El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), está en la recta final de su periodo de gobierno y la tensión con los Estados Unidos, que quiere obligar a México a comprar su maíz transgénico y glifosato, continúa.

En diciembre del 2020, el mandatario mexicano decretó eliminar gradualmente este producto biotecnológico y el herbicida glifosato – agrotóxico vinculado a miles de casos de cáncer en el mundo – hasta llegar al año 2025. Son diversas reuniones entre los dos países que han derivado de la decisión de AMLO de prohibir la importación de maíz modificado proveniente de EEUU, utilizado normalmente para alimento de los cerdos.

Este primer decreto, tras la presión de los EEUU, ha sufrido diversos cambios. El último y más controversial, para la industria de la biotecnología de semillas, es el decreto del 13 febrero de 2023 en que se instruye a las dependencias gubernamentales y entidades de la Administración Pública Federal para que, en el ámbito de sus competencias, “se abstengan de adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar maíz genéticamente modificado”.

También incluye la prohibición del glifosato, o agroquímicos que lo contengan como ingrediente activo, “para cualquier uso, en el marco de programas públicos o de cualquier otra actividad del gobierno”, establece el decreto, asegurando que se fiscalizará a quien viole las nuevas normas.

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Por ello, en días pasados, el 17 de agosto, la Secretaría de Economía de México fue notificada por la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), sobre su intención de dirimir, a través de un panel arbitral del Capítulo 31 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá o T-MEC (Solución de Controversias), las diferencias entre ambos gobiernos en torno a la regulación mexicana del maíz genéticamente modificado. En esta misiva, los representantes de EEUU puntualizan que, este último decreto, es incompatible con disposiciones de los Capítulos 2 (Acceso a Mercados) y 9 (Medidas Sanitarias y Fitosanitarias) del T-MEC.

Katherine Tai, representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR), recibió todo el respaldo de los representantes de la industria agroalimentaria o de biotecnología tras anunciar la solicitud para establecer el panel de solución, que busca impugnar la determinación del gobierno de México. El Consejo de Cereales de EEUU declaró estar agradecidos con Tai, “por dar este paso tan importante y necesario con nuestro importador número uno de maíz estadounidense”, puntualizó.

Mientras tanto, el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Jason Smith, declaró estar preocupado “por el incumplimiento de México de sus compromisos del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) en varios sectores, en particular la agricultura y la energía”.

El presidente del USMCA arremetió: “Espero plenamente que la administración Biden utilice todas las herramientas disponibles para garantizar el cumplimiento. Los agricultores estadounidenses dependen de un acceso estable a los mercados extranjeros, como México, para mantener en funcionamiento la explotación agrícola familiar. Cuando me reuní con el presidente López Obrador a principios de este año, dejé claro que México debe seguir las reglas y tratar a los agricultores estadounidenses de manera justa”.

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El gobierno de México se prepara para una ofensiva de EEUU, asumiendo que está listo para actuar. “La defensa de México contará con el respaldo de diversas dependencias del gobierno federal competentes en la materia, tales como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conacyt) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)”, señaló la Secretaría de Economía en un comunicado.

Actualmente, cada gobierno se encuentra en la elección y designación de los miembros del panel. Posteriormente emitirán un calendario de actividades. Conforme a los plazos previstos en el propio T-MEC, se calcula que la decisión del panel se pueda dar a conocer en el transcurso de 2024.

La resistencia

La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, que por varios años ha dado seguimiento a la implementación de este paquete biotecnológico, emitió un pronunciamiento donde exige “alto a la injerencia de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá en México”, porque consideran que “la soberanía nacional y alimentaria no se negocian”.

Los integrantes de esta campaña rechazan los tratados comerciales que permiten a países extranjeros enajenar la soberanía nacional y alimentaria.

Diversos científicos y académicos que forman parte de esta campaña han presentado pruebas al gobierno mexicano, quien ha propuesto realizar una investigación conjunta con los Estados Unidos con el propósito de analizar los daños ocasionados por el glifosato y el maíz modificado hacia la salud humana.

“La respuesta del gobierno estadounidense ha sido: no. Esta negativa muestra que no existe voluntad de avanzar de manera constructiva, ya que el solo hecho de aceptarlo pondría en duda lo que el gobierno de Estados Unidos y las transnacionales han buscado imponer como verdad absoluta: que el paquete tecnológico glifosato y maíz genéticamente modificado no conlleva daños a la salud”, agregan los activistas en favor del maíz nativo.

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Los activistas retoman hechos que demuestran que este paquete de biotecnología ha provocado diversos daños, incluso, a ciudadanos estadounidense. Pero las empresas prefieren pagar una compensación antes que reconocer que sus productos son cancerígenos y sacarlos del mercado, porque perderían “el negocio multimillonario que representa este herbicida (glifosato)”, denuncian, asegurando que a México se le quiere imponer un sistema agroalimentario.

Tras esta presión de las empresas de la biotecnología y del gobierno de Estados Unidos por imponer que los mexicanos importen maíz modificado para su consumo, los activistas llaman a no permitir “que un país extranjero a través de un tratado comercial imponga condiciones que ponen en riesgo nuestro derecho a un ambiente sano, a la salud, a la vida, a un trabajo digno libre de tóxicos, y a preservar nuestro extraordinario patrimonio cultural y nuestra biodiversidad”.

Las cifras hablan

Por otra parte, desde el pasado mes de julio, la gigante de los agroquímicos y semillas modificadas, Bayer-Monsanto, anunció una caída brutal en sus ventas de hasta 2 mil 200 millones de dólares, relacionado con el retroceso de ventas de sus herbicidas a base de glifosato, potencialmente cancerígeno, bajo la marca Roundup.

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Según la empresa, “la explicación se encuentra ante todo en el retroceso masivo de las ventas de productos a base de glifosato”.

Bayer enfrenta un sinnúmero de demandas judiciales en Estados Unidos, incluso, espera que se vayan sumando más denuncias. Desde el año 2021, la propia empresa sostenía que había logrado resolver 113 mil demandas de las aproximadamente 160 mil que ya se le habían acumulado. “Consideraremos la posibilidad de resolver los casos cuando sea estratégicamente ventajoso para la empresa hacerlo”, reza Bayer en su sitio web oficial. Al finalizar el año 2020, la empresa había cubierto en compensación más de 11 mil millones de dólares.

De acuerdo con la barra de abogados Lawsuit Information Center aún faltan por resolver casi 30 mil demandas. La mayoría se han presentado ante tribunales estatales y, al menos, 4 mil son colectivas pendientes en California.

Hasta el año 2013, tan solo siete demandas son las que Bayer ha logrado ganar. Entre ellas, la de la ciudadana estadounidense Sharlean Gordon, quien alegó que había desarrollado una forma rara de cáncer de sangre debido a la exposición al glifosato, contenida en el producto Roundup que utilizaba en jardinería.

“El 23 de mayo de 2023, el jurado del juicio Gordon emitió un veredicto a nuestro favor y determinó que Roundup no era responsable de las lesiones. Esta es la séptima victoria consecutiva de Monsanto en un juicio”, se vanagloria la multinacional, quien también ganó los casos Clark, Stephens, Shelton, Johnson, Alesi y Ferro.

La demanda más reciente que perdió esta multinacional fue este mes de agosto. Según la barra de abogados, “el Fiscal General del Estado de Nueva York presentó una demanda contra Bayer alegando que engañó a los consumidores de Nueva York al vender Roundup como un herbicida inocuo para el medio ambiente, cuando sabía o debería haber sabido que el producto podía causar cáncer”.

En relación a este caso, Bayer anunció que había aceptado llegar a un acuerdo por 6,9 millones de dólares. La demanda se basaba en la violación de las leyes de Nueva York relativas a la publicidad falsa y engañosa.

^{Por Alexander Valdéz / Prensa Comunitaria}

González, quien fue detenida en el operativo de la Fiscalía de Asuntos Internos, ahora es señalada del delito de abuso de autoridad, por haber investigado el caso contra la magistrada Blanca Stalling.  La abogada está a cargo de la defensa de al menos nueve abogadas y abogados, que trabajaron en casos de corrupción de alto perfil por varios años, seis de ellos son exfiscales del MP y tres de ellos exmandatarios judiciales de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El Ministerio Público (MP) continúa sumando acciones contra operadores de justicia que encabezaron las investigaciones contra la corrupción en Guatemala. Esta vez, dirigió una nueva pesquisa contra la abogada Claudia González, quien seguía en el país representando legalmente jueces, fiscales, periodistas y activistas que están siendo perseguidos por el ente investigador.

González, quien fue detenida en el operativo de la Fiscalía de Asuntos Internos, ahora es señalada del delito de abuso de autoridad, por haber investigado el caso contra la magistrada Blanca Stalling, quien fue señalada de tráfico de influencias, pero beneficiada por el sistema de justicia.

Pese a los riesgos, González estuvo al frente de la defensa de varios operadores de justicia, como los casos contra Juan Francisco Sandoval, Virginia Laparra y la abogada Leily Santizo. En abril, fue reconocida en Holanda por la organización “Abogados para abogados” (Lawyers for Laywers) con el Premio que otorga la organización a los profesionales del derecho que enfrentan un alto riesgo debido al trabajo que realizan.

A su traslado a la Torre de Tribunales, González dijo que se siente preparada para enfrentar el proceso y la acusación “totalmente falsa”. “Es usual que utilicen el sistema para mantenernos en prisión, mantenerme en carceletas y con orden de aprehensión. Esperemos que el fiscal Noé Rivera venga bien preparado con su imputación”, declaró.

Acá la declaración de la abogada a su traslado:

La exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) está a cargo de la defensa de al menos nueve abogadas y abogados, que trabajaron en casos de corrupción de alto perfil por varios años, seis de ellos son exfiscales del MP y tres de ellos exmandatarios judiciales de la CICIG.

Abogó por operadores de justicia 

A diferencia de otros operadores de justicia, la abogada González seguía en el país y encabezaba el equipo legal que está a cargo de defender a los fiscales que han sido detenidos. Entre ellos, Paola Escobar, Allis Morán, Carlos Videz, Juan Francisco Sandoval, Virginia Laparra, entre otros fiscales que dirigieron casos de alto impacto.

Como mandataria de la CICIG, también investigó casos que alcanzaron a altos funcionarios del Estado, narcotraficantes y empresarios. Uno de ellos fue el de Blanca Stalling, a quien acusó de tráfico de influencias tras la denuncia del juez Carlos Ruano.

A raíz de esos expedientes y, que seguía defendiendo a sus colegas, González estuvo denunciando acoso e intimidación en las redes sociales por parte de cuentas anónimas y dirigidas por los mismos señalados de corrupción.

El caso en el que más se le observó fue el relacionado con Virginia Laparra, quien lleva más de un año en prisión preventiva por dos casos. La exmandataria de CICIG recientemente logró que a Laparra le otorgaran una medida sustitutiva por uno de los casos.

En una entrevista con Prensa Comunitaria de abril, la abogada aseguró que el peligro de que fuera captura era latente. “Hay un caso en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en el que me denunciaron y no me han permitido tener el acceso a esa investigación, sí es latente el peligro en el cual me encuentro por el trabajo que desarrollo”, expresó.

Obtuvo reconocimiento internacional 

El pasado 11 de mayo, Abogados para abogados” (Lawyers for Laywers), entregó un reconocimiento a la abogada González, por el trabajo de alto riesgo que continuaba realizando en el país.

“Este premio reconoce la situación de riesgo a la que se enfrentan muchos operadores de justicia, entre ellos las abogadas y abogados”, dijo Claudia González, defensora de varias operadoras de justicia que han sido criminalizadas por el Estado de Guatemala, entre ellas Virginia Laparra y Leily Santizo. El premio fue entregado en Holanda, el 11 de mayo.

^{Foto de portada: Asamblea por el Agua y la Vida}

El despojo del agua, los actores y métodos para su apropiación, así como su defensa y las luchas emprendidas por los pueblos fueron temas centrales de la tercera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, efectuada mediados de agosto en el pueblo originario de San Gregorio Atlapulco, alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México.

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La asamblea contó con la participación de 834 personas, provenientes de 209 organizaciones, colectivas, redes, pueblos originarios y comunidades indígenas residentes, medios libres e individualidades, procedentes de 21 estados de la república mexicana, así como invitados de nueve países.

Las participaciones señalaron las armas que son utilizadas para imponer el despojo del agua. Entre ellas, destacan la manipulación y división de comunidades; la privatización y mercantilización, así como estrategias de remunicipalización. También las concesiones “que privilegian a empresas privadas e industria, la cooptación de comités comunitarios del agua, y los planes y programas de reordenamiento territorial”, enfatiza la declaración de la asamblea.

Además, señalan a diversos actores que participan en la legitimación del saqueo, entre ellos académicos y expertos cuyos discursos enarbolan conceptos como: agroecología, conservación ambiental, desarrollo sustentable, tecnologías verdes y justicia climática, “para que los poderosos no se enojen y den financiamiento por medio de Ong´s y estímulos económicos que fragmentan y dividen a las comunidades”.

Guerras de exterminio

Una de las principales denuncias es la guerra de exterminio contra los pueblos zapatistas en Chiapas, la comunidad nahua de Ostula, en Michoacán, así como la violencia y represión contra pueblos originarios del Valle de México, Tlaxcala, Querétaro, entre otras geografías.

Mediante la declaratoria, los participantes señalaron la violencia de grupos paramilitares como la Organización de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), la invasión de programas gubernamentales para la destrucción y división comunitaria como “sembrando vida”, el desplazamiento forzado de familias y comunidades enteras Bases de Apoyo Zapatistas; así como el encarcelamiento de Manuel Gómez Vázquez y el intento de asesinato de Jorge López Santiz, hechos que mantienen en alerta a todos los caracoles zapatistas en Chiapas.

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También se refirieron a la desaparición y asesinato del indígena nahua Lorenzo Froylán de la Cruz Ríos, integrante de la Guardia Comunal de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida y con huellas de tortura tras nueve días de su desaparición, a principios de agosto.

“Los responsables materiales que gozan de toda impunidad y complicidad del Estado y de los gobiernos estatales son: los integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación, y el narcogobierno de Michoacán, encabezado por el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, quien acaba de anunciar que esta guardia es ilegal. Esto representa un nuevo golpe de represión, además se agrega un orden de desalojo por el Tribunal Unitario Agrario 38, además de solicitar la presencia de la Marina en el territorio autónomo de Santa María Ostula”, denuncia la declaratoria.

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Otro de los casos referidos es de la comunidad de Calpulalpan, Tlaxcala, donde en mayo de este año, mujeres, niños y personas de la tercera edad sufrieron represión física y psicológica por su labor en la defensa del agua. También exigieron la liberación de los defensores del territorio, Raymundo Cahuatzi Meléndez y Saúl Rosales Meléndez, de la comunidad de San Pedro Tlalcuapan, Tlaxcala, así como un alto a la iniciativa de ley de aguas en Tlaxcala.

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Reiteraron el alto a la violencia sistemática en Querétaro contra las personas que defienden el agua, manantiales y el territorio, “como es el caso de la Comunidad de Escolásticas, quien fue brutalmente reprimida el pasado 13 de junio. Denunciamos la intensificación de la violencia desde la aprobación de la ley que concesiona el servicio de agua en Querétaro. Exigimos su abrogación o eliminación”.

Denunciaron que, en los pueblos originarios del valle de México, como Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta, Iztacalco y Coyoacán también se viven procesos de exterminio. En ellos, las mujeres son afectadas por la imposición de complejos megaurbanizadores, habitacionales y comerciales “que se  roban nuestra agua, quintuplicando las jornadas de trabajo para nosotras, destruyendo nuestros saberes y restándonos autonomía, provocando mayor violencia sexual y económica hacia nosotras hasta llegar al deplorable aumento de los feminicidios de mujeres de origen campesino, no obstante, gracias a las mujeres que luchan y resisten, nuestros feminismos ancestrales se levantan”, sostienen en la declaratoria.

Resaltan los casos de violencia de género que enfrentan mujeres de pueblos en Xochimilco por parte de la Alcaldía. “A las mujeres autoridades tradicionales de San Gregorio Atlapulco, así como a las mujeres del único Concejo Autónomo de Gobierno en Xochimilco (San Luis Tlaxialtemalco), a quienes nos han difamado a través de las redes sociales, golpeado físicamente, lastimado social y psicológicamente, con amenazas de muerte, incitando al linchamiento”, acusan.

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En su conjunto, los participantes exigieron detener la criminalización contra Patricia González Guzmán, presidenta del comité Pro-panteón de San Gregorio Atlapulco, así como el cese al despojo del agua, la tierra y el territorio de todos los pueblos originarios de la región, por lo cual demandan la restauración del ciclo natural del agua en la microcuenca Tláhuac-Xochimilco, Milpa Alta-Chalco.

Acciones

Aseguraron que seguirán ejerciendo y fortaleciendo su derecho a la libre determinación, el camino hacia la autonomía. “La resistencia y las rebeldías son las herramientas para recuperar nuestra historia, nuestro territorio, nuestra madre tierra y la vida; como pueblos, recuperaremos nuestra cosmovisión y espiritualidad que nos ha sido robada y ratificamos también, que No nos rendimos, No nos vendemos y No Claudicamos”.

Al finalizar la tercera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, se acordaron una serie de acciones, tales como la realización de una posterior reunión en Tlaxcala entre los meses de febrero y marzo de 2024. También se convocó a realizar manifestaciones contra la Comisión Nacional del Agua para el 25 de septiembre de este año, así como a participar en la movilización nacional en contra de la guerra que enfrentan los pueblos zapatistas para el próximo 12 de octubre.

Consulta íntegra la declaratoria final aquí.

^{En portada: Familiares de los cinco defensores presos de San Juan Cancuc protestan en la ciudad de San Cristóbal de las Casas.}

Este martes (22), a escasos días de cumplir 15 de meses desde la detención de cinco tzeltales, defensores del territorio del municipio San Juan Cancuc, en los Altos de Chiapas, se realizó la audiencia para la apelación de la sentencia de 25 de prisión dictada contra los indígenas.

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Ante ello, organizaciones de derechos humanos, Pueblo Creyente y el Movimiento en Defensa de la Vida y el Terrritorio (Modevite) acuerparon la denuncia de los familiares de los cinco presos, quienes, mediante comunicado, acusan “a la Fiscalía Indígena y a la jueza de primera instancia María Guadalupe Flores Rocha por su falta de seriedad y responsabilidad en el juicio de investigación del caso de los acusados, porque no tomaron en cuenta realmente las pruebas”.

Las familias de Agustín Pérez Velasco, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Domínguez, Manuel Santiz Cruz y Martín Pérez Domínguez, quienes se encuentran presos por el supuesto delito de “homicidio calificado” de un policía municipal, enfatizan que la muerte del elemento de seguridad “es responsabilidad de la policía municipal de San Juan Cancuc, porque habiendo una clínica con urgencias no lo llevaron y lo dejaron morir en la comandancia municipal”.

Mediante comunicado, difundido previo a la audiencia, resaltan que, dentro de las irregularidades en el caso, no se investigó a la patrulla en la que murió el policía Antonio Aguilar Pérez, ni se realizó investigación en el lugar de los hechos donde elementos de seguridad recogieron con vida al agente, para posteriormente entregarlo a su familia muerto, cinco horas después.

A lo anterior se suman “las contradicciones de los supuestos testigos, la necropsia del cuerpo realizada hasta los 40 días después del fallecido y no se hizo la prueba de taxología, (además de la) alteración de acta de defunción corregida a mano y con corrector”, señalan los familiares de los presos.

Es por estos elementos que los familiares y las organizaciones exigen la liberación inmediata de los cinco presos injustamente “ya que son víctimas de fabricación de delitos por parte de la Fiscalía de Justicia Indígena”.

Fábrica de culpables

A inicios de agosto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) presentó una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, donde argumenta que las detenciones arbitrarias, como en el caso de los defensores de San Juan Cancuc, son un castigo de parte de las estructuras gubernamentales para “quienes se organizan contra la imposición de proyectos de infraestructura carretera en su territorio y lo defiendan de la militarización y contra la imposición de proyectos políticos que violan la autonomía de los pueblos originarios”.

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El Frayba resaltó que los cinco indígenas tzeltales forman parte de organizaciones como el Pueblo Creyente, el Modevite y además participan en el Comité de Derechos Humanos de la Parroquia San Juan Evangelista de San Juan Cancuc, mediante las cuales se han posicionado contra megaproyectos que afectan sus territorios, tales como la construcción de una hidroeléctrica en el río Chacté y la ampliación de la denominada “carretera de las culturas”, que pretende conectar a los Altos de Chiapas con el Tren Maya.

“El objetivo de la criminalización a los cinco indígenas fue el de enviar un mensaje ejemplar hacia la población a fin de que no se organicen contra la imposición de proyectos de infraestructura carretera en su territorio y lo defiendan de la militarización”, explicaron integrantes del centro de derechos humanos en la denuncia ante la ONU.

Actualmente, los cinco defensores se encuentran presos en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 5 (CERSS No. 5), ubicado en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Sus familiares y organizaciones exigieron a los magistrados de la Sala Regional Colegiada Mixta, del Tribunal Superior de Justicia de San Cristóbal de Las Casas, “la inmediata liberación de los compañeros, ya que se ve claro la fabricación de delitos por parte de la fiscalía y la colusión con los jueces”.

“Vemos que para el sistema de justicia y los políticos la justicia es una cuestión de cifras y números para tratar de aparentar que no hay impunidad en Chiapas, pero que acaba con las vidas de personas inocentes y sus familias como el caso de nuestros compañeros quienes se encuentran injustamente presos”, resaltaron.

Tras la realización de la audiencia, los magistrados cuentan con un plazo de tres días para dar a conocer su dictamen.

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

^{Foto de portada: Comunidad Ixil}

En las primeras horas de la mañana del jueves pasado, 5h30 para ser más exacto, Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán y centenas de policías de la Secretaría de Seguridad Pública irrumpieron en la comunidad maya de Ixil para asegurar un predio de 324 hectáreas. Presumiblemente esta propiedad es privada y pertenece a los empresarios Chikri Abimerhi Bodib, Gerardo José Millet Palomeque y Gerardo José Millet Menéndez.

Los campesinos se movilizaron inmediatamente. Consideran que es un acto de despojo. “La policía cortó los caminos de acceso a las áreas de cultivo e impidió que entráramos en nuestras tierras. Cuando intentamos entrar, la policía nos agredió con gases lacrimógenos y piedras”, dijo Luis David Quijano Pool, ex comisario ejidal de Ixil, en una conferencia de prensa.

Este predio, que se encuentra localizado a 20km al nororiente de Mérida, Yucatán, según la Fiscalía de este estado, es reclamado por los empresarios que dicen ser los dueños legítimos. Por ello interpusieron una denuncia por usurpación del bien inmueble, de manera que se abrió la carpeta de investigación UNATD11-GD/882/2023.

No obstante, la comunidad reclama que estas son tierras comunales que les pertenecen. Los respalda la Resolución Presidencial de Ampliación del ejido de Ixil, firmada por el expresidente Lázaro Cárdenas el 3 de septiembre de 1937 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de julio de 1939.

“Los Abimerhi y Millet han usado su influencia política sobre el gobierno de Mauricio Vila (gobernador de Yucatán) para agredir al pueblo de Ixil. Afirman que la tierra es de ellos, pero todos en Ixil conocemos la Resolución”, dijo Beatriz Garrido Vallejos, vecina de ixil.

Los empresarios han realizado varios intentos, con apoyo de la seguridad pública, de tomar posesión de este predio. “Desde el año pasado (2022), el 4 de agosto, hemos sido atropellados y no nos han dejado descansar. El gobierno lo sabe. Nos están tratando como criminales, ni a los criminales los desplazan con 500 elementos de la policía”, señaló una mujer vecina de esta comunidad que omitió su nombre.

Los vecinos de Ixil también alertaron que se está recurriendo a grupos delincuenciales para presionar a la población de Ixil. “También trajeron en la noche a un grupo de personas ajenas a la comunidad con aspecto de delincuentes y los metieron en esos terrenos para amedrentar a los campesinos. Estuvieron entrando en los predios cultivados por la comunidad, y se robaron herramientas de trabajo”, agregó el vecino Jorge Yam Ek.

El saldo

Durante el operativo policiaco, la comunidad fue atacada con gas lacrimógeno, piedras y fue agredida verbalmente. Un integrante de la comunidad fue herido mientras intentaba cruzar por esta vía para ir a dar de comer a sus animales. Fue llevado de urgencia al Hospital General Dr. Agustín O’Horán, en Mérida.

“Mi esposo me contó que estaba pidiendo permiso para pasar a ver sus animales, ellos (los policías) no le contestaron. También preguntó por el comandante. Él arrancó su moto para poder pasar y lo agredieron. Afortunadamente no está muy grave. Sí, está muy golpeado, pero no tienen ningún hueso roto”, señaló Antonia Trinidad Cisneros, esposa del herido.

De acuerdo con los indígenas, los oficiales a cargo del operativo se negaron a identificarse ante la comunidad.

Los empresarios

Durante el operativo, algunos representantes de las familias Abimerhi y Millet hicieron acto de presencia. Estas familias se han hecho dueñas de diversas tierras en la región y son consideradas como parte de la oligarquía yucateca.

Chikri Abimerhi Bodib es líder en la cadena de gasolineras y gaseras privadas, las cuales suministran combustible a las industrias, empresas hoteleras y a particulares. También figura en el ramo del servicio de grúas y servicio para colisión de automóviles.

Los primos, Gerardo José Millet Palomeque y Gerardo José Millet Menéndez se destacan en la compra y venta de lotes, al sector hotelero y de bienes inmuebles.

Los vecinos temen que estos empresarios lotifiquen estas tierras para su venta. “Ahí hay abejas, hay apiarios. Hay gente que está cultivando y lo va a seguir haciendo. ¿por qué nos piden credencial para pasar, si estamos en nuestra tierra, no estamos en otro país. Definitivamente nos tratan como delincuentes”, expresa la señora Trinidad.

Trinidad puntualiza que la fiscalía no solo respalda a estos empresarios, sino que, además, tiene una “larga historia de apoyar despojos de tierras ejidales en Yucatán. El ex subprocurador de la FGE, Rafael Acosta Solís, es uno de los principales despojadores de tierras, y asesora a Alejandro Escoffié, que lleva años intentando despojar las tierras de Ixil para entregárselas a empresarios corruptos”, además, asegura que ni siquiera conocen la orden y denuncia realizada ante la Fiscalía que “ordena despojarnos de nuestras tierras”

Acciones

En la actualidad los ejidatarios y sus familias son los que cultivan y cuidan las tierras. Junto a los vecinos de Ixil, aseguraron que van a defender su territorio y que la represión no los va a desmovilizar. Por ello llaman a sumarse a un boicot contra gasolineras Abimerhi. “Pedimos que no compren a las empresas de estas familias que están queriendo despojar a nuestro pueblo de la tierra de la que vivimos”, declaró Mercedes Cocom Noriega, ejidataria de Ixil.

Noriega también solicitó la solidaridad para sumar firmas en una campaña que sostienen actualmente en la plataforma Change (https://chng.it/jMrHpJXtfq), la cual ya suma más de 3 mil firmas. La campaña se llama: ¡Detengan el Despojo y la Violencia Policial en la Comunidad Maya de Ixil!

Los ejidatarios y vecinos de Ixil anunciaron que se movilizarán en marcha de protesta en Mérida el 16 de septiembre, el día de la independencia.