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Radio Zapatista

Caravana “El Sur Resiste” – día 1: Pijijiapan y Tonalá (costa de Chiapas)

Texto: ¡El sur resiste!
Audios extraídos de: Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio
Edición: Radio Zapatista
Fotos: Observatorio Memoria y Libertad, CNI y Medios libres

Ejido de Progreso, Pijijiapan, Chiapas

La Caravana partió del Ejido La Gloria, en donde el Consejo Autónomo Regional de la Costa de Chiapas realiza diversas actividades relacionadas al aprendizaje y compartición de saberes sobre agroecología y eco-técnicas; de ahí nos trasladamos al Ejido de El Progreso en donde se realizó una marcha y mitin político.

En el domo de la plaza central se escuchó la palabra del Consejo Autónomo, el cual compartió su experiencia de casi 30 años en lucha la cual se ha concentrado, pero no reducido, a denunciar y resistir las altas tarifas eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad y quienes exigen que se aplique el reconocimiento constitucional de la energía eléctrica como un derecho humano y por lo cual debe ser garantizado por el Estado mexicano.

“Por qué tenemos que elegir entre comer, entre la ropa, y pagar un recibo de 1500 pesos o 3000 pesos, somos campesinos, obreros, pescadores; no tenemos para pagar estas cuotas. Exigimos que, así como hay empresas de energía en Chiapas, que tengamos derecho a tener luz.”

(Integrante del Consejo Autónomo Regional de la Costa de Chiapas)

Miembros del Consejo Autónomo también enfatizaron que su organización también se intersecta con otras problemáticas como lo es la imposición de proyectos que promueven un supuesto desarrollo pero que, en cambio, solo traen afectaciones ambientales y económicas para sus habitantes; la violencia en contra de la mujer y la falta de respeto a los derechos de las comunidades fueron también problemáticas mencionadas en el mitin.

Una mujer relató cómo el gobierno ha llegado prometiendo carreteras, hospitales y escuelas a cambio de permitir que se lleven a cabo proyectos mineros; pero las comunidades han resistido y se han organizado para evitar que las minas lleguen a esta región. Dentro de las funciones del Consejo Autónomo se encuentra la concientización en las comunidades para alertar sobre las promesas falsas del gobierno a cambio de aceptar proyectos de toda índole (inmobiliarios, mineros, energéticos y programas asistenciales).

Se habla también de la intención del gobierno y de las empresas de adueñarse de todo, del agua, de los recursos, de la alimentación, de la selva y hasta de los hijos e hijas de la comunidad, ante esto, la comunidad menciona seguir en pie de lucha y resistir este robo, mentira e imposición en su territorio.

“Se trata del despojo de todo… se quieren apoderar de nuestras decisiones, de nuestros recursos, se están apoderando de la familia, del agua, del aire. Todo lo que necesitamos para vivir, quieren tener el control. En partes en donde no hay organización lo han logrado, en otros lados, como aquí, hemos logrado resistir.”

(Integrante del Consejo Autónomo Regional de la Costa de Chiapas).

Tonalá, Chiapas

Después de visitar la comunidad de El Progreso, la Caravana El Sur Resiste avanzó hacia la ciudad de Tonalá, Chiapas, en donde se llevó a cabo otro mitin político organizado por Comité de resistencia civil de «Frente Cívico Tonalteco» en el jardín principal frente al Ayuntamiento de la ciudad.

Ahí se habló sobre los megaproyectos llamados “Corredor Transístmico” y el proyecto denominado “Tren Maya”; la voz de los integrantes de varias comunidades del Istmo de Oaxaca, de Veracruz, de la comunidad Otomí residente de la Ciudad de México y del Pueblo de Santiago Mexquititlán fue de rechazo a estos dos proyectos por imponer una política de explotación y violaciones a los derechos de los Pueblos Originarios.

Durante el mitin se mencionó cómo estos dos proyectos son en sí un proyecto de exterminio del Sureste mexicano, ya que arrastran consigo muchos otros proyectos que beneficiarán a industrias extranjeras y no a las comunidades locales, como se ha argumentado incluyendo proyectos de la industria turística, inmobiliaria, energéticos, mineros, textiles, maquileros, agroindustriales, piscícolas, entre otros.

Para ejemplificar esta situación, se mencionó la intención del Gobierno Federal de construir una red de gasoductos que conectaran a Guatemala con la Región del Istmo y la costa de Chiapas (incluyendo la ciudad de Tonalá).

El gasoducto mencionado por los integrantes de la Caravana El Sur Resiste no es el único planificado para la región, en diversas reuniones de empresas energéticas y petroleras, desde el sexenio pasado, y hasta la fecha se ha comunicado por los Gobiernos Federales, y el sector privado, la intensión de conectar los gasoductos – a la par de conectarlos con el Proyecto Tren Maya y el Corredor Transístmico- de las siguientes regionales:

· DUCTO TEXAS-TUXPAN-, VERACRUZ, – DOS BOCAS, TABASCO, con una longitud de 700 km y una inversión de 5000 millones de dólares

· DUCTO: CACTUS, OAXACA-DOS BOCAS, TABASCO, con una Longitud de 60km y una inversión de mil millones de dólares

Las mismas declaraciones del sector privado al respecto de esta macro-red de gasoductos, habla del plan de otorgar dichos proyectos a la inversión privada, lo cual refuerza los argumentos de las comunidades dentro de la Caravana El Sur Resiste que hablan de estos proyectos como iniciativas al beneficio de megaempresas extranjeras y del capital privado.

Militarización y migración

Como se ha hablado en diversas investigaciones y tal como las comunidades han mencionado, los efectos negativos de los proyectos de muerte Tren Maya y Corredor Transístmico se extienden más allá de la destrucción ambiental, también incluyen las violaciones a los derechos humanos de los diversos Pueblos Originarios que habitan estos territorios y la destrucción de su cultura a costo del beneficio de millonarios extranjeros; además del incremento de presencia militar, de la Guardia Nacional, de otros cuerpos policiales, paramilitares y del narcotráfico; y por ende el incremento de la violencia en contra de las personas que habitan estas regiones.

En Chiapas, por ejemplo, se ha llegado a un total de 147 campos militares que se han construido hasta el momento, muchos de estos cuarteles han sido posicionados en proximidad a comunidades base zapatistas.

Uno de los objetivos del Tren Maya y del Corredor Transístmico es crear mega zonas industriales en toda la región del Sureste, que además de convertir a los Pobladores Originarios en mano barata para diversas industrias; sea una zona de contención para migrantes de todo el mundo que comienzan su tránsito hacia los Estados Unidos a través de Chiapas, Yucatán y otras rutas.

Los impactos de esta política ya se perciben de manera tangible en la zona de Chiapas y en la zona que sigue la Caravana del Sur Resiste, tan sólo en nuestro trayecto de Tonalá, Chiapas a Puente Madera, Oaxaca, pasamos más de 9 retenes con personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Policía Estatal, y del Instituto Nacional de Migración, quienes detuvieron a los distintos transportes de la Caravana en al menos 7 ocasiones, fotografiaron a los automóviles, y en cuatro ocasiones subieron a los camiones fotografiando también a los y las participantes.

En el retén que marca la división entre Chiapas y Oaxaca, además de ser fotografiados por los cuerpos oficiales de represión del Estado mexicano, fuimos fotografiados por personas vestidas de civil, que se transportaban en motos y que siguieron nuestro trayecto los primeros metros después de pasar el retén; desconocemos la naturaleza y propósito de estas personas, pero advertimos con la más alta caución su presencia cercana a los elementos militares.

Durante todo el trayecto, pudimos observar diversos grupos de personas que recorren las largas carreteras a pie, y quienes, al vislumbrar los retenes mencionados, se introducen a la maleza que flanquea los caminos pavimentados, muchas veces, en estos caminos les esperan otros riesgos como la explotación y trata a manos de grupos del crimen organizado en contubernio con autoridades locales, el ejército, y otros cuerpos policiales.

En la pequeña parte que pudimos visitar en el estado de Chiapas, los impactos de los megaproyectos Tren Maya y Corredor Transístmico ya se viven en la política de militarización y retención/persecución de personas en tránsito hacia el norte.

Los impactos negativos en materia ambiental y social caminan lento, pero se vislumbra en el futuro cercano, las comunidades hacen un llamado a resistir estos megaproyectos y los diversos proyectos que arrastran consigo; de no resistirlos, la catástrofe ambiental y social se percibe más cercana que nunca.

Para finalizar el día, la Caravana fue recibida en la comunidad de Puente Madera con los miembros de la comunidad portando antorchas y gritando consignas en su su férrea decisión de defender el territorio contra el Corredor Interoceanico.

 

Ve también el reportaje de Radio Pozol

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Avispa Midia

En Argentina, el trigo transgénico ya se mezcla con el convencional

Fuente: Avispa Midia

Por Darío Aranda

En portada: Una jornada de protesta bajo la consigna “Con Nuestro Pan No”, realizada en rechazo al lanzamiento de la primera variedad de trigo transgénico del mundo, hecho en Argentina.

La población de Argentina es la primera en comer pan con trigo transgénico. Así lo confirmó la empresa Bioceres-Indear al informar que 25 molinos ya mezclan el cereal con el trigo convencional. El transgénico, que va junto al peligroso agrotóxico glufosinato de amonio, fue denunciado por más de mil científicos, por productores (tanto agroecológicos como del agronegocio) y por organizaciones socioambientales. Los estudios que señalarían la supuesta “inocuidad” del transgénico son confidenciales y fueron realizados por la propia empresa que lo vende. “Es un hecho de gravedad inusitada desde el punto de vista de la salud pública”, denunció en una carta pública el Instituto de Salud Socioambiental (InSSA) de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

La noticia se conoció mediante un anuncio de Bioceres-Indear a inicios de marzo. Y es de una trascendencia mundial: por primera vez un trigo modificado genéticamente (llamado “HB4”) llega a los alimentos de consumo masivo (pan, pizzas, empanadas, fideos y todos los usos de la harina). Y, más grave, la población no tiene posibilidad de identificar si está comiendo un producto con transgénicos o no: en Argentina no existe un etiquetado de Organismos Genéticamente Modificados (OGM).

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Desde el Instituto de Salud Socioambiental (InSSA-UNR) resaltaron que no hay pruebas científicas independientes y publicadas en revistas académicas que demuestren la inocuidad del trigo HB4 en la ingesta en humanos. Recuerda que, en Argentina, los transgénicos se aprueban en base a “estudios” de las propias empresas y que esos informes son secretos.

El InSSA, que ha confirmado con una publicación científica la incidencia de cáncer en pueblos fumigados, remarca otro factor del trigo transgénico: “Va acompañado con el herbicida glufosinato de amonio, cuya toxicidad sobre el ambiente y la salud ya ha sido demostrada en numerosos trabajos científicos, así como también se ha evidenciado que no se degrada y que incluso es posible detectarlo hasta en ultraprocesados”.

Los investigadores instan a los “decisores de políticas públicas” que atiendan a las evidencias científicas que dan cuenta de los peligros de ese cultivo. “Consideramos urgente que las autoridades prohíban la comercialización e incorporación del trigo Hb4 en las harinas para producción de productos comestibles y/o sucedáneos de la alimentación humana”, remarcan.

En 2020, en una carta abierta, más de mil científicos del Conicet y de 30 universidades públicas de Argentina rechazaron el avance del trigo transgénico: “Esta autorización remite a un modelo de agronegocio que se ha demostrado nocivo en términos ambientales y sociales, causante principal de las pérdidas de biodiversidad, que no resuelve los problemas de la alimentación y que amenaza además la salud de nuestro pueblo confrontando la seguridad y la soberanía alimentaria”. Aportaron decenas de estudios que dan cuenta de los peligros del nuevo transgénico. Nada de eso fue tenido en cuenta por las autoridades estatales.

Bioceres-Indear es la compañía impulsora del trigo transgénico. Se presenta como una “empresa nacional”, con accionistas como el denominado “rey de la soja” Gustavo Grobocopatel y el multimillonario Hugo Sigman, pero desde 2021 cotiza en la Bolsa de Nueva York. Para el transgénico también fue vital el aporte del Estado, mediante recursos y políticas activas del Conicet y la Universidad Nacional del Litoral. Su referenta es la científica Raquel Chan, socia de Bioceres y negadora de las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias del agronegocio.

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Mauricio Macri estuvo a punto de aprobar el trigo durante su gestión, pero frenó la decisión por la advertencia de productores del agronegocio, del Centro de Exportadores de Cereales y la Federación de Acopiadores, ante la posibilidad de perder mercado de exportación (principalmente Brasil). Los consumidores no quieren transgénicos en sus platos. La aprobación final fue en mayo de 2022, cuando Julián Domínguez (entonces ministro de Agricultura) dio luz verde al pedido de Bioceres-Indear (la firma administrativa corrió por cuenta de Luis Gustavo Contigiani).

“La responsabilidad del Gobierno es total. Desde la autorización sin pruebas de inocuidad, sin contemplar los efectos negativos en el campo y también con sus políticas científicas, con Raquel Chan como emblema, al servicio del sector más concentrado del agronegocio”, denunció Agustín Suárez, de la Unión de Trabajadores/as de la Tierra (UTT). Y remarcó la gravedad de este trigo: “No solo se contaminará al trigo convencional sino que este transgénico, y sus agrotóxicos, irán directo a nuestros cuerpos, al de nuestros hijos. Las consecuencias serán muy graves y se verán en el mediano y largo plazo. Es criminal”.

Desde la Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe, que desde hace dos décadas denuncia los impactos del agronegocio en la salud y el ambiente, precisaron que el herbicida glufosinato de amonio es “mucho más tóxico que el glifosato y está comprobado sus efectos teratogénicos, neurotóxicos y genotóxicos”.

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La Multisectorial, que forma parte de la campaña “Con nuestro pan no” (que reúne a decenas de organizaciones de todo el país) alertó el efecto en los productores: “No es posible la coexistencia de trigo transgénico y no transgénico debido al proceso de ‘contaminación genética’ que ocurre durante la polinización y cuyos residuos de agrotóxicos quedarán en la harina obtenida. En sociedades empobrecidas y culturalmente trigo-harina dependientes, es un claro peligro de salud pública”. Y advierte que el mecanismo por el cual se autorizó el transgénico viola la Ley General del Ambiente y el artículo 41 de la Constitución Nacional, entre otras normas de protección de la salud y el ambiente. Exigen el cese de la siembra del transgénico, el freno a la mezcla con el trigo tradicional y recuerdan: “La salud no se negocia”.

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Avispa Midia

Sigue en marcha proyecto para “desarrollo ” del sur de México; bajo mando de EEUU

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

La semana pasada, el 18 de abril, los gobernadores del sur-sureste mexicano se reunieron, por séptima vez, desde 2021, con el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, para “impulsar el desarrollo sostenible” de la región.

Durante el encuentro, que ocurrió en Tuxtla Gutierrez, Chiapas, la titular de la Secretaria de Medio Ambiente y História Natural (Semahn) de esta entidad, María del Rosario Bonifaz Alfonzo, dio a conocer los avances de la mega iniciativa de “conservación y desarrollo sostenible” llevada a cabo en los siete Estados, con el apoyo de la embajada de los Estados Unidos, The Nature Conservancy (TNC), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

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De acuerdo con la secretaria, la iniciativa buscará la conectividad en corredores ecológicos y bioculturales, restauración y regeneración de ecosistemas degradados ante el cambio climático y sistemas productivos sostenibles compatibles con la conservación.

Los gobernadores y las secretarías de Medio Ambiente, Cambio Climático, Biodiversidad y Desarrollo Sustentable de los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán han conformado la iniciativa.

Durante el evento, el grupo de titulares y equipos técnicos de las siete secretarías trabajaron, bajo la asesoría de TNC y PNUD, en el diseño de las bases de operación del mecanismo a través de la definición de temas y regiones prioritarias.

El embajador Salazar, reconoció la disposición de los gobernadores para trabajar coordinados en busca de mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos atrayendo proyectos e inversión que permite mayor empleo y bienestar social. “Hay muchas oportunidades en el Sur-Sureste” afirmó

Las regiones prioritarias establecidas para el año de 2023 son Selva Maya – Península de Yucatán (Campeche, Quintana Roo y Yucatán); Corredor Chimalapas – Selva Zoque (Chiapas, Oaxaca y Veracruz); y la Región Serrana Chiapas-Tabasco de Huitiupán-Tacotalpa (Tabasco – Chiapas).

Recientemente se lanzó la convocatoria “Mecanismo de Cooperación para la Conservación y Desarrollo Sustentable de los Paisajes del Sur-Sureste de México 2023”, con la cual entra en operación el primer ciclo de financiamiento de la iniciativa, con la aportación de 1 millón de dólares por parte de la USAID. Esta es la primera convocatoria pública para la selección de hasta cinco iniciativas de conservación que recibirán una aportación de capital semilla.

El mecanismo está enmarcado en el proyecto Comunidades Prósperas y Sostenibles, impulsado por la USAID y liderado por la TNC, para “el desarrollo sustentable de los paisajes del sur-sureste de México cuyo propósito es impulsar la inversión estratégica de recursos financieros para la incubación, la movilización de capital semilla y la atracción de inversión privada que aceleren iniciativas emblemáticas impulsadas por los gobiernos estatales del sureste para la conservación y el desarrollo sostenible de la región”, según la convocatoria.

El mecanismo de cooperación surge como uno de los acuerdos plasmados en la Carta de Intención firmada entre los gobiernos estatales de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Yucatán con USAID y TNC en el marco del Tercer Encuentro de Gobernadores, realizado en febrero de 2022 en Quintana Roo. Dicha Carta de Intención busca coordinar esfuerzos para promover la conservación y el desarrollo sostenible del Sureste de México.

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Área de Interés

Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Oaxaca son los estados que poseen el segundo macizo forestal más grande del continente, al contar con una extensión de 332 mil 099.81 km2, equivalente al 17% del territorio nacional, con una población de 25 millones 248 mil 399 habitantes, lo que equivale al 20% de la población nacional, de acuerdo con el (INEGI, 2020), donde el 60% de las etnias presentes del país están representadas en esta región.

Es una zona rica en especies de vertebrados, plantas vasculares y artrópodos y tiene más de 535 especies de mamíferos, más de 1 mil especies de aves y animales marítimos. Allí están presentes los 10 tipos de vegetación de México, alberga 14 regiones hidrológicas que integran una importante red hidrográfica.

Otros proyectos

Las empresas de la American Chamber of Commerce de México (AmCham) han participado desde el primer encuentro en 2021. A través de distintos proyectos invertirán mas de 600 millones de pesos en la región. De acuerdo con comunicado emitido por la embajada de los Estados Unidos, más de 200 comunidades indígenas “se verán beneficiadas”. Además, más de 35 mil micro, pequeñas y medianas empresas y 26 universidades e institutos “también se beneficiarán”.

El director general del Consejo Mexicano del Negocio (CMN), Rolando Vega Sáenz, sostuvo que este espacio permite generar alianzas entre los Gobiernos Estatales y la Embajada de EUA, con el objetivo de realizar proyectos que fomenten el desarrollo de las empresas y generar condiciones propicias para que México y sus regiones sean atractivos a la inversión.

Entre las empresas internacionales presentes estuvieron Organon, Visa, Meta, Amazon y Google. La próxima reunión ocurrirá en Cancún, la fecha no fue anunciada.

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Radio Zapatista

Inicia la Caravana “El sur resiste 2023”

Hoy dio inicio en la ciudad de Pijijiapan, en la costa de Chiapas, la Caravana “El sur resiste 2023“, que en un período de 10 días  recorrerá el Sur/Sureste mexicano por los territorios afectados por el megaproyecto interconectado “Tren Maya / Corredor Interoceánico” articulando los pueblos, comunidades, colonias, barrios y organizaciones indígenas, campesinas, feministas, sindicales, populares y de la sociedad civil que están en lucha y resistencia ante distintas formas de despojo del Estado y el capital mundial y patriarcal. En el transcurso de esos 10 días, pueblos indígenas de los territorios afectados por los megaproyectos recorrerán los puntos de mayor conflicto a lo largo de seis estados del sureste mexicano, con el objetivo de hermanar sus luchas y presentar un frente en común. Al mismo tiempo, una llamada de acción global convoca a realizar acciones globales durante las fechas del recorrido.

La caravana concluirá con un Encuentro Internacional El Sur Resiste en las instalaciones del Caracol Jacinto Canek, en San Cristóbal de Las Casas, los días 6 y 7 de mayo.

Toda la información sobre la caravana y encuentro aquí: www.elsurresiste.org

El compañero Diego Osorno explica el sentido de la iniciativa en este artículo de opinión.

Compartimos abajo un reportaje sobre el inicio de la caravana, publicado por Pie de Página.

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El Sur Resiste – dia de acción 25 de abril

Caravana, encuentro internacional y jornadas de acción global del 25 de abril al 7 de mayo 2023

¡Apoya la resistencia indígena contra los megaproyectos destructivos en México!

Bajo la participación de empresas europeas, actualmente se están construyendo en el sureste de México dos megaproyectos relacionados entre sí. Estos proyectos de infraestructuras a gran escala, que consisten en autopistas, ferrocarriles, zonas económicas especiales para la industria y proyectos de construcción para el turismo de masas, amenazan con destruir la segunda selva tropical más grande de América, contaminar enormes reservas de aguas subterráneas y desplazar y privar de derechos a las comunidades indígenas. Dado que el ejército mexicano está en parte a cargo de la construcción, e incluso se supone que gestiona una sección de la ruta y recibe los ingresos, los dos megaproyectos sirven también para militarizar el sur indígena y para ahuyentar a los migrantes de América Central. Alemania está representada por Deutsche Bahn, que afirma ser “el protector del clima más rápido de Alemania”. No sólo gana dinero con la tala de la selva tropical, sino que también viola el derecho reiteradamente garantizado de las comunidades indígenas a decidir por sí mismas lo que ocurre con sus tierras. El nombre del proyecto resume bien su cinismo: Para el llamado “Tren Maya”, se amenaza a los indígenas mayas con la expulsión y la privación de sus medios de vida. Sin embargo, hace tiempo que está claro que la protección de las comunidades indígenas es sinónimo de protección medioambiental: ¡el 80% de la biodiversidad que queda en el mundo se encuentra en territorio indígena!

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Avispa Midia

Ecuador | Pueblos se organizan para expulsar a la minera británica Anglo American

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En Ecuador, El Frente de Defensa del Agua, la Vida y la Naturaleza del cantón Pangua, el Frente Nacional Antiminero y el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi reunidos en la Asamblea Plurinacional Antiminera, el último 15 de abril, denunciaron la presencia ilegal e inconstitucional de la empresa minera británica Anglo American en el territorio de Pangua, en la Provincia de Cotopaxi, en el centro del Ecuador, “pues no ha existido la Consulta Previa, Libre e Informada”.

Los activistas se oponen a la “pretendida socialización ambiental” realizada por el Ministerio del Ambiente del país ya que argumentan que, “no cumplieron el requisito básico para el otorgamiento de las licencias ambientales a la empresa minera; además, se han vulnerado los artículos 56 y 57 en su numeral 7 de la carta magna, donde se establecen los Derechos Colectivos”.

Asamblea Plurinacional Antiminera realizada el 15 de abril

Una de las resoluciones de esta asamblea exige a la minera Anglo American que retire su maquinaria, personal e instalaciones del Cantón Pangua, en un plazo de 14 días, es decir, hasta el 29 de abril, en particular que salga de las comunidades Punta Brava y Guapara.

Otra de las decisiones es que se realizará una consulta popular, vía Corte Constitucional, para “oponernos a la extracción minera en el cantón Pangua”. Esto se impulsará como iniciativa ciudadana aplicando el artículo 104, párrafo cuarto, de la Constitución de la República del Ecuador.

Exigen que las autoridades locales electas acaten las resoluciones asamblearias y de autoconsulta del pueblo Pangua por la defensa del agua, la vida y la naturaleza.

La asamblea, que está constituida por diversos pueblos, sostienen firmemente prohibir la entrada a corporaciones mineras en sus territorios, por ello respaldan la llamada Acción de Lucha Plurinacional Frente a las Empresas Mineras convocada para el 5 de junio en el territorio nacional, para “exigir a las autoridades mediante mandato popular la declaratoria de nuestros territorios libres de minería”.

 

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Avispa Midia

Brasil | Bolsonaro es responsable por emitir más de 50 millones de toneladas de CO2

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Foto por greenpeace

La semana pasada la revista científica Scientific Reports, del grupo Nature, lanzó un estudio donde documenta que entre los años 2013 y 2021 la deforestación aumentó en 129% en territorios indígenas, a la par, se aceleró la minería ilegal en estas mismas zonas. Esto fue causa de la emisión de 96 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), del cual se responsabiliza en un 59% al gobierno del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por un equivalente a 57 millones de toneladas de CO2.

El CO2 es uno de los principales gases emitidos hacia la atmosfera responsable por el llamado efecto invernadero, que a su vez es uno de los responsables del aumento de la temperatura en el planeta.

Solo en los tres primeros años de gobierno de Bolsonaro se registró un aumento del 195% en la deforestación con un avance del 30% hacia tierras indígenas establecidas en la selva, alcanzando áreas anteriormente conservadas. El año 2020 es considerado como el de mayor tasa de deforestación de la década, alcanzando más de 10 kilómetros cuadrados deforestados, para dar paso a la minería y la agricultura industrial.

Esta destrucción de la selva fue superada en 2021, con un aumento del 20% de salva talada, alcanzando los 13 mil kilómetros cuadrados, según constató el equipo que trabajó en esta investigación, el cual esta conformado por científicos de diez instituciones y universidades ubicadas en Brasil, Estados Unidos, Holanda y Reino Unido, además de investigadores del IPAM (Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia).

Por ello, el equipo de científicos sostiene que urge al actual gobierno de este país sudamericano, presidido por Luiz Inacio Lula da Silva, frenar la deforestación en los territorios indígenas, ya que son considerados territorios determinantes ante la crisis climática. Así mismo se recomienda garantizar los derechos de estos pueblos sobre sus tierras.

Según el informe, los territorios indígenas en Brasil albergan alrededor de 700 mil indígenas y más de la mitad de ellos se encuentra en la Amazonia brasileña. Estos territorios concentran más de un millón de kilómetros cuadrados de selva tropical que contribuyen a la regulación del clima, además de albergar una gran biodiversidad y diversidad sociocultural.

“Durante el gobierno de Bolsonaro, con el debilitamiento de las instituciones ambientales y los intentos inconstitucionales de explotar económicamente estos territorios, la deforestación ha aumentado significativamente. Los resultados de nuestro trabajo, por lo tanto, son una importante contribución al nuevo gobierno en la reconstrucción del sistema de gestión ambiental del país”, valora Celso Henrique Leite Silva Junior, investigador del IPAM.

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Avispa Midia

A seis años de su prohibición, organizaciones alertan reactivación de minería en El Salvador

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Protesta antiminera en El Salvador. Organizaciones rechazan la criminalización de líderes comunitarios por su destacada lucha contra la industria extractiva en el norte del país centroamericano.

Los últimos días de marzo marcaron el sexto aniversario de la prohibición de la minería metálica en El Salvador. Pese a la celebración, organizaciones sociales y ambientales exigen mantener la proscripción de la industria extractiva ante acciones del gobierno de Nayib Bukele que muestran señales para su reactivación.

La Mesa Frente a la Minería Metálica es una de las organizaciones que denunciaron que la actual administración pretende reactivar la minería de oro y plata, lo cual pone en riesgo al río Lempa, el principal afluente del país, en cuya cuenca se ubican los principales proyectos mineros.

Mediante pronunciamiento, la Mesa exigió al presidente y a la Asamblea Legislativa a “descartar cualquier intención de reforma, derogación o implementación de leyes paralelas que la contradigan”, en referencia a la reglamentación que convirtió a El Salvador, en 2017, en el primer país del mundo en prohibir la extracción minera en su territorio. En aquel momento, la nación centroamericana argumentó que la minería es inviable debido a condiciones como su estrechez territorial, alta densidad poblacional y grave crisis hídrica.

En conferencia de prensa, los ambientalistas señalaron que se encuentran en alerta debido a las amenazas de reactivación de la minería, debido a que el actual gobierno está recibiendo presiones de las empresas internacionales para darle apertura nuevamente a dicha industria, pese a que “las condiciones ambientales que hacían inviable la minería, ahora son aún más graves que cuando se aprobó la ley”.

Golpe a organización antiminera

Más de 50 organizaciones se adhirieron a la exigencia de mantener la prohibición de la industria extractiva. Una de las firmantes es la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), cuyo director ejecutivo, Antonio Pacheco, se encuentra detenido desde enero de este año, junto a otros cuatro activistas antimineros, tras alertar sobre el posible retorno de la minería al país centroamericano.

Por ello, las organizaciones demandaron “el cese de la persecución contra líderes comunitarios y que el aparato judicial no sea utilizado para criminalizar a defensores ambientales, sobre todo cuando a ellos el país les debe el estar a salvo de los graves daños de la minería metálica”.

Los activistas detenidos forman parte de la comunidad de Santa Marta en el departamento de Cabañas, cuya región, al norte del país, se encuentra en la mira de empresas mineras para extraer oro y plata.

Fue en el periodo de 2000 al año 2017, cuando empresas canadienses y australianas mantuvieron acciones para implementar la minería, en oposición a las comunidades de la región.

Con la detención de los líderes comunitarios, a principios del 2023, las comunidades acusan irregularidades en el proceso judicial. Señalan que fueron acusados, sin pruebas, de un crimen supuestamente cometido en el marco del conflicto armado hace 30 años, ignorando procesos jurídicos establecidos y violando la Ley de Reconciliación Nacional. Resalta que los detenidos tienen una larga historia de lucha antiminera en Cabañas, por lo que las organizaciones denuncian que la motivación real del gobierno es debilitar la resistencia minera en la zona.

Amenaza latente

De acuerdo a los ambientalistas, existen más de 50 proyectos mineros que amenazan con contaminar el río Lempa, el cual abastece de agua a más de 3 millones de salvadoreños.

Debido a esta cantidad de proyectos y las iniciativas del presidente Bukele, quien promueve la inversión en infraestructura como el Tren y el Aeropuerto del Pacífico, así como la ciudad Bitcoin, las organizaciones señalan diversas acciones gubernamentales que indican el regreso de la minería.

Por ejemplo, indican que, en mayo de 2021, El Salvador se hizo miembro del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible, una red de 77 países que promueve la minería metálica en el mundo.

Para octubre del mismo año, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva ley, creando la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas con el mandato de fomentar la minería en el país. Además, el presupuesto del país para este año incluye $4.5 millones de dólares para “revisar y actualizar” la ley que prohíbe la minería metálica.

Pendientes

En conferencia de prensa, miembros de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica pidieron al Estado retomar el estudio de un proyecto de ley para sustituir al actual reglamento para garantizar la prohibición de la minería metálica en el país centroamericano.

Ariela González, integrante de la Mesa, sostuvo que, a seis años de la creación de la Ley de Prohibición Contra la Minería Metálica, muy poco se ha avanzado en reducir los daños al ecosistema que dejaron las empresas mineras. Por ello, la ambientalista pidió al Estado salvadoreño cumplir con obligaciones pendientes, como ejecutar los cierres técnicos de minas en abandono y procesos de remediación ambiental además de que se prohíba la minería artesanal.

“Que se tome en cuenta la propuesta para un nuevo reglamento de la Ley de Prohibición Contra la Minería Metálica propuesta en noviembre de 2022 por la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica de El Salvador para evitar la contaminación del agua y que esta siga ocurriendo, así como contrarrestar la posibilidad de que surjan más drenajes ácidos en minas”, dijo González.

Los ambientalistas también pidieron a los diputados de la Asamblea Legislativa aprobar una reforma a la Constitución de la República para prohibir la minería metálica en todas sus modalidades y que se implemente la Ley General de Recursos Hídricos para suscribir convenios internacionales para detener la contaminación del río Lempa.

El pasado 4 de marzo, más de 400 líderes de comunidades de Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas, La Libertad, La Paz y otros departamentos convergieron en el Encuentro Nacional frente las Nuevas Amenazas de la Minería Metálica en El Salvador para protestar contra la represión en Cabañas y para seguir posicionándose en contra de la minería metálica en todo el país.

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Noticias de Abajo

Noticias de Abajo – 15 abril 2023

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INTERNACIONALES

  • FRANCIA: Llamamiento internacional – Somos el agua que se defiende! Más de 300 organizaciones de todo el mundo invitan a reforzar las alianzas internacionales en defensa del agua y apoyar la lucha contra los mega estanques en Francia. Fuente: Les soulevementsdelaterre
  • SALVADOR: El Aeropuerto del Pacífico responde a una lógica regional de conectar el Tren Maya en México, Tren Bicentenario en Guatemala y Tren del Pacífico en El Salvador para la extracción de recursos. Fuente: Avispa Midia
  • WALLMAPU CHILE: Declaración conjunta de organizaciones Mapuche del weichan frente a la Ley Nain-Retamal / LNM – RMM – WAM – RML. Fuente La Zarzamora
  • PELLMAPU ARGENTINA: En Mendoza, repudio de la comunidad científica a resolución parlamentaria que no reconoce al pueblo mapuche. Fuente La izquierda diario.

DESDE EL OMBLIGO DEL MOUSTRO

  • OAXACA: Asesinato de Felix Vicente Aquino defensor del territorio opositor al Corredor Interoceanico Autoridad local y militante de Sol Rojo en «El morro» Ixhuatan. Fuente: Tierra y Territorio.
  • CDMX OAXACA: PRESXS POLITICOS: Organizaciones y colectivos se manifestaron en el reclusorio oriente, contral el montaje y por la libertad del Yorch, Jorge Esquivel. Audio del Yorch desde prisión. Fuente: Noticias de Abajo.
  • EDI DE MEX y CDMX DESAPARECIDAS: Nos falta Inof, rapera mexicana desaparece en el Estado de México, organizaciones exigen su aparición con vida. Fuentes: Redes
  • MICHOACÁN: Comunidades indígenas toman carreteras en defensa de autonomías. Con el objetivo de visibilizar y defender los procesos de autonomía que viven en sus comunidades, reconociendo a Zapata como precursor de las autonomías indígenas contemporáneas. Fuente: CNI
  • CDMX: #MagdalenaContreras: Manifestación de los vecinos Contrerenses en contra de los mega proyectos de muerte que propicia el gobierno de la ciudad de Claudia Sheinbaum.
  • PUEBLA: Despues de 8 años de batalla legal, la comunidad nahua y el ejido de Tecoltemi en la Sierra Norte de Puebla logra la cancelación definitiva de concesiones mineras en el municipio de Ixtacamaxtitlán Fuente: Consejo Tiyattlali.

 

radio
Radio Zapatista

CONACYT censura investigación sobre el Tren Maya

Investigación censurada por CONACYT:
“Territorios mayas en el paso del tren.
Riesgos previsibles y posturas independientes sobre el Tren Maya”

Académicos y académicas, coordinadorxs de un proyecto de investigación sobre el Tren Maya convocado por el CONACYT, denunciaron que, ante los resultados críticos de la investigación, dicha institución se negó a que la misma se publicara con su sello. Según lxs denunciantes, “Ecosur ofreció hacerlo pero CONACYT prohibió a todos los centros CONACYT, poner su sello”.

Finalmente, después de cuatro años, la editorial Bajo Tierra publicó el libro Territorios mayas en el paso del tren. Riesgos previsibles y posturas independientes sobre el Tren Maya.

Puedes descargar el libro en nuestra sección de libros para desgargar. También puedes adquirir la edición impresa o hacer una donación en https://bajotierraediciones.com/.

 

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