En portada: Integrantes de la XVI Caravana de Movimiento Migrante Mesoamericano rindieron homenaje por los 56 migrantes fallecidos en Chiapas durante volcadura de trailer y protestaron contra las políticas migratorias en México.
Lilian Korina Ramos Mata desapareció hace cinco años. Tomó una mochila y partió de El Salvador rumbo a Estados Unidos para ganar dinero y mejorar la vida de su hijo y de su madre Rosa Edith Mata, quien ahora integra la XVI Caravana de Movimiento Migrante Mesoamericano en busca de migrantes desaparecidos en territorio mexicano.
Es el segundo año que Rosa participa. En 2019 también hizo el recorrido, pero después se suspendieron las actividades presenciales por la alerta sanitaria del Covid-19 y el cierre de las fronteras en varios países de América. (Continuar leyendo…)
Más venezolanos cruzan el Tapón del Darién, en Panamá, para después enfrentar la contención migratoria de México, donde sus connacionales organizados con centroamericanos y caribeños se organizaron para salir de Tapachula, Chiapas, en una caravana.
El mas reciente éxodo del año planeó salir de la frontera sur de México este sábado 16 de abril ante la nula respuesta a los procesos migratorios ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y del Instituto Nacional de Migración (INM).
Se trata de la tercera salida en grupo con acompañamiento de defensores de los derechos humanos en lo que va del 2022, pues aseguran es la única forma de no enfrentar solos la militarización de la frontera: detenciones, operativos y persecución.
Pero el Instituto Nacional de Migración impidió que los extranjeros abandonaran Tapachula en caravana; ofreció visas y traslados a otros estados del país para continuar con los trámites migratorias.
Mientras, organizaciones de la sociedad civil insisten en que las personas en contexto de movilidad no necesitan tarjetas humanitarias si no reconocimiento de sus derechos, pues aún con documentos son víctimas de detenciones arbitrarias y deportaciones.
Desde el año pasado, los originarios de Venezuela comenzaron a llegar a México en mayor número que años anteriores. A principios de 2022 protagonizaron protestas junto a otros migrantes en Tapachula para exigir la atención de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y del Instituto Nacional de Migración.
La última actualización de las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria muestra que sólo en enero y febrero de este año, fueron presentadas 2,443 personas de Venezuela ante el INM, la mayoría detenidas en Apodaca, Nuevo León, al norte de México.
Tapón
En un reciente informe, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reportaron que son cada vez más las personas de esta nacionalidad que recorren peligrosos caminos por las junglas entre Panamá y Colombia.
El Tapón del Darién comprende 5,000 kilómetros cuadrados de junglas, ríos y montañas escarpadas, topografía que la convierte en una de las rutas más peligrosas del mundo para personas refugiadas y migrantes que pueden tardar hasta diez días en cruzarlo.
De acuerdo con las estadísticas oficiales de Panamá, alrededor de 2,500 personas de Venezuela cruzaron el Tapón del Darién en los primeros dos meses de 2022 por el impacto socioeconómico de la pandemia de COVID-19 en la vida de estos refugiados y migrantes en distintos países de acogida en América Latina y el Caribe.
Protesta de migrantes venezolanos en el sur de méxico. Foto: Efecto Cocuyo
Lo grave es que la cifra total se triplicó en comparación con el mismo periodo el año pasado: de 2,928 en los primeros dos meses de 2021 a 8,456 en el mismo lapso en 2022. La cifra de este año incluye 1,367 niñas, niños y adolescentes.
Esta migración se encuentra expuesta a amenazas naturales y también a grupos criminales que perpetran violencia, incluyendo abusos sexuales o robos, por lo general contra adultos jóvenes y familias.
El estudio de la OIM dice que las personas llegan a comunidades indígenas de difícil acceso con hambre y deshidratación, exhaustas y requiriendo atención médica. En 2021 se registró un número récord de 133,000 personas que hicieron la travesía el año pasado, cuando se reportó la desaparición de 51 personas.
Entonces, la mayoría provenía de Haití, incluyendo su descendencia nacida en Chile y Brasil, seguidos de cubanos, venezolanos y personas de lugares lejanos como Bangladesh, Ghana, Uzbekistán y Senegal.
Según la OIM seis millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela se encuentran en distintas partes del mundo; casi cinco millones residen en América Latina y el Caribe. En 2022, la Plataforma de Coordinación Interagencial para la Situación de Venezuela (R4V) lanzó un plan de 1,790 millones de dólares para satisfacer las crecientes necesidades de personas refugiadas y migrantes de Venezuela y de las comunidades que les han acogido en 17 países en la región.
“Fue una embestida por parte del Instituto Nacional de Migración [INM] y la Guardiana Nacional, gritaban: ¡violencia, violencia!”, relató Luis García Villagrán, defensor de los derechos humanos y acompañante del viacrucis migrante que el pasado viernes (1) salió de Tapachula, Chiapas.
El 18 de marzo cerraron las oficinas de regulación migratoria del INM después de un disturbio y destrozos provocados por las mismos migrantes que hace meses esperan una respuesta a sus trámites en Tapachula, frontera sur de México, una ciudad que no conocen, sin empleo ni acceso a derechos básicos. Además enfrentan discriminación desde las redes sociales, hasta en las aceras de las calles.
El tenor obligó a los extranjeros a organizarse para salir en grupo hacia a la frontera norte de México, previo a la Semana Santa. Antes de partir, junto a defensores de derechos humanos, hicieron pública la solicitud de diálogo con las autoridades migratorias; y directamente al Comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez. Pero no hubo retroalimentación.
En esta petición buscaban que se respetara la minuta que representantes federales signaron en diciembre de 2021 y que los compromete a respetar los derechos humanos de personas con necesidades de protección internacional.
Salida
Con alrededor de 700 amparos interpuestos ante un juez federal, acompañados por organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos, como Luis García Villagrán, el viernes 1 de abril el ‘viacrucis migrante’ se puso en marcha.
Las personas originarias de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Honduras caminaron 18 kilómetros, precedidos por una cruz blanca de madera y la bandera de Venezuela. En el camino ya habían logrado pasar un muro de las fuerzas federales en el paso a desnivel conocido como Viva México.
Pero en el cruce del poblado Álvaro Obregón, la Guardia Nacional con equipo antimotines se desplegó otra vez, para frenar el objetivo del éxodo.
Con la misma cruz de madera y al grito repetido de ¡libertad!, el éxodo se abrió paso entre la valla de escudos, cuerpos humanos, macanas y gases que hirieron al menos a 30 personas, entre ellos varios menores de edad.
En la persecución, muchos dejaron tirados objetos personales y mochilas completas. Al menos 90 personas fueron detenidas y trasladadas a estaciones migratorias en Oaxaca, mientras otras corrieron entre la maleza para esconderse de los uniformados, “hay personas desaparecidas y familias separadas”, aseguró Luis García Villagrán.
El operativo fue coordinado personalmente por la delegada del INM en Chiapas, Paola López Rodas, agregó Villagrán. “Una mujer de Venezuela de tres meses de embarazo estuvo con complicaciones; mucha gente dañada en este intento de detención y criminalización”.
Las más de 20 organizaciones que integran el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos, en el Sureste Mexicano, evidenciaron que el operativo migratorio se realizó con violencia, con el uso de gases lacrimógenos, la detención de personas y el hostigamiento e intento de detención de defensores de derechos humanos.
Durante el despliegue militar, el grupo del viacrucis corrió y se resguardó en la parroquia de Álvaro Obregón, donde recibieron atención médica por parte de Protección Civil. Durante dos días se refugiaron en ese espacio.
Feligreses y habitantes de la comunidad les proporcionaron alimentación. Por otro lado, medios locales publicaron declaraciones del obispo de Tapachula, Jaime Calderón Calderón, en las que desacredita el viacrucis y a los defensores acompañantes de la causa.
“El obispo crispa más la atención y el odio que hay en contra de la población migrante. Nosotros estamos solicitando diálogo desde antes de salir”, añadió Villagrán cuando recordó las violencias que enfrentan en “la ciudad cárcel”, como llaman los migrantes a Tapachula.
Estos repetidos actos de violencia por parte de las fuerzas federales se ejercieron, según el defensor, a pesar de las medidas cautelares que les otorgó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos antes de iniciar la travesía.
Ciudad cárcel
Las personas en contexto de movilidad humana acamparon por varios meses en el Parque Bicentenario de Tapachula. En un tubo de agua se aseaban todos y la niñez dormía en el piso. “Son condiciones infrahumanas”, explicó Villagrán.
Después de varias semanas de protestas contra la administración del INM, el 11 de marzo, cerca de 800 personas lograron hacerse visibles en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Tapachula.
Para callar sus voces les entregaron visas humanitarias en Ciudad Hidalgo, razón que motivó a más personas a exigir también la regulación migratoria para poder salir de Chiapas. Pero sin la presencia de López Obrador, no hubo respuesta y la desesperación desencadenó nuevas protestas y reclamos entre migrantes.
El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano alertó, entonces, sobre la falta de transparencia en las promesas de regularizar a la población migrantes. “Estos conflictos son resultado de las acciones de las autoridades”, y sumó que, de esta manera, se promueve un trato diferenciado entre nacionalidades que generan tensión entre los grupos.
De raíz
Alrededor de las 15h de este domingo (3), el Instituto Nacional de Migración emitió un comunicado de prensa, que difundió en redes sociales, para llamar al éxodo de migrantes a no autolesionarse, “ni a convertirse en rehenes de intereses de terceros”.
Migración señaló a los defensores de promover acciones que dañan la integridad física y psicológica de los extranjeros, en referencia a la protesta en la que de nueva cuenta se costuraron los labios y a la huelga de hambre que iniciaron en la comunidad Álvaro Obregón, donde fueron reprimidos por las fuerzas federales.
La situación colocó rápidamente a Chiapas a la vista del mundo y la respuesta del INM tampoco demoró. Dos horas más tarde, de la publicación de su comunicado, llegó a un acuerdo con el grupo de migrantes.
Al menos 600 personas en contexto de movilidad aceptaron y comenzaron ser trasladadas en autobuses de la comunidad Álvaro Obregón a Tabasco y Oaxaca, para que puedan avanzar sus trámites de regularización migratoria.
En la documentación del Centro de Dignificación Humana, se detectó la presencia de infiltrados dentro del grupo de migrantes, así como en medios de comunicación, que contribuyen a un contexto de tensión.
“El Estado mexicano no tiene ninguna intención de hacer las cosas conforme a la ley sino todo lo contrario y ha gastado mucho dinero en estas actividades; por ello es responsable de lo que pueda ocurrirnos”, dijo VIllagrán.
Para el defensor, estas violencias que se ejercen son normalizadas por las mismas autoridades, que envía un mensaje erróneo a la sociedad, sin importar que se trate de un grupo vulnerable.
Los defensores de los derechos humanos coincidieron que, además de medidas inmediatas, se necesita mayor capacidad de atención del INM con base en el respeto de los derechos humanos y con conocimiento de leyes y acuerdos internacionales.
En el último comunicado del Colectivo Observación hizo un enérgico llamado para que las autoridades mexicanas detengan la violencia y los operativos. Asimismo, demandaron a la Secretaría de Gobernación, el INM y GN respeto y garantía de la integridad física y emocional de todas las personas que se desplazan.
Al mismo tiempo, las organizaciones pidieron al INM y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) dar debida respuesta a los procedimientos migratorios.
Personas en movilidad humana que buscan regularizarse bajo las leyes migratorias de México se enfrentaron el martes (22) contra elementos de la Guardia Nacional en las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tapachula, Chiapas, frontera entre México y Guatemala.
Desde hace varias semanas, las protestas contra las autoridades migratorias han puesto los ojos del mundo, de nueva cuenta, en la frontera sur de México. De manera pacífica, incluso costurándose los labios, son las formas en que pidieron solución a sus trámites.
Pero este martes la desesperación los invadió. Encontraron sus documentos tirados como basura a las afueras de las oficinas de regulación migratoria, situación que desató inconformidad, luego empujones, rompieron el cerco de seguridad y, después, comenzó la trifulca.
Elementos de la Guardia Nacional con equipos antimotines intentaron intimidar a la turba enardecida de personas de origen haitiano y africano. Lanzaron piedras a los uniformados, mientras éstos respondieron con gas lacrimógeno.
Migrantes originarios de Venezuela representan más del 50% de las personas contenidas en Tapachula, Chiapas, por arriba de la presencia de centroamericanos y haitianos, consideró el Centro de Dignificación Humana.
La violencia vivida en Venezuela provoca la movilidad de personas de forma masiva, pero sus necesidades de protección internacional no son respetadas por el Instituto Nacional de Migración (INM), explicó el fundador del Centro, Luis García Villagrán.
En el 2020, la estadística de la Unidad de Política Migratoria registró a 183 personas originarias de Venezuela presentadas ante el INM; mientras el 2021 cerró con 2,552.
Desde inicios de ese 2022, venezolanos, centroamericanos, haitianos y africanos realizan manifestaciones en Tapachula para exigir atención a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el INM.
Pero las autoridades no proporcionan información oportuna ni a los extranjeros solicitantes de refugio, a pesar de los llamados internacionales para respetar el derecho de protección internacional.
La oficina de regulación no tiene atención constante y la Comar proporciona citas hasta tres meses después de la solicitud. Espera que se hace eterna por la falta de recursos y oportunidades laborales para sobrevivir.
Para García Villagrán son graves las ‘ilegalidades’ en las que incurren las autoridades migratorias desde el momento de dar solamente dos opciones de regularización cuando existen 26: a través de un vínculo familiar o el refugio. “Nos sustentamos en el sistema electrónico de trámites migratorios que da la certeza de lo que estamos diciendo, actualmente en Tapachula solo son atendidos entre 30 y 50 migrantes a diario, cuando esa oficina tiene capacidad para atender hasta mil personas al día”.
La situación impera en la frontera sur de Chiapas con Guatemala a pesar de los cambios de titulares en el INM, como el caso de Paola Rojas Rodas, que tras su llegada, continúa con la política de contención con agravantes sobre la criminalización y la militarización.
De acuerdo a la documentación del Centro de Dignificación Humana, no existe vigilancia en la frontera de Suchiate, México, con Tecún Umán, Guatemala; dejan entrar a todas las personas migrantes, “y en Tapachula se forma el nudo humano como parte de un acuerdo político de los tres niveles de gobierno y dependencias involucradas en el fenómeno migratorio”.
A las organizaciones les preocupa que la mayoría de las personas en movilidad, varios menores de edad entre ellas, contenidas en Tapachula, enfrentan abandono, encarcelamiento, detenciones arbitrarias, violencia, xenofobia, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Asimismo que estas personas no tienen derecho a la salud y actualmente padecen un bombardeo mediático para criminalizar a los diferentes grupos que buscan mejores condiciones de vida.
Organizaciones aliadas al Centro de Dignificación Humana, como Pueblo sin Fronteras, acompañan a más de mil personas en movilidad para interponer amparos ante jueces federales; y prevén la salida de una nueva caravana desde Tapachula, Chiapas.
En portada: Una mujer enciende una vela en el lugar del accidente en la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo en el estado de Chiapas, México. Foto: Alfredo Estrella
“Quiero justicia por la muerte de mi esposo, pero no tenemos recursos para buscarla”, dice Yesenia Flores. Su esposo, Leonel Gómez Zepeda, fue una de las 56 víctimas mortales tras la volcadura del tráiler en el tramo carretero Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, ocurrida el pasado 9 de diciembre.
Leonel Gómez Zepeda, de 37 años, fue un futbolista de Primera División del Deportivo Malacateco en Guatemala. Debido a su edad, el balompié dejó de ser redituable y la crisis económica de su país lo llevó a intentar migrar, por primera vez, a Estados Unidos.
El lunes 6 de diciembre, Leonel se despidió de su familia en Guatemala y unas horas antes del accidente, reaccionó a una foto de su hija en Facebook. Fue la última interacción que Yesina recuerda de su esposo.
El cuerpo de Leonel estuvo en el Servicio Médico Forense de Tuxtla Gutiérrez y después fue trasladado al municipio de Tonalá, en la costa de Chiapas. Yesenia tuvo que viajar varias veces a México, con recursos propios, para localizarlo.
También trasladó a sus hijas desde Malacatán, Guatemala, a Chiapas para las pruebas de ADN que solicitó la Fiscalía General de la República.
El 19 de diciembre, sin avisar, los gobiernos de ambos países trasladaron tres féretros de los muertos en el accidente, uno de ellos con los restos de Leonel, “sólo vinieron a dejar la caja y no supimos nada de ningún gobierno”.
Yesenia Flores lamenta que el único momento en que tuvo atención de las autoridades mexicanas fue para las pruebas de ADN, por la presión que ella misma ejerció. “No tuvimos apoyo ni antes ni ahora”.
Yesenia y Leonel procrearon cuatro hijas, todas aún menores de edad. Leonel buscaba darles una mejor vida que esperaba encontrar en Estados Unidos.
“A mis hijas todavía no les he comprado sus útiles porque aún no encuentro trabajo. Mi esposo por eso se fue, porque la situación aquí es difícil; por eso, aunque quiera darle seguimiento a la investigación para que se haga justicia, no puedo por el gasto que representa”.
Yesenia Flores recuerda que el féretro estaba sellado y le pidieron que sepultara a su esposo de manera inmediata por el estado de descomposición que presentaban. “Escuchar al gobierno de México decir que no hay detenidos, duele en el alma”.
Solicitud de apoyo, sin respuesta
Familiares de las víctimas se han manifestado por el nulo apoyo de los gobiernos de México y Guatemala
Domingo Giovanni Raymundo Mateo, de 18 de años, salió de su casa en Almolonga, Quetzaltenango, Guatemala, el 8 de diciembre acompañado de su concuño Miguel Laynes Ortega, de 27 años.
Por segunda vez, Domingo se colgó la mochila con el ánimo de ganar dinero para apoyar a sus padres. Su tía les ayudó a contactar un coyote y lograron reunir dinero tras vender pertenencias y pedir prestado.
“Ya se murió el Mingo” dijo Miguel cuando dio la noticia de la volcadura del tráiler que los llevaría a Ohio. Miguel logró brincar del vehículo en movimiento. Resultó con lesiones en brazos y costillas.
En cuanto se enteró de lo sucedido a través de las redes sociales, la familia maya Ixil en Guatemala solicitó apoyo a las autoridades de ambos países para repatriar el cuerpo del joven que estaba en calidad de desconocido. Entonces no hubo respuesta.
Pedro Raymundo, padre de Domingo, cuenta que se trasladó a Chiapas para pedir el cuerpo de su hijo, “estuve viajando también por el acta de defunción y por eso en Guatemala me cobraron 4 mil quetzales”.
Los gastos de los traslados, alimentación y hospedaje para la realización de trámites también fueron cubiertos por ellos, “nosotros no tenemos dinero tampoco información, no sabemos ni a quién pedirle justicia”, lamenta Pedro en su fracturado español.
Pese a sus esfuerzos, Raymundo aún no cuenta con el acta de defunción de su hijo y la única respuesta que recibió fue por parte del Registro Nacional de las Personas (Renap), entidad guatemala quien aseguró se debe a que la Fiscalía General de la República mexicana aún no envía la información.
Antes de salir de Almolonga, Guatemala, Domingo y su concuño Miguel se dedicaban al campo. Dejó de estudiar hace dos años cuando su familia no pudo solventar los gastos escolares, fue entonces que uno de sus tíos, establecido desde hace un año en EEUU, lo convenció de migrar.
“Dijo que se podía hacer la lucha, porque aquí no hay trabajo ni para las mujeres y estamos en una casa prestada”, agregó Margarita Raymundo, hermana del joven.
Domingo y Miguel, recorrieron 432 kilómetros desde su comunidad hasta el municipio chiapaneco donde ocurrió el accidente. En el lugar, los pobladores locales, aún en shock, prenden veladoras por el descanso eterno de los fallecidos y la recuperación de los heridos.
No hay detenidos
Aún después de meses de ocurrido el accidente, pobladores de Chiapas colocan ofrendas en el lugar donde perdieron la vida 56 personas.
A dos meses de la tragedia, la Fiscalía General de la República se limita a decir que no tiene mayor información sobre el caso porque siguen las investigaciones. Pero en realidad aún no hay detenidos ni avances en la carpeta de investigación. Esto a pesar de que el 14 de diciembre el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que los responsables fueron identificados.
El Instituto Nacional de Migración (INM) también evade los cuestionamientos de la prensa con respecto a los apoyos a las familias que comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana siguiente del accidente carretero.
Los únicos reportes sobre el caso se publican en la página oficial donde recientemente destacaron la repatriación de cuerpos, realizados durante diciembre de 2021 y enero de 2022: 42 de Guatemala; 12 de República Dominicana; una de El Salvador y una más de Ecuador. A finales de enero, informaron que fueron trasladados los últimos restos que corresponden a un adulto y un menor de edad guatemaltecos.
Asimismo, la Secretaría de Salud en Chiapas señala que solo uno de los 114 heridos en el mismo accidente continúa con atención en un hospital de Tuxtla Gutiérrez.
Contubernio
Organizaciones como el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el sureste Mexicano, han hecho hincapié en las políticas de contención migratoria, las cuales orillan a las personas en movilidad a tomar alternativas peligrosas para trasladarse de una frontera a otra.
De acuerdo a la documentación del Centro de Dignificación Humana con sede en Tapachula, existe un contubernio de la autoridad migratoria para permitir el transporte de migrantes por el crimen organizado. Esto debido a que pese la presencia de retenes para inspeccionar vehículos en la ruta migratoria en Chiapas, la mayoría no son detenidos. “Estamos pidiendo a la Procuraduría General de la República una investigación exhaustiva sobre esos tráileres y demás unidades que pasan invisibles por Chiapas”.
Para la organización nacional Brigada Callejera, la trata de personas no se podría concretar sin la complicidad de la policía, funcionarios de migración y el Ejército mexicano, sobre todo en las zonas de los Altos, Norte y Selva de Chiapas controladas por narcotraficantes que también se dedican a este delito. “Desde sus países de origen a muchos los engañan, les piden escrituras de casas y terrenos, para llevarlos endeudados y con engaños”.
En estas redes, participan desde pobladores de las comunidades indígenas, donde se encuentran algunas casas de seguridad, hasta transportistas que incurren en otros delitos para que los vehículos en que transportan a sus víctimas no sean descubiertos por la autoridad; hasta los uniformados encargados de la seguridad nacional.
Los grupos del crimen organizado se apropian de caminos de extravío o rutas claves; ofrecen o amenazan a los pobladores para que acepten ser reclutados o trabajar como halcones para la realización de varios delitos.
“Las autoridades se sientan y dicen que van a solucionar el problema e informan que no pasa nada”, lamentó Elvira Madrid de Brigada Callejera.
En el 2018, cuando comenzaron a llegar a México las primeras caravanas migrantes, los representantes el Consulado de Honduras en México, confirmaron que los delitos contra personas migrantes incrementaron, con un mayor número de víctimas por la trata de personas y el secuestro.
Durante el 2021, la migración incrementó por factores asociados a la llegada de Joe Biden al gobierno de Estado Unidos y a los anuncios de las políticas migratorias ‘más justas’, así como a la violencia, la pandemia del COVID-19 y los desastres naturales.
En el mismo año las disposiciones migratorias afectaron negativamente a las mujeres que buscaban protección por las políticas restrictivas, pues siguen vigentes desde el gobierno de Donald Trump.
El reporte Atrapadas en la incertidumbre y expuestas a la violencia. El impacto de las políticas migratorias de Estados Unidos y México en las mujeres solicitantes de protección internacional en 2021 señala los escenarios que viven las mujeres en movilidad humana, resultado de las políticas migratorias.
Son sometidas a actos violentos en razón de género en México, que incluyen violación y agresiones sexuales, secuestros, extorsiones, separación familiar, falta de acceso a la salud, además de que enfrentan más barreras para denunciar los hechos, acceder a la justicia y recibir apoyo.
De acuerdo con el informe, realizado por la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), a menudo las mujeres tienen que esperar sus procesos durante períodos prolongados, en circunstancias precarias y peligrosas, en las fronteras norte y sur de México.
La documentación da cuenta de que estos escenarios exacerban traumas que inicialmente las obligaron a escapar de sus países; y no les permite sentirse seguras en las ciudades de la frontera sur y norte de México, además les preocupa que las puedan seguir sus agresores a este país.
Una encuesta de 2017 de Médicos Sin Fronteras reveló que 31.4% de las mujeres que buscaban protección internacional habían sido agredidas durante su tránsito por México.
Algunas son secuestradas y agredidas sexualmente por sus captores, con frecuencia, frente a sus hijas e hijos. En muchas de las agresiones participan autoridades mexicanas de diferentes niveles.
De acuerdo a organizaciones de la sociedad civil en Chiapas, muchas mujeres migrantes recurren a métodos anticonceptivos de larga duración para evitar embarazos por violación sexual en territorio mexicano.
Horror
El 72.5% de las mujeres migrantes que ingresaron en 2020 reportaron haber sufrido agresiones físicas en el país de origen y en México a manos de integrantes de pandillas y delincuencia organizada, familia, compañeros de trabajo y principalmente autoridades.
Por ello el Instituto para las Mujeres en la Migración, a través de los reportes que realiza, destaca la importancia de que el gobierno mexicano considere a la violencia de género como un motivo para solicitar protección internacional en el país y en consecuencia reconocerlas como refugiadas.
En 2021, la Comar recibió un incremento histórico de 131 mil 448 solicitudes de asilo, de las cuales 41% fueron de mujeres y 24% de niñez y adolescencia, pero no cuenta con recursos humanos y financieros suficientes para hacer frente al incremento de solicitudes, lo que ha dejado a muchas personas atoradas en el sur de México.
Un informe de las Naciones Unidas de 2015 reveló que aproximadamente 60% de las mujeres entrevistadas solicitantes de asilo de Honduras, Guatemala y El Salvador estaban escapando de violencias de género.
Un informe de 2021 de Kids in Need of Defense (KIND) señala que la violencia contra las mujeres en Centroamérica aumentó drásticamente durante la pandemia de COVID-19 ante el confinamiento que obligó a las mujeres a permanecer encerradas con sus agresores y el control de las comunidades por parte de las pandillas.
Por ejemplo, Liliana, una mujer guatemalteca, platicó al IMUMI que después de escapar de una relación violenta con su esposo, un militar activo, un grupo de hombres la habían secuestrado en Tijuana. Mientras sus secuestradores la tenían los escuchó hablar por teléfono haciendo arreglos para explotarla sexualmente.
Cristina, una mujer guatemalteca, que viajaba con su esposo y sus tres hijos, describió al equipo de WRC el “terror de ser obligados a esperar en Tijuana donde nos pueden encontrar nuestros agresores”.
De acuerdo a la bitácora del albergue Una ayuda para ti mujer migrante AC, ubicado en Chiapas, seis de cada 10 mujeres que llegan en busca de ayuda fueron violadas por integrantes del crimen organizado y uniformados como agentes de migración y otros que “reconocen como los policías de azul”.
Foto: SAntiago Navarro F.
Intensifica contención migratoria
En el 2019, México y Estados Unidos acordaron la contención migratoria en las fronteras sur y norte, de forma paralela a la creación de la Guardia Nacional que se desplegó con mayor fuerza en la frontera de Chiapas y Tabasco, México.
Desde entonces los delitos cometidos contra personas migrantes incrementaron, incluso las detenciones bajo presión de la Casa Blanca. El gobierno mexicano tomó una serie de medidas para intensificar sus políticas migratorias de disuasión.
Las restricciones a la libre circulación por el país de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional orillaron a las personas en movilidad a contratar a traficantes y arriesgándose por rutas de viaje más peligrosas.
En el 2021, el Instituto Nacional de Migración (INM), en conjunto con la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad, realizaron un número sin precedentes de eventos de detención de personas migrantes, de las cuales 30% eran mujeres y 27% menores de edad.
El INM también intensificó las medidas restrictivas en los aeropuertos mexicanos y negó la entrada a un récord de 72 mil 895 personas extranjeras en 2021, el doble de los 31 mil rechazos registrados en 2019. Estas personas no pudieron acceder a la solicitud de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
Durante el 2021 la violencia por parte del crimen organizado y autoridades incrementó en la ruta migratoria de Chiapas y Tabasco, asimismo las amenazas directas contra albergues que vulneran las condiciones de las personas en tránsito por México.
En octubre de 2021 el albergue para personas migrantes “Casa Betania Santa Martha” ubicado en Salto de Agua, Chiapas, fue allanado por un grupo armado que amenazó de manera directa a defensores de los derechos humanos.
En el 2019, intentaron ingresar en dos ocasiones pero no lo consiguieron, aunque el hostigamiento e intimidación es constante. Un escenario parecido vive el albergue La 72, en Tenosique, Tabasco, con al menos 10 incidentes presentados ante la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Pero no son investigados.
Ambos espacios se encuentran en dos entidades fronterizas con Guatemala y son paso obligado de cientos de personas migrantes que buscan condiciones justas de vida en México y Estados Unidos. “Este 2021 incrementaron las amenazas, la inseguridad y el hostigamiento por parte de las autoridades”, dijo la representante de LA 72 durante la presentación del informe ‘Voces que caminan’, de la Red TDT en colaboración con el Colectivo Ansur de Colombia. El equipo de trabajo sufre persecución y hostigamiento hasta vía telefónica.
Durante el 2021 también comenzaron a recibir mayor población migrante para solicitar apoyo para realizar trámites migratorios. “Llegan de Tapachula”, ciudad chiapaneca colindante con Tecún Umán, Guatemala. La ciudad es uno de los cruces más importantes de personas en movilidad y donde se concentran miles en espera de respuestas a sus trámites de las sedes del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
Dentro de la ruta migratoria, ubicado al norte de Chiapas, se encuentra el albergue Betania Santa Martha, un proyecto de los Misioneros del Verbo Divino en el que las Hermanas Franciscanas Misioneras de María colaboran. El equipo de trabajo es reducido, pero brindaron apoyo a 25 mil personas en 2021, año en que también incrementó la violencia.
Albergue Betania Santa Martha, Salto de Agua, Chiapas
Una de las hermanas, de identidad reservada, dijo que “las amenazas, allanamiento e intimidaciones por parte de autoridades coludidas con el crimen organizado buscan hacernos desistir de nuestra labor de defensa de derechos de las personas migrantes, que han incrementado. Y cuando se les cuestiona sobre su proceder su irónica respuesta es: ‘somos autoridades y podemos ingresar cuando queramos’”.
En este caso también existen hostigamientos y amenazas directas a defensores y a personas migrantes y, a pesar de la presentación de pruebas, como imágenes de las cámaras de video vigilancia, las denuncias no proceden ni en Chiapas, ni en Tabasco.
Victor Hugo López, Secretario Ejecutivo de la Red TDT, agregó que en la documentación de hechos y acompañamiento que realizan entre organizaciones notan que las Fiscalías a nivel estatal y federal niegan la atención, “se avientan la bolita”.
“Dentro del ámbito jurisdiccional no quieren asumir ni hacerse responsables de las denuncias que se interponen” y, en mucho caso, tampoco levantan registro de atención o de actas administrativas.
Durante este año, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano también registró violencia contra defensores de los derechos humanos que documentan el tránsito de personas en movilidad en Chiapas.
El año pasado, México recibió, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, un total de 131 mil 448 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado: Haití (51,827), Honduras (36,361), y Cuba (8,319). Las mujeres representaron el 41.06%.
A continuación presentamos un fotoreportaje que registró la situación de miles de migrantes haitianos, quienes atrapados durante los primeros días de diciembre en Tapachula, esperaron ante la promesa de las autoridades migratorias para conseguir trasladarse hacia otros puntos del país. Aún cuando la información oficial habla de miles reubicados, las autoridades desalojaron el campamento improvisado y aún no se tienen informaciones claras de hacia dónde partieron los migrantes y del número que aún permanecen en la ciudad fronteriza.
Algunos llevan años desde que emprendieron su marcha, ya no por el sueño americano, sino por mejores condiciones de vida. El destino es incierto. Las posibilidades reales se desvanecen en cada frontera y con cada declaración de algún político que jamás ha conocido en carne propia lo que significa la migración eterna, lo que significa dormir bajo un puente, en la intemperie, quedarse sin comida y sin dinero.
“Vengo de Chile, tengo cinco meses en camino. Gracias a Dios llegue acá y llevo dos semanas durmiendo acá (en Tapachula Chiapas)”, dice un migrante proveniente de Haití, quien se ha presentando como Reynol. (Continuar leyendo…)
Por Francisco Simón, Andrea Hernández y Cenia Marroquín
Editado por Javier De León
Kevin, un migrante hondureño de 28 años, abandonó su país junto a su esposa de 20 años y sus 3 hijas de 11 meses, 3 y 5 años a principios de enero de 2021. Él y su familia perdieron su casa y cultivos con el paso de las tormentas Eta y Iota en noviembre de 2020. Ahora se encuentran con estatus de residencia permanente en Ciudad Acuña, en la frontera de México con Estados Unidos. Intentó ingresar al país estadounidense con su familia en septiembre, sin embargo, fueron expulsados de inmediato a esa ciudad, bajo el Título 42. Al amanecer en la orilla del río Bravo se renuevan sus esperanzas de cruzar la frontera, porque retornar a su país no es una opción.
***
Sentado a la orilla del río Bravo en una tarde soleada, del 14 de noviembre, Kevin, un joven migrante, dice “yo salí de Honduras con mi familia, porque perdimos nuestra casa por el paso de las tormentas en noviembre de 2020, nunca recibimos apoyo del gobierno y nuestra esperanza era migrar”, mientras tanto dos agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos lo vigilan al otro lado del río.
Kevin tuvo que abandonar su país debido a los estragos de las tormentas Eta y Iota y al incremento de la pobreza que estas agudizaron. Su casa y sus cultivos quedaron sumergidos bajo el agua estancada y el lodo. A estas condiciones se suma la extorsión y las amenazas provocadas por las pandillas, con las que tenía que lidiar diariamente.
Antes de la pandemia se empleaba de manera informal en el sector de la construcción y ganaba en promedio diez dólares diarios cuando había oportunidades de trabajo, lo cual no era siempre. “Nosotros vivíamos en la zona del río Chamelecón y el huracán se llevó todo, la casa y los cultivos, lo perdimos todo. Luego por la violencia y la falta de trabajo salimos de nuestro país con la idea de llegar a Estados Unidos y tener mejores oportunidades”, dice Kevin, mientras recuerda con nostalgia lo vivido en Honduras.
Kevin nos indicaba que regresar a su país no es una opción, mientras ayudaba a su esposa a bañar a su hija de once meses en el río Bravo. Fotografía: Francisco Simón Francisco
De acuerdo con la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) de ese país, el río al que hace referencia Kevin, fue unos de los lugares donde hubo alerta roja durante las tormentas Eta y Iota. La ribera del río Chamelecón, en las zonas bajas de San Pedro Sula, Puerto Cortés, Villanueva y la Lima fue la más afectada por las inundaciones, incluso, mayores a las que provocó el huracán Mitch en 1998.
Las pandillas y la inseguridad fueron otros motivos más por los que abandonó el país. Estos factores de expulsión de migrantes en Honduras, también los menciona el medio Contracorriente en una publicación en 2020. El medio indica que Chamelecón es considerado uno de los focos de violencia de San Pedro Sula, la segunda ciudad del país con más homicidios; sólo en 2019 se registraron 438 casos en ese municipio, de acuerdo a los datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL), citado por el medio.
Chamelecón es un barrio situado en el municipio de San Pedro Sula, en Cortés, departamento de Honduras. Su nombre se debe a la cercanía que tiene con el río que lleva el mismo nombre. De allí es originario Kevin, el migrante, que ahora radica temporalmente en la ciudad norteña de Acuña, en el estado de Coahuila, México.
La historia de Kevin refleja la realidad que viven los hondureños en Chamelecón, no solo perdieron sus hogares con la inclemencia de las tormentas, sino también su tranquilidad, provocada por las pandillas y el sufrimiento por las extorsiones.
Kevin y su familia: los migrantes climáticos
Para Kevin, una de las principales causas de su migración fue la pérdida de su hogar por los efectos de las tormentas Eta y Iota. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), publicados en mayo de 2021, el costo total de los efectos causados en Honduras por estos fenómenos meteorológicos ha sido aproximadamente de 52 millones de lempiras, equivalente a más de 2 millones de dólares.
En Honduras hay unas 282 mil familias en las que al menos una persona se encuentra viviendo en otro país, lo que equivale a 424 mil migrantes en el exterior, de este número el 59.4% son hombres y el 40.6% mujeres, según cifras publicadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en un estudio denominado “Perfil migratorio de Honduras 2019”.
En Centroamérica, Honduras se encuentra entre los principales países con mayores riesgos climáticos, los cuales han provocado en las poblaciones pérdidas de cultivos, hogares y familias, según el Índice de Riesgo Climático Global (IRC) de Germanwatch en un reporte de este año. En consecuencia los pobladores de este país, son actores de la migración internacional, a los que se les denomina, “migrantes climáticos o desplazados ambientales”.
Es decir, las consecuencias de estos fenómenos se traducen en la migración para sobrevivir, tal fue el caso de Kevin que se encontraba entre las personas que perdieron su hogar, convirtiéndose así en un “migrante climático”.
La esposa de Kevin reparte la comida que logró comprar a sus tres hijas. Fotografía: Francisco Simón Francisco
En el estudio de la migración, el término de migrante climático se utiliza para referirse a las personas que abandonan su lugar de origen de forma temporal o permanente dentro de un Estado o cruzando una frontera internacional, bajo contextos de desastres o deterioro ambiental y que afectan los entornos de vida, derivados por el cambio climático.
No obstante, estos grupos de migrantes aún no son reconocidos legalmente en el ámbito del Derecho Internacional. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 2020 expresó que no se hace uso de este término, porque no está reconocido por la Organización de las Naciones Unidas ni en la Convención de Ginebra de 1951.
La pandemia y las tormentas reflejan cada vez más la salida de personas migrantes del país hondureño, en busca de mejores oportunidades. En términos de sacrificio humanitario, social y económico, las consecuencias han sido evidentes. Y pese a los riesgos que la migración irregular conlleva, sigue siendo su opción para sobrevivir.
En Honduras, 3 millones 907 mil 229 personas fueron afectadas por las tormentas Eta y Iota, de este número 437 mil fueron evacuadas. El 88% eran originarias de Cortés, Gracias a Dios, Yoro, Santa Bárbara y Colón, según datos presentados por la COPECO de ese país en noviembre de 2020. Así mismo, el informe destaca que las consecuencias fueron trágicas, puesto que 95 personas perdieron la vida, 32 en el departamento de Cortés, 16 en Santa Bárbara y 12 en Lempira.
Salió de Honduras en búsqueda de un futuro incierto
Kevin abandonó su país en horas de la mañana, un 6 de enero de 2021. Con 5 mil dólares en sus bolsillos -su único ahorro- en búsqueda de un futuro incierto. Él ya había estado en Estados Unidos cinco años atrás; en ese tiempo logró construir su casa y compró 10 cuerdas de terreno para cultivar, pero un desastre natural y la ola de violencia que vivió en su barrio de Chamelecón en San Pedro Sula, lo obligó a migrar de nuevo, pero esta vez acompañado de su familia.
Ingresó a Guatemala con su esposa aún embarazada y sus 2 hijas, por un paso ciego cercano a la frontera de El Corinto ubicada en el departamento de Izabal, frontera con Honduras. Evadieron el primer puesto de control migratorio instalado por el gobierno guatemalteco “porque allá nos pedían la constancia de la prueba de Covid para ingresar, el costo era caro, nos cobraban 100 dólares por persona para sacarla y el poco dinero que cargaba era para el viaje”, comentó.
Las personas migrantes que ingresan por esta frontera entran en pequeños grupos mixtos y de varios sectores etarios, incluyendo núcleos familiares. La mayoría prefieren evadir los puestos de control establecidos por las autoridades de migración guatemalteca, porque les revisan la identificación personal y la constancia de la prueba de COVID-19, este último se convirtió en un requisito indispensable en tiempos de pandemia, según reportó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en julio de este año.
A decir de la OIM, la emisión de certificaciones para la COVID-19 se ha establecido como un negocio bajo engaño y estafas con pruebas falsas en la localidad fronteriza de El Corinto.
Kevin no tenía entre sus planes quedarse en Guatemala, su meta era alcanzar el sueño americano, tuvo que recorrer el territorio guatemalteco por cuatro días desde que salió de su pueblo, en buses extraurbanos hasta llegar al municipio de Tecún Umán, frontera con México. Desconocer el país fue un desafío para él como para cualquier migrante, pero la necesidad de viajar le animó a buscar apoyo humanitario.
Los migrantes antes de cruzar la frontera de Estados Unidos se despojan de sus documentos personales para no ser identificados. Fotografía: Francisco Simón Francisco
Recordó que pasó por la Casa del Migrante, ubicada en la ciudad de Guatemala, “allí me dieron alimentación, chequeo médico para mis 2 hijas, -la tercera nació en México- y un mapa para ubicarme desde la frontera de Tecún Umán”, añadió.
Él y su familia pensaron pasar la noche en la Casa pero les dijeron que no “por temas de coronavirus”. “Fui a quedarme en un hotel pobre, no recuerdo su ubicación, pero me sacaron lana, me cobraron 300 quetzales por una noche para toda mi familia, fue un costo injusto”, recordó.
Durante su recorrido en el territorio guatemalteco, el migrante relató que fue “sujeto de extorsión” por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), a quienes se les pagaba entre 100 y 200 quetzales por persona en cada estación de control. De lo contrario, amenazaban con regresarlos a su país de origen, pese a que él y su familia llevaban sus documentos de identificación como el pasaporte.
De acuerdo con Kevin, durante el trayecto encontró alrededor de siete puestos de control hasta llegar a la frontera de Tecún Umán, ubicado en San Marcos, uno de los cuatro departamentos guatemaltecos que colindan con México y que se extiende por 963 kilómetros.
Él y su familia, finalmente lograron llegar a la frontera el 9 de enero, en una tarde soleada entre cansancio y hambre, es decir 4 días después desde que salió de su barrio de Chamelecón.
La esposa de Kevin, de quien se omite el nombre, recordó que no aguantaba el cansancio, ella venía embarazada de su tercera hija que ahora tiene 11 meses. “Le dije a mi esposo, Kevin, que nos detuviéramos, pero no me respondió”, indicó.
En ese momento ella no entendió las razones de Kevin para no parar, pero lo explicó después: “la plata -dinero- se nos acababa, mi esposa venía embarazada y en cualquier momento podía dar a luz, entonces decidí seguir de largo”.
Tecún Umán: cruzar en balsa
Esa misma tarde entraron por el territorio mexicano y para no pasar por el puesto de control migratorio, instalado por el gobierno de México sobre el puente “Dr. Rodolfo Robles”, evitaron la seguridad fronteriza y cruzaron en balsa.
Kevin, tímido pero astuto, no lo pensó dos veces. Nos dijo que buscó el famoso “Paso del Palenque”, encontró el lugar y contrató el servicio de un balsero, a quien le pagó 20 quetzales por persona. Se subió a una balsa con la intención de cruzar el río Suchiate, que separa a Guatemala del país mexicano.
Las balsas son conocidas por los lugareños como “cámaras”, están elaboradas con tubos y llantas de tractor sobre las cuales se colocan cinco tablas de madera, de forma separada.
En Tecún Umán para cruzar al lado mexicano utilizan las balsas elaboradas con tubos y llantas de tractor. Fotografía: Diego Petzey
Las famosas “cámaras”, al parecer ya forman parte de un sistema de transporte transfronterizo desde lo informal. Primero, cualquier migrante que llega ahí recurre a este servicio para evitar los controles migratorios del lado mexicano. Mientras que en Guatemala, se utiliza por el comercio local y regional para escapar de los controles aduaneros.
A diario decenas de personas cruzan esta línea fronteriza para diferentes fines. De acuerdo con la OIM, solo en julio de este año, más de 31 mil migrantes procedentes de distintos países salieron de Guatemala con destino a México. De esta cifra, 4 mil 650 pasaron por la frontera de Tecún Umán, es decir, en un día, un promedio de 155 personas utilizó el servicio de los balseros, en su mayoría eran haitianos y hondureños.
Kevin vivió en Chiapas, su hija menor nació en México
La primera estación mexicana a la que la familia llegó, fue a Ciudad Hidalgo, luego se dirigieron a Tapachula donde permanecieron por seis meses.
“La plata” de pronto se volvió un problema tanto para él y su familia. Llegó a Tapachula con 4 mil 200 dólares. Es decir, en su recorrido por Guatemala gastaron 800 dólares en transporte y alimentación. Llegaron solos sin apoyo de ningún guía de viaje.
Kevin vivió las primeras semanas en la Casa del Migrante Scalabrini, con sede en esa ciudad, mientras inició el proceso de solicitud de asilo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), pero no tuvo éxito.
Kevin, un joven hondureño de 28 años huyó de su país porque perdió su casa y cultivos con el paso de las tormentas de noviembre de 2020. Fotografía: Francisco Simón Francisco
A su solicitud se suman más de 22 mil migrantes procedentes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba, Venezuela y Haití, quienes solicitaron asilo en México desde enero de 2021, según una nota de prensa publicada en el portal de noticias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 13 de abril de este año.
El 64% de las solicitudes fueron del norte de Centroamérica, de las cuales, 51% eran de Honduras; 8% de El Salvador y 5% de Guatemala. Del total de las solicitudes registradas, el 22% eran de menores de edad no acompañados, es decir sin ningún familiar.
“Ahí están trabajando por citas y las están dejando para dos o tres meses de espera, y ahorita va para el otro año. Me dieron cita y como mi esposa venía embarazada, mi bebé nació en México. Por medio de mi hija recién nacida logré conseguir los permisos. Si fuera por la COMAR allá estaría en Tapachula esperando”, dijo Kevin.
Luego que su esposa diera a luz en el Hospital General de Tapachula, abandonaron la Casa del Migrante a principios de febrero y acudieron al Instituto Nacional de Migración (INM) con sede en Tapachula, para solicitar su residencia permanente, debido a que su hija recién había nacido en territorio mexicano.
Así, realizó los trámites y tres meses después obtuvo las credenciales por el costo de siete mil pesos mexicanos, luego recibió un apoyo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) en donde le exoneraron del pago de una credencial.
“Los gastos del parto lo cubrió el DIF”, añadió Kevin mientras explica cómo logró sobrevivir en Chiapas. No encontró trabajo formal por dos razones: por su apariencia y su forma de vestir en su condición de migrante hondureño y por la falta de su documento personal que le acredita su legalidad en México.
“No hay trabajo, queremos ver tu documento”, fueron las palabras que más escuchó Kevin durante su estadía en Chiapas.
“Me dediqué a bolear, -lustrar- zapatos, fue el único trabajo que encontré, dice. Con este oficio él ganaba al día entre 100 a 140 pesos mexicanos diarios, que equivale a 6.5 dólares. Con este dinero él compraba alimentación para su familia.
Mientras estuvo en Tapachula, encontró algunos “paisanos catrachos”, con quienes se pudieron ir a vivir sin pagar renta por 3 meses. “La pura solidaridad”, dijo la esposa de Kevin. Con ese ahorro lograron juntar el dinero necesario para cambiar de destino.
Viajar por México en autobús de “clase pobre”
Tras obtener la documentación que le acredita su residencia permanente en México, en agosto decidió salir junto a su familia de Tapachula a Ciudad Acuña, lugar fronterizo con Texas, Estados Unidos; el río Bravo separa a ambos países.
En agosto salió de Tapachula con destino a Saltillo, capital del estado de Coahuila. Abordó un autobús, según él “de clase pobre”, porque el pasaje es barato y poco seguro, “pagué 1,500 pesos por los 2, mis hijas no”, indicó.
Llegaron en 2 días a Saltillo, en donde vivió un mes como indigente, para reunir dinero y continuar su viaje hasta llegar a Acuña, llegó a esa ciudad fronteriza el 21 de septiembre de este año, durante la crisis de migrantes haitianos, que rebasó la capacidad de atención de las autoridades tanto de México como de Estados Unidos.
Llegar a Acuña, un paso desconocido
Kevin llegó a Ciudad Acuña el 21 de septiembre con la intención de cruzar la frontera de Estados Unidos. Lo intentó durante septiembre, pero fue expulsado el mismo día. “Crucé el río Bravo junto a mi familia a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde ya estábamos en el puente”, indicó.
El río Bravo separa a Ciudad Acuña, México, de la ciudad Del Río, un condado del estado de Texas. No existen datos oficiales de cuántos migrantes utilizan este lugar fronterizo. Antes de la crisis de los migrantes haitianos en septiembre, el río Bravo era un lugar poco utilizado o desconocido. En esta ciudad fueron albergados 14 mil migrantes haitianos bajo el Puente Internacional por orden del gobierno de Joe Biden.
Según cuentan habitantes cercanos al río, a diario pasan entre 90 y 120 personas migrantes. En una mañana pudimos observar durante un lapso de 3 horas y 45 minutos, el paso de 88 migrantes, en su mayoría provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y otras nacionalidades.
Una familia nicaragüense con sus hijos y sus pocas pertenencias lograron cruzar el río Bravo en horas de la tarde. Fotografía: Francisco Simón Francisco
Por la tarde y parte de la noche disminuye el número de personas por los riesgos que presenta el río ya que aumenta su caudal, además del incremento de asaltantes en el área.
Una madre migrante es rescatada del río Bravo por su hijo, mientras avanzan para cruzar al lado de Estados Unidos. Fotografía: Francisco Simón Francisco
Kevin fue detenido a caballo en la ciudad Del Río, Texas por dos agentes de la Patrulla Fronteriza, luego fue trasladado al puente y nunca imaginó que su expulsión sería inmediata. Le dieron un número y pensó que era su pase de ingreso, sin embargo, ocurrió lo contrario. La política humanitaria ofrecida por el presidente Joe Biden fue un engaño para él. Fue expulsado bajo el Título 42.
Corrieron con mejor suerte los migrantes venezolanos, cubanos y nicaragüenses, según él. “A los centroamericanos nos regresan el mismo día sin preguntarnos nada. A los de Venezuela, Cuba y Nicaragua los dejan pasar, nada más los detienen un día y luego pueden entrar a Estados Unidos”, recordó.
El sueño americano opacado por el Título 42
La expulsión de migrantes bajo el Título 42 por Estados Unidos, se refiere a la expulsión irregular e invisible de migrantes guatemaltecos, centroamericanos o de otras nacionalidades de una forma no habitual e inmediata, por el país donde ingresaron, que en este caso sería México, o a un tercer país, que es Guatemala. Y si no es posible, a sus países de origen.
Para el caso de México, el gobierno de Estados Unidos expulsó a cientos de migrantes por la frontera de Ciudad de Acuña, que también se ha vuelto un lugar de paso cotidiano de personas de diversos países, a partir de la crisis de migrantes haitianos sobre el río Bravo. Además, algunas de estas personas expulsadas, como Kevin, prefieren quedarse varadas en esa frontera, que ser deportadas a su país de origen.
El Puente Internacional conecta a ambos países y permite su paso solo a quienes cuentan con documentación para ingresar a Estados Unidos. Abajo del puente fueron albergados los migrantes haitianos en la crisis de septiembre pasado. Fotografía: Francisco Simón Francisco
A los migrantes centroamericanos -a excepción de los nicaragüenses- que tienen la documentación mexicana, los regresan sobre el puente Internacional a Ciudad Acuña, y a los que no cuentan con dicha documentación, los regresan a su país de origen o a la frontera de Tecún Umán en Guatemala, bajo el Título 42.
Kevin cuenta que, por el temor a la pandemia, decidieron no sumarse a los 14 mil haitianos que arribaron a la misma ciudad el mismo mes. “No me quise sumar por la pandemia, porque ahora no puede andar uno aglomerado, por querer buscar algo mejor se puede enfermar, ese es el problema, que se fueron todos juntos y uno tiene que buscar apartarse. Crucé a mi familia, pero están regresando por el Título 42”, explicó Kevin.
Cuatro migrantes de origen venezolano lograron cruzar el río Bravo con la solidaridad de un mexicano que se encontraba en el lugar. Fotografía: Francisco Simón Francisco
Respecto a la situación de la pandemia consultamos a David Fuentes, encargado de un albergue instalado por la sociedad civil quien indicó que varias personas han resultado contagiadas de COVID-19. Sin embargo, no se cuenta con datos estadísticos de las cifras de migrantes positivos. Según él, “porque la salud de los migrantes no es una prioridad del gobierno mexicano”.
El albergue social está situado en el centro de Ciudad Acuña a pocos minutos del Puente Internacional, actualmente alberga a 800 migrantes. Los colaboradores del lugar indicaron que buscan apoyar a los migrantes con tres servicios: alojamiento, alimentación y atención psicosocial, particularmente a las personas haitianas y algunas de origen hondureño que se quedaron varados, tras la crisis migratoria ocurrida en septiembre.
Ciudad Acuña: “Charolear” para sobrevivir
Desde el día que llegó a Ciudad Acuña, Kevin debe juntar dinero para pagar la renta diaria de un cuarto por 300 pesos mexicanos. Además, de conseguir “plata” para los alimentos de su esposa y de sus tres hijas.
Él y su familia viven en esa ciudad con estatus de residencia permanente, pero continúan abrazando la idea de llegar un día no tan lejano a Estados Unidos. Mientras ese día llega, comparten una pena en común: reunir los 300 pesos del cuarto antes del mediodía.
La habitación que mide 3 metros cuadrados, no cuenta con agua, sólo con una ventana y una puerta de madera, que está a 25 minutos caminando desde el río Bravo. Para obtener esa cantidad de dinero, por el día junto a su esposa se dedican a “charolear”, a pedir apoyo económico en las calles de la ciudad, de lo que obtienen entre 300 y 400 pesos diarios.
Por la tarde, y para no deambular en la ciudad, se dirigen a las orillas del río Bravo. Primero, porque allí se bañan. Segundo, porque su esposa también allí lava la ropa, ya que en el cuarto que alquilan no cuentan con servicio de agua. Y tercero, para ellos el río les trae muchos recuerdos, ya que en Honduras se iban a bañar al Río Chamelecón. Además, este río les ayudaba para el riego de sus cultivos de maíz y frijol, que con el paso de las tormentas se perdieron.
La esposa de Kevin aprovecha la tarde soleada para lavar la ropa de sus tres hijas. Fotografía: Francisco Simón Francisco
A pesar de las condiciones, Kevin encontró en esta ciudad fronteriza un espacio libre para bañarse, jugar, bailar y lavar la ropa, junto a su esposa de 20 años y sus 3 hijas, una de ellas mexicana.
Durante los meses que lleva viviendo en Ciudad Acuña, se han encontrado con distintas situaciones: “aquí en Acuña hay gente buena y gente mala, nos hemos topado a las dos, pero gracias a Dios han sido en su mayoría buenas”.
Al consultarle sobre quiénes son las “malas personas”, indica que se trata de personas racistas que salen con machetes y les gritan que no pueden permanecer en las orillas del río Bravo, también personas que fuman cristal “a esos vatos sí hay que tenerles miedo, por cincuenta o cien pesos te venden, incluso a las mujeres se las llevan, las violan y aquí los vecinos, aunque miran nunca hacen nada”, indicó.
El retorno a Honduras no es una opción
“Regresar a mi país en donde mi hogar fue arrasado por las tormentas, no es una opción; mi meta es llegar a Estados Unidos para trabajar y ahorrar lo suficiente, por si luego me retornan, -deportan- a Honduras, así ya tengo algunos recursos para sobrevivir con mi familia. Allá no hay futuro, no hay nada, allá quienes gobiernan son las pandillas y en cualquier rato vuelven a dar un golpe de Estado”, expresó Kevin.
“Si pones un negocio la mara te extorsiona y quieren más de lo que ganas, si no la pagas te matan. Y luego con la pandemia, las tormentas, lo perdí todo, perdí mi casa. Mi familia en Honduras está empezando de nuevo”, agregó.
Al consultarle a Kevin, cómo las personas aún sobreviven en Honduras, respondió con melancolía: “arroz y frijoles no faltan gracias a Dios, ni las tortillas. Se busca sobrevivir. Allá la gente está volviendo a empezar porque perdimos todo por la tormenta. El departamento de Lima quedó borrado, todo fue devastado. Mucha gente hasta el sol de hoy todavía sigue limpiando sus casas y el gobierno solo llegó con unas bolsas solidarias con arroz y frijol duro”.
La población hondureña, al menos, tendrá que pasar 20 años para que pueda recuperarse de los daños provocados por las tormentas ocurridas en noviembre de 2020, según el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FODESH) citado por el medio BBC News Mundo en 2020.
El ciclo migratorio para los hondureños se da en un contexto adverso y antimigratorio. Las cifras presentadas en un informe de la OIM de enero a septiembre de 2021, reflejan un aumento en el retorno de carácter forzado, es decir la deportación, puesto que durante estos meses han sido retornados al menos 39 mil 960 migrantes.
De este número, 35 mil 231 desde México y 4 mil 293 procedentes de Estados Unidos, que en comparación con el año anterior incrementó la cantidad, dado que para 2020 fueron retornados desde México 18 mil 199 personas y 12 mil 593 desde EE. UU, lo que indica que la migración hondureña va en aumento y cada vez más personas quieren salir de las precarias condiciones en las que se encuentran.
La historia de Kevin y su familia retrata el éxodo de la migración centroamericana que implica múltiples riesgos y vulneraciones para quienes salen en condición de irregularidad. La situación sociopolítica, económica y ambiental de Honduras y de otros países centroamericanos ha provocado que esto siga convirtiéndose en la única salida para miles de personas que ya han perdido las esperanzas en su lugar de origen.
Kevin y su familia permanecen en una zona fronteriza militarizada, con cámaras y helicópteros de vigilancia que intentan detectar a cualquier migrante a su paso. A pesar de ello, aún se aferran al “sueño americano”. En su plan no cabe el retorno a su país, pues aseguran que su meta sigue siendo llegar a Estados Unidos.
Un helicóptero y cuatro agentes de la Patrulla Fronteriza vigilan la zona fronteriza del río Bravo. Fotografías: Francisco Simón Francisco
Mientras Kevin termina su relato, un helicóptero de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos sobrevuela el río. Del otro lado, una radiopatrulla con dos agentes estadounidenses observa fijamente al joven y su familia. “Creen que soy migrante o coyote”, finaliza.
