Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes

^{En portada: Campamento del pueblo Munduruku para detener el flujo de soja, mercancía clave del agronegocio que se expande en la amazonía brasileña. Foto: movimiento Munduruku Ipereğ Ayũ}

Desde el pasado martes (25), caciques, cacicas, líderes, guerreros, infancias y chamanes del pueblo Munduruku mantienen un bloqueo en la carretera transamazónica ubicada en la ciudad de Itaituba, estado de Pará, norte de Brasil, para exigir la derogación de la Ley 14.701 la cual establece la tesis jurídica del Marco Temporal.

Ampliamente defendida por el agronegocio y las industrias extractivas, la tesis del Marco Temporal propone que los pueblos indígenas sólo tendrán derecho a la demarcación de sus tierras si los mismos estuvieran ocupando dichos territorios en el momento de la promulgación de la Constitución Federal brasileña, el 5 octubre de 1988.

El pueblo Munduruku, como muchas otras comunidades en Brasil, considera esta tesis como una violación a sus derechos como pueblos originarios, pues ignora la ocupación ancestral de sus tierras mucho antes de la formación del propio estado brasileño, así como el hecho de que diversos pueblos indígenas han sido desplazados forzadamente de su territorio por el propio gobierno y empresas.

La ley fue aprobada en octubre del 2023 y, pese a que el presidente Lula da Silva emitió un veto en su contra, el Congreso Nacional anuló la acción del ejecutivo en diciembre del 2023. Para abril del 2024, el Tribunal Supremo Federal (STF, por sus siglas en portugués), determinó la suspensión, en todo Brasil, de los procesos judiciales que discuten la constitucionalidad del Marco Temporal hasta que dicho tribunal se manifiestre sobre el tema.

En agosto del 2024, el ministro Gilmar Mendes, miembro del STF, instaló una mesa de conciliación, la cual ha sido rechazada por la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), quien decidió retirarse de la mesa por considerarla una negociación “forzada e ilegítima” de sus derechos. A pesar de la retirada de la representación indígena, la mesa continúa sus trabajos.

En el estado de Chiapas, las y los habitantes de los pueblos originarios que comprenden los territorios desde San Cristóbal de las Casas hasta Palenque, preocupadas y preocupados por las recientes acciones emprendidas por el Gobierno Estatal, con las que se pretende simular un proceso de consulta para la destrucción de nuestros hogares ancestrales con la construcción de una Autopista, en el ejercicio de nuestra autonomía y del derecho colectivo a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, nos unimos para manifestar nuestro rotundo rechazo a cualquier megaproyecto que pueda afectar y despojarnos de nuestro territorio, cultura medio ambiente. Suscribimos la presente declaratoria

CONSIDERANDO:

Que la Madre tierra y el territorio que habitamos construyen nuestro modo de ser pueblos originarios con una cultura, cosmovisión, una manera única de sentir-pensar la vida toda.

Que Nuestro territorio es parte del cosmos en el que todas sus partes (cerros, ojos de agua, animales diversos, manantiales, viento) están vivas, tienen espíritu-ajaw, se encuentran unidas y se relacionan entre sí, viven y conviven en armonía, una armonía que nuestros antepasados cuidaron y respetaron; es nuestra herencia ancestral.

Que la gente de los pueblos originarios mayas somos parte de esta gran casa común y nuestros abuelos y abuelas nos enseñaron a cuidar y respetar la vida que ahí se habita, manteniendo la armonía con la creación, la humanidad y con Dios, siendo nuestro territorio el núcleo fundamental de nuestra existencia, identidad y bienestar.

Llevamos en el corazón que la madre tierra es sagrada, ella nos da de comer, de beber, nos da alegría al corazón, es nuestro deber preservar su equilibrio en nuestro corazón y en el universo para que la vida que dejaron nuestros abuelos y abuelas la sigan disfrutando nuestros hijos e hijas.

Ante el proyecto de la construcción de la Autopista Palenque-San Cristóbal significa una amenaza para nuestro territorio que lo afecta, destruye y que nos despoja no solo de un pedazo de tierra, sino de la vida que ahí se habita: manantiales, animales, árboles diversos y de nuestra identidad que nos hace ser pueblo.

Es por ello, que habitantes mayas de comunidades de los municipios afectados nos adherimos a esta declaratoria. Mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, después de dialogar y analizar

ACORDAMOS:

Primero. Declaramos que nuestro territorio indígena, pueblos originarios mayas, son parte de la madre tierra sagrada. Que nuestra existencia depende de la armonía que mantengamos con la vida que habita en ella.

Segundo. Declaramos que nuestro territorio indígena maya rechaza el proyecto de la Autopista Palenque a San Cristóbal y cualquier proyecto que no sea compatible con nuestra forma de vida, cosmovisión y con el cuidado de la madre tierra.

Tercero. Nuestro territorio es declarado cultura viva y territorio libre de megaproyectos. Esta protección de la tierra se ampara en el derecho internacional y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el derecho a la libre determinación, autogobierno y autonomía, a decidir nuestra propia forma de desarrollo o existencia y a la preservación de nuestros entornos territoriales.

Cuarto. Que toda acción del gobierno de la Federación, del Estado y de los municipios tiene que ser dialogada y acordada con los pueblos y comunidades originarias, de acuerdo con nuestra palabra y sistema normativo indígena. Por ello, rechazamos cualquier acción que no se tome con las costumbres y autoridades tradicionales de la comunidad: asamblea comunitaria y principales. Cuestiones que se garantizan como consulta previa, libre e informada, para obtener el consentimiento bajo las formas representativas y de organización de los pueblos indígenas y mediante procedimientos culturalmente adecuados, conforme a la Constitución Mexicana, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y otros instrumentos internacionales de derechos humanos.

Quinto. Como pueblos indígenas haremos las gestiones y acciones jurídicas, políticas y de organización necesarias para el cuidado y respeto de la madre tierra, para la preservación de nuestros territorio, la defensa de nuestros derechos colectivos, así como de nuestra forma de vida como integrantes de los pueblos indígenas chiapanecos.

“El territorio es agua, viento, animales,
árboles, cultura, cosmovisión, fe,
Es nuestra identidad maya”
“Porque el Territorio es nuestro”

San Cristóbal de las Casas, Chiapas a 31 de marzo del 2025
Firman pueblos, comunidades y personas organizadas y unidas
por la vida de nuestro territorio

Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio

^{En portada: Integrantes del Modevite anunciaron la presentación de amparos contra las “consultas” recientes del gobierno estatal para autorizar la construcción de la autopista Palenque-San Cristóbal.}

Por la violación reiterada a los derechos humanos, trece municipios mayas presentaron dos amparos contra los lineamientos para llevar a cabo consultas públicas y para exigir la información sobre los impactos ambientales, culturales y sociales relacionadas con la construcción de la autopista Palenque – San Cristóbal de Las Casas. 

El 17 de febrero de 2025, Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas, publicó en el Periódico Oficial del Estado los lineamientos sobre la consulta pública que no contemplan la forma efectiva en la que las comunidades indígenas van a participar para garantizar su derecho a la libre determinación. 

Al día siguiente, se emite la convocatoria para preguntar sobre la construcción del primer tramo carretero de este proyecto Palenque-Ocosingo y el 23 de marzo colocaron tres casillas en las cabeceras municipales de Palenque, Salto de Agua, Tumbalá, Chilón y Ocosingo. 

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Como resultado, este 31 de marzo interpusieron los dos amparos: el primero, reclama la inconstitucionalidad de los lineamientos, por la razón fundamental de la doble dimensión en la discriminación hacia pueblos y comunidades indígenas. 

En otras palabras, los lineamientos no fueron consultados a los pueblos y comunidades antes de elaborarse y de ser publicados. En su contenido, tampoco establece de manera específica el proceso de participación y su aplicación es homogénea. 

El Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE), el Gobierno Comunitario de Chilón y comunidades organizadas por el territorio publicaron un boletín en el que manifiestan su repudio al proyecto de la autopista San Cristóbal de Las Casas–Palenque y a la construcción del primer tramo de Palenque a Ocosingo. Dicho proyecto se ha promovido desde el gobierno de Juan Sabines Guerrero y Felipe Calderón (2006–2012), pero no se ha podido concretar debido a la resistencia de las comunidades organizadas, que se verían afectadas social, cultural, ecológica y económicamente.

El presente gobierno de Eduardo Ramírez pretende ahora llevarlo a cabo, supuestamente con la aprobación de los pueblos indígenas e individuos afectados. Para tal, se realizó el pasado 23 de marzo una “consulta pública” que, según denunciaron las organizaciones y pueblos citados, fue claramente amañada, sin información previa de los impactos ambientales, sociales y culturales, sin invitación previa a las comunidades afectadas, con votación de personas fuera del municipio que no se verían afectadas. Ante dichas violaciones, se presentaron dos amparos el pasado 31 de marzo.

Ese día, el MODEVITE realizó una rueda de prensa en San Cristóbal de Las Casas, que reproducimos aquí:

Boletín de prensa
31 de marzo de 2025, San Cristóbal de las Casas, Chiapas

A los medios de comunicación nacionales e internacionales
A los Pueblos Indígenas en resistencia por la vida y por la Madre Tierra
A las organizaciones y centros de Derechos Humanos
A las autoridades municipales, estatales y federales

Nosotros, pueblos y comunidades indígenas tseltales, tsotsiles y pueblo mestizo nos pronunciamos en contra del proyecto de la Autopista Palenque–San Cristóbal de las Casas, Chiapas, así como de la construcción del primer tramo de Palenque a Ocosingo, toda vez que viola nuestro derecho a la libre determinación, al territorio y a vivir en armonía con la naturaleza y a un medio ambiente sano, seguro y sustentable. Queremos dejar claro que, desde sus orígenes, dicha autopista ha sido un proyecto discriminatorio, racista y excluyente de quienes trabajamos la tierra y habitamos el territorio.

MÁS DE 866 Y 23…

  Próximo a iniciarse el encuentro (Rebel y Revel) Arte, en el caracol zapatista Jacinto Canek, el próximo 13 de abril de este 2025, les presentamos el corte de registros de artistas participantes:

  Se han registrado más de 366 artistas de hasta 23 geografías distintas.  A estos hay que sumar los más de 500 artistas zapatistas que se presentarán.

GEOGRAFÍAS DE ARTISTAS

Registrados participantes de 23 países:

Alemania; Argentina; Bélgica; Bolivia; Brasil; Chile; Colombia; Ecuador; España; Estados Unidos; Francia; Grecia; Inglaterra; Italia; Japón; México; Palestina; Perú; Polonia; Sudán; Suiza; Turquía; Venezuela.

  A continuación, les presentamos sus nombres y el arte en el que se auto ubican según su registro:

PARTICIPACIONES COLECTIVAS REGISTRADAS

Antipoesía
Errante Piratería Roja, México

Artes plásticas
Grupo Anarquista en Sudán, Sudán

Artes visuales, poesía
Colectivo Colibrí, Estados Unidos

Barro, cerámica
Colectivo la derrota, México

Bordado
Artemisas Colectiva

Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio

^{En portada: Colectivos y representantes de las víctimas, entregaron en Palacio Nacional una serie de testimonios de sobrevivientes y familiares de los fallecidos, dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a otros funcionarios. Foto: Luis Castillo.}

Representantes de sobrevivientes y núcleos familiares de víctimas fallecidas el 27 de marzo de 2023, durante el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, presentaron una demanda ante del Instituto Nacional de Migración (INM) por Responsabilidad Patrimonial del Estado. 

A dos años del siniestro que terminó con la vida de 40 personas migrantes y dejó con graves secuelas a 27, las organizaciones que acompañan a 17 víctimas presentaron el citado recurso fundamentado en el artículo 109 de la Constitución Política mexicana. 

De acuerdo al párrafo último del artículo 109, el Estado debe reparar los daños que cause a particulares debido a acciones administrativas irregulares y pagar una indemnización según lo que establezcan las leyes.

“Estamos acudiendo a cada uno de los conductos legales para hacer visibles los derechos de las víctimas, para que hechos como el de Ciudad Juárez jamás se repitan. Que le salga costoso al Estado no cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales, esa es la finalidad”, explicó Marcos Zavala, abogado e integrante de Fundación para la Justicia.

La Fundación para la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), representantes de las víctimas, esperan la respuesta a la demanda y, en caso de que no sea favorable, acudirán al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que se localiza en la Ciudad de México.  

Fuente: Avispa Midia
Por Renata Bessi

^{Foto de portada por Felipe Correia}

En la región Agreste del estado de Pernambuco, nordeste de Brasil, más específicamente en la región del Planalto da Barborema, formado por un conjunto de tierras altas, el viento sopla fuerte y constante. En estas tierras se asentó hace nueve años el mayor complejo eólico del Estado, el Vientos de São Clemente, perteneciente a la empresa Casa dos Ventos, que integra a Echoenergia, una subsidiaria del grupo Equatorial, formado por grandes fondos de inversión, como es el Black Rock, con sede en Nova York. 

Cuando la empresa llegó provocó conmoción en la región con promesas de progreso. “Hubo una festividad. Se decía que la región iba a ayudar en el desarrollo de la nación, y en la transición energética”, se acuerda João do Vale, agente de la Comisión Pastoral de la Tierra en Brasil.

No tardó mucho, alrededor de un año tras la instalación de los 120 aerogeneradores en tierras campesinas de los municipios de Pedra, Capoeiras, Caetés y Venturosa, para que la gente se diera cuenta de que las promesas no se cumplirían y de los impactos que estaban causando. 

Los aerogeneradores, en parte, fueron instalados muy cerca de las casas, en muchos casos a tan solamente 100 o 150 metros, lo que condicionó a los campesinos a vivir con un ruido constante, arriba del permitido por ley, en las 24 horas del día. Además de un polvo blanco lanzado por las aspas que, según relato de los campesinos, causa problemas respiratorios y en la piel. 

Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio

^{Fotos por Jeny Pascasio}

Madres buscadoras y organizaciones de la sociedad civil urgen atención a las niñas, niños y adolescentes (NNA), víctimas directas y secundarias de la violencia criminal en diferentes territorios de Chiapas, donde los cárteles actúan con la participación de agentes del Estado.

Oscar González Balleza, responsable de Incidencia en Melel Xojobal A.C., advierte en entrevista con Avispa Mídia que las estadísticas comparadas en un periodo de cuatro años, a la fecha, muestran un incremento significativo en violencias sistemáticas contra NNA.

De acuerdo al registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en un rango de edad de cero a 20 años, siete personas fueron desaparecidas en 2021; 16 en 2022; 59 en 2023; y 130 en 2024. Los municipios chiapanecos con más reportes pertenecen a las regiones del Soconusco, Metropolitana, Meseta Comiteca, Sierra Mariscal, Los Llanos y Selva.

La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias), durante los primeros 45 días de 2025, contabilizó un total de 90 fichas de búsqueda, de las cuales el 40% corresponden a infantes y adolescentes, es decir, en ese periodo desaparecieron 37, casi uno por día.

José Encinos, del área de Defensoría de Melel Xojobal, hizo hincapié que los datos oficiales muestran la urgencia de justicia y paz, aunque no reflejan la realidad, visto que, resulta complejo demostrar los estragos de estas violencias en términos cuantitativos. 

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

^{En portada: Miembros de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking durante visita a la comunidad totonaca de Ojital Viejo, donde derrames de hidrocarburos han dañado fuentes de agua, tierras y salud de los habitantes de la región. Foto: Santiago Navarro F.}

Durante el pasado fin de semana, integrantes de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking (ALFF) visitaron la región del Totonacapan, al norte de Veracruz, donde pudieron constatar los daños al ambiente y a la salud de sus habitantes debido al uso reiterado del fracking, también conocido como fractura hidráulica, técnica que consiste en inyectar una mezcla de agua, arena y químicos mediante alta presión para liberar hidrocarburos de entre las rocas del subuselo.

La delegación, compuesta por abogados e ingenieros ambientales, investigadores y observadores procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, así como de miembros de organizaciones de la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF), realizaron un recorrido durante el sábado (22) para atestiguar las condiciones de la infraestructura petrolera en la región. 

Con ello, los observadores pudieron constatar el mal estado y abandono de pozos, deterioro de gasoductos y centrales de almacenamiento y distribución, cuyos efectos perceptibles son la contaminación de tierras, agua y suelo, así como los daños a la salud de las comunidades que viven en territorios convertidos en zonas de sacrificio al norte de Veracruz.

De acuerdo a lo observado por la ALFF, las evidencias en el terreno no dejan duda acerca de que en la región se ha implementado reiteradamente la fractura hidráulica. Datos de la asociación civil CartoCrítica lo confirman, al referir que han detectado, por lo menos, 7,879 pozos fracturados en México. 

Incluso, acorde a Manuel Llano, de dicha asociación, existen ambigüedades para el reconocimiento entre pozos convencionales y aquellos que no son categorizados como tal, cuya extracción es realizada por medio de fracking. 

En proyectos como el denominado Aceite Terciario del Golfo (ATG) y el Proyecto Integral Veracruz, ambos en dicho estado, se realizan perforaciones horizontales y se utilizan métodos que en la práctica constituyen fracturación hidráulica, utilizando millones de litros de agua que, pese a ello, son considerados convencionales.

Fuente: El SurAcapulco
Por Tryno Maldonado

Existe una fecha que en México las autoridades ignoran. El 24 de marzo la ONU conmemora el Día Internacional del Derecho a la Verdad. Se antoja como un recordatorio incómodo para gobiernos que prefieren el olvido a la justicia. En México, ese día pasa entre discursos vacíos y cifras maquilladas, mientras fosas clandestinas como el rancho Izaquirre en Teuchitlán, Jalisco, siguen brotando y se convierten en símbolos de un Estado que sistemáticamente desaparece, extermina y emplea similar de cantidad de recursos y de poder para borrar las evidencias. Las madres buscadoras que recorren esos terrenos con picos y palas saben que, a diferencia de los gobiernos que usan la palabra para mentir, la verdad no es algo abstracto: se materializa diariamente en los huesos calcinados, en los zapatos abandonados, en las mochilas vacías con logotipos y leyendas partidistas, en las prendas rotas, en los dientes humanos que algún fiscal “perdió” en el expediente. Pero, si no bastara, hoy, incluso, el dolor de los casi 200 colectivos de madres buscadoras es criminalizado por el movimiento partidista que prometió dar verdad y justicia a la crisis de desapariciones.

El rancho Izaquirre, descubierto en 2021 gracias a la insistencia de colectivos como Guerreros Buscadores de Jalisco, funciona como un espejo de la impunidad de los gobiernos mexicanos. Según lo reportó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), las fiscalías estatales llegaron antes que los peritos independientes, alterando el terreno donde después se encontrarían restos humanos calcinados y mezclados con cal. “Llegamos a ver huellas de maquinaria pesada y áreas que parecían recién removidas”, declaró Ana Karen López, integrante del colectivo Hasta Encontrarles.

La respuesta institucional ha seguido un guión conocido: primero la negación, luego la minimización. El 23 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco emitió un pronunciamiento en el que denunciaba cómo la Fiscalía de Jalisco ha retrasado por meses la entrega de resultados periciales. Paralelamente, las madres buscadoras enfrentan campañas de desprestigio desde instancias federales: desde acusaciones de “profanación” hasta señalamientos de que “obstaculizan” las investigaciones oficiales o que, llanamente, ellas mismas realizaron un montaje y una campaña para desprestigiar al gobierno de Claudia Sheinbaum.

El rancho Izaguirre como campo de exterminio, sin embargo, no es una excepción: es el modelo. Entre 2006 y 2024, de los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, más de 140 mil desaparecidos evidencian que el horror es sistémico. Nos hemos cansado de llamarlos “los desaparecidos de Calderón” , “los desaparecidos de Peña” y “los desaparecidos de AMLO” (7 mil más si contamos los casos de desapariciones que van en el sexenio de Sheinbaum), pero son los desaparecidos de un necro-Estado mexicano podrido hasta la médula. Hoy, como hace diez años, ha vuelto el viejo reclamo en todo el país: Fue el Estado. Es el Estado. Las fosas son eso: el síntoma más aterrador de una necro-política de Estado.

Las fiscalías cómplices son una pieza capital de este entramado. Las autoridades limpiaron el rancho Izaguirre en dias pasados antes de permitir de vuelta el acceso a familias, “Entramos a ver un museo, no un campo de exterminio”, denunciaron las madres buscadoras al atestiguar la profunda manipulación del lugar. “lo pintaron, lo barrieron, lo arreglaron todo. Es un circo, una burla para nuestro dolor”. La mentira institucional perdura. El gobierno de Sheinbaum, como el de Peña NIeto, como el de AMLO, como el de Calderón, primero negó, luego minimizó. Como con Ayotzinapa, como con los 72 de San Fernando. El guión es el mismo hasta la ignominia: “no pasó. Bueno, pasó, pero no fue tanto. Es decir, sí fue, pero ya estamos investigando”.

No “llegaron todas”, como afirma la presidenta Claudia Sheinbaum: las madres buscadoras se siguen enfrentando por propia mano al monstruo institucional que ahora ella encabeza. Este patrón no es exclusivo de Jalisco. Jacobo Dayán, experto en derechos humanos, ha señalado que “el Estado mexicano gasta más recursos en limpiar su imagen que en limpiar las fosas”. La afirmación cobra fuerza al revisar casos como Ayotzinapa, donde Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, ha sido acusado por organizaciones como Centro Prodh y Serapaz de boicotear las pesquisas internacionales. Esa misma estrategia se replica en Teuchitlán por el mismo fiscal: dilación, opacidad y criminalización de quienes buscan.

Aunque esa actitud de indolencia y estrategia de gobierno no es para sorprenderse. El silencio sobre la crisis de desapariciones de parte de Sheinbaum siempre ha sido ensordecedor. Un análisis de las 100 propuestas para la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación (disponibles en la plataforma digital de Sheinbaum) revela que el tema de desaparecidos no apareció nunca, ni como subtema en seguridad ni en su horizonte de derechos humanos, Esta omisión resulta particularmente grave. Y ya ante el estallido del tema, trata de parchar con propuestas viejas, insuficientes, y sin escuchar, de nuevo, a las víctimas.

Sin verdad no puede existir democracia. Y los casi 200 colectivos de víctimas -cifra de la ONU en 2023- son humillados e ignorados una y otra vez por la 4T en su búsqueda por verdad. Las madres buscadoras en su dignidad lo saben: la justicia no vendrá de arriba. Por eso cavan sin descanso aún a riesgo de sus propias vidas. Por eso, en pleno 2025, el rancho Izaguirre se ha convertido en el primer gran monumento de los gobiernos de las Cuarta Transformación: un monumento olímpico a su total impunidad, aquiescencia y complicidad