La campaña para defender el bosque en Atlanta, Georgia, se ha convertido en uno de los movimientos más vibrantes de la era posterior a Trump, entrelazando el ambientalismo, el abolicionismo y la lucha contra la gentrificación. Sin embargo, a medida que la policía pasa a emplear violencia letal y cargos de terrorismo indiscriminado, ha llegado a un punto crítico. Los participantes exploran cómo se ha desarrollado esta lucha durante el último año, reflexionando sobre las prácticas que le han dado fuerza y analizando los desafíos que enfrenta.
Lo que está en juego en la lucha
Nuestra sociedad está en un punto de crisis. Décadas de creciente presión económica han creado una desigualdad y una desesperación desenfrenadas. En lugar de abordar las causas profundas de estos, los políticos de todo el espectro político continúan canalizando más y más dinero a la policía, confiando en ellos para reprimir los disturbios solo por la fuerza. Esta dependencia ha permitido que los departamentos de policía y sus aliados consuman una gran cantidad de recursos públicos. Mientras tanto, impulsado por las mismas presiones económicas, el cambio climático catastrófico está generando huracanes, incendios forestales, sequías y un colapso ecológico generalizado.
En este contexto, a partir de abril de 2021, un movimiento audaz se dispuso a defender un bosque en Atlanta, Georgia, donde los políticos locales y los especuladores corporativos quieren construir un complejo de entrenamiento policial y un escenario sonoro para la industria del cine. El complejo de entrenamiento, conocido como Cop City, sería el centro de entrenamiento policial más grande de los Estados Unidos. Devastaría el South River Forest, también conocido como Weelaunee Forest en honor al pueblo de Muscogee Creek que vivió allí hasta que fueron deportados en el Trail of Tears (Sendero de Lágrimas).
El movimiento para defender el Bosque de Weelaunee ha reunido a una amplia gama de grupos y estrategias. Organizaciones de defensa legal como South River Forest Coalition, que está entablando una demanda contra el gobierno del condado de Dekalb, trabajan en paralelo con grupos como SRY Campaign, un colectivo anónimo de investigadores que publican las direcciones de las casas y oficinas de quienes buscan destruir el bosque. . . Mientras que los abolicionistas y los ambientalistas radicales han establecido campamentos y casas en los árboles en el bosque, una red de preescolares y padres han construido jardines comunitarios y organizado eventos de divulgación pública. Otros han organizado raves y eventos culturales en el bosque, conectando a los artistas más ambiciosos con el espíritu incontenible del movimiento. (* Raves: fiestas libres, autogestionadas)
Entre los que desean que se construya Cop City se encuentran la Fundación de la Policía de Atlanta (APF), el alcalde Andre Dickens y las diversas corporaciones que se beneficiarán del desarrollo. Al mismo tiempo, gracias a un acuerdo clandestino con el gobierno de la ciudad, el magnate inmobiliario y ejecutivo de la industria cinematográfica Ryan Millsap se prepara para destruir un parque público en una parcela de tierra adyacente dentro del mismo bosque.
En portada: Según análisis, los experimentosde geoingeniería al aire libre sólo deben permitirse si aportan conocimientos fundamentales que no puedan obtenerse por otros medios.
Una incipiente empresa de los Estados Unidos, Make Sunsets, fundada apenas en octubre del 2022 dice que ha lanzado globos meteorológicos que contienen partículas de dióxido de azufre a la estratosfera en un intento de manipular artificialmente el clima, según informa Technology Review. El sitio web de Make Sunsets ha enunciado sus actividades como “activismo de geoingeniería”.
La compañía lanzó “nubes” con dióxido de azufre, un aerosol que podría reflejar la radiación del sol de regreso al espacio. Los dos primeros lanzamientos de globos fueron muy rudimentarios y ocurrieron en abril de 2022 en algún lugar del estado de Baja California, norte de México, meses antes de que Make Sunsets se constituyera en sociedad.
Concretamente, la compañía bombeó gramos de dióxido de azufre en globos meteorológicos y añadió lo que estimó que sería la cantidad adecuada de helio para llevarlos a la estratosfera. Pero no se sabe si el globo estalló ni donde fueron derivadas las partículas porque no había equipos de control en los globos.
La técnica utilizada intenta manipular el clima reflejando más luz solar hacia el espacio, imitando un proceso natural que se produce tras grandes erupciones volcánicas. En teoría, rociar azufre y partículas similares en cantidades suficientes podría contrarrestar el calentamiento global.
Estas prácticas abren un amplio debate sobre las implicaciones que podrían acarrear. No se reconoce los efectos en el mundo real de tales intervenciones a gran escala, con efectos secundarios que podrían resultar peligrosos. Podría poner en riesgo a la Tierra y a la humanidad al alterar la capa de ozono, lo que podría generar lluvia ácida y causar enfermedades respiratorias.
Según revela el medio, algunos investigadores que llevan mucho tiempo estudiando esta tecnología están preocupados porque la empresa Make Sunsets parece haber seguido adelante con los lanzamientos desde un emplazamiento en México sin ningún control.
La empresa está intentando vender “créditos de enfriamiento” para futuros vuelos de globos que podrían transportar cargas útiles mayores. Ofrece a la venta créditos de 10 dólares por liberar un gramo de partículas en la estratosfera, suficientes, según la empresa, para compensar el efecto de calentamiento de una tonelada de carbono durante un año.
Technology Review contactó a varios científicos quienes condenaron el esfuerzo por comercializar la geoingeniería en esta fase inicial. Como informó este medio, la administración Biden está desarrollando un plan federal de investigación que guiaría la forma en que los científicos deben proceder con los estudios de geoingeniería.
En portada: Miembros del pueblo tribal Jenu Kuruba sostienen pancartas durante su protesta en el Parque Nacional de Nagarhole, en la India, donde han sido desalojados en nombre de la “conservación”.
Mientras representantes de casi 200 países y miembros de la ONU celebran la finalización de la Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad (COP15), realizada en Canadá del 7 al 19 de diciembre, con la adopción del pacto Kunming-Montreal, organizaciones aseveran que éste representa un peligro para los derechos de los pueblos indígenas.
El acuerdo final, cuyo objetivo es convertir el 30% del planeta en áreas protegidas para el año 2030, ha sido criticado por pueblos indígenas y organizaciones como Survival International, quien ha alertado que, de adoptarse esta política, se convertirá en el mayor acaparamiento de tierras en la historia.
Actualmente, 17% de la tierra y aproximadamente el 8% de los océanos del planeta se gestionan bajo esquemas de áreas protegidas, las cuales cuentan con restricciones a actividades como la pesca, la agricultura y la minería.
“No conseguimos detener la adopción del 30%, impulsado como estaba por las fuerzas más poderosas del mundo: incluidos los gobiernos del Norte Global y la industria de la conservación”, detalla la organización mediante comunicado.
En su posicionamiento, establece que el modelo de “conservación fortaleza” implementado en áreas protegidas ha demostrado ser un peligro para los pueblos indígenas del mundo. Como evidencia se registra la expulsión de al menos 14 millones de personas sólo en África debido a la promoción de desalojos de comunidades y abusos de los derechos humanos con el pretexto de la conservación de la naturaleza.
Por su parte, Amnistía Internacional reconoce que el acuerdo derivado de la COP15, pese a contar con una serie de objetivos medioambientales y salvaguardas de derechos humanos, “no protege ni defiende plenamente los derechos de los pueblos indígenas”, como ha manifestado Chris Chapman, integrante de la organización.
Para Chapman, el problema radica en que, dentro del acuerdo Kunming-Montreal, los Estados no reconocen explícitamente las tierras y territorios de los pueblos indígenas como una categoría separada de zona conservada, lo que coloca sus territorios en peligro ante las depredaciones que a menudo sufren en zonas como los parques nacionales gestionados por el Estado.
Conservación en África ha desplazado millones de habitantes indígenas en nombre de la conservación de la naturaleza.
En específico, este objetivo desde la propuesta del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad fue rechazada principalmente por los países europeos. La incorporación de los territorios indígenas como categoría propia habría incluido la soberanía indígena al plan, facultando a las naciones indígenas para autodeterminarse en sus propios territorios. Sin esa categoría adicional, los esfuerzos de conservación dirigidos por los indígenas se consideran áreas protegidas, sobre las que los Estados tienen el control en última instancia.
“En consecuencia, los Estados no han reconocido plenamente la inmensa contribución de los pueblos indígenas a la conservación de la biodiversidad, exponiéndolos a un mayor riesgo de violaciones de los derechos humanos”, afirmó Chapman.
A pesar de constituir sólo el 5% de la población mundial, las tierras de los pueblos indígenas albergan el 80% de la biodiversidad del planeta.
Otras organizaciones indígenas como Indigenous Climate Action, a través de su director ejecutivo, Eriel Tchekwie Deranger, expresaron preocupación debido a que, sin normas sólidas tras el acuerdo, peligre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en sus territorios tradicionales y sus formas de preservar la naturaleza.
Impulso a SBN
Por su parte, Survival International manifestó el peligro de que el acuerdo Kunming-Montreal incluye la promoción de las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN).
Específicamente, los objetivos 8 y 11 del pacto promueven la implementación de las SBN para minimizar el impacto del cambio climático en cuestiones como la acidificación de los océanos, así como para restaurar ecosistemas y reducir el riesgo de desastres.
Para la organización, el impulso a las SBN que proviene principalmente de países europeos representa más acaparamientos de tierras y abusos de los derechos humanos sin que se materialicen acciones para contrarrestar el cambio climático.
“El Norte Global, como de costumbre, no ha asumido ninguna responsabilidad por la destrucción del medio ambiente y ha hecho recaer la carga sobre el Sur Global, ayudado en esto por la industria de la conservación que tiene todo que ganar con el dinero desplegado para ‘más Áreas Protegidas y falsas soluciones basadas en la Naturaleza’”, acusa Survival International.
Funcionarios de la ONU y representantes de los países celebran tras aprobación del acuerdo final de la COP15.
Horas después de la adopción del acuerdo Kunming-Montreal, la “Coalición de Gran Ambición para la Naturaleza y las Personas” (HAC, por sus siglas en inglés) anunció la implementación de un plan conjunto para alcanzar el objetivo de convertir el 30% del planeta en áreas protegidas, popularmente conocido como 30 x 30.
La coalición, que integra 116 países, difundió su compromiso para apoyar a los países con acciones concretas para el establecimiento de nuevas áreas protegidas y otras medidas de conservación.
Para ello The Bezos Earth Fund, propiedad de Jeff Bezos, dueño de la empresa Amazon – responsable por la generación anual de más de 200 mil toneladas de residuos plásticos que amenazan principalmente ecosistemas marinos –, junto a Bloomberg Philanthropies y Rainforest Trust, se comprometió a aportar 3 millones de dólares en los próximos tres años para apoyar los objetivos de HAC.
“Con ello se pondrá en marcha una nueva fase crítica de implementación de la coalición para ayudar a mantener el compromiso político, implementar planes de conservación, apoyar el desarrollo de capacidades y el intercambio de conocimientos, organizar la asistencia técnica y movilizar recursos para alcanzar los objetivos 30×30 en todo el mundo”, anuncio la coalición.
Esta inversión se suma al financiamiento acordado por los países que acordaron el pacto Kunming-Montreal, cuyo objetivo es duplicar la inversión hasta los 200,000 millones de dólares anuales; aunque dichos compromisos financieros no son jurídicamente vinculantes.
En portada: Un soldado estadounidense observa mientras un helicóptero de asalto AH-64 Apache vuela por encima durante un patrullaje por los campos petrolíferos de Suwaydiyah en la provincia de Hassakeh, al noreste de Siria. 13 de febrero de 2021
“A medida que se desaten la hambruna, las enfermedades y las catástrofes derivadas del cambio climático abrupto, las necesidades de muchos países excederán su capacidad de respuesta. Eso generará una sensación de desesperación, que probablemente desemboque en una agresión ofensiva para recuperar el equilibrio (…). Las perturbaciones y los conflictos serán características endémicas de la vida”.
Este fue el diagnóstico de un estudio encargado en 2003 por el Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los EEUU, a la consultora Global Business Network. La advertencia era que el cambio climático podría conducir a una “nueva Edad Media”.
La concepción que se fue consolidando principalmente en la última década por los Estados del norte mundial y por organismos transnacionales, como la alianza militar de los países del norte, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), es que el cambio climático es un ‘multiplicador de amenazas’ o un ‘catalizador de conflictos’ y que, por lo tanto, socavará la seguridad mundial y, consecuentemente, la seguridad interna de estos países.
Un memorándum del Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, de 2016, sobre los efectos del cambio climático en la seguridad nacional, describe los efectos de la crisis climática para los próximos 20 años: el aumento de las tensiones sociales y políticas, efectos adversos sobre los precios y la disponibilidad de los alimentos, inundaciones de las costas, aumento de las migraciones, aumento de los riesgos para la salud humana y escasez de agua.
Señala que los países con “instituciones políticas débiles, con malas condiciones económicas, o donde otros factores de riesgo en términos de conflictos políticos ya están presentes, serán los más vulnerable a la inestabilidad relacionada con el clima”.
En un escenario previsto de guerra, la crisis climática ha sido incorporada a la lógica militar, pasando a ser considerada como un problema de seguridad. “Antes creían que el cambio climático era soft power [poder blando, término inglés para describir la capacidad de un actor político para incidir en las acciones de otros] pero ahora se han dado cuenta de que es una cuestión vital”, declaró Annalena Baerbock, ministra de exteriores de Alemania, durante la cumbre de la OTAN, en junio de 2022, compuesta por 30 países de la zona norte del Atlántico.
Mujeres desplazadas que transportan sus pertenencias llegan a Bossangoa, República Centroafricana, tras huir de la violencia. Crédito: ACNUR
Concretamente, lo que se ha llamado seguridad climática se integra cada vez más en las estrategias de seguridad nacional, en la planificación de la defensa, las evaluaciones de inteligencia y los planes operativos militares de organizaciones como la OTAN, países como Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y bloques como la Unión Europea.
“A medida que la destrucción ambiental se agudiza y la disponibilidad de fuentes energéticas disminuye, la respuesta militar se ve fortalecida”, sostiene la socióloga y especialista en economía ambiental, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (FCPyS-UNAM), Maritza Islas Vargas.
En los Estados Unidos, el expresidente Barack Obama, en su último año de gobierno, en septiembre de 2016, en el memorándum presidencial Cambio Climático y Seguridad Nacional, “ordena a los departamentos y agencias federales que garanticen que los impactos relacionados con el cambio climático se consideren plenamente en el desarrollo de la doctrina, las políticas y los planes de seguridad nacional”.
Su sucesor, el expresidente Donald Trump, puso en cierta pausa la securitización de la crisis climática; sin embargo, una de las primeras medidas del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue la retomada de dicha política.
En una orden ejecutiva para Abordar la Crisis Climática en el Interior y en el Extranjero, de enero de 2021, resalta que “es política de mi Administración que las consideraciones climáticas sean un elemento esencial de la política exterior y la seguridad nacional de los Estados Unidos”.
Establece que el Secretario de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto “considerarán las implicaciones de seguridad del cambio climático (…) al desarrollar la Estrategia de Defensa Nacional”.
Ordena que el director de inteligencia nacional prepare estimación “sobre los impactos del cambio climático en la seguridad nacional y económica” y que distintos órganos de seguridad realicen “un análisis de las implicaciones de seguridad del cambio climático que se pueden incorporar en el modelado, la simulación, los juegos de guerra y otros análisis”.
A partir de enero de 2022, el Secretario de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto pasaron a tener que presentar una “actualización anual, a través del Consejo de Seguridad Nacional, sobre el progreso realizado en la incorporación de las implicaciones de seguridad del cambio climático en las normativas y procesos” que involucran la seguridad de los Estados Unidos.
Las fuerzas armadas utilizan una gran cantidad de combustible y despliegan armas que tienen impactos ambientales duraderos.
De acuerdo con el profesor de la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM) y autor del libro ‘Geopolítica, espacio poder y resistencia en el siglo XXI’, David Herrera Santana, el Pentágono trabaja con la concepción de que es necesario adaptarse “a lo que ya está, ya que las disrupciones sociales y políticas son inevitables; a partir de esta adaptación hay que producir un sistema resiliente, un sistema capaz de sostenerse, de reproducirse, de mantenerse, a pesar de las disrupciones que se revelen en el futuro”.
La OTAN sigue la misma lógica. En junio de 2022 volvió pública la actualización de su “concepto estratégico”, que establece su estrategia militar y de seguridad para 10 años, en el que se detallan las amenazas que enfrentan sus aliados y explica cómo pretende enfrentarse a ellas. Por primera vez, la crisis climática es considerada como uno de los retos de seguridad.
“Es un hecho lamentable pero inevitable que el cambio climático aumentará considerablemente los riesgos para la seguridad de nuestros ciudadanos. Los militares de la OTAN, y la Alianza en su conjunto, desempeñarán un papel activo y sustancial para ayudar a abordar estos riesgos”, describió en un informe de 2022 el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg.
Herrera Santana enfatiza que es importante entender el contexto de la militarización en los días de hoy, sin olvidar que no se trata de algo completamente nuevo.
“La guerra es el escenario y el eje de articulación del mundo capitalista. La guerra es la fundación del estado moderno y del sistema mundial. La guerra es una constante que se vuelve política, que se normaliza, que se hace cuerpos, se hace escala, se hace una cotidianidad. Lo que estamos viviendo hoy es una reestructuración de estas formas militares”, con el enfoque ‘verde’.
Justificación para el intervencionismo
El aumento de los conflictos por acceso a los recursos derivado de la agudización de la crisis climática es una proyección recurrente en los informes de seguridad e inteligencia.
En el documentoCambio Climático y la Seguridad Internacional, de 2008, el entonces Secretario General del Consejo de la Unión Europea y Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana Madariaga, subrayó que de los conflictos potenciales más significativos por los recursos se deriva de una intensificación de la competencia por el acceso a los recursos energéticos y su control.
“Debido a que gran parte de las reservas mundiales de hidrocarburos se encuentran en regiones vulnerables a la incidencia del cambio climático y debido a que muchos Estados productores de petróleo y gas hacen frente ya a desafíos sociales, económicos y demográficos de importancia, la inestabilidad aumentará probablemente”, menciona Madariaga.
Además, previó acertadamente desde hace 14 años que “a medida que, por efecto del cambio climático, se abran regiones anteriormente inaccesibles, se intensificará la carrera por los recursos”, hecho que está ocurriendo con el deshielo glaciar en los polos, por ejemplo, que deja al descubierto recursos minerales nuevos.
El mandatario alerta que, si la comunidad internacional no hace frente a las amenazas, “la incidencia del cambio climático dará a las a la política del resentimiento entre los
mayores responsables del cambio climático y los más afectados por el mismo (…)”.
Recomienda que, en especial en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el G8 (el grupo de los ocho – Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia) así como en los organismos especializados de las Naciones Unidas, centren su “atención en los riesgos para la seguridad relacionados con el cambio climático”.
Para la socióloga Islas Vargas, incorporar el problema climático o ambiental a la lógica militar “permite justificar el intervencionismo en territorios con amplia disponibilidad de combustibles, minerales, agua, tierra”. A su vez añade que “las zonas de provisión de recursos se vuelven áreas de conflicto; las resistencias socioambientales, objetivos de guerra o potenciales enemigos”.
Soldados estadounidenses observan la quema de yacimientos petrolíferos tras la invasión de Estados Unidos en 2003.
Las organizaciones FUHEM Ecosocial y el Transnational Institute (TNI), en su estudioAproximación a la seguridad climática: Los peligros de militarizar la crisis climática, también alertan sobre los riesgos de las soluciones a la crisis climática basadas en la seguridad. “El problema fundamental cuando se considera el cambio climático como un asunto de seguridad es que se responde a una crisis provocada por la injusticia sistémica con soluciones de ‘seguridad’, configuradas en una ideología e instituciones concebidas para buscar el control y la continuidad”.
Además, las soluciones basadas en la seguridad excluyen otras soluciones de tipo colaborativo. “En esta época en que controlar el cambio climático y
garantizar una transición justa exigen la redistribución radical del poder y la riqueza, la
estrategia de seguridad busca perpetuar el statu quo”.
¿Quién gana con el militarismo verde?
De acuerdo con el estudio de FUHEM Ecosocial y TNI, las ventas acumuladas de la industria de armas se duplicaron entre 2002 y 2018, de 202,000 millones de dólares a 420,000 millones de dólares, y grandes empresas, como Lockheed Martin y Airbus, ampliaron su ramo de negocio a todos los ámbitos de la seguridad.
La industria prevé, según el mismo estudio, que el cambio climático y la inseguridad, que traerá aparejada, impulsarán aun más esas ventas. En un informe de mayo de 2021, Marketandmarkets pronosticó que el sector de la seguridad nacional tendrá más ganancias debido a “condiciones climáticas dinámicas, el aumento de las calamidades naturales, el énfasis del Gobierno en las políticas de seguridad”.
Otro factor es que las fuerzas militares de todo el mundo son los mayores contaminantes del planeta – por ejemplo, un informe del Congreso de Estados Unidos indica que el Pentágono es el mayor consumidor institucional de petróleo del mundo; y el 16% del presupuesto del departamento de defensa de los Estados Unidos está destinado a la protección militar de transporte de combustible.
En torno al 66% de las misiones militares de la Unión Europea están relacionadas con asegurar la extracción y el transporte de combustibles fósiles, de acuerdo con estudio de la organización Ecologistas en Acción.
Entonces lo que están planteando es una transición energética de las propias fuerzas militares, presumiendo un militarismo ‘verde’. Por ejemplo, en 2010, de acuerdo con el informe de las organizaciones, Boeing obtuvo un contrato por 89 millones de dólares con el Pentágono para desarrollar el avión no tripulado SolarEagle, que tiene la ventaja de considerarse una tecnología ‘verde’.
Otro ejemplo mencionado en el estudio es que, en 2013, el Pentágono invirtió 5 millones de dólares para desarrollar balas sin plomo que, según las declaraciones de un portavoz del ejército de Estados Unidos, “pueden matarte o dispararle a un objetivo sin peligro para el ambiente”.
Afectación a las estructuras militares
Otra preocupación recurrente en los diferentes reportes militares son las consecuencias del cambio climático en las instalaciones e infraestructura militares, ya sean fijas o desplegadas.
Un oficial de la policía militar camina cerca de una puerta destruida en la Base de la Fuerza Aérea de Tyndall en Florida tras el huracán Michael el 12 de octubre de 2018. El Pentágono dice que el cambio climático es una preocupación de seguridad nacional.
Las Fuerzas Armadas estadounidenses, por ejemplo, registran que han perdido más equipos e infraestructuras militares por las catástrofes naturales que por los conflictos armados de Afganistán e Irak juntos.
Un informe del Pentágono de 2018 revela que la mitad de 3,500 zonas militares padecían los efectos de seis categorías clave de fenómenos meteorológicos extremos, como marejadas ciclónicas, incendios forestales y sequías. Identificaron 1,774 bases expuestas al aumento del nivel del mar. Una de ellas, la Estación Naval de Norfolk, en Virginia, es uno de los mayores centros militares del mundo y padece inundaciones anuales, según el estudio de las organizaciones.
La OTAN también ha manifestado dicha preocupación, “tendremos que adaptar nuestro equipo, formación, instalaciones, operaciones, tecnologías y asociaciones, con el fin de mantener nuestra eficacia operativa en el clima cambiante”.
En portada: Greenpeace cuestiona a BP sobre su slogan “más allá del petróleo” en un contexto del mayor derrame de petróleo en la historia de los Estados Unidos.
Las principales empresas de hidrocarburos, entre ellas ExxonMobil, Chevron, British Petroleum (BP) y Shell, han incluido un sinnúmero de programas y supuestos estudios científicos en sus sitios web que ofrecen soluciones frente al cambio climático. Un ejemplo de ello lo muestra el sitio web de ExxonMobil, donde se enfatiza la necesidad del uso de energía a nivel planetario y por ello, resaltan ser “pioneros en nuevas investigaciones y buscan nuevas tecnologías para reducir las emisiones (de CO2)”.
No obstante, el pasado mes de septiembre la congresista estadounidense Carolyn B. Maloney, junto a Ro Khanna, presentaron un informe al Congreso de Estados Unidos (EEUU) donde develan que esta empresa eliminó de sus documentos internos la afirmación sobre su plan para aumentar la producción en 1,000% en el estado de Delaware, conocida como la cuenca del Pérmico.
La denuncia presentada por los congresistas se enfoca en lo que denominan como una campaña de desinformación sobre el cambio climático y sus efectos por parte de estas empresas, ya que “han sabido desde fines de la década de 1970 que sus productos contribuyen al cambio climático”, puntualizan.
Pero en lugar de tomar medidas, desde la década de 1990, ExxonMobil, Chevron, BP, Shell, el Instituto Americano del Petróleo (API, por sus siglas en inglés) y la Cámara de Comercio de EEUU se unieron “contra posibles regulaciones sobre el cambio climático y presionaron al gobierno de los EEUU para descarrilar acciones climáticas internacionales para reducir las emisiones contaminantes de carbono”, informaron los parlamentarios.
No fue sino hasta el año 2021 que, en una audiencia, los ejecutivos de los combustibles fósiles admitieron bajo juramento “que el cambio climático es real, que la quema de combustibles fósiles contribuye a ello y que es una amenaza existencial para el planeta”. Aunque ninguno de ellos se comprometió a poner fin a su producción, por el contrario, invirtieron en otras estrategias para desviar la atención.
Lavado verde
“Necesitamos reinventar el negocio de la energía”, declaró en su discurso el director ejecutivo de BP en la Universidad de Stanford en marzo de 2002. En ese mismo tenor el directivo remarcó, “necesitamos ir más allá del petróleo”, siendo ésta una de sus principales premisas publicitarias durante las dos ultimas décadas.
BP ya sostenía desde el año 2002 que habían reducido sus “emisiones de gases de efecto invernadero en un 10 %”, pero la investigación presentada por los congresistas arremete contra la empresa al asumir que lo que han logrado hasta el momento es un “lavado
verde” a través de “publicidad engañosa”.
BP ha apostado por el llamado Uso y Almacenamiento de la Captura de Carbono (CCUS por sus siglas en inglés) como una herramienta para cumplir con los objetivos del Acuerdo Climático de París, pero, contradictoriamente, esta tecnología permite continuar con la explotación y uso de hidrocarburos, por ejemplo, en “industrias de uso intensivo de energía”, agregan el documento presentado al parlamento estadounidense.
Según las empresas con esta tecnología el carbono capturado se puede utilizar “para mejorar la recuperación de petróleo”, es decir, para ser inyectado en los pozos petroleros y hacerlos más productivos. Esta misma estrategia es utilizada por la petrolera Shell con su programa Sky scenario, que según esta corporación “describe lo que creemos que es una ruta tecnológica, industrial y económicamente posible hacia adelante, consistente con limitar el aumento de la temperatura promedio global a muy por debajo de los 2°C desde los niveles preindustriales”.
Actualmente, solo la empresa Exxon opera una instalación de captura de carbono, en Schute Creek, Wyoming. A su vez es socia de una instalación en Australia y una más en Qatar. Durante la vida útil de las instalaciones de Schute Creek “solo ha capturado y almacenado el 3 % de su dióxido de carbono bajo tierra”, que al ser inyectados a los pozos desgastados continúan provocando las mismas emisiones, asevera el informe. Mientras, el proyecto de Australia ha fallado repetidamente en alcanzar su objetivo de almacenamiento en aproximadamente un 50%.
Mientras que estas empresas se han comprometido en sus discursos a reducir de manera integral las emisiones, los congresistas puntualizan que esto es incierto al no considerar “la quema de los combustibles fósiles que venden y que representan aproximadamente el 90% de las emisiones de la industria”.
Una muestra es ExxonMobil, que se supone ha reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero en aproximadamente 75 millones de toneladas, “en realidad, casi todo el dióxido de carbono que Exxon ha secuestrado se ha vendido a otras compañías de combustibles fósiles para inyectar en sus campos de petróleo agotados”, detalla el informe.
En diciembre de 2021, Exxon prometió que para 2030 alcanzaría emisiones de carbono al punto cero en sus operaciones en la cuenca Pérmica, ubicada en Nuevo México y el oeste de Texas. “Esta promesa es engañosa, porque solo cubre fugas, quema y otras emisiones operativas de CO2 y excluye la gran mayoría de las emisiones de la quema de los productos de petróleo y gas que Exxon extrae en la región”, arguyen los parlamentarios.
De hecho, en febrero de 2022, Exxon se comprometió a seguir aumentando su producción en la cuenca con la extracción de un millón de barriles de petróleo por día hasta 2024, frente a 460 mil barriles diarios que producía en 2021.
En septiembre de 2021, cuando inició esta investigación, se enfocó principalmente a lo que denominan “campaña de desinformación climática y lavado verde de la industria de los combustibles fósiles”, develando así el engaño de las industrias, sobre todo, al asumir su apoyo al Acuerdo de París. Este conjunto de empresas fue citado a una audiencia el 8 de febrero de 2022. “Se invitó a los miembros de los directorios de Exxon, Chevron, Shell y BP a testificar en esta audiencia, junto con científicos y defensores del clima, pero se negaron a comparecer”, señala la investigación.
Por su parte, los congresistas, argumentan que las promesas climáticas y la publicidad ecológica “se centran en tecnologías que las empresas han admitido en privado están a décadas de distancia para su implementación”.
Falsas alternativas
Exxon gastó al menos $68 millones de dólares en publicidad en una supuesta investigación sobre la producción de biocombustibles a base de algas. Los congresistas alegan que esta supuesta alternativa es “engañosa”, porque se requieren millones de toneladas de algas para la producción de este tipo de energía, algo que la empresa no menciona, ya que, de lo contrario, atraería la atención del sector científico.
Por tanto, los congresistas sustentan que las compañías de petróleo y gas han tratado de crear la impresión “de que están tomando medidas ambiciosas para reducir las emisiones, sin hacerlo realmente”.
Instalaciones para captura de carbono
La estrategia de los gigantes del petróleo, según los parlamentarios, se basa en trucos contables, lenguaje engañoso y tácticas de demora, al grado de que se han comprometido públicamente a reducir sus gases de efecto invernadero a “cero netos” para 2050. Pero en realidad, “las compañías de combustibles fósiles se han comprometido a reducir un pequeño porcentaje de las emisiones de sus propias operaciones y disminuir la llamada “intensidad de carbono” de sus operaciones, una medida engañosa que permite que las emisiones totales de la empresa continúen aumentando con la producción de combustibles fósiles, sostiene la investigación.
De tal modo que las empresas de los combustibles fósiles vienen desplegando, con mucha precaución, una maquinaria publicitaria “para pintar la imagen de la industria como limpia y aliada con aquellos preocupados por el cambio climático, una táctica conocida como lavado verde”, puntualiza el informe.
Los documentos recabados por el equipo de la investigación muestran que “las promesas de las empresas se basan en tecnologías no probadas” que más bien están funcionando como “una licencia social para seguir produciendo combustibles fósiles en las próximas décadas”.
Las empresas que más han contaminado con emisiones desde 1988 son: ExxonMobil, Shell, BP, Chevron, Peabody, Total y BHP Billiton. Las principales empresas estatales incluyen Saudi Aramco, Gazprom, National Iranian Oil, Coal India, Pemex y CNPC (PetroChina).
Las emisiones de carbón de China están representadas por el estado, en el que los productores estatales clave incluyen Shenhua Group, Datong Coal Mine Group y China National Coal Group.
En portada: Un trabajador en un pozo de inyección de carbono de Carbfix en Islandia en 2017. La empresa participa en la nueva planta Orca, diseñada para extraer el dióxido de carbono del aire y almacenarlo en forma de roca.
La industria de los combustibles fósiles promueve el desarrollo de tecnologías para la “captura” y “eliminación” del dióxido de carbono como una de sus estrategias principales de acción climática. No obstante, la promesa de estas tecnologías es una idea distractora para mantener la extracción de hidrocarburos aún a pesar del aumento de la temperatura global.
Así lo alerta el informe La apuesta mortal por el clima, publicado por el Observatorio Europeo de las Empresas y elaborado en conjunto por 10 grupos ambientalistas y observatorios corporativos.
En el documento, argumentan como “fallidas” las promesas de desarrollo tecnológico para combatir el cambio climático. En especial, critican las herramientas existentes de Captura, Utilización y Almacenamiento de Carbono (CCUS, por sus siglas en inglés), financiadas por las mayores empresas del planeta en su búsqueda por alcanzar la “neutralidad” de sus emisiones contaminantes.
El problema se agrava, señalan los investigadores, debido a la promoción de estas tecnologías desde las instituciones de la Unión Europea. Se espera que, para final de este año, después de las negociaciones climáticas en Egipto, la Comisión Europea presentará una propuesta para regular la certificación de eliminación de carbono.
Mercados
El nuevo marco normativo propuesto por Europa sentaría la base para crear certificados de eliminación de carbono que podrían comercializarse como “compensaciones” en un nuevo mercado de carbono, e incluso, la industria de hidrocarburos con el apoyo de la Comisión, proponen que estos créditos sean comercializados dentro del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE.
En portada: Recicladores del relleno sanitario de San Lorenzo Cacaotepec trabajan separando los desechos de materiales que aún se pueden aprovechar. Foto: Santiago Navarro F.
Un adolecente camina tranquilo mientras patea un bote vacío que, por su aspecto y color, pertenece a una marca reconocida de refrescos en México. Este bote de plástico se desbordó de uno de los contenedores de basura instalados en las principales calles de Oaxaca, ciudad al sur de este país que se ha convertido en un referente de los principales atractivos turísticos y que a diario generan decenas de toneladas de desechos que nadie se pregunta a dónde van a parar.
Según la Secretaría de Servicios Municipales de Oaxaca de Juárez, tan solo en el mes de julio, fecha en que se realizó la Guelaguetza 2022, una de las fiestas más emblemáticas de esta entidad que atrajo a miles de turistas, dejó como saldo más de 800 toneladas de basura. El titular de esta instancia, Ferdinando Rosado Duarte, ha alertado que derivado de esta situación la capacidad para el transporte de los desechos fue rebasada en un 25%.
Habitantes del municipio de Santa Lucia del Camino protestaron por el mal manejo de los desechos durante la fiesta de la Guelaguetza
Esta basura tiene como destino el llamado “relleno sanitario” ubicado en el municipio de la Villa de Zaachila, establecido a menos de 40 minutos de la capital de Oaxaca, el cual ha llegado al límite de su capacidad desde hace más de una década. “Conocemos detalladamente que el relleno, desde la administración de Ulises Ruiz Ortiz en 2006 (exgobernador de Oaxaca) el basurero había llegado a su vida límite”, puntualizó Artemio Martínez, quien fue representante de la colonia El Manantial, ubicada en la zona baja de donde se concentra la basura.
Cuando el señor Martínez se refiere a la vida útil de este tiradero, está hablando principalmente de la geomembrana o celda de confinamiento que retiene los lixiviados de los desechos urbanos. “No solo sabemos que ha llegado a su límite, sino que lo vivimos. Nosotros, al no tener agua potable, hacemos pozos para obtener agua y así atendemos nuestras necesidades. Pero los lixiviados han llegado hasta el agua que extraemos de estas fuentes”, agrega el vecino del basurero quién hizo las denuncias ante las autoridades correspondientes.
Incluso, la organización sin fines de lucro llamada Solidaridad Internacional Kanda (Sikanda), quién intentó impulsar un sistema de reciclaje inclusivo en esta zona, evalúa que el nombre del llamado “relleno sanitario es solo en teoría”, que en realidad “es un basurero a cielo abierto. Simplemente porque no cuenta con la infraestructura ni el personal adecuado para tratar estos desechos”.
Martínez agrega que los lixiviados, “en temporadas de lluvia pasan como un río en nuestras colonias. A esto se suman las enfermedades y las represalias hacia quienes hemos denunciado la contaminación y actos de corrupción. Nadie quiere hacerse responsable de su basura”.
Un trato especial
Son aproximadamente 26 los municipios conurbados que depositan sus desechos en el tiradero de Zaachila. Tres de ellos son los que apuntalan la cantidad diaria que se genera de residuos urbanos: Los municipios de la ciudad de Oaxaca, Santa Lucia del Camino y Santa Cruz Xoxocotlán.
Edgar Sereno Cruz, integrante de Sikanda, asevera que “lo ideal es que cada municipio debiera hacerse cargo de su basura. La ley lo dice, en relación a los solidos urbanos son los municipios; los residuos de manejo especial es una responsabilidad compartida entre municipios y el Estado; los residuos peligrosos son responsabilidad de la federación”.
Sereno Cruz es coordinador del proyecto de Reciclaje Inclusivo en Oaxaca y alerta que en los tres tipos de residuos no existe infraestructura ni lugares adecuados para el trato de la basura que generan estos municipios y, por tanto, terminan en basureros a cielo abierto, como el de Zaachila.
A esto se suma una red privada de recolectores que, a través de camionetas, recorren diversas colonias para colectar la basura mediante un pago y que al final termina en el mismo tiradero de Zaachila.
Este miércoles (3), los recolectores se manifestaron en la ciudad de Oaxaca obstaculizando el flujo vial en diversas avenidas y arrojando basura en la plaza de la Danza y el palacio municipal a manera de protesta. Sus exigencias son que se les permita depositar la basura que recolectan en este tiradero.
Recolectores privados arrojaron desechos en el centro de la capital oaxaqueña como protesta por que las autoridades no les permiten colocar la basura en el tiradero de Zaachila
De acuerdo con el alcalde Francisco Martínez Nery, la prohibición del acceso de vehículos particulares al basurero “no es una decisión de la autoridad municipal de Oaxaca de Juárez”, sino que es una determinación de los pobladores de la Villa de Zaachila, quienes se supone cerraron el basurero por las afectaciones ambientales y a la salud.
El señor Artemio Martínez lamenta que a pesar de que ha habido reuniones entre el municipio de la ciudad de Oaxaca de Juárez, de quien depende el basurero de Zaachila, y los municipios que depositan su basura en este lugar, no se ha encontrado una solución radical, “por el contrario, se esta creando una mafia que está cobrado a quienes llegan a tirar su basura. Quienes pagan tienen acceso. Esto sin considerar que este lugar ya no es idóneo para soportar más basura”.
Martínez arremete y sostiene que “hay un trato especial para algunas personas o municipios. Durante las fiestas de la Guelaguetza se acordó que no se recibiría basura de los 26 municipio que comúnmente vienen a dejar sus desechos. Pero si recibiría la basura del municipio de Oaxaca y fueron cientos de toneladas que se generaron en las fiestas”.
En el caso de basurero de Zaachila la celda de confinamiento ha sobrepasado su límite. “Lo único que hacen es que una maquinaria va arrinconando la basura en forma de montañas generando contaminación aérea y lixiviados sin control”, agrega el integrante de Sikanda.
El modelo que prevalece
Es sencillo, casi todos en Oaxaca sabe como funciona el modelo. Pasa un camión y cada quien tira la basura revuelta, la cual al final termina en las montañas a cielo abierto. “Rellenos sanitarios como tal, son aproximadamente 23. Pero no todos cumplen con su funcionamiento, son solo algunos”, detalla Sereno.
El capacitador de la Organización Sikanda lamenta que de los 570 municipios que comprenden al estado de Oaxaca, los rellenos sanitarios existentes no cubren ni el 1% del trato de la basura de esta entidad. “Medianamente hay una experiencia en Huajuapan; San Lorenzo Cacaotepec; San Sebastian Tutla; El Tule; Mitla, el resto son basureros a cielo abierto. Existe como tal una crisis de la basura porque sistemáticamente no tienen un plan de manejo ni personal capacitado”, sostiene Sereno.
Mientras tanto, el alcalde del ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca ha anunciado que ya hay planes para la adecuación de un nuevo espacio de 10 hectáreas, donde se establecerá una compactadora de residuos sólidos, a través del cual utilizarán materiales para los hornos de las cementeras Cruz Azul y Cemex. Por ahora, se esta buscando desesperadamente donde colocar cientos de toneladas de basura generadas diariamente. Algunas de las propuestas son la Central de Abastos y un viejo cuartel de policía que se mantiene en obra negra.
Pepenadores en el olvido
El mal manejo de la basura en Oaxaca se recarga sistemáticamente en los tres niveles de gobierno y de la propia ciudadanía que genera la basura. La lógica es que todo es desechable y la responsabilidad de tratarlo es de un tercero, lo cual no existe. Aunque en los tiraderos a cielo abierto hay gente que intenta clasificar y recuperar lo que sirve para reciclar y son llamados despectivamente como pepenadores.
Sereno advierte que hay gente que piensa que los tiraderos existen porque hay pepenadores, “la realidad es que estás personas trabajan en condiciones infrahumanas, sin ningún derecho ni seguridad laboral, están en el olvido. Lo que debe quedar claro es que ellos no son los responsables de la generación de basura, pero sí ayudan al intentar rescatar algo mínimo de estos desechos, como el aluminio, vidrio, cartón, entre otros”.
Recicladores del relleno sanitario de San Lorenzo Cacaotepec trabajan separando los desechos de materiales que aún se pueden aprovechar. Fotos: Santiago Navarro F.
Las malas condiciones de vida no solo se recargan hacia los llamados pepenadores, “sino a las colonias vecinas, quienes sufren de enfermedades como de tipo gastrointestinales, en la piel, en los ojos. En estos lugares es muy fácil la propagación de enfermedades”, agrega el capacitador de Sikanda.
Una experiencia inspiradora
En un contexto de crisis de la basura que vive Oaxaca pareciera que no hay opción a corto plazo, aunque a menos de 30 minutos de la capital existe una experiencia distinta. De entrada, no es un tiradero, pues los trabajadores aquí hacen énfasis en que es “un relleno sanitario” y que ellos no son pepenadores, sino “recicladores”.
Estas personas, incluyendo mujeres y no binarias, quienes integran la plantilla de recicladorxs, cuentan con equipo como guantes, botas, overoles y reciben capacitación continua. Además, tienen un sueldo seguro, vacaciones y atención de salud. Se les ve felices.
Esta experiencia ocurre en el municipio de San Lorenzo Cacaotepec. “Esto solo es posible gracias a los usos y costumbres de esta comunidad. Esta responsabilidad lo atrajo la asamblea comunitaria y no solo recayó en las autoridades. Aquí hay una visión comunitaria”, comparte Sikanda.
En este relleno se aprovecha y se clasifica todo lo que es reciclable y se trabaja con la mayoría de los desechos orgánicos para la producción de abonos y para un criadero de gallinas, un proyecto más que se desprende de este trabajo. “Este relleno inició con un proyecto de 11 rellenos más y solo sobrevive este. Tenía proyectado una vida de 5 a 6 años y lleva casi el doble. Si sigue ese modelo la celda de confinamiento puede durar hasta otros 3 años más”, agrega Sereno, quien es coordinador del proyecto de Reciclaje Inclusivo en Oaxaca donde trabaja asesorando al equipo de este relleno.
Recicladores de Cacaotepec mantienen actividades de producción de abonos y criaderos de gallinas. Fotos: Santiago Navarro F.
En este municipio se genera entre 3 y 3.5 toneladas de basura diariamente de una población de 8 mil personas y “se está recuperando entre un 5% y 7% de materiales reciclables, que para México es alto. Se tratan los residuos orgánicos, no un 100%, aproximadamente un 30%, porque la basura orgánica no se puede recuperar si viene contaminada o podrida. Ahí la importancia de separar desde los hogares”, complementa el integrante de Sikanda.
Pedro Cándido Díaz, encargado y trabajador del relleno, asegura que las condiciones laborales y que sea un proyecto comunitario “permite asumir el trato de la basura no solo como un compromiso con la comunidad, sino también con el planeta y la humanidad”.
Marisol Mendosa, trabajadora también del relleno comunitario, como mujer ha experimentado lo pesado que es trabajar con la basura, pero “me siento cómoda y me gusta”, y complementa que “la ciudadanía tiene que hacer conciencia para clasificar su basura. Ya que los materiales no se pueden reciclar si vienen contaminados con otras sustancias”.
De este proyecto ha derivado la producción de hortalizas, plantas medicinales, lombricomposta. En si mismo, no parece un tiradero de basura, ya que hay más vida que materia inerte. “Se puede hacer maravillas con la basura orgánica. Para reciclarla la recogemos directamente en las fruterías en el mercado y así las gallinas consumen comida limpia y así se producen huevos orgánicos”, dice Lorenzo Galván Juárez, trabajador del Relleno Sanitario, encargado de cuidar a las gallinas.
“Realmente podemos vivir de una mejor manera, pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad de que todo es desechable. Tenemos que hacer conciencia que nuestro planeta no es desechable, porque no hay otro más”, concluye Lorenzo.
Chapultenango, Chiapas, 03-04-2022. A cuatro décadas de la catástrofe volcánica que provocó más de 2000 muertos y 35 000 personas desplazadas, el pueblo zoque sigue en pie de lucha con trabajos concretos en defensa de la vida. Este fin de semana, alrededor de un centenar de mujeres y hombres, trabajadores zoques del campo y la ciudad, de todas las generaciones, deliberaron en torno a los grandes problemas que afectan a sus territorios y la construcción autónoma de alternativas anticapitalistas. Desde su primer Congreso celebrado en Rayón en 2014, “podemos decir que los zoques no paramos: el trabajo de base, las asambleas cotidianas, los recorridos, los talleres, así como las visitas familiares” han demostrado que “uno de los caminos es fortalecer Ore´is ntyäjk (la casa del zoque/la lengua/la palabra) y de esta forma construir el horizonte de vida anclado a la tierra como guía de nuestros pasos” (leer: Pueblo Zoque convoca a su segundo congreso).
Fotos de Amehd Coca, Chapultenango, 2 y 3 de abril de 2022
Los diálogos entre personas originarias de distintos municipios del norte de Chiapas fueron muy severos en su diagnóstico colectivo de la situación económica y política actual. Además de múltiples denuncias, se hicieron propuestas radicales de transformación, por parte de ejidatarios, comerciantes, artesanos, estudiantes, profesores, escritores y artistas zoques, religiosos, comunicadores y activistas comprometidos en las luchas de los pueblos originarios, convocados por el Centro de Lengua y Cultura Zoque, la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, Atención Primaria de Salud Wäbä Ijtkuy «Lugar de paz y armonía» y el Colectivo Defensoras de Nasakobäjk.
Pobladores de la región de Cholula, Puebla iniciaron la Caravana por el Agua y la Vida frente al edificio de Bonafont, resguardado por policias municipales, estatales y Guardia Nacional tras haber desalojado a los vecinos que habián tomado la fábrica hace un año para detener el saqueo de los recursos acuíferos de la región cholulteca.
Acompañados por organizaciones solidarias de diferentes partes del paísc como los otomíes que resguardan la Casa de los Pueblos Samir Flores en la CDMX; la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre; Marichuy, vocera del Concejo Indígena de Gobierno; las Guardianas del Rio Metlapanapa; el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala; las mazatecas de Eloxochitlán, Oaxaca; representantes del Istmo de Tehuantepec que se enfrentan al proyecto del Corredor interoceánico; y compañeros de la Europa insumisa, Slumil K’ajxemk’op.
Consignas de repudio a la empresa Bonafont, de la trasnacional Danone, fueron coreadas por los asistentes a la protesta. Enarbolaron la exigencia de detener el saqueo del agua por parte de Bonafont y recordaron que al tomar la fábrica y convertirla en la Casa de los Pueblos Altepelmecalli por espacio de casi un año, el agua retornó a la región, liberando casi 600 millones de litros de agua al detener el saqueo empresarial.
Durante poco más de un mes, del 22 de marzo al 24 de abril, la caravana recorrerá nueve estados del país para difundir su lucha por la vida y la defensa del agua y visitará 29 localidades donde los pueblos se organizan para resistir el embate del neoliberalismo y de los programas que implementa el gobierno de la 4T para dividir las luchas.
#8M las mujeres indígenas nos alzamos por la Madre Tierra. Ante la violencia patriarcal y extractiva, defendemos nuestros territorios cuerpos y espíritus. Hacemos de la lucha melodía. En los pueblos, barrios y ciudades somos #CuraDaTerra
Este manifiesto fue resultado del Encuentro #CuraDaTerra 2021-2022. Conoce más en curadaterra.org
