El Congreso de la República de México aprobó el miércoles (22) la creación de la Ley de Protección del Espacio Aéreo mexicano, la cual determina que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) será la responsable de coordinar la vigilancia y control del espacio aéreo de México. La iniciativa fue lanzada en abril de 2022 por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Hasta ahora, dichas tareas habían estado principalmente bajo el control de autoridades civiles de aeronáutica y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Mientras solo una instancia de Sedena participaba en el esquema previo, ahora las Fuerzas Armadas serán la cabeza y coordinarán todas estas actividades.

“La Sedena coordinará la participación de las autoridades correspondientes para la vigilancia del espacio aéreo”, dice el artículo 3 de la ley. Además, la secretaría tendrá la libertad de emitir disposiciones técnicas y administrativas que considere “necesarias” para el cumplimento de la ley.

La ley también crea el Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano. El sistema será integrado por Sedena, que hará la coordinación; por la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana y la Comandancia del Centro Nacional para la Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo; Secretaría de Marina, a través de la Dirección del Centro de Mando y Control de la Armada de México.

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La reforma se aprueba en medio de crecientes críticas a las políticas de militarización de López Obrador, quien ha entregado a las Fuerzas Armadas: el control de la Guardia Nacional, obras como el Tren Maya y aeropuertos, además de la vigilancia de puertos y aduanas.

Contradicción

La Ley de Aviación Civil y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, todavía vigentes, dan facultades en materia aeronáutica a la SICT. Las leyes no fueron reformadas y en la nueva se autoriza a la Sedena a realizar parte de las tareas que la SICT ya lleva a cabo vía sus órganos Agencia Federal de Aviación Civil y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Senaem).

Ahora, la ley será enviada al Ejecutivo Federal para completar el trámite y su entrada en vigor.

^{En portada: Asamblea en memoria de Abisaí, realizada el pasado martes 21 de febrero. En el evento, individuos, colectivos y organizaciones exigieron justicia por el asesinato del activista y periodista.}

Organizaciones sociales y ambientales exigieron que las autoridades del estado de Hidalgo investiguen la muerte del activista Abisaí Pérez Romero, estudiante de ciencias de la comunicación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), colaborador del Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas) e integrante del programa de servicio social del programa “Identificación y documentación de conflictos socioambientales” de la UACM.

Abisaí desapareció el lunes 13 de febrero, cuando se desplazaba en su bicicleta en el municipio de Tula, Hidalgo. Su cuerpo fue encontrado un día después, el martes 14 de febrero, en un camino vecinal.

En un comunicado, organizaciones como el Grupo Intercolegiado de Investigación en Ecología Política (UACM), la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA),  el Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño A.C e intelectuales como Enrique Leff y Mina Lorena Navarro, exigen “una investigación seria de los hechos, sin descartar con presura ninguna línea de investigación, por parte de las autoridades correspondientes”.

Abisaí “era un defensor del territorio, un defensor de derechos humanos que investigaba la articulación entre diferentes conflictos en la región tolteca”, sostiene para Avispa Midia el profesor e investigador de la UACM, Hernán Correa, quien integra el programa de servicio social “Identificación y documentación de conflictos socioambientales”, del cual Abisai hacia parte.

Abisaí estaba vinculado con la Red de Conciencia Ambiental “Queremos Vivir”, organización radicada en Tula, que ha denunciado los estragos ocasionados en la población del Valle del Mezquital por la construcción del Túnel Emisor Oriente.

Denunció los efectos nocivos que ha producido la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco, insertada en lo que se ha llamado uno de los “infiernos ambientales” de México.

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Estuvo vinculado con el Comité de Defensa Ambiental de Atitalaquia, que denuncia la imposición de un relleno sanitario regional en la comunidad de Dendhó. El asesinato de Abisaí es el segundo a involucrar activistas ambientales en la región de Tula.

El 20 de junio del 2022, Jesús Bañuelos Acevedo, conocido como ‘Chuí’, fue asesinado de un disparo en la cabeza. “Es un caso que también está en la impunidad”, recuerda el investigador.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo descartó que el cuerpo de Abisaí presentara huellas de violencia y determinó que la causa de muerte “fue un hematoma subdural secundario a un golpe en el rostro sufrido por una caída desde su propia altura”.

Sin embargo, según las organizaciones, el asesinato de Abisaí podría estar directamente vinculado con su trabajo. “Por esta razón hacemos un enfático llamado a las autoridades judiciales para que investiguen esta muerte teniendo en cuenta su profesión de comunicador social y su actividad como defensor de la vida”.

La organización Artículo 19 se manifestó, por medio de sus redes sociales, al respecto de las investigaciones. “Exigimos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, investigar de manera pronta, imparcial y diligente aplicando el Protocolo Homologado para investigar delitos cometidos contra la libertad de expresión y determinar las causas del asesinato”.

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La Red de Reporteros Sin Fronteras, también por medio de sus redes sociales, pidió a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo que “investigue urgentemente los hechos, sin descartar motivos basados en la labor periodística de Abisaí Pérez Romero”.

De acuerdo con Correa, “su núcleo familiar es que está a cargo de recibir la información de la carpeta de investigación”.

^{Por Darío Aranda}

Una investigación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario (UNR) confirmó que las personas jóvenes de los pueblos fumigados con agrotóxicos tienen 2,5 veces más probabilidad de padecer y morir de cáncer que las personas que viven lejos de los agroquímicos. Los datos se obtuvieron en una investigación inédita en su tipo, que llevó siete años y está basada en estudios epidemiológicos de ocho localidades de Santa Fe (involucró a 27,000 personas). “Con tres décadas de este modelo agroindustrial, ya nadie puede negar que la evidencia científica confirma que el agronegocio daña la salud, genera enfermedad y muerte”, afirmó Damián Verzeñassi, del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas y uno de los autores de la investigación.

Las Madres de Ituzaingó (Córdoba), el colectivo Paren de Fumigar (Santa Fe), la Coordinadora Basta es Basta (Entre Ríos), el Encuentro de Pueblos Fumigados (Buenos Aires) y la Red de Salud Popular Ramón Carrillo (Chaco), son sólo algunas de las organizaciones y espacios de articulación que desde hace más de dos décadas denuncian el impacto en la salud del modelo de agro transgénico.

El trabajo científico “Incidencia y mortalidad por cáncer en localidades rurales argentinas rodeadas de tierras agrícolas tratadas con pesticidas”, publicado en la revista internacional Clinical Epidemiology and Global Health (Epidemiología Clínica y Salud Global), confirmó lo que esas organizaciones (y otros científicos y activistas) gritan desde hace muchos años: existe una relación directa entre el modelo transgénico, las fumigaciones con agrotóxicos y el cáncer.

La investigación fue realizado por el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. Consistió en estudios epidemiológicos en las localidades de Acebal, Arteaga, Chabás, Luis Palacios, San Genaro, Sastre, Timbúes y Villa Eloísa. Todas tienen la característica de ser pueblos dedicados al agronegocio, con predominio de cultivos transgénicos y uso de agroquímicos. “Vivir en pueblos fumigados aumenta el riesgo de padecer y morir por cáncer”, alertan los investigadores Damián Verzeñassi, Alejandro Vallini, Facundo Fernández, Lisandro Ferrazini, Marianela Lasagna, Anahí Sosa y Guillermo Hough.

Y precisan: “El estudio evidencia que en la población joven (entre 15 a 44 años) la probabilidad de morir por cáncer es 2.48 (mujeres) y 2.77 (hombres) veces mayor en estas localidades en comparación con el resto del país”. Y alertan que el porcentaje de fallecimientos por cáncer (tomando la referencia internacional de cien fallecimiento por cada 100,000 habitantes) en estas ocho localidades fue del 30 por ciento, mientras que a nivel nacional la cifra es mucho menor (19.8 por ciento).

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“Se demostró que la incidencia de cáncer en la población de las ocho localidades fue significativamente mayor en comparación a la población general. Y, en particular para la población femenina, se determinó que tiene un 66 por ciento de mayor probabilidad de sufrir algún tipo de cáncer en comparación con la población femenina general del país”, remarcaron.

Damián Verzeñassi apunta a las causas de las estadísticas obtenidas: “El actual modelo agroindustrial no ha hecho más que incrementar los daños en la salud de los territorios y, por tanto, de las personas que vivimos en esos territorios. Nuestro trabajo es un aporte más a una gran cantidad de clara evidencia científica que se vienen haciendo desde hace ya muchos años y que da pruebas concretas de las consecuencias de los pesticidas”.

En la investigación del equipo rosarino se precisó que, en promedio, el 27 por ciento de los pesticidas utilizados en los países de altos ingresos (como Estados Unidos) están en la categoría “altamente peligrosos”, mientras que el porcentaje aumenta a 45 en los países de ingresos bajos y medios (como Argentina). “En nuestro país las cantidades por hectárea son muy superiores a las utilizadas en Europa o Estados Unidos”, señala la publicación, que cita decenas de trabajos científicos que dan cuenta de la presencia de agrotóxicos en ríos, napas de agua, suelos urbanos, alimentos e incluso en agua de lluvia.

El equipo de investigación apunta también a los responsables de que esto suceda. “La principal responsabilidad es del Estado que habilita este modelo. También hablamos de los funcionarios, de distintos signos políticos, que sostienen y defienden este modelo de una manera cuasi fundamentalista, sin aceptar una discusión en serio”, afirma Verzeñassi. También precisa el rol cómplice del Poder Judicial y del los poderes legislativos, tanto nacional como provinciales. Y señala a los grandes productores, muchos representados en la Mesa de Enlace: “Son partícipes de este proceso que es ecocida y mata a nuestras poblaciones”.

“Y claro que no tenemos que olvidar a las empresas que producen y venden estas sustancias tóxicas, son de las mayores responsables. Saben de los daños que producen y siguen con sus negocios sin importarles el sufrimiento de las poblaciones”, denuncia. Entre las empresas que comercializan glifosato en Argentina figuran Bayer-Monsanto, Syngenta, Red Surcos, Atanor, Asociación de Cooperativas Argentinas, Nufram, Agrofina, Nidera, DuPont, YPF y Dow.

La investigación del Instituto de Salud Socioambiental, en su conclusión, remarca la necesidad de reducir el uso de agrotóxicos y, sobre todo, hace un llamado a aplicar el “principio precautorio”, vigente en la legislación argentina, que implica el tomar medidas de protección cuando está en riesgo la salud y ambiente. “Luego de tres décadas de este modelo, de innumerables pruebas tanto en los territorios como en los laboratorios, es urgente aplicar el principio precautorio ante esta forma de producir que atenta contra la vida de las poblaciones”, exige Verzeñassi.

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En 2020 la organización Naturaleza de Derechos publicó el informe “Antología Toxicológica del Glifosato +1000”, de 270 páginas, recopilado por Eduardo Martín Rossi. Allí detallaban 1,100 trabajos científicos que confirman los efectos en la salud y el ambiente del herbicida glifosato. Figuran más de 200 investigaciones de académicos argentinos (del Conicet y de universidades públicas). En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, ámbito especializado de la Organización Mundial de la Salud), vinculó el glifosato al cáncer, y confirmó que produce daño genético en humanos.

En contraposición, no existen investigaciones independientes (donde no intervengan empresas y científicos con conflictos de intereses) que dé cuenta de la inocuidad de los agrotóxicos utilizados en los campos. De hecho, tanto en Argentina como en Estados Unidos, las agencias estatales aprueban esos químicos en base a estudios de las mismas empresas que los venden.

Una experiencia única y censurada

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario contaba con una experiencia única: los “campamentos sanitarios”, de la materia Práctica Final del último año de la carrera (impulsada por el Instituto de Salud Socioambiental). Todos los estudiantes y docentes se instalaban durante una semana en un pueblo (siempre en acuerdo con las autoridades locales) y, con una detallada encuesta, trazaban un perfil socio-sanitario del lugar. Se realizaron 40 campamentos en el periodo 2010-2019 (entre ellos los ocho de la publicación científica) y reunieron evidencias claras del incremento de enfermedades vinculadas al modelo agropecuario. Pero las actuales autoridades de la Facultad (encabezada por el decano Jorge Molina) eliminaron esa experiencia única de estudio e investigación.

Agrotóxicos y su impactos en la salud

El médico e investigador Damián Verzeñassi explica que los estudios epidemiológicos no pueden precisar qué agroquímico causa determinada enfermedad en cada paciente, pero sí remarca que las poblaciones son expuestas a cócteles de agrotóxicos que individualmente está probado que estimular el desarrollo de problemas endocrinos y distintos tipos de cánceres.

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Destaca que el glifosato es teratogénico (produce malformaciones) y está asociado al desarrollo de linfoma no hodking; la atrazina está vinculado al cáncer de mama y alteraciones en tiroides; el clorpirifós es neurotóxico, desregula la tiroides y aumenta la incidencia de tumores de mama.

En tanto el glufosinato de amonio (que se intenta utilizar en el nuevo trigo transgénico) es disruptor endocrino y teratogénico. Mientras que el 2-4D es teratogénico, aumenta el riesgo de aborto y es clasificado por IARC-OMS cómo posiblemente cancerígeno en humanos y asociado a linfoma no hodking. “Existen además trabajos científicos que demostraron que si se combinan los pesticidas, algo que ocurre en la práctica habitual, la capacidad de daño es aún mayor que individualmente”, afirma Verzeñassi.

^{En portada: Manifestación de habitantes de Sitilpech por la contaminación de su territorio debido a la operación de una mega granja de cerdos.}

La madrugada del pasado sábado (18), elementos de la policía estatal y municipal, de Yucatán e Izamal, respectivamente, ejecutaron un operativo contra el campamento erigido por habitantes de la comunidad maya de Siltepech en rechazo la reanudación de una mega granja de cerdos que contamina el aire, agua y tierra de la región.

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Registros en video muestran a los elementos de seguridad violentando a mujeres y adultos mayores que participan en la iniciativa pacífica de Siltepech para cuidar y defender su territorio ante la cría industrial de hasta 50 mil cerdos.

En el operativo también participaron policías antimotines, quienes reprimieron, asediaron, agredieron físicamente y finalmente desalojaron con violencia el bloqueo de la organización La Esperanza de Sitilpech. Testimonios de las y los manifestantes aseveran que los policías robaron sillas, mesas y celulares para evitar la documentación del hecho, violando con ello los protocolos de uso de violencia.

Por su parte, la tarde de este domingo (19), la organización Kanan difundió que las y los habitantes de Sitilpech interpusieron un amparo indirecto ante la represión policiaca, argumentando la violación a sus derechos a la libre manifestación y la defensa de sus derechos humanos.

Alertaron que, con las acciones del Estado, existe el riesgo “de desaparición forzada o detenciones arbitrarias que supone este tipo de intervenciones. Actos que, por demás, violentan los derechos reconocidos en la Constitución, Convención Americana Sobre Derechos Humanos y en el Acuerdo de Escazú”.

En el comunicado, la organización de derechos humanos informa que un juez federal concedió la medida cautelar, reconociendo con ello la legitimidad de la protesta pacífica de las y los habitantes de Sitilpech. Además, la resolución ordena al Estado a cesar los malos tratos (asedios, agresiones y violencias), así como cualquier acto de incomunicación contra las y los manifestantes.

“Exijamos a las autoridades a acatar la resolución judicial y cesar la criminalización, represión y vio en contra de la comunidad maya de Sitilpech y quienes integran el colectivo La Esperanza de Sitilpech”, asevera el documento.

Tribunales y represión

En comunicado, difundido el sábado (18), la organización Kanan Derechos Humanos, quien acompaña legalmente a las y los manifestantes, enfatiza que la reapertura de la mega granja porcícola amenaza la vida en la comunidad maya.

Fue en 2021 cuando habitantes de Sitilpech iniciaron un proceso organizativo y de defensa legal para exigir el respeto a su libre determinación. Desde entonces también han denunciado la vulneración de sus derechos a un medio ambiente sano y a la salud ante los daños por la operación de la empresa porcícola Productos Pecuarios para Consumo (aparcera de Kekén).

Tras años de trabajo colectivo, un juez de distrito en Yucatán otorgó medidas cautelares a los habitantes, mismas que condujeron a la suspensión de operaciones de la granja. No obstante, “nueve meses después, el poder del empresariado porcícola en Yucatán logró que un Tribunal Colegiado, bajo propuesta del Magistrado Jorge Enrique Eden Wynter García, desechara el caso judicial de la comunidad de forma arbitraria, permitiendo así el reinicio de operaciones de la mega granja”, denuncia la organización Kanan.

En la primera semana de febrero de 2023, con la venia del Tribunal, la empresa Kekén reanudó el envío de camiones para suministrar de cerdos al complejo industrial. Sin embargo, desde el pasado 10 de febrero, cientos de mujeres y hombres de Sitilpech se congregaron para levantar un campamento pacífico con la intención de bloquear el paso de los transportes hacia el interior de la mega granja.

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Como respuesta a la protesta pacífica, la empresa Kekén emprendió una campaña de criminalización y estigmatización contra el pueblo de Sitilpech y la organizacion Kanan Derechos Humanos. Así lo denuncian una docena de organizaciones sociales, quienes mediante pronunciamiento conjunto acusan a medios de comunicación locales de participar en la denostación de las manifestaciones, contexto que precedió la represión del pasado sábado (18).

“Responsabilizamos a la empresa Kekén y a Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado de Yucatán, por la integridad de los defensores del agua y el territorio de Sitilpech y expresamos nuestro repudio a los medios de comunicación que participan en esta campaña y a la policía estatal y municipal de Izamal por su violencia contra personas defensoras, que abonan a la larga lista de casos de estigmatización, criminalización y represión de movimientos sociales en Yucatán”, se posicionan las organizaciones de derechos humanos.

^{En portada: Productor de maíz. Foto: Eduardo Miranda}

El presidente de la República de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 13 de febrero, un nuevo decreto que establece nuevas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado. En diciembre de 2020, el presidente publicó un primer decreto, que queda abrogado, en el cual decidió eliminar gradualmente el maíz transgénico y el herbicida glifosato para el 2025.

La nueva publicación fue la respuesta al ultimátum que Estados Unidos dio a México al solicitar los fundamentos científicos frente a la prohibición del maíz genéticamente modificado y el glifosato, consideró Malin Jönsson, coordinadora de la Fundación Semillas de Vida, en entrevista para Avispa Midia.

La publicación fue difundida un día antes de la fecha solicitada por el nuevo jefe de comercio agrícola de Estados Unidos, Doug McKalip, y el Subsecretario de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USTR), Alexis Taylor, para que el gobierno mexicado presentara explicaciones sobre su decisión de prohibición.

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En el reciente decreto se mantiene la prohibición de sembrar maíz genéticamente modificado, así como su utilización en la alimentación humana en el sector de la masa y la tortilla.

Lo anterior, “no representa afectación alguna al comercio ni a las importaciones, entre otras razones”, sostuvo la Secretaria de Economia en un comunicado a la prensa.

El nuevo decreto quita el plazo para prohibir el maíz transgénico en la alimentación animal e industrial de alimento humano. En el comunicado, la Secretaría de Economia explica que “en cuanto al uso de maíz genéticamente modificado para el forraje y la industria, se elimina la fecha límite para prohibir su uso, quedando sujeto a que exista suficiencia en el abasto. Se instalarán mesas de trabajo con el sector privado nacional e internacional para lograr una transición ordenada”.

Además, se recorre la fecha para dejar de importar glifosato y sustituirlo por alternativas agroecológicas, de enero a marzo de 2024.

En el comunicado de prensa, la Secretaría de Economía sostuvo que “Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) realizará investigaciones científicas en torno a los posibles impactos en la salud de las personas del maíz genéticamente modificado. Tales estudios se realizarán con agencias sanitarias de otros países”. Con eso, “México reitera su compromiso de cumplir el T-MEC, según el cual las decisiones fitosanitarias deben estar basadas en evidencia científica”.

T-MEC

El gobierno de EEUU amenaza México con recurrir a medidas formales apegadas al Acuerdo Comercial de América del Norte (T-MEC), antes TLCAN. Para las organizaciones que integran la campaña “Sin Maíz no Hay País”, la polémica muestra que los tratados de libre comercio ponen en riesgo la soberanía de los países cuando alguna de las partes está en situación de desventaja.

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Sin embargo, como argumenta Jönsson, en el T-MEC existen artículos que protegen la soberanía de los países, es decir, México puede prohibir el uso productos de tecnología moderna u organismos genéticamente modificados (OGM).

“No hay una obligación del T-MEC para admitirlas (las denuncias de EEUU). Podemos ocupar esos argumentos que tenemos, hay muchísimos estudios que están mostrando el daño que provocan a la biodiversidad, a la salud, a la vida”, agregó Jönsson y dijo que, incluso, se puede poner fecha de cierre de frontera para la importación.

Queda Corto

Existen varios estudios sobre harinas de maíz contaminadas con transgénicos y glifosato. “Se están mezclando los dos”, dijo Jönsson.

Incluso, investigaciones de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y la Asociación de Consumidores Orgánicos mostraron hallazgos de glifosato y transgénicos en las tortillas. Y de estar usando maíz amarillo para este alimento, habrían fallado los controles por parte del gobierno.

“¿Cómo vamos a eliminar el consumo de harinas contaminadas que tenemos actualmente?, ¿cómo lo vamos a implementar realmente el decreto?, ¿cómo vamos a asegurar que no lo estamos consumiendo?, ¿qué se ha hecho para garantizar que no estamos consumiéndolo directamente?”, cuestionó Malin Jönsson. Como hay varios problemas, “queda un poco corto el decreto”, porque no los resuelve.

La investigadora de Semillas de Vida recordó que el maíz es modificado genéticamente para resistir al herbicida, “van de la mano”. Es así como la aplicación del glifosato acaba con otras plantas. “Controla, pero mata todas las otras vidas, mata la biodiversidad”.

Los considerandos del nuevo decreto presidencial reconocen las investigaciones científicas que alertan sobre los efectos nocivos del herbicida en la salud de los seres humanos, el medio ambiente y la diversidad biológica. Además, reconoce como probable carcinogénico, como lo establece la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer.

La Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), publicó un amplio expediente al respecto. Pero, a decir de las organizaciones mexicanas, ni el gobierno estadounidense ni las empresas consideran válidos estos estudios. “Nos quieren llevar a un callejón sin salida”.

Es una situación sumamente compleja, insistió Jönsson, también por los intereses de grandes capitales de las transnacionales que controlan el comercio del glifosato y la producción de los maíces transgénicos como la empresa Bayer- Monsanto, Syngenta, entre otras.

“Realidades incompatibles”

México es centro de origen y diversificación constante del maíz. Es el resguardo genético vivo más grande en el mundo de los maíces. Los pueblos originarios llevan unos diez mil años guardando, seleccionando y mejorando las semillas, destacó la investigadora.

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Existe el registro de 59 razas nativas, pero existen millones de variedades de maíces como esencia de la cultura alimentaria de México, que lo domesticó desde hace más de 7 mil años. En cambio, en Estados Unidos el maíz es una mercancía y un insumo para forraje, para elaborar productos ultraprocesados y para generar agrocombustibles.

“Son dos realidades distintas e incompatibles”, coincidió la investigadora. “Pero venimos de un modelo económico neoliberal donde no se ha apoyado nada la población campesina, se ha dejado que entre el maíz transgénico”, dijo.

Las organizaciones hacen hincapié en la autosuficiencia de México en la producción del maíz que consume. “Por ello es indispensable establecer políticas públicas congruentes y transversales con su respectivo presupuesto, que garanticen que en un plazo perentorio habrá autosuficiencia permanente de maíz no transgénico para la cadena alimenticia en su conjunto”, dijo.

Reacción

El martes 14 de febrero, el secretario de Agricultura estadounidense destacó que están revisando cuidadosamente los detalles del nuevo decreto “y tenemos la intención de trabajar con la USTR para asegurar que nuestro compromiso basado en la ciencia y las reglas se mantenga firme”.

Fernando Bejarano, de la Red de Acción sobre Plaguicidas, considera que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán realizar las acciones conducentes a efecto de llevar a cabo la sustitución gradual del glifosato hasta llegar a su prohibición en marzo de 2024.

Destacó el artículo octavo del decreto 2023 que habla del protocolo de investigación conjunta que integrará la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y las instancias equivalentes de otros países en un estudio sobre el consumo del maíz genéticamente modificado y los posibles daños a la salud.

Las organizaciones que integran la campaña nacional convocaron a las personas a unirse a los propósitos, para que se establezcan leyes y reglamentos que incluyan sanciones.

En la actualidad se importan alrededor 17 millones de toneladas de maíz transgénico a México, debido al Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y Canadá.