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Avispa Midia

Raúl Zibechi: El despojo recién empieza y va a durar mucho tiempo

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Foto: La Tinta

La guerra de despojo que viven los pueblos en el mundo recién empieza y va a durar mucho tiempo. La alerta fue lanzada por el escritor y activista uruguayo, dedicado al trabajo con movimientos sociales en América Latina, Raúl Zibechi, durante el Encuentro Internacional El Sur Resiste, en el Centro Indígena de Capacitación Integral (Cideci), en Chiapas. “Por más que ha avanzado (el capital), todavía hay mucha tierra que no controla, por eso digo que el despojo va para largo”.

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En los países donde se han hecho estudios sobre la propiedad de la tierra, comenta, se ha revelado que el 40%, es decir 4 de cada 10 hectáreas, aún no está en las manos ni de la oligarquía, ni de las corporaciones, ni del gran capital.

Un caso es el de Brasil. Existen análisis bastante rigurosos, sostiene, los cuales revelan que el 40% de las tierras en el país son tierras de reforma agraria, de los pueblos negros e indígenas, tierras que son reservadas por el Estado como parques naturales o reservas de conservación, aquellas tierras que son de los pequeños campesinos, además de tierras donde están los pescadores tradicionales.

Hay países que sobrepasan el 40%. Un ejemplo es Colombia. “Los pueblos originarios tienen un tercio de las tierras reconocidas por la Constitución, además de las tierras donde están los pueblos negros, las reservas naturales. Probablemente en Colombia sea más de 50%”, analiza.

Las guerras de despojo son estructurales del capitalismo. “Hoy el capitalismo no puede vivir sin estas guerras. Hoy el capitalismo no puede actuar sin violencia contra los pueblos. Hay que despojar, hay que matar, hay que asesinar; y, por lo tanto, el militarismo llegó para quedarse”.

En la izquierda siempre “habíamos desconfiado de los militares, pero ahora los progresistas de América Latina defienden a las fuerzas armadas”. México es el paradigma más brutal de la militarización, sostiene, cuando les da a las fuerzas armadas la construcción de las grandes obras.

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Y eso está pasando en Argentina también. “Las Fuerzas Armadas no podían salir en público porque cometieron un genocidio durante la dictadura, y ahora el gobierno progresista argentino decreta que ocho grandes emprendimientos extractivos se militarizan, algo que ningún gobierno, ni la derecha, ha podido hacer”.

En Colombia, donde hay un nuevo progresismo con el gobierno de Gustavo Petro, ya se hizo una alianza con las Fuerzas Armadas de EEUU para “defender” la Amazonía.

El narcotráfico hoy también es sistémico, analiza. “Estamos ante un período en el cual hay un entrelazamiento entre el narco y el capital. El narco y el Estado. El narco y las Fuerzas Armadas. A tal punto que sería muy difícil establecer una línea, dibujar una frontera y decir esto es narco, esto es burguesía”.

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Entonces el diagnóstico del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de la Cuarta Guerra Mundial, que se ha hecho hace más de dos décadas, “nos parece totalmente acertado y totalmente correcto; se vive una guerra de despojo contra los pueblos para ‘limpiar’ el territorio, y remodelarlo a imagen y semejanza de los intereses del capital”.

Sostén de la lucha

Zibechi ha entendido en toda su vida que la base de la autonomía de los pueblos era las tierras en común. “Y, por supuesto, las tierras comunales son bien importantes, son fundamentales para que pueda haber pueblos en resistencia”, sostiene.

Pero hoy entendió, cuenta, que la base de la tierra comunal y de las autonomías es la espiritualidad de los pueblos. “La espiritualidad es lo que nos permite sostenernos en el tiempo largo; la principal victoria es que llevamos 500 años. Y es capaz que haya que estar otros 500 más”.

Hay un cuento que lo escribe el Subcomandante Marcos, un diálogo con el viejo Antonio, que dice que la lucha es como un círculo. “Empieza en un lugar pero nunca termina. Y esto ¿qué tiene que ver con la espiritualidad? Si la lucha nunca termina, quiere decir que no hay un objetivo final, la toma del palacio. No hay una victoria final. No hay un triunfo final”.

La idea de triunfo final, señala, es una idea muy católica, muy cristiana, incorporada a la lucha social. “Si la lucha es un círculo que nunca termina, la espiritualidad es lo que nos sostiene en este tiempo largo”.

La Internacional Comunista habla de la lucha final. “La lucha final es entrar en el palacio, tomar el poder. Y se considera que tomar el poder es sinónimo de hacer la revolución. Gracias a los pueblos originarios y gracias a los aportes de los compañeros del EZLN hoy sabemos que no hay una lucha final, sino un círculo”.
El escritor sostiene que es necesario superar la idea del cálculo político de costo-beneficio, el pragmatismo político. “Porque sino siempre vamos a estar volviendo a esta ideología capitalista, a estos valores capitalistas, que son centrales en la dominación”.

Zibechi cita como ejemplo las guerras de Guatemala y El Salvador. “Vemos como a la lucha de los pueblos originarios se le montó encima un aparato de vanguardia y este aparato de vanguardia – de varones blancos, académicos – actuó de una manera, como solemos decir, pragmática. En cierto momento, hizo un cálculo de costos y beneficios, como el capitalismo lo hace. Y lo hicieron y negociaron, en una situación deplorable, porque no cambió nada”.

Para superar la lógica del pragmatismo, la espiritualidad de los pueblos es central, defiende. “Si queremos ser verdaderamente rebeldes, luchar por cambios de fondo, tenemos que superar esta lógica del cálculo, que es siempre individual”. Continúa: “La espiritualidad nos coloca en otro lugar, no material, profundamente humano para poder ir más allá de las contradicciones materiales”.

Todo lo que “vemos hoy es que viene una enorme tormenta, que ya está en marcha, un terremoto infernal sobre nosotros. No podemos construir barreras materiales contra eso (…) podemos unirnos y darnos los brazos y entregarnos a la vida ya a la madre tierra, con la esperanza de que ella nos indique el camino”.

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Avispa Midia

Articulan resistencias contra megaproyectos en el sureste mexicano

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio
Fotos: Medios libres / El Sur Resiste

La caravana El Sur Resiste 2023, convocada por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y organizaciones aliadas, recorrió zonas afectadas por los megaproyectos del Tren Maya y el Corredor Interoceánico en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Campeche, del 25 de abril al 7 de mayo.

La difusión de campañas informativas traducidas en lenguas indígenas, el mapeo de los megaproyectos, análisis de redes sociales, encuentros nacionales para las juventudes y una movilización internacional, fueron los acuerdos a los que llegó la asamblea de la caravana, tras la culminación de las actividades.

El 5, 6 y 7 de mayo, se efectuó el Encuentro Interno y el Internacional en el Centro Indígena de Capacitación Integral (Cideci) en San Cristóbal de Las Casas. De la primera reunión surgieron acuerdos con las comunidades articuladas.

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Caravana y Encuentro internacional El Sur Resiste

PRONUNCIAMIENTO DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL EL SUR RESISTE “Capitalismo corporativo mundial, Patriarcado planetario, Autonomías en rebeldía”

CIDECI-UNITIERRA / CARACOL JACINTO CANEK 7 de mayo 2023.

A la Comandancia General del EZLN:
Al Congreso Nacional Indígena:
Al Concejo Indígena de Gobierno:
A las organizaciones nacionales e internacionales que luchan y resisten:
A los medios de comunicación libres, alternativos, independientes o como se llamen:
A los pueblos de México y el mundo:

Escucha aquí: (Descarga aquí)  

Desde el Corazón de la tierra donde nació, creció y se reproduce la digna rabia, los pueblos rebeldes de las geografías del Sur Sureste que caminamos la caravana El Sur Resiste 2023, pueblos binnizá, Ayuuk, Nahua, Nuntajiyi (Nuntajuyi), Maya, Chol, Zoque, Tzeltal, Tojolabal, Tsotsil y mestizos, convocados por diversas organizaciones de esta geografía y por el Congreso Nacional Indígena, recorrimos los territorios afectados por los megaproyectos militares interconectados, Tren mal llamado Maya y el Corredor Interoceánico. Llegamos al territorio zapatista del CIDECI-UNITIERRA / Caracol Jacinto Canek en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde nos reunimos con muchos otros pueblos y organizaciones de los pueblos originarios y las zonas urbanas del sur sureste del país y de otras muchas regiones de nuestra Madre Tierra para compartir los dolores, esperanzas y estrategias de articulación, aprender de las luchas de otras geografías y seguir tejiendo redes solidarias de resistencia y rebeldía planetaria.

Del 25 de abril al 4 de mayo, los integrantes de la Caravana El Sur Resiste viajamos por comunidades y pueblos de ocho Estados de la República Mexicana; partiendo de la comunidad de El Progreso, municipio de Pijijiapan, con una escala en Tonalá, recorrimos la costa de Chiapas y cruzamos el Istmo de Tehuantepec, desde la comunidad Binniza en resistencia de Puente Madera, municipio de San Blas Atempa, pasando por el campamento rebelde “Tierra y Libertad” en el paraje de la comunidad Aayuuk de Mogoñe Viejo, municipio de San Juan Guichicovi ambas comunidades del estado de Oaxaca y llegando a la comunidad nahua de Oteapan en el Sur de Veracruz. De ahí, emprendimos el recorrido rumbo a los territorios mayas de la península de Yucatán, atravesando el Estado de Tabasco por Villahermosa y la comunidad costera de El Bosque devorada por el mar por efecto del calentamiento global, llegando a Candelaria, Campeche, y siguiendo la ruta hasta la comunidad de Zakí, hoy nombrada Valladolid en Yucatán y la comunidad de Noj Kaaj Santa Cruz, hoy Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo, regresando por Xpujil nuevamente en territorio campechano para regresar a Chiapas y encontrarnos con los pueblos zoque, chol, tsotsil, tojolabal y tzeltal, con una parada en Palenque, cruzando la región de los Altos para llegar a nuestro destino final, Jovel, hoy San Cristóbal de las Casas.

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Avispa Midia

En Guatemala, pueblos ixiles conmemoran 10 años de sentencia por genocidio contra Ríos Montt

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes
En portada: Pueblos ixiles se movilizan para conmemorar una década de la sentencia condenatoria por genocidio contra el dictador Efraín Ríos Montt. Foto: Festivales Solidarios

Pueblos originarios y organizaciones sociales de Guatemala conmemoran este miércoles (10) el décimo aniversario de la sentencia por genocidio dictada contra el general y dictador Efraín Ríos Montt, a quien la jueza Jazmín Barrios condenó a 80 años de prisión por el asesinato de 1,771 mayas ixiles del norte del país centroamericano entre 1982 y 1983.

En la Ciudad de Guatemala, esta mañana se realizó una ceremonia maya con la participación de diferentes organizaciones y sobrevivientes del conflicto armado interno que se desarrolló desde 1960 hasta 1996. “Es conmovedor recordar que se condenó a un general con tanto poder, pese a que la Justicia no está a favor de las víctimas”, declaró a medios internacionales Juan Pérez Cerillo, sobreviviente del genocidio originario de la comunidad ixil de Nebaj.

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Avispa Midia

En El Salvador, campesinos acusan inseguridad alimentaria y devastación ambiental en construcción de nuevo aeropuerto

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Familias de Condadillo y Flor de Mangle denuncian la devastación de sus parcelas debido a las obras para la construcción de la nueva terminal aérea.

Desde el pasado 8 de febrero, las comunidades de Condadillo y Flor de Mangle, en el pacífico salvadoreño, han sufrido la invasión de sus parcelas por parte de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y la empresa guatemalteca Rodio Swissboring, quienes con el argumento de realizar estudios de suelo para la construcción del Aeropuerto del Pacífico han causado estragos en los medios de subsistencia de los campesinos y el medioambiente.

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Mediante conferencia de prensa realizada el pasado viernes (28), las y los campesinos acusaron que el órgano gubernamental y la empresa iniciaron las excavaciones en las parcelas agrícolas, sin contar con los permisos requeridos, con profundidades de hasta 13 metros, afectando con ello sus medios de subsistencia. Además, señalaron la tala de árboles, desviación del cause natural de las fuentes de agua, compactación del suelo y contaminación sonora, afectando con ello a la fauna del bosque adyacente al manglar El Tamarindo, un área natural protegida.

Destrucción del bosque de Condadillo. Foto: MILPA

“El Aeropuerto del Pacífico estará abarcando más de 530 manzanas de terreno, donde más del 50% por ciento será impermeabilizado; afectando la capacidad de captación hídrica de la cuenca hidrográfica Sirama ubicada en la Franja Costera Marina de Usulután, San Miguel y La Unión, territorio que también forma parte del Corredor Seco Centroamericano”, sostiene Ángel Flores, integrante del Movimiento Indígena para la Integración de Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA).

En entrevista, Flores denuncia la afectación por las mega excavaciones en el bosque de la comunidad de Condadillo y en las proximidades del principal río de la comunidad. Protegido por sus habitantes, dicha área posee manantiales, riachuelos y alberga árboles de gran tamaño como las Ceibas que sirven de santuario a una diversidad de fauna propia del territorio, así como aves migratorias que visitan el estero de El Tamarindo.

Entre las violaciones cometidas contra los derechos de las comunidades, Flores enumera el derecho al agua; la falta de consulta libre, previa e informada así como el irrespeto a tratados internacionales como el Convenio Ramsar, el cual enlista el ecosistema de manglares de la región dentro de las áreas prioritarias para su conservación a nivel global.

Inseguridad alimentaria

Además de la devastación ambiental, los campesinos acusan que las obras han aumentado la inseguridad alimentaria y el hambre en la región. Flores explica que, desde octubre del 2022, funcionarios de CEPA comenzaron hostigamientos contra la población, quienes en aquel momento habían definido su rechazo a vender sus tierras para el megaproyecto.

“Hubo un proceso de intimidación donde las personas se les amenazó con que iban a ser denunciados en la Fiscalía y les iban a quitar las tierras”, detalla Flores. Mediante la estrategia, consiguieron la firma de decenas de campesinos, quienes ante el temor de ser despojados aceptaron las condiciones del gobierno salvadoreño para recibir una indemnización.

A pesar de que el plazo para el pago por sus tierras se planeó a más tardar el mes de abril del 2023, las y los campesinos acusan que el Estado no cumplió con su promesa. Esta situación se suma a las amenazas que los pobladores han vivido desde 2021, cuando ante el anuncio de la construcción de la nueva terminal aérea, funcionarios de CEPA les prohibieron realizar trabajos agrícolas. Las y los campesinos acusaron pérdidas que ascienden a más de 540 mil dólares, debido a que desde hace dos años ya no producen cultivos como sandía, granos básicos, chile y tomate que destinan tanto para el autoconsumo como para proveer a los mercados de La Unión y San Miguel.

Familias de Condadillo e integrantes de MILPA durante conferencia de prensa realizada el 28 de marzo del 2023.

“Son más de 225 familias campesinas afectadas directamente; además de los trabajadores agrícolas que se empleaban en la producción y cosecha agrícola en ambas comunidades”, sostiene Flores, quien prevé que la situación se agravará debido a los estragos de las parcelas por parte de las obras, además de que los campesinos no cuentan con recursos monetarios para retomar su producción.

Édgar Hernández, uno de los agricultores de la zona, afirmó que las familias se están quedando sin los granos básicos que habían guardado desde el año pasado y, al no cultivar, no tendrán más alimentos. “No nos vemos en la seguridad de sembrar acá, las constructoras ya andan haciendo sus trabajos en la zona, pedimos que nos den un sitio para poder sembrar”, reclamó.

Inversiones

Los pobladores señalan que funcionarios del Estado no han compartido ninguna información sobre las obras, ni de las empresas responsables de las mismas. Fue derivado de las interacciones con algunos trabajadores, que los campesinos se enteraron del involucramiento de la empresa guatemalteca.

Según Flores, Rodio Swissboring es una empresa que ha mantenido una relación estrecha con el gobierno de El Salvador, sin importar si el partido en el poder era de derecha o de izquierda. “En el gobierno actual, de Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, se le está adjudicando diferentes megaobras. En el departamento de San Miguel se está concluyendo un bypass (paso a desnivel), que abarca prácticamente toda la ciudad”.

El problema, señala el integrante de MILPA, es que, durante el proceso de esta megaobra, Rodio Swissboring intervino sin contar con los permisos necesarios y violentando a los habitantes. “Ya están concluyendo (las obras) y las familias que fueron afectadas ahí, que han sido desplazadas, ya llevan ya dos años y no han recibido ningún pago (…) eso deja un mal antecedente, por lo cual se cree que en Condadillo y Flor de Mangle pretende hacer lo mismo”, acusa Flores, quien enfatiza que es la misma empresa que estará a cargo de la construcción del Tren el Pacífico, megaobra que conectará con otras redes de trenes entre Guatemala y México.

Otro punto es la sospecha de que exista financiamiento de China en las obras de la nueva terminal aérea. Según testimonios de las y los campesinos, señalan la presencia de personas de origen asiático durante las excavaciones. “Se han hecho presentes acá… (China) también está financiando algunas obras públicas del gobierno, como el caso del polideportivo de la Universidad de San Salvador. Aquí ha habido financiamiento, pero no se tiene nada oficial, el gobierno ha sido muy hermético y todo se basa a partir de lo que la población ha ido percibiendo”, sostiene Flores.

Los habitantes de la región señalan que la organización contra las obras se ha dificultado por la aprobación por parte de la Asamblea salvadoreña, durante más de un año, de un estado de excepción que restringe derechos constitucionales. “Eso también ha servido para inmovilizar aquí a los habitantes (…) Eso ha generado cierto temor también a ser capturado, porque en nuestro país se ha capturado personas sin tener ningún tipo de vinculación con estructura terrorista o de pandillas”, acusa Flores.

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Avispa Midia

EEUU trata con México, migración y la conexión de sus vías con Tren Maya y el Interoceánico

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

Este 2 de mayo, en Ciudad de México, fue recibida la Asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la Dra. Elizabeth Sherwood-Randall, para continuar con la iniciativa migratoria acordada en enero pasado por los mandatarios de ambos países, Andrés López Obrador y Joe Biden. Tras esta reunión, Estados Unidos y México anunciaron un conjunto de medidas para atender los flujos migratorios y el crimen organizado en la región, así como nuevos proyectos estratégicos.

Desde la Casa Blanca se anuncia que lo que se pretende, en primer lugar, es incrementar las “acciones conjuntas para contrarrestar a los contrabandistas y traficantes de personas que explotan a los migrantes”.

Estas medidas se complementan con la campaña de 60 días que Estados Unidos lanzó recientemente entre Colombia y Panamá para contrarrestar el tráfico de personas en el Darién y el flujo de drogas. “Hemos realizado más de 10 mil arrestos de situaciones de contrabando desde abril del año pasado (2022) e incautado más de 47 millones de dólares en bienes y productos financieros ilícitos de los contrabandistas”, sostuvo el secretario de Seguridad Nacional de EEUU, Alejandro Mayorkas, en relación a esta campaña.

En segundo lugar, ambos países se comprometieron a intensificar sus esfuerzos en América Central para abordar las causas profundas de la migración y ampliar las rutas migratorias laborales.

Estos acuerdos se dan justo a unos días de que finalice el Título 42, por disposición de una orden judicial de la unión americana. Este título de salud pública de Estados Unidos –decreto sanitario para evitar la propagación de la pandemia de COVID 19– fue implementado durante el gobierno de Donald Trump. Bajo esta ley EEUU expulsó, hacia territorio mexicano, a un aproximado de 2.5 millones de personas.

La nueva ley con la que se atenderá el flujo migratorio hacia EEUU será el Título 8. “Prevé consecuencias severas para la migración irregular, que incluyen la prohibición de reingreso por al menos cinco años y el posible procesamiento penal ante intentos reiterados de cruzar en forma ilegal. El restablecimiento de la tramitación de migrantes conforme a las facultades del Título 8 operará de manera rápida e inmediata”, sostiene el secretario Mayorkas.

Esta ley, que ya se ha usado con gobiernos anteriores, mantendrá los procesos de permisos humanitarios para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, pero establece que quienes no cumplan con el debido procedimiento burocrático para el acceso legal, serán deportados inmediatamente. Así mismo, si el acceso a EEUU se califica como ilegal, se implementará una expulsión acelerada, además, “las personas expulsadas no podrán ingresar en Estados Unidos por cinco años y podrían ser procesadas penalmente por cada intento posterior que realicen para cruzar la frontera en forma ilegal”, arguye el secretario.

Militarización de la frontera con México

Tras el fin del Título 42, el gobierno de Biden ha ordenado que el Departamento de Defensa movilice a 1,500 militares hacia la frontera con México para atender el flujo migratorio y la contención del flujo de drogas. De acuerdo con el secretario de Prensa del Pentágono, el General de Brigada de las Fuerzas Aéreas Pat Ryder, ya hay 2,500 miembros de la Guardia Nacional ayudando en estos casos.

Según el general, los militares realizarán actividades de apoyo por un periodo de 90 días vía terrestre, hasta que sean reemplazados por otras fuerzas armadas que, posiblemente, sean militares de reserva.

“En preparación del regreso a la aplicación del Título 8 de inmigración, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional están implementando medidas radicales con nuestros socios regionales para reducir la migración irregular, garantizar un procesamiento seguro, ordenado y eficiente, y expulsar rápidamente a las personas sin una base legal para permanecer en los Estados Unidos”, declaró el Departamento de Seguridad Nacional el pasado martes (2), justo cuando se realizaba la reunión en Ciudad de México.

Migrantes

Ciudadanos de origen mexicano fueron los principales expulsados bajo el Título 42, contabilizando más de 1.5 millones de personas.

Por otra parte, en las diversas reuniones entre ambos gobiernos no se ha tratado el tema de casi 11 millones de mexicanos que residen en EEUU sin documentos que acrediten su estancia legal. Lo que sí ha reconocido el gobierno de López Obrador, es el flujo de remesas que generan estos trabajadores y trabajadoras en el país vecino y que son enviados a México, del cual se han beneficiado varios bancos y empresas intermediarias.

Según datos del Banco de México, tan solo en 2022, el país recibió casi 60 mil millones de dólares provenientes de familias mexicanas en EEUU, monto que creció un 13.4% respecto a lo registrado en 2021, cuando representó el 4% del PIB nacional.

Proyectos estratégicos

En la reunión del pasado 2 de mayo, el mandatario mexicano también hizo público que la empresa estadounidense Pacific Limited, de Houston, Texas, invertirá aproximadamente 14 mil millones de dólares en la construcción de un gasoducto y una planta de licuefacción que ya estaba prevista construirse en el Puerto Libertad, en Sonora.

A través de estos complejos, México importará gas (extraído con el método de fractura hidráulica) de productores estadounidenses y, posteriormente, se exportará a la región de Asia.

López Obrador también entabló un dialogó con directivos de las compañías ferroviarias Canadian Pacific-Kansas City Southern (CPKC), recientemente fusionadas, para establecer una asociación con el gobierno mexicano y ampliar las conexiones que ya están establecidas desde Canadá y EEUU con aproximadamente 35 mil kilómetros de vías en total.

Lo que se pretende es conectar el Corredor Interoceánico y el Tren Maya. Actualmente, ya existe una conexión ferroviaria hasta el centro de México y los países del norte. “Al presidente le gustaría que (la red ferroviaria del CPKC) conectara con el sur del país”, advirtió el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Esta conexión entre los tres países permitirá un servicio ininterrumpido del trasporte de materias primas y mercancías que cruzarán entre el Atlántico y el Pacífico para atender los diversos mercados globales.

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Avispa Midia

(English) They promised to get Argentina out of poverty with fracking; now they’re poorer

Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Inglés Estadounidense. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Fuente: Avispa Midia

By Santiago Navarro

Translated by Elizabeth L. T. Moore

Patagonia, southern Argentina, ancestral territory claimed by the Mapuche village and fought-over by transnational companies that combust hydrocarbons. Even though the land is quite far from the military conflict between Russia and Ukraine, energy price volatility has put them on the geopolitical map for being the second world reserve of unconventional gas and fourth in crude oil of the same origin.

Here, almost 28 thousand m³ of oil and 44 thousand m³ of gas is extracted daily, even though almost nobody talks about the impacts it leaves on the communities that live in this area.

It was in 2019, in a civil court in Santiago de Chile, when the Mapuche village presented cases of environmental damage and violations of human rights in Argentina by the exploitation of oil and unconventional gas, extracted by the method known as hydraulic fracturing (fracking), a technique that, according to the Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), has been used in the country since 1959.

Fracking consists of injecting additive fluids at a very high pressure to generate cracks in the bedrock, thus allowing the hydrocarbon to flow to the well. The mixture is “basically formed by water (more than 90%) and some sand,” announces the IAPG platform.

Photo: Alejo di Risio

The country’s Ministerio de Economía has documented, this year in 2023, in its report Argentina Productiva 2030 Plan para el Desarrollo Productivo, Industrial y Tecnológico, that “in an unconventional well, 60 million liters of water and 10 thousand tons of sand are injected.”

Three years after the Mapuche village’s complaint, between March 29 and April 5 of this year, various environmentalists from the Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza conducted an inspection in the Neuquén and Río Negro region, where Cuenca Neuquina is found, that makes up the main hydrocarbon producer of the country, better known as Vaca Muerta. The delegation managed to verify and document several environmental impacts and human rights violations that fracking has caused.

One of the main problems the delegation has focused on has been water use. Environmentalists warn that the region is already experiencing a water crisis, when barely five of the 31 companies that have concessions in the the region are in the exploitation phase. Meanwhile, this year the demand for water could possibly double. Furthermore, this is added to the storage of the toxic waste left by the extraction of these energies.

Environmentalists have registered the presence of oil landfills, trash containers and mountains of waste accumulation, products of drilling the wells, which do not have any security measures. This has led observers to conclude that the authorities are complicit.

See also – Fracking Expands in Latin America, Threatening to Contaminate World’s Third-Largest Aquifer

“Without a shadow of a doubt, there are institutions in charge of controlling all these activities. But they’re on the edge, or they’re total accomplices of what’s happening. It would be enough to look at the open-air landfills of accumulated petroleum,” said Alberto Acosta, former presidential candidate of Ecuador, who has also been part of the environmental delegation in Neuquén.

Since 2020, the Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas has promoted before the law an order to enter the plants where they are depositing the petroleum waste from Vaca Muerta. It criminally accused the company Comarsa for accumulating and concentrating toxic waste in its installations. It denounced petroleum companies like YPF, Shell, Chevron, among others, for producing these residues in the drilling marks.

Among the irregularities the lawyers registered, they found what they classified as “petroleum trash.” Trash that, they declared in a statement, “contains radioactive remains and heavy metals. Also found was ground contaminated by petroleum, liquids with oil and liquids with petroleum, whose origins are not found registered.”

The spokesperson of the Argentinian lawyers, who has also joined the delegation that has reviewed the south of the country, affirmed/stated/claimed that only the company Comarsa, between 2016 and 2019, assembled/gathered around 720 thousand metric tons of toxic trash in open-air.

Acosta, the Ecuadorian, has warned that what’s currently happening on these lands is a huge social environmental disaster. “This region is literally drying up. A region where rural inhabitants, above all, the indigenous Mapuche villages, are being robbed of the rivers. The rivers are disappearing and that water goes to extractivist activities,” the Ecuadorian affirmed and added that “only a well can use up to 90 million m³.”

The observer team concluded that “what’s more, the Mapuches were not consulted, even though the country ratified Convenio 169 of the OIT which establishes the requirement of free and informed enquiry and the need for consent from indigenous villages. Not only that, they’ve been victims of other forms of violence. They even try to deny their ancestral presence in said territories,” it recorded.

Furthermore, it’s not just the use of millions of cubic meters of water, but also the quantity of toxic chemical products that are filtered from the well and affect the flow of underground water. “Añelo (department) is one of the clearest examples. It’s the petroleum capital of the region, and water can’t be consumed there,” says the first recommendation conducted by the members of the Argentinian government delegation.

The observers have also documented a large quantity of seismic movement in the area, highlighting furthermore that cancer indications are on the rise, just like diseases caused by heavy metals in the blood.

More petroleum to get out of poverty

When the exploitation of Vaca Muerta was beginning, they promised there would be energy autonomy, external debt and poverty in the country would be over. One decade later, in Argentina “40% of the population lives in poverty, at least 4 million people live in destitution, which represents 8% of the population,” detailed Natalia Greene, secretary of the Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza.

The same discourse gained strength again in 2023. The country’s Ministerio de Economía clearly affirms in its document called Plan para el Desarrollo Productivo, Industrial y Tecnológico 2030 that “the context of the war between Russia and Ukraine has opened a new opportunity for Argentina to earn participation in the global energy markets. The maturation of the Vaca Muerta oil field coincides with this setting,” through which it will be possible to generate quality jobs and lower poverty.

It even justifies the exploitation of the Cuenca del Neuquén, considering that this gas is considered clean and necessary for the so-called energy transition. “We’re sure it’s possible to double exportations: the energy transition brings us a favorable backdrop so we can develop the potential Vaca Muerta exporter, of low-emission hydrogen and minerals like lithium or copper,” points out the development plan.

The environmentalist Greene strongly affirms that these discussions that justify extractivism to deal with poverty, “that run across Latin America from top down, from north to south, from east to west, are always false.”

Court

This court made up of prominent figures in the care of the environment was born in Quito, Ecuador, in 2014 as a space of civil society that judges the cases of violation of rights of nature and environmentalists. In this way, it considers Nature as a legal subject with rights equal to humans.

Photo: Alejo di Risio

Those who join the court have traveled various countries documenting and denouncing the affectations to nature, mainly, the conflicts caused by the exploitation of hydrocarbons and megaprojects.

In this instance, they’ve traversed not only the area exploited by fracking in the Argentine Patagonia, but also they’ve joined government representatives, oil companies, social organizations and communities affected by the activity.

The environmental delegation will present a report that will be analyzed by a panel of more than 60 judges that make up part of the court, elected by their career path, like the Hindu doctor, physicist, philosopher and writer Vandana Shiva, to present the relevant recommendations.
Although it’s not binding, it is a precedent to be consider by the rulers in office. “We hope this sentence serves, in one sense, to provoke society’s conscience, to mobilize in something the conscience of the rulers, which is often difficult, if not impossible. Above all, we hope that it will serve as an element for the communities’ struggles”, said the Ecuadorian economist Acosta.

 

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Cargill, responsable por la expansión de la soya en la Amazonía

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Un campesino limpia el suelo para evitar que el fuego llegue a su parcela en la Amazonía brasileña.

Ambientalistas, organizaciones de derechos humanos y pueblos indígenas del estado del Pará, en la Amazonía brasileña, en la región del río Tapajós, han denunciado los impactos sociales, ambientales y de derechos humanos provocados por la empresa multinacional de Estados Unidos Cargill, una de las líderes mundiales en la exportación de commodities agrícolas.

La empresa es responsable por la construcción de infraestructura, como puertos, para dinamizar la exportación de granos, como la soya, en expansión en las regiones norte y centro de Brasil para el mercado exterior, principalmente Europa y Estados Unidos.

Cargill llegó a la región hace 20 años. Primero en el municipio de Santarém, después expandió su actuación en otra parte del río, en el municipio de Itaituba, distrito de Miritituba, donde construyó una estación de transbordo de cargas. La empresa opera entre 650 y 700 embarcaciones en el mundo, según declaró el presidente de la empresa en Brasil para la Revista Forbes.

De acuerdo con el estudio Sin Licencia para Destrucción: Cargill y Violación de Derechos en el Tapajós, realizado por Tierra de Derechos Brasil, la empresa debe ser responsabilizada por el avance de la producción de monocultivos de granos en la región. “La cuenta es muy simple: si existe un puerto – o un complejo de puertos en el caso de Miritituba – para fluir la producción hacia el mercado exterior con bajo costo, eso significa que poseer haciendas de monocultivo en la región resulta en alta rentabilidad”.

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Avispa Midia

En Argentina, el trigo transgénico ya se mezcla con el convencional

Fuente: Avispa Midia

Por Darío Aranda

En portada: Una jornada de protesta bajo la consigna “Con Nuestro Pan No”, realizada en rechazo al lanzamiento de la primera variedad de trigo transgénico del mundo, hecho en Argentina.

La población de Argentina es la primera en comer pan con trigo transgénico. Así lo confirmó la empresa Bioceres-Indear al informar que 25 molinos ya mezclan el cereal con el trigo convencional. El transgénico, que va junto al peligroso agrotóxico glufosinato de amonio, fue denunciado por más de mil científicos, por productores (tanto agroecológicos como del agronegocio) y por organizaciones socioambientales. Los estudios que señalarían la supuesta “inocuidad” del transgénico son confidenciales y fueron realizados por la propia empresa que lo vende. “Es un hecho de gravedad inusitada desde el punto de vista de la salud pública”, denunció en una carta pública el Instituto de Salud Socioambiental (InSSA) de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

La noticia se conoció mediante un anuncio de Bioceres-Indear a inicios de marzo. Y es de una trascendencia mundial: por primera vez un trigo modificado genéticamente (llamado “HB4”) llega a los alimentos de consumo masivo (pan, pizzas, empanadas, fideos y todos los usos de la harina). Y, más grave, la población no tiene posibilidad de identificar si está comiendo un producto con transgénicos o no: en Argentina no existe un etiquetado de Organismos Genéticamente Modificados (OGM).

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Desde el Instituto de Salud Socioambiental (InSSA-UNR) resaltaron que no hay pruebas científicas independientes y publicadas en revistas académicas que demuestren la inocuidad del trigo HB4 en la ingesta en humanos. Recuerda que, en Argentina, los transgénicos se aprueban en base a “estudios” de las propias empresas y que esos informes son secretos.

El InSSA, que ha confirmado con una publicación científica la incidencia de cáncer en pueblos fumigados, remarca otro factor del trigo transgénico: “Va acompañado con el herbicida glufosinato de amonio, cuya toxicidad sobre el ambiente y la salud ya ha sido demostrada en numerosos trabajos científicos, así como también se ha evidenciado que no se degrada y que incluso es posible detectarlo hasta en ultraprocesados”.

Los investigadores instan a los “decisores de políticas públicas” que atiendan a las evidencias científicas que dan cuenta de los peligros de ese cultivo. “Consideramos urgente que las autoridades prohíban la comercialización e incorporación del trigo Hb4 en las harinas para producción de productos comestibles y/o sucedáneos de la alimentación humana”, remarcan.

En 2020, en una carta abierta, más de mil científicos del Conicet y de 30 universidades públicas de Argentina rechazaron el avance del trigo transgénico: “Esta autorización remite a un modelo de agronegocio que se ha demostrado nocivo en términos ambientales y sociales, causante principal de las pérdidas de biodiversidad, que no resuelve los problemas de la alimentación y que amenaza además la salud de nuestro pueblo confrontando la seguridad y la soberanía alimentaria”. Aportaron decenas de estudios que dan cuenta de los peligros del nuevo transgénico. Nada de eso fue tenido en cuenta por las autoridades estatales.

Bioceres-Indear es la compañía impulsora del trigo transgénico. Se presenta como una “empresa nacional”, con accionistas como el denominado “rey de la soja” Gustavo Grobocopatel y el multimillonario Hugo Sigman, pero desde 2021 cotiza en la Bolsa de Nueva York. Para el transgénico también fue vital el aporte del Estado, mediante recursos y políticas activas del Conicet y la Universidad Nacional del Litoral. Su referenta es la científica Raquel Chan, socia de Bioceres y negadora de las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias del agronegocio.

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Mauricio Macri estuvo a punto de aprobar el trigo durante su gestión, pero frenó la decisión por la advertencia de productores del agronegocio, del Centro de Exportadores de Cereales y la Federación de Acopiadores, ante la posibilidad de perder mercado de exportación (principalmente Brasil). Los consumidores no quieren transgénicos en sus platos. La aprobación final fue en mayo de 2022, cuando Julián Domínguez (entonces ministro de Agricultura) dio luz verde al pedido de Bioceres-Indear (la firma administrativa corrió por cuenta de Luis Gustavo Contigiani).

“La responsabilidad del Gobierno es total. Desde la autorización sin pruebas de inocuidad, sin contemplar los efectos negativos en el campo y también con sus políticas científicas, con Raquel Chan como emblema, al servicio del sector más concentrado del agronegocio”, denunció Agustín Suárez, de la Unión de Trabajadores/as de la Tierra (UTT). Y remarcó la gravedad de este trigo: “No solo se contaminará al trigo convencional sino que este transgénico, y sus agrotóxicos, irán directo a nuestros cuerpos, al de nuestros hijos. Las consecuencias serán muy graves y se verán en el mediano y largo plazo. Es criminal”.

Desde la Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe, que desde hace dos décadas denuncia los impactos del agronegocio en la salud y el ambiente, precisaron que el herbicida glufosinato de amonio es “mucho más tóxico que el glifosato y está comprobado sus efectos teratogénicos, neurotóxicos y genotóxicos”.

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La Multisectorial, que forma parte de la campaña “Con nuestro pan no” (que reúne a decenas de organizaciones de todo el país) alertó el efecto en los productores: “No es posible la coexistencia de trigo transgénico y no transgénico debido al proceso de ‘contaminación genética’ que ocurre durante la polinización y cuyos residuos de agrotóxicos quedarán en la harina obtenida. En sociedades empobrecidas y culturalmente trigo-harina dependientes, es un claro peligro de salud pública”. Y advierte que el mecanismo por el cual se autorizó el transgénico viola la Ley General del Ambiente y el artículo 41 de la Constitución Nacional, entre otras normas de protección de la salud y el ambiente. Exigen el cese de la siembra del transgénico, el freno a la mezcla con el trigo tradicional y recuerdan: “La salud no se negocia”.

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Avispa Midia

Perú: defensores de la tierra se levantan contra narcoestado

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedia Prado

En portada: Santiago Contoricón Antúnez (centro), de la comunidad asháninka Puerto Ocopa, fue asesinado el pasado 8 de abril.

El asesinato del líder asháninka Santiago Contoricón Antúnez a manos del narcotráfico, el sábado 8 de abril, se suma a una lista de decenas de defensores de territorios desprotegidos por los gobiernos en el Perú. En las últimas semanas, el dirigente reportó al Ministerio del Interior y a representantes del Ejecutivo las amenazas que recibía del crimen organizado en la provincia Satipo (región Junín).

En 2022, el país andino fue el séptimo más peligroso de América Latina para los guardianes de la tierra, la región del mundo de mayor letalidad para estos. Entre 2012 y 2021, según un informe de Global Witness, se registraron los asesinatos de 51 protectores del ambiente y líderes indígenas. Al menos seis crímenes se cometieron en Junín, en la zona de selva central peruana. Ocho defensores peruanos fueron victimados el año pasado, la mayoría en localidades amazónicas.

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El crimen contra Contoricón se vincula a su participación junto a integrantes de comunidades asháninkas en incautaciones de cocaína, en ejercicio de la autodefensa de sus territorios ancestrales. Las comunidades nativas de la cuenca del río Tambo se enfrentan al avance de los cultivos de hoja de coca para la producción de drogas y a la tala ilegal. La política de militarizar un área de emergencia, como el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), dentro de la cual se ejecutó el atentado, no da resultados.

Por el contrario, entre 2018 y 2021 las plantaciones cocaleras en territorios de pueblos indígenas crecieron en 93%, de 8,000 a más de 15,000 hectáreas, de acuerdo a un informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Y un reporte de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (Onudd) indica que de 2020 a 2021 los cultivos ilícitos en el Perú aumentaron en 23%, de 61,000 a 80,000 hectáreas.

En la provincia de Satipo, a la que Contoricón representó como consejero regional, se localizan las mayores expansiones de sembríos de coca en los últimos años, con participación de remanentes de Sendero Luminoso como guardia armada de narcotraficantes.

A unos metros de la casa del líder indígena, en la comunidad nativa Puerto Ocopa, opera una base de la Marina de Guerra. El exalcade del distrito Río Tambo, donde aún no hay comisaría, fue victimado en su vivienda por un sicario de un disparo en la cabeza, en presencia de su familia. Contoricón fue un histórico dirigente que en sus 56 años de vida defendió a su etnia de la violencia de Sendero Luminoso y el Estado, más tarde la del extractivismo neoliberal y las mafias expandidas, en los años de una pacificación que no se afianzó en la selva peruana.

El Perú como narcoestado

La Central Asháninka del Río Tambo señala a la Policía y las Fuerzas Armadas de permitir la circulación de embarcaciones con cocaína e insumos para su elaboración, por lo que exigen al Ejecutivo que retire a los militares de la base de Puerto Ocopa. Los comités de autodefensa ordenaron la salida de todas las personas foráneas de la zona y mantienen bloqueado el tránsito fluvial. En otras provincias de la selva hay carreteras interceptadas en apoyo a la protesta asháninka.

“En su momento hemos dado confianza para contar con una base militar o policial para prevenir, pero más nos generan problemas, desautorizando a las comunidades nativas para desarrollar sus propias acciones de seguridad dentro de su territorio. Lo que queremos es que se entienda cuál es la realidad de los ríos Tambo y Ene, donde no hay presencia del Estado”, señaló, por su parte, Teddy Sinacay, presidente de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (Ceconsec).

La condición del Perú como narcoestado se acentúa con la dictadura cívico-militar de Dina Boluarte, encabezada por los sectores políticos conservadores y de ultraderecha financiados por el narcotráfico. Se consolida con la presencia de una fiscal de la Nación que asumió la persecución judicial al expresidente Pedro Castillo e impide las investigaciones a su hermana jueza por cobros de sobornos a traficantes.

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Una muestra de la narcopolítica peruana es la reciente megaoperación de la Fiscalía de Lavado de Activos contra el ex secretario general del partido fujimorista y financista de la organización, Joaquín Ramírez, actual alcalde de la provincia Cajamarca, de alta producción de cocaína y opiáceos. Al excongresista, investigado por la DEA desde 2012, le incautaron más de 200 inmuebles, 90 vehículos y siete avionetas. Su principal negocio legal, una universidad privada de funcionamiento irregular, tiene los favores del régimen. La fiscal de la Nación acredita dos títulos de posgrado de esta casa de estudios, sin registros de las tesis que los avalen. Así funciona un Estado neoliberal capturado por mafias.

Para abordar el crimen organizado en la selva central, este año el Ejecutivo creó una mesa multisectorial en la que días antes del asesinato dirigentes indígenas recordaron su vulnerabilidad a altos representantes del Gobierno de facto, entre ellos el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Hasta el momento, ningún funcionario se reunió con las autoridades indígenas y de la región. Es la ausencia de Estado que reclaman los pueblos originarios con una nueva medida de fuerza indefinida. Los defensores de la tierra están en pie de lucha en la selva. En frente, un régimen armado-empresarial dispuesto a extremar la explotación de la Amazonía y sus habitantes.

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