuenca.

En el año 2002 cerca de setenta y cinco mil hectáreas del impresionante paisaje fluvial fueron declaradas Sitio Prioritario de Conservación para la Estrategia Nacional de Biodiversidad. En el 2016 más de mil trescientas hectáreas de sus humedales fueron incorporadas a la Red Hemisférica de Aves Playeras, como sitio protegido a nivel mundial dada su relevancia para aves migratorias. Finalmente en el 2019 el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad declaró la creación del Santuario de la Naturaleza del Río Maullín, que comprende más de ocho mil hectáreas de sus humedales. Estas figuras de conservación territorial relevan el valor y dan protección legal a los ecosistemas del río.

Expansión inmobiliaria sobre el río

La salud ecosistémica y biodiversidad del río tiene hoy un inesperado y paradojal correlato: el Maullín y sus riberas forman un atractivo paisaje natural que se mercantiliza en la explosiva especulación inmobiliaria que experimenta toda la región. El negocio de bienes raíces tiene en las “parcelas de agrado” una oferta que se valoriza cada día: “Bosques del Maullín”, “Ríos del Chucao”, “Condominio Bosque Río”, entre otros, son parcelaciones cuya publicidad resalta la prístina naturaleza circundante, la exclusividad del lugar y la alta plusvalía del inmueble.

Esto se realiza en base al Decreto Ley 3.516 de 1980 que establece normas sobre división de predios rústicos, es decir que se encuentran fuera del límite urbano y tienen una aptitud agrícola, ganadera y forestal o se componen de bosque nativo. El decreto prohíbe cambiar el uso rural de los predios subdivididos, sin embargo en la práctica avanza la urbanización irregular de extensos territorios rurales en todo el país y la región, con nocivos efectos socioambientales descritos por urbanistas y ecólogos. Si antes el extractivismo regional tuvo como objeto a esclavos y alerces, hoy el extractivismo inmobiliario es un negocio particular que implica la destrucción de suelos, ecosistemas, paisajes, bienes comunes y formas de vida.

El conflicto que aquí exponemos se inscribe en este proceso y se remonta a enero de 2019, cuando un proyecto inmobiliario se instaló en el predio de 50 hectáreas que el Lof Leviñanco reclama. Mediante un vídeo publicado en redes sociales, el werken Navarro denunció que estaban

“siendo amedrentados por unos latifundistas que llegaron de Santiago, ricos que han estado trabajando en temas de construcción de viviendas, que dicen que ahora otro ladrón de tierras les vendió nuestra tierra a ellos y que por eso ellos nos quieren desalojar […] nos ha amenazado de muerte sino salimos de este territorio. Si no le entregamos el río y la ribera del mismo […]

Ante esa amenaza, nosotros decimos a este latifundista que puede irse donde quiera con su cagá de plata y con su cagá de amenazas. Nosotros no vamos a abandonar nuestra cultura, no vamos a abandonar nuestra espiritualidad […] Estas tierras son huilliches, y nuestra visión y nuestra tarea y nuestro trabajo y nuestra vida, se va a ir en mantener nuestra cultura y mantener nuestra espiritualidad, cueste lo que cueste”.

Finalmente aquel proyecto no se realizó, pero el predio rural fue comprado en octubre de 2019 por la empresa de giro inmobiliario “Alto Maullín SpA”, para desarrollar el proyecto de parcelaciones “Alto Maullín Parque Natural Residencial”. Constituida en mayo de 2019, su gerente general y representante legal es Rolando Winkler Fuchslocher, sus accionistas a partes iguales son Inversiones Alma Sur SpA y Chacra 40 SpA, respectivamente representadas por Germán Egon Strauch y Rolando Winkler Fuchslocher.

Rolando Winkler también es socio en Inmobiliaria e Inversiones Winkler & Nasler Limitada, también denominada Inmobiliaria Alto Los Colonos, que desarrolla el condominio del mismo nombre en la comuna de Frutillar, bajo el lema “Olvida el concepto de ‘nueva normalidad’, ven a construir tu propia realidad”. Son más de cien parcelas en venta, por un precio de noventa millones de pesos cada una. Tanto en la parcelación de Frutillar como en la de Llanquihue, Winkler trabaja junto a la empresa Südwind Gestión Inmobiliaria, corredora de propiedades cuyo representante es Walter Arnold Mueller. Las faenas de maquinaria en la parcelación Alto Maullín son hechas por la Constructora Stange Hermanos Limitada. Por otra parte Rolando Winkler es representante de Franquicias Gastronómicas PIM’S, dueña del Restaurant PIM’S en Puerto Varas.

El desarrollo inmobiliario “Parque Natural Residencial” de Alto Maullín SpA, en las afueras de Llanquihue, consiste en la subdivisión y urbanización del predio rural. Son ochenta y siete parcelas que tienen desde quinientos metros cuadrados, puestas a la venta a un precio aproximado de ochenta y tres millones de pesos cada una. Se construye también infraestructura de caminos de doce metros de ancho, agua y electrificación subterránea, sistema de agua de pozo profundo, áreas comunes con plazas, jardines y miradores, ciclovía, entrada vigilada por guardia y portón automático. Su publicidad oferta “un estilo de vida natural” desarrollando “un concepto que se adapte totalmente a la naturaleza y futuro de nuestras familias”, acompañando el eslogan con fotografías de paisaje con ríos, bosques y montañas. Sin embargo el desarrollo del proyecto ha estado marcado por el conflicto socioambiental, la violencia hacia la familia Leviñanco y la destrucción del río Maullín.

Violencia y destrucción en la ribera

Según archivos judiciales y testimonios recopilados, la disputa entre la inmobiliaria Alto Maullín SpA y el Lof Leviñanco Ta Leufu comenzó el 31 de julio de 2020, al iniciar la empresa los trabajos topográficos para realizar un camino al río desde lo alto del cerro hasta la ribera. Según relata Luis Navarro, Rolando Winkler y otra persona llegaron sin previo aviso y sin mascarilla hasta la ruca del lof Leviñanco, fotografiando a escondidas a su esposa, hijo e hija menor de edad. Cuando los encararon, señala el werken, recibieron burlas y amenazas. Por su parte, Winkler relata que él bajó al lugar, pero al constatar tala de árboles y una ruka volvió a la cima del cerro, donde dice que Navarro le amenazó y dio un puñetazo. Ambos acudieron a la subcomisaría de Llanquihue a presentar las respectivas denuncias.

Desde entonces y en el transcurso de los meses, se sucedieron una serie de escaramuzas. Navarro señala que “a medida que pasaron los meses, la gravedad de los avances de la inmobiliaria se fue incrementando”. Entonces junto a su familia comenzaron a difundir vídeos en redes sociales, denunciando los hechos y mostrando el avance de las máquinas sobre el bosque en la ladera del río. Por su parte, Winkler y sus trabajadores hicieron denuncias por amenazas de Navarro si iniciaban las obras, incluyendo una denuncia por retiro de los estacones que servían de guía para la apertura de caminos.

El 4 de agosto en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, la inmobiliaria presentó un recurso de protección a favor del representante de la empresa y sus trabajadores en contra de Luis Navarro (1645-2020). El 6 de agosto Navarro se comunicó con la oficina regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) para requerir su intervención en el caso. Navarro acusó ser vulnerado en sus derechos, sufriendo junto a su familia del amedrentamiento de particulares a causa de su lucha por proteger su tierra ancestral. Argumentó que es un lugar de prácticas culturales mapuche, con patrimonio histórico y biodiversidad, que resultaría dañado por las obras proyectadas para abrir un camino y un embarcadero. El 31 de agosto el director regional de la Corporación derivó tal requerimiento al director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), solicitando apoyo y asesoría para la comunidad Leviñanco. También escribió al presidente del Consejo de Monumentos Nacionales solicitando asesoría para proteger el patrimonio histórico de esta comunidad huilliche. No hubo respuesta efectiva de parte de estos organismos del Estado.

El 16 de septiembre el tribunal de Puerto Montt dictó sentencia en el recurso de protección presentado por la inmobiliaria, resolviendo que Navarro debía abstenerse de acercarse a Winkler y sus cuidadores, como también abstenerse de realizar en redes sociales publicaciones que afectasen su imagen y honra. Pero el tribunal no ordenó el desalojo, pues esta no era una causa sobre las tierras. Ese día las retroexcavadoras de la Constructora Stange Hermanos comenzaron a abrir el camino al río. Sin contar con los permisos ambientales necesarios para tal obra de urbanización en un Sitio Prioritario de Conservación. Según una denuncia del cuidador del fundo y del operario de retroexcavadora, Navarro se interpuso delante de la maquinaria, “manifestando que no se iba a dejar que trabajara la máquina hasta que esté resuelto por tribunales ya que él estaba en su sector que le corresponde y que son tierras patrimoniales” y “ancestrales”.

El 19 de septiembre Luis Navarro denunció faenas no autorizadas de retroexcavadora en su predio, mencionando la existencia de un litigio en tribunal civil con su vecino y posibles amenazas hacia su familia. Un mes después, en un correo electrónico dirigido al general de Carabineros de la Décima Zona y a la Subcomisaría de Llanquihue, Luis Navarro señalaba:

“me permito informar que el día de hoy 18 de noviembre del 2020 siendo las 11:15 horas, se ha llamado en reiteradas oportunidades de distintos teléfonos de la subcomisaría de Llanquihue, quienes no han respondido al llamado de los habitantes de la comunidad Leviñanco ta leufu, ubicada en la ladera del río Maullín, ante la emergencia ocurrida debido a que en el alto del cerro se encuentra una máquina, tipo excavadora, arrojando rocas de gran magnitud desde gran altura en dirección a las rukas y casas de la comunidad, produciéndose un riesgo inminente de que estas rocas caigan no solo en las viviendas, sino que golpeen a las personas, adultos y niños que habitan el lugar; se requiere presencia policial a fin de evitar heridos en el lugar, por lo que solicito su intervención”. En un correo posterior agrega: “es imperativo informar que el conductor de la retroexcavadora atacó con la máquina al cona [valiente, mocetón] de la comunidad, tratando de aplastarlo. Solicito su intervención para encomendar personal policial en el lugar.”

Mientras se denunciaba ante Carabineros y Policía de Investigaciones, en la ladera del río aumentaba la intensidad de las faenas, con retroexcavadoras removiendo bosque nativo y grandes volúmenes de tierra. La Fiscalía y el Juzgado de Garantía de Puerto Varas desestimaban investigar reiteradas denuncias por destrucción ambiental y agresión a la comunidad (3353-2020, 3562-2020 y 346-2021). A principios de diciembre las retroexcavadoras “comenzaron a abrir caminos hacia el interior del bosque, en la parte superior de la colina, generando un socavón que se encuentra inmediatamente cerro arriba de donde se encuentra nuestro hogar y asentamiento”, exponía Luis Navarro en un recurso de amparo patrocinado por el Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt el 18 de diciembre de 2020 (345-2020, reingresado como Recurso de Protección 1950-2020). En el relato acompañando de imágenes, se explica el peligro y terror sufrido por la comunidad:

“A medida que dichos surcos en el bosque fueron avanzando, comenzaron a lanzarse piedras de gran tamaño cuesta abajo, directamente dirigidas a nuestro hogar. Si bien resultará evidente de las fotografías, me gustaría recalcar que cada una de estas piedras, debido a su tamaño, peso y además, la trayectoria e inclinación desde la cual se lanzan a gran velocidad, implican una amenaza real, objetiva y concreta, a la vida y seguridad de toda mi comunidad” […] “El pasado sábado 12 de diciembre, día en que cayeron gran cantidad de piedras en las cercanías de mi ruca, aproximadamente a las 22 horas […]”

“El día lunes 14 de diciembre, según consignamos por un video que haremos llegar a SSI, tuvimos que evacuar con urgencia por vía acuática, llevándonos a nuestros perros, debido al terror de las piedras, tierra y troncos de árboles nativos que comenzaron a caer a nuestro alrededor, con inmenso estruendo, debido a nuevos avances de retroexcavadoras. En el minuto que comenzaron a caer las piedras, mi hija menor (de 9 años) y mi señora, se encontraban trabajando en el invernadero, que fue impactado por una piedra, sin causarles lesiones, pero sí inmenso terror”.

En la sede vecinal de Llanquihue, junto a su familia, el 22 de diciembre el werken explicaba: “tuvimos que desalojar, es inhabitable, el hombre sepultará las rukas”. Ante la violencia de los hechos e inacción de las instituciones del Estado, la familia difundió nuevos videos en redes sociales y el caso se volvió viral a mediados de diciembre. El werken Navarro explica el tono y las palabras usadas en sus grabaciones: “usamos la lengua como arma de lucha, estamos defendiendo la tierra de las retroexcavadoras que Winkler manda. Por eso mi actitud en los videos, necesitamos ubicar a Llanquihue en el mapa”.

Aunque la viralización en redes sociales visibilizó la violencia contra la comunidad huilliche y la destrucción del río Maullín, en opinión de la comunidad el actuar de las distintas autoridades y organismos estatales ha sido negligente. Además la inmobiliaria ha presentado el caso como un conflicto de usurpación a un privado que le impide el dominio de su propiedad y ejercer su libertad de empresa, pero de acuerdo a la opinión de la comunidad huilliche, se trata de un problema de racismo, colonialismo y ecocidio que es histórico y estructural. “El newen (vitalidad, fuerza) del río está tocado con esta intervención” señalan desde el lof Leviñanco Ta Leufu. La ribera del río es la frontera de vida donde hoy el extractivismo abre sus caminos de muerte.

Una denuncia ciudadana por elusión ambiental, vulneración a Sitio Prioritario y daño ambiental logró que a mediados de febrero el Tribunal Ambiental ordenara la paralización de las obras por 15 días hábiles, pero ¿qué pasará después? En la segunda entrega ahondaremos en los problemas estructurales, así como en los procesos judiciales, el grave daño ambiental y las repercusiones sociales actuales que está teniendo este conflicto territorial y socioambiental.

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Causas judiciales

Juzgado de Garantía de Puerto Varas: 3220-2020, 3353-2020, 3562-2020, 3694-2020, 346-2021

Corte de Apelaciones de Puerto Montt: 1645-2020,  345-2020, 1950-2020, 8-2021

Por Santiago Navarro F. y Renata Bessi

El pasado miércoles 24 de marzo se ha publicado de forma conjunta, con Avispa Midia, Aristegui Noticias, Pie de Página y Connectas, la investigación periodística llamada Minera Cuzcatlán: con licencia para contaminar. El trabajo ha generado reacciones por parte de la Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, a quien ha sido dado el derecho de réplica a través de Aristegui Noticias. También el Organismo de Cuenca Pacífico Sur (OCPS) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) nos ha enviado una nota aclaratoria.

Reiteramos que el equipo de esta investigación revisó a detalle y en compañía de especialistas en la materia los primeros resultados de las muestras colectadas, dos días después del derrame, por el Laboratorio Regional Pacífico Sur de la Dirección Técnica del Organismo, de Conagua. Los funcionarios del laboratorio de Conagua hicieron muestras del arroyo y también de la mezcla de aguas de lluvia con jales secos que escurrieron en el arroyo El Coyote.

Las muestras fueron colectadas directamente de la “pila que recolecta las aguas de lluvia que deslavan la tierra y sedimentos de los jales secos que se depositan y almacenan en un terreno que se localiza en un nivel más arriba de la pila de los escurrimientos, y también justo en el sitio que ocupa el canal que recolectan los escurrimientos del deslave de tierra y sedimentos de los jales secos”, detallaron los funcionarios en su acta .

Estas muestras fueron analizadas por Laboratorio Regional Pacífico Sur de la Dirección Técnica del Organismo, en conjunto con el Laboratorio Nacional de Referencia de la Gerencia de Calidad del Agua de la Subdirección General Técnica, ambos pertenecientes a Conagua.

De acuerdo con los resultados, en los muestreos de los jales secos con aguas de lluvia, colectados dentro de las instalaciones de la Minera Cuzcatlán y que posteriormente se vertieron en el Arroyo el Coyote, aparecieron los siguientes metales por arriba de los límites máximos permisibles (LMP) de los Ceca y de la NOM-001-Semarnat-1996: Níquel, Aluminio, Arsenio, Boro, Cadmio, Cromo, Cobre, Fierro, Plomo, Zinc. También aparecieron otros metales en los muestreos, sin embargo, las normas utilizadas por Conagua no establecen un límite máximo permisible para estos metales. Ellos son: Plata, Bario, Berilio, Bismuto, Cobalto, Litio, Manganeso, Molibdeno, Selenio, Estaño, Estroncio, Titanio, Talio, Vanadio y Magnesio.

En una nota aclaratoria enviada al equipo de esta investigación, el Director General OCPS de Conagua, Miguel Ángel Martínez Cordero, quien fue entrevistado en la investigación, sostiene que los “procedimientos administrativos (…) se llevan a cabo en estricto apego a los criterios técnico-administrativos y se fundamenta su intervención en la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento”.

Puedes consultar la nota aclaratoria.

Invitamos a revisar el reportaje completo, debidamente documentado.

Minera Cuzcatlán: con licencia para contaminar

El presidente ejecutivo de la empresa DESA, Roberto David Castillo, fue detenido en 2018 como presunto autor intelectual del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores. La Sala I del Tribunal de Sentencia Nacional de Honduras indicó que habrá un juicio oral y público contra Castillo que se iniciará el 6 de abril y se alargará hasta el 30 de ese mismo mes.

Para Berta Züñiga , el detenido, ingeniero electricista, graduado de la academia militar de West Point en Estados Unidos, sub teniente de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas de Honduras (2006-2008) y exgerente de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), es “la pieza clave que vincula a los autores intelectuales” del asesinato.

“Sentimos que ahora estamos en el momento de derribar el muro más fuerte que se ha levantado respecto a la impunidad, la captura de los autores intelectuales”, declaró la hija mayor de Cáceres al respecto.

En el marco de la conmemoración del asesinato de Cacéres, sus familiares y miembros del COPINH reítiraron su exigencia de justicia, considerando que el Estado “está en deuda”, pese a que siete personas han sido condenadas.

“Nuestra voluntad no nació por enjuiciar a personas que fueron pagadas por este grupo de personas vinculadas a la familia Atala Zablah (ligada al sector bancario del país), sino para enjuiciar y castigar a los que pagaron y ordenaron este crimen, lo cual no se ha logrado hasta el momento”. La petición de que se “capture y castigue a los autores intelectuales (del crimen) está igual”, dijo Zúñiga para el periódico Efe.

También denunció la colusión que existe entre los autores intelectuales y el sistema de justicia hondureño, declarando que el principal obstáculo que han enfrentado como familia es “romper el pacto de impunidad que existe entre las instancias de justicia y los autores intelectuales del proceso”.

La amenaza latente

A principios de este mes, se conmemoró el quinto aniversario del asesinato de la defensora lenca Berta Caceres, quien dedicó su vida a la defensa de los territorios y los derechos de las mujeres frente a las violencias tanto estatales como empresariales, militares o políticas.

Fue en la madrugada del 2 al 3 de marzo de 2016, cuando cuatro sicarios entraron a su casa, en la Esperanza, en el Oeste de Honduras, y la asesinaron por defender el río Gualcarque, sagrado para el pueblo lenca y amenazado por un proyecto de represa hidroeléctrica conocido como Agua Zarca y liderado por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).

Tras el asesinato de Cáceres, la construcción de la central hidroeléctrica fue paralizada. El proyecto sigue sin avanzar hasta la fecha, pero el riesgo sigue vigente ya que la concesión otorgada es por 50 años.

“Para nosotras sigue siendo una amenaza latente”, sostuvo su  hija mayor, Berta Züñiga, quien encabeza ahora el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), que Cáceres coordinaba antes de su muerte, para el diario El País.

La lucha sigue 

A cinco años de la muerte de la indígena Lenca, su fuerza y espíritu se mantienen vivos, y el COPINH sigue activo a pesar de la pandemia.

“Son muchas las circunstancias que nos dan un escenario complicado y desesperanzador. Pero aquí es necesario que nosotras sigamos con la labor de transformar la realidad de Honduras, así como de dignificar la memoria de los mártires”, declaró la joven.

Despojo por megaproyectos en aumento

En los últimos años, los conflictos relacionados con el control de la tierra y del agua han aumentado en toda la región. De acuerdo con el informe Territorios en Riesgo II de Intermón Oxfam, 112 hidroeléctricas ya están operando en Honduras, y 300 más están en proyecto, 25 de las cuales están dentro de áreas protegidas y otras 34 se ubican en territorio lenca.

Como si fuera poco, en enero pasado, el Gobierno hondureño aprobó y anunció la construcción, la ampliación y la operación de 14 represas, justificando su decisión por los recientes huracanes llamados Eta e Iota que causaron daños en el país. Con el decreto ejecutivo PCM 138-2020, las represas hasta fueron declaradas megaproyectos priorizados de interés nacional, como una medida para la contención de inundaciones.

Represión y criminalización

La represión tampoco ha parado en el país centroamericano. Desde el asesinato de Berta Caceres en 2016 y según Global Witness, 50 personas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas en Honduras. “Lastimosamente, en estos cinco años más bien ha empeorado todo. Cuando comenzamos

este trabajo en pro de la justicia el objetivo era aportar a la no repetición de los crímenes en contra de las personas que están defendiendo los territorios. Pero, actualmente, siguen dándose las circunstancias de persecución y de criminalización por parte del Estado y las grandes empresas. No hay una voluntad política y eso va a tardar más tiempo del que nosotras hubiésemos deseado”, comenta Zúñiga.

Foto de Portada: Aldo Santiago

La transición hacia a las energías consideradas verdes o renovables es el objetivo de por lo menos 194 países que firmaron el Acuerdo de París, durante la Conferencia sobre el Clima (COP21), en diciembre de 2015, para evitar que el cambio climático cause aún más desastres en el planeta. Incluso, una de las primeras ordenes ejecutivas del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue reincorporar a su país al acuerdo, revertiendo la decisión de su antecesor Donald Trump.

Pero esta transición energética tiene un costo poco alardeado o minimizado por los países y organizaciones supranacionales que promueven el acuerdo. Este costo es el aumento en escala planetaria, y sus consecuencias sociales y ambientales, de la explotación de minerales como aluminio, cobre, plomo, litio, manganeso, níquel, plata, acero y zinc y minerales de tierras raras.

El Banco Mundial estima que serán necesarias más de 3 mil millones de toneladas de minerales y metales para la implementación de las nuevas tecnologías como la energía eólica, solar y geotérmica y para las baterías para almacenar energía y para automóviles eléctricos. El aumento de la explotación de minerales significa, por ejemplo, en el caso del litio, grafito y cobalto, utilizados en tecnologías de almacenamiento de energía, un aumento de casi el 500% hasta 2050, de acuerdo con un informe del organismo financiero.

Todo eso con el objetivo de cumplir uno de los puntos del Acuerdo de París que es mantener el aumento de la temperatura mundial en este siglo por debajo de los 2 grados centígrados. “Un futuro bajo en carbono será muy intensivo en minerales porque las tecnologías de energía limpia necesitan más materiales que las tecnologías de generación de electricidad basadas en combustibles fósiles”, explica el informe. Los metales son fundamentales para la fabricación de las tecnologías consideradas ‘verdes’ como los paneles solares, turbinas eólicas y baterías.

Cada tecnología energética tiene diferentes composiciones minerales, lo que genera características de demanda que pueden variar significativamente de una tecnología a otra. La energía solar fotovoltaica, por ejemplo, representará la mayor demanda de aluminio, en 87% del consumo total. La energía eólica y geotérmica representarán la mayor parte de la demanda de zinc y titanio, con 98% y 64% respectivamente del consumo total. La energía solar fotovoltaica y la eólica, combinadas, representan el 74,2% de toda la demanda de cobre.

El informe advierte que cualquier escasez de estos minerales pondrá en jaque la implementación en escala mundial de las tecnologías consideradas verdes. De manera que, para incentivar la explotación de estos minerales, el Banco Mundial lanzó un fondo para promover lo que ha denominado como “minería climáticamente inteligente”, de tal manera que busca “garantizar que los minerales necesarios para la transición a las energías limpias se produzcan y suministren de manera sostenible y responsable”, dice el informe.

Para la bióloga Martha Patricia Mora Flores, profesora y investigadora del Instituto Politécnico Nacional (IPN), hablar de minería sostenible es una incongruencia. “La tecnología utilizada en la explotación minera continúa siendo depredadora, porque continúa utilizando productos químicos, metales pesados en su proceso, además de grandes cantidades de agua y energía para obtener el metal puro. Además, van modificando ecosistemas completos”, explica para Avispa Midia.

Debido al agotamiento de los metales, cada vez se obtienen menos cantidades de minerales por cada tonelada extraída de material pétreo del subsuelo. “Eso demanda métodos más refinados, pero no significa que dañe menos el ambiente”, sostiene la bióloga, “además la explotación se está dando en escalas nunca antes vistas”.

La inversión prevista para lo que el Banco considera como ‘minería climáticamente inteligente’ es de 50 millones de dólares en un plazo de 5 años para acelerar el extractivismo de más minerales. Entre las iniciativas promovidas y financiadas por esta instancia está la prestación de “asistencias a los gobiernos para crear un sólido marco de políticas reglamentarias y de orden legal que promueva la minería climáticamente inteligente y que genere un entorno propicio para el capital privado”, sostiene el organismo.

Actualmente el reemplazo de las energías renovables marcha a una velocidad acelerada, no obstante, de acuerdo con datos el BM, hasta 2017 tan solo se había alcanzado un  reemplazo del 17% de la generación de energía mundial.

Mapeo de los minerales

El Banco Mundial también realizó un mapeo de la producción y de las reservas de minerales a nivel mundial. América Latina es considerada por el organismo financiero como una de las principales fuentes de minerales para la llamada transición energética global, siendo Brasil, Chile, Argentina, Bolivia y Perú los principales países. Los minerales claves en esta región son el litio, cobre, hierro, plata, aluminio, níquel, manganeso y zinc.

Asia es otra región estratégica para esta transición en lo que respecta a los minerales de tierras raras, una lista de 17 elementos químicos necesarios para la fabricación de motores eléctricos, smartphones o paneles solares. Además, la India domina el hierro, el acero y el titanio, e Indonesia cuenta con bauxita y níquel, al igual que Malasia y Filipinas —con cobalto— en menor medida.

África es estratégica con sus reservas de platino, manganeso, bauxita y cromo. Finalmente, en Oceanía, se destacan las enormes reservas de níquel.

Papel de la China

El informe del Banco Mundial subraya el dominio global de la China sobre la explotación de los metales. “China seguirá desempeñando un papel de liderazgo en la producción y en los niveles de reservas en prácticamente todos los metales clave necesarios en escenarios de bajas emisiones de carbono”, sostiene el documento.

¿Quién domina las informaciones?

De acuerdo con el informe del Banco Mundial, el Servicio Geológico de los Estados Unidos proporciona la información más sofisticada y actualizada disponible públicamente sobre la producción y las reservas de minerales en el mundo. Además, de los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón también han establecido programas que rastrean la disponibilidad de estos metales.

¿Quién paga el costo?

El centro mundial de la explotación minera está en el sur global, en los países con los mayores índices de extrema pobreza, que el organismo nombra como ‘países en desarrollo ricos en recursos’. “Los recursos minerales no renovables desempeñan un papel dominante en 81 países que en conjunto representan una cuarta parte del PIB mundial, la mitad de la población mundial y casi el 70 por ciento de los que viven en la pobreza extrema”, dice su informe.

Mientras el Banco Mundial entabla el viejo discurso de las posibilidades de desarrollo de los países y de una minería amigable con el medio ambiente, la realidad en los territorios indígenas y campesino es otra. “Sabemos que los procesos de extracción minera generan enormes impactos en los territorios”, sostiene para Avispa Midia Claudia Ramos, de la Organización Agua y Vida, Mujeres, Derechos y Ambiente. “Conllevan enormes riesgos y violaciones a los derechos de pueblos y comunidades indígena”, señala.

El hondureño José Armando Acosta Contreras, de la comunidad de Azacualpa, en el municipio de la Unión, Honduras, trabajó alrededor de 20 años para  la minera Minerales Occidente (Minosa), filial de la canadiense Aura Minerals, que explota a cielo abierto diversos minerales de su comunidad, como el oro, plata, cobre y el bronce. Contreras tiene la sangre contaminada por los metales pesados como arsénico, mercurio y plomo y sufre las consecuencias en su salud por esta contaminación. A él la empresa lo despidió acusado de actuar en su contra, por defender el cementerio de su comunidad, la última franja de tierra a ser devastada por esta minera.

La Minosa, que desplazó a la comunidad de San Andrés y parte de las comunidades de San Miguel y Azacualpa, sostiene que sus negocios están “enfocados en el desarrollo sostenible”. Para Contreras no existe minería ambientalmente responsable. ‘Desarrollo sostenible’, para él que conoce los procesos mineros desde adentro, es puramente un juego de palabras. “Sino no harían daño a los bosques, tampoco mataría los animalitos. Antes existían muchos animales en estos cerros, pajaritos de todas las clases, ardillas, venados, hasta coyotes. Además, las cinco fuentes de agua que teníamos ya no existen. Todo eso la empresa poco a poco lo destruyó”, comenta para Avispa Midia.

La comunidad está sentada sobre lo que resta de una gran montaña que ha sido devorada por la maquinaria pesada de la minera. “Estamos sentados sobre los minerales. Si Minosa continúa la explotación nos va a derribar de aquí. Somos de acá, tenemos nuestras raíces acá y a nosotros no nos pueden dañar en nuestro propio territorio”, sostiene.

La llamada minería verde, añade Ramos, “es seguir con el ciclo de negocios que alimenta empresas extractivas que tanto despojo, violencia y muerte genera en nuestros territorios”.