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Honduras: Desalojan comunidades campesinas en Bajo Aguán por intereses de agroindustria

Por Ñanì Pinto

En portada: Policías antimotines preparándose para desalojar a la comunidad de San Isidro. Foto: Witness for Peace

Este martes (21), bajo un contexto de terror y fuertes amenazas, 1,500 elementos de seguridad, en su mayoría miembros de las Fuerzas Especiales Cobras, quienes han sido entrenadas y financiadas por Estados Unidos, realizaron el desalojo de 252 familias campesinas integrantes de la Cooperativa Remolino ubicada en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, costa norte de Honduras.

Esta acción violenta es la más reciente en una serie de desalojos ocurridos durante la última semana y en donde al menos cuatro comunidades han sido despojadas de sus tierras.

Los operativos comenzaron el pasado 16 de diciembre y han sido dirigidos contra cooperativas de la Reforma Agraria, quienes tienen documentación legal que les respalda su derecho al acceso a tierra, y otras familias de escasos recursos, así lo denunció la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán.

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En comunicado, la Plataforma Agraria recalcó que la orden de desalojo ilegal y fraudulenta contra la Cooperativa Remolino busca favorecer a la empresa Inversiones Ceibeña, productora de palma aceitera. “Los jueces han abusado de su autoridad y dado órdenes ilegales de desalojo para beneficiar empresas agro-extractivas como las familias Facussé, Canales y Morales, dejando sin techo y sin alimentación a las familias campesinas”, denuncia la Plataforma Agraria.

De acuerdo a un reporte del equipo del Colectivo Solidaridad Testigo por la Paz, quien se encuentra monitoreando los desalojos violentos, “las comunidades sienten que esto es un acto de represalia, y tal vez uno de los últimos movimientos de represión por parte del régimen de Hernández [presidente Juan Orlando Hernández, que cumple su mandato hasta enero de 2022] y sus amigos de las familias terratenientes de Honduras”.

Por su parte, Yoni Rivas vocero de la Plataforma Agraria manifestó que “una vez más se demuestra que el poder judicial en Honduras se vende al mejor postor, hemos visto su confabulación de los jueces y fiscales con las familias Facussé, Morales, Canales y Pérez; otro ejemplo muy claro es el caso de Guapinol donde la justicia hondureña se ha encaprichado en mantener privados de libertad a los ocho defensores del rio Guapinol y San Pedro para favorecer a los interés de las familia terratenientes y mineras que tienen poder e influencia en todo el poder judicial”.

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La Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán señala que las acciones recientes violan el Protocolo de las Naciones Unidas sobre Desalojos Forzosos que establecen “el Estado debe garantizar la reubicación, alimentación y atención médica a las familias que han sido desplazadas”, por lo cual exigieron el cese inmediato de los mismos.

Desalojos

Familias pertenecientes a la cooperativa San Isidro y la cooperativa La Confianza fueron las primeras en ser desalojadas durante los operativos iniciados el 16 de diciembre. Un día después, la comunidad Palma Sol Río Claro, quien no hace parte de la Plataforma Agraria, también fue desalojada.

El operativo ocurrió a pesar de que la cooperativa de San Isidro posee un título de propiedad definitivo de la finca San Isidro y ocupó durante dos años dichas tierras. No obstante, la Corporación Dinant afirma ser la propietaria de dicho territorio. En ese espacio, las familias de la cooperativa habían eliminado pequeñas secciones de las plantaciones de palma para plantar yucca, maíz, frijoles, plátanos y otros cultivos de subsistencia.

“Una fuente nos dijo que había al menos 800 policías y fuerzas especiales presentes para el desalojo de la comunidad. Observamos que esto incluía a los ‘Tigres’, las Fuerzas ‘Rurales’, la DPI y la Policía Nacional. Sabemos que los Tigres y la Policía Nacional reciben financiamiento y entrenamiento de Estados Unidos. Algunos llevaban viejas mochilas verdes con el sello ‘US’, otros tenían parches militares estadounidenses que parecían llevar como una especie de recuerdo”, señala el Colectivo Solidaridad Testigo por la Paz.

En el informe de Testigo por la Paz también destacan la presencia y colaboración de guardias de seguridad privados contratados por Dinant, pertenecientes a la empresa Servicios Especiales de Colón (SEC). “Después del desalojo, vimos a los guardias repartiendo comida y bebidas a la policía desde la parte trasera de una camioneta, y en general siendo muy amables con la policía durante todo el día. Las relaciones entre la policía y los guardias del SEC, donde trabajan juntos para reprimir y criminalizar campesinos en recuperación de tierra, han sido denunciadas por la Plataforma en numerosas ocasiones. Tras marcharse, la policía dejó a los guardias a cargo del terreno”.

Ante la situación de alerta, integrantes de las cooperativas y de la Plataforma se reunieron con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), con quien señalaron la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los conflictos de tierras del Aguán que insta al Estado de Honduras a no realizar desalojos en la región, y buscar un diálogo para resolver el conflicto de terreno.

En el mismo martes (21), otras 60 familias de La Brea Chapaguita fueron desalojadas después de tres años de la recuperación de sus tierras. Esta es la cuarta comunidad campesina del Bajo Aguán en ser desplazada desde el inicio de los operativos.

Conflicto

La región conocida como el Bajo Aguán ha estado marcada por las luchas por la tierra de organizaciones campesinas quienes disputan el usufructo de las mismas contra grandes terratenientes, empresas de aceite de palma y de la agroindustria como la Corporación de Dinant.

Fue en la década de los setentas cuando el Estado hondureño distribuyó tierras fértiles a cooperativas agrícolas en el valle del Bajo Aguán e incluso estas organizaciones campesinas recibieron títulos de propiedad. No obstante, durante las décadas de los ochenta y noventas estas cooperativas sufrieron el ataque y despojo de sus tierras por parte de empresas productoras de aceite de palma, quienes contaron con apoyo del gobierno para adquirir contratos ilegales de uso de la tierra del Instituto de la Propiedad (INA).

Tras los conflictos por la tierra que se sucedieron en los años posteriores, fue en el contexto del incremento de la represión estatal tras el golpe de Estado del año 2009, cuando la Plataforma Agraria aglutinó a diversos movimientos campesinos quienes han luchado por la recuperación de sus tierras.

Actualmente, la Plataforma integra a nueve cooperativas, las cuales poseen títulos definitivos de sus tierras. No obstante, necesitan realizar esfuerzos de reocupaciones en el que las personas ingresan en las tierras, presentan sus títulos de propiedad y establecen viviendas permanentes, inicialmente en condiciones básicas y a merced de los ataques de las empresas y de las fuerzas del Estado.

“Mientras tanto, las empresas productoras de aceite de palma y los intereses comerciales de la región, conocidos por trabajar estrechamente con las autoridades gubernamentales, han impulsado campañas de difamación contra las cooperativas, presentándolas como ‘invasoras’ armadas y violentas, perjudiciales para el desarrollo económico de la región”, contextualiza el Colectivo Solidaridad Testigo por la Paz.

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Prensa Comunitaria

La familia indígena de San José Poaquil que espera el retorno de un sobreviviente del accidente de Chiapas

Por Joel Solano y Nelton Rivera

Isabela Esquit es una mujer jóven Maya Kaqchikel, de San José Poaquil, desde el 8 de diciembre se quedó a cargo de cuatro hijos pequeños, su esposo Baldomero Sis Cun, decidió emprender un largo viaje y encontrar el sueño americano, salió de casa de madrugada con el único objetivo de llegar a los Estados Unidos.

Baldomero un Maya Kaqchikel de 32 años, salió con lo único que llevaba puesto igual que miles de guatemaltecos que toman la ruta migratoria, con el sueño de darle una mejor vida a Isabela y a sus cuatro hijos, dos niños y dos niñas de 11, 10, 5 años y la más pequeña de un mes de nacida.

Es jornalero, su única fuente económica es trabajando la tierra y para él es muy difícil de lograr grandes cosas para su familia ganando únicamente Q40.00. Es uno de los sobrevivientes del terrible accidente de Chiapas, ocurrido el 9 de diciembre, está hospitalizado en México y aún no ha recibido ayuda del Estado de Guatemala.

Cómo familia saben que el camino a los Estados Unidos no sería fácil, nunca se imaginaron lo que iba a ocurrir en el trayecto rumbo al norte, Baldomero salió a las 4 de la mañana del 8 de diciembre, ese mismo día pasaron la frontera con México, con eso el primero de los pasos se había completado para el grupo de migrantes.

Un día después ya en la ruta, Baldomero y otros migrantes sufrieron un grave accidente en el estado de Chiapas, en la carretera de Corzo-Tuxtla Gutiérrez en el sur de México, una de las versiones de lo ocurrido se acerca al exceso de velocidad con el que el chofer se conducía, informó el gobierno mexicano. Con el accidente se truncó su anhelo de buscar una mejor vida, del accidente fallecieron 56 migrantes y un centenar resultaron heridos, en su mayoría de origen guatemalteco.

Isabela cuenta que para que su esposo pudiera viajar al norte, empeñaron la propiedad de la casa, que incluye el pequeño terreno en el que habitan, todo con tal de conseguir el dinero del viaje a los Estados Unidos. De la tragedia él sobrevivió al accidente, la familia espera que salga bien de una operación que necesita, según el diagnóstico médico debe de ser intervenido en uno de sus brazos.

Este jornalero y su familia viven en el Caserío El Centro en San José Poaquil, en el departamento de Chimaltenango, a unos 110 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala. Isabela y su familia no cuentan con apoyo del Gobierno de Guatemala, esperan que las autoridades puedan auxiliarlos para el retorno de Baldomero, mientras tanto ella debe garantizar la sobrevivencia de ella y sus cuatro hijos.

Foto Joel Solano. Chimaltenango.

 

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Noticias de Abajo

Noticias de abajo 21 de diciembre 2021

ROMPIENDO FRONTERAS
–ARGENTINA: Protestas en Chubut echan atras la traición gubernamental y la explotación minera.
SALUD: La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria 2021, destaca que la mortalidad infantil podría haber aumentado hasta un 42% al día. Hay cinco millones de muertos en el mundo por covid y 10 millones por hambre.Desinformemonos.
–GUATEMALA: Autoridades maya Ch’orti ‘buscan la cancelación de las licencias mineras en su territorio | PRENSA COMUNITARIA.
–MUNDA: ELLAS ALIMENTAN AL MUNDO, Tierra para las que las trabajan. Siete de cada diez mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes en Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador acceden a tierras para producir alimentos, pero sólo tres tienen el título de propiedad de los campos y terrenos que trabajan. | LATFEM
–WALLMAPU: Nación Mapuche: Sentencián desalojo contra Lof Quemquemtrew, la recuperación territorial continua.

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO

–CdMx: Fallece Gerardo Camacho ejidatario de Totolapan y miembro del CNI
–CDMX: Entrevista a activista animalista sobre las protestas contra las corridas de toros.
–MEXICO SOS México cumple otro año de ser el número uno en el.asesinato de periodistas. Desinformemonos
–GUERRERO: En Guerrero “no hay seguridad para nadie”|tlachinollan|. Tlachinollan
–CDMX: Si AMLO no va a las fosas, las fosas vienen a AMLO, fosas de desparecidos tocan la puerta de palacio nacional. piedepagina
–MIGRACIÓN MEXICO: APARTHEID MEXICANO  hostigamiento y represión a comunidades migrantes en CIudad de México.
–CDMX: Las paredes hablan, las paredes luchan. hostigamiento a grafikeras y grafikeros en lucha.

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Avispa Midia

Refugiados haitianos en Tapachula exigen alto a discriminación y racismo

Por Sare Frabes

En portada: Miles de migrantes haitianos subsisten en condición de calle, a la espera de transportes del INM para salir de Tapachula. Foto: Santiago Navarro F.    

Representantes de la Asociación de Refugiados Haitianos en Tapachula (ARHT) exigieron respeto a sus derechos humanos. Denunciaron que las y los migrantes de Haití sufren constantes actos de discriminación, xenofobia y racismo por parte de distintos organismos migratorios en Chiapas.

“Al llegar a México sufrimos de rechazo, hostigamiento y criminalización por parte de las autoridades. Hay una negativa de garantizar nuestros derechos más básicos, principalmente por parte del INM (Instituto Nacional de Migración), la COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) y ACNUR (Agencia de las Naciones Unidades de Ayuda a Refugiados)”, denunció una integrante de la ARHT mediante conferencia de prensa realizada este miércoles (15).

En dicho evento, también expusieron las condiciones en que ocurre el flujo migratorio de miles de personas, nacionales de Haití, quienes huyen de la situación de violencia generalizada que existe en el país caribeño, ocasionada por desastres naturales, pobreza extrema, inseguridad e inestabilidad política.

“Para salvar nuestras vidas tuvimos que dejar a nuestros hogares, familias y patrimonio. Para llegar a México atravesamos el mar Caribe, recorrimos largos caminos desde América del Sur para llegar a Brasil o a Chile, lugares donde no se nos permitió establecernos de manera definitiva, entonces tuvimos que dirigirnos hacia el norte”, contextualizaron.

Durante la conferencia, una de sus principales demandas fue el llamado para la conformación de una mesa de diálogo con el INM, la COMAR y la representación en México de la ACNUR, para con ello construir soluciones a las problemáticas de la comunidad haitiana que se encuentra en Chiapas.

Maltrato

Los representantes de ARHT detallaron que el INM ha sido la institución encargada de frenar y obstaculizar los trámites de regularización de las y los migrantes haitianos, así como la responsable de realizar constantes operativos de detención contra los mismos.

Es durante las detenciones, señalaron, cuando reciben maltratos y arrestos violentos por parte de los funcionarios de migración. Además, enfatizaron que existen testimonios de migrantes quienes, a pesar de contar con documentos legales que garantizan su permanencia en México, estos son destruidos por parte de las autoridades. También denunciaron que los agentes de migración roban su dinero y teléfonos, maltratan a las mujeres embarazadas y a sus hijos, e incluso realizan deportaciones arbitrarias.

“Todo eso, a pesar de contar con reconocimiento de medidas alternativas a la detención, lo que implica que tenemos el derecho a no ser detenidos, ni deportados. Durante nuestros traslados, pasamos mucho tiempo en el autobús, sin comida ni agua potable con nuestros hijos menores de edad”, acusan.

En lo que respecta a la actuación de COMAR, la ARHT acusó que dicho organismo no respeta los plazos legales para iniciar el trámite de refugio, tampoco realiza las entrevistas ni dicta la resolución a sus procedimientos de acuerdo a una valoración adecuada de la situación de cada uno de ellos.

“Vemos que la Comar se tarda mucho en dictar resolución y en la mayoría de los casos no reconoce a los haitianos como refugiados para poder vivir en el país. La falta de este reconocimiento no nos ha permitido acceder a otros derechos, pues con frecuencia no aceptan a nuestros niños en las escuelas, no tenemos acceso a hospitales, no podemos trabajar por falta documentos legales”, sostienen.

Entre otros detalles, también refirieron que aún cuando realizan el registro para la solicitud de refugio, la COMAR no proporciona fecha para realizar la entrevista para la residencia, por lo cual viven periodos prolongados de incertidumbre y sin documentos legales que les permitan vivir en Tapachula.

Además, “la forma en que (COMAR) analiza el caso de refugiados haitianos tiene un efecto racista”, denunciaron. De acuerdo a testimonios, las y los migrantes no son escuchados pues no cuentan con traductores ni tampoco se toma en consideración la violencia generalizada que se vive en Haití y que los obliga a migrar.

“Aunque existe violencia generalizada en nuestro país (nuestro presidente ha sido asesinado, nuestros hermanos y hermanas han sido asesinados y han ocurrido terremotos en nuestro país), COMAR no reconoce esto, no nos otorga el refugio, no nos han tratado bien”, aseguraron mediante comunicado leído durante la conferencia.

Referente a la labor de ACNUR, los integrantes de la ARHT aseguraron que la oficina en México de esta agencia perteneciente a Naciones Unidas, ha actuado de manera discriminatoria, “muchos refugiados haitianos duermen en las calles porque la ACNUR no les brinda ayuda y sus hijos están sufriendo. Hemos observado que en la atención, la agencia no nos dan el mismo trato que a los latinos”.

Refugio

La ARHT es una organización conformada en agosto de este año y está integrada por 3,000 haitianos, quienes comparten la idea de residir en la ciudad de Tapachula, frontera sur de México, aún cuando recientemente el INM ha realizado intentos de reubicar a sus connacionales hacia otros estados del país.

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“Nosotros no aceptamos eso tampoco, por eso estamos aquí para luchar junto con ellos (…) vamos a seguir viviendo aquí por mucho tiempo aquí mismo en Tapachula; por eso estamos pidiendo para que nuestros hijos tengan derecho de ir a la escuela”, demandó Wesly Luc, integrante de ARHT, quien hizo énfasis en que debido a la demora en los trámites, existen personas en situación de calle.

La ARHT enfatizó que sólo tres por ciento de los haitianos que han llegado a Tapachula han sido seleccionados para recibir refugio. De acuerdo a datos de la COMAR, los migrantes de dicho país caribeño que solicitaron este trámite en 2021 alcanzó un total de 47,494 personas, quienes permanecen en situaciones precarias en la ciudad fronteriza.

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Radio Zapote

ACCIÓN URGENTE: Tragedia en Chiapas deja 53 personas migrantes fallecidas y múltiples lesionadas: resultado de políticas migratorias mortales

Comunicado

9 de diciembre de 2021

ACCIÓN URGENTE: Tragedia en Chiapas deja 53 personas migrantes fallecidas y múltiples lesionadas: resultado de políticas migratorias mortales

Al menos 53 personas migrantes fallecieron y más de 50 resultaron heridas, tras accidentarse el tráiler en el que eran transportadas más de cien personas migrantes. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 15:30 horas, a la salida de Chiapa de Corzo, Chiapas, de acuerdo con los primeros reportes de Protección Civil estatal.

Diversos medios de comunicación señalaron que las personas migrantes viajaban hacinadas en la caja del transporte de carga, cuyo chofer perdió el control debido al exceso de velocidad y huyó.

La tragedia deja nuevamente en claro que, el anonimato y las condiciones en las que las personas migrantes se ven forzadas a transitar, son mortales y consecuencia de políticas migratorias fallidas.

La muerte de estas personas se suma a las violaciones que se han documentado en los últimos años contra la población migrante en el contexto de la pandemia. La militarización de las fronteras y de las rutas; la falta de acceso a los procedimientos de asilo y regularización migratoria obliga a las personas migrantes a arriesgar sus vidas e integridad en un tránsito cada vez más peligroso.

Las organizaciones firmantes hemos denunciado que el endurecimiento de las políticas migratorias y la externalización de las fronteras traería como consecuencia el aumento de delitos y violaciones a derechos humanos en contra de la población migrante, solicitante de asilo y refugiada en México.

Recientemente, el gobierno mexicano aceptó volver a implementar el programa Quédate en México, lo que implica que las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos permanecerán en nuestro país mientras dura el procedimiento, violando su derecho a estar en el país que ellos y ellas consideran seguro, y exponiendo a las personas a múltiples factores y contextos de riesgo y vulnerabilidad frente al crimen organizado.

Hemos visto que la manera de proceder del gobierno mexicano, en este tipo de casos, es “apagando el fuego”, sin buscar las causas de fondo. Es decir, mostrando en estos momentos su voluntad, pero dejando luego a las familias de las víctimas sin acceso a medidas de asistencia, sin verdad, justicia y reparación.

Las organizaciones firmantes hacemos un llamado a las distintas autoridades de gobierno para que:

  1. Las personas heridas reciban atención médica de manera inmediata.
  1. Se regularice la situación migratoria de las personas heridas y se permita que sus familiares, así como los de las personas que perdieron la vida, puedan ingresar al país para poder realizar el proceso de acompañamiento e identificación de restos y para buscar la verdad y justicia sobre lo sucedido.
  2. Los procesos de identificación y restitución de restos se lleven a cabo de manera digna y humana, en apego a los estándares internacionales y aplicando en lo conducente el protocolo de notificación y restitución de restos de la Comisión Forense.
  3. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) represente dignamente a las familias de las víctimas, garantizando que el Estado Mexicano respete todos los derechos establecidos en la Ley General de Víctimas y en la legislación procesal penal, así como en tratados internacionales.
  4. La CEAV se encargue de todos los gastos funerarios y otros, que requieran las familias para dar sepultura a las víctimas de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, consultando con ellas, no imponiendo ninguna acción.
  5. Se lleve a cabo una investigación efectiva de los hechos, estableciendo las circunstancias y responsabilidades, haciendo partícipes a las familias de los procesos de verdad, justicia y reparación.
  6. Se garantice el acceso a la justicia mediante mecanismos transnacionales, en el caso de que las víctimas directas e indirectas se encuentren fuera del país.
  7. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dicte medidas a todas las autoridades responsables, para que se garantice lo aquí solicitado y funja como institución vigilante de que no se violen los derechos humanos de las familias.
  8. La Procuraduría de Protección a la Infancia intervenga en los casos que involucren niñas, niños y adolescentes para determinar su interés superior.
  9. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) garantice efectiva coordinación con los países de origen, sin que se impongan acciones o medidas que no se tomen en consenso con los familiares de las víctimas. Que en todo momento se respete su derecho a la información y se garantice su derecho a decidir, opinar y participar.

Atentamente

Organizaciones, casas de migrantes y redes:

Fundación para la Justicia (FJEDD)

Sin Fronteras, IAP

Casa Migrante de Saltillo

Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI)

Asylum Access México (AAMX) A.C.

FM4 Paso libre

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones Estancia del Migrante Gonzáles Martinez

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)

Casa Monarca. Ayuda humanitaria al migrante, A.B.P.

Programa de Asuntos Migratorios, Universidad Iberoamericana Ciudad de México Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.

Geopaz. Instituto de Geografía para la paz AC (IGP) Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios Programa Casa Refugiados

Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria

Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural AC (IIPSOCULTA)

Apoyo a Migrantes Venezolanos, A.C.

Red Nacional Pro Inmigrantes y Refugiados (NNIRR)

Voces Mesoamericanas,Acción con Pueblos Migrantes A.C.

Pastoral de Movilidad Humana en Honduras

Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados (SMR)

Scalabrinianos en Guatemala

Espacio Migrante

Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano

Centro de Derechos Humanos Texas Sur

Parroquia San Lorenzo de Toronto

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)

Formación y Capacitación A.C.

Red Jesuita con Migrantes Centroamérica

Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala

Programa de Atención Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia. Red Jesuita con Migrantes Guatemala

American Friends Service Committee (AFSC), Oficina Regional de América Latina y El Caribe

Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano Centro Comunitario de Apoyo al Migrante y Necesitado (CCAMYN)

Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género Alianza Américas

Servicio Jesuita a Refugiados

Asociación Pop No’j

Comités de familias:

Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso (COFAMIPRO) Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras (COFAMICENH)

Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos Amor y Fe (COFAMIDEAF) Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos La Guadalupe (COFAMIGUA) Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala (AFAMIDEG) Asociación Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos y Fallecidos de El Salvador (COFAMIDE)

Asamblea Popular de Familias Migrantes (APOFAM)

Sabuesos Guerreras A.C Culiacán, Sinaloa

Comité Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes “Junax Ko’tantik” Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) Colectivo Justicia y Esperanza de San Luis de la Paz

 

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Radio Zapote

| Comunicado y Video | Cafetería La Resistencia ante la brutal agresión policiaca en CDMX

La madrugada del 3 de diciembre, nuestra compañera y tres compañeros activistas, defensores de derechos humanos y periodistas del café/ galería La Resistencia, ubicada en República de Cuba 34, fuimos agredidos por un grupo aproximadamente de 10 policías. Al interior de un estacionamiento en el callejón de Héroes del 57 en el centro histórico de la CDMX, fuimos golpeados y despojados de nuestras pertenencias.

La gente que colabora en La Resistencia hemos demostrado solidaridad con las personas migrantes. En los días en que más se necesitó albergue para ellas y ellos, La Resistencia abrió sus puertas y todos los compañeros nuestros corazones.

La Resistencia también alberga proyectos de lucha por búsqueda de personas desaparecidas, de familias migrantes en búsqueda. Cobija a pequeños productores de comunidades campesinas e indígenas, y a artistas independientes.

La agresión que sufrimos no puede pasar desapercibida. Hacemos un llamado a defensores, personas solidarias, académicas y acompañantes de la causa migrante, pero también a defensores de territorio, comunidades indígenas, periodistas, artistas y artesanos a estar pendientes de esta agresión y de cualquiera que suceda contra cualquier persona y proyecto de La Resistencia.

En los últimos años, la violencia institucional se acrecentado hacia las mujeres y hacia las y los defensores de derechos humanos a nivel local y federal.

¡Ninguna agresión sin respuesta.

¡Seguimos resistiendo!

 

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Avispa Midia

El infierno vivido por los trabajadores agrícolas mexicanos en Canadá

Por Vanessa Garcia Navarro

Para muchos trabajadores mexicanos Canadá parece un destino tentador para buscar mejores oportunidades laborales y de vida, en los campos de cultivo de moras, frutas, vegetales, flores y plantas ornamentales, incluso son estimulados por iniciativas como el Programa de Trabajadores Agrícola Temporales (PTAT), del gobierno mexicano.

No obstante, los testimonios de mexicanos que confiaron en estos programas no deberían ser ignorados, pues muestran al mundo una realidad diferente, totalmente contrastante a las promesas maquilladas de las páginas web de los gobiernos y las agencias de trabajo que les prometen ayudarlos a realizar sus trámites y conseguirles ofertas laborales con condiciones de calidad.

El jueves (4) se llevó a cabo el conversatorio testimonial Trabajadores Agrícolas Mexicanos en el Extranjero, ¿Se respetan sus derechos en Canadá?, en el cual se exhibieron las inhumanas vejaciones que viven los trabajadores agrícolas mexicanos cuando laboran en Canadá.

La lista de denuncias es larga. Jornadas de hasta 15 horas diarias (cuando sus contratos estipulan claramente que deberían ser de 8), omisión del día de descanso por semana (sin reposición del mismo posteriormente), que no se les paguen las horas extras ni días festivos con la tarifa correspondiente, negación de servicio médico, hacinamiento en las viviendas, agresiones físicas y psicológicas por parte de los jefes de las granjas, dificultades a la hora de comunicarse por no dominar los idiomas del país (inglés y francés), así como la escasez de material traducido al español o traductores que los apoyen al momento de anteponer denuncias, entre otras.

Byron Cruz, proveniente de Guatemala y miembro del Colectivo Santuario (una red de derechos migrantes de Canadá), en un ejercicio de solidaridad con los mexicanos, puntualizó como la pandemia por COVID-19 fue la ocasión perfecta para dejar en descubierto las injurias vividas por los trabajadores agrícolas migrantes en Canadá.

Por experiencia puede dar fe de que en muchas ocasiones los trabajadores son puestos por sus jefes en habitaciones pequeñas que tienen que compartir con un elevado número de compañeros, lo cual, por si mismo es incómodo, pero tomando en cuenta que seguimos atravesando una pandemia, estas condiciones pasan al ámbito de lo peligroso e insalubre: los dos metros de distancia entre camas son imposibles, de hecho, los habitantes duermen codo a codo.

Por si fuera poco, en caso de que los trabajadores experimenten un accidente o enfermedad la estrategia de varios dueños y administradores de granjas es no reportar el incidente, lo cual deja desamparado al trabajador, cuya siguiente opción de acudir a un servicio medico privado (incosteable por ellos).

Finalmente, en un punto de vulnerabilidad absoluta del trabajador, los contratantes aprovechan y les proponen regresarlos a México, prometiéndoles que ahí tendrán la mejor atención médica patrocinada por ellos. “Esta por supuesto es una mentira, una manera de desechar a los trabajadores cuando consideran que ya no son una fuerza de trabajo útil”, dijo Byron.

Elizabeth Muñoz, socióloga con especialización en desarrollo comunitario, coordinadora del Centro de Trabajadores Inmigrantes (CTI), con una trayectoria de 8 años trabajando directamente con los trabajadores agrícolas migrantes en Canadá, observa que los empleadores tienen una visión de los trabajadores “como si fueran de su propiedad”, no respetan los contratos y los amenazan con regresarlos a México si se niegan a las jornadas exhaustivas. Los jefes no se presentan a acompañar a los trabajadores (como es el derecho de estos últimos) en caso de que estos acudan al hospital de emergencia.

Otro fenómeno alarmante, según indica la socióloga, es que cuando un trabajador agrícola se lesiona es regresado a su país. “México está teniendo una acumulación de trabajadores enfermos y lesionados que no pueden trabajar ni en Canadá, ni en México”.

De la vista gorda

Muñoz comparte la voz de los trabajadores agrícolas con los que ha trabajado. Estos le dicen que se sienten desamparados, pues cuando llaman al consulado mexicano la respuesta que obtienen de los que se supone deberían protegerlos es “trabajen”, y posteriormente obtienen una segunda estocada de parte de los empleadores que se enfurecen con ellos por haber contactado al consulado.

Karla Meza, periodista independiente mexicana que se encuentra en Canadá, enfoca su investigación en los problemas que viven los trabajadores agrícolas. Indica que la secretaría del trabajo tiene quejas, sin embargo, estas no son atendidas. Una amenaza común de los empleadores a los trabajadores mexicanos es que si no desean perpetuar el ritmo de trabajo se les remplazará con “algún trabajador guatemalteco”. Al parecer este racismo sistémico se fundamenta en que Guatemala no tiene acuerdo bilateral con Canadá, como es el caso de México, lo cual vulnera aun mas a los trabajadores proveniente de Guatemala.

Además, Muñoz reporta que el tráfico de humanos se está volviendo una realidad en Canadá. Ante la desesperación, muchos trabajadores prefieren pagarle a un traficante (de los denominados coyotes o polleros) para que los lleven a Estados Unidos, donde prefieren vivir indocumentados que tolerar los maltratos en las granjas e invernaderos donde laboran en Canadá.

Covid-19

Otros trabajadores narraron las dificultades para ser inoculados contra el COVID-19 (por no contar con seguro), lo cual desencadena un circulo vicioso, dado que sin certificación de haber sido vacunados no son aceptados para laborar y ni siquiera pueden desarrollar actividades tan esenciales como entrar a comer establecimientos, ya que les solicita pruebas de haber recibido las dosis de vacunas.

Otro empleado agrícola, quien si obtuvo acceso a la vacuna contra COVID-19 narra que se lesionó el pie durante su jornada laboral, y su jefe tradujo incorrectamente la situación en el hospital, atribuyéndolo a una reacción de la vacuna, a fin de entorpecer el uso del seguro médico.

¿Las autoridades?

La diputada Rosa María González Azcárraga, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados del Congreso Mexicano, refirió que desde el congreso se está trabajando en un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que garantice los derechos humanos y laborales de los trabajadores agrícolas mexicanos que se encuentran en Canadá, por la falta de oportunidades laborales en México. El punto de acuerdo  ha sido presentado el 28 de octubre.

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Avispa Midia

Gobierno de Biden debe reanudar “Quédate en México”, proyecto migratorio de Trump

Por Vanessa Garcìa Navarro

En enero de este año, mientras el capitolio se bañaba en la luz de azul, roja y blanca de los juegos artificiales, para recibir al actual mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, el corazón de miles de migrantes centroamericanos se agitaba con la esperanza de encontrar más y mejores oportunidades para obtener asilo en USA. No obstante, las promesas que el ex-candidato demócrata hizo durante su campaña electoral solo parecían posibles al principio de su presidencia, porque hoy en día toman un camino que se tuerce distante.

Apenas en junio, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, suspendía definitivamente el programa “Quédate en México”, formalmente llamado Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), que el ex-presidente Donald Trump había implementado durante su gobierno.

Sin embargo, los estados de Texas y Missouri ejercieron presión a través de demandas en juzgados federales para que se reanudara el MMP. El 24 de agosto, el juez del distrito de Texas, Matthew Kacsmaryk, respaldado por la mayoría de los votos en la corte, dio su fallo a la reanudación del MPP, argumentando que la suspensión del programa no había sido justificada debidamente.

Ahora, pese a que el MPP fue suspendido hace menos de medio año, además de ser calificado como “inadecuado e insostenible”, se espera que este engranaje migratorio vuelva a activarse a mediados de noviembre. Jen Psanki, la portavoz de la Casa Blanca, ha indicado que el actual gobierno únicamente sigue orden judicial de la Suprema Corte, pese a oponerse a ella.

La postura de México

Desde un inicio el programa “Quédate en México” fue agresivamente forzado en México, cuando Trump amenazó con subir los aranceles al país de no formar parte de este mecanismo migratorio. Fue así como desde 2019 alrededor de 70 mil centroamericanos fueron enviados a México para esperar la resolución de sus casos de solicitud de asilo.

México todavía no ha tomado una decisión. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) publicó en su cuenta oficial de Twitter: “México es una nación soberana que debe tomar una decisión independiente de aceptar el retorno de individuos en caso de alguna reimplementación del MPP. Esa decisión no ha sido tomada. Las discusiones con el gobierno mexicano prosiguen.”

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México espera que el gobierno de EE. UU. trate el caso de los migrantes que esperan en la frontera en un promedio de seis meses. Así también, el gobierno mexicano espera algo tan fundamental como que se le informe de manera adecuada a los solicitantes de asilo el lugar, fecha y hora de sus audiencias. Igualmente, espera que se les de asesoría legal, dado que ostentan una posición vulnerable.

La indignación

Durante una reunión virtual con el gobierno de Biden, activistas realizaron una declaración en contra del regreso del programa “Quédate en México”, que decía: “No es posible hacer que lo inhumano sea humano, que lo injusto sea justo, o dar vida a un programa mortífero”. Acto seguido, se desconectaron de la reunión virtual a manera de protesta, recalcando otro punto de su pronunciamiento: Nos negamos a ser cómplices de las políticas fronterizas basadas en la disuasión”.

Las negociaciones diplomáticas entre EE.UU. y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador mantienen la moneda en el aire.

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Avispa Midia

Migrantes buscan rutas alternativas en Chiapas; autoridades responden con violencia

Por Ñanì Pinto

En portada: Cientos de migrantes, niños y adultos, han sido detenidos con violencia mediante operativos realizados en Chiapas. Foto de Cuartoscuro

Frente a la búsqueda de alternativas por parte de personas en movilidad, las autoridades mexicanas han respondido con operativos violentos para la detención de migrantes, así como el hacinamiento de los mismos en las estaciones migratorias de Chiapas.

Lo anterior deriva de un comunicado publicado este lunes (20), mediante el cual organizaciones del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSM) denuncian la estrategia militarizada de contención migratoria implementada por las autoridades, así como la crisis humanitaria que se desarrolla en el corredor central migratorio en Chiapas, el cual incluye las localidades de Frontera Comalapa, Comitán, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo.

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“Hemos realizado diversas acciones de monitoreo ante el actual contexto de crisis humanitaria en que se encuentran cientos de personas solicitantes de protección internacional y con trámites migratorios en curso tras verse expuestas al abuso de poder, la represión, el uso excesivo de la fuerza, violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos por parte de distintas fuerzas de seguridad y entidades mexicanas”, contextualiza el COMDHSM.

Hacinamiento

En el documento, el colectivo informa de la situación de hacinamiento en el que se encuentran cientos de personas en las estaciones migratorias de Cupape 1 en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, y en la estación Cupape 2 (conocida como La Mosca) ubicada en Chiapa de Corzo.

“En este último lugar se calculan cerca de 400 personas privadas de la libertad. En ambos lugares no se implementan protocolos de bioseguridad ante la pandemia de Covid-19, incrementando de forma grave las probabilidades de contagio. Es importante recalcar lo denunciado en repetidas ocasiones que La Mosca es una bodega abandonada que no cuenta con las condiciones mínimas para garantizar el bienestar de las personas migrantes por el contrario las expone a sufrir diversas formas de violencia, tortura y abusos de autoridades públicas y privadas”, denuncia el COMDHSM.

Mientras, en la estación migratoria en Tuxtla Gutiérrez no hay una cifra consolidada de personas detenidas, aún cuando es obligación del Instituto Nacional de Migración (INAMI) el mantener actualizado dicho dato.

“Sin embargo, se documentó la presencia de por lo menos 80 mujeres detenidas, entre ellas mujeres embarazadas que fueron violentadas (malos tratos e inhumanos) por personal público y privado dentro de las instalaciones. Asimismo, observamos más de 15 niñas, niños y adolescentes (NNA) en detención, incluyendo bebés de solo 4 meses en contravención a las normas vigentes de NNA migrantes que tajantemente prohiben la detención migratoria y estancia en Estaciones Migratorias y Provisionales del INAMI”, señala el colectivo sobre las irregularidades en las instalaciones migratorias.

El COMDHSM incluso recibió denuncias sobre que el hacinamiento en las estaciones es tal que mujeres han dormido de pie o en los baños de las celdas. Además, algunas mujeres quienes viajan con sus hij@s han pasado la noche y día en el patio al aire libre bajo la lluvia.

Detenciones

El colectivo de organizaciones enfatiza la expansión de la estrategia militar de contención que se ha desplegado en la costa pacífica de Chiapas contra los desplazamientos colectivos de migrantes que han querido salir de Tapachula. Esto ha llevado a las detenciones masivas y arbitrarias en Tuxtla Gutiérrez de personas migrantes, en su mayoría haitianas, quienes buscan rutas alternativas de movilidad pues sus procedimientos de solicitud de protección internacional y regularización migratoria no dieron frutos.

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En la ruta alterna a la costa, en el denominado corredor central migratorio en Chiapas, los operativos de detención entre el INM y la Guardia Nacional (GN) se concentran en los alrededores de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y en las carreteras entre los municipios fronterizos de Motozintla, Frontera Comalapa y Chicomuselo.

“Vale recordar, que recientemente se denunció que policías municipales en esta región están deteniendo en separos preventivos (cárceles) a personas migrantes incluyendo familias con NNA para luego entregarlas al INAMI. Acción completamente ilegal: las fuerzas de seguridad no tienen funciones de control migratorio como recientemente se confirmó en el amparo 1597/2018 para el caso de Tijuana, Baja California”, aclara el documento del COMDHSM.

Durante las semanas previas, los colectivos han recabado testimonios de personas y familias con niñas y niños pequeños que fueron detenidas durante los desplazamientos colectivos en el corredor de la costa pacífica. En ellos, testificaron que después de las violentas detenciones, l@s migrantes fueron trasladados y abandonados durante la madrugada en el punto fronterizo denominado La Mesilla, Chiapas y en Tenosique, Tabasco.

“El primero es territorio reconocido por la presencia de grupos del crimen organizado y tráfico de personas, a las personas migrantes no se les dio información alguna dejándolas en pleno desamparo y sin orientación alguna de donde se encontraban y sin posibilidades de cubrir necesidades básicas. Se reconoce y destaca la hospitalidad popular que en estos últimos días se ha dejado ver en varios puntos de esta ruta. Estas muestras nos llenan de esperanza para continuar con la labor de desmontar narrativas xenófobas y discriminatorias. Retomar lógicas de solidaridad y hospitalidad con las mujeres, niñas, niños, adolescentes y hombres que se movilizan huyendo de diversas violencias para mejorar sus condiciones de vida”, concluyen los colectivos en la actualización de la crisis migratoria en la frontera sur de México.

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Human Rights Watch

México: Expulsión masiva de solicitantes de asilo a Guatemala

México: Expulsión masiva de solicitantes de asilo a Guatemala

EE. UU. y México expulsan a migrantes sin debido proceso

Foto de portada: Autobuses en el lado mexicano del cruce fronterizo El Ceibo tras la expulsión de migrantes a Guatemala.© 2021 Cortesía de Alejandra Macías Delgadillo, Asylum Access México

(Washington D.C.) – México ha estado expulsando de manera masiva a migrantes y solicitantes de asilo de distintas nacionalidades, hacia una zona selvática remota de Guatemala, una medida que pone en riesgo sus vidas, señaló hoy Human Rights Watch.

Entre las personas expulsadas hay familias y niños y niñas no acompañados, que en algunos casos fueron expulsados primero por vía aérea desde Estados Unidos. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el presidente de EE. UU. Joe Biden deberían poner fin a estas expulsiones peligrosas e ilegales y cerciorarse de que futuras deportaciones se realicen en cumplimiento del derecho mexicano, estadounidense e internacional.

“Abandonar a familias vulnerables en una zona remota de la selva guatemalteca, sin dinero, alimentos ni albergue e ignorando sus solicitudes de asilo, evidencia nuevamente la falta de preocupación por los derechos humanos del Presidente López Obrador”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Durante su mandato, el presidente mexicano ha cooperado con algunas de las políticas más abusivas de Estados Unidos contra la inmigración. Ahora ha ido aún más lejos, reproduciendo políticas abusivas en la frontera sur de México con Guatemala”.

A inicios de agosto de 2021, Estados Unidos comenzó a expulsar a algunos migrantes centroamericanos por vía aérea a dos ciudades del sur de México —Tapachula, Chiapas, y Villahermosa, Tabasco— que quedan cerca de la frontera guatemalteca.

También en agosto, las autoridades migratorias mexicanas empezaron a trasladar al menos a 300 migrantes de distintas nacionalidades cada día, incluyendo algunos que habían sido expulsados desde Estados Unidos y otros que habían sido aprehendidos en México, hacia el lado mexicano del remoto cruce fronterizo El Ceibo, en la Selva Lacandona. A veces, los autobuses han llegado tarde por la noche. Las autoridades mexicanas han obligado a los migrantes a cruzar la frontera a pie. También han expulsado de esta manera a grupos de migrantes a través del cruce fronterizo entre Talismán, Chiapas, y El Carmen, Guatemala.

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