(Español) En Argentina, el trigo transgénico ya se mezcla con el convencional
Fuente: Avispa Midia
Por Darío Aranda
En portada: Una jornada de protesta bajo la consigna “Con Nuestro Pan No”, realizada en rechazo al lanzamiento de la primera variedad de trigo transgénico del mundo, hecho en Argentina.
La población de Argentina es la primera en comer pan con trigo transgénico. Así lo confirmó la empresa Bioceres-Indear al informar que 25 molinos ya mezclan el cereal con el trigo convencional. El transgénico, que va junto al peligroso agrotóxico glufosinato de amonio, fue denunciado por más de mil científicos, por productores (tanto agroecológicos como del agronegocio) y por organizaciones socioambientales. Los estudios que señalarían la supuesta “inocuidad” del transgénico son confidenciales y fueron realizados por la propia empresa que lo vende. “Es un hecho de gravedad inusitada desde el punto de vista de la salud pública”, denunció en una carta pública el Instituto de Salud Socioambiental (InSSA) de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
La noticia se conoció mediante un anuncio de Bioceres-Indear a inicios de marzo. Y es de una trascendencia mundial: por primera vez un trigo modificado genéticamente (llamado “HB4”) llega a los alimentos de consumo masivo (pan, pizzas, empanadas, fideos y todos los usos de la harina). Y, más grave, la población no tiene posibilidad de identificar si está comiendo un producto con transgénicos o no: en Argentina no existe un etiquetado de Organismos Genéticamente Modificados (OGM).
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Desde el Instituto de Salud Socioambiental (InSSA-UNR) resaltaron que no hay pruebas científicas independientes y publicadas en revistas académicas que demuestren la inocuidad del trigo HB4 en la ingesta en humanos. Recuerda que, en Argentina, los transgénicos se aprueban en base a “estudios” de las propias empresas y que esos informes son secretos.
El InSSA, que ha confirmado con una publicación científica la incidencia de cáncer en pueblos fumigados, remarca otro factor del trigo transgénico: “Va acompañado con el herbicida glufosinato de amonio, cuya toxicidad sobre el ambiente y la salud ya ha sido demostrada en numerosos trabajos científicos, así como también se ha evidenciado que no se degrada y que incluso es posible detectarlo hasta en ultraprocesados”.
Los investigadores instan a los “decisores de políticas públicas” que atiendan a las evidencias científicas que dan cuenta de los peligros de ese cultivo. “Consideramos urgente que las autoridades prohíban la comercialización e incorporación del trigo Hb4 en las harinas para producción de productos comestibles y/o sucedáneos de la alimentación humana”, remarcan.
En 2020, en una carta abierta, más de mil científicos del Conicet y de 30 universidades públicas de Argentina rechazaron el avance del trigo transgénico: “Esta autorización remite a un modelo de agronegocio que se ha demostrado nocivo en términos ambientales y sociales, causante principal de las pérdidas de biodiversidad, que no resuelve los problemas de la alimentación y que amenaza además la salud de nuestro pueblo confrontando la seguridad y la soberanía alimentaria”. Aportaron decenas de estudios que dan cuenta de los peligros del nuevo transgénico. Nada de eso fue tenido en cuenta por las autoridades estatales.
Bioceres-Indear es la compañía impulsora del trigo transgénico. Se presenta como una “empresa nacional”, con accionistas como el denominado “rey de la soja” Gustavo Grobocopatel y el multimillonario Hugo Sigman, pero desde 2021 cotiza en la Bolsa de Nueva York. Para el transgénico también fue vital el aporte del Estado, mediante recursos y políticas activas del Conicet y la Universidad Nacional del Litoral. Su referenta es la científica Raquel Chan, socia de Bioceres y negadora de las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias del agronegocio.
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Mauricio Macri estuvo a punto de aprobar el trigo durante su gestión, pero frenó la decisión por la advertencia de productores del agronegocio, del Centro de Exportadores de Cereales y la Federación de Acopiadores, ante la posibilidad de perder mercado de exportación (principalmente Brasil). Los consumidores no quieren transgénicos en sus platos. La aprobación final fue en mayo de 2022, cuando Julián Domínguez (entonces ministro de Agricultura) dio luz verde al pedido de Bioceres-Indear (la firma administrativa corrió por cuenta de Luis Gustavo Contigiani).
“La responsabilidad del Gobierno es total. Desde la autorización sin pruebas de inocuidad, sin contemplar los efectos negativos en el campo y también con sus políticas científicas, con Raquel Chan como emblema, al servicio del sector más concentrado del agronegocio”, denunció Agustín Suárez, de la Unión de Trabajadores/as de la Tierra (UTT). Y remarcó la gravedad de este trigo: “No solo se contaminará al trigo convencional sino que este transgénico, y sus agrotóxicos, irán directo a nuestros cuerpos, al de nuestros hijos. Las consecuencias serán muy graves y se verán en el mediano y largo plazo. Es criminal”.
Desde la Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe, que desde hace dos décadas denuncia los impactos del agronegocio en la salud y el ambiente, precisaron que el herbicida glufosinato de amonio es “mucho más tóxico que el glifosato y está comprobado sus efectos teratogénicos, neurotóxicos y genotóxicos”.
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La Multisectorial, que forma parte de la campaña “Con nuestro pan no” (que reúne a decenas de organizaciones de todo el país) alertó el efecto en los productores: “No es posible la coexistencia de trigo transgénico y no transgénico debido al proceso de ‘contaminación genética’ que ocurre durante la polinización y cuyos residuos de agrotóxicos quedarán en la harina obtenida. En sociedades empobrecidas y culturalmente trigo-harina dependientes, es un claro peligro de salud pública”. Y advierte que el mecanismo por el cual se autorizó el transgénico viola la Ley General del Ambiente y el artículo 41 de la Constitución Nacional, entre otras normas de protección de la salud y el ambiente. Exigen el cese de la siembra del transgénico, el freno a la mezcla con el trigo tradicional y recuerdan: “La salud no se negocia”.
Perú: defensores de la tierra se levantan contra narcoestado
Fuente: Avispa Midia
Por Javier Bedia Prado
En portada: Santiago Contoricón Antúnez (centro), de la comunidad asháninka Puerto Ocopa, fue asesinado el pasado 8 de abril.
El asesinato del líder asháninka Santiago Contoricón Antúnez a manos del narcotráfico, el sábado 8 de abril, se suma a una lista de decenas de defensores de territorios desprotegidos por los gobiernos en el Perú. En las últimas semanas, el dirigente reportó al Ministerio del Interior y a representantes del Ejecutivo las amenazas que recibía del crimen organizado en la provincia Satipo (región Junín).
En 2022, el país andino fue el séptimo más peligroso de América Latina para los guardianes de la tierra, la región del mundo de mayor letalidad para estos. Entre 2012 y 2021, según un informe de Global Witness, se registraron los asesinatos de 51 protectores del ambiente y líderes indígenas. Al menos seis crímenes se cometieron en Junín, en la zona de selva central peruana. Ocho defensores peruanos fueron victimados el año pasado, la mayoría en localidades amazónicas.
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El crimen contra Contoricón se vincula a su participación junto a integrantes de comunidades asháninkas en incautaciones de cocaína, en ejercicio de la autodefensa de sus territorios ancestrales. Las comunidades nativas de la cuenca del río Tambo se enfrentan al avance de los cultivos de hoja de coca para la producción de drogas y a la tala ilegal. La política de militarizar un área de emergencia, como el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), dentro de la cual se ejecutó el atentado, no da resultados.
Por el contrario, entre 2018 y 2021 las plantaciones cocaleras en territorios de pueblos indígenas crecieron en 93%, de 8,000 a más de 15,000 hectáreas, de acuerdo a un informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Y un reporte de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (Onudd) indica que de 2020 a 2021 los cultivos ilícitos en el Perú aumentaron en 23%, de 61,000 a 80,000 hectáreas.
En la provincia de Satipo, a la que Contoricón representó como consejero regional, se localizan las mayores expansiones de sembríos de coca en los últimos años, con participación de remanentes de Sendero Luminoso como guardia armada de narcotraficantes.
A unos metros de la casa del líder indígena, en la comunidad nativa Puerto Ocopa, opera una base de la Marina de Guerra. El exalcade del distrito Río Tambo, donde aún no hay comisaría, fue victimado en su vivienda por un sicario de un disparo en la cabeza, en presencia de su familia. Contoricón fue un histórico dirigente que en sus 56 años de vida defendió a su etnia de la violencia de Sendero Luminoso y el Estado, más tarde la del extractivismo neoliberal y las mafias expandidas, en los años de una pacificación que no se afianzó en la selva peruana.
El Perú como narcoestado
La Central Asháninka del Río Tambo señala a la Policía y las Fuerzas Armadas de permitir la circulación de embarcaciones con cocaína e insumos para su elaboración, por lo que exigen al Ejecutivo que retire a los militares de la base de Puerto Ocopa. Los comités de autodefensa ordenaron la salida de todas las personas foráneas de la zona y mantienen bloqueado el tránsito fluvial. En otras provincias de la selva hay carreteras interceptadas en apoyo a la protesta asháninka.
“En su momento hemos dado confianza para contar con una base militar o policial para prevenir, pero más nos generan problemas, desautorizando a las comunidades nativas para desarrollar sus propias acciones de seguridad dentro de su territorio. Lo que queremos es que se entienda cuál es la realidad de los ríos Tambo y Ene, donde no hay presencia del Estado”, señaló, por su parte, Teddy Sinacay, presidente de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (Ceconsec).
La condición del Perú como narcoestado se acentúa con la dictadura cívico-militar de Dina Boluarte, encabezada por los sectores políticos conservadores y de ultraderecha financiados por el narcotráfico. Se consolida con la presencia de una fiscal de la Nación que asumió la persecución judicial al expresidente Pedro Castillo e impide las investigaciones a su hermana jueza por cobros de sobornos a traficantes.
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Una muestra de la narcopolítica peruana es la reciente megaoperación de la Fiscalía de Lavado de Activos contra el ex secretario general del partido fujimorista y financista de la organización, Joaquín Ramírez, actual alcalde de la provincia Cajamarca, de alta producción de cocaína y opiáceos. Al excongresista, investigado por la DEA desde 2012, le incautaron más de 200 inmuebles, 90 vehículos y siete avionetas. Su principal negocio legal, una universidad privada de funcionamiento irregular, tiene los favores del régimen. La fiscal de la Nación acredita dos títulos de posgrado de esta casa de estudios, sin registros de las tesis que los avalen. Así funciona un Estado neoliberal capturado por mafias.
Para abordar el crimen organizado en la selva central, este año el Ejecutivo creó una mesa multisectorial en la que días antes del asesinato dirigentes indígenas recordaron su vulnerabilidad a altos representantes del Gobierno de facto, entre ellos el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Hasta el momento, ningún funcionario se reunió con las autoridades indígenas y de la región. Es la ausencia de Estado que reclaman los pueblos originarios con una nueva medida de fuerza indefinida. Los defensores de la tierra están en pie de lucha en la selva. En frente, un régimen armado-empresarial dispuesto a extremar la explotación de la Amazonía y sus habitantes.