Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Pobladores de Tila durante el ingreso de elementos del ejército tras días de enfrentamientos en el ejido.}

En el municipio ch’ol de Tila, al norte de Chiapas, pobladores viven días sumidos en la violencia criminal, lo que ha provocado el desplazamiento de miles de familias hacia comunidades como Petalcingo y Yajalón, cerca de la frontera con Tabasco.

Familias ejidatarias, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), denuncian que, entre los días 4 y 7 de junio del 2024, un grupo armado autodenominado “Karma” ingresó al poblado detonando armas de alto calibre. Mediante pronunciamiento titulado “El terror de los grupos delincuenciales del mal gobierno”, difundido el pasado martes (11), ejidatarios de Tila aseguran que “no pudieron mantener la paz ya y la gente respondió” al ataque criminal.

Para entender la violencia actual, necesitamos recorrer el pasado y las diferentes luchas de los ejidatarios de Tila, quienes, en su reivindicación por el ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos, han sufrido represión por décadas. 

Despojo

Ejidatarios de Tila resaltan que la violencia actual tiene sus orígenes en marzo de 1966, cuando el Cuerpo Consultivo Agrario, perteneciente a la Secretaría de la Reforma Agraria, intentó modificar el plano y decreto presidencial de julio de 1934, el cual otorgó a la población ch’ol su derecho sobre la tierra estableciendo legalmente al ejido Tila. 

El objetivo era imponer un fundo legal -figura agraria jurídica que permitiría el control de 130 hectáreas de tierras por el municipio de Tila, quitandole su característica de propiedad social – para la instalación y operación del ayuntamiento, pues antes operaba en la comunidad de Petalcingo, en el mismo municipio, a poco más de 10 kilómetros de distancia.

Ante ello, ejidatarios organizados emprendieron diferentes luchas pacíficas para lograr la restitución de las 130 hectáreas que, según ellos, el ayuntamiento ocupó y cedió a particulares ilegalmente en su territorio. 

En estos años, destacan las movilizaciones y batallas legales, como la que desde el año 1982 mantienen los ejidatarios. En ese año, promovieron el amparo 259/1982 para denunciar el despojo de su territorio y reivindicar la propiedad social del ejido, demanda que hasta diciembre del año 2008 obtuvo una sentencia favorable por parte del juzgado primero del distrito del Estado de Chiapas, el cual resolvió amparar y proteger el ejido de Tila, ordenando con ello la restitución de las tierras.

La abogada Aracely Olivos, quien acompaña el caso, detalla que durante los 26 años, desde que se presentó la demanda de amparo hasta la sentencia, el municipio de Tila otorgó ilegalmente propiedades, como si se trataran de propiedad privada, a muchas personas, tanto avecindadas como ajenas al ejido.

Esta situación, contextualiza la litigante, generó tensión entre los pobladores pues el ayuntamiento argumentó su imposibilidad para cumplir con la restitución de tierras debido a la presencia de estas propiedades privadas. Ante ello, los ejidatarios recurrieron a un incidente de inejecución de sentencia -recurso utilizado cuando la autoridad responsable no cumple con la resolución- dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual se mantuvo sin resolución hasta el año 2018.

En este periodo se presentaron peritajes antropológicos, sociológicos y jurídicos; inclusive el sociológo mexicano, Rodolfo Stavenhagen, quien fungiera como relator de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, presentó un amicus curiae (presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión jurídica) que desarrolla la historia y la dimensión antropológica del ejido y el pueblo ch’ol. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez también proporcionó otro amicus curiae para abordar el derecho de los pueblos indígenas, proponiendo su incorporación en la resolución.

Al final, relata Olivos, la SCJN decidió regresar el caso al juzgado primero de distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez, pues argumentó que no es posible determinar si existe imposiblidad jurídica o material para dar cumplimiento a la restitución de tierras que resolvió el amparo de una década antes.

Acorde a la abogada, la SCJN aseguró desconocer cuantas propiedades están inscritas en el Registro Público de la Propiedad Federal, lo que le permitiría saber a cuántas personas se afectarían con la restitución de tierras a los ejidatarios, esto a pesar de que, señala la litigante, los más afectados son los habitantes del ejido, “pues ahí estamos hablando del derecho al territorio como una forma de darles continuidad histórica a los pueblos originarios”.

En medio de las batallas legales, otro punto a destacar es el hecho de que, desde noviembre de 2018, un grupo de pobladores, aliados al ayuntamiento, usurparon, mediante la falsificación de firmas y de actas de asamblea, los órganos de representación ejidal.

Mediante esta acción, el grupo que se conoce como “los legales” consiguieron la representación de miembros afínes para ocupar la Presidencia del Comisariado y el Consejo de Vigilancia del municipio.

La abogada Olivos relata que, una vez concretados éstas inscripciones ante el Registro Agrario Nacional (RAN), “los legales” se presentaron ante el juzgado en la capital chiapaneca para solicitar la personalidad jurídica que les permite acceder al expediente que desde 2018 se encuentra en su poder tras la resolución de la SCJN.

Por esta situación, el equipo legal que acompaña al ejido Tila no tiene acceso a los archivos judiciales. “Hemos insistido ante el juzgado, que ha sido muy negligente, en decirles que se trata de un ejido indígena y que por tanto debe tomar en cuenta su derecho de libre determinación y su jurisdicción sobre el territorio, lo que implica que su derecho es igual de válido que un registro administrativo ante el RAN”, reclama la abogada, quien señala que esta situación no permite que el caso avance en los tribunales.

En este contexto, ejidatarios de Tila han denunciado en múltiples ocasiones la usurpación actual de Eduardo Gutiérrez Martínez, como presidente del comisariado ejidal, a quien responsabilizan de la inestabilidad y violencia en el ejido ch’ol.

Paramilitares y crimen

Tras décadas de omisiones y sentencias incumplidas, fue el 16 de diciembre del 2015 cuando la Asamblea Ejidal expulsó al ayuntamiento del territorio indígena, ejerciendo su derecho al autogobierno y a la autonomía ejidal, en el marco de su derecho a la libre determinación como pueblo originario. 

En ese momento, los ejidatarios expulsaron a la pareja compuesta por Limber Gregorio Gutiérrez Gómez y su esposa, Sandra Luz Cruz Espinosa, ambos militantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y quienes ocupaban, alternadamente, la presidencia municipal. Es debido a la expulsión de los caciques, que los ejidatarios han sido objeto de agresiones y violencia por parte de quienes defienden la operación del ayuntamiento en tierras del ejido de Tila.

Gutiérrez y Cruz son señalados por mantener nexos con el grupo paramilitar conocido como “Paz y justicia”, financiado y entrenado por el ejército mexicano en el contexto del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el año 1994. 

Como documenta Dante Saucedo, pese a que entre los años 2000 al 2010 fueron detenidos varios integrantes del grupo armado, estos mantienen vínculos con el grupo que actualmente genera la violencia contra los ejidatarios en Tila. Resalta el caso de Juan José Díaz Solórzano, ex presidente municipal, detenido en 2010 en posesión de 3.5 millones de pesos destinados a apoyar la campaña de Sandra Luz Cruz Espinosa para ocupar el ayuntamiento. Actualmente, Limber Gregorio Gutiérrez Gómez se mantiene como alcalde de Tila, pero opera desde El Limar, a 30 kilómetros del ejido ch’ol.

En su pronunciamiento del martes (11), los ejidatarios destacan su lucha pacífica frente al contexto reciente de dolor y terror que se vive en el ejido. En el documento enfatizan que, desde 2008 y pese a las agresiones, han mantenido la calma, pero después de denunciar insistentemente la incursión del crimen organizado en el ejido, “ahora estamos en un escenario de desplazamiento forzado, muerte y amenaza a nuestra supervivencia como Pueblo Ch’ol”.

La incursión violenta del grupo criminal en junio es la mas reciente de una serie de agresiones contra los ejidatarios, algunos quienes han desempeñado cargos ejidales para la defensa de la autonomía indígena y donde destaca Carmen López Lugo (integrante del comisariado ejidal, entre los años 2018 y 2021) y quien fuera asesinado en enero del 2024.

Desde finales del año 2023, ejidatarios de Tila denunciaron las acciones del grupo criminal “Karma”, el cual sostienen opera en complicidad con el ayuntamiento y es responsable por los asesinatos del ex comisariado ejidal, así como de Domingo Lugo Ramírez, éste último ocurrido en marzo del 2024. Miembros del CNI, sus familias aseguran que fueron amenazados y después ejecutados con toda impunidad.

“Estos últimos años hemos denunciado toda la impunidad del ayuntamiento, pero como son apoyados por el gobierno, pudieron seguir provocando el problema tan grande que se ocasionó al dia de hoy. Lo pueden ver en todas las denuncias que hemos realizado pero que el mal gobierno nunca hizo caso de parar a sus grupos porque querían ocasionar una desgracia como la que ya provocaron para buscar el pretexto de regresar al territorio ejidal”, acusan los ejidatarios.

Violencia en incremento, omisión de autoridades

Acorde a registros de los ejidatarios de Tila, entre los meses de mayo y junio del 2023 se suscitaron diversas acciones que daban cuenta de la incursión de grupos criminales en la región. Es en esa época que, por primera vez, avistaron hombres encapuchados portando armas de uso exclusivo del ejército, tales como rifles AR-15, mientras se desplazaban en camionetas por el ejido ch’ol.

El 13 de octubre de ese año fueron asesinados dos jóvenes, hijos de ejidatarios de entre 17 y 19 años, cuyos homicidios, aseguran los ejidatarios, fueron perpetrados por personas vinculadas a grupos paramilitares, ahora convertidos en delincuencia organizada. Mediante comunicado, los ejidatarios responsabilizaron a funcionarios municipales como el contador Rodrigo Martínez Parcero, vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación y al grupo Karma, señalado como uno de los responsables por iniciar las agresiones del pasado 4 de junio.

Destaca también las agresiones durante la madrugada del 11 de noviembre del 2023, cuando el grupo armado intentó prender fuego a la casa del primer comisariado Ejidal. El mismo día también intentaron quemar la casa del ex comisariado y durante la noche dispararon contra la casa de un profesor, miembro activo del ejido. 

Tras la sucesión de las agresiones es que los hombres armados colgaron una manta en la que se identifican como “Grupo Karma” y mediante la cual amenazaban a todas las personas que han tenido cargos ejidales, en el contexto de la autonomía, para abandonar el ejido.

A partir de ese momento, relata la abogada Olivos, para los ejidatarios quedó claro que no solo es un contexto de entrada del crimen organizado, “que se combina con las tensiones internas, sino que el grupo criminal va en contra de los líderes ejidales”. Esto quedo comprobado con el asesinato de las autoridades ejidales durante los primeros meses del 2024, pese a que desde noviembre del 2023 la Fuerzas Armadas acordaron realizar patrullajes para garantizar la seguridad de los ejidatarios.

Según los ejidatarios, el grupo Karma busca adquirir el control territorial en el ejido Tila para asegurar las extorsiones y el cobro de piso, así como actividades criminales vinculadas al tráfico de drogas en un territorio de relevancia en la zona norte que conecta con Tabasco y el Golfo de México.

Mediante su pronunciamiento, los ejidatarios de Tila denuncian también la cobertura mediática desplegada en medios masivos durante los recientes sucesos violentos. Esto debido a que consideran que se habla de “los autónomos” equiparándolos como criminales, a pesar de que “la autonomía es un derecho que hemos ejercido con apego al marco constitucional y en vista de la incertidumbre jurídica en que nos ha mantenido el Poder Judicial Federal”, sostienen.

Desplazamiento

Mientras tanto, un pronunciamiento de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT), fechado el viernes 7 de junio, asegura que el actual escenario de violencia tiene antecedentes, “que fueron denunciados públicamente, sin que las autoridades de los tres niveles de gobierno hayan tomado las medidas necesarias para evitar su escalamiento”.

Por su parte, medios nacionales reportan que, durante asamblea efectuada el martes (11), las familias desplazadas que se encuentran en Yajalón, aseguran que no hay condiciones de seguridad para retornar a sus hogares.

De acuerdo a diferentes reportes se contabilizan más de 5 mil personas desplazadas por la violencia en el ejido Tila. Mientras el edil de Yajalón asegura que 1,800 personas se refugian en dicho municipio, otras 4 mil permanecen en el ejido Petalcingo, del mismo municipio de Tila.

A los pueblos cholultecas

Al Congreso Nacional Indígena

A los pueblos que luchan y resisten

A los medios de comunicación

La acción del mal gobierno en contubernio con la empresa ProFaj Hidro – Limpieza ahora se manifiesta con ataques cibernéticos a las páginas de Facebook en las que los pueblos cholultecas hemos difundido nuestra lucha y las denuncias de represión de la que hemos sido objeto.

En menos de una semana se documentan 3 ataques cibernéticos directamente a nuestro movimiento en contra del basurero de San Pedro Cholula.

-Domingo 9 de junio hackeo del Whatsapp de Miguel López Vega

-Miércoles 12 de junio, clonación de la página de Unión de pueblos y Fraccionamientos contra el basurero y creación de videos apócrifos usando la imagen de la Jornada Oriente.

-Jueves 13 de junio desaparición del perfil de Facebook La Flor Peri Odico

Estos ataques sistemáticos no solo vulneran la libertad de expresión de los pueblos, además, generan confusión en la población y aumenta el riesgo de represión al privar de medios para denunciar los ataques violentos del Estado contra los pueblos cholultecas.

Esto es parte de la respuesta del Estado contra los pasos dados por los pueblos en el ejercicio de nuestra Autonomía y Autodeterminación: cerrar el basurero de San Pedro Cholula el 21 de marzo del presente año, la publicación del decreto contra los basureros y la explotacion y contaminación del agua el 14 de mayo, la movilización en la CDMX el 11 de junio frente a PROFEPA, sostener un plantón de vigilancia permanente para evitar la contaminación a la tierra y agua de la región cholulteca y demostrar una y otra vez la contaminación mortal que ProFaj, Cuauhtémoc Ochoa y sus cómplices a nivel municipal, estatal y Federal impone en nuestro territorio.

Ya nos dispararon y nos han criminalizado, ahora atacan nuestros medios.

Hacemos un llamado de alerta ante los ataques que el mal gobierno y la empresa puedan hacer.

Llamamos a los colectivos, organizaciones y colectivos solidarios a hacer eco de nuestras denuncias y nuestra lucha.

Nuestra decisión continúa con firmeza: el basurero de San Pedro Cholula de va de nuestro territorio.

Pronto daremos a conocer nuestros medios por donde puedan dar seguimiento a nuestra lucha.

ATENTAMENTE

TIERRA, AGUA Y LIBERTAD

PUEBLOS UNIDOS DE LA REGIÓN CHOLULTECA Y DE LOS VOLCANES

Asamblea Nacional por el Agua y la Vida

Congreso Nacional Indígena

#fuerabasurerocriminal

#fuerabasurero

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Integrantes de la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero bloquean avenidas principales al sur de la capital mexicana para denunciar la operación del relleno sanitario en la región choluteca de Puebla. Foto: Noticias de abajo ML.}

Habitantes de 27 pueblos de la región de los volcanes, en Puebla, se manifestaron este martes (11) ante las oficinas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ubicadas en la Ciudad de México, para exigir la clausura definitiva del basurero intermunicipal de San Pedro Cholula.

Con pancartas y altavoces, integrantes de la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero bloquearon avenidas principales al sur de la capital mexicana para denunciar que la operación del relleno sanitario, durante 16 años, ha contaminado el aire, la tierra y el agua de la región.

Resaltan que, además de haber demostrado mediante análisis científicos los “brutales” niveles de contaminación en fuentes de agua cercanas al basurero, se registra un incremento en enfermedades como leucemia en municipios de Puebla, en los que destacan Ocoyucan, San Andrés Cholula, San Gregorio Atzompa, San Pedro Cholula, Juan C. Bonilla, Coronango, Papalotla de Xicohténcatl y Tenancingo.

Los manifestantes se refieren a lo difundido los primeros días de abril mediante un informe elaborado por académicos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), donde se dio a conocer que estos municipios poblanos, ubicados en la Cuenca del Río Atoyac, cuentan con las tasas más altas de mortalidad por leucemias agudas del país.

Por esta situación es que los manifestantes exigen a las autoridades ambientales el cierre definitivo del basurero en aras de proteger la salud de los habitantes, así como las fuentes de agua de la región.

Resistencia

Desde el 21 de marzo pasado, los pobladores organizados mantienen un campamento en el lugar de acceso al basurero, por lo que desde ese día han presionado para detener sus operaciones. Resaltan que, debido a las acciones de protesta han resguardado el lugar de ser contaminado por las más de 680 toneladas de basura que ingresaban diariamente, provenientes de lugares tan lejanos como Oaxaca y la CDMX.

Operado por la empresa PRO-FAJ Hidro Limpieza, pobladores argumentan que sus actividades son permitidas debido a la influencia política de Cuauhtémoc Ochoa Fernández, recientemente electo como senador por Hidalgo con el cobijo del partido Morena, y a quien señalan como el dueño de dichas instalaciones.

Para el 10 de abril, después de difundir los altos niveles de contaminación mediante resultados del análisis de agua realizados por la Universidad Autónoma de México, elementos de la Profepa clausuraron temporalmente el relleno sanitario. No obstante, la noche del 30 de abril, autoridades locales intentaron reabrir el basurero. Elementos policiacos de los municipios de Calpan, San Pedro Cholula, Chiautzingo y Domingo Arenas escoltaron a un convoy de camiones de basura que pretendía ingresar al relleno. 

Sin embargo, los manifestantes de Pueblos Unidos consiguieron repeler la agresión y detener la reapertura de las instalaciones. Durante el operativo fueron víctimas de disparos con arma de fuego.

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Ante la alerta por mayores represiones y debido a la inacción de los tres niveles de gobierno, en mayo, pueblos y autoridades, agrarias y tradicionales, de 34 comunidades convocaron a la “Primera Asamblea de los Pueblos Cholultecas en contra del basurero asesino y los Megaproyectos de Muerte”.

Celebrada el 14 de mayo, las y los asistentes catalogaron al relleno como “un ecocidio que no merece quedar impune” por lo que decretaron su clausura definitiva. Además, prohibieron cualquier proyecto extractivo en la zona, particularmente los relacionados con el Proyecto Integral Morelos (PIM), “un megaproyecto energético regional que afecta a los pueblos nahuas del volcán Popocatépetl de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala”.

Promesas

Pasadas las 15 horas de este martes (11), al salir de la reunión con las autoridades ambientales, el abogado Juan Carlos Flores de la Unión de Pueblos comunicó que la Profepa prometió realizar esta semana una inspección de verificación al relleno sanitario.

La visita, de acuerdo al compromiso de la dependencia federal, es para cerciorarse de dos puntos que denuncian los pobladores de la región choluteca. Primero, que no se han cumplido las medidas correctivas ante la contaminación derivada de sus operaciones y, sobre todo, que el relleno sanitario ya ha cumplido su vida útil.

Flores comunicó que, tras la visita de la Profepa, los pobladores esperan la recolocación de los sellos que marquen la clausura definitiva del basurero y la elaboración de un plan de abandono.

Sin embargo, el abogado detalló que los funcionarios federales no se comprometieron a la clausura, aún a pesar de que, argumenta el litigante, se han mostrado las pruebas del saturamiento del relleno sanitario, por lo que solicitó mantener a la población atenta por cualquier acción de represión.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Empresas de biotecnología, como los gigantes agroquímicos Bayer-Monsanto, Syngenta y BASF, desarrollan microorganismos genéticamente modificados para su uso en la agroindustria. Algunas de sus aplicaciones buscan la sustitución de agroquímicos tradicionales con la implementación de bacterias, virus y hongos transgénicos.

Organizaciones ambientales acusan que estas implementaciones se realizan sin regulación y sin la certeza científica de que los efectos alternos, potencialmente dañinos al medioambiente, sean irreversibles.

El uso de los microorganismos representan riesgos de contaminación generalizada en el suelo, así como desarrollo de resistencia a antibióticos o escenarios nunca contemplados de transferencia genética entre especies. Así lo sustenta un informe difundido por Amigos de la Tierra Internacional (FOE), el cual detalla una variedad de riesgos ecológicos, socioeconómicos y para la salud humana con la implementación de microbios modificados genéticamente. 

A pesar de las advertencias, productos de este tipo ya se utilizan masivamente. En EEUU, acorde a la empresa Pivot Bio, su producto “Proven” – que proporciona fertilizante nitrogenado – se aplicó en una superficie mayor a 1 millón 200 mil hectáreas de plantaciones con maíz. 

Según la red FOE, el sistema regulador en países como EEUU es obsoleto pues no es transparente sobre qué implicaciones tienen estos productos y si se han comercializado. Además, las empresas cuentan con la oportunidad de ocultar detalles bajo el argumento de “información comercial confidencial”, lo que dificulta conocer los alcances de lo que los ambientalistas enmarcan como un “experimento genético al aire libre sin precedentes”.

“El suelo es la base de la civilización humana, dependemos de él para el 95% de los alimentos que consumimos. Sin embargo, las empresas de biotecnología se apresuran a comercializar microbios modificados genéticamente con escaso conocimiento científico de sus posibles consecuencias. Una vez liberados, los microbios modificados genéticamente no pueden retirarse”, detalla una de las autoras del informe, Kendra Klein, doctora y subdirectora científica de Amigos de la Tierra.

Sin frenos

Recientemente, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los EEUU afirmó que ha registrado ocho microbios transgénicos como pesticidas. En este escenario, FOE reclama la preponderancia de las empresas agroindustriales en la industria genética, cuyo actuar “tiene un largo historial de ignorar las enormes repercusiones de sus productos en el medio ambiente y la salud humana, privar de sus derechos a los agricultores familiares, ocultar la verdad sobre sus productos y obstruir la normativa”.

Además, la organización ambientalista acusa a las trasnacionales de formar parte de plataformas integradas en las cuales no se pueden obtener por separado las semillas, pesticidas y otros productos patentados y “asociados con daños significativos a la vida del suelo y a la biodiversidad”. 

FOE asegura que es una contradicción el que empresas como BASF busquen la regeneración de los suelos que fueron afectados “por la propia producción industrial de monocultivos de maíz y soja en la que se aplica el tratamiento de semillas, un sistema que la industria agroquímica perpetúa y del que se beneficia”.

Resalta que, en América se encuentra el segundo productor mundial de cultivos biotecnológicos, Brasil, con 105 eventos aprobados. Acorde al Servicio Agrario Exterior en Brasilia, del Departamento de Agricultura de EEUU, las tasas de adopción de cultivos con mejoramiento biotecnológico como soja y el algodón alcanzaron el 99% y para el maíz, el 95%. A esto se suma que Brasil se convirtió en una de las primeras naciones en aprobar la exportación de productos que contienen ingredientes alimentarios derivados de la biotecnología microbiana, como la levadura y la proteasa alcalina.         

En octubre de 2023 Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay crearon la red internacional ABRE-Bio para la bioseguridad de los productos derivados de la biotecnología moderna. La iniciativa, promovida por gobiernos latinoamericanos y Alemania, en colaboración con organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), pretende establecer procedimientos comunes y armonizará las normas para evaluar la bioseguridad de los productos, reduciendo costes y tiempo. 

Al otro lado del mundo, Reino Unido aprobó durante 2023 la Ley de Tecnología Genética con lo que dio luz verde a las empresas de pesticidas y biotecnología para desarrollar y vender productos modificados genéticamente en Gran Bretaña.

“Sin un marco regulatorio sólido para evaluar los resultados a largo plazo de la introducción de microbios GE, las consecuencias no deseadas podrían ser catastróficas. Si las cosas salen mal, es casi imposible detectar estos organismos, y mucho menos recuperarlos”, declaró Roger Kerr, miembro de una gremial de campesinos produtores de alimentos orgánicos ante la promoción del Estado y empresas para la implementación de los transgénicos en Europa.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: La comunidad de El Icacal durante conferencia de prensa para denunciar el despojo de sus tierras. Mayo, 2024.}

Habitantes de la comunidad de la playa El Icacal, departamento de La Unión, en el pacífico salvadoreño, denuncian la usurpación de sus tierras, las cuales pretenden ser utilizadas para el desarrollo de la segunda fase del megaproyecto turístico “Surf City”. En su implementación inicial, durante el año 2022, ya ha sido señalado por provocar desalojos y desempleo en la región poniente de la costa salvadoreña.

El proyecto “Surf City” tiene como objetivo atraer turismo mundial a las costas del pacífico mediante la construcción de infraestructura en playas con ecosistemas biodiversos a través del litoral pacífico salvadoreño .

En El Icacal, la comunidad detalla que, desde julio del año 2023, la empresa Desarrollos Turísticos El Pacifico S.A. de C.V. se adjudicó de manera unilateral tierras de la población, las cuales se encuentran en las inmediaciones de un área protegida natural debido a la presencia de bosques salados, donde se erigen manglares de hasta 20 metros de altura.

Acompañados por el Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA), habitantes de El Icacal han denunciado la deforestación ilegal de manglares. A ello, se suma el acoso y agresiones por parte del personal de seguridad de la empresa, la cual ya ha cercado una superficie de 11 kilómetros en la costa oriente salvadoreña.

Carlos Hernández, integrante de la comunidad, señaló que la construcción de infraestructura derivado del circuito turístico “Surf City 2” ha agudizado el asedio de grupos empresariales hacia las poblaciones campesinas e indígenas, debido a que buscan apropiarse de sus tierras para lucrar con megaproyectos turísticos y energéticos.

Hernández aseguró que parte de las tierras que ha usurpado la empresa conforma las parcelas agrícolas de los habitantes de El Icacal, por lo que se les ha imposibilitado mantener su labor campesina. También señaló a la empresa como responsable por la tala de 100 árboles de mangle, ubicados en el área protegida, ocurrida entre el 13 y 14 de mayo pasado.

“Se exige a instituciones medioambientales, de derechos de los humanos y protección del medio ambiente para que se garanticen los derechos de la comunidad. También queremos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue los casos de depredación de la zona protegida”, aseveró Ángel Flores, coordinador oriental de MILPA.

Agresiones

La población de El Icacal, integrada por campesinos, pescadores artesanales, artesanos y pobladores de ascendencia indígena, resaltaron que, en noviembre del 2023, personas armadas y encapuchadas ingresaron a la comunidad para intimidar a sus habitantes, e incluso señalan que el grupo armado amenazó de muerte a los habitantes para que abandonaran sus viviendas. 

“Argumentaron que ellos eran dueños, sin presentar ningún documento, mas que solamente armas de fuego. A raíz de esto la comunidad está sufriendo depresión, estamos cansados”, compartió un habitante de la comunidad quien asegura que desde ese momento algunos pobladores salieron de El Icacal para buscar refugio con familiares en otras partes del departamento.

Para enero de este 2024, la empresa Desarrollos Turísticos El Pacifico contrató elementos de seguridad privada para restringir el paso de los pobladores por las tierras que ha cercado. Para la población es de especial preocupación el acoso e intimidación por parte de los vigilantes quienes también agreden a las infancias.

Ante ello, el pasado 28 de mayo, integrantes de MILPA presentaron una denuncia ante la FGR en contra de la empresa Desarrollos Turísticos El Pacifico. En ella, señalan a la empresa por el acoso y agresiones contra la comunidad. 

El coordinador de MILPA asegura que están implicados trabajadores, funcionarios públicos, empresas privadas y fundaciones, quienes “a través de diferentes mecanismos, maniobras legales y actos ilícitos, están acaparando tierras”.

Desplazamiento

La segunda fase del proyecto “Surf City” cuenta con inversión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El banco otorgó un préstamo de 106 millones de dólares al gobierno de Nayib Bukele, quien recientemente se reeligió como presidente de El Salvador, pese a que seis artículos de su constitución lo prohiben.

El megaproyecto preveé el desarrollo de infraestructura en zonas prioritarias del departamento de San Miguel, contiguo a La Unión, donde contempla la construcción de atractivos como parques de diversiones y de playa, miradores y malecones integrados en corredores para promover el turismo y deportes acuáticos.

Por su parte, MILPA asegura que la comunidad de El Icacal ha sufrido históricamente la usurpación de sus tierras por hacendados, empresas inmobiliarias y hoy turísticas, provocando conflictos por los bienes comunes como la tierra.

Así, la amenaza de desplazamiento actual se alimenta del miedo de que, según Flores, en cualquier momento se otorguen escrituras fraudulentas a favor del Estado. Esto debido a que, pese a vivir durante décadas en esa región, los pobladores de El Icacal no cuentan con documentos legales o escrituras que les reconozcan como propietarios de las tierras.

¡Libertad para la Defensora de los Bosques María Cruz Paz Zamora!

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO.

El día 5 de junio del presente año, fue detenida arbitrariamente por la Fiscalía General de Michoacán, la compañera María Cruz Paz Zamora, delegada del Congreso Nacional Indígena, Consejera del Gobierno Comunal de Ocumicho, integrante del Consejo Supremo Indígena de Michoacán y defensora de los bosques, la cultura p’urhépecha y la vida.

Su detención, irónicamente sé dio durante el llamado Día Mundial del Medio Ambiente, por lo que sostenemos que, el Estado mexicano, lejos de sus discursos oficiales, continúa reprimiendo y criminalizando a quienes verdaderamente defienden el territorio comunal y los bosques.

Durante los últimos años, la compañera María Cruz Paz Zamora, como consejera de ecología y medio ambiente de Ocumicho, ha impulsado la reforestación masiva en su comunidad, ha creado brigadas para combatir los incendios forestales, ha defendido los bosques de los talamontes y el crimen organizado y ha luchado en contra de los monocultivos de aguacate. Su lucha constante ha sido por la vida.

De igual forma, la comunidad de Ocumicho se ha caracterizado históricamente por defender su territorio; lleva más de un siglo de luchas, represiones, criminalizaciones y muertes por la reconstitución integral de sus tierras comunales, iniciando con la revolución y continuando hasta nuestros días.

En este contexto, la Fiscalía General de Michoacán, busca reprimir y criminalizar a quienes se oponen a la depredación irracional de los bosques y a la venta del territorio ancestral, por ello, exigimos la libertad incondicional e inmediata de María Cruz Paz Zamora, presa política de los pueblos originarios de Michoacán.

Exigimos a la Fiscalía que no fabrique delitos a las defensoras ambientales y no cree chivos expiatorios para eximir a los verdaderos culpables. En el sistema de justicia de Michoacán impera la paradoja de la impunidad: los culpables libres y los inocentes encarcelados.

México, a 6 de junio de 2024.

ATENTAMENTE

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

NUNCA MAS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA/CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

^{En portada: Autoridades comunitarias durante conferencia de prensara denunciar la explotación minera. Foto: Santiago Navarro F.}

El pasado sábado (1), un día antes de la contienda electoral en México, los comuneros de Capulálpam de Méndez, en la Sierra Norte de Oaxaca, se declararon en alerta máxima tras identificar dos camiones de carga que transportaban minerales extraídos de las entrañas de estas bellas montañas. Inmediatamente bloquearon las rutas de salida del pueblo zapoteca y retuvieron uno de los vehículos, mientras que el otro se dio a la fuga.

La unidad retenida contenía la cantidad de 22 toneladas de roca molida. Liberaron el camión y retuvieron el mineral explotado. “Este material ya estaba procesado. Se han mandado hacer los estudios y tienen un alto contenido de oro y plata”, señala en entrevista para Avispa Mídia Francisco García López, presidente del comisariado de bienes comunales de este municipio.

Acorde a la decisión de la asamblea comunitaria, bloquearon las vías de comunicación entre Capulálpam e Ixtlán, así como la carretera federal que conecta la ciudad de Oaxaca y Tuxtepec. También impidieron que se instalaran las casillas para votar en esta comunidad. “Sí no te hace caso el gobierno, de algo legítimo y justo, que caso tiene que se instalaran la casilla. Entonces como decisión de la comunidad se impidió que se instalara”, señaló el comisariado. 

Las denuncias de explotación de materiales mineros por parte de la Compañía Minera de Natividad y Anexas, S.A. de C.V., sin el permiso de la comunidad, no es de ahora. “En dos ocasiones el gobernador del estado [Salomón Jara] vino a la comunidad y le hicimos saber que necesitábamos que se suspendieran los trabajos de minería. Pero, nos decían que la empresa no estaba trabajando”.

Por ello, las autoridades agrarias de esta comunidad decidieron tomar cartas en el asunto. Fue entonces que decidieron entregar una evidencia. “Fue por eso que la asamblea retuvo el camión con los minerales. Es evidente que trabajan en la madrugada y en la noche. El gobierno no dice nada. Entonces les presentamos las pruebas y no nos hicieron caso, por ello bloqueamos las vías de comunicación”.

Tras las medidas tomadas por Capulálpam, con respaldo de otras comunidades, quienes también comenzaron a bloquear sus accesos, el gobierno estatal prometió recibir una comisión de autoridades locales el lunes (3). Fueron atendidas por el titular de la Secretaría de Gobierno, Jesús Romero López, la Comisión de Paz y autoridades federales. “Decidimos levantar el boqueo carretero y asistir a la reunión”, agrega García. No obstante, decidieron cancelar el diálogo ya que, “desafortunadamente se vuelven a burlar de nuestras comunidades, trayendo funcionarios de 2º y de 3 º niveles para solucionar este problema. Ante tal situación decidimos ya no tener el diálogo y solicitar que sea con autoridades de dependencias del gobierno federal”.

Las comunidades activaron nuevamente los bloqueos carreteros. En la noche del lunes les comunicaron que el miércoles (5) serán recibidas por autoridades federales como la Secretaría de Economía, Secretaria de Medio Ambiente y Comisión Nacional del Agua, las mismas en quienes han recaído un sinnúmero de denuncias. 

El contexto legal

En el mes de febrero de este año la comunidad de Capulálpam ganó un amparo sobre tres concesiones mineras pertenecientes a Compañía Minera de Natividad y Anexas, S.A. de C.V., aunque no especificaron cuales son porque, según las autoridades, aún están en litigio. Detallan que el juez ordenó dejar inconsistentes las concesiones mineras en Capulálpam.

Así mismo, este martes (4), las autoridades de Capulálpam, Lachatao y otras comunidades declararon en conferencia de prensa que desde año 2003 se ha interpuesto diversas denuncias contra esta empresa, sin tener consecuencias por partes de las instancias federales y estatales. “No han actuado en el sentido de supervisar y aplicar las leyes en materia de protección al medio ambiente y de protección a los derechos de nuestra comunidad y de las comunidades de la Sierra Juárez, que han sido directamente impactadas por la operación minera Natividad”, puntualizaron.

Entre los impactos mencionados se encuentran el abatimiento de trece acuíferos, la contaminación de suelos y fuentes de agua con desechos de la minera, tres depósitos de jales de desechos tóxicos colapsados en el año 2010, que hasta el momento se encuentran sin reparar. 

Las comunidades advirtieron también que esta empresa minera es responsable de la emisión de diversos contaminantes, como los bifenilos policlorados de los transformadores eléctricos que están abandonados, que son una mezcla de compuestos químicos que, según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR por sus siglas en inglés), provoca alteraciones neurológicas e inmunológicas en niños y cáncer en animales. Figuran también contaminantes como arsénico, plomo, cadmio en el suelo y cuerpos de agua, denuncian. 

Por ello, la comunidad exige al gobierno federal el cierre de la mina y que la empresa sea responsable por la reparación de los “daños causados por la contaminación”.

Más concesiones

Las autoridades de la comunidad mencionan que existen en su territorio solamente las tres concesiones que fueron suspendidas a través del amparo. El equipo de Avispa Mídia se ha dado a la tarea de revisar la base de datos cartográficos solicitados a la Secretaría de Economía, proporcionada por la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas en febrero de 2024. Se pudo identificar que solo en el municipio de Capulálpam, hasta este año 2024, existen 13 concesiones vigentes: 7 concesiones cuentan con títulos de explotación; 6 con permisos de exploración.

Del total de las concesiones, al menos nueve pertenecen a la Compañía Minera de Natividad y Anexas, S.A. de C.V. Las demás, de acuerdo a los documentos oficiales, poseen como concesionarios originales a Fausto Calvo Sumano y Judith Patricia  Underwood, quienes también tienen la sociedad Underwood y Calvo Compañía, S.N.C. 

En total, estas 13 concesiones – con yacimientos de oro, plata, cobre y plomo – superan las 5 mil hectáreas. Incluso, uno de los lotes mineros llamado “Providencia 1” abarca parte del casco urbano de esta comunidad. 

Así mismo, el lote minero “Providencia 2” abarca tres municipios. Además de Capulálpam, se expande por los municipios de Natividad y Santiago Xiacuí. 

Las comunidades carecen de información clara en relación a la ubicación, extensión y el estatus de estas concesiones, las cuales tienen vigencia hasta los años 2050 y 2060. 

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Una vez concluida la jornada electoral, funcionarios del gobierno federal, encabezados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunieron la tarde de este lunes (3) con familiares de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos hace casi una década.

Acorde al Centro de Derehos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, durante la reunión el presidente no presentó avance alguno en términos de búsqueda y de investigación. La organización, que acompaña el movimiento por la aparición de los jóvenes normalistas, relata que las madres y padres salieron de la reunión con pocas esperanzas ante lo que califican como un gobierno indolente. 

Mediante el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales Sierra, detallaron sobre la información que compartió la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), que destaca cientos de acciones de búsquedas en terreno.

“Se reconoce la labor que hace el gobierno, pero resultados sustantivos no tenemos. También se informó de los procesos, que ya sabemos cómo están avanzando, y que a juicio de nosotros en lugar de tener victorias se han tenido derrotas, porque a los militares se les ha modificado la medida cautelar y hoy en día están en libertad”, sostiene el abogado.

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Nueve meses transcurrieron desde la última reunión entre los familiares de los normalistas y el Estado mexicano, y la exigencia principal, la entrega de 886 folios en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aún no ha sido cumplida.

Simulación

La insistencia de los familiares se debe a que, con la coadyuvancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), desde 2022 ubicaron un conjunto de documentos relevantes entre los archivos militares. Estos contienen datos, obtenidos por medio de una intervención telefónica realizada por el ejército durante la noche del 26 de septiembre del 2014, sobre el traslado de 17 estudiantes del centro de detención municipal de Iguala a la colonia Loma de Coyotes. 

Ante ello, las madres y padres de los normalistas denuncian una simulación en el manejo de los documentos compartidos por el Estado. Mientras la presidencia asegura que compartieron, este lunes (3), 15 nuevos folios de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia (CRFI) y 70 documentos relacionados con dichas comunicaciones, los familiares aseveran que esa información ya estaba en manos de la Covaj.

A esto, se suma la demora en la extradición, desde EEUU e Israel, de dos funcionarios implicados en los hechos criminales. En el caso de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de México, Obrador argumentó que no se puede avanzar porque México no tiene tratado en la materia con Israel.

La solicitud formal de extradición ante el Estado de Israel fue presentada por la cancillería mexicana en diciembre de 2021. Para el 14 de diciembre del 2023, el Ministerio de Justicia de Israel informaba que la solicitud está en la etapa final de análisis. 

No obstante, para abril de 2024 la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo público un reclamo hacia el gobierno de Benjamín Netanyahu. En este considera que “la falta de progreso en la resolución de este caso se interpreta como un amparo de facto por parte del Gobierno israelí a Tomás Zerón”. El argumento de las autoridades es que la acción legal solicitada involucra a una persona que ejerció actos de violencia, tortura y se mantiene prófugo de la justicia mexicana.

En tanto, la extradición de José Ulises Bernabé, director de barandilla (centro de detención) de Iguala, es de suma importancia para los familiares en búsqueda de justicia. Él es considerado uno de los primeros testigos de la presencia militar durante las horas en que ocurrió la desaparición de los normalistas. Incluso, es señalado por un policía municipal como la persona que entregó un grupo de jóvenes al grupo criminal Guerreros Unidos.

Bernabé huyó a Estados Unidos donde obtuvo asilo político en abril del año 2015. Acorde al abogado Rosales, EEUU actuó de manera sesgada al otorgar el asilo al ex funcionario de Iguala sin considerar las acusaciones que pesan sobre él en los tribunales mexicanos.

Informes, insuficientes

En contraste a la postura de presidencia, para los familiares de los normalistas desaparecidos es claro que la administración de Obrador falló en su trabajo. En un mensaje a la prensa, mientras esperaban en las inmediaciones de Palacio Nacional, antes de la reunión, Melitón Ortega, vocero de las madres y padres, compartió que los familiares saben que Obrador concluye su mandato sin resolver el caso.

El abogado Rosales resalta que durante la reunión con funcionarios del gabinete de seguridad, el presidente Obrador se limitó a criticar los trabajos del GIEI, trasladando al organismo la responsabilidad del estancamiento en las investigaciones. Aún mas lamentable, relata el defensor de derechos humanos, es que el presidente se retiró tras esa breve participación. “Hoy las madres y padres se van sin avances en las búsquedas y en las investigaciones. Lo peor es que a casi 10 años no saben nada de sus hijos”, reclama.  

Obrador ofreció nuevo encuentro, con fecha tentativa para próximo julio. Los familiares exigieron que en dicha reunión asista la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, pues expresaron su preocupación debido a que el temano figuró entre los compromisos que promovió en su plataforma de campaña.

“Están desilusionados de este gobierno. A pesar de la postura tajante del presidente de seguir defendiendo al ejército y de responsabilizar a los expertos y a los abogados esperan que, en la próxima reunión, el gobierno sí tenga resultados consistentes”, aseveró el abogado Rosales.

Fuente: Avispa Midia

Por Josefa Sánchez Contreras

La selva de los Chimalapas se quema y ante un escenario electoral no hay oídos que escuchen las luchas de los pueblos quienes siguen apostando por la vida, por los bosques, los ríos, las montañas y los animales, aun cuando sentimos que la Tierra arde. 

Las olas de calor, los incendios, los ríos secos y las inundaciones no son más que expresiones de un fenómeno que en los últimos años se ha nombrado emergencia climática, pero sus causas son de mucho más tiempo y están asociadas a largos siglos de colonialismos, genocidios, ecocidios y despojos. 

Desde hace décadas los pueblos indígenas vienen advirtiendo de la catástrofe ambiental a la que nos dirige el extractivismo minero muy vinculado al régimen de combustibles fósiles. Es innegable que ambas actividades productivas están acelerando el aumento de la temperatura en el planeta; nos están llevando a alcanzar el incremento de 1,5ºC que advirtió en el 2019 el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) cuyos efectos serían irreversibles para la agricultura y para la vida humana sobre la Tierra.

No obstante, este sector energético fósil y extractivista fueron pilares en los programas políticos y económicos de las candidaturas presidenciales de este 2024. La emergencia climática y los derechos de los pueblos indígenas, cuyos territorios albergan entre el 70 y el 80% de la riqueza biodiversa, según datos del Registro Agrario Nacional, no caben en las urnas electorales. 

Es así como el pueblo zoque de Santa María Chimalapa está ahora mismo combatiendo una serie de incendios que atestan a una de las regiones más biodiversas de Mesoamérica: la selva de los Chimalapas. Llevan más de una semana en llamas y las instituciones estatales no han dado una respuesta efectiva para mitigar el fuego. Son las brigadas de comuneros encabezadas por sus comisariados de bienes comunales las que están combatiendo la emergencia climática.

Al mismo tiempo la asamblea comunal de San Miguel Chimalapa está exigiendo al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador y al gobernador estatal de Oaxaca, Salomón Jara, a que cumplan con un trámite de peritaje que les corresponde realizar para que el Tribunal Unitario Agrario emita un resolutivo sobre los juicios de nulidad que ha interpuesto San Miguel Chimalapa para delimitar sus tierras comunales. 

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La demanda de la asamblea de San Miguel Chimalapa tiene lógica cuando constatamos que los incendios en toda Chimalapas se ven alimentados por los conflictos agrarios que sostienen con los ejidos colindantes. Son 26.000 hectáreas las que se encuentran en litigio en la colindancia entre San Miguel Chimalapa con Niltepec y Zanatepec, y son 160.000 hectáreas de tierras comunales las que están en disputa entre Chimalapa, Oaxaca, con Cintalapa, Chiapas. Pese a que la Suprema Corte de Justicia emitió un resolutivo a favor de Oaxaca en el año 2023, no ha logrado ejecutarse y, por el contrario, el saqueo de los bosques continúa al igual que los incendios suscitados desde el mes pasado. 

Al calor de estos problemas el gobierno de la cuarta transformación parece más ocupado en promover a la sucesora, antes que atender las demandas de los siempre despojados de sus tierras, los pueblos indígenas y campesinos. 

Los conflictos agrarios en todo México no son menores, por el contrario, existen alrededor de 500 conflictos agrarios a nivel nacional. La existencia de los conflictos agrarios exhibe el racismo con el que históricamente la procuraduría agraria ha tratado a los pueblos indígenas y campesinos. Trámites muy lentos, arbitrariedades en los juicios, ocultamiento de información, menosprecio a las autoridades comunales y consejos de vigilancia son algunas de las características más comunes. 

En Chimalapas como en otras comunidades los conflictos agrarios se agudizan en la medida que los megaproyectos extractivos, energéticos e industriales promueven el despliegue de sus infraestructuras sobre las tierras en litigio, y con esto generan la confrontación entre comunidades agrarias vecinas. 

Muchas veces son mal llamados conflictos intercomunitarios soslayando con ello la responsabilidad que las corporaciones trasnacionales y la procuraduría agraria suelen tener en los desafortunados desenlaces de estos conflictos que muchas veces detonan en violencias, asesinatos y desaparición. 

Los incendios, los conflictos agrarios, los megaproyectos extractivos asociados al régimen fósil, los racismos institucionales y las violencias ejercidas contra los pueblos indígenas están profundamente relacionados. La apuesta para solucionarlos no está en la agenda electoral. 

La lucha del pueblo zoque de Chimalapa por apagar los incendios y por resolver los conflictos agrarios es una acción concreta, urgente y necesaria en tiempos de catástrofe climática. Ante los oídos ensordecidos por el ruido electoral escuchemos los gritos de la selva y el correr del río. Ahora más que nunca se requiere de la solidaridad entre pueblos y ciudades para sofocar el fuego que nos alcanza. 

Tzimalapa atzpa, bi nax atzpa, bi copaknax atzpa, dex atzpa, mix atzpa

(Chimalapa arde, la tierra arde, el planeta arde, yo ardo, tú ardés).

Fuente: Avispa Midia

^{En portada: Niños y jóvenes, bases de apoyo del EZLN, durante su participación por el 30 aniversario del levantamiento armado. Las generaciones más jóvenes del zapatismo viven en territorios libres de violencia, en un Chiapas donde actualmente grupos criminales controlan cada vez más territorios. 31 diciembre, 2023. Foto: Aldo Santiago} 

por Arizz*

En medio de toda la vorágine de violencia que se padece en Chiapas, también se vive en estos días el periodo de campañas electorales. El próximo 2 de junio, además de la Presidencia de la República, se renuevan todas las alcaldías del estado, el Congreso local, el Congreso Federal y también el Gobierno estatal. 

Eduardo Ramírez Aguilar, quien militó en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por más de una década, es el candidato del partido oficialista Morena, que hoy gobierna en la entidad y que seguramente retendrá el poder. Ramírez Aguilar fue presidente municipal de Comitán de Domínguez del periodo 2008 al 2010; fue diputado federal entre 2012 y 2013, y diputado local entre 2015 y 2018. En 2015, en los mítines del PVEM, Eduardo Ramírez gritaba: “¡López Obrador es un mentiroso!”. Ya para 2018, afiliado a Morena, alcanzó una senaduría con este partido y de su fobia contra López Obrador nada quedó. El Partido Verde fue aliado del PAN en las elecciones de 2000 y de 2006; para 2012 hizo alianza con el PRI y en 2018 se alió con Morena, con los que hoy cogobierna tanto a nivel federal como estatal.

Cuando el hoy candidato al Gobierno estatal de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, fue alcalde de Comitán se le relacionó con Gilberto Rivera Amarillas, alias El Tío Gil. De hecho, fue durante ese periodo que Rivera Amarillas logró asentarse en ese municipio en los límites con Guatemala y en toda la zona fronteriza. Periodistas chiapanecos le cuestionaban frecuentemente su relación con el jefe de plaza de Ismael Zambada, a lo que él siempre respondió que era “completamente falso. Es un personaje visible en Chiapas, pero de eso a tener yo una relación”. 

En medio de todo esto el EZLN advertía a quienes quisieran acompañarlos a su 30 aniversario que se llevaría a cabo entre el 30 de diciembre de 2023 y el 2 de enero de 2024, que la situación en la zona no era la más idónea. El subcomandante Moisés firmaba un comunicado donde aseguraba que “las principales ciudades del suroriental estado mexicano de Chiapas están en un completo caos”, y decía que las presidencias municipales están ocupadas por “sicarios legales o crimen desorganizado”. 

El líder zapatista hablaba de lo que hoy en día se ha vuelto parte de lo cotidiano en la entidad: los bloqueos, los asaltos, la ola de secuestros, el cobro de piso, el reclutamiento forzado y las balaceras. Y acusaba al Gobierno del “padrinazgo” que tenía con las organizaciones criminales, cuando se estaban ya disputando las primeras candidaturas para las elecciones de junio de 2024. El subcomandante sostenía que “no son propuestas políticas las que se enfrentan, sino sociedades criminales”. 

En Chiapas, los grandes caciques siempre han tenido grupos armados a su disposición; los han usado para desplazar a los indígenas de sus comunidades y para tomar posesión de sus tierras. Aunado a esto, desde julio de 2021 y tras el asesinato de Simón Pedro Pérez de Las Abejas de Acteal, pobladores de Pantelhó formaron un grupo de “autodefensas” para hacer frente a los grupos criminales de otros estados, los cárteles, y defenderse de estos grupos paramilitares que forman los caciques. 

Mario Ortega, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), lo explica de la siguiente forma: “La delincuencia organizada va comiéndose a los grupos de poder que hay en el territorio, es como una transnacional que va incorporando las tienditas locales”. De tal forma que el embate que padecen las comunidades es cada vez más letal y más difícil de poder erradicar. Fue precisamente por esto que los zapatistas anunciaron en una serie de comunicados el año pasado, que harían una reorganización de su estructura. Ya no sólo enfrentan a los grupos de siempre, sino que ahora los cárteles, mucho más peligrosos, son el enemigo más visible.

Gustavo Castro, coordinador de la asociación civil Otros Mundos, explica que “Los cárteles van sobre la estructura más débil controlable en los territorios, que son los ejidos y los municipios: desde ahí pueden controlar todo en términos políticos, económicos, financieros, de caminos y de fuerza pública” y considera que el objetivo principal de estos es apoderarse de cada territorio, controlarlo y finalmente poner a su propia gente en cada presidencia municipal.

Elecciones y crimen organizado

Los procesos electorales en México, sobre todo en los últimos tres sexenios, siempre se realizan bajo la sospecha de la intervención de la delincuencia organizada, sobre todo en el ámbito municipal, pero desgraciadamente esta influencia ha escalado en la jerarquía gubernamental y hoy no es extraño que los candidatos a gobernadores de los estados sean ligados a los diferentes cárteles en todo el país. Como ejemplo de esta connivencia entre candidatos y gobiernos con crimen organizado, basta recordar el terrible caso de Ayotzinapa y la elección federal y estatal de 2021.

En 2014 cuando ocurrió la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, las primeras investigaciones llegaron hasta el entonces alcalde del municipio de Iguala —donde ocurrió la desaparición de los estudiantes—, José Luis Abarca, quien fue ligado al Cártel Beltrán Leyva y se supo que operaba para ellos desde hace años. Fue de hecho este cártel quien apoyó su proyecto político y lo llevó a la alcaldía. Su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, junto con sus hermanos, eran aliados de Arturo Beltrán Leyva, líder de dicha organización criminal.

Más recientemente, en 2021, se votó para renovar el Congreso Federal (diputados y senadores), así como 15 gubernaturas estatales. En Sinaloa se renovaban alcaldías, diputados locales y Gobierno del estado. Hoy se sabe que al actual gobernador por el partido oficialista Morena lo financiaron y apoyaron en toda la campaña, hasta llevarlo a la gubernatura, las diferentes facciones del Cártel de Sinaloa: Los Chapitos (hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, hoy sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos) e Ismael “El Mayo Zambada”.

Pero no son los únicos casos, son simples ejemplos. En las últimas semanas una investigación realizada por el medio digital Código Magenta, con base en fuentes de autoridades de Estados Unidos, reveló que en esa misma elección de 2021, no sólo hubo apoyo a candidatos de Morena en Sinaloa, sino que esto ocurrió por lo menos en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Campeche y Tamaulipas. Es decir, las elecciones en México, en todos los niveles, no se pueden analizar el día de hoy sin tener el contexto de que siempre habrá un cártel que esté dispuesto a apoyar a candidatos de cualquier partido o incluso a todos los candidatos.

Sabiendo esto y observando la ubicación geográfica de Chiapas, clave para los negocios ilícitos de las organizaciones criminales, no es difícil deducir que los delincuentes buscarán cooptar a los candidatos de los diferentes partidos y distintos cargos en disputa en cualquier elección. Hacerlo les garantiza que podrán operar con total impunidad y sin temor alguno. ¿Cómo podría actuar una autoridad municipal o estatal contra el Cártel de Sinaloa o el CJNG si los alcaldes, diputados o hasta el gobierno del estado les recibió dinero durante las campañas y con ese dinero llegaron al cargo que aspiraban? Los 124 municipios del estado de Chiapas, pero sobre todo los que hacen frontera con Guatemala, son codiciados por los delincuentes, porque son la puerta de entrada de las sustancias ilegales, como precursores químicos o drogas ya elaboradas, pero también es por ellos por donde ingresan los miles de migrantes que pretenden llegar a Estados Unidos. El tráfico de personas y el tráfico de drogas son negocios multimillonarios que no pueden permitirse desperdiciar.

Los zapatistas saben de esto, lo conocen de primera mano y en la efervescencia de las recientes campañas intuían que la situación podía salirse de control, tal y como ha ocurrido. Muchos de los territorios son compartidos por zapatistas y gente no afín al zapatismo, por lo que la defensa de sus pueblos era apremiante ante semejantes circunstancias actuales. El control territorial del EZLN ha servido por décadas como una barrera de contención que impedía que pudieran asentarse en ellos grupos delincuenciales, pero a lo largo de los años el desgaste se ha notado y los zapatistas tuvieron que proponer una reorganización para poder seguir siendo esa barrera. Si bien hasta el momento no se han registrado ataques directos por parte de los cárteles a las comunidades zapatistas, esto no está lejos de poder suceder. El EZLN en sus comunidades tiene prohibida la siembra y venta de estupefacientes, lo que choca directamente con planes de expansión territorial de las organizaciones criminales.

Marta Durán De Huerta, socióloga, periodista y profesora universitaria, cree que las décadas de llevar a la práctica la autonomía zapatista, pueden ser la base para que su nueva autonomía tenga éxito. “Se levantaron en armas para hacer un llamado de atención y ellos mismos crearon sus instituciones para impartición de justicia, para salud, es algo muy sencillo, diría, hasta artesanal, pero lo han hecho”, dice la autora del libro Conversación en la Montaña, publicado recientemente en enero de 2024. Y aunque admite que la situación actual es nueva y muy distinta, por la crisis de violencia que se vive en todo Chiapas, resalta que la coherencia y la firmeza con que se ha manejado el zapatismo, actuaría en su beneficio en este nuevo escenario: “EZLN fue un movimiento estabilizador de algunas regiones, porque ellos nunca pactaron con el narco ni permitieron el financiamiento mediante acciones ilícitas, a pesar de estar siempre asolados por grupos paramilitares”.

Aumenta la violencia en las campañas electorales

Este 28 de mayo durante la conferencia matutina de López Obrador, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer los datos oficiales sobre los candidatos asesinados en este periodo electoral. Según el gobierno, las cifras registradas por las autoridades electorales, contaban 22 personas candidatas, precandidatas o que aspiraban a algún puesto de elección popular asesinadas en todo el país. Enfatizaba que “a la fecha han ocurrido ocho homicidios de personas candidatas registradas oficialmente ante el INE o ante los institutos electorales locales. Este es el número oficial de candidatas y candidatos. También, como ya se ha informado aquí, hubo cuatro lamentables homicidios de precandidatas, es decir, personas que estaban registrados oficialmente ante sus partidos, pero no alcanzaron a tener una inscripción oficial“.

Lo más chocante de esta forma de minimizar los asesinatos políticos, fue lo que dijo López Obrador durante la misma conferencia mañanera al responder a la periodista Helena Lozano, del medio NTN24, que citando a la Consultora Integralia, cuestionaba por el asesinato de 34 candidatos a cargos de elección popular. El presidente aseguró que esto se debe en gran medida a que “los medios de manipulación” difunden estas cifras que no corresponden a los datos oficiales. Y al ser cuestionado sobre si había posibilidad de que alguno de los asesinatos no haya sido registrado, López Obrador aseguró que no y que “no hay cifra negra”. “Quisieran que hubiesen muchos homicidios, parece mentira. pero están administrando el dolor humano por cuestiones politiqueras”, remató.

Y es que dependiendo de la fuente y de las fechas desde que se realice este conteo, los asesinatos a aspirantes, precandidatos, candidatos o familiares de ellos, podría elevarse hasta los 70 o más. Nada menos en Chiapas, el último caso fue el de la joven candidata de 26 años del Partido Popular Chiapaneco, Lucero López, que aspiraba a la alcaldía de La Concordia. La candidata fue acribillada el pasado jueves 16 de mayo cuando se trasladaba de un acto de campaña a otro. Junto a ella fueron asesinadas otras cinco personas que le acompañaban, incluida una menor de edad. Esta es sin duda ya, la elección más violenta en la historia de México. Desde el mes de abril se rebasaron las cifras de agresiones, secuestros y asesinatos de participantes en la contienda electoral, que ya de por sí era enorme en 2021. Nosotros nos quedamos pendientes y con los ojos puestos en Chiapas, atentos para denunciar y hacer visible la violencia sin precedentes que se vive en el sur del país. Creemos que los zapatistas saldrán adelante, que podrán con esto y que nos mostrarán una vez más que “Otro mundo es posible”.

^{*Una versión de este texto se publicó originalmente en El Salto diario.}