Estigmatización y criminalización mediática, encuentros ultraderechistas impulsados por la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras y familias terratenientes, ataques e incendios anónimos en lugares emblemáticos, un cerco del Grupo Especial del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la Policía de Río Negro, el envío de Gendarmería por parte del gobierno nacional y una política de desgaste por más de 50 días. Estos hechos fueron construyendo el escenario que terminó – poco después de que se levantara el acampe solidario en apoyo a la lof – con el ingreso a Cuesta del Ternero de dos individuos sin identificación que dispararon contra comuneros de la Lof Quemquemtrew, asesinando a Elías Garay y dejando a Gonzalo Cabrera con heridas de bala calibre 22 en su abdomen. Como broche, sectores de ultra derecha festejaron y echaron a las protestas que se realizaron ayer por la noche en El Bolsón. Soraya Maicoño, vocera de la lof, relató: «entraron a matar. Ingresaron dos personas de civil. No sabemos si eran policías, parapolicías o matones del empresario Rocco». Por su parte, Orlando Carriqueo, de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro sentenció: «que no nos vengan hablar de violencia porque los muertos los seguimos poniendo nosotros. La zona liberada es responsabilidad de la policía de Río Negro: o la liberaron o son ellos». Por ANRed.
Cómo se preparo el escenario previo
La Lof Quemquemtrew comenzó la recuperación territorial el sábado 18 de septiembre: «hacemos público y reivindicamos la recuperación territorial del cuadro conocido como ‘Tapera de los Alamos’ en el paraje de la Cuesta del Ternero, deshabitado hace mas de 50 años y a merced de intereses inmobiliarios, forestales e hidricos», anunciaba la comunidad mapuche, y agregaba: «esta porción territorial además de estar muy contaminada viene padeciendo sequías e incendios, situaciones que solo benefician al wingka capitalista, al Estado, y sus funcionarios de organismos como la Dirección de Tierras, de Bosques, del Servicio Forestal Andino, y Enforsa, quienes luego hacen posesión de la tierra y la entregan a empresarios, por lo general, de origen extranjero».
En este marco, el pedido de apoyo humanitario y la puesta en marcha de una mesa de diálogo para la comunidad que recuperó territorio ancestral en la Cuesta del Ternero fue rechazada por el juez de garantías Ricardo Calcagno, quien negó el ingreso de alimentos y abrigo a la Lof Quemquemtrew, y consideraba: «entiendo, al igual que el Ministerio Público Fiscal (la fiscal Betiana Cendón), que el ingreso de alimentos consolida la usurpación».
En el caso del programa «PPT» de Jorge Lanata, el informe construyó y difundió una imagen del «indígena» como el enemigo interno, reforzando de esta manera el discurso del poder, sesgando información y avalando la violencia contra las comunidades. La transmisión del programa ocurrió, casualmente, cinco días después de la desaparición del militante social Santiago Maldonado durante la represión a la comunidad de Lof en Resistencia del departamento de Cushamen, Chubut, de la cual el gobierno actual ni el pasado aún no ha dado respuestas. Este informe cosechó un fuerte repudio de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), que consideró que se trataba de una «campaña de estigmatización hacia el pueblo mapuche, en la que reprodujeron discursos racistas y persecutorios de distintos sectores de la política».
Finalmente, a la campaña estigmatización y criminalización se fortaleció también de la mano de los encuentros ultraderechistas impulsados por la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras y familias terratenientes, en defensa de la propiedad privada y contra las recuperaciones territoriales mapuche. Asimismo, en la previa de las elecciones legislativas, denunció que en el gobierno nacional de Alberto Fernández y en el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI) había cómplices de la violencia mapuche. En aquella ocasión también acusó a otras dependencias, como el directorio de la Administración de Parque Nacionales (APN) que está bajo la órbita del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde el Estado argentino desistió de avanzar en la causa por la recuperación de tierras en Villa Mascardi, ubicada a unos 35 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Finalmente, el ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández determinó el envío de efectivos de Gendarmería a la zona.
Crónica de una muerte anunciada
Todos estos hechos fueron construyendo en el tiempo el escenario que terminó este domingo 21 de noviembre por la tarde – alrededor de las 15, según los testimonios de los comuneros – con el ingreso al territorio recuperado de Cuesta del Ternero de dos individuos sin identificar – supuestos cazadores – que lograron pasar el fuerte cerco que el Grupo Especial del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la Policía de Río Negro mantuvo por más de 50 días. Allí, según los testimonios de la Lof Quemquemtrew, estos hombres discutieron con comuneros y efectuaron disparos, asesinando a Elías Garay – cuyo cuerpo aún se encuentra dentro del predio – y dejando a Gonzalo Cabrera con heridas de bala calibre 22 en su abdomen, que luego tuvo que ser intervenido en el quirófano del Hospital de El Bolsón y ahora se encuentra internado y estable.
Como broche del día, sectores de ultra derecha del pueblo de El Bolsón festejaron en las calles el asesinato y echaron a las protestas que se realizaron ayer por la noche en la localidad en repudio al ataque.
El hecho en el cual ayer dos individuos asesinaron a un joven mapuche e hirieron a otro ocurrió inmediatamente después de que el sábado 20 por la tarde el acampe humanitario, que se había instalado en solidaridad con la Lof Quemquetrew, tras 52 días de aislamiento y amedrentamientos, anunciara que se levantaba. Los dos supuestos cazadores ingresaron al lugar a pesar de haber un reten policial que evitaba la circulación de personas. Como dijo un testimonio, al lugar «no ingresaban alimentos ni abrigos pero si las balas». Pero otro dato que agrava el escenario del asesinato es Gonzalo, el comunero mapuche herido por un disparo en el abdomen, se le extrajo una bala de calibre 22 milímetros, que no se corresponde a las armas reglamentarias de las fuerzas especiales COER y que, según testimonios de la lof, había personal de civil disparando. El dato alerta sobre el proceder de las fuerzas de seguridad cuando evitan la identificación para realizar actos ilegales, lo que trae al recuerdo episodios como fue el asesinato de hace unos días del joven Lucas González por parte de efectivos no identificados de la Policía de la Ciudad.
Foto: Germán Romeo Pena (ANRed)
Ante los señalamientos al gobierno provincialde que hubo una zona liberada, Arabela Carreras desmintió por la tarde que hubiera realizado cualquier tipo de operativo policial.
Este domingo por la tarde, desde la guardia del hospital Soraya Maicoño, vocera de la Lof Quemquemtrew, pudo dialogar con Gonzalo Cabrera, quien antes de ingresar a cirugía pudo dar testimonio de los hechos a la vocera, que comunicó: «me contó que entraron dos personas al territorio. Dijeron que estaban cazando, pero en realidad no sabemos si eran policías de civil o parapoliciales o matones de Rocco. Finalmente, se pusieron muy nerviosos y dispararon a matar. Se hicieron los que andaban perdidos en el territorio. Cuando se dieron vuelta y los vieron tenían armas calibre 22. Estos empezaron a ponerse nerviosos y decir ‘quédense tranquilos, si ustedes se quedan tranquilos, nosotros no vamos a hacer nada’. Los lamgen respondieron, ‘entonces, si no van a hacer nada, bajen las armas y váyanse ya mismo del territorio’. Cuando le plantearon eso, estos dos empezaron a disparar. Al lamgen Elías le dispararon de muerte y Gonzalo tiene dos entradas de bala en el estómago’, relató Maicoño.
«Nuestros lamien están resguardados en el monte todavía. Entonces nos preocupa esa situación. La abogada está tratando de convencer a la fiscal que dé una orden para frenar a la policía», agregó la vocera. Finalmente, informó que la policía y la gendarmería mantienen la ruta cortada, y agregó: «mañana (por hoy) se va a intentar entrar al territorio con el lamgen Néstor y luego recién se va a ver cómo continúa la cuestión legal. Hay que presionar en fiscalía para que la gente mapuche pueda llegar al territorio. Exigir que se desmilitarice«.
Silvia de los Santos, abogada de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh) fue contundente sobre el contexto legal en la cual ocurrió el crimen: «el viernes a la mañana intentamos presentar recurso extraordinario federal en el habeas corpus, ya que el superior tribunal de Río Negro rechazó el recurso de casación diciendo que acá está todo bajo el control del poder judicial ‘con las debidas garantías’. En ese recurso estamos denunciando tentativa de genocidio, hoy ya consumada, y tortura. Preguntamos en ese recurso si estaban esperando que aparezcan cuerpos o simplemente que desaparezcan. Denunciamos ya desaparición forzada. No son ‘dos cazadores’. Fue una ejecución parapolicial. Es el estado. Es genocidio. Es tortura. Es lisa y llanamente exterminio. Impotencia de observar cómo la Constitución Nacional no sirve para nada. Como, especialmente, la fiscal Betiana Cendón, y el juez Ricardo Calcagno, al frente de este operativo de exterminio, son quienes fueron junto a criminalística al territorio. La compañera de la persona asesinada denunció la semana pasada violencia de género (acoso) por parte de dos policías del retén. Nada es casual. Esta es una nueva crónica de una muerte anunciada«, destacó.
Con esta observación también coincide Susana Lara, periodista editora de Patagonia Extremo e integrante de la Multisectorial Contra la Represión de Bariloche, quien señaló: «la versión de los cazadores es inadmisible por el cerrojo policial, con efectivos y drones, mantenidos desde los dos intentos de desalojo fracasados. Además, el joven asesinado es el compañero de una mujer mapuche que el 16 de noviembre denunció a dos efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la policía provincial, por acoso, en el marco de la ley 26585 de prevención y eliminación de la violencia de género, indicó el Colectivo Feminista Nómada. De ser así, la ejecución de la víctima no fue circunstancial ni tampoco la presencia de los cazadores, que contaron con información de inteligencia previa».
Foto: Germán Romeo Pena (ANRed).
En tanto, desde FM Alas, medio comunitario de El Bolsón, informaron: «había muchísima policía, muy enfierrados y con actitud jodida hacia quienes nos presentamos como parte de la prensa y los vecinos. Estuvimos hablando con el oficial que estaba a cargo del COER, Méndez, que no nos atendió, pero sí el subcomisario Zapata, que es el oficial a cargo de la Comisaría 12, que estaba en la delegación de Cuesta del Ternero y hablamos varias veces con él. Negaba todo y no estaba en conocimiento de lo que había ocurrido, incluso no sabía que había una persona muerta, ni de las personas heridas. Negó absolutamente todo. Alrededor de las 22 llegó una ambulancia con gente del Hospital de El Bolsón con gente de comunidades, que habían hecho un arreglo con el fiscal Francisco Arrien para poder acercarse a constatar la muerte del peñi. La policía estuvo largo rato dando vueltas hasta que les dejó acceder, previa llegada de otra ambulancia con la directora del Hospital y un oficial a cargo de la oficina de criminalística. Más allá de que ese no hubiera sido el acuerdo con el fiscal Arrien, siendo que era un solo oficial de criminalística y que se ponía en riesgo la posibilidad de acceder al territorio para conocer la situación dejaron que también subiera. El arreglo con la fiscalía es que hoy luego de las 7 am, después de que pueda llegar también la abogada de comunidad de Fiske Menuco se van a hacer presentes en el territorio el fiscal Arrien y el fiscal adjunto del Bolsón Francisco Torchia y la gente de criminalística, con bastante policía, suponemos. Para esto se harán presentes personas de la comunidad mapuche y organizaciones que acompañan para controlar el ingreso de toda ésta gente al territorio. Las personas que subieron pudieron verificar que había una persona fallecida, pudieron hablar con la gente en la comunidad. El cuerpo está en territorio y hasta que no se hagan las pericias no lo van a mover. Luego de eso, al bajar se decidió que no quedara nadie porque se había organizado un pequeño acampe en el retén policial, sino acompañar el procedimiento de la fiscalía y criminalística», detalló en su informe FM Alas.
Por su parte, Orlando Carriqueo, el werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro, manifestó: «que no nos vengan a hablar de violencia, porque los muertos los seguimos poniendo nosotros. La zona liberada es responsabilidad de la policía de Río Negro; o la liberaron o son ellos«, sentenció con respecto al ataque mortal que desató el grupo de individuos que ingresaron a Cuesta del Ternero. También expresó que hay «discurso de odio del gobierno provincial» a cargo de Arabela Carreras, y agregó: «que no le echen la culpa a la justicia, porque ellos la dominan; hace lo que la gobernadora dice. No quieren sentarse al diálogo y permiten estas cosas. La responsabilidad política es innegable, tanto del gobierno provincial, que se niega a dialogar, quiere resolver las cosas a los tiros y no reconoce una comunidad, como del nacional, por ser tan tibio en esta situación. La Secretaría de Derechos Humanos, con una denuncia en la Comisión Interamericana, no intervino. Esperó a que haya un muerto», remarcó, por lo que consideró que «hay una responsabilidad doble», del gobierno provincial y el nacional.
En este marco, la Lof Quemquemtrew convocó a una conferencia de prensa online urgente desde las 13.20 para dar a conocer la situación actual del conflicto, que será transmitida por la plataforma Zoom, de la que participarán Mauro Millán, longko de Pillañ Mawiza y Nelson Ávalos por la APDH Regional Noroeste de Chubut. El link para participar es https://us02web.zoom.us/j/87121135229 y la ID de reunión: 871 2113 5229.
Al cierre de esta nota, también se anunciaban convocatorias improvisadas en repudio al ataque a la Lof Quemquemtrew.
Asimismo, se convocaba a una movilización para hoy a las 20 en la Plaza Rivadavia de la localidad bonaerense de Los Toldos, en repudio al ataque, convocada por la Lof Epu Lafken y la Comunidad Ñuke Mapu.
Existe la posibilidad de personas heridas, algunas familias se escondieron en la montaña por miedo a las fuerzas de seguridad. Se confirma la captura de una mujer que defendía su vivienda.
Por Prensa Comunitaria
96 familias Q´eqchi´ fueron desalojadas este día por un grupo grande de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Los comunitarios dijeron que la policía utilizó maquinaria pesada para destruir las viviendas; también fueron quemadas las pertenencias de las familias.
Se reporta la captura de Irma Yolanda Choc Maquín por intentar defender su vivienda; su hija de 5 años quedó bajo custodia policial por no haber un familiar cercano a la menor.
Las familias que hoy perdieron su hogar piden la solidaridad y acompañamiento de la sociedad guatemalteca pues perdieron todas sus pertenencias y no cuentan con un lugar para resguardarse.
-Una comunidad perseguida y violentada
La comunidad Chinebal en el área sur de El Estor, Izabal, ha estado bajo amenaza de desalojo desde hace varios años, pues es un territorio que la empresa productora de aceite de palma, Naturaceites, arrenda para sembrar y procesar palma africana.
Las fuerzas de seguridad pública estatal y federal que atacaron a los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en la noche del 26 de septiembre de 2014, en connivencia con el crimen organizado, utilizaron fusiles exportados ilegalmente a México por la empresa alemana Heckler & Koch, fabricante de pistolas, fusiles de asalto, ametralladoras y lanzagranadas. “De acuerdo con los permisos oficiales alemanes, estos nunca debieron haber llegado a Guerrero”, sostienen siete organizaciones de derechos humanos, de México y Alemania, en un informe publicado este mes.
El documento se basa en las conclusiones del Tribunal Federal de Justicia de Alemania (BGH, por sus siglas en alemán) en su sentencia, dictada en marzo de 2021, en el caso Heckler & Koch sobre exportación ilegal de armas.
De acuerdo con las conclusiones del tribunal alemán, la licencia para la exportación de más de 4,200 rifles de asalto de la empresa a México se obtuvo porque se presentaron declaraciones de usuario final falseadas.
Los certificados de usuario final son un elemento utilizado por el gobierno alemán para el control de las exportaciones de armas en Alemania y en Europa. Documentan, ante las autoridades encargadas de autorizar las licencias, donde serán utilizadas esas armas. En este caso, el gobierno alemán había considerado crítica la situación en varios estados mexicanos, y había prohibido las exportaciones de armas hacia ellos, siendo Guerrero uno de ellos. Sin embargo, los rifles acabaron allí.
Dos empleados de la empresa enfrentan penas en régimen de libertad condicional y multas por la exportación ilegal de fusiles de asalto G36 a México. El tribunal los consideró responsables de aportar los datos falsos. La empresa debe pagar más de 3 millones de euros.
Las organizaciones subrayan que, además de los 4,200 fusiles de asalto exportados de forma ilegal, se exportaron miles de fusiles más a otras regiones de México, las cuales el gobierno alemán considera seguras. “La exclusión de solamente algunos estados mexicanos especialmente conflictivos es más que cuestionable desde la perspectiva de los derechos humanos. Si se hubieran tenido en cuenta la situación de violencia, violaciones de los derechos humanos, corrupción e impunidad imperantes, México en su conjunto nunca debería haber recibido armas”, dicen en su informe.
Al día de hoy, Alemania no cuenta con instrumentos jurídicos adecuados que permitan revisar decisiones gubernamentales cuestionables, autorizando exportaciones de armas, dice el informe. “Una nueva Ley de Control de la Exportación de Armas debe contener criterios claros y estrictos indicando la forma en que el gobierno federal debe justificar sus decisiones de exportación. Dicha ley debería otorgar a las asociaciones el derecho de interponer demandas contra las decisiones de exportación, ofreciendo la posibilidad de que estas puedan ser examinadas”, defienden.
Desaparición forzada
El caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa muestra la terrible realidad de México: miles de personas han sido víctimas de desaparición forzada en los últimos años. Según las cifras oficiales, el número supera ya los 90,000. En muchos casos, las fuerzas de seguridad del Estado están directa o indirectamente implicadas en los hechos. Los delitos no suelen ser investigados judicialmente con lo que se desconoce el paradero de las personas desaparecidas y los autores de estos delitos no son castigados. La impunidad resultante se perpetúa ya que las víctimas de las numerosas fosas comunes no son identificadas.
El informe fue realizado por las siguientes organizaciones: Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel! (Grito a la acción – ¡detengan el comercio de armas!), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Coordinación Alemana por los derechos humanos en México, Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos, Academia protestante Bad Boll, Global Net – Stop the Arms Trade (Red Global – detengan el armamento) y Ohne Rüstung Leben (Vivir sin Armas).
AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
AL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES
AL PUEBLO EN GENERAL
El día de ayer , sábado, 13 de noviembre de 2021, recibimos en la Altepelmecalli, la Casa
de los Pueblos, a compañeras y compañeros que luchan desde otros territorios, para
participar en el Foro Global en Defensa del Agua desde los usos y costumbres. Vinieron
representantes de las comunidades vecinas de San Mateo Cuanalá, Colonia José Ángeles,
San Gabriel Ometoxtla, Santa María Zacatepec, Santa Bárbara Almoloya, San Lucas
Atzala, Calpan, Xoxtla, Tlaltenango, el municipio de Puebla, la Organización de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, Santa María de laAsunción Coapan, Tehuacán, Sierra Negra de Puebla, Comunidad Otomí de Santiago Mexquititlán residente de la CDMX, la Red de Resistencias y Rebeldías en apoyo al CNI-CIG del puerto de Veracruz, la Coordinadora de Ayotzinapa-Puebla, la Coordinadora de Colonias de Ecatepec, el Movimiento en Defensa del Agua de Cuenca Libres Oriental, la comunidad de Coatepec, de la Okupa Kasa Chiapas en Ciudad de México, de Tenextepango, Ayala, Azurco y Huexca, Morelos, de Tepapayeca, Mixteca poblana y la Organización de los 12 pueblos originarios de Tecamac.Además hubo participación internacional desde los países de Canadá, Venezuela, Colombia y Francia.
Realizamos mesas de trabajo para compartir nuestras experiencias de lucha y resistencia.
En ellas,expusimos las problemáticas que ocurren en nuestros territorios, las formas en las que las hemos enfrentado, cómo hemos sido atacados, perseguidos, criminalizados y cómo nos han sido arrebatados hermanos por el mal gobierno y empresarios. Reflexionamos en torno a la pregunta ¿qué sigue? que nuestros hermanos zapatistas y del CNI-CIG nos convocaron a responder, en cada uno de nuestros territorios, pero también en coordinación con los pueblos y organizaciones hermanas que defendemos a la Madre Tierra.
Esta experiencia nos permitió confirmar una vez más que el mal gobierno y las grandes
empresas del sistema capitalista y patriarcal en el que vivimos no se preocupan por las
personas, por los pueblos y las comunidades, cuando intervienen en nuestros territorios, es solo para beneficiarse. Implantan empresas que saquean y contaminan el agua, la tierra y el aire, con el único fin de enriquecerse.
Privatizan el agua, nos la venden, generan sequías de cuerpos de agua y de nuestros
pozos. Las carencias de agua están presentes tanto en las ciudades como en el campo. Las
cuencas de agua son acaparadas por terratenientes y el agua está concesionada en su
mayoría para las grandes industrias, como Audi, Coca Cola, Granjas Carol, Driscol,
Iberdrola, Nestlé, Danone.
Los malos gobiernos favorecen y dan todas las facilidades a empresas criminales como son industrias textiles, automotrices, metalúrgicas, hidroeléctricas, termoeléctricas, ganadería extensiva, granjas porcícolas, de alimentos procesados, embotelladoras, refresqueras, inmobiliarias, aeropuertos y rellenos sanitarios todas ellas lo único que traen a nuestros pueblos es muerte. La contaminación que provocan enferma nuestros cuerpos de cáncer y otras enfermedades, pero también enferman nuestra tierra y dificultan el cultivo de nuestros alimentos.Además las empresas siguen utilizando las bombas antigranizo, generando aún más sequía en los territorios, y en las ciudades y en las comunidades nos desplazan y nos impiden tener una vida digna. Al mismo tiempo, el mal gobierno y los representantes del capital implantan violencia en distintas formas, como el narcotráfico y el paramilitarismo.
En resumen, saquean nuestros territorios, dejan que nos empobrezcamos, saquean,
contaminan y asesinan a nuestra Madre Tierra, rompen con megaproyectos sus huesos que son los cerros, vacían y contaminan sus venas que son los ríos, ensucian el aire que
respiramos todos, incluso ellos mismos.
Hemos entrado al juego de su estado de derecho con acciones jurídicas para defender
nuestro territorio y hemos visto y confirmado mil veces que no funciona para dar certeza a los pueblos, coincidimos en que estas vías están hechas por el mal gobierno para su propio beneficio. El Estado de derecho está agotado.
Los malos gobiernos hacen consultas amañadas que nos dan a entender que solo
pretenden distraernos, pretenden que nos rindamos ante ellos; anulan amparos del pueblo, nos dan atole con el dedo con sus proyectos asistencialistas y dividen al pueblo desde sus instituciones y partidos políticos, imponen conflictos entre nuestros hermanos, secuestran nuestra agua y a nuestros compañeros, encarcelan a los que defienden la vida y premian a los que lucran con ella, compran medios chayoteros para desinformar y continuar criminalizando, utilizan todo el aparato del Estado, como el ejército, policía y Guardia Nacional, así como al crimen organizado para imponer sus proyectos de muerte y despojo. Manipulan las leyes a su favor, generando denuncias y órdenes de aprehensión, las instituciones como CONAGUA, PROFEPA, SEMARNAT, INPI, CFE, se dedican a organizar el despojo del agua y del territorio. En este encuentro los pueblos y
organizaciones presentes concluimos que los enemigos son los mismos en todos lados, por ello también sabemos que estamos en la misma lucha, somos hermanos y lo que pase en un territorio nos pasa a todos.
Es por ello que desde hace un largo tiempo hemos decidido organizarnos para, desde
nuestros usos y costumbres, defender lo nuestro. A través de asambleas, del diálogo,
aplicando los decretos emanados de los pueblos, es decir, al hacer valer la ley de los
pueblos, nos organizamos, investigamos, informamos, construimos conciencias colectivas, nos articulamos con otras luchas, hacemos encuentros y foros, visibilizamos los conflictos no solo a nivel local, sino también nacional e internacional, utilizando herramientas como las redes sociales, medios libres, radios comunitarias; también recuperamos espacios como este y devolvemos la vida a donde en algún momento se impuso destrucción y muerte. Construimos autonomía y liberamos nuestros territorios.
Hoy en la Casa de los Pueblos, Altepelmecalli, reconocemos que somos cada día más
fuertes y lo diremos una y otra vez: Nosotros no claudicamos, no nos rendimos, no traicionamos y no nos vendemos.
Nos seguiremos tejiendo y fortaleciendo en la organización, la difusión de nuestros movimientos, y seguiremos haciendo valer la ley de los pueblos por el bien de nuestros territorios y de nuestra Madre Tierra, que lo es todo. Para ello tenemos que caminar,
preguntando como de por sí nos enseñaron nuestros abuelos, así que este gran espacio de organización que hoy nace, caminará por los territorios de Santiago Mexquititlán, Tehuacán, Ciudad de México, Huexca, Ecatepec, Veracruz, Ciudad de Puebla, Juan C. Bonilla, Xochimilco, Tecámac y más territorios que se vayan sumando a la Caravana Nacional de Pueblos en Defensa del Agua desde los usos y costumbres la cual arrancará a inicios del próximo año.
Así también les anunciamos que los días 17 y 18 de noviembre a las 11:00 horas en la Casa
de los Pueblos y Comunidades Indígenas «Samir Flores Soberanes» se llevará a cabo el
«Foro Global: La lucha Zapatista».
El 20 de noviembre del presente año tendrá lugar el tercer festival de resistencias en el
puerto de Veracruz y el día 21 de noviembre se llevará a cabo la asamblea de colectivos.
En la Ciudad de México, el 1 de diciembre se convocará a una megamarcha en contra de
los megaproyectos y alto al paramilitarismo en territorios zapatistas que partirá del Monumento a la Revolución hacia el zócalo.
El día 11 de diciembre se llevará a cabo una toma – encuentro en la termoeléctrica de
Huexca, Morelos.
Continuaremos realizando encuentros virtuales con nuestros hermanos de Canadá, Estados Unidos,Italia, Kurdistán, Francia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Alemania, Gahna e Inglaterra. Porque, aunque el sistema capitalista patriarcal nos ha impuesto fronteras de muerte, nosotros las borramos y nos acercamos en la palabra y acción por la defensa de la vida.
Somos quienes desde hace más de 500 años, hemos resistido, cuidado y defendido la vida
y la tierra .No nos vencieron, no nos exterminaron, no lograron arrojarnos al olvido.
Aquí estamos. De pie y en lucha.
Desde Altepelmecalli, La Casa de los Pueblos, en las tierras rebeldes del municipio de
Juan C. Bonilla, Puebla
A 14 de Noviembre del 2021
Por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un Mundo sin nosotras y
nosotros.
¡Agua sí, termo no!
Presentación con vida del compañero Sergio Rivera
¡Porque vivo se lo llevaron, vivo lo queremos!
¡Samir vive, la lucha sigue!
¡Zapata vive, la lucha sigue!
¡El agua es vida y la vida se defiende!
¡Los pueblos unidos jamás serán vencidos!
¡FUERA BONAFONT!
Caso Lemún: Solicitan anulación de juicio que condenó a ex carabinero por homicidio simple sin pena de cárcel
En la víspera al 19° aniversario del asesinato de Alex Lemún Saavedra, adolescente mapuche que agonizó cinco días tras el disparo percutado por el entonces Mayor de Carabineros Marco Aurelio Treuer Heysen, los abogados querellantes, junto a la familia de su representado, interpusieron un recurso de nulidad al Tribunal de Angol: solicitando rehacer el juicio que dejó sin cárcel efectiva al responsable, pese a ser declarado culpable de homicidio.
WALLMAPU.- “A una distancia aproximada entre 70 o 100 metros de distancia de la víctima Edmundo Alex Lemun Saavedra de 17 años de edad, teniendo la preparación en el uso del arma y conociendo lo letal de esta, dispara en contra del grupo impactando al adolescente”, señala el texto de la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Angol, tras el juicio contra Marco Treuer Heysen realizado por primera vez en la Justicia Civil, durante los meses de septiembre y octubre del presente año.
Los hechos fueron investigados en 2002 por la Justicia Militar, jurisdicción que sobreseyó el caso dejando en completa impunidad al ex carabinero Treuer. En ese entonces, la familia del adolescente de 17 años recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “donde se acusó a Chile de vulnerar los derechos a la infancia, al acceso a la justicia, entre otros derechos reconocidos internacionalmente. Recomendando al Estado investigar la causa por la Justicia Civil”, explica Eduardo Painevilo, abogado de la familia Lemún.
La querella presentada por los abogados del Centro de Investigación y Defensa Sur, CIDSUR,, representantes de la familia Lemún Saavedra, solicitaba 20 años por delito de homicidio calificado en consideración a la premeditación del asesinato. Entre otras razones, debido al cambio de munición realizada por Treuer en su arma de servicio, pasando de balines de goma a postas de plomo.
Argumento desestimado por el Tribunal de Angol, que calificó el delito como homicidio simple, condenando al ex funcionario a tres años de presidio menor en su grado medio y suspensión de cargos públicos durante este tiempo. Pena que, además, se dio por cumplida al considerar la prisión preventiva que Treuer sostuvo en Santiago.
“Recordemos que el 28 de septiembre de 2018, Marco Treuer Heysen es formalizado y queda en prisión preventiva en el Centro de Detención Preventiva Sucre. En junio de 2019, se revisan las medidas cautelares y sale en libertad a su casa con arresto domiciliario total hasta hoy que, finalizado el juicio, su condena de 3 años se dio por cumplida sin cárcel efectiva”, señala el abogado Painevilo.
“No existe razón suficiente para establecer una legítima defensa como justificación”
Al conocer la sentencia, Sebastián Saavedra, también abogado querellante, señaló que en su criterio, “han operado lógicas que intentan justificar el actuar de carabineros. Se trata de una pena excesivamente baja para la gravedad del hecho. Teníamos la esperanza de que un Tribunal Civil actuaría de una forma distinta a como lo ha hecho la Justicia Militar y la verdad es que se asemeja bastante a las penas que se impusieron a los casos de Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collio”, agregó.
Dentro de los diez días que estima la ley, la parte querellante presentó un recurso de nulidad, señalando en su argumentación que “no existe razón suficiente para establecer una legítima defensa como causal de justificación, ni de legítima defensa incompleta como circunstancia atenuante” y tampoco la supuesta colaboración sustancial del acusado.
Según profundiza Saavedra, “la legítima defensa requiere, como principio básico, que exista una agresión ilegítima y según los propios antecedentes establecidos por el tribunal al momento de cambiar la munición de goma a plomo, o a letal, las piedras ya no les llegaban (a carabineros) o al menos ya podían esquivarlas, es decir, ya no existía un peligro inminente o actual en contra de la integridad física de ninguno de los funcionarios”.
En cuanto a la colaboración que el ex carabinero habría entregado en el proceso, “la ley señala que debe ser sustancial y el mismo tribunal establece que cada uno de los puntos en los que se supone el condenado colaboró, ya estaban siendo acreditados o habían sido acreditados por otros medios, como testigos y pericias”.
En la sentencia, el Tribunal, pese a considerar el carácter del delito contra los Derechos Humanos al ser cometido por un funcionario público, no lo reconoció como un agravante. “Según los jueces, el condenado no sé aprovechó de su calidad de funcionario para ejercer el delito, lo que evidentemente nosotros no entendemos, puesto que utilizó armamento fiscal, que fue entregado precisamente para cumplir la ley y es utilizado, al contrario, para cometer el crimen”, reforzó Saavedra.
Finalmente, el abogado agregó que, a su criterio, no se aplicó correctamente el derecho tanto en la calificación del asesinato como homicidio calificado como en la consideración de la agravante, “esto mermó los derechos de las víctimas al no haber aplicado una pena superior, dentro de lo que corresponde según la ley”, puntualizó Saavedra.
La causa ya se encuentra en la Corte de Apelaciones de Temuco y en el plazo aproximado de un mes se desarrollarán los alegatos de rigor.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
16 de noviembre de 2021 PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO
Del 11 al 13 de noviembre, varias Embajadoras, Embajadores y personal de Embajadas de países miembros de la Unión Europea visitaron Chiapas y su primera reunión fue con personas defensoras de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, agradecemos esta primera visita.
En dicha reunión, quienes estuvimos participando les expresamos nuestra preocupación con respecto a:
La extrema marginalización económica, social y política, misma que se ha visto agudizada por la pandemia de COVID-19, en particular en el acceso a la salud y la educación.
La debilidad institucional en el estado y los niveles de violencia en las elecciones de junio pasado (treceavo Estado con más casos de asesinatos de políticos; no se instalaron 232 casillas; simulación en la paridad de género y en los distritos electorales federales reservados para indígenas; participación de la delincuencia organizada en el financiamiento y el nombramiento de candidatos).
La impunidad y la dificultad para acceder al aparato de justicia: subrayamos el uso sistémico y sistemático de la tortura y la ausencia de sentencias condenatorias por este delito en los casos que se han denunciado; el impacto de la pandemia de COVID-19 y el preocupante indicador que representan los asesinatos del defensor Simón Pedro Pérez y el fiscal Gregorio Pérez Gómez en julio y agosto, del presente año.
La remilitarización del Estado, que ha implicado el cierre de la frontera Sur desde 2019 con más de 11 mil efectivos federales desplegados. Eso en un estado de por sí fuertemente militarizado desde los 90 a raíz del levantamiento armado. Justamente esta experiencia de varias décadas, genera mucha preocupación a que se siga fomentando la prostitución, se acentúe el alcoholismo y el consumo de drogas, y se generen más violaciones a derechos humanos y divisiones comunitarias.
Además, vemos que a pesar de la militarización masiva y prolongada, no se está logrando detener el aumento de la violencia por la actuación cada vez más descarada de la delincuencia organizada.
Las desapariciones pasadas y presentes. El reporte del primer semestre de 2020 arrojó, en este sentido, una cifra de 2,332 personas.
El desarrollo de grandes proyectos estratégicos o sociales sin tomar en cuenta la voz de las comunidades indígenas cuyos territorios se encontrarán afectados.
La discriminación histórica y estructural que ha resultado en la marginación y pobreza multidimensional de los Pueblos Indígenas, así como en un continuum de violencias y violaciones graves a los derechos humanos de esta población sin que se de atención a las mismas. Su perpetración proviene tanto del Estado como de los agentes del crimen organizado, que cada vez están dentro de las estructuras de la organización socio comunitaria y del mismo Estado. De los 90s a la fecha la impunidad ha sido una constante. Reconocer a los Pueblos Indígenas como sujetos de derecho público sigue siendo una asignatura pendiente, incluido el derecho a veto, como muestra de su derecho a la libre determinación.
El desplazamiento forzado masivo sin que se atienda el fondo esta problemática, ya que, hasta la fecha hay cerca de 14,776 personas víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas ligado a la violencia por grupos armados. Por parte del gobierno de México, a las personas desplazadas se ofrece ayuda humanitaria insuficiente y convenios temporales de paz, como acción mediática que no atienden las causas estructurales de las diferentes expulsiones forzadas que han vivido las comunidades de la zona Altos y Norte de Chiapas que en los últimos años han generado entornos torturantes porque victimizan y revictimizan a los sujetos, con impacto psicosociales graves por lo que no permiten la cotidianidad de la cultura comunitaria de los Pueblos Originarios, y por consecuencia obstruyen los proyectos de vida.
La agravación de la violencia hacia la infancia: Los feminicidios de niñas y adolescentes han incrementado desde el 2016, la mayoría de los casos están impunes y casi la mitad son indígenas; en 2020, 10 niñas fueron asesinadas. En 2021 tenemos una cifra récord en el número de desapariciones de niñas, niños y adolescentes (565), lo cual significa que cada 2 días desaparecen 3 de ellos. En Chiapas se concentran casi 65 mil niñas, niños y adolescentes en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos.
La situación de riesgo a la cual están expuestas las personas defensoras de derechos humanos: particularmente se hizo referencia a las agresiones de las cuales han sido víctimas las personas defensoras de la tierra y el territorio, de migrantes y medioambientales. Frente a ello, se expuso que la respuesta del Estado tanto federal como chiapaneco no ha sido suficiente para garantizar el ejercicio de la defensa de derechos humanos en un entorno seguro y propicio. Por lo que se considera indispensable contar con una política pública integral para personas defensoras y periodistas con amplia participación de la sociedad civil.
La agravación de la violencia contra personas defensoras: Una de las personas defensoras dio testimonio de su trabajo, especialmente de las acciones que realiza para lograr una paz sostenible. También expuso los graves riesgos a los cuales está expuesto por lo mismo.
Vulnerabilidad de los defensores del medio ambiente, ejemplificando esta situación las personas defensoras de los humedales de montaña en San Cristóbal de Las Casas. A pesar de ser reservas ecológicas, se encuentran bajo fuerte amenaza por la expansión de la mancha urbana y a pesar de representar el 70 % del agua potable de la ciudad. Desde 2018, se han interpuesto más de 60 denuncias ante distintas autoridades. Mientras tanto los defensores ambientales han sufrido múltiples agresiones por grupos de choque que invaden y destruyen el patrimonio natural de San Cristóbal.
El incremento de la violencia hacia las mujeres: la violencia estructural ya que no está garantizado su derecho a la tenencia/uso/usufructo de la tierra con lo que quedan excluidas de todo proceso de información y toma de decisiones sobre problemáticas que afectan la vida comunitaria; las dificultades para gozar de derechos básicos como salud, educación y alimentación; el aumento de la violencia doméstica, de los abusos y violencia sexual, y de los feminicidios (de enero a septiembre del 2021, 160 muertes violentas y 57 feminicidios); trata de personas, tráfico y corrupción de menores e incremento de hostigamientos y amenazas a mujeres defensoras del territorio; impunidad y naturalización de la violencia de género por parte de las autoridades.
Políticas cada vez más restrictivas de derechos hacia la población migrante, a través de la detención, contención, represión, y deportación de personas en movilidad sin reconocer sus necesidades de protección internacional ya que un número creciente de personas migra por la violencia, la pobreza extrema, desastres climáticos y crisis económicas agravadas por los impactos de la pandemia. Se observa que la externalización de las fronteras y la militarización de las mismas, implica mayores riesgos a la seguridad de las personas que buscan protección y vida digna, encontrándose en México con la corrupción e inoperancia de los programas e instituciones que deberían atenderlas.
Dificultades crecientes en materia de libertad de expresión, ante el incremento del impacto de los grupos de la delincuencia organizada; se han documentado agresiones, amenazas (físicas y en redes sociales), presiones, intentos de soborno, y muchos casos no se denuncian por temor a represalias. Ello ha provocado que se creen zonas de silencio y autocensura.
Además de las principales problemáticas, las y los participantes plantearon una serie de propuestas para ser atendidas por el Estado mexicano y la Unión Europea (Lee el documento completo aquí)
Nuevamente agradecemos el interés expresado por las Embajadas en su visita y valoramos positivamente que en la conferencia de prensa que sostuvieron en Tuxtla Gutiérrez el 12 de noviembre,se hayan referido a la existencia de varias problemáticas y a la necesidad de seguir avanzando en temas de derechos humanos (defensores de derechos humanos y periodistas, derechos de la niñez, de las mujeres y de los migrantes, desplazamiento forzado interno, tortura, medioambiente e impactos negativos de la militarización). Esperamos puedan dar seguimiento a lo abordado desde las prioridades que ratificaron en aspectos de derechos humanos, paz, desarrollo sostenible y crisis climática.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas-Frayba
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Al Congreso Nacional Indígena.
Al Concejo Indígena de Gobierno.
A la Sexta Nacional e Internacional.
A las Redes de Resistencia y Rebeldía.
A los medios de comunicación libres.
A lo largo de nuestra lucha por la vida y desde que nos constituimos como CIPOG-EZ, nos hemos cruzado con individuos, colectivos y organizaciones que apoyan nuestro andar, que simpatizan con nuestro caminar y nos acompañan.
Pero con profundo coraje nos damos cuenta que el mal gobierno y el crimen organizado no solo atacan a nuestra organización, sino que en éste afán de golpearnos por todos los flancos posibles para debilitarnos, también van atacando, extorsionando y amenazando a aquellos que apoyan y acompañan nuestro andar.
El día de ayer 13 de noviembre, entre las 2:30 y 3:30 de la tarde, se amenazó y extorsionó a tres autoridades pertenecientes a Llano Largo, Lomas de Chapultepec y Barra Vieja, del Municipio de Acapulco. La persona dijo llamarse José Luis González Valencia llamó del número 7442626162 y mencionó que la actual presidenta de Acapulco, Abelina López Rodriguez come de sus manos, seguido de pedir 90,000 pesos como una cuota que duraría solo 7 meses y amenazar con matar a los familiares de nuestros compañeros y compañera si se negaban a pagar.
Sabemos que esta acción no es casualidad, que fue una acción planeada y precisa de intimidación. La denuncia y todas las pruebas de audios, número y nombre ya se presentó a la Fiscalía de Guerrero, la cual muestra claramente una complicidad innegable ante su forma de retrasar y minimizar la denuncia.
Hacemos responsables de esta extorsión y amenaza, así como de todo aquello que les pueda pasar a nuestros compañeros, compañera, a sus familiares y comunidades, a la Presidenta Municipal de Acapulco, Abelina López Rodriguez, al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, Evelio Méndez Gómez y a la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda.
Quienes no sólo son culpables por no hacer nada ante la violencia que se vive en Guerrero, sino también por ser cómplices y formar parte de aquellos que atacan, torturan, acechan, disparan y asesinan a integrantes de nuestra organización; y ahora también amenazan y extorsionan a aquellas personas que nos acompañan.
Exigimos que la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía de Guerrero, por una vez hagan su trabajo y encuentren a los responsables.
Llamamos al pueblo de Acapulco y a los medios de comunicación a alzar la voz, justamente para evitar lo que quiere la Presidenta Municipal, Abelina López Rodriguez, que es callarlos y negar la violencia que viven. Pero principalmente, los llamamos a organizarse pues solo así se le puede hacer frente al mal gobierno que pacta con el crimen organizado.
Atentamente
Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata
Conmemoración de los 15 años de la Masacre en las oficinas de la Coordina Xi’nich, Palenque Chiapas. Foto: CDH Frayba
Palenque, Chiapas, México
13 de noviembre de 2021
PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO Quince años de impunidad de la Masacre de Viejo Velasco
Estado mexicano responsable por acción y omisión de las ejecuciones, desapariciones y desplazamiento forzado
La fuerza de nuestro corazón y nuestra conciencia seguirá caminando en la búsqueda y exigencia de justicia verdadera, no nos vamos a cansar.
El día de hoy, reunidos en las oficinas de la Coordinadora de Organizaciones Sociales Indígenas, quienes conformamos el Comité de Defensa de la Libertad Indígena CDLI-XI’NICH’, Tsoblej yu’un Wokoltik y UCISECH ubicado en el municipio de Palenque, Chiapas, México, damos a conocer nuestra palabra como pueblos mayas Tseltal, Ch’ol y Zoque, así también organizaciones que acompañamos de manera presencial y desde el corazón exigiendo Verdad y Justicia.
Hoy se cumplen 15 años de impunidad en la Masacre de Viejo Velasco. Hasta hoy, continúan desaparecidos los ancianos Mariano Pérez Guzmán y Antonio Peñate López que tenían el cargo de principales de nuestra iglesia comunitaria. Por lo que preguntamos: ¿dónde están? ¿a dónde se los llevaron? ¿qué les han hecho?, además 36 personas de la comunidad aún se encuentran en desplazamiento forzado, sin garantías mínimas para su retorno, sin ninguna atención por parte del Estado mexicano.
Frente a la impunidad, el Estado mexicano continúa cometiendo graves violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas que defendemos nuestros territorios. No olvidamos que el 13 de noviembre de 2006, aproximadamente a las 6:00 horas, alrededor de 40 civiles armados más 300 elementos de la Policía Sectorial de Chiapas ingresaron violentamente a la comunidad de Viejo Velasco, acompañados de funcionarios de otras dependencias del estado de Chiapas y de la federación responsables de las ejecuciones, desapariciones y desplazamiento forzado. En su momento el terror invadió nuestra comunidad, pero hemos logrado mantener nuestra lucha y organización.
La responsabilidad de funcionarios públicos no se ha investigado, entre ellos se encuentran Vicente Fox expresidente de México, Pablo Salazar ex gobernador de Chiapas y Mariano Herrán Salvatti ex procurador de justicia (fallecido en 2017) que hasta hoy se encuentran gozando de una completa impunidad. El 25 de septiembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso y aprobó el Informe de Admisibilidad No. 264/20.
Entrevista con #Marichuy, vocera del Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno #México, desde una okupa en #Roma #Italia, el 10 de noviembre de 2021, #MediosLibresChiapas #RadioPozol, por Oscar García González #LaGiraZapatistaVa #TravesiaPorLaVida
Fotos: ¡Compas Arriba! compasarriba.org/
La presencia del Ejército y de la policía solo ha devuelto la calma a los mineros. Los camiones de la mina rusa, cargados de carbón, ferroníquel y otros materiales, transitan por las calles del municipio con libertad y son custodiados por la misma policía que acosa a los comunitarios y que, días antes, les lanzó bombas lacrimógenas y allanó sus casas con vehículos blindados. Para los defensores del territorio no hay paz, únicamente miedo y ese parece ser uno de los objetivos del Gobierno.
El 24 de octubre, el Gobierno de Alejandro Giammattei impuso sin muchos miramientos un estado de sitio en El Estor, Izabal, un municipio caribeño de habla Q’eqchi’ al nororiente del país, con la promesa de “devolver el orden y la paz” a la comunidad, luego de que los Cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi´ realizaron una manifestación pacífica que duró 20 días para defender a las montañas y al Lago de Izabal de las consecuencias de la minería a manos de CGN-Pronico. Exigían su derecho a ser incluidos en el proceso preparatorio para la consulta libre, previa e informada, ordenada por la Corte de Constitucionalidad.
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El 6 de noviembre, periodistas de varios medios de comunicación arribaron al municipio para documentar la vida de El Estor bajo el estado de sitio como parte de la caravana “Caravana a El Estor”, en la que también viajaban artistas y activistas, quienes hicieron actividades lúdicas. Han pasado dos semanas desde que las fuerzas armadas y la policía se instalaron en el lugar. Dos retenes instalados en la entrada a El Estor son algunos de los puestos de control encontrados en el camino a las comunidades. No hay un desborde de presencia policial como lo hubo previamente, pero las patrullas mantienen la vigilancia.
Al entrar al municipio, en las calles hay calma, sobre todo para los camiones de la mina, conocidos como “góndolas” y custodiados por patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC) en su salida con destino al Puerto Santo Tomás de Castilla. En un período de dos horas, 22 de ellos salieron del municipio y fue fácil detectarlos por los ruidos y el temblor que generaban a su paso.
