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Foto de portada: Familias desplazadas de Aldama por Índice político.
Por Sare Frabes
“Es indignante la situación de violencia estructural que se permite e, incluso, se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades”, denuncia un comunicado difundido por una misión civil de observación en Chiapas.
Realizada durante cuatro días, dicha misión estuvo integrada por 14 organizaciones de derechos humanos pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).
La misión visitó comunidades en las regiones norte, altos y costa de Chiapas en donde recabaron testimonios de personas que han vivido desplazamiento forzado, el despojo de sus tierras y un contexto generalizado de violencia que va de las amenazas hasta la tortura.
Las comunidades visitadas por la misión de observación fueron Chalchihuitán, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá. En todas documentaron situaciones de conflicto y violencia contra defensores y poblaciones.
Por ello, destacaron “las amenazas de muerte, agresiones directas y actos de criminalización en contra de personas defensoras de derechos humanos y de ayuda humanitaria, quienes realizan su labor en un ambiente de violencia generalizada”.
Sin acceso a la justicia
Mediante conferencia de prensa, lxs integrantes de la misión también resaltaron los impactos psicosociales en las comunidades en Zona Altos, Norte y Costa de Chiapas,, así como el efecto diferenciado en las mujeres y las infancias de poblaciones en desplazamiento forzado, quienes viven en situaciones con terror, miedo y preocupación, lo cual les coloca en una situación de mayor vulnerabilidad.
Integrantes de la misión de observación al término de su informe. Foto Elio Henríquez
“Alarmantes de la situación de insuficiencia alimentaria, inexistentes servicios de salud y medicamentos que se suman a la situación de desplazamiento forzado que amenazan y ponen en riesgo la vida de cientos de personas”, los cuales “agravan la falta de condiciones de seguridad y de acceso a la justicia, ante la existencia de grupos paramilitares y de choque que agreden a las comunidades, implica un riesgo latente para ellas y para quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos”, expusieron como resultado de la documentación en las distintas regiones de Chiapas.
En su denuncia, las organizaciones enfatizaron también “la falta de acceso a la justicia que también se relaciona con la inoperancia de las fuerzas de seguridad pública para frenar la violencia y la falta de actuación de la Fiscalía del Estado aun cuando tienen claro conocimiento de los responsables de los ataques armados”.
A la exigencia de justicia, la misión de observación también se sumó al llamado “para que Cristóbal Santis Jiménez, preso político por su labor de denuncia a las agresiones sistemáticas de las comunidades de Aldama sea puesto en libertad de manera inmediata”.
Hostigamiento a defensores
Nathaniel Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, destacó que en las tres zonas visitadas por la misión se confirmó la existencia de grupos armados quienes están actuando con facilidades en los territorios para obtener control, poder despojar, invadir y continuar realizando hechos criminales.
Grupo de personas que realizaron la invasión de las áreas verdes. Foto de CDH Digna Ochoa.
“Vemos una fuerte resistencia de defensa del territorio por las comunidades que han procurado tener un espacio de cultivo para proveer alimentos, tranquilidad y armonía, generando una tensión mayor de las comunidades. Por otro lado, todo este contexto propicio agresiones, amenazas, desplazamiento, asesinatos, hasta la fecha el estado se mantiene omiso”, enfatizó el director de la CDH.
Hernández compartió también que en la costa de Chiapas donde realiza su labor, el CDH Digna Ochoa acompaña un proceso de colonia urbana “donde existe una deficiencia de garantía de derechos por parte de las autoridades, donde no hay garantía de los servicios básicos como agua, drenaje, alumbrado, seguridad y vivienda”.
A dicha situación se suma la violencia ejercida por “un grupo que actúa bajo la primicia del gobierno en la región, por lo que, evidenciaron que existe una falta de voluntad para poder atender las situaciones de violaciones a derechos humanos que pone en riesgo a las comunidades y también a quienes acompañan los procesos de defensa de los derechos humanos”, compartió Hernández quien durante las últimas semanas denunció el haber recibido amenazas de muerte debido a su labor.
Agresiones contra tierras recuperadas
Por su parte, Diana Itzu Gutiérrez del Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas informó que, en la zona norte del estado del Caracol de Resistencia Hacia un Nuevo Amanecer, desde 2019 ocurren agresiones violentas contra 155 hectáreas de tierras recuperadas por comunidades base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) quienes están sufriendo una invasión de 40 personas que se articulan con la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), quienes han cercado el territorio.
“Invasión, cercamiento de la madre tierra y ambiente de balazos”, video de difusión caravana solidaria por Red Ajmaq.
“Estamos viendo que estos grupos fuertemente armados no solo en el Municipio Oficial de Huitiupán en San Gregorio y en el Municipio Oficial de Ocosingo y Chilón donde el despojo y desplazamiento es parte de esta guerra integral de desgaste”, mencionó Gutiérrez sobre las agresiones contra familias base de apoyo del EZLN quienes por la violencia actual se ven impedidos de cultivar sus alimentos.
Paramilitares
En la región de los Altos, la misión de observación constató una crisis de desplazamiento forzado, situación que viven las y los 1,236 desplazados de Chalchihuitán, así como las comunidades del municipio de Aldama en específico San Pedro Cotsilnam, donde representantes de los 115 comuneros, víctimas, heridos y viudas dieron sus testimonios, constataron de nuevo el abandono del estado ante estas graves violaciones a derechos humanos.
El director del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Pedro Faro, mencionó que tienen el conocimiento de 3,499 personas en situación de desplazamiento debido a las agresiones armadas por parte de grupos de corte paramilitar que mantienen en asedio a la población de las 13 comunidades de Aldama.
El director del Frayba sostuvo que el grupo de corte paramilitar tiene vínculos con funcionarios del municipio de Chenalhó, así como complicidad con los tres niveles del gobierno pues los ataques no cesan a pesar de todos los acuerdos del gobierno y pactos hechos desde las cúpulas del poder.
“Ayer recibimos un reporte más de estos ataques en Aldama y eso nos preocupa mucho, lo que tenemos registrado es que hay 21 heridos y seis muertos, evidenciamos que no hay una atención integral a la situación de los desplazamientos, hombres, mujeres, niños y niñas están viviendo en una alta vulnerabilidad”, denunció Faro durante la conferencia de prensa el pasado 10 de diciembre. El director del Frayba añadió que “lo mismo encontraron con Las Abejas de Acteal, en específico los desplazados de la comunidad de Los Chorros, los hechos fueron perpetrados por autoridades de la colonia Miguel Utrilla de Barrio Río Jordán ubicado en el municipio de Chenalhó”, donde aún hoy dichos grupos armados actúan de manera deliberante y agresiva hacia la sociedad civil Las Abejas de Acteal no permitiéndoles su proceso de construcción de autonomía.
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Luego de varias semanas intensas de protestas sociales tras el golpe parlamentario contra el expresidente de derecha Martín Vizcarra, la ciudadanía en las calles logró derribar al gobierno de Manuel Merino dejando un saldo 112 heridos, al menos 62 de ellos hospitalizados y tres muertos. El pasado miércoles 2 de diciembre más de 90 ciudadanos peruanos fueron procesados, 74 de ellos por el delito de terrorismo.
De acuerdo con un boletín de prensa emitido por Ministerio del Interior, de las personas detenidas, por lo menos 72 de ellas son acusadas de terrorismo. Además, se afirma que los detenidos pertenecen al grupo armado Sendero Luminoso (SL), del Partido Comunista del Perú, motivo por el cuál justifican estas detenciones.
Las viviendas de estas personas fueron allanadas en un megaoperativo policial, denominado Olimpo. Participó la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) y la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) de la La Policía Nacional del Perú (PNP), junto con la Dirección de Inteligencia del Ejército del Perú y la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial. En la intervención participaron 752 efectivos, con el apoyo de 98 fiscales.
Según la nota oficial del Ministerio los detenidos habrían creado organismos de fachada para realizar actividades terroristas en Lima y Callao, justo en las principales ciudades donde se desencadenaron las protestas.
La ciudadanía ha expresado que esto es más bien una cacería de brujas de los participantes en las movilizaciones y protestas. A esto se suma la falta de credibilidad en las instituciones del Estado, como el Parlamento y la Policía Nacional, quienes han sido cuestionadas por la brutal represión que terminó con la vida de tres jóvenes. Inti Sotelo y Bryan Pintado asesinados durante las manifestaciones en el centro histórico de Lima y, Jorge Muñoz, obrero agrícola, que protestaba contra la explotación de las agroindustrias en Trujillo, una ciudad al norte del Perú.
La Policía Nacional no solo enfrenta duras críticas por la represión en las manifestaciones, también por los casos de corrupción.
Según el registro de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, “19 de los 25 gobernadores regionales a nivel nacional vienen siendo investigados por las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF). Solo entre marzo y agosto de 2020 la Policía peruana tiene 127 casos abiertos en las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.”
Sumado a esta problemática, el 23 de Noviembre, a través de un mensaje por televisión, el presidente Sagasti anunció la destitución de 18 mandos policiales que ha generado una crisis en este aparato del Estado Entre esta destituciones están 3 tenientes generales y 15 generales de la Policía Nacional, lo que implica la renovación del Alto Mando Policial. Este Ministerio del Interior en menos de un mes tuvo ya dos ministros que renunciaron, y ahora va por el tercero. Aún así, la Policía intenta lavarse la cara por las denuncias de violaciones a derechos humanos.
El día de hoy (10), en conferencia de prensa, familiares de los detenidos en la represión del megaoperativo Olimpo anunciaron un plantón en exigencia por la liberación de los detenidos. Así mismo, han expresado que hay una grave crisis política y de derechos humanos en el Perú.
“Utilizan este operativo para legitimar a la policía que viene siendo cuestionada por asesinar al pueblo, nosotros venimos a desenmascarar que en este contexto a puertas del bicentenario, el pueblo peruano tiene abandonadas sus demandas, sus necesidades y se levanta el foco del terrorismo para desviar la atención de los verdaderos y principales del pueblo peruano”, puntualizaron los familiares de los detenidos.
También agregaron que a sus familiares se le ha detenido por “ pedir nueva constitución, por expresar su opinión crítica, por la situación de nuestro país”.
Personas de la 3a edad detenidas
De acuerdo a la Policía Nacional, en el megaoperativo se detuvo a 72 integrantes de Sendero Luminoso. Entre los detenidos hay dos excarcelados que pertenecieron a esta organización.
Sin embargo en la conferencia de prensa las y los familiares denunciaron que la policía se ha negado a entregar la lista de los detenidos, además señalaron que entre las personas detenidas hay personas de la tercera edad, con enfermedades crónicas, pacientes oncológicos y asmáticos, no saben en qué condiciones se encuentran, puntualizan.
“Llegaron en la madrugada rompiendo puertas, traumatizando a menores de edad que estaban junto a sus padres, separando y despojando a un bebe de ocho meses de sus padres, injustamente, llevándose a personas de 70 y 80 años, con problemas de salud”, señalaron las y los familiares.
‘Terruqueo’ peruano
En Perú, el llamado ‘terruqueo’ es una forma de denigrar a una persona calificada de terrorista por reclamar derechos o protestar en contra del régimen y el sistema. Es una herencia derivada de la guerra contrasubversiva que el Estado usa a su favor. Con las protestas sociales tras el golpe, la población ha rechazado estas prácticas macartistas o de cacería de brujas del gobierno para acallar las demandas en contra de las políticas del Estado que no resuelven las desigualdades.
Los familiares de los detenidos en el megaoperativo reiteran en un comunicado publicado el día 10 de diciembre que sus familiares “no son terroristas” y que “no han cometido delito alguno, han ejercido sus derechos fundamentales, como libertad de expresión, opinión, reunión y organización que la propia constitución asiste a todos los peruanos”
Frente a la inestabilidad política en el país andino, se tienen también las grandes desigualdades sociales que la pandemia ha agravado. Durante las manifestaciones en contra de la crisis política y el golpe parlamentario, también hay una demanda que ha crecido: una nueva Constitución a través de Asamblea Constituyente.
Diversos sectores populares han expresado que la nueva Constitución Política del Perú debe ser consensuada y redactada por una Asamblea Constituyente que represente a todos los pueblos y sectores del país.
Deberán participar decisivamente el mayor porcentaje posible de la población, tanto en el debate de los contenidos de la nueva Constitución Política, como en la aprobación del texto constitucional por voto popular.
La diversidad de este pueblo exige cambiar las leyes tan injustas, más aún, cuando en abril de 2021 se darán nuevas elecciones generales en Perú. Y la celebración a conmemorarse el bicentenario de la fundación de la República peruana.
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Pese a las pruebas presentadas por la defensa de los detenidos en la jornada de protestas del 21 de noviembre en Xela, la jueza no aceptó abrir investigación por las agresiones policiales durante las capturas.
Por Gilberto Escobar
El 9 de diciembre en el juzgado de Paz de Quetzaltenango, la juez Mayra de León, leyó la sentencia a las personas detenidas en la jornada de protesta del 21 de noviembre en el municipio de Quetzaltenango.
De los seis acusados por faltas contra el orden público, cinco fueron absueltos; Natalhie Duarte Castañeda, José Ricardo Pérez Ramírez, Willy Fernando Guzmán Marín, Miguel Estuardo Valle Sáenz, Ana Rebeca Guillen Alcahé; a Cesar Ubaldo Boj le dieron una sentencia de 25 días de cárcel conmutables.
En el caso de Boj, la jueza de León consideró suficiente las imágenes de videos en los que se muestra que quemó cohetes contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y que incitó a los disturbios; los videos presentados por su defensa intentaron mostrar lo contrario.
La sentencia
La sentencia se dio en dos audiencias, en la primera se absolvió a tres agentes de la PNC quienes capturaron a José Ricardo Pérez Ramírez, Willy Fernando Guzmán Marín el 21 de noviembre.
En la segunda audiencia, se absolvió a seis policías más, quienes capturaron a Miguel Estuardo Valle Sáenz, Ana Rebeca Guillen Alcahé, Cesar Ubaldo Boj y Natalhie Duarte Castañeda, durante la jornada de protesta del 21 de noviembre.
Ante la petición de las personas agraviadas de iniciar un proceso de investigación la por la violencia policial, la jueza resolvió que no se puede vincular a una investigaciones a los agentes de la PNC por el uso de la violencia en las detenciones, porque en considera lógico que las autoridades utilizaran la fuerza debido a que los detenidos se resistían a ser capturados.
La abogada Luissana Molina, quien fue parte de la defensa, en una entrevista vía telefónica dijo que “el proceso penal que se siguió en este caso por faltas al orden público fue el proceso especifico de juicio de faltas, uno de los principios que se maneja en este proceso es la sencillez y rapidez”.
Foto: Gilberto Escobar.
Molina agregó que “en este proceso de faltas no se necesita presencia del Ministerio Público (MP) debido al proceso que es de delitos menos graves”.
Además Molina dijo “en la competencia de la jueza de paz no correspondía indicar una investigación para los agentes de la PNC”.
Detenciones violentas
En una entrevista realizada el jueves 3 de diciembre Nathalie Duarte mencionó que en su detención del 21 de noviembre fue agredida por la policía con exceso de violencia. “Ese día de la detención fui agredida, me patearon, electrocutaron, y me gritaban perra, cerota ya verás cómo te va ir”, mencionó Duarte.
En esa misma audiencia, César Fernando García, testigo de la agresión contra Nathalie Duarte y también víctima, relató que uno de los agentes de la PNC lo tomó de la cabeza y le roció con gas pimienta en la cara durante la detención.
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Por la zarzamora
En el contexto de una nueva conmemoración del día Internacional de los derechos humanos, las asambleas territoriales, organizaciones sociales, de memoria y derechos humanos del gran Concepción marcharon por las calles de la ciudad exigiendo la libertad inmediata de lxs presxs políticxs del Estallido.
Diversas fueron las convocatorias en distintos territorios para conmemorar pese a todos los atropellos, la existencia de la declaración universal de los derechos humanos, ratificada el 10 de diciembre de 1948, en París, tras los aberrantes crímenes de la Segunda Guerra Mundial.
Este año en Chile, con miles de personas encarceladas tras ejercer su legítimo derecho a la protesta ante un sistema político empresarial indigno corrupto, la demanda generalizadas de los movimientos sociales se articuló en una gran Jornada de Agitación Nacional e Internacional por la Libertad de Lxs Presxs de la Revuelta Social. Dando además por finalizada las jornadas de ayunos colectivos que en distintos puntos del país chileno se llevaron a cabo con el objetivo de solidarizar y visibilizar esta dura realidad.
La jornada de este jueves en Concepción inicio con una concentración en plaza España, para avanzar en marcha hasta la plaza tribunales donde se dio terminó sin incidentes.
Fue camino a sus hogares que cuatro personas fueron detenidas por carabineros tras haber sido seguidas por un dron policial. Sin motivos contundentes fueron liberadas en horas de la tarde pasado el horario límite toque de queda.
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Ta’louk xa ti matanal milel-ulesele.
– Basta ya de asesinatos a personas inocentes con fines de exterminio.
Después de la Masacre de Acteal, en el municipio de Chenalhó, el 22 de diciembre de 1997; en Chiapas, México, se han cometido otras dos masacres a Pueblos Originarios: La de Viejo Velasco, el 13 de noviembre de 2006 y la de Chincultik, el 03 de octubre de 2008.
Actualmente existe el riesgo de una nueva Masacre, en la región Altos. Grupos civiles armados de corte. paramilitar procedentes de Chenalhó, atacan con armas de fuego a comunidades de Aldama y Chalchihuitán, con la omisión y protección del gobierno de Chiapas.
El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida y evitar otras Masacres en México.
Escuchemos a Las Abejas de Acteal en el NotiFrayba.
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El pasado lunes 7 de diciembre, presos del módulo 12 de imputados de la cárcel de Valdivia, rechazaron el alimento como forma de protesta ante problemas graves con la recepción de encomiendas, la falta de luces en sus celdas y la nefasta regularización de las visitas, entre otras necesidades inmediatas. Producto de dicha acción,denuncian haber sido golpeados y torturados por Gendarmería, sin motivos y exigen la presencia del Instituto de Derechos Humanos en el lugar.
Los presos buscan acabar con las paupérrimas condiciones en las que se mantienen recluidos. Carencias dentro del encierro, que agudizan los efectos de la privación de libertad, como la falta de iluminación o impedimentos con las encomiendas, sumado a las consecuencias de violencia institucional que reciben al denunciar estos hechos.
A continuación compartimos relato de los presos del módulo 12 de la cárcel de Valdivia enviado el día lunes 7 de diciembre.
“Lanzamos unas bandejas en contra una reja sin agredir a nadie, menos a algún funcionario, sólo como acto de protesta hacia los hechos que nos aquejan
Hemos sido agredidos de forma física y también psicológica por parte los funcionarios que nos custodian. Ingresaron al módulo disparando una escopeta, siendo que no había nesesidad de usar ese inplemento disuacivo contra nosotros, ya que todos estábamos en un rincón del patio, sin interés de agredir a nadie, ni con ningún objeto contundente, que hiciera presumir que podíamos responder de mala forma, y ellos procedieron a lanzar gas y a golpiarnos de forma discriminatoria, con golpes de puño y con bastones, a todo el que se moviera, siendo que estabamos reducidos de forma casi automática.
Personas que tienen movilidad limitada también fueron rosiadas con gas y mal tratadas de forma muy discriminatora. Unos compañeros fueron agredidos y golpiados hasta mas no poder y siendo que estaban esposados, era imposible que ellos opusieran algun grado de resistencia.
Fueron llevados y trasladados sin motivo, y fueron doblemente golpiados sin haber necesidad ya que estaban esposados
Nuestras peticiones son puntuales y no estan fuera del alcance de gendarmería:
Que autoricen las encomiendas de internos que no son de esta región. Llaque no dejan que llegen mas de una por persona
Que son dos dias a la semana los de bisita y nos tienen solo com un dia
Que los asistentes sociales hagan acto de presencia en el módulo.
Que pongan luces en las celdas ya que las hemos solicitado por conducto regular y la respuesta ha sido nula.
Que regularicen las peticiones, que se hagan sin dejarlas en el olvido.
Ante estas nuevas denuncias contra Gendarmería de $hile, y a 10 años de la peor masacre carcelaria de la historia de este territorio, las negligencias y abusos siguen marcando semana a semana a la nefasta institución, en el actual contexto de crisis.
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En el marco de la conmemoración del día internacional de los Derechos Humanos en Concepción, artistas autoconvocadxs de Concepción salieron nuevamente a las calles para denunciar a través del arte el vínculo de la Universidad de Concepción (UdeC) con la prisión de 11 jóvenes populares acusados de más de 80 delitos.
La propuesta artística tuvo lugar en diferentes puntos de la mencionada casa de Estudios y es descrita en la siguiente declaración:
En la Jornada Nacional e Internacional por la libertad de las y los presxs políticxs de la revuelta, enmarcada en la conmemoración del Día Internacional de los DD.HH, se realizó la intervención callejera “udec encarcela”, la cual se plantea como un acción de arte y política que reivindica el uso del espacio público como legítimo lugar para ejercer el derecho a la protesta, recordando que es en las calles de la ciudad penquista donde hemos convergido hace más de un año diversas organizaciones sociales, sindicatos, asambleas, movimiento feminista, ciclistas y agrupaciones de trabajadores y trabajadoras del arte como AAA, todes quienes en su conjunto componemos la fuerza del movimiento social que lucha y exige la urgente y necesaria transformación del actual sistema patriarcal neoliberal y extractivista responsable de desigualdad social en chile, de aberrantes y acumuladas prácticas de injusticias, devastación de la naturaleza y empobrecimiento cultural.
Somos todas, todos y todes parte del mismo movimiento social quienes nos manifestamos de diversas maneras, suma que ha posibilitado tanto el logro del retiro del 10%, como el pasado plebiscito del 25 de octubre y la instalación del actual proceso constituyente. Hemos sido testigos también de la forma en que se ha criminalizado la protesta social, bajo diversos mecanismos: persecuciones, amedrentamientos, montajes, detenciones arbitrarias y procesos judiciales que no se ajustan a un debido proceso, sino que más bien, antes de iniciarse operan bajo la lógica de la condena pública, donde los inculpados/as con o sin pruebas con “castigados” mediáticamente dañando su imagen y privándoles de libertad.
¿Cuál ha sido el rol de la Universidad de Concepción en este histórico proceso de transformación social?
“Caso Udec” sintetiza la visión que esta institución tiene hacia la comunidad penquista movilizada y nos demuestran cómo desenvuelve en la práctica su misión frente al actual conflicto que atravesamos como sociedad. Los valores éticos y espirituales del alma mater asocian los enfrentamientos con carabineros al interior de la universidad como actos de violencia, lo que les justifica para facilitar material audiovisual que permitan generar evidencia condenatoria en la querella interpuesta contra 11 personas entre ellos menores de edad, jóvenes y adultos de orígenes socioeconómicos populares que han sido inculpados de más de 80 delitos. Dejando de manifiesto su adscripción a principios punitivos y represivos frente a las y los manifestantes quienes recordemos se enfrentan con carabineros en un contexto ampliamente descrito y reportado por los observadores de organismos internacionales de DD.HH, desmedido y abusivo de la fuerza incurriendo en una sistemática política de violación de derechos humanos por parte de la fuerzas de orden avaladas por el estado. Esta institución ha demostrado en el curso de este año su completa falta de capacidad real en su vinculación con el medio, carente de empatía, dando señales de indolencia frente al padecer de madres, padres, hijos, hijas, vecinos y vecinas que conforman el tejido social del gran Concepción, mostrando su incapacidad de liderar procesos hacia un “desarrollo libre del espíritu” acorde a las necesidades y complejidades de los tiempos que vivimos.
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14 organizaciones integrantes de la Red TDT así como 3 organizaciones internacionales visitaron comunidades de las regiones Altos, Norte y Costa para documentar violaciones a DDHH.
La impunidad y falta de acceso a la justicia generan un clima de riesgo para el CDH Digna Ochoa y el CDH Fray Bartolomé de las Casas.
La falta de voluntad política agudiza la crisis de derechos humanos que viven las comunidades chiapanecas.
Entre los días 7 y 10 del presente mes de diciembre, una Misión Civil de Observación compuesta por 14 organizaciones pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) —conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana— y acompañadas por tres organizaciones internacionales[1] visitamos comunidades en las regiones Norte, Altos y Costa de Chiapas con el objetivo de documentar diferentes problemáticas de derechos humanos. Durante esos días, pudimos atestiguar situaciones críticas de vulneración de derechos fundamentales en las tres regiones, con una preocupante falta de voluntad y empatía por parte de las autoridades.
La Misión Civil de Observación (MCO) tuvo la oportunidad de visitar las comunidades de Chalchihuitán, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá, donde recogimos testimonios con personas afectadas por situaciones de desplazamiento forzado, despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento, amenazas, criminalización, entre otras agresiones. Por otro lado, también se llevaron a cabo reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno para conocer el seguimiento que están dando a las diferentes problemáticas y casos concretos.
Las organizaciones de la Red TDT que participamos en esta Misión Civil de Observación queremos expresar nuestra preocupación por el contexto de violaciones sistemáticas y estructurales de derechos humanos que hemos podido documentar en las tres regiones, especialmente queremos resaltar el efecto diferenciado en las mujeres y, principalmente, en las infancias de todas las comunidades visitadas quienes presentan graves impactos psicosociales y la falta de mínimos vitales para la vida y la dignidad de estas poblaciones.
Igualmente alarmantes resultan la situación de insuficiencia alimentaria, los inexistentes servicios de salud y medicamentos –incluso para quienes han resultado heridos durante las agresiones contra las comunidades– que sumados a la situación de desplazamiento forzado amenazan y ponen en riesgo la vida de cientos de personas. Dichas situaciones se agravan por la falta de condiciones de seguridad y de acceso a la justicia, ante la existencia de grupos paramilitares y de choque que impunemente agreden a las comunidades y que implican un riesgo latente para ellas y para quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos. En ese sentido, también destacamos las amenazas de muerte, agresiones directas y actos de criminalización en contra de personas defensoras y de ayuda humanitaria, que realizan su labor en un clima de violencia generalizada.
Además, las organizaciones de la Red TDT denunciamos la falta de voluntad y empatía de las autoridades que permite la continuidad de una grave situación de violaciones a derechos humanos. Es indignante la situación de violencia estructural que se permite e, incluso, se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades. A esto se suma un claro problema de falta de acceso a la justicia que también se relaciona con la inoperancia de las fuerzas de seguridad pública para frenar la violencia y la falta de actuación de la Fiscalía del Estado aún cuando tienen claro conocimiento de los responsables de los ataques armados.
También hacemos un llamado para que Cristóbal Santis Jiménez, preso político por su labor de denuncia de las agresiones sistemáticas a las comunidades de Aldama sea puesto en libertad de manera inmediata.
Finalmente, queremos señalar que la Misión Civil de Observación se reunió con autoridades de gobierno de los tres niveles sin que se pudieran llegar a acuerdos concretos y seguimientos que logren garantizar la dignidad y la vida de las personas. Hoy, 10 de diciembre de 2020, Día Internacional de los Derechos Humanos, nos encontramos con una grave situación de violencia en la que el Estado mexicano debe asumir la responsabilidad que le corresponde y cesar la simulación y la falta de atención para las comunidades y personas defensoras que sufren violencia en Chiapas.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)
(Conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana)
Con el acompañamiento de Médicos del Mundo, Servicio Internacional por la Paz (SIPAZ), Movimiento Sueco para la Reconciliación (SweFOR).
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PERÚ: Huelga de trabajadores del campo obliga al Congreso peruano a derogar ley agraria.
Después de cinco días de huelga con bloqueo de carreteras, los trabajadores del campo peruano lograron que el Parlamento termine votando a favor de abrogar la nefasta ley de promoción agraria que permitía la sobre explotación obrera y una serie de privilegios para los agroexportadores.
laizquierdadiario
ARGENTINA: El gobierno Argentino miente, reprime a manifestantes y maquilla el peligro de la minería, misma que pretende volver poner en marcha pese a que ya se había logrado legalmente su prohibición gracias a movientos en contra de la minería a cielo abierto.
Pañuelos en Rebeldia. Autoconvocadxs x los Humedales.
EUA MUMIA: Se cumplen 39 años del secuestro de Mumia Abu Jamal por el racista sistema estadounidense.
Mitin y actividades artísticos por la liberación del preso político Mumia, por el alto al racismo, al abuso policial, y por la libertad de las y los presos políticos.
Amigos de Mumia mexico.
Desde el ombligo del monstruo
MEXICO MILITARIZADO: La Marina y guardia Nacional son responsables directos por delitos de lesa humanidad que van desde el robo o conducir en estado de ebriedad hasta el secuetro, la trata de personas y el asesinato.
Animalpolitico.
CHIAPAS: Normalistas de la Escuela normal rural Mactumaczá son violentados por la policía en la toma del palacio municipal. Con distintas acciones les estudiantes normalistas manifiestan su total desacuerdo ante la reducción presupuestal que plantea la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública para las Escuelas Normales.
Escuela Normal Rural Mactumaczac fecsum.
LUCHA POR LA VIDA: RODADAS por los humedales y por los presos politicos. Port JumpPerez
GUANAJUATO: Continúan secuestrando personas, encontrando fosas con cuerpos humanos y el gobierno es un cómplice silencioso, las familias, activistas, prefesores e investigadores buscan por su cuenta las fosas; gracias a la busqueda de estas personas muchos cuerpos que encontraron ya se estan identificando.
ZonaDocs
CAMPECHE: Organizaciones sociales y grupos mayas denuncian haber encontrado maíz transgenico y soya transgenica en su tierra.
En Los Chenes, en Campeche, pese a estar prohibida en el país, donde se observó la aplicación del herbicida glifosato en predios reportados como sospechosos. Especialmente grave es la posible presencia de maíz transgénico en la región, dado que a la fecha no existen permisos para su siembra.
Desinformemonos.
QUINTANA ROO: Mujeres Organizadas piden aborto legal en Quintana Roo he invitan a la toma de congresos en toda la República exigiendo este derecho. Se aprueba la ley olímpia en México.
Defensoras Digitales Quintana Roo
MEDIOS LIBRES ABYA YALA: Invitacion a escuchar la Revuelta Radial por la libertad
Transmisión colectiva de medios libres de Abya Yala. Sábado 19 de Diciembre, 2020
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La resistencia de las mujeres indígenas chiapanecas no es una novedad de los últimos años. Ya en marzo de 1993, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional vivió un “alzamiento” anterior al del 1º de enero, encabezado por las insurgentas: no hubo bajas y ellas ganaron. Luego de un profundo debate en el seno de las comunidades, elaboraron la Ley Revolucionaria de Mujeres, que exigía el reconocimiento en territorio zapatista de un conjunto de derechos y la igualdad de oportunidades en todos los planos de la vida. De ahí en más, no han cesado en su lucha contra el sometimiento y la humillación, tanto dentro como fuera de sus comunidades. En este nuevo aniversario del nacimiento del EZLN, compartimos una entrevista realizada en 2005 a Leticia, autoridad del Municipio Autónomo Magdalena de La Paz, en la región de Los Altos de Chiapas.
Texto: Hernán Ouviña
Fotos: Serie La libertad según l@s zapatistas | Colectivo Manifiesto
¿Cómo eran tratadas las mujeres antes del alzamiento zapatista?
Antes nuestra situación como mujeres era muy mala. Nosotras desde niñas no teníamos derecho ni siquiera a hablar. Incluso nuestros abuelos y padres no dejaban que habláramos, y en la propia casa, de parte de nuestra familia, muchas veces sufríamos explotación. Desde niñas vivíamos nuestra triple situación. Sufríamos de pequeñas, pero también de grandes seguíamos así. No nos dejaban participar, como si no fuéramos integrantes de la comunidad, del Municipio, o de la nación. Siempre nos han despreciado y marginado. Antes no podíamos levantar siquiera la vista, ni decirle nada a nuestros esposos, porque siempre fueron muy celosos de nosotras. Teníamos que andar agachadas. Según ellos, nomás servíamos para hacer la comida y cuidar a los niños. Tampoco podíamos ir a la escuela por ser mujeres indígenas. No teníamos derecho a ningún tipo de participación. Los padres mismos nos escondían dentro de la casa, y a veces llegaban a decir que la niña era sorda para no mandarla a la escuela. Por eso nosotras no tuvimos una educación completa y aún hoy nos cuesta mucho explicar nuestra situación. No teníamos siquiera derecho a la herencia de nuestros padres. Solo los hombres lo tenían. Pero ahora sabemos que eso no es cierto: también sabemos pensar y tenemos derechos como los hombres.
¿Qué las motivó a empezar a participar?
Nosotras como mujeres vimos poco a poco la necesidad de empezar a participar, hasta que en 1994 dijimos ¡Ya Basta! a la triple explotación, como mujeres, indígenas y pobres. Empezamos la guerra en 1994 para hacernos escuchar. Vimos la necesidad porque el mal gobierno no nos tuvo nunca en cuenta. Por eso decidimos tomar las armas: para que nos respeten. Ya no queremos ser como antes; ahora exigimos ser tenidas en cuenta. Por eso gritamos que sí podemos participar, como lo estamos haciendo en este Municipio Autónomo, donde nuestro pueblo nos eligió para que seamos autoridad. Pero no solo nosotras lo estamos haciendo. Hay mujeres que participan también desde el 1º de enero en la salud y la educación autónomas, o en el trabajo colectivo en cooperativas. Junto con los hombres, queremos avanzar y aprender a resolver nuestros problemas. Nosotras nos sentimos mal cuando no nos dejan participar. Pero ya no vamos a estar más agachadas: que sepan los hombres que también ellos pueden cuidar niños o trabajar en la cocina. Queremos democracia, justicia y libertad, pero también igualdad con respecto a los hombres.
¿Los hombres aceptan que participen?
Hay algunos hombres, incluso padres y esposos, que todavía no han entendido que nuestra lucha también es suya, y no permiten que sus hijas o esposas ocupen un cargo o simplemente participen; aunque también es verdad que muchos otros sí nos acompañan, y fomentan nuestra participación.
¿Cuáles son las demandas de las mujeres zapatistas?
Nuestra principal demanda es que nos respeten, que haya igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que podamos respetarnos entre sí y caminar juntos. Además, como zapatistas seguimos exigiendo nuestros once puntos del 1º de enero de 1994, que el gobierno federal no quiere reconocer: trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Muchas son nuestras demandas. Las mujeres, por ejemplo, tenemos que poder decidir sobre nuestro propio cuerpo, decidir si queremos tener hijos, y cuántos van a ser. No solamente los hombres tienen ese derecho. Antes no era así: a nosotras nos pegaban siendo niñas porque ellos querían puros niños. Ahora queremos que no solamente las mujeres indígenas decidan y participen, sino todas las mujeres del mundo.
¿Por último, qué mensaje le darías a las mujeres que están luchando en otros territorios?
Nomás les voy a decir que nosotras como mujeres sí podemos organizar cualquier tipo de trabajo. Tenemos la sabiduría y la inteligencia también para poder gobernar. Y aquí vamos a estar siempre, de pie, porque dijimos ¡Ya Basta! Les diría que sigan adelante, que empiecen a gobernar y a participar, que se sumen a la resistencia aquellas que aún no se han sumado, que no se desanimen en sus trabajos. Nosotras las zapatistas no estamos luchando solo para nuestro país, sino también para todo el mundo. Por eso queremos un mundo donde quepan muchos mundos. Queremos que haya justicia, igualdad y democracia para todas y todos. Les diría además que hagan suyas las demandas zapatistas, llevando como bocina nuestra palabra. Que sepan que aquí vamos a estar hasta triunfar. Aunque el mal gobierno dice que ya no hay zapatistas… ¡Pues aquí estamos! Aunque nos manden paramilitares a los Municipios Autónomos, nosotras seguiremos en resistencia. Aunque los soldados federales planten droga en nuestras tierras para implicarnos, o nos hostiguen los guardias blancos, no tendremos miedo. Continuaremos avanzando con la autonomía en nuestros propios territorios, aunque el mal gobierno no lo quiera.
